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jueves, 29 de octubre de 2026

La novela de un país contada a través de WhatsApp


Mañana no habrá pan. Leo la frase en la pantalla del móvil. Tiene la contundencia de una sentencia judicial. No necesita explicaciones ni signos de exclamación, ni siquiera emojis. En el grupo de WhatsApp de nuestro edificio, un inmueble de más de un centenar de apartamentos en Nuevo Vedado, las malas noticias llevan el formato de los telegramas antiguos. Cada mensaje es el capítulo de una novela cotidiana en la que no caben los adjetivos ni las florituras.

El administrador del grupo es el único narrador autorizado. Los demás solo leemos. La literatura de nuestra comunidad es un monólogo donde el argumento avanza entre noticias de roturas, escaseces y despedidas.

"Mañana habrá pan", veo una tarde cualquiera en el hilo de mensajería instantánea. De vez en cuando, el cronista también nos sorprende con un giro esperanzador. La panadería del mercado racionado de la calle Hidalgo tiene finalmente harina y la noticia adquiere la categoría de un gran acontecimiento. Durante unos segundos, me regodeo en tanta prosperidad inesperada, pero enseguida recuerdo el tamaño pequeño y el sabor agrio de ese pan y recorto las expectativas.

La siguiente entrega de esta saga digital puede llegar a cualquier hora. "Por una rotura, el servicio de gas manufacturado estará interrumpido". Detrás de esas palabras están las hornillas apagadas, el arroz que no llega a ablandarse y las cafeterías del barrio con sus pizzas sin salir del horno.

Nuestro novelista involuntario también domina el género apocalíptico. "Se produjo una desconexión total del Sistema Energético Nacional", informa al filo de cualquier mediodía. A veces la caída es parcial. Solo una parte del país ha quedado sin corriente y un suspiro de alivio recorre el edificio, como si la oscuridad admitiera grados y debiéramos consolarnos con que esta vez el desastre no fue completo.

Entre una interrupción y otra aparece, ocasionalmente, un mensaje distinto. Ha fallecido un vecino. El tono cambia, pero no la brevedad. Apenas un nombre y alguna información sobre el velorio. Así nos enteramos de que ha muerto alguien con quien compartimos ascensores, pasillos y quejas por la gotera que lleva décadas cayendo a la entrada del lobby.

Nunca borro el contenido de este peculiar chat. Me recuerda mucho a Las amistades peligrosas, aquella novela construida mediante cartas que revelan, entre confidencias y silencios, las verdaderas relaciones de una sociedad. Nuestro edificio también tiene su correspondencia, aunque aquí nadie busca seducir a nadie. Nuestros mensajes no descubren intrigas amorosas, sino los detalles de una nación que se descompone por entregas.

Algún día, cuando esta época sea materia de arqueólogos y de tesis doctorales, quizás alguien encuentre nuestro hilo de WhatsApp. Entonces no tendrá que leer discursos oficiales ni estadísticas interminables. Le bastará recorrer estas notificaciones para entender cómo un país se desmorona, mientras sus habitantes reciben, día tras día, el aviso de una nueva pérdida.

Fuente: 14 y Medio

sábado, 15 de agosto de 2026

Anna Bensi: el objetivo del juicio es intimidar a todo el que alce la voz en Cuba


La influencer y activista Anna Sofía Benítez, conocida como Anna Bensi, comenzó publicando en redes sociales como una creadora de contenido más, con videos de humor, música y situaciones de su vida cotidiana. Pero, a medida que empezó a utilizar esas mismas plataformas para contar lo que ocurría a su alrededor y denunciar problemas y abusos que vivía en Cuba, comenzó también la presión de la Seguridad del Estado. A cada episodio de vigilancia, interrogatorios, restricciones o cortes de internet, Bensi respondió haciendo lo mismo que había empezado a hacer en redes: contarlo públicamente y denunciarlo. Esa escalada represiva, recuerda en entrevista con 14ymedio, terminó alcanzando también a su madre.

Ahora ambas deberán enfrentarse a un proceso penal por la difusión de un video grabado en la entrada de su vivienda el pasado marzo. La causa había sido archivada en abril, pero fue reabierta meses después a raíz de la querella presentada por un policía que asegura haberse sentido ofendido. En conversación con este diario, entrecortadamente, a través de audios, Bensi habla desde La Habana del juicio, de la represión que ha sufrido desde que comenzó a alzar la voz y de su decisión de seguir denunciando: “No me van a callar”.

Pregunta. El caso contra usted y su madre había sido archivado en abril y ahora el tribunal ha confirmado que serán llevadas a juicio. ¿Cómo recibió la noticia?

Respuesta. El lunes 6 de julio se presentaron en mi casa dos personas de parte del tribunal para comunicarnos a mi mamá y a mí que iban a iniciar un proceso penal por el mismo cargo que ya habían archivado en abril. Nuestro abogado presentó una petición de inadmisibilidad de la querella del policía que se sintió ofendido por la publicación que hice en marzo.

Pero como sabemos cómo funcionan las cosas aquí en Cuba, ese trámite fue prácticamente para ganar tiempo, porque el tribunal se rige siempre por lo que ordene la Seguridad del Estado. Obviamente, no iban a rechazar la querella. Finalmente, el tribunal decidió denegar la petición de nuestro abogado y seguir adelante con el proceso para llevarnos a juicio.

P. ¿Qué explicación les han dado para reabrir una causa que había sido archivada?

R. Supuestamente, en abril archivaron el caso porque el policía que se considera ofendido no tenía un abogado que lo representara y ahora sí lo tiene. Esa es la explicación que ellos dan.

Pero la explicación real es que esto era algo que ellos tenían ahí y que podían sacar en cualquier momento. Mi mamá y yo obviamente lo sabíamos. Hasta ahora lo único que sabemos es que sí nos van a llevar a juicio, pero todavía no hay fecha oficial.

P. La acusación está relacionada con el artículo 393 del Código Penal cubano, que contempla los “actos contra la intimidad personal y familiar, la propia imagen y voz, identidad de otra persona y sus datos”. Aquel 10 de marzo decidieron grabar la llegada del agente y publicar las imágenes como una medida de protección. Si hoy pudieran volver a ese momento, ¿volverían a sacar el teléfono para grabarlo?

R. Claro que sí, yo volvería a hacer todo igual. No me arrepiento de nada en absoluto porque no he cometido ningún delito. Mi declaración sigue siendo la misma. Yo subí el vídeo a redes sociales para la seguridad mía y de mi mamá. Sinceramente, como esos policías se presentaron en mi puerta, no parecían policías, parecían delincuentes.

Cuando tenemos un discurso contrario al que le gusta a la dictadura, los cubanos carecemos del favor y de la buena obra de las autoridades. Por eso yo tenía que exponer toda la represión que uno sufre. Además, jamás se dijo el motivo inicial de la situación que esos policías trajeron.

La realidad es que simplemente subí el vídeo a redes sociales para dejar constancia de lo que había sucedido en ese momento. Y si el policía se sintió ofendido por los comentarios y publicaciones que pudieron hacer otras personas, ya no es mi problema. 

Yo nunca me referí a él específicamente en el vídeo ni incité a nadie a hacerlo. En mis manos no está la responsabilidad sobre lo que la gente pueda decir al respecto.

P. ¿Cómo está viviendo su madre todo este proceso? ¿Ha cambiado la relación entre ustedes o la manera de afrontar la presión de las autoridades?

R. Mi mamá es una valiente. Ella me ha apoyado en todo momento desde el principio. Me imagino que, como madre, tendrá su preocupación con todo este proceso, pero está confiada también en que saldremos de todo esto lo mejor posible, con la ayuda de Dios. Ella está firme, al igual que yo.

P. Desde marzo ambas están sometidas a medidas que limitan su movilidad. ¿Cómo es su vida cotidiana ahora?

R. La verdad es que nunca hemos sido de salir mucho a la calle, pero no es lo mismo quedarse en casa por gusto de nosotras a tener que limitarnos por una orden, y menos aún si esa orden es injusta.

Tratamos de que toda esta situación no nos afecte demasiado, pero siempre tenemos en cuenta la vigilancia hacia nosotras por parte de la Seguridad del Estado en cada movimiento que damos.

Yo no he podido trabajar más desde que la Seguridad del Estado propició mi desempleo en mi antiguo trabajo [en un salón de belleza de gestión privada]. Gracias a Dios, mi hermana [residente en Estados Unidos] nos ayuda con los gastos de la casa.

Pero es vivir constantemente con cortes de internet, sabiendo que tenemos los móviles intervenidos, que escuchan las llamadas y leen los mensajes. Muchas veces nos quedamos completamente incomunicadas.

Tenemos vigilancia en la casa, sobre todo cuando hay fechas que a ellos no les gustan, cuando son fechas que la dictadura no quiere. Hacen llamadas al teléfono fijo de la casa. A veces se quedan sin hablar y solo se escucha la respiración. Otras veces se identifican como Seguridad del Estado y pueden llamar a cualquier hora.

Todo esto es para desestabilizarnos a mi mamá y a mí y mandar un mensaje de presión, para hacer saber que ellos tienen el control.

P. ¿Qué es lo que más le preocupa del juicio? ¿Una eventual condena, las consecuencias para su libertad o lo que pueda ocurrir durante y después del proceso?

R. Obviamente nos preocupa lo que pueda resultar del juicio porque no hay nada claro. Sabemos que todo lo que se está haciendo tiene segundas intenciones. Es un proceso injusto en el que van a buscar todas las vías para que sea más injusto todavía.

Se nos está juzgando realmente por nuestra manera de pensar y no por el supuesto delito que ellos dicen. Pero no sabemos qué va a pasar ese día.

P. ¿Qué cree que pretende conseguir el régimen cubano llevando este caso hasta los tribunales? ¿Cree que quieren hacerle callar?

R. Desde septiembre del año pasado comencé a alzar la voz aquí en Cuba, y ahora estoy más firme; en ningún momento he pensado en callarme porque no he hecho nada mal. Simplemente lo que he hecho ha sido expresarme.

Lo que pasa es que a la dictadura cubana no le convienen mis convicciones, pero eso no va a pararme. Aquí en Cuba todos sabemos que no hay separación de poderes. El tribunal responde a lo que a la dictadura le convenga. Los tribunales son un brazo más del órgano represivo de la dictadura y obviamente estoy cien por cien segura de que todo esto es una estrategia más para intimidar a todo el que alce la voz, en este caso a mi mamá y a mí.

Ellos tienen un objetivo marcado porque mi voz ya les molesta, les hace ruido, y lo han dejado bien claro en los interrogatorios a los que me han sometido. Como eso no les ha funcionado, van subiendo de nivel la represión, a ver hasta cuándo uno cede y ellos consiguen lo que quieren. En este caso, callarme.

P. ¿Qué importancia tiene para usted que otros gobiernos y organizaciones estén siguiendo lo que les ocurre?

R. Yo sinceramente estoy súper agradecida con todo aquel medio de comunicación que quiera darle visibilidad a mi caso y al de mi mamá. Así se da a conocer cómo actúa la dictadura.

Es bastante importante que ellos sientan la presión de la prensa internacional cuando saben que lo que están cometiendo es una injusticia. Y no solo lo digo por mí, sino también por todos los casos de personas que sufren represión en Cuba por alzar la voz, y más aún por los presos políticos.

P. ¿Qué le diría a un joven cubano que esté pensando en empezar a denunciar públicamente lo que ocurre en el país y que ahora vea su caso y tenga miedo?

R. Desde que empecé todo este proceso, a todas las personas que se me acercan y dicen que quieren alzar la voz y decir lo que piensan libremente, yo les doy mi apoyo, pero también hay que aconsejarlos.

Yo les digo que pongan las cartas sobre la mesa y vean todo lo que pueden perder por ser fieles a sus convicciones. Si esa persona está dispuesta, pues adelante, que lo haga.

Y también les digo que lo hagan bien, con sabiduría, con estrategia y que siempre hablen desde el respeto. Digo con estrategia porque sabemos que debemos ser cuidadosos. Cuando se alza la voz en Cuba, es como estar en una cuerda floja y abajo te esperan cien cocodrilos babeando, esperando el más mínimo fallo de equilibrio para comerte y no dejar restos de ningún tipo.

Y otra cosa que siempre digo es que, si lo van a hacer, que lo hagan sin esperar nada a cambio.

Fuente: 14 y medio

jueves, 14 de mayo de 2026

Reportan corte de Internet en La Habana durante las protestas


El régimen castrista ejecutó nuevamente un corte de Internet en La Habana en medio de las protestas que sacuden a una dictadura que se ve cada vez más débil, la cual ya no encuentra otra salida que el silencio forzado y la represión digital.

Esta maniobra de censura ocurrió durante la madrugada de este jueves, mientras miles de habaneros desafiaban el miedo para gritar su miseria en las calles.

Al apagar los servidores y desconectar a la población del mundo exterior, la tiranía busca ocultar la magnitud del descontento popular y frenar el efecto contagio que las redes sociales suelen potenciar en momentos de alta tensión.

El silencio impuesto por la dictadura ante el caos social

Los reportes que confirmaron este cobarde corte de Internet en La Habana llegaron a través de periodistas y activistas que mantienen el pulso de la realidad cubana. Mag Jorge Castro fue uno de los primeros en alertar sobre la situación desde su cuenta en X, donde sentenció: “El régimen apaga las comunicaciones en medio de las protestas en la capital”.

De igual forma, el comunicador Mario J. Pentón utilizó sus plataformas para difundir la gravedad de este apagón digital masivo que dejó a millones de ciudadanos en la oscuridad informativa mientras la policía  política desplegaba sus operativos de control.

La estrategia del castrismo es tan predecible como criminal. Cada vez que el pueblo pierde la paciencia ante el hambre y la falta de servicios básicos, la respuesta institucional es el aislamiento absoluto. Este reciente corte de Internet en La Habana responde directamente a una oleada de manifestaciones que estallaron en múltiples municipios de la capital entre el 12 y el 13 de mayo.

Los vecinos de Luyanó, por ejemplo, decidieron bloquear la Calzada de Concha en un cacerolazo, mientras que en el reparto Bahía la consigna de abajo la dictadura retumbó contra las paredes.

Represión en las calles y corte de Internet en La Habana

En San Miguel del Padrón, la furia contenida de décadas se concentró frente a la sede municipal del castrismo, donde los manifestantes exigieron corriente y comida.

Mientras tanto, en Nuevo Vedado, el cansancio acumulado tras 24 horas sin electricidad sacó a los residentes a las calles. La dictadura, consciente de que estas imágenes recorrían el planeta en tiempo real, decidió que el corte de Internet en La Habana era la única vía para evitar que el descontento se transformara en un levantamiento nacional incontenible.

La violencia no se limitó al entorno digital, pues se registraron escenas de brutalidad policial en el municipio Playa, donde las fuerzas represivas golpearon a manifestantes desarmados.

Gracias a que algunos videos lograron filtrarse antes de que se consolidara el corte de Internet en La Habana, el mundo pudo observar cómo los esbirros del régimen arremeten contra el pueblo que juraron proteger. El colapso es total: no hay comida, no hay luz y, por orden de la cúpula, tampoco hay derecho a la información ni a la libre expresión en ningún rincón de la isla.

La crisis energética como detonante del colapso

Este patrón de censura no es una anomalía, sino una decisión criminal consolidada por el monopolio estatal ETECSA. La empresa, que funciona como un brazo más la cúpula castrista, facilita estos bloqueos centralizados de manera inmediata.

Ya lo hicieron durante el histórico 11 de julio de 2021 y nuevamente en 2022 tras el paso del huracán Ian. En marzo de 2026, cuando el SEN colapsó por completo, organizaciones internacionales detectaron una reducción drástica del tráfico de datos. El corte de Internet en La Habana de esta ocasión es simplemente otro capítulo de una larga historia de violaciones a los derechos humanos.

Un régimen que teme a la verdad

La tiranía sabe que su fin se acerca y que la conectividad es su peor enemiga en la era de la información. Al imponer un corte de Internet en La Habana, intentan ganar un tiempo que ya no tienen, pero la realidad de los estómagos vacíos y las casas a oscuras no se soluciona bloqueando Facebook o WhatsApp.

El pueblo cubano ya identificó al culpable de su desgracia, y ni mil cortes podrán detener el grito de libertad que hoy recorre cada hogar y cada avenida de la capital. La dictadura está sola, desnuda en su ineficiencia y cada vez más cercada por la verdad que intenta amordazar con cables cortados.

Fuente: Cubanos por el Mundo

lunes, 6 de abril de 2026

Starlink en Cuba: la antena prohibida que desafía al monopolio de Etecsa


En algunas azoteas de La Habana, Matanzas o Santa Clara ya no solo sobresalen tanques de agua, tendederas, palomares y viejas antenas de televisión. Ahora empieza a asomarse, o más bien a ocultarse, otro objeto: el plato rectangular de Starlink. En un país donde internet sigue siendo caro, inestable y vulnerable a los apagones, algunos cubanos han decidido saltarse la prohibición y montar su propia salida al mundo.

La operación empieza mucho antes de encender el equipo. El primer obstáculo es la Aduana. Marlon –nombre ficticio– cuenta a 14ymedio algunos de los trucos que se usan para burlar los controles. “Una antena armada salta enseguida en el escáner”, explica. “Hay que volverla irreconocible: desmontarla en piezas, meterla dentro de un televisor o una torre de computadora, mezclarla con cables, herramientas y chatarra electrónica”. A veces funciona. Otras, la diferencia entre perderlo todo o salir del aeropuerto depende de encontrar a un oficial dispuesto a mirar hacia otro lado a cambio de dos o tres billetes de 20 dólares doblados dentro del pasaporte.

Una vez dentro del país, la antena se arma en silencio. Luego hay que instalarla en un punto con suficiente cielo despejado, pero sin quedar demasiado expuesta a la vista desde la calle o desde la casa del vecino. Después se conecta a una batería de respaldo (UPS) o un pequeño sistema solar para resistir los apagones. 

Damian, un programador matancero que trabaja para clientes en el extranjero, justifica la apuesta. “Con Etecsa yo no podía sostener una reunión completa. Se caía todo. Ahora pago la suscripción con ayuda de mi hermano en Miami. Es caro, sí, pero me deja trabajar”. Como él, otros profesionales han llegado a la misma conclusión: una conexión estable ya no es un lujo tecnológico, sino una condición de supervivencia laboral.

El detonante más visible llegó el 16 de marzo de 2026, cuando Elon Musk escribió en X una frase que confirmó lo que ya circulaba como rumor clandestino entre usuarios de la Isla: “Funciona en Cuba, simplemente no se puede vender allí”. La declaración no cambió la situación legal, pero sí despejó la principal duda técnica. La cobertura existe. Lo que no existe es la autorización del Estado cubano para comercializar el servicio o tolerar su uso abierto.

Ahí empieza el verdadero ingenio cubano. Porque la señal sobre Cuba no basta por sí sola. Los teléfonos móviles comunes no están diseñados para enlazarse directamente con los satélites de Starlink como sustituto pleno de una red fija o móvil. Para eso hace falta el terminal específico de la empresa y un router que distribuya la conexión. La opción de conexión directa entre satélite y celular sigue siendo limitada y no ofrece, por ahora, la capacidad que necesita quien pretende sostener una jornada de teletrabajo, una videollamada estable o un negocio conectado a internet.

Uno de los trucos más usados consiste en registrar el servicio fuera de Cuba. Como Starlink no vende oficialmente en la Isla, muchos usuarios dependen de cuentas activadas en terceros países, como México o Estados Unidos. El equipo entra ya asociado a un plan de itinerancia y se usa en territorio cubano aprovechando esa vía. No es una solución estable ni garantizada a largo plazo, porque depende de las reglas del propio servicio y de los mercados autorizados, pero hoy sostiene buena parte de las instalaciones clandestinas.

El segundo truco es el camuflaje. La antena necesita ver el cielo, pero no debe llamar la atención del barrio. Algunos la esconden dentro de falsas cajas de aire acondicionado. Otros la colocan detrás de muros o la pintan de gris cemento para confundirla con la azotea. También hay quien la mete dentro de estructuras plásticas recortadas, con materiales que no bloqueen la señal, para que desde abajo parezca otra cosa.

El tercer truco tiene que ver con la electricidad. El fracaso de la conectividad cubana no se explica solo por el monopolio de Etecsa, sino también por el colapso energético. De poco sirve una línea fija cuando un barrio puede pasar horas, o más de un día, sin corriente. Por eso muchos usuarios conectan la antena y el router a baterías de litio, UPS o pequeños sistemas solares. Si el Estado no garantiza ni la luz ni internet, quien puede permitírselo intenta independizarse de ambos al mismo tiempo.

En términos de costo, Starlink está muy lejos del bolsillo medio cubano. Mientras en Estados Unidos o México un kit estándar puede costar entre 300 y 450 dólares, en la Isla ese mismo equipo se dispara en el mercado negro hasta los 1.300 o 1.800 dólares, una diferencia que no responde a mejoras técnicas, sino al riesgo de importación, el camuflaje, los sobornos y la posibilidad de decomiso. A eso se suma la mensualidad: los planes de itinerancia o roaming, que son los que permiten usar el servicio en un país donde no se vende oficialmente, rondan entre 90 y 120 dólares mensuales, aunque en Cuba muchos terminan pagando alrededor de 150 a revendedores que gestionan la cuenta desde el exterior. En la práctica, no se paga solo por internet, sino por toda la cadena de ilegalidad y dependencia financiera que hace posible encender la antena.

Alrededor de esta tecnología prohibida ya ha nacido un pequeño ecosistema económico. Están los que la usan para sostener un negocio privado, los que dependen de ella para programar o diseñar a distancia y los que la revenden. Un solo equipo puede alimentar una pequeña red vecinal y convertir a su dueño en proveedor informal de wifi. Como antes se compartía la señal de las antenas para ver canales extranjeros, ahora empieza a compartirse también la de Starlink. Es, en la práctica, una mipyme invisible.

Esa proliferación explica el nerviosismo de las autoridades. El Gobierno puede decomisar antenas, endurecer inspecciones y presentar estos equipos como tecnología de contrabando, pero no ha logrado borrar la demanda. Cada plato escondido en una azotea confirma el fracaso de un monopolio incapaz de ofrecer una conexión suficiente, estable y compatible con la vida económica contemporánea.

Starlink no va a democratizar Cuba por sí solo. Sigue siendo caro, clandestino y minoritario. Depende, casi siempre, de dinero enviado desde el exterior y de una cadena de ilegalidades que lo pone fuera del alcance de la mayoría. Pero cada antena deja una evidencia difícil de ocultar: la demanda de conexión ya desbordó la capacidad de control del Estado.

Fuente: 14 y medio

miércoles, 21 de enero de 2026

Cuba opera un sistema de vigilancia digital contra el disenso, denuncia Prisoners Defenders


Cuba ha consolidado un sistema de vigilancia digital diseñado para “neutralizar el disenso” basado en leyes “punitivas”, programas espía (spyware) y otros medios de intrusión tecnológica, según reveló el Primer Informe Integral sobre la Vigilancia Digital en Cuba de la organización Prisoners Defenders.

En el documento, basado en 200 testimonios de víctimas dentro y fuera del país, la ONG acusa al Gobierno cubano de operar bajo una lógica de "Big Brother" –por el personaje todopoderoso de la novela de George Orwell 1984– con el fin de desarticular “redes sociales, cívicas y políticas independientes, como forma de sometimiento”.

Durante la presentación del informe, realizada este martes de forma telemática, el presidente de Prisoners Defenders, Javier Larrondo, lamentó el nivel de "autocensura" que ha provocado el sistema de cibervigilancia en la Isla.

"Es tremendo el nivel de autocensura, de terror en la población por publicar en redes o incluso hablar por WhatsApp"

En el informe se destaca que el 46,5% de los encuestados afirmó que sufrió la intervención directa de sus comunicaciones en aplicaciones de mensajería, como WhatsApp, y que el contenido de sus conversaciones fue mencionado por la policía durante interrogatorios o detenciones sin órdenes judiciales.

"No es un fenómeno técnico coyuntural, sino un componente central de un modelo de control político", subraya el texto.

En esa línea, el informe documenta que prácticamente todos los encuestados (98,5 %) han sufrido “sanciones o amenazas” por el contenido de sus conversaciones digitales o publicaciones.

Entre los 200 testimonios destaca la presencia de activistas (51%), familiares de presos políticos (33,5%) y periodistas independientes (15%).

La investigación de la oenegé identificó 10 patrones de vigilancia, entre ellos el “ciberpatrullaje” (observación sistemática de publicaciones y comunicaciones), los cortes selectivos de internet y la "intrusión digital coercitiva".

Esta última práctica consiste en obligar a las víctimas a desbloquear sus teléfonos sin orden judicial, una acción que afectó al 65,5% de la muestra.

Una vez obtenido el acceso, de acuerdo con el informe, las autoridades no solo revisan la información. sino que intervienen sus comunicaciones privadas en aplicaciones de mensajería (reportado por el 46,50% de los declarantes).

Tras la intrusión, es común que las víctimas detecten sesiones abiertas desde ubicaciones desconocidas (49,5%).

Otro elemento destacado en el texto es el bloqueo del acceso al internet, un fenómeno que le ha ocurrido al 77,5% de los consultados. En su mayoría, estos cortes ha coincidido con eventos como protestas o fechas simbólicas, como el aniversario de las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021.

"Estas prácticas eliminan cualquier expectativa razonable de privacidad. Este patrón demuestra que en Cuba las comunicaciones privadas no están protegidas. La vigilancia opera sin controles, sin autorización judicial y sin límites claros, vulnerando directamente el derecho a la privacidad, la intimidad y la libertad expresión", criticó Caren Herrera, directora jurídica de la organización.

Por otro lado, la ONG también cargó contra la "instrumentalización de la ley", al señalar normas como el Decreto-Ley 370 y el nuevo Código Penal. Estas leyes, afirmó, permiten imponer multas elevadas y decomisar equipos por difundir información contraria al "interés social", un término que la organización califica de "vago y discrecional".

Fuente: 14 y medio

miércoles, 17 de septiembre de 2025

Por grabar la cola del gas, un santiaguero es condenado a cuatro años y medio de prisión


Cuatro años y seis meses de prisión recibió en Santiago de Cuba Julio César Duque de Estrada Ferrer, de 56 años, por los delitos de “desobediencia” y “atentado”. El caso lo dio a conocer este martes el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (Ocdh), que denuncia que “todo el proceso judicial ha estado lleno de violaciones a los derechos humanos”. 

Se trata del padre del también preso político Dairon Duque de Estrada Aguilera, condenado también a cuatro años y medio de cárcel por los delitos de “propagación de epidemias” y “atentado” tras participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021. El pasado 2 de septiembre, el mismo Ocdh lanzó un llamado en sus redes sociales por la “grave situación” de ambos en la Isla.

Dairon, informaban, “atraviesa una situación alarmante: ha sido aislado en prisión por síntomas de tuberculosis y golpeado brutalmente por la policía penitenciaria”, y su padre “ha iniciado una huelga de protesta desde prisión para reclamar un trato digno para su hijo”.

La organización, que tuvo acceso a la sentencia contra Julio César –firmada el pasado 18 de agosto– demuestra que esta “es una farsa, aunque a la vez deja al descubierto la actuación ilegal y desproporcionada del agente de la policía política que atacó a Duque de Estrada Ferrer”. Así, destaca del relato de los “hechos probados” que la detención del hombre, el 5 de septiembre del año pasado, ocurriera por filmar una aglomeración para comprar gas licuado en un barrio santiaguero.

Esas “acciones”, recoge el documento jurídico, “fueron advertidas por el oficial operativo de la contrainteligencia Mario Raciel Soulary Garcés, quien en cumplimiento de sus atribuciones laborales se identificó ante este como militar, lo requirió para que dejara de grabar y para que guardara el teléfono celular, ante lo cual el enjuiciado, si bien no guardó el teléfono, cambió la posición en la que lo tenía”.

Al pedirle el oficial que le entregara el carné de identidad, Duque de Estrada se negó, “a la vez que comenzó a proferir palabras obscenas y generar una alteración del orden para eludir la entrega del carné solicitado”. La sentencia llama a esto “comportamiento desajustado”, por el cual el agente lo obligó a acompañarlo “hasta el mercado industrial enclavado en la zona y ante la negativa de este para trasladarse, lo tomó por la zona del antebrazo y lo trasladó hacia el interior del mercado referido”.

El Ocdh niega que sea verdad lo que indica la sentencia, esto es, que Duque de Estrada acabara propinándole “un fuerte golpe en el rostro con el empleo de sus manos” al agente de la Seguridad del Estado, momento en que se da entre ellos “un forcejeo en medio del cual el acusado proyectó su teléfono celular contra el suelo, acción que conllevó al militar aplicarle una técnica combativa de neutralización en medio de la cual el enjuiciado cayó al suelo, posición en la que el oficial le llevó ambos brazos hacia la espalda y en la que el encausado comenzó a realizar bruscos movimientos con sus brazos hacia los lados para impedir que lo neutralizaran, logrando así soltarse del agarre que le había efectuado el oficial”. 

Para la organización, con sede en Madrid, se trata de una “manipulación” en la narración que presenta al “combatiente represor” como víctima, “cuando en realidad fue este quien agarró violentamente a Duque de Estrada y le arrebató el teléfono”.

Asimismo, cuestiona la actitud del agente Soulary Garcés, quien se identifica “como militar”. Según los estándares internacionales, asevera el Observatorio, “las fuerzas militares no deben ser utilizadas para tareas de seguridad pública que corresponden a la policía civil, a menos que existan circunstancias excepcionales y claramente definidas, como la seguridad nacional, y siempre bajo estricto control civil”. Y sentencia a continuación: “Filmar una fila para comprar gas licuado no califica como una amenaza a la seguridad nacional”.

Haberlo requerido “para que dejara de grabar y para que guardara el teléfono celular”, prosigue el Ocdh, “restringe directamente la libertad de expresión y de información, un derecho fundamental consagrado en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Cuba es firmante”. El oficial, señalan, además, “no presenta una base legal válida para detener al ciudadano y exigir su identificación”.

Tampoco una supuesta negativa de Duque de Estrada a entregar su carné o proferir “palabras obscenas” justificarían el uso de la fuerza, dice la ONG. “Esto constituye una detención arbitraria y un uso desproporcionado de la fuerza”.

En resumen, el Ocdh acredita que la actuación del agente de la Seguridad del Estado “no se ajusta a los estándares internacionales de derechos humanos”, y recuerda que “antiguas sentencias del poco garantista Tribunal Supremo han recogido en recurso de casación que procede absolver a los acusados de delitos contra la administración y jurisdicción cuando: la reacción del imputado es consecuencia directa del mal obrar, abusivo, violento y/o ilegal de quien debe gestionar con legalidad y el mayor acierto posible las funciones de la administraciòn que representa”.

Imagen: Observatorio de Derechos Económicos

Fuente: 14 y medio

domingo, 8 de junio de 2025

Carta abierta: No a la represión contra universitarios cubanos


Cuba vive una situación catastrófica tras 66 años de represión gubernamental, extorsión y exilio. Hoy, una vez más, lejos de aliviar la desesperada situación en que se encuentra el pueblo cubano al carecer de los derechos y servicios más básicos, el régimen de la isla ha incrementado de forma desproporcionada las tarifas telefónicas que controla el monopolio estatal Etecsa, que a partir de ahora deberán ser abonadas en dólares estadounidenses. No se trata tan solo de un tarifazo o súbito encarecimiento de las comunicaciones, sino de la delegación del pago de un servicio público nacional a un exilio que, además, provee lo necesario para cubrir las necesidades básicas de medicina y alimentos a muchos residentes en la isla. Una medida, además, que dejará incomunicados a quienes no cuenten con un familiar en el exterior que pueda pagar las nuevas tarifas.

Por primera vez en décadas, el estudiantado cubano, honrando viejas tradiciones republicanas de participación en los asuntos políticos y sociales, ha alzado su voz ante el atropello, llamando incluso a un paro nacional universitario. Ello lo ha convertido en objetivo de la maquinaria represiva del régimen, que ya ha puesto en marcha una campaña de manipulación informativa, lo que hace esperar que se desate contra ellos una persecución similar a la que se empleó contra las protestas de julio del 2021 por la cual todavía centenares de personas guardan prisión.

Los firmantes de esta carta, académicos e intelectuales de todo el mundo, queremos hacer público nuestro apoyo y solidaridad con el estudiantado de la isla, y hacer un llamado a la comunidad internacional a defender a los estudiantes y profesores de las represalias que están sufriendo por hacer públicos sus reclamos.

(Cientos de firmas)

Fuente: Change.org

lunes, 24 de marzo de 2025

Registran casi dos violaciones diarias a las libertades de prensa y expresión en Cuba


El régimen de Miguel Díaz-Canel perpetró más de medio centenar de violaciones a los derechos fundamentales en Cuba, en el mes de enero, contra activistas, presos políticos y ciudadanos sin afiliación a grupos opositores, denunció el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).

“El 2025 comenzó como terminó el 2024: con mucho miedo de la dictadura cubana a la verdad. Ese miedo lo vimos reflejado en las 58 violaciones a la libertad de expresión y de prensa que cometió, impunemente, durante enero”, indicó a Martí Noticias Normando Hernández, director ejecutivo de la organización.

La entidad, con sede principal en Miami, detalló en su informe mensual que 47 de las transgresiones cometidas por las fuerzas represivas están relacionadas con la libertad de expresión y 11 con la libertad de prensa.

Asimismo, documentó los métodos represivos más frecuentemente usados como son las amenazas y agresiones, tanto físicas como psicológicas, las detenciones arbitrarias y reclusiones, las restricciones en el espacio digital y los abusos del poder estatal.

Entre las víctimas, 27 son hombres y 10 mujeres. Las provincias con mayor incidencia de estos hechos fueron La Habana, Villa Clara, Guantánamo, Mayabeque y Las Tunas, apunta el ICLEP.

La organización, con seis sucursales en Cuba, destaca que los periodistas son de las principales víctimas del acoso de la Seguridad del Estado y subraya la acusación de “usurpación de capacidad legal” al reportero guantanamero Niober García Fournier, quien tiene vigente una prohibición de salida del país desde 2015.

También resalta dos casos de abuso de poder que adquirieron relevancia en enero, los del desamparado Wilber García Mora y el conductor de bicitaxi Edgardo Raúl Manso, que fueron multados como represalia por colaborar con la prensa independiente.

“Pero lo más duro fueron las condenas a los jóvenes Félix Daniel Pérez Ruiz y Cristhian de Jesús Peña Aguilera, a 5 y 4 años de cárcel, respectivamente, por sus publicaciones en redes sociales, que el régimen cubano, por supuesto, calificó como ‘propaganda contra el orden constitucional’, precisó el director de la ONG.

Respecto a las excarcelaciones de presos políticos en enero, ICLEP afirma que se convirtieron en un nuevo mecanismo de control y represión.

El informe recuerda que la represión a la libertad de expresión y de prensa en Cuba es sistemática y estructural y asegura que “los derechos conexos más vulnerados durante enero fueron el derecho a la libertad, la integridad y seguridad personal, la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, y el derecho a una reparación efectiva”.

Fuente: Marti Noticias

miércoles, 8 de enero de 2025

En 2024 se produjeron al menos 10 acciones represivas cada 24 horas contra la población civil en Cuba


El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) reveló este martes que, en 2024, se produjeron en Cuba al menos 10 acciones represivas cada 24 horas contra la población civil.

El año que acaba de finalizar se saldó con al menos 3.921 acciones represivas contra la población, entre ellas 949 retenciones en viviendas, 818 detenciones arbitrarias y 786 abusos contra presos políticos, indicó el observatorio en su más reciente informe.

Al mismo tiempo, documentó que las provincias más afectadas fueron La Habana, Matanzas, Camagüey y Villa Clara. Asimismo, 2024 cerró con 952 presos políticos.

“El régimen cubano sigue exhibiendo el peor historial represivo del hemisferio occidental”, denunció la ONG; al tiempo que acotó: “Es un abuso permanente contra los activistas y periodistas independientes, pero también contra cualquier ciudadano que critique la situación actual de empobrecimiento y de falta de libertad. De hecho, la mayoría de los prisioneros de conciencia no pertenecen a organizaciones opositoras”.

“Aprovechamos para alertar una vez más que la situación de muchos presos políticos es grave. Ha sido un año terrible para el presidio político. Tres fallecidos, el último fue Manuel de Jesús Guillén, un joven de 29 años. Su familia denunció que había sido producto de una golpiza por parte del personal penitenciario”, recordó el observatorio en su reporte.

Luego sostuvo que “la situación es crítica desde el punto de vista humanitario, hay un número considerable de presos con la salud deteriorada, incluyendo mujeres con problemas ginecológicos y varios jóvenes que han intentado suicidarse”.

Por último, enfatizó en que estos datos son “provisionales” ya que se tratan de un subregistro, por lo que las cifras pueden ser incluso mayores. “En Cuba hay muchos abusos por motivos políticos que quedan fuera del radar de nuestros observadores y de otras organizaciones”, concluyó.

Más de 8.400 protestas en 2024

El año pasado cerró con un incremento significativo en las protestas y denuncias en Cuba. Según el Observatorio Cubano de Conflictos (OCC), se registraron 8.443 manifestaciones y declaraciones públicas, un aumento del 31% respecto a las 5.749 de 2023.

Este crecimiento refleja el descontento de una población que, como describió el informe del OCC, se siente rehén de una élite de poder “egoísta, ineficiente, soberbia y despiadada”.

La madre del mencionado Guillén Esplugas, joven manifestante del 11J (las masivas protestas del 11 de julio de 2021) muerto bajo custodia en diciembre, desmintió la versión oficial de que su hijo se suicidó, asegurando que fue víctima de una brutal golpiza, tal como señaló el informe del OCDH.

“Lo mataron a golpes, lo torturaron. Fue una muerte horrible”, declaró Diana María Esplugas.

Su testimonio pone de manifiesto la severidad de la represión en un año marcado por la crisis multisistémica de la isla.

Un diciembre cargado de tensiones

En otro orden, el OCC contabilizó 760 protestas en el último mes de 2024, un leve descenso del 4% respecto a las 792 de noviembre. Pese a ello, diciembre mantuvo una fuerte tendencia contestataria, destacando 149 manifestaciones consideradas desafíos directos al Estado policial. Estas se expresaron principalmente en redes sociales, en contraste con las protestas físicas predominantes durante los apagones de noviembre.

La académica disidente Alina Bárbara López resumió el sentir general. “Nada va a mejorar en Cuba sin cambiar un gobierno y un sistema que solo saben construir hoteles para que nadie vaya y mantener las cárceles llenas”, expresó.

Alimentación, inflación y servicios públicos

La crisis alimentaria e inflacionaria fue el segundo tema más recurrente con 129 denuncias. Factores como la campaña gubernamental contra el sector privado, que redujo la oferta de alimentos, y el anuncio de la eliminación de los subsidios a la canasta básica, agravaron el descontento.

En el ámbito de los servicios públicos, se registraron 122 manifestaciones relacionadas con los apagones, que alcanzaron cortes de hasta 24 horas. Este fue el tercer colapso total del sistema eléctrico en 2024, afectando actividades esenciales como la cocción de alimentos y el cuidado de enfermos.

Fuente: Infobae

lunes, 2 de diciembre de 2024

Fallece el preso político Manuel de Jesús Guillén Esplugas, presuntamente a causa de una golpiza propinada por carceleros


El preso político cubano Manuel de Jesús Guillén Esplugas, manifestante del 11J, falleció este sábado en la prisión Combinado del Este, en La Habana, donde cumplía una sanción de seis años de privación de libertad. Así informó en su perfil de X el grupo de derechos humanos Justicia 11J, que conversó con la madre del reo.

Según otras fuentes consultadas por Justicia 11J, Guillén Esplugas, promotor de Cuba Decide y miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), recibió una golpiza en una celda de castigo, luego de haber sido capturado tras un intento de fuga.

En su perfil de Facebook, el primo de la víctima, Yan Franco, relató que la versión oficial indica que Guillén Esplugas se ahorcó. Franco denunció, asimismo, que su primo se negaba a las múltiples propuestas de trabajar para la Seguridad del Estado y eso provocó el altercado de este sábado, que terminó por costarle la vida.

En tal sentido, sus familiares insisten en que la marca que tiene en su cuello el fallecido no es de una sábana, es de un cinto de los guardias.

En el mes de abril, Guillén Esplugas contó al Centro de Documentación de Prisiones Cubanas que se encontraba recluido junto a presos comunes que habían sido condenados por delitos violentos. Dijo, además, que estaba afectado por las plagas de chinches y ratas en el penal, así como por la mala alimentación y la determinación de los carceleros de negarles la asistencia médica y los medicamentos necesarios para atender la escabiosis y otros problemas de la piel que padecía.

Justicia 11J notificó que esta sería la tercera muerte en prisión verificada de un manifestante del estallido de julio de 2021. Asimismo, sería la muerte número 72 en prisión registrada por el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, desde 2023.

Al menos 32 reclusos perdieron la vida por negligencia o falta de atención médica, mientras que otros nueve se quitaron la vida en prisiones del régimen de Cuba entre marzo de 2023 y junio de 2024, indicó un estudio de dicho centro.

La institución indicó, asimismo que, en los 16 meses que cubre su estudio, recopiló 2.395 eventos que dan cuenta de las vejaciones que sufren los cubanos privados de libertad, "si bien vale aclarar que la falta de acceso directo a las prisiones hace que estas cifras deban ser consideradas un subregistro de incidentes represivos y violatorios de derechos humanos ocurridos al interior de centros penitenciarios cubanos".

El estudio precisó que, de ese total, 1.805 fueron eventos de hostigamiento y represión, e "incluyen golpizas, reclusión en celdas de aislamiento, torturas, eventos de ensañamiento y tratos denigrantes por parte de autoridades penitenciarias, abusos de índole sexual, retiro de beneficios, negación de medidas favorecedoras para los reclusos, la no entrega de la documentación penal en tiempo y forma, negación de asistencia religiosa, así
como de los derechos a visitas, a llamadas telefónicas y a tomar sol".

La prisión con mayor número de denuncias por eventos represivos registrados entre marzo de 2023 y junio de 2024, fue, precisamente, el Combinado del Este, donde falleció Guillén Esplugas, con 315 denuncias.

"La vulnerabilidad más recurrente entre las víctimas es la de ser preso político. Aunque en general todas las personas presas en Cuba sufren de una u otra forma hostigamiento y represión por parte de las autoridades, estos eventos son más visibles en el caso de los prisioneros políticos, quienes los denuncian más a través de medios de prensa, organizaciones opositoras y de derechos humanos. Los presos políticos enfrentan las mismas condiciones precarias y muestras de abuso de poder que el resto de los reclusos, reforzadas por la discriminación institucional que sufren por sus posturas políticas", enfatizó la organización.

Fuente: Diario de Cuba

miércoles, 6 de noviembre de 2024

Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia suman más de 3.400 presos políticos


Más de 3400 presos políticos figuran en las credenciales de las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Diferentes países, un mismo objetivo. Aferrarse al poder y coronarse sobre las ruinas y miserias de sus propios pueblos.

En Venezuela, Nicolás Maduro, tras ser aplastado por una montaña de votos, ha vuelto a reescribir la teoría de los golpes y las conspiraciones imperialistas. Sobre esta narrativa y decenas de muertos, Maduro se autoproclamó ganador de los comicios de finales de julio.

La organización no gubernamental Foro Penal reporta que hasta el 28 de octubre de este año Venezuela registra 1,958 presos políticos. Las detenciones incluyen 243 mujeres y al menos 69 adolescentes entre 14 y 17 años de edad.

Bolivia

Tiene casi 300 presos políticos. La gran mayoría fueron encarcelados cuando Evo Morales y Luis Arce eran socios. Juntos instrumentalizaron el poder judicial como arma política. La prisión de la expresidenta Jeanine Áñez es un símbolo del sicariato judicial en el país.

Evo Morales y sus cuentas pendientes con la justicia. El líder cocalero que por años disfrutó de impunidad ahora es acusado por trata de personas y violación de menores. Mientras tanto, sigue empecinado en ser presidente por cuarta ocasión. Por las buenas o por las malas.

Nicaragua

En 2018 el pueblo se rebeló contra Ortega y su tiranía familiar. Desde entonces se estableció un estado policial y una puerta giratoria de detenciones arbitrarias. En septiembre de 2024, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, registró 45 detenciones. Aunque la cifra podría ser mucho mayor.

La dictadura sandinista desterró a 222 presos políticos en 2023 y a otros 135 en 2024. El régimen no discrimina. Encarcela sacerdotes, obispos, menores de edad e incluso al propio hermano de Daniel Ortega, el general Humberto Ortega (fallecido bajo arresto del régimen).

Cuba

En 2021, la dictadura de Raúl Castro y Diaz-Canel reprimió con brutalidad las protestas de Patria y Vida. Actualmente existen más de 1,110 personas encarceladas y otras tantas desaparecidas. Cuba ha legalizado la pena de muerte y la eliminación de ciudadanía.

Un informe de la ONG Prisioners Defenders destaca que el acoso y hostigamiento del régimen cubano contra activistas, periodistas y familiares de presos políticos se ha convertido en una práctica común en la isla. Los familiares de los prisioneros políticos sufren continuas detenciones, hostigamientos, domicilios sitiados, citaciones policiales, multas y amenazas.

La ONU le falló al pueblo cubano. Mientras todos los años se vota en contra del falso bloqueo, todavía no existe una sola resolución que exija la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos o la celebración de elecciones libres en Cuba.

Apañadores

México, Brasil y Colombia son tres de los principales cómplices de los 3,400 presos políticos de las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Existe un fuerte sesgo ideológico que les hace callar, ignorar e incluso respaldar los crímenes de las tiranías hemisféricas.

Conflictos bélicos favorecen a tiranías

Las dos guerras que sufre el mundo contemporáneo han obligado a la comunidad internacional a cambiar su estrategia. Su política de apaciguamiento y pragmatismo ha sido vista como una señal de debilidad en las dictaduras latinoamericanas.

Aunque las tiranías hemisféricas cierran el 2024 con más presos políticos, nuevas leyes represivas y más desapariciones forzadas, la lucha cívica por la libertad sigue siendo la única opción. Es una carrera con obstáculos y una prueba de resistencia. Tener una América Latina libre es muy difícil pero no imposible. Vale la pena luchar por ella.

Fuente: Visor 21

viernes, 18 de octubre de 2024

Significativa caída del tráfico de Internet por apagón masivo en Cuba


La empresa NetBlocks, con sede en Londres y dedicada al monitoreo global de Internet, ha alertado este viernes de una caída "significativa" del tráfico de Internet en Cuba, atribuida a un apagón que, según el Ministerio de Energía, tiene su origen en la paralización de la termoeléctrica Antonio Guiteras.

Según el gráfico de NetBlocks, la caída se ha producido pasadas las 12:00 horas del mediodía de este viernes en la Isla. Se ve claramente en el gráfico que muestra la empresa si se compara con los dos días anteriores. En ambos, a esa hora, se registran picos de tráfico del 100%.

Dirigida por el británico, defensor de los derechos humanos, Alp Toker, NetBlocks es una compañía privada, "independiente y no partidista" experta en derechos digitales, ciberseguridad y gobernanza de internet. En 2020 confirmó la interrupción parcial de las redes sociales en Cuba, durante las protestas relacionadas con el Movimiento San Isidro (MSI). De hecho, el corte de Internet que ellos detectaron coincidió con el desalojo de los huelguistas de San Isidro.

Colapso del sistema energético en Cuba

Este hundimiento del tráfico de Internet en la Isla coincide con el anuncio del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) sobre la desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) debido a la salida de servicio de la termoeléctrica Guiteras.

El apagón total de la planta se inició a las 11:07 de esta mañana debido, según el ministerio, a las condiciones en que está operando el SEN. Las autoridades aseguran que la Unión Eléctrica trabaja en el restablecimiento del servicio, en una publicación que fue borrada a los pocos minutos.

Según el parte publicado por la UNE, en la mañana de este viernes se mantenían fuera de servicio siete unidades termoeléctricas: cuatro por avería y tres por mantenimiento.

Para explicar el colapso del sistema electroenergético en la Isla, Lázaro Guerra Hernández, director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), compareció de urgencia en la televisión cubana y dejó claro que por ahora "no hay un tiempo definido" para el restablecimiento total del servicio. También añadió que se investigan las causas del apagón.

Cientos de lectores de CiberCuba han reaccionado indignados al nuevo anuncio del Ministerio de Energía y Minas de Cuba sobre el apagón total del Sistema Electroenergético Nacional.

"Qué falta de respeto tan grande, un país entero sin electricidad, que entreguen el país y se larguen que Cuba lo que da es pena, cómo la han destruido y no solo la Isla que se cae en pedazos sino y lo más triste su gente, el pueblo que es el que sufre", dijo un internauta.

Fuente: CiberCuba

miércoles, 2 de octubre de 2024

Los desafíos del periodismo en el exilio en Cuba, Nicaragua y Venezuela


Un centro de espionaje ruso opera en un base militar del Ejército en Managua; Destituyen el jefe de escolta de Daniel Ortega; Ministra del MEFCCA cayó por corrupción en programas millonarios; Zozobra y silencio de trabajadores públicos tras anuncio de “reestructuración” estatal; Rosario Murillo ordena la caída del jefe de la “Inteligencia Política” del Ejército.

Éstos son los titulares de algunas de las principales investigaciones periodísticas que en las últimas semanas hemos publicado en Confidencial, el medio de comunicación independiente que fundé hace 28 años en Nicaragua, y que ahora dirijo desde el exilio en Costa Rica. Nuestra redacción fue asaltada dos veces por la Policía, sin orden judicial, después que en 2018 estallara una ola de protestas sociales que desató una violenta represión contra los derechos humanos. En 2021, el medio de comunicación fue ilegalmente confiscado por la dictadura de Daniel Ortega.

Todos nuestros periodistas se vieron obligados a salir al exilio para seguir haciendo periodismo en libertad, y nuestras fuentes informativas independientes se encuentran perseguidas y amenazadas. Sin embargo, las noticias que seguimos publicando sobre la corrupción pública, las pugnas en el interior del régimen, las purgas de altos funcionarios, el éxodo masivo de casi el 10% de la población, y la utilización de Nicaragua como trampolín para la exportación ilegal de migrantes a Estados Unidos, son historias de las que nadie se entera en la prensa oficial. Nuestras audiencias, dentro y fuera de Nicaragua, opositoras o partidarias del régimen, tienen una alternativa de información al margen de la censura, que también le ofrece periodismo de calidad a las audiencias internacionales.

Detrás de cada una de estas investigaciones está el talento de jóvenes periodistas que no se someten a la censura y la autocensura y, sobre todo, la confianza que mantienen las fuentes informativas, entre ellas los servidores públicos —civiles y militares— en la prensa independiente en el exilio.

La historia se repite en Cuba y en Venezuela. El periodismo independiente que se ejerce desde el exilio representa un espejo de los nubarrones que amenazan a la prensa en América Latina, y también es un ejemplo de resistencia del buen periodismo. Ahí donde ha colapsado el Estado de derecho, y donde la sociedad civil también está bajo acoso o al borde de su extinción, la única defensa de la prensa independiente radica en su propia credibilidad.

En estos tres países, las dictaduras han criminalizado la libertad de prensa y la libertad de expresión, al extremo de que los periodistas no pueden identificarse como tales y deben omitir las firmas de sus notas para evitar ser detenidos. En Nicaragua, el periodista Víctor Ticay estuvo 17 meses preso, condenado por el presunto delito de “conspiración” por haber transmitido las imágenes de una procesión religiosa en su cuenta de Facebook. En Cuba y Venezuela, hay decenas de periodistas presos, acusados de “terrorismo” o “incitación al odio” por informar sobre las protestas sociales o el fraude electoral, y por opinar en sus redes sociales. Mientras, el Estado ejerce distintas formas de censura directa e indirecta, incluyendo el bloqueo de Internet para impedir el acceso a los medios independientes. A pesar de estas restricciones extremas, la prensa independiente sobrevive a través de un ecosistema que tiene como soporte el periodismo en el exilio.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) concedió este año el “Gran Premio a la Libertad de Prensa 2024”, su más alta distinción, al Periodismo en el Exilio “en homenaje a colegas y medios de comunicación latinoamericanos que de manera creciente son forzados a desplazarse o a emigrar debido a la violencia, las amenazas y la persecución de grupos criminales, funcionarios corruptos y Gobiernos autoritarios”.

La SIP ha documentado un aumento creciente en el número de periodistas exiliados, “principalmente de países como Nicaragua, Venezuela, Guatemala, Cuba, Ecuador, y de desplazados internamente en México y Colombia. El fenómeno también incluye a las redacciones de Cuba, Nicaragua y Venezuela, algunas de los cuales tienen sus operaciones en el exterior debido a que son víctimas de persecución sistemática”.

Los desafíos para seguir haciendo periodismo en el exilio son monumentales. El más urgente es brindarle seguridad a periodistas y colaboradores, que se encuentran bajo riesgo, y a las fuentes informativas, que se comunican a través de canales seguros. El más complejo es lograr la sostenibilidad económica de las redacciones en el exilio. 

Mi colega Luz Mely Reyes, directora de Efecto Cocuyo de Venezuela, aboga por identificar “países de acogida que brinden una protección especial” a los periodistas exiliados para que puedan continuar haciendo su trabajo, mientras que Carlos Manuel Álvarez, director de El Estornudo de Cuba, propone la creación de nuevas “redes de apoyo” y formas de financiamiento internacional para la prensa en exilio, que “dejó de ser algo transitorio”.

En efecto, bajo el Estado policial de los regímenes autoritarios la prensa en el exilio es ahora una condición permanente. La embestida de las dictaduras contra la prensa también plantea un desafío a la comunidad internacional: es imperativo preservar la última reserva de todas las libertades.

Fuente: Confidencial

miércoles, 28 de agosto de 2024

Se suicida un preso cubano condenado a 10 años por manifestarse el 11J


Yosandri Mulet Almarales, preso del 11J condenado a diez años de prisión por sedición, ha muerto este lunes en el hospital Julio Trigo, donde ingresó el pasado 22 de agosto tras lanzarse al vacío en el Puente de Calabazar, en La Habana, durante un pase. 

La noticia fue confirmada a Martí Noticias por fuentes familiares, aunque el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas había alertado del estado de Mulet, de 38 años, el sábado a través de su cuenta de X. “El manifestante se encontraba de pase y debía regresar al campamento de trabajo forzado donde cumple su arbitraria condena. En junio de 2022 también intentó quitarse la vida”, detalló la organización.

Su tía política, Idalmis Salazar González, contó a Martí Noticias las circunstancias del suceso. “Él iba con su tío, Jacinto Lebeque, para el campamento correccional, pues debía regresar ese viernes de su pase. El tío se quedó conversando con un amigo y él continuó caminando. Cuando fue a buscarlo, no lo encontró. Entonces viró para la casa a ver si estaba acá, pero no. Luego, se enteró de que se había tirado un muchacho del puente y era él”, relató la mujer, recordando que su sobrino ya había intentado suicidarse. “Él no quería estar preso. Estaba muy alterado, dejó la merienda y otras cosas que debía llevarse”.

Mulet Almarales fue condenado tras las protestas del 12 de julio de 2021 en la barriada de La Güinera, donde murió, por disparos de la Policía, el manifestante Diubis Laurencio Tejeda y fueron aplicadas algunas de las sentencias más duras, con penas de hasta 30 años de prisión para muchos de los participantes. En su caso, la Fiscalía lo acusó de "acatar las reiteradas exhortaciones divulgadas por las redes sociales que incitaban al pueblo de Cuba a manifestarse, violenta y simultáneamente, en diferentes localidades y desconocer la autoridad de instituciones estatales cubanas, con el propósito de alterar el orden socialista".

En junio de 2022 tuvo lugar su primer intento de suicidio, cuando se encontraba en la prisión de máxima seguridad Combinado del Este. En aquel momento, su abogado intentó conseguirle una licencia extrapenal aludiendo a los problemas de salud mental que estaba sufriendo por su situación. Aunque no lo lograron, sí se le concedió un cambio de régimen, pasando al campamento de trabajo forzado Toledo, en el municipio de Marianao, próximo a su residencia. 

Hace pocos meses, su defensa volvió a intentar la licencia extrapenal, que fue nuevamente denegada al considerar Medicina Legal que se encontraba “apto” para estar recluido en sus actuales condiciones. 

“En 2024 registramos varios casos de personas reclusas por motivos políticos que han expresado ideaciones suicidas o han atentado contra su vida, desesperadas porque las autoridades no atienden sus demandas de justicia y respeto a sus derechos humanos”, ha recordado el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas. Según esta organización, este año se han registrado 16 intentos de suicidio y autoagresiones, además de la muerte de un preso común de 31 años en la cárcel de Nieves Morejón, en Sancti Spíritus, por estas mismas causas. 

La organización ha recordado también el caso de Fray Pascual Claro Valladares, condenado en abril de 2024 a 10 años por las manifestaciones de Nuevitas (Camagüey). “Tras conocer su sentencia intentó quitarse la vida”, puntualiza. En este caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares y denunció que “su intento de suicidio fue manejado con negligencia, sin recibir la atención psiquiátrica necesaria y siendo castigado con aislamiento”.

“Recordamos a las autoridades –prosigue el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas– que las Reglas Mandela de la ONU exigen facilitar asistencia médica recurrente para ‘detectar todo indicio de estrés psicológico o de otra índole causado por la reclusión, incluidos el riesgo de suicidio o autolesión (…) y aplicar todas las medidas o tratamientos individualizados que corresponda”.

Las organizaciones de presos, tanto comunes como políticos, y sus familiares han denunciado con frecuencia las precarias condiciones en que se encuentran quienes cumplen sentencias en las cárceles cubanas, una situación que se agrava mentalmente para quienes se ven condenados de manera arbitraria.

A la mala alimentación, condiciones insalubres y falta de medicamentos generalizada, se une para quienes tienen trastornos psicológicos o psiquiátricos la ausencia de asistencia médica específica, así como de psicofármacos.

Imagen: El Faro

Fuente: 14yMedio

martes, 30 de abril de 2024

Condenan a 15 años de prisión a la joven que transmitió las protestas de Nuevitas


Las sentencias del Tribunal Provincial de Camagüey dictadas contra los manifestantes de Nuevitas de agosto de 2022 repiten el patrón represivo de las protestas del 11 de julio de 2021 (11J). Entre 4 y 15 años de cárcel han recibido 13 cubanos por salir a la calle pacíficamente a protestar.

Según el activista Marcel Valdés, uno de ellos, Fray Pascual Claro Valladares, “intentó ahorcarse” en la prisión Cerámica Roja, en la misma provincia, al conocer su condena, de 10 años de privación de libertad por el delito de sedición. Su madre, Yanelis Valladares Jaime, también procesada por sedición, fue absuelta “por insuficiencia de pruebas”.

La condena más alta fue para Mayelín Rodríguez Prado, la joven de entonces 21 años que transmitió las protestas a través de Facebook, y que ha sido sentenciada a los 15 años de cárcel que pidió para ella la Fiscalía, por “propaganda enemiga de carácter continuado” y “sedición”. Los fiscales pidieron también 15 años para José Armando Torrente Muñoz, que ha sido condenado finalmente a 14 años de privación de libertad por los delitos de sedición, atentado y resistencia. 

A 13 años de prisión fueron sentenciados Jimmy Jhonson Agosto y Ediolvis Marin Mora, ambos por sedición y sabotaje. Le sigue en gravedad de la condena Lisdan Cabrera Batista con 11 años de prisión por sedición y “otros actos contra la Seguridad del Estado”.

La mayoría de enjuiciados fueron condenados a 10 años de cárcel por sedición, el delito por excelencia que también esgrimieron en las condenas del 11J. Junto al de Fray Claro Valladares, es el caso de Davier Leyva Vélez, Keiler Velázquez Medina, Menkel de Jesús Menéndez Vargas, Frank Alberto Carreón Suárez y Lázaro Alejandro Pérez Agosto.

Por su parte, Yennis Artola del Sol recibió una sentencia de 8 años de privación de libertad por “propaganda enemiga de carácter continuado”, y Wilker Álvarez Ramírez, 4 años por encubrimiento. 

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) emitió un comunicado este sábado en el que condena “en los términos más enérgicos” la resolución de este juicio, que transcurrió durante dos días del pasado enero.

La organización Justicia 11J, que recopila la lista de manifestantes detenidos desde aquella jornada de 2021, reportó en agosto de 2022, luego de dos días seguidos de manifestaciones pacíficas en Nuevitas, la detención "violenta" de José Armando Torrente, que salió a la calle en el barrio de Pastelillo. La ONG advirtió entonces de que había "evidencia audiovisual de la agresión a su hija de 11 años, Gerlin Torrente Echeverría" y otra niña que la acompañaba, cuando la policía reprimió a los manifestantes.

También la madre de Gerlin fue detenida violentamente, pero liberada en la noche del sábado. De igual manera, interrogaron a Fray Claro Valladares y a Mayelín Rodríguez Prado, por transmitir las protestas a través de Facebook.

Las manifestaciones en Nuevitas iniciaron la noche del 18 de agosto al grito de "el pueblo está cansao". Cientos de vecinos salieron a las calles a gritar consignas de libertad y exigencias de electricidad. Ese día también amenazaron con volver a las calles si las autoridades cortaban la energía nuevamente.

Al día siguiente, los vecinos de Nuevitas reportaron la militarización del lugar.

Las protestas, tal y como se observó en numerosos videos compartidos en redes sociales, fueron multitudinarias, alumbradas por la linterna de los celulares y los faros de motocicletas y acompañada de cacerolas, cláxones, palmas y consignas a voz en cuello.

Junto a los gritos que pedían el fin de los apagones –"pongan la corriente, pinga"– resonaron también los de "libertad" y "patria y vida". Algunos ciudadanos clamaban aquel lema irreverente repetido el 11J –"oye, policía pinga"– y otros cantaban a todo pulmón y al unísono el himno nacional.

Imagen: Diario Las Americas

Fuente: 14ymedio

lunes, 18 de marzo de 2024

Protestas en Cuba: el régimen cortó las comunicaciones y bloqueó la señal de internet


Este domingo miles de cubanos salieron a las calles para manifestarse en contra de la dictadura de Miguel Díaz-Canel en medio de la crisis energética y del desabastecimiento que están sufriendo. Como ya es costumbre, el régimen cortó las comunicaciones y las señales de internet para evitar que el mundo pueda observar lo que está ocurriendo.

Los vecinos de Santiago de Cuba y Bayamo comenzaron a salir este domingo pacíficamente para exigir respuestas ante la grave crisis que están atravesando, y los primeros videos empezaron a circular en las redes sociales por la tarde.

Pero con el correr de los minutos decenas de usuarios empezaron a reportar que las conexiones estaban muy lentas, y en algunos casos caídas. Incluso personas que no se encuentran en Cuba comentaron su imposibilidad de contactar con gente en la isla.

Los cubanos exigen libertad y mejores condiciones de vida

“Apenas tenemos internet, por si cortan todo el acceso solo me queda decir que si Santiago de Cuba fue la ‘cuna’ de la Revolución, según dice la propaganda oficial... quizás pueda ser su tumba. Cuna y tumba”, escribió la periodista disidente Yoani Sánchez.

Según reporta el medio Cibercuba, en algunas zonas de la ciudad los vecinos directamente no tienen acceso a internet, mientras que algunos usuarios tienen dificultades para conectarse a través del servicio Nauta y utilizando algún tipo de VPN.

Los problemas de conectividad se registraron en otras ciudades como Sancti Spíritus, Holguín y Pinar del Río.

La movilización de este domingo se inició en la céntrica Carretera del Morro y calle 9 de Veguita de Galo. Después de un rato el régimen empezó a desplegar a las fuerzas de seguridad para contener las protestas.

Incluso, un video muestra el momento en que Beatriz Johnson Urrutia, recientemente nombrada como secretaria del Partido Comunista de Cuba en la provincia, intenta dialogar con los manifestantes desde el techo de una casa. Sin embargo, la gente no le permite hablar.

Medios locales reportan que al momento de su llegada al lugar, los manifestantes le gritaron “no queremos muela”. Es decir, que no quieren más excusas por parte de la dictadura castrista para justificar el drama que está viviendo el pueblo.

Por su parte, el portal 14ymedio informa que algunos de los principales parques de Holguín fueron militarizados por las autoridades del régimen.

“Hay decenas de oficiales de la motorizada, agentes vestidos de civil, y patrullas, además de carros cargados de boinas rojas”, relató un residente de la ciudad a ese medio. Y agregó: “Esperan algo o temen repercusión en Holguín de las manifestaciones de Santiago”.

El periodista local Yosmany Mayeta informó lo que está sucediendo en Santiago de Cuba y compartió un video en el que se puede observar a decenas de personas reunidas en plena vía pública al grito de “corriente y comida”. Asimismo, en otro video se escucha a la gente exclamando “Patria y Vida”, frase que se convirtió en una especie de himno durante las históricas protestas de 2021.

En Bayamo, por su parte, los manifestantes se movilizaron al grito de “Abajo Díaz Canel” y “El pueblo unido jamás será vencido”.

Las autoridades cubanas informaron el sábado que el país está “afectado completamente” por los apagones, incluida la capital, sin llegar a un corte de energía generalizado. Desde principios de marzo, la isla enfrenta una nueva racha de cortes por los trabajos de mantenimiento que se realizan a la planta termoeléctrica Antonio Güiteras, la más importante de la isla.

Este fin de semana el problema se agudizó por la escasez de combustible que hay en el país. El energético es necesario para alimentar las demás termoeléctricas que están en funcionamiento.

Imagen: Telemundo

Fuente: Infobae

jueves, 12 de octubre de 2023

Triunfo para la libertad de expresión en Cuba: anulan decisión de Meta de censurar video de protesta


Un organismo denominado como ‘Junta de Supervisión’ a la compañía Meta, (Facebook, Instagram, Threads, WhatsApp), anuló una decisión tomada por esta empresa el 24 de febrero del año en curso, en la que se eliminó de Instagram un video de una protesta en Cuba, por tener frases que, según Meta, promovían el discurso de odio.

La decisión del organismo señaló que “en países donde existen fuertes restricciones a los derechos de las personas a la libertad de expresión y reunión pacífica, es fundamental que las redes sociales protejan la voz de los usuarios, especialmente en tiempos de protesta política”.

El video en cuestión fue publicado por una plataforma cubana de noticias, cuyo nombre aún no ha sido revelado.

La Junta de Supervisión fue creada en noviembre del 2018 para moderar el contenido en redes sociales, brindar supervisión y rendición de cuentas por parte de una fuente externa, y aumentar la transparencia sobre la libertad de expresión en línea, además de garantizar que esos derechos se respeten adecuadamente.

El video borrado había sido publicado siete meses antes, en julio del 2022, y mostraba a una mujer protestando desde Cuba contra el gobierno de ese país, e invitando a otras mujeres a que se sumaran a su manifestación.

Según el informe de la Junta de Supervisión, en un momento, la mujer dice que en Cuba no se puede contar con los hombres porque son “ratas”, luego indica que los hombres en Cuba son “yeguas” que cargan excrementos humanos. El vídeo se reprodujo más de 90 mil veces, se compartió en casi mil ocasiones.

El video en cuestión fue publicado en los días cercanos al primer aniversario de las protestas del 11J contra las restricciones a las libertades fundamentales, la respuesta del gobierno cubano a la pandemia del Covid-19 y las dificultades cotidianas económicas, sociales y de salubridad de los ciudadanos. La publicación se dio solo días después de que un adolescente afrocubano fuera asesinado en un incidente que involucró a la policía. La mujer que hablaba en el video, hacía referencia al homicidio, al indicar que "no podemos seguir permitiendo el asesinato de nuestros hijos".

Una semana después de esta publicación, un usuario de Instagram, denominado por Meta como ‘clasificador de discurso hostil’, identificó el contenido como una posible violación de las políticas de Meta y lo envió para revisión. Al día siguiente, un moderador de Meta revisó el contenido y dictaminó que la publicación violaba una regla comunitaria enmarcada en el discurso de odio, específicamente cuando la mujer comparaba a los hombres con “ratas y yeguas”.

El caso fue revisado posteriormente por dos moderadores adicionales, quienes coincidieron con la decisión inicial. Pero no fue sino hasta siete meses después, el 24 de febrero del 2023, que el video fue eliminado de Instagram.

El informe señaló que este retraso fue causado por una demora en el programa de revisión secundaria de respuesta temprana de Meta bajo el sistema de verificación cruzada. Según la explicación dada por la Junta de Supervisión, este sistema de Meta proporciona capas adicionales de revisión humana mientras mantiene el contenido en línea, especialmente para ciertas publicaciones que violan las políticas de la empresa.

El mismo día que se eliminó el contenido, la cuenta que subió el video a Instagram apeló la decisión de Meta. El contenido fue revisado nuevamente por un moderador, quien el 26 de febrero confirmó el fallo inicial. De acuerdo al informe, el contenido no se remitió a expertos en políticas internas para una revisión adicional en este momento.

La cuenta de noticias afectada apeló nuevamente la decisión, pero esta vez ante la Junta de Supervisión. En su apelación ante la Junta, enfatizaron que la mujer del video se refería a las protestas de julio del 2021 y sugirieron que la mujer estaba “pidiendo a los hombres cubanos que hicieran algo para resolver la crisis socioeconómica”. También abogaron por que las plataformas de redes sociales “comprendan mejor la crítica situación en Cuba”.

Comentarios públicos sobre el caso

Para decidir la apelación, la Junta de Supervisión estableció un proceso público con el fin de recibir comentarios externos sobre el caso, y así tomar una decisión final. El organismo recibió al menos 19 comentarios relevantes (5 de Europa, 9 de Estados Unidos y Canadá, 3 de Latinoamérica, 1 del Medio Oriente y el Norte de África, y 1 de Oceanía). Entre los comentarios se incluyen los de algunos funcionarios de Human Rights Watch, Cuban Research Institute, Prisoners Defenders International, Diario de Cuba y Human Rights Foundation, entre otros.

“En Cuba, el régimen no solo impide la libertad de expresión, ejerce la censura digital y reprime a los ciudadanos que discrepan de la situación política, social y económica, sino que es el principal promotor de los discursos de odio: por un lado, ejerciéndolo abiertamente mediante sus voceros e intoxicando la discusión pública en ambientes de protesta mediante agentes infiltrados entre los manifestantes; por otro, normalizando ese lenguaje a través de una educación y de una prensa ideologizadas y totalitarias, que constantemente apelan a estigmatizar a los ciudadanos que disienten, a los que históricamente han llamado ‘escorias’, ‘gusanos’, etc. Como resultado, generaciones enteras de cubanos han crecido y se han educado ‘dentro’ del lenguaje de odio, algo que requerirá un gran esfuerzo, mucho tiempo y labor pedagógica para ser revertido”, indicó en sus comentarios públicos Pablo Díaz Espí, de Diario de Cuba.

Por su parte, Sebastián Arcos, director asociado del Cuba Research Institute en la Universidad Internacional de la Florida (FIU), indicó:

“No soy un usuario de redes sociales, pero estoy familiarizado con el debate en curso sobre el delicado equilibrio entre el abuso de las redes sociales para difundir información falsa o discurso de odio, y proteger la libertad de expresión y la libertad de prensa. Creo que las redes sociales deberían priorizar la protección de estas libertades, especialmente cuando abordan contextos caracterizados por un espacio cívico restringido, como es el caso en la Cuba de hoy. Creo que la decisión de Meta de eliminar este contenido en particular es incorrecta”.

Otro de los comentarios publicados en el informe, enfatizó que los adjetivos usados por los oprimidos contra los opresores no son discurso de odio en ningún momento.

“Los hombres son el grupo gobernante en todos los países de este mundo, ellos controlan gobierno, expresión, empleo en casi todos los países. Ellos son la clase gobernante. Llamar ‘rata’ a una persona no es discurso de odio cuando no eres parte de la clase gobernante. Francamente, no es un discurso de odio y punto. Ni siquiera entiendo cómo alguien puede pensar en ‘rata’ como un discurso de odio. Amenazar con dañar/matar a alguien sí es un discurso de odio. Llamar a alguien por un nombre, especialmente al grupo con mayor poder, no puede nunca considerarse discurso de odio. Es ridículo incluso pretender que lo es. No sé a quiénes contrataron para decidir esto o cómo sus reglas sobre el 'discurso de odio' pueden ser tan ridículas. Llamar a los opresores así no es un discurso de odio, son los oprimidos enumerando lo que sienten acerca de sus opresores”, adujo Kirsten Zielinski.

Resultados clave

La Junta de Supervisión consideró en su informe que el video no pretendía deshumanizar a los hombres en función de su sexo, desencadenar violencia contra ellos o excluirlos de las conversaciones sobre las protestas cubanas. La publicación pretendía sin ambigüedades llamar la atención sobre la opinión de la mujer sobre el comportamiento de los hombres cubanos en el contexto de las históricas manifestaciones iniciadas en julio de 2021. Con la mujer utilizando lenguaje como “ratas” o “yeguas” para dar a entender cobardía, y para expresar su frustración personal por su comportamiento.

El informe adujo además que el uso del hashtag #SOSCuba, publicado por el usuario para llamar la atención sobre las crisis económicas, políticas y humanitarias que enfrentan los cubanos, establece que las protestas son un punto de referencia histórica.

“A la Junta le preocupa cómo se tiene en cuenta la información contextual en las decisiones de Meta sobre el contenido que sí se beneficia de una revisión humana adicional. En este caso, a pesar de que el contenido se sometió a una revisión intensificada (un proceso que se supone que ofrece mejores resultados), Meta aún no logró hacerlo bien”, señaló el reporte.

El informe aduce también que Meta debe garantizar que tanto sus sistemas automatizados como sus revisores de contenido puedan tener en cuenta la información contextual en su proceso de toma de decisiones.

“En este caso, era particularmente importante proteger el contenido. Cuba se caracteriza por espacios cívicos cerrados, por lo que los riesgos asociados con la disidencia son altos y el acceso a Internet es muy restringido. Meta debería considerar cómo el contexto influye en sus políticas y la forma en que se aplican”.

Tras la anulación de la decisión de Meta, la Junta de Supervisión ha indicado que el video debe ser subido nuevamente a la cuenta de Instagram del sitio de noticias afectado, además de hacer varias recomendaciones que Meta deberá seguir, entre las que se hallan el uso de personal especializado y la mejora del flujo de trabajo en materia de Derechos Humanos, la actualización de la guía interna proporcionada a los revisores de contenido cuando sea relevante para que la empresa aborde cualquier falta de claridad, lagunas o inconsistencias que puedan resultar en errores de aplicación, como el de este caso; entre otras más.

El informe indicó que para la decisión final de este caso, la Junta contó con la asistencia de un instituto de investigación independiente con sede en la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, que cuenta con un equipo de más de 50 científicos sociales de seis continentes, así como de más de 3.200 expertos de todo el mundo.

Fuente: Marti Noticias

viernes, 26 de mayo de 2023

El Parlamento cubano aprueba por unanimidad ley que regula los contenidos de los medios


El Parlamento cubano aprobó este jueves por unanimidad la ley de comunicación social, una norma que regula los contenidos de los medios en la isla y desconoce a la prensa independiente como figura jurídica.

Los legisladores de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, unicameral), entre ellos el expresidente Raúl Castro (2008-2018), pasaron el proyecto sin hacer modificaciones al documento.

El presidente insular, Miguel Díaz-Canel, aseguró desde la sede legislativa que la ley es un "primer paso" para regular "el sistema comunicacional" del país y reconoció el enfoque "regulatorio" de la norma.

Se trata de la primera legislación mediática en la isla. Ésta ha sido duramente criticada por ONG y medios fuera de la órbita estatal, quienes argumentan que censura los contenidos contrarios a la narrativa oficial y deja a la deriva a los diarios digitales independientes.

Sin mencionarlos directamente, Díaz-Canel se refirió a la importancia de la ley en un contexto de "intensa guerra mediática" contra Cuba.

En el texto aprobado se prohíbe, entre otras cosas, la divulgación de informaciones que puedan "desestabilizar el Estado socialista" tanto en los medios como en "el ciberespacio".

De igual forma se subraya que solo se permite la legalidad de los medios vinculados al Estado o al Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal en el país).

Aunque, según han argumentado sus defensores, además de los estatales también se pueden constituir medios que pertenezcan a "organizaciones políticas, de masas y sociales, formas asociativas o a otros actores económicos y sociales", según se lee en el documento.

Desde el Gobierno se defiende la importancia de esta norma y se destacan novedades con respecto a versiones previas del documento -hubo otras 33- como la financiación de los medios a través de la publicidad.

En un artículo publicado el miércoles, el medio oficialista Cubadebate agregó que para distintos expertos consultados por el Parlamento, la ley de comunicación también es "una ley de seguridad nacional" y recordaron que "(el) 80% de las comunidades digitales hoy están en plataformas norteamericanas", en referencia a redes sociales como Facebook y Twitter.

Sobre este punto, Díaz-Canel agregó que el "nivel de concentración" de esas plataformas "que no son de propiedad pública" son "cada vez menos" democráticas y que, por tanto, la norma tiene un "enfoque preventivo ante la subversión".

La Constitución cubana señala que los medios nacionales "son de propiedad socialista" y "no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad".

Imagen: Rialta

Fuente: EFE