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domingo, 25 de octubre de 2026

Seguridad jurídica, incentivos y trámites digitales marcan la agenda para atraer inversiones a Bolivia


La propuesta de una ley de inversiones, la regulación de operaciones con criptomonedas y la simplificación de procedimientos para exportar servicios forman parte de los cambios planteados por representantes empresariales y del sector tecnológico para dinamizar la economía, atraer capitales y ampliar los ingresos externos.

Bolivia enfrenta el desafío de establecer condiciones normativas que faciliten la actividad empresarial y permitan diversificar las fuentes de generación de divisas. En ese escenario, la seguridad jurídica, la estabilidad de las reglas, los incentivos tributarios y la digitalización de trámites aparecen entre los elementos centrales de las propuestas expuestas por representantes de distintos sectores.

Como parte de las iniciativas para abordar este proceso de transición económica e innovación, la Cámara Boliviana de Empresas de Contacto e Interacción con Clientes (CBECIC) convocó al Networking CBECIC 2026 bajo la premisa “Bolivia se reinventa: empresas, tecnología y talento frente al nuevo escenario”. Este encuentro está concebido como un espacio de diálogo estratégico entre el sector público y privado enfocado en analizar la competitividad, los desafíos económicos y las oportunidades de crecimiento para el tejido empresarial del país. La mesa de debate contará con la participación de delegados institucionales de CAINCO, CADEX, la Cámara Boliviana de Blockchain (CABLOCK) y el Viceministerio de Política Tributaria.

Una ley como punto de partida

La elaboración de una ley de inversiones fue planteada como una medida prioritaria ante la dificultad de avanzar primero con reformas constitucionales. La propuesta busca establecer un marco general que permita desarrollar posteriormente otras normas estratégicas vinculadas con la minería, la exportación de servicios y el régimen laboral.

El representante que expuso la iniciativa explicó que el país tiene cerca de 60 normas, entre leyes, decretos y resoluciones, identificadas como necesarias para impulsar cambios económicos. En su criterio, una reforma constitucional demandaría más tiempo, por lo que consideró necesario avanzar con las medidas que puedan implementarse en el corto plazo.

Entre los principios que debería contemplar una ley de inversiones mencionó la seguridad jurídica, la estabilidad normativa y la libertad económica, entendida como la posibilidad de que las empresas movilicen sus capitales y dividendos. También destacó la importancia de contar con mecanismos imparciales para resolver controversias entre inversionistas y el Estado, incluido el arbitraje internacional.

El representante advirtió que las condiciones ofrecidas deben ser competitivas frente a las de otros países de la región, como Argentina y Chile. Aunque identificó coincidencias entre cámaras empresariales, bancadas legislativas y otros actores respecto a los ejes centrales de la propuesta, señaló que persisten diferencias sobre los incentivos que deberían otorgarse, especialmente por sus implicaciones tributarias y fiscales.

El objetivo, sostuvo, es alcanzar una normativa que contribuya a atraer inversiones, generar empleo formal y aumentar las exportaciones.

Incentivos y coordinación institucional

Álvaro Tapia Menestro informó que el Gobierno nacional presentó un proyecto de ley de inversiones a la Asamblea Legislativa el 10 de agosto, documento que, según explicó, se encontraba en análisis en la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados.

La propuesta gubernamental contempla una instancia denominada Agencia Nacional de Inversiones, concebida para centralizar trámites que actualmente requieren gestiones ante distintas instituciones. De acuerdo con Tapia Menestro, esta entidad no tendría funciones reguladoras, sino que facilitaría los procedimientos administrativos para los inversionistas.

El proyecto también incluye incentivos tributarios, entre ellos exenciones y reducciones que pueden alcanzar el 80%, dependiendo de las características de la inversión y del sector estratégico al que pertenezca.

Respecto al arbitraje internacional, Tapia Menestro señaló que existen diferentes interpretaciones sobre sus alcances constitucionales. Añadió que las cámaras empresariales analizaron las propuestas y que el avance legislativo dependerá de la evaluación de las observaciones y de la consideración de los distintos proyectos por parte de la comisión correspondiente.

Blockchain para pagos y operaciones internacionales

La innovación tecnológica también fue expuesta como una alternativa para facilitar las transacciones empresariales. Un representante de la Cámara Boliviana de Blockchain explicó que la organización busca democratizar el conocimiento y promover herramientas que permitan reducir costos y mejorar la eficiencia de las operaciones.

El 24 de julio de 2024, el Banco Central de Bolivia aprobó la Resolución de Directorio 082/2024, que habilitó el uso de activos virtuales mediante canales e instrumentos autorizados. El representante identificó esa decisión como un punto de inflexión para el desarrollo del sector en el país.

Según los datos citados durante su intervención, Bolivia alcanzó un crecimiento de 355,11% en la adopción de criptomonedas, por encima de Guatemala, que registró una cifra de 87,6%. El expositor presentó esos porcentajes como evidencia del avance de estas herramientas en el mercado nacional.

La cámara trabaja en la integración de servicios financieros y plataformas de activos virtuales. El representante mencionó al Banco Mercantil Santa Cruz, Banco Ganadero, Banco de Crédito, Banco Unión y Banco FIE, además de otra entidad cuyo nombre no se pudo precisar en la transcripción, entre las instituciones que, según indicó, adoptaron soluciones de este tipo.

Estas herramientas permiten realizar determinadas operaciones internacionales sin recurrir directamente al dólar como moneda intermediaria. Como ejemplo, describió mecanismos para que una empresa pague en bolivianos desde Bolivia mientras su proveedor en Brasil recibe reales.

El sector también promueve plataformas para integrar cobros mediante tarjetas y criptomonedas. El expositor remarcó la importancia de verificar que los proveedores de servicios de pago con activos virtuales estén debidamente regulados por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), con el propósito de reducir los riesgos en las transacciones.

Exportación de servicios y digitalización

La ampliación de las exportaciones de servicios constituye otro frente para diversificar los ingresos externos. Desde la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex), su gerente, Martínez Arce, planteó la necesidad de establecer un marco normativo general que ordene la actividad, facilite la coordinación institucional y permita contar con registros y estadísticas sectoriales.

El representante señaló que Bolivia todavía enfrenta dificultades logísticas para exportar bienes, entre ellas los bloqueos internos y los problemas de integración con mercados vecinos. A diferencia de esas operaciones, la exportación de servicios puede desarrollarse sin requerir necesariamente infraestructura física para el traslado de mercancías, aunque sí necesita procedimientos administrativos ágiles.

Por ello, propuso priorizar la digitalización y simplificación de trámites, además de coordinar las funciones de entidades como el Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones (Senavex), el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) y la Aduana Nacional, según corresponda a cada operación.

Martínez Arce recomendó aprovechar las experiencias de Argentina y Uruguay en el desarrollo de este mercado y señaló que Bolivia tiene oportunidades en actividades tecnológicas, entre ellas la programación y el desarrollo de software. También mencionó el potencial de la variedad del español hablado en el país como un atractivo para empresas interesadas en instalar operaciones.

El desafío, concluyó, consiste en crear condiciones para que las empresas puedan exportar servicios con menos trámites y mayor coordinación institucional. La expectativa es que un marco normativo adecuado contribuya a atraer inversiones, generar nuevas actividades económicas y ampliar las fuentes de divisas.

Fuente: Economy

jueves, 22 de octubre de 2026

Informe ubica a Bolivia entre los peores países del mundo en el índice de Estado de Derecho


Bolivia ocupa el puesto 130 de 143 en el Índice Mundial de Estado de Derecho, el 29 de 32 en la región, y aunque este año avanzó un puesto, sigue a la cola en justicia, transparencia, límites al poder gubernamental y derechos fundamentales.

En el ranking difundido en 2025, el país ocupaba el puesto 131 de 143, mientras que en 2024, el puesto 131 de 142.

Este 2026, Bolivia está solo por encima de Nicaragua, Haití y Venezuela, estados cuestionados por la violación a derechos fundamentales por la comunidad internacional.

Ocho factores constituyen el Índice Mundial de Estado de Derecho.

Bolivia está peor situada en justicia penal, justicia civil y corrupción.

En justicia penal, el país ocupa el puesto 141 de 142 en el mundo y el puesto 31 de 32 en la región; es decir, tiene el segundo peor sistema penal del planeta debido a fallas de investigación e ineficiencia procesal.

En justicia civil, el país se ubica en el puesto 140 de 143 en el mundo y en el 30 de 32 en la región.

Finalmente, en transparencia o ausencia de corrupción, Bolivia se ubica en el puesto 140 de 143 en el mundo y en el 31 de 32 debido a altos niveles de percepción de impunidad e injerencia política. 

¿Cuáles son el resto de los factores que componen el Índice Mundial de Estado de Derecho?

Límites a los poderes gubernamentales, derechos fundamentales, orden y seguridad, aplicación de la normativa y gobierno abierto; en este último, el país tiene su mejor posición: 87 de 143 a nivel global y 23 de 32 en la región.

Desde 2015 a la fecha, el país ha registrado retrocesos, estancamientos y mejoras mínimas que no le han permitido dejar la cola del ranking elaborado por el prestigioso World Justice Project (WJP).

Fuente: Correo del Sur

miércoles, 14 de octubre de 2026

¿La libertad de expresión permite publicar cualquier cosa en internet?


“Es mi opinión, puedo publicarla”. La frase aparece con frecuencia cuando una discusión en redes sociales termina en insultos, acusaciones, exposición de datos personales o difusión de información falsa. Pero existe una confusión de fondo: la libertad de expresión protege el derecho a opinar y comunicar, pero no significa que cualquier publicación quede fuera de toda responsabilidad.

En Bolivia, la Constitución reconoce expresamente el derecho a expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación y también protege la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad.

El problema aparece cuando esos derechos entran en tensión.

Joaquín Vásquez, director de la carrera de Derecho de la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz), advierte que el derecho a la intimidad y a la privacidad es uno de los más afectados en redes sociales, especialmente cuando se difunden conversaciones, imágenes o datos personales sin consentimiento.

¿Qué protege la libertad de expresión?

La libertad de expresión permite buscar, recibir y difundir información, ideas y opiniones. En el ámbito interamericano, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege este derecho y establece que no debe existir censura previa, aunque contempla responsabilidades posteriores establecidas por ley.

La libertad de expresión en internet mantiene esa protección. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostiene que las personas deben poder buscar, recibir y difundir información y opiniones por cualquier medio.

Internet, por tanto, no convierte a una persona en menos libre para expresarse. Pero tampoco crea un espacio sin reglas.

¿Dónde aparecen los límites?

El primer límite aparece cuando una publicación afecta derechos de otras personas.

En Bolivia, la Constitución reconoce, junto con la libertad de expresión, derechos como la privacidad, la intimidad, la honra, el honor, la propia imagen y la dignidad.

Esto significa que publicar una fotografía, una conversación privada, información personal o una acusación contra alguien puede generar un conflicto jurídico dependiendo de las circunstancias.

Vásquez explica que las denominadas “funas”, la difusión de información falsa y determinados comentarios ofensivos pueden vulnerar derechos y, en algunos casos, tener consecuencias legales.

“Según el Código Penal boliviano, conductas como la calumnia, la difamación o la injuria también pueden cometerse a través de redes sociales”, señala el académico.

La clave está en que no toda expresión incómoda, crítica o polémica constituye un delito, pero tampoco toda publicación puede justificarse simplemente diciendo que es una opinión.

Una publicación también puede convertirse en evidencia

El carácter digital de las redes añade otra dimensión: una publicación puede permanecer, copiarse y circular mucho más allá del momento en que fue realizada.

“La huella digital es permanente. Todo lo que se publica puede ser recuperado, compartido o utilizado como prueba en un proceso judicial”, advierte Vásquez.

Este fenómeno cambia también el trabajo de abogados, periodistas y comunicadores.

Gabriel Romano, docente de Periodismo de Unifranz, plantea que la transformación digital no puede analizarse solamente como positiva o negativa.

Las redes sociales han abierto nuevas posibilidades de amplificación y alcance, pero también han introducido dinámicas que pueden distorsionar la esencia del oficio, explica el docente.

La velocidad de publicación, la viralidad y los algoritmos pueden hacer que una información circule antes de que alguien compruebe si es verdadera.

Libertad de expresión no es lo mismo que libertad de dañar

La diferencia resulta especialmente importante en casos de desinformación, discursos discriminatorios, exposición de menores, difusión de imágenes íntimas o ataques contra la reputación de una persona.

La Comisión Interamericana establece que las responsabilidades posteriores deben estar previstas por ley y ser necesarias para proteger determinados bienes, entre ellos los derechos o la reputación de otras personas.

La regla busca evitar dos extremos: utilizar la protección de derechos como una forma de censura y, en el sentido contrario, convertir la libertad de expresión en una justificación para cualquier abuso.

Por eso, el desafío jurídico consiste en determinar qué derecho está en juego, qué daño se produjo, cuál fue la naturaleza de la publicación y qué respuesta establece la legislación.

El desafío de comunicarse en una sociedad digital

La discusión ya no corresponde únicamente a abogados. También involucra a periodistas, comunicadores, educadores, empresas tecnológicas y usuarios. La responsabilidad de informar y opinar en internet exige comprender tanto los derechos individuales como los efectos que una publicación puede tener sobre otras personas.

Estos desafíos estarán entre los temas de reflexión del Trigésimo Congreso Hispanoamericano de la Prensa, que se realizará del 28 al 30 de octubre de 2026 en Santa Cruz de la Sierra, con Unifranz como sede y organizadora. El encuentro reunirá a periodistas, académicos y comunicadores para debatir sobre el futuro de la comunicación, la libertad de expresión, la ética profesional, la desinformación y los cambios que la inteligencia artificial introduce en el ecosistema informativo.

El congreso también representa una oportunidad para analizar cómo preservar el rigor, la verificación y la responsabilidad en un entorno donde los contenidos circulan a gran velocidad. La reflexión sobre los derechos y deberes de quienes comunican resulta fundamental tanto para el ejercicio periodístico como para la participación cotidiana de los ciudadanos en las plataformas digitales.

La pregunta “¿puedo publicar esto?” debería preceder a muchas publicaciones. Pero la respuesta tampoco debería ser “no puedes opinar”.

Una sociedad democrática necesita libertad para criticar, informar, debatir y disentir. Al mismo tiempo, necesita mecanismos para proteger la dignidad, privacidad, honor e integridad de las personas.

Por eso, la libertad de expresión en internet no significa poder publicar cualquier cosa sin consecuencias. Significa poder expresarse libremente dentro de un sistema de derechos donde la libertad propia convive con los derechos de los demás.

En tiempos de publicaciones instantáneas, conocer esa diferencia puede ser tan importante como saber utilizar una red social. También es uno de los debates centrales para el periodismo contemporáneo: cómo defender la libertad de expresión sin renunciar a la ética, la verificación y la responsabilidad sobre lo que se comunica.

Fuente: Unifranz

jueves, 24 de septiembre de 2026

El copyright se convierte en una herramienta para borrar periodismo


En internet, una denuncia por infracción de derechos de autor puede parecer, a primera vista, un mecanismo legítimo para proteger una obra. Sin embargo, investigaciones académicas y periodísticas han documentado cómo el sistema de notificaciones de la Digital Millennium Copyright Act (DMCA), una ley estadounidense, también puede ser manipulado para intentar retirar de internet contenidos legítimos, incluidos artículos periodísticos.

La DMCA establece un procedimiento mediante el cual los titulares de derechos pueden solicitar a plataformas y buscadores que retiren o desindexen contenidos que consideran infractores. Google, por ejemplo, recibe estas solicitudes y las procesa bajo el régimen de protección conocido como “safe harbor”. Las notificaciones pueden quedar registradas en la Lumen Database, un proyecto de investigación de Harvard que recopila solicitudes de retirada de contenidos.

El problema aparece cuando la denuncia de copyright no busca proteger una obra original, sino conseguir que desaparezca información incómoda.

Una de las técnicas documentadas consiste en crear primero una copia falsa o manipulada de un artículo periodístico y publicarla en otro sitio con una fecha anterior a la publicación real del reportaje. Posteriormente, quien presenta la denuncia sostiene que el medio periodístico copió esa supuesta obra anterior y solicita su eliminación.

Lumen documentó este mecanismo después de analizar decenas de miles de notificaciones sospechosas. En abril de 2022, el equipo de Lumen informó que había recibido casi 34.000 avisos entre junio de 2019 y enero de 2022 que parecían formar parte de intentos deliberados y fraudulentos de abuso del sistema de copyright.

La técnica de la publicación retrodatada resulta particularmente relevante para el periodismo de investigación porque explota una debilidad del sistema: una plataforma puede recibir una denuncia que, formalmente, parece contener los elementos necesarios para reclamar derechos de autor, aunque la supuesta obra original haya sido creada únicamente para fabricar evidencia contra el contenido periodístico.

Harvard Law School también documentó este problema. Una investigación del Wall Street Journal descubrió cientos de denunciantes fraudulentos que copiaban publicaciones, las colocaban en otros sitios con fechas anteriores y posteriormente utilizaban esas páginas como supuesto respaldo para solicitar eliminaciones.

Uno de los casos examinados involucró un sitio abandonado de una mujer de Colorado que había sido tomado para publicar textos retrodatados en ruso sobre un empresario vinculado, según las acusaciones de las investigaciones citadas, con el crimen organizado. Esos textos falsos fueron utilizados como fundamento para intentar retirar de Google un artículo legítimo de investigación publicado por un medio afiliado a la Global Investigative Journalism Network.

Después de que el Wall Street Journal revelara la operación, Google restauró alrededor de 52.000 enlaces que habían sido eliminados.

La investigación de Berkman Klein Center, de Harvard, también ha advertido que las solicitudes fraudulentas pueden utilizar identidades falsas y credenciales ficticias. En ese contexto, el copyright deja de funcionar exclusivamente como un mecanismo de protección de propiedad intelectual y puede convertirse en una herramienta de censura, ocultamiento o gestión de reputación.

El fenómeno no es meramente teórico. Un análisis citado por Berkman Klein encontró que al menos el 4% de las notificaciones de DMCA examinadas en Google Images eran completamente infundadas y que otro 28,4% presentaba dudas sobre su validez.

La importancia para el periodismo es evidente: una investigación puede ser legítima y estar protegida por excepciones legales como el uso legítimo, pero aun así sufrir una retirada temporal, una desindexación o una pérdida de visibilidad mientras la plataforma procesa la denuncia.

El riesgo aumenta cuando el objetivo no es una fotografía, una canción o un texto reproducido ilegalmente, sino información sobre personas, empresas o redes de poder.

En esos casos, una denuncia de copyright puede convertirse en una forma indirecta de controlar la circulación de información: no necesariamente se intenta demostrar que el contenido periodístico es falso, sino que se busca conseguir que deje de aparecer.

La existencia de estas operaciones documentadas no significa que toda denuncia de DMCA sea fraudulenta ni permite atribuir automáticamente su utilización a organizaciones criminales. Sí demuestra, sin embargo, que el mecanismo puede ser explotado para fines ajenos a la protección legítima de los derechos de autor y que esa explotación ha alcanzado contenidos periodísticos.

Para una redacción que investiga corrupción, crimen organizado, empresas o funcionarios públicos, una notificación de copyright inesperada debería ser tratada también como una posible señal de alerta: verificar quién presentó la denuncia, qué obra reclama como original, cuándo fue publicada, si existía realmente antes del reportaje y si existen otras solicitudes similares contra el mismo contenido o contra otros medios.

El rastro documental de esas solicitudes puede ser precisamente lo que permita demostrar que una denuncia aparentemente aislada forma parte de un patrón.

Bolivia

En Bolivia, la historia de cómo una noticia incómoda puede empezar a desaparecer tiene un antecedente que se remonta al 8 de enero de 2023. Ese día, EL DEBER publicó una entrevista al exministro de Gobierno Carlos Romero, titulada “Romero: ‘Lo de la Fiscalía fue una operación para destruir documentos de narcotráfico’”. En ella, Romero habló de presuntas estructuras vinculadas al narcotráfico y pidió investigar la eventual participación de un hombre al que identificó como “Miguelito” en decisiones relacionadas con la FELCN. La entrevista fue reproducida ese mismo día por eju.tv, que identificó expresamente a EL DEBER como fuente.

Al día siguiente, 9 de enero de 2023, Brújula Digital publicó otra nota que recogía las declaraciones de Romero bajo el título “En Bolivia estamos en camino a un narcoestado: Las graves denuncias de Romero que no tienen eco en el Estado”. La publicación también dejó constancia de que las declaraciones habían sido realizadas en una entrevista con EL DEBER.

Con el paso del tiempo, esa historia tuvo otro capítulo. En abril de 2025 se informó sobre el cambio de propiedad de EL DEBER, con el ingreso de nuevos accionistas y miembros de su estructura directiva. Entre los nombres señalados en esas informaciones aparece Miguel Rockholt, la misma persona a la que se hacía referencia en la entrevista de 2023.

Actualmente, la dirección original de EL DEBER donde estaba publicada aquella entrevista ya no conduce a la publicación de 2023. Sin embargo, el contenido no desapareció completamente de internet: quedó reproducido o citado por otros medios, entre ellos eju.tv y Brújula Digital.

Y entonces aparece un episodio que merece especial atención. El 10 de marzo de 2026, una persona identificada como Thomas Willson presentó ante Google una reclamación de derechos de autor bajo la legislación estadounidense DMCA contra la publicación de Brújula Digital de 2023.

Para entenderlo fácilmente: una reclamación DMCA permite pedir a una plataforma o buscador que retire o deje de mostrar un contenido porque supuestamente infringe derechos de autor. El problema aparece cuando alguien utiliza ese mecanismo para reclamar como propia una obra que en realidad apareció después de la publicación periodística original.

En este caso, como supuesto contenido original se presentó una publicación alojada en Tumblr, en una cuenta denominada jayashankarnews. Esa publicación reproduce el contenido de la nota de Brújula Digital.

La cuestión de las fechas es especialmente importante. Brújula Digital publicó su nota el 9 de enero de 2023, mientras que el identificador técnico de la publicación utilizada como supuesto original en Tumblr corresponde al 10 de marzo de 2026, precisamente la fecha en que fue presentada la reclamación ante Google.

Sin embargo, los datos de la nota indican que esta fue creada el 16 de febrero de 2022, a las 13:10 horas.

Tumblr permite además retrofechar publicaciones, es decir, hacer que una publicación aparezca con una fecha anterior a aquella en que realmente fue creada. La propia plataforma explica esta función: Tumblr, explicación oficial sobre publicaciones retrofechadas.

Por eso, la pregunta no es simplemente si una página de Tumblr muestra una fecha anterior. La pregunta periodística es cuándo fue realmente creado ese contenido y para qué fue creado.

Google registra las reclamaciones de copyright y explica cómo funciona este sistema de notificaciones y cómo sus datos pueden ser consultados a través de Lumen: Google Transparency Report, información sobre solicitudes de retirada por copyright.

Y aquí el caso boliviano conecta con un problema que ya ha sido documentado internacionalmente. Lumen, proyecto asociado a Harvard, ha identificado miles de reclamaciones fraudulentas o sospechosas en las que contenidos falsos o retrodatados fueron utilizados para intentar retirar publicaciones legítimas. En abril de 2022, Lumen informó sobre casi 34.000 notificaciones que parecían formar parte de un intento organizado de abusar del sistema de copyright: Lumen, “Over thirty thousand DMCA notices reveal an organized attempt to abuse copyright law”.

Harvard Law School también documentó casos en los que se copiaban artículos periodísticos, se publicaban versiones retrodatadas y después se utilizaban esas publicaciones como supuesto respaldo para solicitar la eliminación de los contenidos originales. Harvard Law School, “Shine On”.

Esto no demuestra por sí solo que exista una operación coordinada detrás del caso boliviano, ni permite afirmar quién está detrás de la reclamación. Pero sí deja una secuencia documental que merece ser investigada: una información publicada originalmente en 2023; la desaparición de su URL original; un cambio posterior en la propiedad del medio que la publicó; la permanencia de la información en otros medios; y, tres años después, una reclamación de copyright que utiliza como supuesto original un contenido cuya existencia técnica aparece asociada a la misma fecha de la reclamación.

La información puede desaparecer de una página, de un buscador o incluso de un medio. Pero mientras queden copias, archivos, fechas, identificadores y registros de las reclamaciones, la historia digital todavía puede reconstruirse.

Imagen: El Clip

Fuente: Cabildeo

miércoles, 23 de septiembre de 2026

Seminario internacional congrega a más de 46 mil inscritos y se presenta código de ética e integridad tecnológica


La Superior en Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, Patricia Bohórquez, inauguró el Seminario Internacional “Inteligencia Artificial en la Justicia Penal: Transparencia y Necesidad de Autorregulación”, que congregó a más de 46 mil personas inscritas a través de las plataformas y redes sociales institucionales. Asimismo, presentó el nuevo Código de Ética e Integridad Tecnológica del Ministerio Público, señalado como el primero de estas características a nivel nacional y que resalta más aún por ser del sistema de justicia.

“Al inaugurar este Seminario sobre Ética, Justicia Penal, Transparencia y la Necesidad de Autorregulación, el Ministerio Público ratifica su decisión de avanzar en la modernización de la justicia boliviana, con la máxima responsabilidad y el respeto absoluto a la Constitución, a la ley y a los derechos fundamentales, con base al nuevo Código de Ética e Integridad Tecnológica del Ministerio Público”, sostuvo Bohórquez.

En este seminario se realiza el análisis de los desafíos que presenta el acelerado desarrollo de la Inteligencia Artificial y la ausencia de una regulación específica en esta materia. En ese marco, el Ministerio Público asumió la decisión de establecer reglas institucionales que orienten el uso responsable de estas herramientas, especialmente cuando están en juego derechos y libertades de los ciudadanos.

Asimismo, destacó que la transformación digital de la justicia dejó de ser una proyección para convertirse en una realidad que ya genera cambios concretos en el Ministerio Público. Explicó que la institución viene incorporando sistemas tecnológicos para la gestión documental y de casos, desarrollados con capacidades propias y orientados a agilizar la investigación penal y mejorar la atención a la población.

Durante la actividad académica se realizó la presentación del Código de Ética e Integridad Tecnológica que establece pautas para la conducta de los servidores públicos en entornos digitales y criterios para el uso responsable de sistemas inteligentes.

El documento señala varios aspectos, lineamientos relacionados con la integridad de la información, la seguridad digital institucional, la transparencia y la responsabilidad en el empleo de herramientas tecnológicas.

El Código tendrá cumplimiento obligatorio para los servidores del Ministerio Público y que su aplicación estará acompañada de procesos permanentes de capacitación. “Además de establecer la conducta funcionaria esperada en el servicio público, se delimitan con precisión los criterios de comportamiento en entornos virtuales, el uso responsable de sistemas inteligentes y las medidas de protección esenciales para resguardar los derechos ciudadanos frente a los riesgos del entorno digital”, dijo Bohórquez.

El Seminario Internacional, así como la elaboración del documento, fue coordinado entre la Fiscalía Superior en Derechos Humanos y la Dirección de Régimen Disciplinario y Transparencia Institucional, con el apoyo de la Escuela de Fiscales del Estado y la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Fiscalía General del Estado, como un espacio académico destinado a generar reflexión y conocimiento sobre los desafíos éticos, jurídicos y tecnológicos que plantea la Inteligencia Artificial en el ámbito de la justicia penal.

Fuente: InfoBo

viernes, 28 de agosto de 2026

Entrenar IA con libros protegidos por copyright es legal en EE.UU. pero le costó a Anthropic 1.500 millones


La pregunta que ha estado en el centro de la industria de la IA desde 2022 tiene ya respuesta judicial en EE.UU.: sí, entrenar modelos de lenguaje con libros protegidos por derechos de autor puede ser uso legítimo. Pero la historia no termina ahí. La misma empresa que ganó el argumento del uso justo pagó 1.500 millones de dólares de acuerdo, y la diferencia entre los dos resultados es donde viven los abogados de IA ahora mismo.

El caso de referencia es Bartz et al. contra Anthropic, resuelto en 2025 en el Tribunal de Distrito del Norte de California con el juez William Alsup al frente. La lógica del juez fue clara: entrenar un LLM en libros adquiridos legalmente es uso justo porque el propósito es «espectacularmente transformativo». El modelo no reproduce los libros: los digiere para crear algo diferente. «Al igual que cualquier lector que aspira a ser escritor, los LLMs de Anthropic entrenaron sobre estas obras no para adelantarse y replicarlas o suplantarlas, sino para girar en una esquina y crear algo diferente», escribió Alsup.

Hasta aquí, victoria de Anthropic. Pero el mismo caso tenía otro componente: Anthropic había descargado millones de libros de bibliotecas pirata en la sombra (shadow libraries) y los había mantenido en una biblioteca centralizada. Eso no era uso justo. Por eso la empresa pagó 1.500 millones de dólares en acuerdo final, no por el entrenamiento en sí, sino por haber pirateado los libros que usó para entrenarse.

¿Qué principio ha quedado establecido?

La lección más clara del caso Bartz la resume con precisión el artículo de hoy en TechCrunch: la procedencia de los datos importa más que el acto de entrenamiento en sí. Puedes entrenar legalmente en libros con derechos de autor si los has adquirido de forma legal. No puedes entrenar en libros pirateados aunque el resultado del entrenamiento sea exactamente el mismo modelo.

Es una distinción que suena técnica pero tiene implicaciones masivas. Para Anthropic, cuyo negocio proyecta ingresos anualizados de 65.000 millones de dólares en julio de 2026, los 1.500 millones de la multa son un coste de hacer negocio. Para una startup sin ese margen, la misma situación podría ser terminal. Y la pregunta de qué libros adquirió cómo y cuándo —documentada o no— es ahora una pregunta de auditoría legal para cualquier empresa que opere LLMs.

La sentencia de Alsup también dice algo más incómodo: lo que penaliza no es tanto el daño al mercado de los libros originales, sino el método de adquisición. Un modelo que aprende de libros pirateados produce exactamente la misma capacidad que uno que aprende de libros comprados. La diferencia moral y legal está en el dinero que el autor no recibió cuando el libro se copió, no en el impacto del modelo en el mercado de esos libros. Eso es una victoria de principio pero una derrota financiera para los autores que esperaban que el mercado de licencias de datos de entrenamiento fuera su nueva fuente de ingresos.

¿Qué casos siguen abiertos?

El panorama legal sigue siendo amplio. Meta enfrenta demandas de cinco grandes editoriales (Elsevier, Cengage, Hachette, Macmillan, McGraw Hill) por haber entrenado Llama en más de 267 terabytes de material con derechos de autor descargado de sitios piratas. La lógica del caso Bartz favorece a los demandantes porque Meta usó material no adquirido legalmente.

Google enfrenta una demanda separada por haber usado libros y artículos de revistas académicas para entrenar Gemini más allá del propósito para el que los había obtenido (Google Books, Google Play Books). The New York Times mantiene su demanda contra OpenAI y Microsoft, actualizada en junio de 2026 para incluir nuevas acusaciones contra Microsoft.

El caso que más incomoda a la industria es Thomson Reuters contra Ross Intelligence, resuelto definitivamente en febrero de 2025: el tribunal falló que la IA de Ross usó resúmenes jurídicos de Westlaw para crear un producto competidor, y eso no es uso justo. La diferencia crítica con el caso de Anthropic: el modelo de Ross era competidor directo de Westlaw; el Claude de Anthropic no lo es de los libros que digirió. El contexto de competencia directa convierte el mismo acto —entrenar con contenido ajeno— en una cuestión diferente.

La frontera legal que está emergiendo beneficia directamente a empresas como Anthropic: Claude Opus 4.8, su último modelo, opera dentro del marco del caso Bartz donde el entrenamiento en libros adquiridos legalmente es uso justo, siempre que el modelo no compita directamente con el mercado de esos libros. El expediente de quién pagó qué por los datos se ha convertido en el documento más importante de cualquier empresa de IA. Y el hecho de que la empresa que lanzó Claude —que hoy es el modelo con mayor cuota de mercado en ingresos por LLM— haya pagado 1.500 millones precisamente por no tener ese expediente en orden debería ser suficientemente aleccionador para el resto del sector. El debate más amplio sobre cómo la IA afecta a los creadores de contenido tiene en la cuestión del copyright su dimensión más concreta. Y la política de seguridad cibernética que rodea a los modelos de IA tiene ahora una dimensión legal de datos que ninguna empresa puede ignorar.

¿Qué ocurre fuera de EE.UU.?

El caso Bartz establece jurisprudencia en EE.UU. pero no en el resto del mundo. La UE tiene un marco completamente diferente: la Directiva de Derechos de Autor del Mercado Único Digital (DMCA europea) incluye una excepción de extracción de texto y datos para investigación, pero las empresas comerciales deben negociar o respetar los opt-outs de los titulares de derechos. El AI Act de la UE añade obligaciones de transparencia: los proveedores de modelos de IA de propósito general deben publicar un resumen de los datos usados en entrenamiento. Japón es el polo opuesto: su legislación tiene una de las excepciones de extracción de datos más permisivas del mundo, lo que ha atraído a investigadores y empresas que quieren entrenar modelos con contenido que sería problemático bajo la ley americana o europea. El Reino Unido lleva años en debate interno sobre si adoptar el modelo europeo o uno más permisivo. China tiene sus propias reglas, con requisitos de licencia que mezclan control gubernamental con protección de derechos. El resultado es que la legalidad del entrenamiento de IA en materiales con derechos de autor depende tanto de la jurisdicción del entrenamiento como de la del material. Una empresa que entrena en Japón con datos europeos puede enfrentarse a demandas en Europa aunque el acto sea legal donde ocurrió.

Fuente: wwwhatsnew

martes, 25 de agosto de 2026

La doctrina de la obstrucción: ¿qué nivel de gobernanza es adecuado para la IA?


La delimitación adecuada de las competencias entre el gobierno federal y los estados ha sido a menudo objeto de controversia en el debate sobre la política de IA. Los defensores de ambos enfoques se remiten a las cláusulas constitucionales que respaldan su postura. La realidad es que este tema, al igual que muchas otras cuestiones relacionadas con la IA, no se reduce a una lista ordenada de asuntos políticos bien definidos. Por el contrario, existe una clara combinación de cuestiones de política de IA que requieren atención a nivel nacional: aquellas que son competencia exclusiva de los estados y aquellas que pueden ser abordadas tanto por el gobierno federal como por los estados (o un grupo de estados). Entonces, ¿cómo podría un tribunal o un responsable de políticas identificar qué nivel de gobernanza es el adecuado para los distintos temas relacionados con la IA?

Mi artículo, "La doctrina de la obstrucción", conecta los puntos jurisprudenciales que, en conjunto, establecen un marco para evaluar si el ejercicio del poder por parte de un estado se ajusta a la letra y al espíritu de la Constitución. El primer pilar impide que los estados obstaculicen el acceso a los mercados nacionales. El segundo pilar impide que los estados promulguen leyes que obstaculicen la capacidad del gobierno federal para responder a cuestiones que requieren atención nacional. Y el tercer pilar impide que los estados interfieran en iniciativas nacionales, como los proyectos de infraestructura a gran escala.

Si bien ninguna fuente en particular respalda esto como una doctrina formal, un análisis minucioso de casos de federalismo que han pasado desapercibidos respalda sus diversos pilares. Dicho esto, este artículo marca el inicio de una investigación sobre los contornos y la aplicabilidad de la doctrina, más que el anuncio de un proyecto concluido. Investigaciones adicionales arrojarán luz sobre la precisión descriptiva de la doctrina —hasta qué punto se alinea con la forma en que los tribunales han razonado en casos difíciles—, así como sobre su valor normativo y hasta qué punto su aplicación se alinea con los objetivos de nuestro orden constitucional y los promueve. Una revisión de la evidencia inicial que sustenta la doctrina puede guiar ese esfuerzo.

La semilla de la doctrina se encuentra más claramente en Buck v. Kuykendall. En nombre de la Corte Suprema, el juez Louis Brandeis declaró inconstitucional la ley a pesar de una larga serie de decisiones que respaldaban regulaciones similares sobre carreteras, criticándola por dictar quién podía usar las carreteras en lugar de cómo, por atreverse a evaluar la suficiencia de la competencia interestatal y por socavar la propia inversión del Congreso en las carreteras con ayuda federal. Cada una de estas fallas representa un pilar de la doctrina.

Great A&P Tea Co., Inc. v. Cottrell es un ejemplo del primer pilar en acción: la Corte Suprema anuló una ley de Misisipi que prohibía la leche de otros estados a menos que el estado exportador hiciera lo mismo, y el juez William Brennan desmontó la idea de que una barrera acordada mutuamente es menos barrera. Como él mismo lo expresó, tal esquema interfiere con "el interés nacional en la libertad del comercio nacional".

Bajo el segundo pilar, un estado no puede apropiarse de un tema que requiera una norma nacional. Arizona lo intentó. Penalizó a las empresas ferroviarias por operar trenes de más de 14 vagones de pasajeros o 70 de carga y defendió el límite como una medida de seguridad que el Congreso nunca había excluido. En Southern Pacific Co. v. Arizona, la Corte Suprema sostuvo que no le correspondía a Arizona establecer la longitud de los trenes: cuando se requiere uniformidad nacional, la regulación debe provenir de una sola autoridad o no existir en absoluto.

El tercer criterio prohíbe a los estados actuar en contra de los esfuerzos nacionales ya en marcha. Iowa aprendió esto en Kassel v. Consolidated Freightways Corp., en el que la Corte Suprema rechazó un límite a la longitud de los camiones por considerarlo una medida de seguridad solo de nombre y interpretó el interés federal en el libre tránsito interestatal basándose en décadas de inversión más que en una sola ley. Wisconsin lo aprendió en Raymond Motor Transportation, Inc. v. Rice, cuando una norma tan onerosa que obligaba a los camiones a desviarse de paso por el estado fue rechazada por la misma razón.

Un puñado de casos bajo un título conciso no justifica una recalibración de la jurisprudencia sobre el federalismo. Ese no es mi objetivo. Este artículo aspira a impulsar nuevas conversaciones sobre cómo resolver cuestiones emergentes y significativas relacionadas con el poder estatal y federal. La Corte Suprema lleva mucho tiempo descubriendo nuevos marcos a medida que cambian la economía, la infraestructura y la tecnología de la nación. Wickard, López, Raich, Pike, National Pork Producers y otros casos relacionados con la cláusula de comercio, por ejemplo, reflejan los intentos de la Corte por conciliar los principios de la Constitución con un mundo que los fundadores no habían previsto. Todos esos casos siguen siendo jurisprudencia válida. Sin embargo, sería difícil explicar esos dictámenes bajo una doctrina común.

A medida que la Corte Suprema se enfrenta a un nuevo conjunto de cuestiones sobre el federalismo —desde los centros de datos hasta la regulación de la inteligencia artificial en zonas fronterizas—, su costumbre ha sido adaptar los casos anteriores para que se ajusten a la política contemporánea y a las prioridades nacionales. Este artículo tiene como objetivo adelantarse a esa tendencia y explorar cómo un enfoque puede equilibrar las cuestiones pendientes del federalismo y evitar soluciones fragmentadas, al tiempo que permite la experimentación en materia de políticas cuando sea apropiado.

Fuente: El Cato

lunes, 24 de agosto de 2026

La IA no piensa, pero ya organiza el mundo


En buena parte de la vasta literatura sobre inteligencia artificial domina la pregunta de si algún día las máquinas podrán pensar como nosotros. La cuestión fascina a muchos porque toca uno de nuestros temores más antiguos: crear algo que domine al creador. Desde Golem hasta Frankenstein, desde HAL 9000 hasta Terminator, la imaginación occidental está poblada de criaturas tecnológicas que se rebelan. Cambian los nombres y las tecnologías, pero la estructura del miedo permanece.

En Ética de la inteligencia artificial (2024), el filósofo italiano Luciano Floridi sostiene que el problema no está en que las máquinas adquieran una inteligencia semejante a la humana. Lo realmente novedoso es que hemos logrado separar la capacidad de actuar de la necesidad de comprender. Una máquina puede realizar tareas que exigirían inteligencia si fueran realizadas por una persona, pero sin poseer inteligencia alguna. Puede traducir, diagnosticar, clasificar imágenes, conducir un vehículo, seleccionar candidatos para un empleo o decidir la concesión de un crédito sin comprender una palabra, una enfermedad, una carretera, una persona o una deuda.

Para Floridi, la inteligencia artificial representa un “divorcio” entre inteligencia y acción. Las máquinas hacen cosas cada vez más complejas, pero no saben lo que hacen. Un teléfono celular puede jugar al ajedrez mejor que casi cualquier ser humano, aunque sea tan inteligente como una tostadora. No tiene conciencia del tablero, no desea ganar ni se alegra cuando derrota a su adversario. Ni siquiera sabe que está jugando. Procesa información y produce resultados extraordinariamente eficaces.

Nos preocupa la eventual aparición de máquinas conscientes mientras delegamos decisiones reales en sistemas que no necesitan conciencia para afectar nuestra vida. Un algoritmo no tiene que odiarnos para discriminarnos ni querer manipularnos para condicionar nuestro comportamiento. Tampoco necesita comprender qué es una persona para decidir quién merece un crédito, un empleo, una prestación social o una vigilancia más intensa.

Un mundo preparado para las máquinas

El peligro surge cuando esa acción artificial, poderosamente eficaz, queda inscrita en estructuras humanas injustas, opacas o irresponsables. Si las máquinas no comprenden el mundo, ¿cómo consiguen desenvolverse con tanto éxito dentro de él? Floridi sostiene que el humano transforma el mundo para que pueda ser procesado por las máquinas.

Una lavadora no necesita comprender la ropa, simplemente alcanza con construir alrededor de sus limitadas capacidades un ambiente cerrado y perfectamente organizado. Algo semejante sucede en una fábrica automatizada o en los enormes depósitos administrados por robots, donde el entorno ha sido diseñado para que la máquina opere eficazmente. Floridi lo denomina “envolvimiento”. En lugar de producir una máquina capaz de afrontar toda la riqueza y ambigüedad del mundo humano, simplificamos y reorganizamos el mundo para hacerlo compatible con ella.

Lo nuevo es que ese envolvimiento ya no se limita al interior de una lavadora o de una fábrica. Se extiende progresivamente a las ciudades, las instituciones, el trabajo, el comercio, la educación y la vida cotidiana. Estamos construyendo una inmensa infraestructura informacional dentro de la cual los sistemas artificiales pueden actuar con creciente eficacia.

Por ejemplo, los formularios establecen de antemano qué podemos hacer y de qué manera. Todos hemos intentado alguna vez realizar un trámite perfectamente razonable y nos avisan que “el sistema no lo permite”. Quien nos atiende, puede reconocer que tenemos razón. Pero falta una opción en el menú, el formulario no acepta la excepción o el programa exige un dato que no existe. Lo hemos naturalizado como una molestia burocrática menor, aunque contiene un problema antropológico de enorme importancia.

La realidad debe adaptarse a las posibilidades del software y no el software a la realidad. Comenzamos a adaptar a las personas para que funcionen correctamente dentro de los sistemas tecnológicos. ¿Qué ocurrirá si terminamos pareciéndonos al tipo de usuario que las máquinas necesitan?

Aprendemos a vivir según las condiciones que nos impone el sistema. Por ello el riesgo menos visible no es una rebelión de las máquinas al estilo Terminator, sino una silenciosa domesticación tecnológica de los seres humanos. 

El derecho a decidir qué queremos decidir

La ética de la inteligencia artificial no puede limitarse a impedir daños evidentes. Floridi recoge cinco principios fundamentales: beneficencia, no maleficencia, autonomía, justicia y explicabilidad. Los cuatro primeros proceden de la bioética. 

La explicabilidad busca responder dos preguntas que la complejidad técnica suele oscurecer: ¿cómo funciona el sistema y quién responde por lo que hace? No exige que toda persona comprenda cada detalle matemático de un algoritmo, sino que las decisiones relevantes no pueden esconderse detrás de una supuesta neutralidad técnica. La complejidad no puede convertirse en una coartada moral, porque si un sistema excluye o discrimina, alguien debe poder explicar sus criterios, permitir que la decisión sea impugnada y asumir la responsabilidad correspondiente.

Floridi tampoco reduce la autonomía a elegir entre opciones disponibles, sino que la entiende como el poder de “decidir decidir”. Ser autónomo no consiste únicamente en decidir, sino poder determinar cuándo queremos delegar una decisión y cuándo consideramos que debemos conservarla. Es sensato que podamos recurrir a un sistema de recomendación para elegir una película sin que nuestra dignidad se vea amenazada. Pero hay decisiones médicas, educativas, judiciales, políticas y afectivas cuya delegación empobrece a la persona, incluso si el algoritmo produjera resultados estadísticamente mejores. No todo lo que puede automatizarse debe ser automatizado.

No solo podemos preguntarnos cómo alcanzar un objetivo, sino también si ese objetivo merece ser perseguido. La máquina calcula los medios para sus fines, pero solo la persona puede interrogarse por los fines, por el sentido. La IA puede optimizar una decisión, pero no determinar qué significa una vida buena, una sociedad justa o una existencia digna. Cuando parece hacerlo, reproduce objetivos, datos y criterios que alguien introdujo, seleccionó o permitió. Detrás de cada automatización hay una antropología, aunque sus diseñadores no sean conscientes de ella.

Más ética que cumplimiento

Una tecnología puede ser legal y, sin embargo, resultar socialmente indeseable. Puede respetar formalmente la privacidad mientras explota la fragilidad emocional de sus usuarios, puede obtener un consentimiento jurídicamente válido mediante condiciones que nadie lee. También puede evitar la discriminación directa y continuar reproduciendo desigualdades heredadas. 

Floridi llama “ética blanda” a la reflexión que comienza una vez satisfechas las exigencias legales. El término puede prestarse a confusión, porque no designa una ética débil o decorativa, como una mera cosmética moral. Es la deliberación que pregunta, pero dentro de lo jurídicamente permitido. 

Esta cuestión resulta especialmente importante en el mundo empresarial, donde se han multiplicado los códigos de ética. Casi todas las organizaciones prometen transparencia, equidad, seguridad y respeto de la autonomía, pero hay que advertir sobre el ethics washing: utilizar el lenguaje ético como una operación de imagen que evita regulaciones exigentes y responsabilidades concretas. Aquí la ética se convierte entonces en cosmética institucional, en la que se crean comités, declaraciones y manuales que no modifican las decisiones fundamentales del negocio. Una ética incapaz de incomodar al poder termina siendo parte de su publicidad.

El verdadero problema seguimos siendo nosotros

Floridi rechaza las profecías sobre una próxima superinteligencia que dominará a la humanidad. Mientras imaginamos máquinas todopoderosas, algoritmos mucho más modestos ya condicionan el acceso al trabajo, el crédito, la salud, la información y la visibilidad pública.

El problema somos nosotros, que construimos sistemas discriminatorios, concentramos información, trasladamos los costos de la automatización a los más vulnerables y utilizamos la opacidad técnica para diluir responsabilidades. Una máquina puede intervenir causalmente en un daño, pero solo las personas y las instituciones pueden responder moralmente por las condiciones que lo hicieron posible. 

Al final del libro, Floridi define al ser humano como “un bellísimo error de la naturaleza”, una anomalía lograda dentro del gran orden informacional del universo. La expresión es muy cercana a lo que expresa León XIV en su encíclica Magnifica Humanitas sobre la fragilidad como lo más maravilloso de lo humano, lo que nos hace agradecidos y cuidadosos con los otros. Nuestra excepcionalidad no reside en ser un error exitoso ni en competir mejor que las máquinas, sino en que somos los únicos seres conocidos capaces de sentirnos responsables por el mundo que construimos. 

La inteligencia artificial hiere nuestro narcisismo porque realiza mejor que nosotros tareas que pensábamos como parte de nuestra identidad. Nos obliga a reconocer que calcular, predecir y clasificar nunca fueron lo más propiamente humano. La dignidad no depende de vencer a una computadora en ajedrez, escribir más rápido o memorizar más datos. Lo humano aparece cuando nos preguntamos qué merece ser hecho, quién puede resultar herido, qué límites no estamos dispuestos a cruzar y qué clase de mundo queremos dejar a quienes vendrán después.

Fuente: Dialogo Politico

sábado, 22 de agosto de 2026

Bolivia moderniza la investigación criminal con análisis forense digital


Bolivia impulsa la modernización de la investigación criminal a través del proyecto “Huella Digital”. Esta alianza entre el Ministerio de Gobierno, la ATT como articulador, las operadoras telefónicas y la cooperación internacional (Unión Europea, España y FIIAPP) busca fortalecer las capacidades de la FELCC mediante la implementación de nuevas herramientas de análisis forense digital (CGI y CDR), asegurando el rigor pericial y la cadena de custodia.

Fuente: ATT

sábado, 15 de agosto de 2026

Anna Bensi: el objetivo del juicio es intimidar a todo el que alce la voz en Cuba


La influencer y activista Anna Sofía Benítez, conocida como Anna Bensi, comenzó publicando en redes sociales como una creadora de contenido más, con videos de humor, música y situaciones de su vida cotidiana. Pero, a medida que empezó a utilizar esas mismas plataformas para contar lo que ocurría a su alrededor y denunciar problemas y abusos que vivía en Cuba, comenzó también la presión de la Seguridad del Estado. A cada episodio de vigilancia, interrogatorios, restricciones o cortes de internet, Bensi respondió haciendo lo mismo que había empezado a hacer en redes: contarlo públicamente y denunciarlo. Esa escalada represiva, recuerda en entrevista con 14ymedio, terminó alcanzando también a su madre.

Ahora ambas deberán enfrentarse a un proceso penal por la difusión de un video grabado en la entrada de su vivienda el pasado marzo. La causa había sido archivada en abril, pero fue reabierta meses después a raíz de la querella presentada por un policía que asegura haberse sentido ofendido. En conversación con este diario, entrecortadamente, a través de audios, Bensi habla desde La Habana del juicio, de la represión que ha sufrido desde que comenzó a alzar la voz y de su decisión de seguir denunciando: “No me van a callar”.

Pregunta. El caso contra usted y su madre había sido archivado en abril y ahora el tribunal ha confirmado que serán llevadas a juicio. ¿Cómo recibió la noticia?

Respuesta. El lunes 6 de julio se presentaron en mi casa dos personas de parte del tribunal para comunicarnos a mi mamá y a mí que iban a iniciar un proceso penal por el mismo cargo que ya habían archivado en abril. Nuestro abogado presentó una petición de inadmisibilidad de la querella del policía que se sintió ofendido por la publicación que hice en marzo.

Pero como sabemos cómo funcionan las cosas aquí en Cuba, ese trámite fue prácticamente para ganar tiempo, porque el tribunal se rige siempre por lo que ordene la Seguridad del Estado. Obviamente, no iban a rechazar la querella. Finalmente, el tribunal decidió denegar la petición de nuestro abogado y seguir adelante con el proceso para llevarnos a juicio.

P. ¿Qué explicación les han dado para reabrir una causa que había sido archivada?

R. Supuestamente, en abril archivaron el caso porque el policía que se considera ofendido no tenía un abogado que lo representara y ahora sí lo tiene. Esa es la explicación que ellos dan.

Pero la explicación real es que esto era algo que ellos tenían ahí y que podían sacar en cualquier momento. Mi mamá y yo obviamente lo sabíamos. Hasta ahora lo único que sabemos es que sí nos van a llevar a juicio, pero todavía no hay fecha oficial.

P. La acusación está relacionada con el artículo 393 del Código Penal cubano, que contempla los “actos contra la intimidad personal y familiar, la propia imagen y voz, identidad de otra persona y sus datos”. Aquel 10 de marzo decidieron grabar la llegada del agente y publicar las imágenes como una medida de protección. Si hoy pudieran volver a ese momento, ¿volverían a sacar el teléfono para grabarlo?

R. Claro que sí, yo volvería a hacer todo igual. No me arrepiento de nada en absoluto porque no he cometido ningún delito. Mi declaración sigue siendo la misma. Yo subí el vídeo a redes sociales para la seguridad mía y de mi mamá. Sinceramente, como esos policías se presentaron en mi puerta, no parecían policías, parecían delincuentes.

Cuando tenemos un discurso contrario al que le gusta a la dictadura, los cubanos carecemos del favor y de la buena obra de las autoridades. Por eso yo tenía que exponer toda la represión que uno sufre. Además, jamás se dijo el motivo inicial de la situación que esos policías trajeron.

La realidad es que simplemente subí el vídeo a redes sociales para dejar constancia de lo que había sucedido en ese momento. Y si el policía se sintió ofendido por los comentarios y publicaciones que pudieron hacer otras personas, ya no es mi problema. 

Yo nunca me referí a él específicamente en el vídeo ni incité a nadie a hacerlo. En mis manos no está la responsabilidad sobre lo que la gente pueda decir al respecto.

P. ¿Cómo está viviendo su madre todo este proceso? ¿Ha cambiado la relación entre ustedes o la manera de afrontar la presión de las autoridades?

R. Mi mamá es una valiente. Ella me ha apoyado en todo momento desde el principio. Me imagino que, como madre, tendrá su preocupación con todo este proceso, pero está confiada también en que saldremos de todo esto lo mejor posible, con la ayuda de Dios. Ella está firme, al igual que yo.

P. Desde marzo ambas están sometidas a medidas que limitan su movilidad. ¿Cómo es su vida cotidiana ahora?

R. La verdad es que nunca hemos sido de salir mucho a la calle, pero no es lo mismo quedarse en casa por gusto de nosotras a tener que limitarnos por una orden, y menos aún si esa orden es injusta.

Tratamos de que toda esta situación no nos afecte demasiado, pero siempre tenemos en cuenta la vigilancia hacia nosotras por parte de la Seguridad del Estado en cada movimiento que damos.

Yo no he podido trabajar más desde que la Seguridad del Estado propició mi desempleo en mi antiguo trabajo [en un salón de belleza de gestión privada]. Gracias a Dios, mi hermana [residente en Estados Unidos] nos ayuda con los gastos de la casa.

Pero es vivir constantemente con cortes de internet, sabiendo que tenemos los móviles intervenidos, que escuchan las llamadas y leen los mensajes. Muchas veces nos quedamos completamente incomunicadas.

Tenemos vigilancia en la casa, sobre todo cuando hay fechas que a ellos no les gustan, cuando son fechas que la dictadura no quiere. Hacen llamadas al teléfono fijo de la casa. A veces se quedan sin hablar y solo se escucha la respiración. Otras veces se identifican como Seguridad del Estado y pueden llamar a cualquier hora.

Todo esto es para desestabilizarnos a mi mamá y a mí y mandar un mensaje de presión, para hacer saber que ellos tienen el control.

P. ¿Qué es lo que más le preocupa del juicio? ¿Una eventual condena, las consecuencias para su libertad o lo que pueda ocurrir durante y después del proceso?

R. Obviamente nos preocupa lo que pueda resultar del juicio porque no hay nada claro. Sabemos que todo lo que se está haciendo tiene segundas intenciones. Es un proceso injusto en el que van a buscar todas las vías para que sea más injusto todavía.

Se nos está juzgando realmente por nuestra manera de pensar y no por el supuesto delito que ellos dicen. Pero no sabemos qué va a pasar ese día.

P. ¿Qué cree que pretende conseguir el régimen cubano llevando este caso hasta los tribunales? ¿Cree que quieren hacerle callar?

R. Desde septiembre del año pasado comencé a alzar la voz aquí en Cuba, y ahora estoy más firme; en ningún momento he pensado en callarme porque no he hecho nada mal. Simplemente lo que he hecho ha sido expresarme.

Lo que pasa es que a la dictadura cubana no le convienen mis convicciones, pero eso no va a pararme. Aquí en Cuba todos sabemos que no hay separación de poderes. El tribunal responde a lo que a la dictadura le convenga. Los tribunales son un brazo más del órgano represivo de la dictadura y obviamente estoy cien por cien segura de que todo esto es una estrategia más para intimidar a todo el que alce la voz, en este caso a mi mamá y a mí.

Ellos tienen un objetivo marcado porque mi voz ya les molesta, les hace ruido, y lo han dejado bien claro en los interrogatorios a los que me han sometido. Como eso no les ha funcionado, van subiendo de nivel la represión, a ver hasta cuándo uno cede y ellos consiguen lo que quieren. En este caso, callarme.

P. ¿Qué importancia tiene para usted que otros gobiernos y organizaciones estén siguiendo lo que les ocurre?

R. Yo sinceramente estoy súper agradecida con todo aquel medio de comunicación que quiera darle visibilidad a mi caso y al de mi mamá. Así se da a conocer cómo actúa la dictadura.

Es bastante importante que ellos sientan la presión de la prensa internacional cuando saben que lo que están cometiendo es una injusticia. Y no solo lo digo por mí, sino también por todos los casos de personas que sufren represión en Cuba por alzar la voz, y más aún por los presos políticos.

P. ¿Qué le diría a un joven cubano que esté pensando en empezar a denunciar públicamente lo que ocurre en el país y que ahora vea su caso y tenga miedo?

R. Desde que empecé todo este proceso, a todas las personas que se me acercan y dicen que quieren alzar la voz y decir lo que piensan libremente, yo les doy mi apoyo, pero también hay que aconsejarlos.

Yo les digo que pongan las cartas sobre la mesa y vean todo lo que pueden perder por ser fieles a sus convicciones. Si esa persona está dispuesta, pues adelante, que lo haga.

Y también les digo que lo hagan bien, con sabiduría, con estrategia y que siempre hablen desde el respeto. Digo con estrategia porque sabemos que debemos ser cuidadosos. Cuando se alza la voz en Cuba, es como estar en una cuerda floja y abajo te esperan cien cocodrilos babeando, esperando el más mínimo fallo de equilibrio para comerte y no dejar restos de ningún tipo.

Y otra cosa que siempre digo es que, si lo van a hacer, que lo hagan sin esperar nada a cambio.

Fuente: 14 y medio

sábado, 8 de agosto de 2026

Bolivia da un paso hacia la soberanía tecnológica con el lanzamiento de bolivIA


El Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, a través de su máxima autoridad, el ministro Fernando Romero Pinto, presentó este sábado la plataforma BolivIA, un modelo de inteligencia artificial soberana desarrollado desde el Estado boliviano y orientado, en esta primera etapa, a facilitar el acceso, consulta y análisis de la normativa nacional para fortalecer la eficiencia y transparencia de la administración pública.

Durante la conferencia de prensa, el ministro Fernando Romero Pinto destacó que el lanzamiento constituye un paso importante dentro del proceso de transformación digital que impulsa el Gobierno y representa el inicio de una estrategia destinada a desarrollar capacidades propias en inteligencia artificial, aprovechando la tecnología para responder a necesidades concretas del Estado y de la población.

“Hoy damos un paso histórico en la transformación digital del Estado boliviano”, afirmó el ministro, al presentar oficialmente “BolivIA” y explicar que se trata de un sistema construido sobre estándares abiertos que busca incorporar herramientas de inteligencia artificial a la gestión pública.

Uno de los principales objetivos de “Bolivia” es sistematizar, consultar y estructurar la normativa nacional, permitiendo que los servidores públicos puedan realizar consultas sobre leyes, decretos, resoluciones y otros instrumentos normativos de una manera más rápida y ordenada.

De acuerdo con la explicación proporcionada por el ministro Romero Pinto, una de las características centrales del sistema es que sus respuestas se encuentran respaldadas por citas exactas de la normativa consultada, lo que permite reducir la incertidumbre en los procesos de análisis y contribuir a que las decisiones de la administración pública tengan como referencia un marco legal claro y verificable.

“Con este sistema, reducimos el tiempo de investigación legal de horas a segundos, y algo fundamental: no alucina, no inventa, solo normativa vigente”, señaló la autoridad ministerial, destacando la importancia de contar con una herramienta tecnológica orientada a la precisión y confiabilidad de la información jurídica.

Asimismo, el ministro explicó que “Bolivia” se sostiene sobre tres pilares fundamentales. El primero es la soberanía tecnológica, debido a que el sistema funciona en centros de cómputo del Estado, reduciendo la dependencia de infraestructura tecnológica extranjera y permitiendo que la información sea procesada dentro de la infraestructura estatal.

El segundo componente corresponde a una arquitectura avanzada de recuperación e inferencia, que combina mecanismos de búsqueda semántica y léxica con técnicas informáticas destinadas a mejorar la precisión de las respuestas obtenidas a partir de las consultas realizadas. El tercer eje está relacionado con la transformación del análisis legal, mediante la estandarización de criterios técnicos y jurídicos que pueden facilitar el trabajo de los servidores públicos y contribuir a procesos administrativos más claros y eficientes.

En ese sentido, la autoridad ministerial remarcó que “Bolivia” no debe ser entendida únicamente como una herramienta tecnológica, sino como parte de una visión más amplia de modernización del Estado. “Bolivia es más que tecnología, es un compromiso con la transparencia y la eficiencia”, sostuvo el ministro, quien enfatizó que el desarrollo de capacidades propias en inteligencia artificial también representa una oportunidad para avanzar hacia una administración pública más moderna y cercana a las necesidades de la población.

Fuente: Eju

martes, 28 de julio de 2026

Jaime Dunn: la economía falla primero en sus valores y después en sus cifras


La economía no se explica únicamente a través de las cifras. Para el economista Jaime Dunn, los indicadores económicos son el resultado visible de decisiones tomadas por personas e instituciones, pero detrás de ellos existen factores menos tangibles que pueden fortalecer o debilitar el funcionamiento de un país.

Durante la segunda jornada del Foro Económico de la Mujer (FEM) 2026, realizada el 24 de julio en el Hotel Los Tajibos de Santa Cruz de la Sierra, Dunn planteó que la situación económica de Bolivia debe analizarse también desde esos elementos que no suelen aparecer en las estadísticas: la ética, la justicia, la responsabilidad, la confianza y el respeto a la ley.

Las raíces detrás de las cifras

Para explicar esa relación, el economista comparó la economía con un árbol. Los indicadores, señaló, muestran el tronco, las ramas y las hojas, pero las raíces que sostienen el conjunto están formadas por valores que no aparecen en los cálculos económicos.

“Las raíces para mí son la honestidad, el mérito, la responsabilidad, la palabra cumplida, el respeto a la propiedad, la familia, la fe, la confianza y la ley. Esas son las raíces de la economía”, afirmó Dunn.

Desde esa perspectiva, sostuvo que la economía no toma decisiones por sí misma. Son los gobernantes, jueces, empresarios, emprendedores, trabajadores y ciudadanos quienes deciden si se invierte, se ahorra, se gasta más de lo que se tiene o se bloquea, y esas acciones terminan reflejándose en los resultados económicos.

Por eso, consideró que la corrupción, la pérdida de confianza y el incumplimiento de las reglas no son asuntos ajenos a la economía, sino factores que terminan afectando su funcionamiento. En el mismo sentido, el respeto a la ley, la responsabilidad y el cumplimiento de la palabra pueden generar condiciones para la inversión y la actividad productiva.

“La economía es de personas y por eso yo digo que la economía no es más que la contabilidad moral de la conducta humana”, sostuvo el especialista.

La idea, resumió Dunn, es que los problemas económicos visibles pueden ser la consecuencia de un deterioro previo en los principios que sostienen las decisiones de una sociedad. “La economía falla primero en sus valores y después en sus cifras”, afirmó.

De la confianza a la inversión

Ese vínculo entre valores y resultados económicos también estuvo presente cuando Dunn se refirió a la justicia y la seguridad jurídica. En su exposición, sostuvo que una economía necesita reglas que se respeten y que la justicia es una condición para que exista seguridad jurídica, inversión, propiedad privada y empleo.

La confianza, en tanto, fue planteada como una condición para movilizar recursos hacia la economía formal. En una entrevista para Economy, al ser consultado sobre cómo aumentar el ingreso de divisas al país, Dunn mencionó las exportaciones, las remesas, la inversión extranjera y los dólares que los bolivianos mantienen fuera del sistema financiero.

La responsabilidad también alcanza al manejo de los recursos públicos

La misma lógica de responsabilidad que Dunn plantea para las decisiones individuales también la extiende al manejo de las finanzas del Estado. En su análisis, el gasto público no puede desligarse de sus efectos sobre la población, por lo que cualquier decisión fiscal debe considerar sus consecuencias para los ciudadanos.

Durante su exposición, el economista remarcó que los recursos estatales no pertenecen exclusivamente al Gobierno, sino a la sociedad en su conjunto. “El dinero público no es del Gobierno. Pertenece a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros”, afirmó.

En una entrevista con Economy, al referirse a la deuda externa, sostuvo que Bolivia debería priorizar una reducción del gasto antes de recurrir a un mayor endeudamiento. “Bolivia tiene un problema de gasto y eso no se soluciona necesariamente con más deuda”, señaló Dunn.

Para el economista, cualquier ajuste del tipo de cambio debe formar parte de una transformación económica más amplia, que incluya el equilibrio fiscal, una solución para las empresas estatales deficitarias y un Banco Central independiente, con reservas y suficientes dólares para respaldar sus operaciones.

Un “shock de justicia” para reconstruir​

Desde su lectura, el deterioro de los principios y el debilitamiento institucional terminan teniendo consecuencias económicas. Por ello, Dunn sostuvo que la reconstrucción del país no puede limitarse a medidas financieras y planteó la necesidad de fortalecer la justicia y las instituciones.

En ese marco, afirmó que el Estado está afectado por un sistema de colusión, corrupción y redes que dificultan el funcionamiento institucional, por lo que consideró que Bolivia necesita primero un “shock de justicia”.

El planteamiento conecta con la idea central de su exposición: las cifras económicas son el resultado visible de decisiones y conductas que se construyen en un entorno institucional y social. Por ello, al referirse a la recuperación del país, Dunn sostuvo que el cambio no puede limitarse a los indicadores.

“Bolivia no necesita solo un cambio económico. Necesita una restauración moral. Los países no se levantan solo con cifras, se levantan con valores”, sostuvo el especialista.

Fuente: Economy

viernes, 3 de julio de 2026

Cómo funciona la tecnología microscópica detrás del gol anulado a Croacia


Cuando faltaba nada para que terminara el partido de dieciseisavos entre Croacia y Portugal, el defensor croata Josko Gvardiol empataba el partido y obligaba a la prórroga, pero entonces entró en escena el VAR (video assistance referee o árbitro asistente de video).

En medio de los festejos de los croatas y la cara de decepción del portugués Cristiano Ronaldo, quien poco antes había anotado su primer gol en una fase eliminatoria de la Copa del Mundo antes de ser sustituido, el árbitro noruego Espen Eskas anunció la revisión de la jugada por posible fuera de juego.

La gran incógnita era: ¿había desviado el croata Igor Matanovic la pelota durante la jugada previa? Si su cabeza había tocado el balón, existía fuera de juego; de lo contrario, el gol sería válido.

Eskas se dirigió al monitor y revisó una y otra vez las imágenes, que a primera vista parecían no ofrecer una conclusión clara. Sin embargo, un pico en la señal detectado por una tecnología similar al Snickometer (usado en deportes como el críquet) sugirió que hubo contacto, por lo que el gol fue anulado.

Fue prácticamente la última acción del partido que culminó con un 2 a 1 a favor de Portugal.

La decisión desató el caos: aficionados croatas enfurecidos lanzaron botellas de plástico al terreno de juego al ver cómo sus sueños mundialistas se desvanecían de la manera más cruel.

Para la leyenda croata de 40 años, Luka Modric, aquello supuso seguramente el final de su trayectoria en los Mundiales, mientras que el camino de Ronaldo continúa, apenas unas horas después de que su hermana calificara el torneo como su "último baile".

Fue un partido que lo tuvo todo. Entre goles anulados, un penal polémico, la expectación en torno a Ronaldo y la controversia del VAR, pero ¿cómo se determinó ese desvío en la cabeza de Matanovic?

Sensores en la pelota

El balón oficial Trionda, fabricado por Adidas para el Mundial de este año, incorpora un microchip capaz de detectar lo que ni el árbitro, ni los comentaristas de fútbol y ni siquiera las imágenes del VAR pudieron detectar en el segundo gol croata.

Esto permite transmitir datos precisos —como cada toque individual del balón con el botín o la mano— al VAR de forma inmediata y en tiempo real.

Pero esta no es la primera vez que se utiliza un microchip de estas características, aunque haya sido la de mayor repercusión: una tecnología similar ya estaba vigente en el Mundial de 2022 y en la Eurocopa de 2024.

Tras el partido, la Federación de Fútbol Internacional (FIFA) explicó en su cuenta de X la decisión detrás de la anulación del gol croata:

"Según los datos proporcionados por la tecnología de balón conectado integrada en el balón oficial del partido, se confirmó que el jugador croata n.º 20, Igor Matanovic, tocó el balón durante la jugada previa al gol contra Portugal, lo que permitió al árbitro determinar correctamente la posición de fuera de juego y anular el tanto.

"Los sensores IMU alojados en el balón Trionda son capaces de detectar cualquier contacto leve —información que se muestra a los espectadores durante la retransmisión mediante un gráfico similar a un latido del corazón— y proporcionan a los árbitros un nivel de datos sin precedentes para tomar decisiones rápidas y precisas".

En el programa matutino de BBC Radio 5 Live, Eric Goff, profesor de Ingeniería Deportiva en la Universidad de Purdue, explicó cómo la tecnología microscópica integrada en el balón provocó que se anulara el gol de Croacia:

"El sistema funciona mediante lo que se conoce como unidad de medición inercial (IMU, por sus siglas en inglés). Es un dispositivo de apenas unos gramos, pero está incrustado en uno de los cuatro paneles. Para evitar que el centro de masa del balón se desplace fuera de su posición central, se colocan masas de contrapeso en los otros paneles".

Según indicó Goff, este dispositivo permite recopilar datos del balón a una frecuencia de 500 hercios, es decir, 500 veces por segundo. En la práctica, esto significa que, en el instante en que el botín entra en contacto con el balón, se registra una marca temporal con una precisión de dos milisegundos.

"Además, hay una docena de cámaras situadas sobre el estadio que graban a los 22 jugadores en el campo 50 veces por segundo. Gracias a ello, es posible determinar con exactitud —dentro de ese margen de dos milisegundos— dónde se encontraban los jugadores en el terreno de juego en el momento del contacto", dijo el académico y añadió:

"En el caso de Croacia, al parecer el balón estaba en contacto con el jugador croata y se detectó una ligera variación en el movimiento fuera de esa estrecha ventana de dos milisegundos".

Para Groff, sería importante que la FIFA hiciera públicos los datos del balón en ese instante concreto, "para mostrar el pico de aceleración (aunque fuera leve) que se produjo al entrar en contacto con dicho jugador".

Repercusiones de la decisión

En la rueda de prensa posterior al partido, el seleccionador de Croacia, Zlatko Dalic, evitó profundizar en los detalles del gol anulado pero tuvo palabras duras contra los árbitros y la tecnología.

"No haré muchos comentarios al respecto (la anulación), pero diré que el arbitraje fue muy malo. No nos señalaron faltas ni jugadas a balón parado que debieron haberse pitado, aunque eso no es motivo para justificar la derrota. El arbitraje fue pésimo".

Con respecto al VAR tampoco se anduvo con rodeos:

"El VAR mata las emociones, mata todo lo que llevas dentro. Hemos ido demasiado lejos con el VAR", sentenció Dalic.

El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, se mostró más conciliador.

"Es una lástima que uno de los dos equipos tuviera que perder, pero no se trata de una decisión mala ni de una cuestión de suerte. Fue un momento claro: los balones llevan ahora un chip y el sensor indica que el balón fue tocado".

Fuente: BBC

domingo, 28 de junio de 2026

La presunción de inocencia en la era del linchamiento digital


En el sistema judicial contemporáneo, el banquillo de los acusados ha cambiado de escenario. Antes de que un fiscal dicte una imputación formal o un juez evalúe la primera prueba, la sentencia condenatoria ya ha sido dictada, compartida y viralizada en las redes sociales.

El veredicto del algoritmo no conoce de plazos procesales, exclusiones probatorias ni del principio de favorabilidad; se alimenta de la inmediatez y el escándalo.

Este fenómeno, lejos de ser un simple debate sobre la libertad de expresión, representa uno de los desafíos más complejos para los derechos humanos en Bolivia: la desnaturalización de la presunción de inocencia como regla de trato fundamental.

Sobre este punto la Constitución Política del Estado, en su artículo 116, es clara cuando se garantiza el principio de inocencia y toda persona deberá ser tratada como tal mientras no se pruebe su culpabilidad en sentencia ejecutoriada. Sin embargo, en la práctica, la filtración selectiva de cuadernos de investigación y la mediatización de los casos penales han convertido al proceso penal en una herramienta de muerte civil preventiva.

Para un profesional, un activista de derechos humanos o una organización de la sociedad civil, el daño reputacional de una acusación infundada en el entorno digital puede ser irreversible mucho antes de que se demuestre su inocencia en los tribunales. El estigma permanece, el financiamiento se retira y las puertas institucionales se cierran.

Frente a un escenario donde la opinión pública presiona al juzgador, la defensa técnica tradicional (aquella que se limita a presentar memoriales fríos en la ventanilla del juzgado) resulta insuficiente. La litigación estratégica moderna exige abordar el conflicto penal desde una perspectiva multidimensional:

El control judicial de la reserva: El Código de Procedimiento Penal sanciona la vulneración de la reserva de las actuaciones en la etapa preliminar. Un estratega del derecho debe activar de inmediato los mecanismos de control jurisdiccional para frenar la filtración de información sensible que contamine el proceso y vulnere la dignidad del investigado.

La acción de amparo por violación al debido proceso: Cuando la mediatización de un caso es impulsada o tolerada por las propias autoridades para justificar una detención preventiva arbitraria, se configura una afectación directa a la imparcialidad del juzgador. Esta distorsión debe ser combatida mediante acciones constitucionales que exijan el cese inmediato de la exposición pública desproporcionada.

La estrategia de comunicación legal: El silencio ya no es una opción segura en casos de alto impacto. Sin romper las reglas procesales, la defensa técnica debe ser capaz de traducir la complejidad jurídica en argumentos claros, objetivos y técnicos para la sociedad, demostrando con las inconsistencias de la acusación.

El verdadero éxito en el litigio de alta complejidad no se mide únicamente por obtener una sentencia absolutoria al final del camino, sino por preservar la integridad y la dignidad del defendido durante todo el proceso.

La justicia no puede ceder ante el clamor de las plataformas digitales ni ante la instrumentalización política de la sospecha. Recuperar el respeto absoluto por el debido proceso y la presunción de inocencia es una tarea urgente para los abogados independientes, las organizaciones civiles y la sociedad en su conjunto. Solo un derecho penal técnico, riguroso y respetuoso de las garantías constitucionales puede asegurar que los tribunales sigan siendo el espacio de la verdad, y no el eco de un linchamiento digital.

Fuente: Sumando Voces

lunes, 1 de junio de 2026

Delinquir tras las rejas: acceso a internet sin control en las cárceles bolivianas


Es miércoles 5 de marzo de 2025, son las dos de la tarde y Dulce (nombre ficticio) se encuentra haciendo fila para ingresar a la cárcel de San Pedro. Tiene miedo, pero algo en su interior le dice que se arriesgue. Las manos le tiemblan, pero ella las controla; observa que la miran ojos que la juzgan, pero no le importa; está decidida. La fila es larga y la espera toma tiempo. Una señora de unos 40 años delante de ella le pregunta: ¿Cuál fue su delito? Ella responde: “defensa propia”. La mujer asiente y voltea; la fila avanza, llega su turno y pasa por la revisión rutinaria, entrega su documento de identidad e ingresa. Mira con asombro el lugar sombrío, la ciudad dentro de la ciudad, donde residen presos que han cometido diversos delitos, unos de bagatela (ilícito menor) y otros con años que no bastan para cumplir condena.

No sabe cómo moverse en esa pequeña ciudad; solo sabe que quiere ver al hombre que conoció por Facebook y la enamoró. 

Es el relato que recuerda Dulce mientras se encuentra sentada en una banca de la plaza San Pedro, mirando el recinto penitenciario que visitaba a diario por casi tres meses y se cuestiona: ¿Qué estaba haciendo?

Es jueves, 20 de febrero de 2025, son aproximadamente las siete de la noche y Dulce se encuentra en su habitación, sentada en una esquina de su cama. El clásico sonido de notificación de mensajes se hace escuchar, y toma su teléfono móvil entre sus manos, ingresa a la red social de Facebook, un chat atrae su interés y responde:

—Hola 

—Hola. ¿Quién escribe?

Así comenzó lo que más adelante Dulce denominará una etapa que nunca hubiera querido vivir, con un hola que despertó su interés. “Fue la curiosidad de mujer lo que me llevó a responderle, el estar sola y tener esa posibilidad de conocer a alguien”, recuerda. El chat seguía en línea:

—No te acuerdas de mí.

—No.

—Hemos estudiado juntos.

—¿Comunicación social?

—Sí, te veía introvertida, enfocada en los estudios. ¿No te acuerdas de mí?

 En los últimos años, Facebook ha sido una de las redes sociales más utilizadas en el país, contando con 7.60 millones de usuarios activos que representan un 60.8 % de la población total boliviana, de los cuales 47.7 % de la audiencia son mujeres y 52.3 % varones, según datos del informe de Data Reportal hasta enero de 2025.

Por ende, “es una potencial ventana para innumerables riesgos: contacto con desconocidos, grooming, ciberbullying, sextorsión, hostigamiento y muchos más, traducidos en violencia digital, porque se gestan en estos ciberespacios y generan daño y sufrimiento”, explicó la fundadora del colectivo Ciberwarmis, Mujeres ayudando a mujeres, Yesica Velarde.

Dulce con la curiosidad de conocer a ese hombre misterioso que decía conocerla, y ella no recordaba, pero que le escribía con tanta familiaridad en tono ameno, incluso “tierno” para ella; recordándole el semblante de algunos amigos en común de la etapa universitaria.

Mantenían un chat constante; él incluso le pidió ser su novio y ella aceptó. Así pasaron semanas, hasta que un 4 de marzo de 2025, cuando las fiestas de carnavales se hacían sentir, y Dulce se encontraba junto a su grupo de la iglesia acampando en la Isla Tortuga, a unas dos horas de viaje de la ciudad de El Alto. Mientras apreciaba un cálido y tranquilo paisaje, su celular, que se encontraba dentro del bolsillo de su pantalón, vibró. Ella instintivamente revisó el chat:

—Estoy en detención preventiva.

—¿Qué ha pasado? 

Él le contó que mientras amenizaba una boda como DJ, una muchacha se le acercó para pedirle su tarjeta; su pareja vio esa acción y, celoso, empezó a agredirlo verbal y físicamente. Se produjo una pelea golpe a golpe, lo arrestaron y llevaron a la cárcel de San Pedro en detención preventiva por el delito de defensa propia; tiempo después, Dulce descubriría que este relato era falso.

—¿Puedes venir a la cárcel a visitarme?

—Claro, voy a ir a verte, mi amor.

La abogada de Internet Bolivia y SOS Digital, Adriana Pérez Tudela, desde su experiencia en la asesoría tecnológica, psicológica y jurídica para víctimas de violencia digital, afirma que es nuevo ver casos de enamoramiento por redes sociales realizado por reos, y considera que los fines serían la extorsión, consiguiendo material de índole sexual o captación para la trata de personas, siendo que muchas redes operan desde la cárcel como enlaces. “Serían como los autores intelectuales, por así decir, pero siempre van a tener un grupo afuera que les ayude a concretar el delito”, detalló.

Añade un punto importante, el crecimiento de la violencia digital: “Desde la pandemia del Covid-19 hubo un boom tecnológico; ahora el celular es indispensable, entonces, la misma violencia que ocurre en el contexto físico se amplifica o se diversifica a través del mundo virtual”, explicó.

El “novio” de Dulce le pidió su número de WhatsApp; para explicarle como ingresar a la cárcel. Un taxi (privado de libertad que funge como transporte) ya la esperaba; la llevó al sector Posta, donde ella preguntó por Sergio Mamani y lo conoció. “Yo me arriesgué mucho, la verdad, con ese peligro, con mucho miedo, pero a la vez sentía un cariño especial hacia él; además, ya éramos novios, tenía que ir a apoyarlo”, cuenta Dulce.

—¿Tú eres Sergio?

—Hola, mucho gusto.

—No me acuerdo de ti, nunca te he visto en mi vida.

—Nos podemos conocer.

Ese miércoles, 5 de marzo, Dulce confirmó dos inquietudes: la primera, nunca antes había visto al hombre que estaba frente a ella; la segunda, había encontrado al amor de su vida. Retornó a su casa, pensando en la ilusión de formar una familia con él.

“Vivimos en una época donde muchas de nuestras interacciones se trasladan al espacio digital y por lo tanto no es extraño que una persona conozca gente en internet y se enamore, eso es algo que debe desmitificarse”, dice la psicóloga de la Fundación Internet Bolivia y SOS Digital, Narayani Rivera, al referirse a que habitamos nuestra sexualidad dentro y fuera de la virtualidad, y al llegar el boom tecnológico y las redes sociales, nos extendemos hacia ellas, haciendo que nuestra sexualidad desde nuestras  relaciones sociales, emociones, sentires y demás, estén al alcance de  miles y millones de usuarios: cercanos, lejanos, buenos, malos, haters, los que funan y donde existe un lado oscuro que daña. 

En ese sentido, Narayani afirma que no se debe juzgar a la víctima antes que, al agresor, y de hecho nunca se la debe juzgar, pero algunas veces la racionalidad humana no es racional y el común de la sociedad se expresa: “¿Cómo se dejó engañar?”, “¿Qué tonta, ¿cómo no se dio cuenta?”.

“Nunca va a ser culpa de las víctimas”, insiste la psicóloga, y complementa: “Porque encontramos que hay muchos factores que pueden llevar a una persona a caer en ese tipo de situaciones; hablamos de personas socialmente aisladas, que tal vez tienen pocos amigos, que de pronto no tienen la mejor relación con su familia, con baja autoestima, que están sufriendo bullying; son las con mayor vulnerabilidad”.

A lo que añade que los agresores detectan a estas personas vulnerables, que puedan generar mayor dependencia y les muestran una idea donde ellos son lo más importante, lo más especial y lo más deseado.

Dulce tiene 32 años. Es una mujer delgada de mediana estatura, de cabello largo y negro como el carbón, que luce a menudo cuando no está realizando sus prácticas hospitalarias. Nació en la ciudad de La Paz, siendo la cuarta de seis hermanos, de familia humilde; fue un reto salir adelante. Estudio comunicación social, pero en su madurez la pasión por la salud la llevó a estudiar enfermería, con el principal deseo de cuidar a su madre adulta mayor y velar por los enfermos, haciendo prevalecer también su formación cristiana, aplicando uno de los versículos del libro sagrado, “el servicio a los convalecientes es el servicio a Jesús”.

Tuvo una infancia de la que poco le gusta hablar, marcada por la violencia, el bullying y el menosprecio de aquellos que la debían educar; sobrellevó el fallecimiento de su padre a sus 18 años. Así Dulce evaluó su situación emocional y reconoció que le falta cariño hacia ella misma, que vive con inseguridad, lo que la llevó a buscar aprobación en otras personas.

Dulce había vuelto rutinarias sus visitas a la cárcel, todos los miércoles y viernes llevando comida, golosinas, frutas y todo aquello que pensaba le gustaría a su amado. Él le dijo que la detención preventiva duraría tres meses, y mientras el tiempo transcurría sin prisa, ellos compartían, reían, se tomaban fotografías, ella le escribía cartas y él le prometía una vida feliz.

—Mi amor, nos vamos a casar y nos iremos a vivir juntos.

—Sí, mi amor, te vas a cuidar.

En las visitas, él no perdía tiempo para pedirle intimidad; a lo que ella se negaba y la parrillada continuaba, porque sí, hacía fiestas, parrilladas donde se presumía los privilegios de los que gozaba estando encarcelado: celulares último modelo, laptops, televisión de pantalla plana, cocina eléctrica, en una pieza de dos por dos metros bien equipada, dejando en claro que tenía una posición de estatus dentro del penal.

¿Los privados de libertad pueden tener acceso a dispositivos móviles? La Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana prohíbe el uso de celulares dentro de los penales; sin embargo, otro es el cantar para la abogada y especialista en temas carcelarios, Luisa Chipana, quien afirma que, en Bolivia, “está prohibido, pero entre comillas, porque la gran mayoría de los reclusos tienen acceso a celulares y a internet; pueden crear perfiles en Facebook, Twitter, TikTok y demás. Entonces todo el tiempo están maquinando cómo conseguir algunos beneficios y seguir delinquiendo”.

La especialista afirmó que se debe incrementar la seguridad intracarcelaria para evitar el ingreso de dispositivos móviles y propone el uso de mecanismos como el paragua inhibidor de señal que bloquea el acceso a internet, pero considera que no será posible: “No olvidemos que existen grupos de poder que influyen para que no se implementen estos mecanismos”, advierte.

El exdirector de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, confirma esa advertencia: “Comprar paraguas inhibidores es económico, pero para implementar se requiere valor, coraje, enfrentar a las empresas telefónicas, a los internos organizados y a los policías que reciben recursos para no dejar hacer este tipo de acciones”.

Pero hubo un intento, los inhibidores de señal fueron implementados en el penal más grande de Bolivia, Palmasola, construido en unas vastas 22 hectáreas de la capital cruceña. Según el director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, cinco de estos aparatos se situaron en puntos específicos, pero los reclusos pudieron evadirlos y continuaron delinquiendo en la virtualidad, informó a los medios de comunicación a mediados de 2025.

Para el Director Nacional de Seguridad Penitenciaria, Rodolfo Machicado, en los últimos años la cantidad de funcionarios penitenciarios no ha tenido el mismo incremento en proporción al crecimiento de la población penitenciaria. Por lo tanto, el control para evitar el ingreso de celulares no es minucioso y reconoce que los reclusos utilizan las redes sociales para delinquir, y se contradice afirmando que son casos aislados; “por decir, en una gestión se dan 5 a 10 casos, que, haciendo una comparación con los 33 mil privados de libertad, no representa ni el 0,9%” y añade, “realizamos controles permanentes con requisas selectivas y se trabaja con información de los mismos reclusos para realizar operativos concretos”. 

La directora de Fundación Construir, Susana Saavedra, afirma que para que exista un cambio, debe existir una reforma completa del sistema penitenciario, “porque todo parte de la saturación en las cárceles, con 33 mil privados de libertad que representan un 200% de exceso en la capacidad carcelaria, con poco personal policial, presupuesto limitado, sin programas efectivos de reinserción, ni de seguridad o de acceso a derechos básicos”.

Es miércoles, 21 de mayo, Dulce apresurada se dirige al instituto donde estudia enfermería, pensando en las dos semanas que le faltan a su novio para salir del recinto penitenciario. En ese mismo instante, le aturde un presentimiento, una duda y la búsqueda de certeza de saber quién realmente es “el amor de su vida”. 

Una vez más está de visita y aprovecha para acercarse a un policía y preguntarle sobre el delito de su pareja. Quedo petrificada, decepcionada, y lloró toda la noche, rompiendo ilusiones que había construido.

Defensa propia, no, estaba en la cárcel por el delito de violación a una menor.

Dulce decidió visitar a su novio por última vez, el jueves 22 de mayo, y exigió la verdad; él lo confirmó y no solo eso, también le dijo que tenía una hija de 11 años y que nunca había estudiado la carrera de comunicación, que solo revisó su perfil de Facebook. "Yo he averiguado todo de vos", le dijo.

Tiempo después, Dulce analizó lo sucedido: “Jamás pensé que algo así me pasaría, creí que era un amor real; hoy pienso que su intención era captarme como su pareja y después haber tenido relaciones; solo Dios me cuidó de no caer”.

Para Luisa, ingresar a una cárcel conlleva ser un blanco fácil para caer en un sinfín de delitos y enfermedades venéreas. “Entrar a una cárcel donde la gente está tan deshumanizada es entrar en un mundo de terror”, enfatiza.

Las redes sociales son una herramienta que dependiendo de quién y cómo la utilice pueden hacer el bien o pueden dañar, en el caso de Dulce fue un arma mortal que disparo directo a su corazón, a sus emociones y si talvez el deseo de aquel cruel hombre encarcelado no se cumplió otras mujeres no corrieron con la misma suerte. Existen otros casos; por mencionar uno, a mediados de 2023, una joven fue contactada a través de Facebook, por un recluso que la invitó a su primera cita en la cárcel de San Sebastián Varones en Cochabamba. Ella ingresó a la celda número 121 y el recluso Roger Calderón la violó. El hecho quedo en una denuncia sin curso. 

Las denuncias de violencia digital enfrentan vacíos legales según la abogada Adriana Pérez: “No se cuentan con tipos penales específicos y para que tome curso se adapta el tipo penal” añade, “la falta de normativa, el precario acceso a la justicia, la falta de personal policial capacitado y recursos para afrontar el delito, siendo que las denuncias verbales no tienen validez y deben ser presentadas de forma escrita, lo que para la víctima demanda un costo mínimo de tres mil bolivianos por un abogado; a esto se suma la burocracia de las pericias informáticas a los dispositivos móviles que demoran al menos seis meses, lo que deriva en el desgaste de la víctima”, son falencias que dejan en el limbo los casos de violencia digital.

En ese contexto, para Adriana y los equipos de Fundación Internet Bolivia y SOS Digital ha sido un reto atender 350 casos de violencia digital en 2025.

Para la abogada el cambio partiría por “el fortalecimiento de recursos económicos y humanos a los SLIMs y defensorías municipales, porque son los primeros lugares donde las víctimas acuden a denunciar y, si no reciben una buena orientación, ya es difícil que continúen en el proceso de denuncia”, afirmó.

Víctor Frankl, en su libro, El hombre en busca del sentido, escribe que un hombre incluso en condiciones trágicas puede decidir quién quiere ser espiritual y mentalmente. Dulce es un ejemplo de ello. Desde aquella banca, mientras mira esos muros altos de apariencia antigua y notorio deterioro, ella, la Dulce comunicadora y enfermera, cortó su cabello como símbolo de sanación, de recuperación de aquello que la marco mental y emocionalmente, y sabe que lo que le sucedió le podría pasar a otras mujeres y quiere prevenir: “A las señoritas les recomiendo tener mucho cuidado con lo que publican en las redes sociales y no dejarse llevar por palabras bonitas, corroborar quién escribe, y lo principal, amarse a sí mismas”.

Él insistió:

—Te amo, vas a ser la mujer más feliz del mundo.

—Yo quiero volver contigo.

—Me he equivocado, pero no vuelvo a mentir.

Dulce lo bloquea. 

Fuente: Opinion