Un total de 35 personas defensoras de derechos, entre periodistas y activistas, identificaron una situación de vulnerabilidad en la que se encuentran ante autoridades del Estado, organizaciones y otros, cuando ejercen su rol de defender derechos. A esa conclusión llegó el Curso Nacional sobre Libertades Fundamentales que se desarrolló entre este miércoles y viernes y que fue organizado por la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS).
El encuentro de capacitación se realizó en La Paz y tuvo la participación de defensores miembros de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia y sus departamentales, además de periodistas afiliados a la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, e integrantes de colectivos de defensores departamentales. Tuvo el apoyo financiero de la Unión Europea en Bolivia.
“Se desconoce nuestra labor de defensa e información por la sociedad. Tampoco los actores políticos analizan las consecuencias de sus actos cuando atacan a la prensa”, mencionó el presidente de la Asociación de Periodistas de Potosí, Manuel Soux, quien comentó que las principales vulneraciones hacia el sector periodístico provienen de autoridades que estigmatizan a los periodistas y a su rol de brindar información.
Sarah Albarracín, defensora de derechos de la población LGTBIQ+, considera que la convicción por la defensa de los derechos es lo que mueve a quienes se abocan a esta tarea a continuar firmes en su rol. “He aprendido a saber cuándo hablar y cuándo no, porque sé que me van a atacar”, comenta, con relación a la repercusión social que genera defender una causa, más aún cuando se trata de una persona de la población LGTBIQ+.
El trabajo de un defensor de derechos lo obliga a comprometerse a tal grado que incluso la familia de una persona se ve comprometida por ese rol, comentó Isaac Romero, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Villazón, Potosí. “Tuve que separarme de mi familia en 2003, cuando fungía como presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Villazón. Hicimos tres denuncias contra el entonces alcalde, un coronel de policía y una gendarmería, días después me hicieron una cacería, había motocicletas policiales en mi casa, me perseguían, se deshizo mi familia, llevé a una parte de mi familia a Potosí, a Santa Cruz y otra a Buenos Aires”, narró.
Pero la vulnerabilidad en la que se encuentran las y los defensores de derechos se ve matizada también por la precariedad de las condiciones en las que deben trabajar. La vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Trinidad, Noelia Rea, indicó que esta organización no cuenta con una oficina propia, materiales u otros para desarrollar su labor.
“Tenemos una pequeña oficina que pertenece a la Iglesia, pero no contamos con material de escritorio, incluso con agua o un sanitario que es lo mínimo que se requiere para trabajar. Necesitamos ayuda en ese sentido”, mencionó y precisó que, pese a estas carencias, el compromiso por defender los derechos humanos sigue latente.
Fuente: Unitas
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