¿La libertad de expresión permite publicar cualquier cosa en internet?

“Es mi opinión, puedo publicarla”. La frase aparece con frecuencia cuando una discusión en redes sociales termina en insultos, acusaciones, exposición de datos personales o difusión de información falsa. Pero existe una confusión de fondo: la libertad de expresión protege el derecho a opinar y comunicar, pero no significa que cualquier publicación quede fuera de toda responsabilidad.

En Bolivia, la Constitución reconoce expresamente el derecho a expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación y también protege la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad.

El problema aparece cuando esos derechos entran en tensión.

Joaquín Vásquez, director de la carrera de Derecho de la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz), advierte que el derecho a la intimidad y a la privacidad es uno de los más afectados en redes sociales, especialmente cuando se difunden conversaciones, imágenes o datos personales sin consentimiento.

¿Qué protege la libertad de expresión?

La libertad de expresión permite buscar, recibir y difundir información, ideas y opiniones. En el ámbito interamericano, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege este derecho y establece que no debe existir censura previa, aunque contempla responsabilidades posteriores establecidas por ley.

La libertad de expresión en internet mantiene esa protección. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostiene que las personas deben poder buscar, recibir y difundir información y opiniones por cualquier medio.

Internet, por tanto, no convierte a una persona en menos libre para expresarse. Pero tampoco crea un espacio sin reglas.

¿Dónde aparecen los límites?

El primer límite aparece cuando una publicación afecta derechos de otras personas.

En Bolivia, la Constitución reconoce, junto con la libertad de expresión, derechos como la privacidad, la intimidad, la honra, el honor, la propia imagen y la dignidad.

Esto significa que publicar una fotografía, una conversación privada, información personal o una acusación contra alguien puede generar un conflicto jurídico dependiendo de las circunstancias.

Vásquez explica que las denominadas “funas”, la difusión de información falsa y determinados comentarios ofensivos pueden vulnerar derechos y, en algunos casos, tener consecuencias legales.

“Según el Código Penal boliviano, conductas como la calumnia, la difamación o la injuria también pueden cometerse a través de redes sociales”, señala el académico.

La clave está en que no toda expresión incómoda, crítica o polémica constituye un delito, pero tampoco toda publicación puede justificarse simplemente diciendo que es una opinión.

Una publicación también puede convertirse en evidencia

El carácter digital de las redes añade otra dimensión: una publicación puede permanecer, copiarse y circular mucho más allá del momento en que fue realizada.

“La huella digital es permanente. Todo lo que se publica puede ser recuperado, compartido o utilizado como prueba en un proceso judicial”, advierte Vásquez.

Este fenómeno cambia también el trabajo de abogados, periodistas y comunicadores.

Gabriel Romano, docente de Periodismo de Unifranz, plantea que la transformación digital no puede analizarse solamente como positiva o negativa.

Las redes sociales han abierto nuevas posibilidades de amplificación y alcance, pero también han introducido dinámicas que pueden distorsionar la esencia del oficio, explica el docente.

La velocidad de publicación, la viralidad y los algoritmos pueden hacer que una información circule antes de que alguien compruebe si es verdadera.

Libertad de expresión no es lo mismo que libertad de dañar

La diferencia resulta especialmente importante en casos de desinformación, discursos discriminatorios, exposición de menores, difusión de imágenes íntimas o ataques contra la reputación de una persona.

La Comisión Interamericana establece que las responsabilidades posteriores deben estar previstas por ley y ser necesarias para proteger determinados bienes, entre ellos los derechos o la reputación de otras personas.

La regla busca evitar dos extremos: utilizar la protección de derechos como una forma de censura y, en el sentido contrario, convertir la libertad de expresión en una justificación para cualquier abuso.

Por eso, el desafío jurídico consiste en determinar qué derecho está en juego, qué daño se produjo, cuál fue la naturaleza de la publicación y qué respuesta establece la legislación.

El desafío de comunicarse en una sociedad digital

La discusión ya no corresponde únicamente a abogados. También involucra a periodistas, comunicadores, educadores, empresas tecnológicas y usuarios. La responsabilidad de informar y opinar en internet exige comprender tanto los derechos individuales como los efectos que una publicación puede tener sobre otras personas.

Estos desafíos estarán entre los temas de reflexión del Trigésimo Congreso Hispanoamericano de la Prensa, que se realizará del 28 al 30 de octubre de 2026 en Santa Cruz de la Sierra, con Unifranz como sede y organizadora. El encuentro reunirá a periodistas, académicos y comunicadores para debatir sobre el futuro de la comunicación, la libertad de expresión, la ética profesional, la desinformación y los cambios que la inteligencia artificial introduce en el ecosistema informativo.

El congreso también representa una oportunidad para analizar cómo preservar el rigor, la verificación y la responsabilidad en un entorno donde los contenidos circulan a gran velocidad. La reflexión sobre los derechos y deberes de quienes comunican resulta fundamental tanto para el ejercicio periodístico como para la participación cotidiana de los ciudadanos en las plataformas digitales.

La pregunta “¿puedo publicar esto?” debería preceder a muchas publicaciones. Pero la respuesta tampoco debería ser “no puedes opinar”.

Una sociedad democrática necesita libertad para criticar, informar, debatir y disentir. Al mismo tiempo, necesita mecanismos para proteger la dignidad, privacidad, honor e integridad de las personas.

Por eso, la libertad de expresión en internet no significa poder publicar cualquier cosa sin consecuencias. Significa poder expresarse libremente dentro de un sistema de derechos donde la libertad propia convive con los derechos de los demás.

En tiempos de publicaciones instantáneas, conocer esa diferencia puede ser tan importante como saber utilizar una red social. También es uno de los debates centrales para el periodismo contemporáneo: cómo defender la libertad de expresión sin renunciar a la ética, la verificación y la responsabilidad sobre lo que se comunica.

Fuente: Unifranz

La información pública es pública

Bolivia está más cerca de contar, por primera vez, con una Ley de Acceso a la Información Pública. Es una buena noticia, pero que no debe ser opacada por circunstancias que podrían poner en duda su espíritu y fines.

Hace 5 días, el Senado aprobó el PL No. 066/2025-2026 C.S. y resulta difícil entender que un proyecto de esta importancia haya sido aprobado pese a que la propia Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Senadores formuló observaciones de fondo sobre aspectos relevantes como la presencia de un órgano garante, el régimen de excepciones o la gestión documental. Si esas observaciones existen, ¿no era precisamente ese el momento para abrir un proceso de diálogo y perfeccionamiento antes de remitir el proyecto a Diputados?

¿Existía alguna razón para acelerar su remisión a la Cámara de Diputados sin antes abrir un espacio para perfeccionar el proyecto? ¿O es que aún la Comisión de Constitución de Diputados tiene la oportunidad de recibir aportes de los gremios periodísticos, la academia y la sociedad civil antes de emitir su informe?

Durante años hablamos de recuperar la institucionalidad democrática como si se tratara únicamente de renovar autoridades o restablecer el funcionamiento de las instituciones. Sin embargo, la institucionalidad también se construye con leyes que permitan a la ciudadanía conocer cómo actúa el Estado, cómo toma decisiones y cómo administra los recursos públicos. Una Ley de Acceso a la Información Pública no resuelve por sí sola la crisis de confianza en las instituciones, pero sí puede convertirse en uno de los pilares sobre los cuales se puede comenzar a reconstruirla.

Recordemos que no partimos de cero. En los últimos años, universidades, organizaciones especializadas, centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil han invertido tiempo, recursos y conocimiento para elaborar propuestas sobre acceso a la información pública. Entre ellas se encuentra el Anteproyecto de Ley presentado por Fundación Jubileo y Construyendo Redes para el Desarrollo, luego de un proceso participativo que incluyó aportes de instituciones y organizaciones de los 9 departamentos del país. Y aunque no se tenga información sobre este y otros proyectos que han sido presentados, ignorar ese trabajo significaría desaprovechar un capital técnico que pertenece al país y no únicamente a quienes lo produjeron, así como una oportunidad para enriquecer el proyecto con conocimiento técnico que ya está disponible, con la posibilidad de generar susceptibilidad sobre el tratamiento de este tema. 

El nuevo contexto político ofrece la oportunidad de recuperar prácticas de deliberación pública que durante muchos años fueron debilitándose. Es un buen momento para que las autoridades gubernamentales muestren su interés de distinguirse de lo anterior siendo transparentes y facilitando el acceso a la información pública. Y que los asambleístas den señales de que comprenden su responsabilidad y conocen el trabajo legislativo, elaborando leyes de forma abierta, participativa y receptiva a los aportes técnicos provenientes de la sociedad.

El acceso a la información pública ya no es una opción política. Es un compromiso constitucional y un estándar democrático que Bolivia no puede seguir postergando. Y la diferencia entre una democracia que se debilita y una que se fortalece no está únicamente en las elecciones. También está en la forma en que se construyen las leyes. Una Ley de Acceso a la Información Pública puede convertirse en el primer gran mensaje de que Bolivia quiere dejar atrás la opacidad para avanzar hacia una cultura de apertura, rendición de cuentas y diálogo con la ciudadanía. 

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados todavía tiene la oportunidad de recoger lo mejor de los proyectos recibidos y de socializar con sus proponentes para emitir posteriormente un informe que permita construir una Ley de Acceso a la Información Pública alineada con la Constitución y con los estándares internacionales; esa puede ser una señal de que Bolivia quiere comenzar una nueva etapa institucional basada en la transparencia y el respeto al derecho ciudadano de saber. Porque, al final, la información pública es pública.

Fuente: Sumando Voces

250 años de la Declaración de Independencia de Estados Unidos: fruto de Occidente

El 4 de julio de 2026 se cumplen 250 años de un documento que cambió la historia de la humanidad más que casi ningún otro: la Declaración de Independencia de Estados Unidos. La conmemoración, previsiblemente, se va a quedar corta. Se hablará de fuegos artificiales, de Filadelfia, de Jefferson, quizás de la guerra contra Gran Bretaña. Lo que casi nadie va a decir —porque casi nadie lo sabe, o porque a casi nadie le conviene saberlo— es que ese texto no es un invento exclusivamente anglosajón, y que su impacto no se limitó a las trece colonias. Fue, y sigue siendo, el acontecimiento más importante de todo el Hemisferio Occidental, y probablemente del mundo entero. Y fue, sobre todo, el punto en que confluyeron tradiciones de libertad individual que venían gestándose en distintos rincones de Occidente desde hacía siglos, y además con un protagonismo hispano que la historiografía dominante prefiere no subrayar.

Empecemos por lo evidente. Ningún otro experimento político en la historia ha producido un nivel de prosperidad, innovación y libertad individual comparable al de Estados Unidos en estos 250 años. Eso no es casualidad ni superioridad racial ni geográfica, sino el resultado directo de haber institucionalizado, mejor que nadie antes, un conjunto de principios —límite al poder, propiedad privada, imperio de la ley, soberanía popular— que tardaron siglos en madurar. El impacto de esa institucionalización no se quedó dentro de las fronteras norteamericanas. Se exportó, se imitó, se tradujo en constituciones de medio mundo, incluida la propia América Latina. Sin el 4 de julio de 1776 el siglo XX habría sido distinto, y probablemente mucho peor, para todo Occidente. Eso hay que decirlo sin complejos.

Ahora vayamos a lo que casi nadie dice. La Declaración de Independencia no nació de la nada ni es un producto exclusivamente anglosajón con algún condimento francés. Antes de Locke, antes de Smith, antes de Jefferson, hubo una escuela de pensamiento que llevaba dos siglos de ventaja: la Escuela de Salamanca. Entre sus pensadores se destacan Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Juan de Mariana, Luis de Molina, entre otros. No fueron teólogos oscurantistas haciendo filosofía de salón. Fueron los primeros en defender con rigor la propiedad privada como institución necesaria, la teoría subjetiva del valor —tres siglos antes de que la Escuela Austríaca la reivindicara como propia—, la legitimidad moral del comercio voluntario, y algo todavía más radical: el derecho de resistencia frente al tirano, incluido el tiranicidio, que Mariana desarrolló en De rege et regis institutione (1599) con una contundencia que ningún ilustrado escocés se atrevió a igualar.

Esas ideas no se quedaron en España. John Locke las heredó, las secularizó y les dio el giro individualista que las hizo aptas para la modernidad política. Y de Locke pasaron directamente a Filadelfia. Thomas Jefferson tenía la Historia General de España de Mariana en su biblioteca y la recomendaba a sus amigos; llegó a comprar ejemplares para James Madison. John Adams estudió De rege et regis institutione con atención. La igualdad natural de los hombres, la soberanía originaria del pueblo, el consentimiento como fuente del poder político, el derecho a resistir al tirano; todo eso que leemos en el preámbulo de la Declaración tiene una genealogía que pasa por Salamanca antes de pasar por Edimburgo. No es una curiosidad erudita, sino el dato que cambia la historia que nos contaron.

Y todavía hay más, porque la contribución hispana a la independencia americana no fue solo intelectual. Fue militar, logística y de sangre. Cuando España le declaró la guerra a Gran Bretaña en 1779, la causa americana llevaba cuatro años de estancamiento. Bernardo de Gálvez, gobernador de Luisiana, tomó Baton Rouge, Mobile y Pensacola entre 1779 y 1781, expulsó a los británicos del sur y le cerró a Cornwallis la retaguardia que necesitaba para abastecerse. Sin esas campañas, Yorktown —el momento que selló la independencia— habría sido, en el mejor de los casos, mucho más difícil. España aportó además préstamos, armas, uniformes y soldados venidos de Cuba, México y Puerto Rico. La independencia de Estados Unidos no fue una gesta exclusivamente anglosajona con ayuda ocasional española. Fue una empresa atlántica compartida, y el escudo de Gálvez —Yo solo— sigue siendo, sin que casi nadie lo sepa, el emblema oficial de Los Ángeles.

¿Por qué importa todo esto en 2026, y no solo como anécdota histórica? Porque la conclusión correcta no es que Estados Unidos le deba algo a España, ni que haya que reescribir la historia para repartir méritos como en una premiación. La conclusión correcta, y mucho más potente, es que Estados Unidos se convirtió en el crisol donde confluyeron las tradiciones de libertad individual de todo el Hemisferio Occidental: la hispana, con su reflexión sobre los límites morales del poder; la anglosajona, con su imperio de la ley y su genio institucional; y la francesa, con Cantillon y Turgot afinando la teoría del valor y de la función empresarial antes de que Smith lo sistematizara todo en 1776. Estados Unidos no inventó la libertad occidental. La recibió de varias tradiciones a la vez, y tuvo el mérito —que nadie le puede quitar— de traducirla en instituciones que perduraron.

Esto tiene una implicación que en Hispanoamérica seguimos sin asumir con la naturalidad que merece, pues no somos espectadores de la gesta de 1776. Somos, en buena medida, coautores intelectuales y militares de ella. La libertad que se institucionalizó en Filadelfia tiene raíces hispanas tan profundas como las anglosajonas, y celebrar el 4 de julio sin reconocerlo es aceptar, una vez más, la Leyenda Negra que nos enseñaron a internalizar, la idea de que lo único que aportamos a Occidente fue el atraso, mientras los anglosajones aportaban el progreso. Es mentira, y es una mentira costosa, porque nos priva de la autoestima necesaria para reconocernos herederos legítimos de la misma tradición que hoy se celebra en Washington.

Y aquí está lo verdaderamente urgente del aniversario. Occidente —entendido no como un bloque étnico ni como propiedad de un solo país, sino como esa conversación intelectual compartida entre España, Inglaterra, Francia y América— está siendo cuestionado hoy con una agresividad que no tiene precedentes recientes, y no principalmente desde afuera, sino desde adentro, desde las universidades, las instituciones y los discursos públicos de las propias sociedades que esa tradición construyó. La erosión no avanza con ejércitos, sino con narrativa, con culpa retroactiva, con la pretensión de que reconocer los logros de esa civilización equivale a blanquear sus errores. Es simplemente falso. Se puede —se debe— reconocer la esclavitud como el pecado original de la fundación americana, y al mismo tiempo reconocer sin complejos que ningún otro proyecto político ha sido capaz de corregirse a sí mismo con la consistencia con que lo hizo Estados Unidos.

Esa es la tradición espontánea conjunta que tenemos en Occidente, y que deberíamos reivindicar precisamente porque está siendo atacada como nunca antes, la de la limitación del poder, la propiedad privada, el comercio voluntario, la dignidad individual como fundamento de todo orden político. No son patrimonio exclusivamente anglosajón, sino también nuestro, de Hispanoamérica, porque salieron en parte de nuestra propia tradición intelectual antes de cristalizarse en Filadelfia. Si esos valores se deterioran o se destruyen —y se están deteriorando, no hace falta exagerar para verlo— el costo no lo va a pagar solo Estados Unidos, sino todo el hemisferio, y probablemente el mundo entero, porque no existe hoy una alternativa institucional remotamente comparable que pueda sostener la prosperidad y la libertad que esa tradición hizo posible.

A los 250 años de 1776, lo que toca no es nostalgia ni hagiografía. Toca reconocer, sin complejos, que Estados Unidos es el fruto institucional mejor logrado de una tradición que es nuestra tanto como suya, y defenderla con la misma convicción intelectual con la que Vitoria, Mariana, Locke y Jefferson la construyeron. Varios países, una sola nación. Esa nación cumple 250 años. Y todavía tenemos mucho que perder si dejamos que se la sigan apropiando quienes solo quieren destruirla.

Fuente: El Cato

La presunción de inocencia en la era del linchamiento digital

En el sistema judicial contemporáneo, el banquillo de los acusados ha cambiado de escenario. Antes de que un fiscal dicte una imputación formal o un juez evalúe la primera prueba, la sentencia condenatoria ya ha sido dictada, compartida y viralizada en las redes sociales.

El veredicto del algoritmo no conoce de plazos procesales, exclusiones probatorias ni del principio de favorabilidad; se alimenta de la inmediatez y el escándalo.

Este fenómeno, lejos de ser un simple debate sobre la libertad de expresión, representa uno de los desafíos más complejos para los derechos humanos en Bolivia: la desnaturalización de la presunción de inocencia como regla de trato fundamental.

Sobre este punto la Constitución Política del Estado, en su artículo 116, es clara cuando se garantiza el principio de inocencia y toda persona deberá ser tratada como tal mientras no se pruebe su culpabilidad en sentencia ejecutoriada. Sin embargo, en la práctica, la filtración selectiva de cuadernos de investigación y la mediatización de los casos penales han convertido al proceso penal en una herramienta de muerte civil preventiva.

Para un profesional, un activista de derechos humanos o una organización de la sociedad civil, el daño reputacional de una acusación infundada en el entorno digital puede ser irreversible mucho antes de que se demuestre su inocencia en los tribunales. El estigma permanece, el financiamiento se retira y las puertas institucionales se cierran.

Frente a un escenario donde la opinión pública presiona al juzgador, la defensa técnica tradicional (aquella que se limita a presentar memoriales fríos en la ventanilla del juzgado) resulta insuficiente. La litigación estratégica moderna exige abordar el conflicto penal desde una perspectiva multidimensional:

El control judicial de la reserva: El Código de Procedimiento Penal sanciona la vulneración de la reserva de las actuaciones en la etapa preliminar. Un estratega del derecho debe activar de inmediato los mecanismos de control jurisdiccional para frenar la filtración de información sensible que contamine el proceso y vulnere la dignidad del investigado.

La acción de amparo por violación al debido proceso: Cuando la mediatización de un caso es impulsada o tolerada por las propias autoridades para justificar una detención preventiva arbitraria, se configura una afectación directa a la imparcialidad del juzgador. Esta distorsión debe ser combatida mediante acciones constitucionales que exijan el cese inmediato de la exposición pública desproporcionada.

La estrategia de comunicación legal: El silencio ya no es una opción segura en casos de alto impacto. Sin romper las reglas procesales, la defensa técnica debe ser capaz de traducir la complejidad jurídica en argumentos claros, objetivos y técnicos para la sociedad, demostrando con las inconsistencias de la acusación.

El verdadero éxito en el litigio de alta complejidad no se mide únicamente por obtener una sentencia absolutoria al final del camino, sino por preservar la integridad y la dignidad del defendido durante todo el proceso.

La justicia no puede ceder ante el clamor de las plataformas digitales ni ante la instrumentalización política de la sospecha. Recuperar el respeto absoluto por el debido proceso y la presunción de inocencia es una tarea urgente para los abogados independientes, las organizaciones civiles y la sociedad en su conjunto. Solo un derecho penal técnico, riguroso y respetuoso de las garantías constitucionales puede asegurar que los tribunales sigan siendo el espacio de la verdad, y no el eco de un linchamiento digital.

Fuente: Sumando Voces

Los derechos constitucionales no son eliminados por el estado de excepción

Una publicación difundida en redes sociales indica que el estado de sitio suspende todos los derechos constitucionales y además, permite al Gobierno nacional “matar, secuestrar o despojar de bienes a los ciudadanos”; sin embargo, el contenido es falso.

La Constitución Política del Estado no contempla la figura del estado de sitio y el actual estado de excepción solo establece restricciones temporales a tres derechos: la libre locomoción, la reunión y las manifestaciones.

La publicación fue detectada este 20 de junio en la página Batalla Cultural en Facebook.

El mensaje lleva el siguiente texto:

¿Qué hacer en el estado de sitio?

Primero, recuerda que en un estado de sitio *todos* tus derechos constitucionales son suspendidos, es decir, el gobierno puede matar, secuestrar, aprehender, herir y robarte tus cosas si desea porque eres considerado terrorista.

Ante esta situación qué hacer:

1. Graba todo, quizás te corten el internet en tu comunidad o barrio, así que graba todo y trata de enviar a grupos de WhatsApp de varias personas que se encuentren fuera de tu zona.

2. En caso de que el internet se haya cortado totalmente y también la luz y el agua, guarda los videos hasta que se vayan los militares y policías y envía lo antes posible a redes sociales.

3. En caso de que disparen a tu padre o madre, o tus seres queridos, trata de parar la hemorragia con vendas y corre al centro de salud más cercano, no olvides grabar todo eso, la policía y el ejército se harán los desentendidos y dirán que no fueron ellos.

4. Si ves a alguien, solo protégelo entre todos esos, son los primeros en ser secuestrados y torturados por la policía y las FF.AA.

5. Si eres mujer, ten un cuchillo o machete; los policías y militares intentarán violarte. El momento en que se te acerquen, úsalo contra la humanidad del uniformado.

6. Una vez los policías y militares abandonen el lugar, vuelve a bloquear; ellos se cansarán de matar. Pero la dignidad del pueblo contra este gobierno es infinita.

Pedimos al Defensor del Pueblo que esté atento ante las denuncias y pase a medios internacionales. Los medios de comunicación en Bolivia están comprados; ninguno informará la muerte de las personas.

Comparte a tus contactos.

El contenido además incita a la violencia física contra policías y militares, además de que convoca al bloqueo de caminos. Según esta publicación, las personas que sean reprimidas por los militares serán juzgadas por el delito de terrorismo.

Lo que dice la normativa

Para la verificación, se revisaron la Constitución Política del Estado (CPE), particularmente el artículo 137, la Ley 1740 de regulación de estados de excepción y el Decreto Supremo 5636 emitido por el Gobierno de Rodrigo Paz Pereira, con el objetivo de establecer el alcance jurídico de las medidas extraordinarias actualmente vigentes.

La revisión normativa evidenció que la figura del “estado de sitio” no está contemplada en la actual CPE, promulgada en 2009. En su lugar, la Carta Magna establece el mecanismo del “estado de excepción”, que puede ser declarado únicamente en situaciones de peligro para la seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastre natural.

Desde una perspectiva jurídica, el estado de excepción no implica la suspensión total de las garantías constitucionales ni otorga facultades ilimitadas al Gobierno.

La propia Constitución establece límites expresos al ejercicio de estas medidas y dispone que, durante su vigencia, deben preservarse derechos fundamentales como la vida, el debido proceso y las garantías judiciales.

En el caso del Decreto Supremo 5636, la norma dispone restricciones temporales a tres derechos específicos: la libre locomoción, el derecho de reunión y el derecho a la manifestación. Por tanto, es falso afirmar que el Gobierno puede suspender todos los derechos constitucionales o actuar al margen del ordenamiento jurídico bajo el actual estado de excepción.

Sobre el delito de terrorismo

El artículo 133 del Código Penal boliviano establece que el delito de terrorismo se sanciona con penas de entre 15 y 20 años de presidio. La norma tipifica como terrorismo la comisión de actos destinados a generar alarma o pánico colectivo, obligar a un gobierno a realizar o abstenerse de realizar determinadas acciones, subvertir el orden constitucional o deponer a un gobierno elegido democráticamente.

Entre las conductas contempladas por la legislación se encuentran los atentados contra la seguridad común, la salud pública, los medios de transporte y la integridad de autoridades nacionales o extranjeras protegidas internacionalmente.

La norma también considera terrorismo al secuestro de aeronaves o embarcaciones mediante violencia o intimidación, los ataques contra personas internacionalmente protegidas y la colocación o detonación de artefactos explosivos en lugares públicos, instalaciones gubernamentales o infraestructuras estratégicas.

En consecuencia, la afirmación de que el Gobierno nacional a través de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) está autorizado para matar a una persona tipificada por el delito de terrorismo no coincide con el Código Penal.

Según la información difundida por la Presidencia del Estado, la declaración de un estado de excepción en Bolivia no implica la paralización total de las actividades ni la suspensión de las garantías constitucionales.

Contexto

La publicación circula en redes sociales en medio de un escenario de alta conflictividad social y bloqueos de carreteras en distintas regiones del país.

La difusión del mensaje coincidió con la declaración de estado de excepción emitida este 20 de junio por el presidente Rodrigo Paz, una medida adoptada por el Ejecutivo con el argumento de restablecer el orden público para garantizar el abastecimiento de alimentos, combustibles y otros servicios esenciales afectados por las protestas, después de 50 días de bloqueos en diferentes puntos del país.

En este contexto de tensión política y social, la desinformación sobre el alcance de las medidas excepcionales generó incertidumbre entre la población.

Sobre el estado de sitio

Es una medida más severa, donde los gobiernos otorgan mayores facultades a las fuerzas militares y policiales para recuperar el control del territorio; pero ya no está avalada en la actual Constitución boliviana.

La última vez que se declaró un estado de sitio fue en el año 2008, durante el Gobierno de Evo Morales Ayma, medida que fue aplicada en el departamento de Pando por los enfrentamientos en El Porvenir, que dejaron 15 fallecidos.

La medida fue impuesta por el Decreto Supremo 29705 del 12 de septiembre de 2008, que incluía control militar, restricciones a la circulación y suspensión temporal de algunas garantías constitucionales. Por ejemplo, se prohibía la libre circulación de grupos de dos o más personas entre las 00.00 y las 6.00; también estaba prohibida la circulación vehicular en esos mismos horarios. Los viajes solo podían realizarse con salvoconductos emitidos por el Comando Departamental de la Policía de Pando.

La medida se mantuvo vigente hasta el 22 de noviembre de ese año.

Con la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado en el año 2009 se cambió la figura del estado de sitio por la del estado de excepción.

La actual Constitución establece límites específicos al estado de excepción, que únicamente permite restricciones temporales a determinados derechos, sin suspender el conjunto de las garantías constitucionales ni otorgar facultades ilimitadas al Gobierno.

Por todo lo expuesto, no es real que se ha declarado estado de sitio y que el estado de excepción elimina los derechos constitucionales. 

Fuente: Bolivia Verifica

El mito del secreto institucional: cómo abrir los archivos del Estado con la Constitución

Existe una vieja costumbre arraigada en todas las instituciones públicas de Bolivia: considerar que la información, los informes técnicos y los contratos estatales son propiedad privada del funcionario intransigente.

Cuando un ciudadano, un periodista o una organización civil, solicita la copia de un expediente de interés público, la respuesta suele ser el silencio o ahora, más que antes, el clásico «es confidencial».

Esta cultura del secreto es el principal enemigo de la transparencia y un freno directo al control social, que es un derecho plenamente reconocido en nuestra Constitución Política del Estado.

Sin embargo, desde la perspectiva del litigio de alta complejidad, el «secreto administrativo» en Bolivia es, salvo contadas excepciones de seguridad nacional, un mito jurídico que puede ser desmontado con precisión constitucional.

La Constitución Política del Estado (CPE) es contundente. El artículo 24 garantiza que todos los bolivianos tenemos derecho al acceso a la información, poniendo como único requisito el de estar plenamente identificado cuando se realice la petición.

La información pública le pertenece al ciudadano, no al Estado; las instituciones son simples custodios de esos datos.

Cuando un ministerio, una gobernación o una alcaldía niega sistemáticamente un informe, ya sea sobre el presupuesto de una obra, un estudio de impacto ambiental o el estado de un trámite, no solo está cometiendo una falta administrativa; está vulnerando un derecho fundamental transgresor que paraliza el ejercicio de otros derechos.

El ciudadano común suele rendirse tras recibir el primer rechazo en la ventanilla. El litigante estratégico, en cambio, utiliza esa negativa como la prueba reina para activar la justicia constitucional. El camino técnico para romper el cerco del silencio exige tres pasos:

• La solicitud formal y preconstitucional: La petición de información debe ser redactada con absoluta claridad, citando el Art. 24 (derecho de petición) de la CPE. Es vital fijar un plazo perentorio basado en la Ley de Procedimiento Administrativo. Cada sello de recepción es un eslabón en la cadena de defensa.
• El agotamiento de la vía de hecho: Si la autoridad responde con evasivas o simplemente ignora el requerimiento, se configura una «omisión indebida». En este punto, no se discute si la autoridad quiere o no dar la información; lo que se evidencia es que está actuando al margen de la ley.
• El amparo constitucional como llave maestra: Ante el silencio o la negativa arbitraria, se interpone una acción de amparo constitucional. En la audiencia, el peso de la prueba se invierte: es el funcionario público quien debe demostrar ante el juez qué ley específica lo faculta a ocultar esa información. Si no puede demostrarlo, el tribunal constitucional le ordenará la entrega inmediata de los documentos bajo conminatoria de ley.

Democratizar el acceso a la información es el primer paso para equilibrar la balanza entre el ciudadano y el poder. Cuando las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) aprenden a utilizar estas herramientas procesales avanzadas, sus investigaciones adquieren un blindaje técnico indiscutible. La fiscalización ciudadana deja de ser una denuncia abstracta en medios y se convierte en un expediente sólido, respaldado por los propios documentos del Estado.

La construcción de una sociedad más justa no requiere de confrontaciones, sino del ejercicio valiente y técnico de las herramientas que la propia Constitución nos otorga.

El secreto institucional solo prospera allí donde la defensa jurídica es débil o inexistente. Frente al muro del silencio burocrático, la litigación estratégica de vanguardia ofrece una salida institucional clara.

Obligar al Estado a rendir cuentas no es una concesión que se deba mendigar; es un derecho que se ejerce con rigor, estrategia y la firme convicción de que en una democracia, las paredes del poder deben ser de cristal.

Imagen: Transparencia Venezuela

Fuente: Sumando Voces

Sala Constitucional ordena levantar de inmediato el bloqueo de carreteras en Bolivia

La Sala Constitucional Segunda de La Paz ordenó el levantamiento inmediato de los bloqueos en Bolivia mediante la Resolución Constitucional N° 149/2026. El fallo establece que las medidas afectan derechos fundamentales y dispone acciones urgentes para garantizar servicios esenciales y corredores humanitarios.

La resolución fue emitida dentro de una acción popular y señala que los bloqueos absolutos no están protegidos por el derecho a la protesta cuando restringen servicios básicos. Según el fallo, las medidas afectan el acceso a salud, alimentación, agua, educación y circulación de ambulancias.

La Sala ordenó a dirigentes, organizaciones y participantes de los sectores movilizados abstenerse de promover o mantener bloqueos indefinidos y violentos. También instruyó habilitar corredores humanitarios permanentes para el paso de medicamentos, oxígeno medicinal, combustible y alimentos.

Gobierno deberá aplicar plan de gestión de bloqueos

La resolución dispone que el Órgano Ejecutivo active mecanismos de diálogo con participación de sectores movilizados. Según el documento, estas acciones deben desarrollarse bajo criterios de buena fe, transparencia y mediación institucional.

Asimismo, el Ministerio de Gobierno deberá coordinar con otras instituciones un plan mínimo de gestión constitucional de bloqueos. Entre las medidas figuran la identificación de rutas estratégicas, habilitación de vías alternas y resguardo de hospitales, mercados y unidades educativas.

El fallo también ordena prevenir saqueos, hechos de violencia y daños a bienes públicos. La Defensoría del Pueblo fue designada como veedora constitucional para supervisar el cumplimiento y recibir denuncias ciudadanas.

Sala ratifica cumplimiento obligatorio del fallo

La Sala advirtió que la privación sostenida de alimentos, medicamentos, agua o asistencia médica podría derivar en responsabilidades constitucionales, civiles, administrativas y penales. Según la resolución, estas acciones pueden afectar la supervivencia de la población.

El documento aclara que la decisión no constituye una orden de represión ni habilita aprehensiones automáticas. También ratifica que la protesta pacífica mantiene protección constitucional mientras no vulnere derechos de terceros ni interrumpa servicios esenciales.

Finalmente, la Sala rechazó la solicitud de complementación y enmienda presentada contra el fallo y ratificó el cumplimiento inmediato y obligatorio de la resolución.

Fuente: Enfoque News

Bolivia mantiene baja transparencia presupuestaria y obtiene 11/100 en encuesta internacional 2025

Bolivia volvió a registrar una calificación de 11 sobre 100 en el índice de transparencia de la Encuesta de Presupuesto Abierto 2025, situándose muy por debajo del nivel considerado adecuado (61 puntos) y en el último lugar entre los países sudamericanos evaluados en el estudio, que abarcó a 83 naciones.

El informe, elaborado por la organización internacional International Budget Partnership (IBP) y aplicado en Bolivia por la Fundación Jubileo, evidencia que el país no ha mejorado respecto a la medición anterior de 2023. La evaluación corresponde a la gestión pública hasta el 31 de diciembre de 2024, por lo que no refleja el desempeño del actual Gobierno.

Según el estudio, la baja puntuación se explica principalmente porque el proyecto de Presupuesto General del Estado no se publica antes de su tratamiento en la Asamblea Legislativa, lo que limita el acceso ciudadano a información clave y reduce la posibilidad de debate público.

De los ocho documentos presupuestarios que exige la metodología internacional, Bolivia solo publicó tres dentro de los plazos establecidos: el Presupuesto Aprobado, el Presupuesto Ciudadano y el Informe de Fin de Año. En cambio, no difundió oportunamente documentos esenciales como el proyecto de presupuesto, el informe preliminar, la revisión de mitad de año ni el informe de auditoría.

El análisis también revela debilidades en otros indicadores. En participación pública, el país obtuvo 13 sobre 100, debido a la ausencia de mecanismos efectivos para que la ciudadanía intervenga en la formulación, aprobación y seguimiento del presupuesto. En cuanto a la vigilancia institucional, alcanzó 39 sobre 100, reflejando un control limitado tanto del Legislativo como de la Contraloría.

El informe advierte que la información presupuestaria disponible no permite identificar con claridad la asignación de recursos por sectores como salud o educación, lo que reduce su utilidad como herramienta de planificación y control social.

Entre las principales recomendaciones, se plantea publicar el proyecto de presupuesto antes de su aprobación legislativa, difundir informes de ejecución de manera accesible y periódica, elaborar una revisión de mitad de año y garantizar la publicación de auditorías completas del presupuesto.

Asimismo, se sugiere fortalecer la participación ciudadana mediante mecanismos formales en todas las etapas del proceso presupuestario, en cumplimiento de la Constitución Política del Estado.

La próxima medición, prevista para 2027 y basada en el año fiscal 2026, será clave para evaluar si Bolivia implementa cambios que permitan mejorar sus niveles de transparencia, participación y control en la gestión de los recursos públicos.

Fuente: Sumando Voces

Informe revela la magnitud de la censura digital en Venezuela

Según los datos recopilados, al menos 206 dominios permanecen bajo esquemas de bloqueo por órdenes directas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

Este monitoreo constante revela que el impacto no solo afecta a medios de comunicación, sino que se extiende a herramientas fundamentales para el libre acceso a la información.

La documentación técnica presentada por VE Sin Filtro desglosa las categorías más afectadas, demostrando que la censura en Venezuela es selectiva y persistente.

Se contabilizan 92 dominios de noticias bloqueados, que corresponden a 65 sitios de noticias distintos. Entre ellos figuran medios de amplia trayectoria y portales digitales independientes como El Pitazo, Efecto Cocuyo, La Patilla, El Nacional, y Crónica Uno.

Herramientas Anticensura

No solo se bloquea la información, sino también el acceso a ella. El informe destaca el bloqueo de servicios de VPN como CyberGhost VPN, esenciales para que los ciudadanos naveguen de forma segura.

Páginas de organizaciones de derechos humanos como Espacio Público y portales de contenido político también figuran en la lista de restricciones.

Dominios relacionados con la cotización del dólar paralelo, como DolarToday y diversas variantes de dólar paralelo, sufren bloqueos constantes en casi todos los proveedores de servicios de internet (ISP).

El informe de VE Sin Filtro también detalla cómo operan los principales ISP en el país. Los métodos más comunes incluyen el bloqueo por DNS (Sistema de Nombres de Dominio) y, en casos más agresivos, bloqueos de tipo Http/Https e IP.Proveedor (ISP).

VE Sin Filtro recalca que la mayoría de estos bloqueos se ejecutan sin una orden judicial pública, vulnerando el debido proceso y el derecho constitucional de los ciudadanos a estar informados

Ante este panorama, la organización recomienda el uso de herramientas de elusión como VPNs confiables y la configuración de DNS alternativos (como los de Google o Cloudflare) para recuperar el acceso a los medios independientes y redes sociales restringidas.

Fuente: La Patilla

Alcances constitucionales y desafíos regulatorios del proyecto de ley 178/2024-2025 sobre inteligencia artificial en Bolivia

Visualice esto: un algoritmo bancario niega crédito a una tejedora aimara del Altiplano porque sus datos "rurales" la clasifican como riesgo alto. O un deepfake hace que un candidato guaraní parezca confesar corrupción días antes de las elecciones. La inteligencia artificial (IA) no es futurismo distante: ya opera en Bolivia, desde las transcripciones judiciales en el Tribunal Constitucional Plurinacional hasta las predicciones de sequías en el Chaco. Pero sin límites claros, esta tecnología puede perpetuar el colonialismo digital —Big Tech extrayendo datos bolivianos sin royalties— o democratizar el Vivir Bien. El Proyecto de Ley (PL) Nº 178/2024-2025 —"Promoción, Gestión y Uso de la Inteligencia Artificial"— aprobado por el Senado el 22 de octubre de 2025 y pendiente en Diputados, responde con ambición histórica: 31 artículos que crean la Autoridad de Regulación de la IA (ARIA), asignan a AGETIC una Estrategia Nacional en 180 días, establecen 12 principios plurinacionales y prohíben taxativamente siete abusos graves como la manipulación subliminal y el reconocimiento facial masivo sin habeas data judicial. Como autor de "La inteligencia artificial en Bolivia" (Cabildeo Digital, abril 2025), "Inteligencia artificial y abogacía en Bolivia" (febrero 2026) y análisis sobre deepfakes electorales, desarrollo aquí mi doctrina central: la IA es "constitucionalmente impulsada" (el artículo 103.II de la CPE obliga al Estado a promover la tecnología) pero "estrictamente condicionada" por la reserva de humanidad, el debido proceso (artículo 115) e igualdad plurinacional (artículo 14). Este ensayo desglosa su arquitectura normativa, evalúa su constitucionalidad material, compara críticamente con Brasil (PL 2338/2023) y Chile (Boletín 16821-19), analiza la diplomacia tecnológica boliviana tras la visita de Edmundo Lara a India y propone una hoja de ruta concreta para que Bolivia lidere una IA ética en el Sur Global.

En cuanto a su contenido normativo, nos encontramos entre la audacia pionera y generalidades peligrosas. El ámbito del proyecto es expansivo: aplica a toda persona natural o jurídica —pública o privada— que desarrolle, provea, use o implemente sistemas de IA en Bolivia o genere efectos territoriales, incluyendo algoritmos autónomos para predicción, generación de contenido o toma de decisiones. Cubre desde modelos generativos como ChatGPT hasta machine learning en agricultura de precisión. La arquitectura institucional es ambiciosa, estableciendo a la ARIA como un órgano descentralizado con autonomía funcional para reglamentar estándares éticos y técnicos, certificar sistemas, supervisar cumplimiento e imponer sanciones administrativas progresivas que incluyen multas, suspensión de operaciones y la reparación integral de daños, mientras que los casos penales se derivan al Ministerio Público. Por su parte, la AGETIC elaborará la Estrategia Nacional de IA en 180 días desde la promulgación, registrará bases de datos y algoritmos, emitirá lineamientos técnicos sectoriales en salud, justicia o elecciones y monitoreará impactos. Los doce principios fundacionales evocan la Constitución Política del Estado: beneficio colectivo sobre lucro privado, transparencia algorítmica total, explicabilidad comprensible para pueblos originarios, ética intercultural, no discriminación étnica, de género, rural o por edad, ciberseguridad robusta, protección de datos personales, innovación sostenible alineada al Vivir Bien, soberanía tecnológica explícita, dignidad humana inviolable, participación originaria de naciones y pueblos indígenas, y armonía con la Pachamama.

Las siete prohibiciones taxativas contenidas en los artículos 12 al 18 constituyen la joya del proyecto de ley. Estas prohíben la manipulación subliminal o psicológica de personas vulnerables; la explotación de vulnerabilidades por edad, discapacidad o pobreza extrema; el reconocimiento facial masivo sin autorización judicial previa mediante habeas data; los sistemas de puntuación social tipo crédito chino; la clasificación discriminatoria por fenotipo, origen étnico o comportamiento predictivo; los deepfakes o contenidos sintéticos lesivos de la honra, de los procesos democráticos o de derechos colectivos; y el desarrollo o uso de IA autónoma en armas letales. Las garantías ciudadanas concretas incluyen el derecho a no ser sometido a decisiones basadas únicamente en tratamientos automatizados cuando afecten derechos subjetivos, información clara y comprensible sobre el uso de IA en servicios públicos o privados, auditorías independientes de sesgos algorítmicos, derecho al olvido digital y reparación integral de daños causados. Los desarrolladores deben documentar exhaustivamente los datos de entrenamiento y los usuarios deben notificar activamente cuando operen con IA. En materia de incentivos y cronograma, se prevén exenciones fiscales y fondos públicos-privados para proyectos de IA ética que contribuyan al desarrollo sostenible, mientras que la disposición adicional primera ordena una Ley de Protección de Datos Personales en 180 días, reconociendo el vacío crítico de la obsolescente Ley 164 de 2011. Mi evaluación doctrinal sugiere que el contenido es pionero en su integralidad, pues pocos países regulan promoción y prohibición simultáneamente, pero es peligrosamente generalista. Los doce principios suenan hermosos, pero sin métricas concretas de cumplimiento —por ejemplo, determinar qué significa exactamente la ética intercultural— se arriesga una aplicación discrecional. Las prohibiciones salvan vidas, pero sin categorías de riesgo graduadas, la ARIA podría ahogarse en fiscalizaciones de carácter trivial.

Respecto a la constitucionalidad material y la doctrina de la IA impulsada pero condicionada, la Constitución Política del Estado de 2009 ofrece una habilitación explícita. El artículo 103.II ordena al Estado impulsar la investigación científica y tecnológica; el artículo 9.IX extiende la soberanía sobre recursos estratégicos a los datos como el nuevo petróleo plurinacional; y el artículo 308 legitima la innovación en la economía plural comunitaria. Pero esto impone límites materiales infranqueables, empezando por la tutela judicial efectiva y el debido proceso consagrados en el artículo 115. Mi tesis expuesta en "Inteligencia artificial y abogacía" exige una reserva de humanidad absoluta en decisiones que afecten derechos fundamentales. La IA puede transcribir audiencias con un 98 por ciento de precisión o generar borradores contractuales, pero nunca dictar sentencias ni reemplazar el juicio humano responsable. Es necesaria una cadena de custodia algorítmica donde todo proceso IA sea auditable, documentado, reversible y sometido a control jurisdiccional del Tribunal Constitucional Plurinacional. Por ejemplo, si una IA del Tribunal predice reincidencia con sesgo étnico, viola el artículo 115.II constitucional. Asimismo, la igualdad plurinacional sustantiva del artículo 14.II indica que prohibir la discriminación algorítmica es correcto pero insuficiente. Algoritmos entrenados con datos urbanos extranjeros sesgarán contra aimaras analfabetas digitales. Casos globales como COMPAS en Estados Unidos o los sesgos de contratación en Amazon gritan la lección: los datos de entrenamiento deben ser plurinacionales, representando a las 36 naciones, las 3 regiones autónomas y datos en aimara, quechua y afro boliviano. Respecto a la intimidad y datos personales del artículo 21, el vacío normativo es inconstitucional. Facebook extrae millones de perfiles bolivianos sin contraprestación y la remisión a una futura ley deja al proyecto de ley cojo desde su nacimiento. Sobre la distribución de poderes y el Estado regulador según el artículo 12, la ARIA concentra potestades cuasi judiciales bajo el Ejecutivo sin contrapesos claros, como el control parlamentario, la revisión judicial o la pluralidad intercultural mediante cupos para CIDOB y CONAMAQ. Existe un riesgo de discrecionalidad política en la certificación y sanciones. Mi doctrina se resume en legislar con valentía a través de una ARIA plural e independiente, educar con visión crítica mediante cátedras de IA ética interculturales, innovar con identidad propia usando algoritmos entrenados con cosmovisiones aimaras y participar soberanamente en foros asimétricos. Solo así la IA servirá al Vivir Bien y no al PIB de Silicon Valley.

Al analizar los desafíos regulatorios comparados y las lecciones críticas de Brasil y Chile, vemos que Bolivia se sitúa en una posición distinta. Brasil, con su Proyecto de Ley 2338/2023 aprobado por el Senado en diciembre de 2024, lidera la madurez técnica al clasificar riesgos explícitamente. La IA de alto riesgo en salud, justicia o vigilancia exige evaluación de impacto, transparencia de código fuente y supervisión humana obligatoria, mientras que el bajo riesgo se inclina por la autorregulación. Inspirado en la AI Act europea, incluye un sandbox regulatorio experimental donde las empresas prueban la IA bajo supervisión estatal sin sanciones inmediatas, y protege los datos de entrenamiento como derechos de autor para defender a los creadores frente a la IA generativa. Bolivia supera a Brasil en prohibiciones taxativas con sus siete vetos específicos frente al enfoque permisivo brasileño, pero peca de generalidad. Sin categorías de riesgo, la ARIA arriesga parálisis administrativa. Mi recomendación directa es adoptar la gradación brasileña manteniendo el veto plurinacional a la puntuación social colonial. Por otro lado, Chile, con su Boletín 16821-19, destaca por un pragmatismo enfocado en las PYMES. Su Agencia Nacional de Protección de Datos ofrece certezas jurídicas para startups, ideal contra nuestras brechas digitales, donde Bolivia puntúa bajo en el Índice Latinoamericano de IA frente a Chile. Chile clasifica riesgos concretos, pero Bolivia aventaja en soberanía tecnológica explícita y enfoque intercultural, aspectos ausentes en el modelo chileno centrado en el mercado. Sin sandboxes, la AGETIC quedará en buenas intenciones. Mi propuesta es usar la Agencia de Datos chilena como modelo para nuestra futura ley, pero adaptada con una localización de datos plurinacional. La ventaja competitiva boliviana radica en su soberanía anticolonial frente a los enfoques extractivistas de la región. Nuestros datos sobre biodiversidad andina y medicina tradicional son un tesoro estratégico. El híbrido ideal sería tomar los riesgos de Brasil, los sandboxes de Chile y la interculturalidad de Bolivia para que una armonización en la OEA o CELAC brinde al Sur Global contra las Big Tech.

La diplomacia tecnológica también juega un papel fundamental, con la visita del vicepresidente Edmundo Lara a India como encrucijada estratégica. Su participación en la Cumbre Global de IA en Nueva Delhi en febrero de 2026, con mesas técnicas sobre IA segura, factor humano y desarrollo inclusivo, abre la oportunidad de tratados bilaterales con un gigante del software que ofrece transferencia tecnológica accesible. El riesgo existencial es una dependencia colonial 2.0 con servidores extranjeros extrayendo datos amazónicos sin royalties. Mi doctrina clama por tratados con data localización obligatoria, transferencia tecnológica vinculante y cláusulas de derechos humanos interculturales para adaptar modelos indios a realidades andinas, como la traducción simultánea o predicciones climáticas en el Altiplano.

Finalmente, propongo una hoja de ruta concreta con seis propuestas accionables de manera inmediata. Primero, una ARIA verdaderamente plural con un 50 por ciento de cupos rotativos para naciones indígenas, participación de la academia, trabajadores y empresariado, bajo un estatuto de independencia técnica similar al del Banco Central. Segundo, importar la gradación de riesgos de Brasil mediante decreto de la AGETIC, priorizando la vigilancia de deepfakes electorales para 2026. Tercero, establecer sandboxes nacionales con tres pilotos iniciales en justicia rural en Oruro, agricultura en el Chaco y salud en Tiwanaku, con exoneraciones tributarias. Cuarto, una Ley de Datos Personales inmediata que exija la localización del 80 por ciento de los servidores en Bolivia, establezca royalties del 2 por ciento sobre utilidades de las Big Tech y sanciones penales por extracción no autorizada. Quinto, una educación masiva intercultural con diplomados en IA ética en lenguas originarias y mil becas para mujeres STEM rurales entre 2026 y 2028. Sexto, la creación de un Observatorio en el Tribunal Constitucional Plurinacional para auditorías anuales de algoritmos públicos. En conclusión, el Proyecto de Ley 178/2024-2025 catapulta a Bolivia como referente ético-plurinacional, superando a Chile en soberanía y a Brasil en precisión prohibitiva. Robustecido con contrapesos constitucionales y riesgos categorizados, convertirá a la IA en una aliada del Vivir Bien colectivo. El desafío trasciende lo técnico: es civilizatorio. No permitiremos que algoritmos externos dicten destinos aimaras; forjaremos tecnología soberana para las 36 naciones. La respuesta es política, urgente y colectiva: legislar con valentía, educar con crítica e innovar con identidad. El futuro digital plurinacional nos espera; construyámoslo antes de que nos construya.

Imagen: Gemini

Fuente: Cabildeo Digital

Decreto 5515: entre denuncias de inconstitucionalidad y argumentos de gobernabilidad

¿Es para sostener la gobernabilidad o es un giro autoritario? Un nuevo debate se ha instalado en el ámbito político boliviano, debido al Decreto Supremo 5515, con el cual el presidente Rodrigo Paz podría gobernar a distancia por medios tecnológicos si es que sale del país, mientras que se recorta el margen de acción del vicepresidente Edmand Lara.

Han surgido voces que ponen en duda la constitucionalidad del Decreto y, además, cuestionan la afectación institucional que se genera por el conflicto entre los dos primeros mandatarios.

Los más críticos sostienen que el Decreto encamina a Bolivia a una “dictadura”, mientras que quienes defienden la norma justifican que se debe preservar la gobernabilidad y evitar que Lara ejerza la presidencia.

La duda de la constitucionalidad del Decreto se enfoca en el artículo 169 de la Carta Magna, el cual señala que, ante ausencia temporal del primer mandatario, “asumirá la Presidencia del Estado quien ejerza la Vicepresidencia, por un periodo que no podrá exceder los noventa días”.

Asimismo, el Decreto recorta las atribuciones que tenía el Vicepresidente y lo obliga a que, si ejerce la presidencia, debe seguir las instrucciones expresas del primer mandatario y coordinar con el Ministro de la Presidencia.

Cuestionamientos

El jurista y expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé se pronunció sobre el Decreto y consideró un “despropósito” usar “medidas de debatible constitucionalidad” para escalar las diferencias entre Presidente y Vicepresidente. “Sobran razones para reclamarles mayor respeto y responsabilidad por la función pública”, señaló mediante X.

El vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, lamentó que empiecen a aparecer “fórmulas raras” debido a la pelea interna y la desconfianza hacia Lara.

“Esto no es liderazgo, esto es un desorden institucional y también político que se debe resolver de una vez. El desorden político se vuelve descalabro normativo y el descalabro normativo se convierte en ansiedad social”, criticó a tiempo de demandar a Paz y Lara que arreglen sus diferencias de una vez.

El analista Franz Rafael Barrios observó que el Decreto altera por vía administrativa el diseño constitucional de la Presidencia del Estado y reproduce prácticas de lo que denominó “Evo times” donde "le metían nomas". Según agregó, lo más grave es que se usurpan funciones del Vicepresidente en favor del Ministro de la Presidencia, que no es una autoridad electa.

También en torno al Decreto, el director de Gobernabilidad municipal de La Paz, Gonzalo Barrientos, consideró que estas medidas no son recomendables para la institucionalidad y son inéditas debido a una disputa entre Presidente y Vicepresidente.

El secretario general de la Vicepresidencia, Freddy Vidovic, señaló que se usurpan competencias del Vicepresidente para el Ministro de la Presidencia y señaló que el decreto "no solo vulnera el orden Constitucional, sino que desnaturaliza el diseño institucional del Órgano Ejecutivo, altera el equilibrio de funciones previsto por la Constitución y, de manera paradójica, termina debilitando al propio Presidente del Estado, al concentrar decisiones estratégicas en una figura sin legitimidad democrática directa".

Actores que ven dictadura

Diferentes actores políticos de izquierda y la COB consideraron que la norma emitida por Paz lo ubica en el camino de la dictadura, puesto que estaría gobernando con decretos prescindiendo de la Asamblea.

El exdiputado Héctor Arce mencionó que el Decreto 5515 es ilegal, abusivo y grosero, para vapulear a Lara. Señaló que Rodrigo Paz da señales de ser un “dictadorzuelo”.

Héctor Arce advirtió que el decreto es un mal precedente que podría ser replicado por malos alcaldes y gobernadores, para tomar decisiones sin rendir cuentas a sus respectivos legislativos.

El exsenador Leonardo Loza sostuvo que el “decreto es ilegal, inconstitucional y peligroso, porque vulnera la Constitución y la democracia, sentando un grave precedente de abuso de poder”. “No vamos a callar frente a estos abusos ni a normalizar el autoritarismo disfrazado de modernidad”, agregó.

El también exdiputado Anyelo Céspedes denunció que se pisotea la Constitución y que con Paz se vive una dictadura. Criticó además dónde están los parlamentarios actuales por callar.

La Central Obrera Boliviana, mediante comunicado, denunció que el Gobierno “pretende gobernar por decreto, forzando el marco constitucional, relativizando la sujeción a la ley y acomodando las instituciones a la conveniencia del poder”.

La COB tachó la actitud del Órgano Ejecutivo como “práctica autoritaria propia de un gobierno dictador que pisotea la Constitución y degrada la democracia a un simple trámite formal”.

Defensa por la gobernabilidad

Desde la otra vereda también surgieron voces que defienden al Decreto 5515, bajo el argumento de preservar la gobernabilidad que sería afectada en caso de que Edmand Lara ejerza la presidencia.

En analista y político Fernando Untoja sostuvo que se vive una “coyuntura política y económica excepcional que exige gobernabilidad real” y que la oposición deja de ser legítima “cuando se convierte en obstáculo permanente”.

Untoja señaló que “ningún presidente puede sostener el mando delegándolo en quienes buscan erosionarlo” y que “aplaudir el Decreto 5515 es defender el orden institucional”. “La alternativa no es libertad o autoritarismo; la verdadera disyuntiva es estabilidad política o anarquía”, reflexionó.

El exdiputado Amílcar Barral dijo que Lara no puede ser presidente ni por un minuto, puesto que es capaz de emitir decretos y despedir ministros, debido a su ambición de poder. Justificó que se interprete la Constitución en este sentido.

Desde el Gobierno, el viceministro de Transparencia, Yamil García, argumentó que el Decreto actualiza la interpretación constitucional según los avances tecnológicos, pero también advirtió que el Vicepresidente podría generar actos en contra del Gobierno, según dijo a Brújula Digital.

“No puede exponerse a la ciudadanía a que el Presidente tenga que ausentarse por unos días y el Vicepresidente comience a generar actos que vayan directamente en contra de toda la política de gobierno”, enfatizó el Viceministro.

Imagen: Abecor

Fuente: Erbol

Jubileo cuestiona falta de transparencia en la revisión de postulantes realizada por la Comisión de Constitución

La Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) dio inicio al proceso de verificación de documentos presentados por los aspirantes a vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La labor es transmitida por diversas redes sociales; sin embargo, Sandra Verduguez, responsable de la Observación Ciudadana de la Democracia de la Fundación Jubileo, cuestionó la falta de transparencia debido a problemas técnicos.

“Estamos advirtiendo algunas dificultades en esta veeduría, especialmente porque tenemos problemas técnicos con la transmisión de Facebook que realiza la Comisión de Constitución. Es una transmisión sin sonido, sin audio”, lamentó Verduguez en entrevista con el programa radial La Hora Pico de eju.tv, que conducen María Belén Mendívil y Jorge Robles.

Asimismo, Verduguez señaló la dificultad de identificar con claridad a qué postulante corresponde la documentación que se revisa en cada momento. “A pesar de que estamos de forma presencial en la Asamblea viendo el trabajo de la comisión, no sabemos con exactitud de quién están revisando los documentos para verificar si cumplen los requisitos generales y específicos”, añadió.

Otra observación planteada por la representante de Jubileo es la falta de tiempo para revisar con mayor profundidad los documentos de los 440 postulantes a vocales del TSE, especialmente tras denuncias sobre presuntos títulos profesionales falsificados.

“Si se han encontrado títulos falsos, correspondería que la comisión contacte a la universidad correspondiente y confirme la autenticidad del documento. Pero el problema es que eso requiere tiempo, y cada etapa del proceso está limitada a un solo día. Creo que existe una falta de posibilidades para confirmar adecuadamente esta información”, advirtió.

La Fundación Jubileo, mediante Sandra Verduguez, anunció que presentará informes parciales con el fin de detallar las dificultades identificadas y recomendar mejoras que garanticen una mayor transparencia en este tipo de procesos de elección de autoridades a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Imagen: Bolivision

Fuente: EjuTv

Asambleísta gana un amparo constitucional sobre el derecho a la información y sienta precedente

La asambleísta departamental Azucena Fuertes ganó un amparo constitucional contra el expresidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí, Alberto Quispe Mamani, quien negó el acceso a las actas oficiales del ente legislativo. El fallo, emitido por el Tribunal Constitucional, ratifica que toda persona, con solo presentar su cédula de identidad, tiene el derecho de solicitar información a cualquier institución pública, y que dicha institución está obligada a entregarla sin discriminación ni restricciones indebidas.

“Informar a la población boliviana que he sido notificada desde el Tribunal Constitucional Plurinacional, habiendo ganado un amparo constitucional que garantiza el derecho y el acceso a la información. Todos los bolivianos y bolivianas, incluso los trabajadores de la prensa tienen este derecho vulnerado cuando se acercan a una institución pública y piden información. Este no es solo un triunfo personal, sino un precedente para toda la ciudadanía. La transparencia no es un favor de los funcionarios; es un derecho que protege la Constitución», declaró Fuertes.

En ese sentido, recordó que generalmente ese servidor público cuando solicitas información, responde que necesita la autorización de su superior o que necesita la autorización desde la oficina central y hasta piden cartas, pero a la final no dan ninguna información requerida.

Imagen: La Patria

Fuente: Eju

Primicia del periodismo nacional fue la Independencia de Bolivia

El periodismo en Bolivia nació  con una ‘primicia’ al anunciar en febrero de 1825, que se convocaba a la ‘Primera Asamblea Deliberante del Alto Perú”. Meses después, el 10 de julio de ese año, se instaló dicha Asamblea en Chuquisaca y después de la venia del Libertador Simón Bolívar otorgada el 3 de agosto, los asambleístas representantes de todas las provincias del Alto Perú, firmaron el Acta de Independencia, el 6 de Agosto de 1825, hace 200 años.

El hecho se refleja en relatos históricos citados por connotados periodistas bolivianos, historiadores y escritos de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (BCB), que dan cuenta que esa noticia fue publicada por el ‘periódico’ El Chuquisaqueño, un impreso que se publicó sólo dos veces, el 1 y 3 de febrero de 1825  y cuya imprenta le pertenecía al Ejército Libertador dirigida por el Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre.

Y es el doctor en Comunicación e investigador, Erick Torrico, destacó este dato poco conocido pero que refleja, desde su perspectiva, que el periodismo en Bolivia “es una institución precursora de la República”.

“Ya teníamos periodismo meses antes de que fuera fundada Bolivia, y fue además muy interesante este inicio, porque comenzó el periodismo en febrero de 1825 con una primicia. La primera primicia periodística en Bolivia fue el anuncio de que se iba a llevar adelante una Asamblea Constituyente (Deliberativa), y que había la alta probabilidad de que esa Asamblea (Deliberativa) votara por la independencia (de Bolivia). Había otra tendencia anexionista: teníamos que ser parte del Bajo Perú o de la naciente Argentina, pero salió esa información y meses después recién fue convocada la Asamblea y esa Asamblea confirmó aquella información primicial”, relató Torrico en el acto de inauguración de la ‘Exposición Hemerográfica del Bicentenario’ que realiza la Asociación de Periodistas de La Paz. Torrico es vicepresidente de la entidad.

En la publicación de la Fundación del Banco Central de Bolivia (BCB), “Las imprentas en los albores de la República de Bolivia” (julio, 2022), cita al escritor, periodista y abogado paceño, José Rosendo Gutiérrez (1840-1883) que vio la publicación de El Chuquisaqueño, impreso en el que el Gran Mariscal de Ayacucho, publicó el decreto del 9 de febrero de 1825 para convocar a la Asamblea Deliberante del Alto Perú.

“El primer periódico que apareció en Bolivia el mismo año de 1825 fue ‘El Chuquisaqueño’, cuyo número se publicó el 1 de febrero en la ciudad de La Paz en 4° papel común” (sic), se lee en el documento de la Fundación del BCB.

Después de este impreso, la ANPB destaca al periódico ‘El Cóndor de Bolivia’ que se imprimió por primera vez el 12 de noviembre de 1825 y cuentan que estuvo vigente por unos tres años.

Un arma para la guerra

Pero los albores del periodismo, no solo en Bolivia sino en toda la región, surgen en la Guerra por la Independencia de los países de Sudamérica, donde las fuerzas independentistas, así como las tropas leales a la corona de España, cargaban sus imprentas para imprimir proclamas a favor de sus causas y en contra de sus adversarios, y las hojas impresas las pegaban en las paredes “para captar el sentimiento de los habitantes de Charcas a su favor”.  

Y cuentan que los textos eran oraciones cortas a favor de su causa y en contra del oponente, incluso muchas veces las “imprentas volantes” se convertían en botines de guerra tras una batalla. Fue el propio Libertador Simón Bolívar quien admitió el rol fundamental de la “palabra impresa” y el peso que tiene para definir el curso de los hechos.

“Las batallas se ganan con ejércitos muy bien entrenados y armados, pero las guerras se ganan con la palabra impresa en las gacetas”, decía Bolívar, según la Fundación Cultural del BCB.

La Ley de Imprenta

El 7 de diciembre de 1826, se promulgó la primera Ley de Imprenta, bajo la presidencia de Antonio José de Sucre.  “Artículo 1°. - Todo habitante de Bolivia puede publicar por la prensa sus pensamientos conforme al artículo 150 de la Constitución, siempre que no abuse de esta libertad”, se lee en el primer artículo.

Después de 99 años, el 19 de enero de 1925, el presidente Juan Baptista Saavedra (1920-1925) promulgó la Ley de Imprenta que está vigente, que consta de un artículo único que modifica la norma de 1826 en 11 artículos.

El artículo 1 dice: “Todo hombre tiene el derecho de publicar sus pensamientos por la prensa, sin previa censura, salvo las restricciones establecidas por la presente ley”.

Han pasado 100 años y el periodismo boliviano se sigue sosteniendo con esa ley que se acomodó en el tiempo para proteger su trabajo, y que a la vez comulga con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y tratados internacionales, afirmó la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Zulema Alanes. 

“Consideramos que la Ley de Imprenta tiene plena vigencia porque afirma los principios que protegen los dos derechos fundamentales: la libertad de expresión y la libertad de prensa, específicamente para el ejercicio periodístico”, dijo a El Deber.

Con el paso del tiempo y la llegada sin retorno de las nuevas tecnologías de la información, la Ley de Imprenta no ha perdido su esencia que es la protección a la “libertad de opinión”, término que se utilizó hace cien años y lo que hoy se traduce “como parte de los principios básicos de un Estado democrático, que es la libertad de expresión de la cual se deriva la libertad de prensa”.

Alanes, destaca por ejemplo, que la Ley de Imprenta “de manera muy adelantada a su época, protege el secreto de fuente, establece que no se puede proceder al cierre de medios o a penalizar a los medios, de manera arbitraria o unilateral.

Imagen: ABNB

Fuente: El Deber

¿Debería el Estado financiar medios de comunicación?

El 27 de mayo, NPR, Aspen Public Radio, Colorado Public Radio y KSUT Public Radio presentaron una demanda contra la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que cancelaría todo el apoyo federal a los medios de comunicación públicos.

La demanda sostiene que la orden viola la Primera Enmienda y la Ley de Medios de Comunicación Pública de 1967, que impide a las agencias federales controlar la CPB. La CPB distribuye fondos federales a las emisoras locales de radio y televisión públicas.

Dejamos de lado la cuestión de si un presidente o solo el Congreso puede cancelar la financiación federal de la CPB y nos centramos en si dicha financiación es una buena política. Nuestra respuesta es no.

La razón principal es que dicha financiación es incompatible con la Primera Enmienda. Toda política o programa estatal tiene un punto de vista, pero la financiación de la radiodifusión televisiva y radiofónica es especialmente problemática, ya que la financiación estatal subvenciona inevitablemente algunas perspectivas frente a otras. Ni siquiera un proceso de concesión de subvenciones formalmente "neutral" puede escapar a este efecto: el dinero público sostiene los juicios editoriales de los beneficiarios y deja que las voces rivales se las arreglen por sí mismas.

Una segunda cuestión es que la financiación pública no es una respuesta convincente a ningún problema de externalidad o de bienes públicos. Esto es independiente de si la programación de la PBS es "buena". Supongamos que lo es. Pero también lo es cualquier producto que sobrevive en el mercado. La cuestión que se plantea con respecto a la financiación pública es si el mercado no proporcionará un tipo concreto de programación que es valioso.

No existe ningún argumento convincente para esta opinión. Una amplia variedad de plataformas de noticias y medios de comunicación satisfacen un conjunto diverso de demandas y puntos de vista: Disney y Adult Swim para diferentes grupos de edad; The Atlantic y Fox News para diferentes grupos demográficos políticos. Por lo tanto, suponiendo que se haga de forma constitucionalmente válida, eliminar la financiación de la CPB es la política correcta.

Esto no quiere decir que las emisoras respaldadas por la CPB deban desaparecer, solo que deben competir en igualdad de condiciones con otros medios de comunicación. La NPR, la PBS y sus afiliados pueden atraer —y ya lo hacen— donaciones de oyentes, patrocinios corporativos, subvenciones de fundaciones e ingresos por suscripciones digitales. Liberados de las asignaciones federales, conservarían su total independencia editorial y ahorrarían a los contribuyentes el costo y los quebraderos de cabeza constitucionales que conlleva el patrocinio estatal de la prensa.

Fuente: El Cato

La Corte IDH alienta a cuidar derechos obtenidos en siglos

La presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Nancy Hernández, exhortó este martes a cuidar el conjunto de derechos conquistados durante siglos y que permite a los ciudadanos hacer uso de las libertades de expresión, de opinión y de participación política. Dijo que el reto en la región sigue siendo buscar la igualdad y la no discriminación.

La autoridad del tribunal interamericano se refirió al tema en el acto de suscripción de un convenio interinstitucional con el TCP y volvió a ratificar su postura fijada en el “Seminario Internacional-Corte IDH”, que se desarrolló un día antes, en sentido de que no habrá seguridad jurídica si no se respeta la división de poderes y la independencia judicial.

Según Hernández, los desafíos en materia de derechos humanos, como el retroceso democrático, el impacto de las nuevas tecnologías y la emergencia climática, requieren de un abordaje desde el punto de vista del derecho y la dignidad humana. 

En su criterio, ninguna corte ni ningún país podrán resolverlo por sí mismos.

“No puede haber democracia y no puede haber desarrollo sin respeto a los derechos fundamentales. Ni siquiera puede haber seguridad jurídica para las inversiones si no hay una base institucional con respeto a la división de poderes, la independencia judicial, donde se garanticen todo este conjunto de derechos en pro de la paz social y el desarrollo”, enfatizó. 

Firma de convenio

Las autoridades del TCP y de la Corte IDH firmaron este martes un convenio de cooperación para establecer un diálogo jurisprudencial, capacitación técnica e intercambio académico que fue destacado tanto por Hernández como por el presidente del Constitucional, Gonzalo Hurtado, y el decano Yván Espada.

“Estamos en esta tarea ardua de contribuir a que, a partir de la elección en Bolivia del 17 de agosto, se configure un nuevo horizonte de Estado y sea un horizonte de Estado democrático, donde se respete la participación de toda la sociedad y se respeten las reglas electorales establecidas”, puntualizó Espada.

Hernández, por su parte, indicó que para la Corte IDH es un gran honor celebrar este convenio de cooperación con el TCP de Bolivia. “Nosotros tenemos la política de tener un diálogo cordial y respetuoso con los tribunales constitucionales de la región y del mundo”, remarcó.

Pilares

La Corte IDH y el TCP son pilares de garantía para que los principios democráticos no sean vulnerados, para que los derechos humanos no sean conculcados y para que el Estado de Derecho se mantenga incólume ante cualquier circunstancia, dijo en su intervención el presidente del Constitucional, Gonzalo Hurtado.

Fuente: Correo del Sur

Impuestos prohíbe portar celulares o cámaras en sus instalaciones

A través de Facebook se difunde una circular a nombre del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), donde se prohíbe a los contribuyentes o personas particulares el ingreso con teléfonos celulares o cámaras de video a sus instalaciones. Nuestro equipo de prensa comprobó que el documento es verdadero.

La instrucción fue emitida días después de que una legisladora de oposición ingresó a sus oficinas con la idea de exigir al presidente del SIN explicaciones por la falta de pago del reintegro del IVA. Una experta constitucionalista en Derechos Humanos recuerda que fiscalizar al poder es un derecho reconocido en la Carta Magna.

El documento, con fecha del 14 de febrero de 2025, lleva la firma del presidente ejecutivo del SIN, Mario Cazón, y determina lo siguiente:

“Con la finalidad de resguardar todas las instalaciones del SIN y precautelar la seguridad de todos los servidores públicos y consultores, a partir de la fecha se instruye: En la Oficina Central, Gerencias Distritales y Graco’s, el personal de seguridad deberá realizar el control a quienes visitan nuestras instalaciones. Toda persona particular o contribuyente que ingrese a las oficinas del SIN, deberán pasar por el punto de control, para la revisión de los objetos personales (mochilas, bolsos, cajas, etc.). Se prohíbe el ingreso de teléfonos celulares y cámaras de video al interior de las oficinas del SIN».

También informa que solo los gerentes y responsables de cada área son las personas autorizadas para otorgar permisos a quienes requieran ingresar sus equipos.

En las plataformas digitales, la circular se empezó a difundir el 20 de febrero de 2025 por medio de distintas páginas que alertaron sobre la prohibición. Estas publicaciones obtuvieron más de 1.100 reacciones, 292 comentarios y se compartieron en 306 oportunidades.

Ante la difusión de estos contenidos y en consulta con Bolivia Verifica, el SIN respondió de manera oficial que la circular es verdadera y que es un procedimiento interno para resguardar la información tributaria de los contribuyentes a fin de «prevenir posibles filtraciones de datos».

“Es importante aclarar que las medidas de seguridad implementadas por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) son prácticas comunes en todas las instituciones públicas y privadas, y no exclusivas de esta entidad”, respondieron por escrito.

Análisis y observaciones

El 12 de febrero de 2025, la diputada de Comunidad Ciudadana, Samantha Nogales, se dirigió al SIN e ingresó a las instalaciones junto a su camarógrafo para buscar al presidente de esa entidad y para mostrarle los reclamos de cientos de ciudadanos por la falta de pago del Régimen de Reintegro en Efectivo del Impuesto al Valor Agregado (Re-IVA).

En esa oportunidad, le dijeron que estaba prohibido grabar. Por último la parlamentaria denunció que la echaron del lugar y no le atendieron.

@samanthanogalesa #ReIVA Hoy fuimos a Impuestos Nacionales a exigir los pagos que no se hicieron en 2024, son miles de denuncias y aunque no nos recibieron, vamos a continuar exigiendo este derecho de los bolivianos. #Bolivia #Impuestos ♬ sonido original – Samantha Nogales

Tras el hecho, Nogales publicó un video expresando su preocupación por la circular que luego emitió el SIN y sentenció que la prohibición es arbitraria. En su criterio, Impuestos tomó la determinación luego de que ella pretendiera ejercer su atribución como fiscalizadora.

@samanthanogalesa Esta medida de 0 posibilidades de transparencia o denuncia de parte de Impuestos Nacionales debe ser reconsiderada. La población necesita transparencia de parte de las instituciones. #ReIVA #Impuestos #Bolivia ♬ sonido original – Samantha Nogales

 

En el numeral 17 del artículo 158, referido a las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la Constitución Política del Estado (CPE) establece que legisladores y legisladores tienen la prerrogativa de «controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas».

Para la abogada constitucionalista y defensora de los Derechos Humanos Kathia Saucedo, la circular emitida por el SIN es bastante severa.

“Se trata de una institución pública y las condiciones de seguridad deberían de ser mínimas, bastaría con un guardia que revise y controle”, analizó.

Asimismo, advirtió que la medida del SIN puede obstaculizar la fiscalización ciudadana que figura como derecho en la CPE.

En el numeral 5, parágrafo II, del artículo 26 de la Carta Magna se establece que todas y todos los ciudadanos tienen derecho a “la fiscalización de los actos de la función pública”.

Al respecto, desde el SIN respondieron lo siguiente: “El SIN es una entidad pública y, como tal, debe garantizar la seguridad y confidencialidad de la información tributaria (…). La restricción de celulares no impide el ejercicio de derechos, sino que busca proteger datos sensibles de los ciudadanos que acuden a realizar trámites tributarios”.

Aclararon también que la ciudadanía «tiene derecho de ingresar con celulares, cámaras, dispositivos (celulares), previa autorización y su derecho de portar los mismos está garantizado”. Este permiso puede solicitarse al momento de ingresar sin que implique tiempo adicional.

Por ejemplo, en el ámbito privado, en el sistema de las entidades financieras, las y los usuarios tienen el derecho de ingresar a las agencias portando todos sus artículos personales y nadie hace una revisión ni se debe solicitar permiso por ello. Lo que sí no está permitido es usar un equipo de telefonía móvil mientras realiza su gestión.

Fuente: Bolivia Verifica