La vulnerabilidad digital de radios comunitarias en Bolivia

En junio de 2024, la página oficial de Facebook de Radio Chiwalaki, una emisora comunitaria ubicada en la provincia de Vacas, Cochabamba, en Bolivia, fue víctima de un ataque digital que le arrebató el control de su principal medio de difusión. Lejos de ser un problema menor, este hecho evidenció lo frágil que puede ser la presencia digital de los medios comunitarios y los riesgos concretos que enfrentan al depender de plataformas digitales sin contar con una estrategia sólida de seguridad.

Fundada el 1 de septiembre de 1990, Radio Chiwalaki nació del impulso de las comunidades campesinas que, desde fines de los años 80, reclamaban el acceso a la información, educación e intercomunicación. Su primera transmisión se realizó en la comunidad rural de Misuk’ani, a pocos kilómetros del municipio de Vacas, con el respaldo del Instituto de Capacitación Campesina (INCCA) y en coordinación con la organización campesina Central Regional de Chiwalaki. Desde entonces, la radio se ha convertido en un medio muy importante para Vacas y las comunidades rurales de alrededor. Su señal, de 1000 vatios en onda media, llega a varios municipios y provincias como Arani, Tiraque, Pocona y Alalay. La mayoría de sus programas se transmiten en quechua y están dirigidos especialmente a la población campesina. Las características principales de la Radio Chiwalaki son la transmisión de contenidos locales, la promoción del debate comunitario y el fortalecimiento de la identidad local.

El daño causado a la radio no fue solo técnico, sino también importante debido a la cantidad de seguidores perdidos. Fue un golpe a la comunicación local y al derecho a la información, ya que la radio impulsaba desde hace años la difusión de noticias locales. Su página de Facebook, que tenía alrededor de 43.000 seguidores, funcionaba como canal de difusión y un espacio donde se archivaba sus trabajos y  como un puente con la audiencia quechua hablante dentro y fuera de Bolivia.

Cuando la cuenta fue hackeada y comenzaron a publicarse videos con textos en vietnamita, sin relación alguna con el contexto de la radio. Seguramente la comunidad de radio oyentes quedó desconcertada: ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué la radio ya no transmitía desde su página habitual? 

La reacción casi inmediata de los administradores de la radio fue la creación de una nueva página, la cual actualmente alcanza apenas los 1800 seguidores. Su anterior página se encuentra aún activa pero bajo control de los atacantes y continúa generando confusión. La pérdida de la audiencia construida durante años no es simplemente una caída numérica, sino también un retroceso en términos de visibilidad y confianza. Muchas personas de la comunidad podrían no haberse enterado del cambio o no saben en cuál página confiar.

La fragilidad de depender de redes sociales

Este hecho también pone en evidencia un problema que enfrentan muchas radios comunitarias en Bolivia,: la creciente dependencia de redes sociales como Facebook, especialmente cuando no se cuenta con sitios web propios u otras alternativas digitales. En el caso de Radio Chiwalaki, es importante señalar que su espacio principal de difusión sigue siendo la radio, su canal habitual y tradicional de comunicación con las comunidades rurales. Sin embargo, han tenido que adaptarse al uso de redes sociales para ampliar su alcance, sobre todo entre la población joven o migrante que accede a los contenidos a través de internet.

El uso de estas plataformas conlleva también riesgos serios, de hecho, un estudio reciente titulado Facebook Cyber Security Evaluation, escrito por el investigador Jinnan Sun en 2022, evaluó las prácticas de seguridad de esta red social y demostró que ha presentado repetidas brechas de datos y fallas de control desde al menos 2010.

La seguridad digital como una necesidad urgente

Para Fabiola Maurice, especialista en capacitación en seguridad digital para organizaciones, comunidades e individuos en situación de riesgo,  lo ocurrido con la página de Facebook de Radio Chiwalaki se trata de un ataque que expone no solo al medio, sino también a su comunidad. Advierte que:

"Es un ciberdelito lo que ha pasado, porque tiene consecuencias financieras y de reputación; los afectados llegan a perder la credibilidad de sus oyentes y además se puede atacar a otros usuarios de esa cuenta."

Ante esta situación, Maurice recalca que no debemos normalizar estos hechos y urge a desarrollar campañas de concientización para que otras radios comunitarias aprendan a proteger sus canales digitales.

Sobre el rol del Estado frente a estos casos, sostiene que las plataformas digitales deberían ser espacios regulados y protegidos por leyes, tal como ocurre con los medios tradicionales. Y en cuanto a la responsabilidad de Facebook, Maurice explica que muchas radios pierden el control de sus páginas por el tipo de configuración que tienen, por ejemplo, varias páginas están creadas como cuentas personales en lugar de cuentas organizaciones sin fines de lucro y esto dificulta los mecanismos de recuperación y limita las respuestas de la plataforma.

Recomendaciones básicas de seguridad

Entre las recomendaciones básicas que propone para evitar este tipo de hackeos están: Activar la verificación en dos pasos, usar correos y números estables para recuperar el acceso a cuentas y crear contraseñas seguras con al menos 12 caracteres, incluyendo mayúsculas, minúsculas, símbolos y números.

Finalmente, recalca la importancia de la formación digital, informarse es clave para protegerse. Desde aprender a identificar enlaces maliciosos y diferenciar sitios seguros (https) de los inseguros (http), hasta saber qué información no compartir. En niveles más avanzados, recomienda el uso de herramientas como VPN o navegadores enfocados en la privacidad, como Tor.

Un caso que refleja la debilidad en Bolivia

El caso de Radio Chiwalaki no es ajeno a la realidad de Bolivia, ya que este territorio enfrenta serias limitaciones en cuanto a preparación frente a amenazas digitales. De hecho, un estudio realizado por  NCSI (National Cibersecurity Security Index) situó a Bolivia en el puesto 79 del ranking global de preparación en ciberseguridad, ocupando el último lugar en América Latina. Y aunque existen esfuerzos institucionales como el Centro de Gestión de Incidentes Informáticos o la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, Bolivia aún no cuenta con una estrategia nacional sólida ni con políticas públicas claras sobre seguridad digital. 

Esta debilidad estructural del país hace que radios comunitarias estén expuestas a ataques. Sin apoyo, formación, herramientas eficaces o respaldo institucional, quedan solos frente a amenazas que pueden borrar años de trabajo colectivo en cuestión de minutos.

Fuente: Global Voices

Advierten liberación de información sensible de base de datos de ciudadanos bolivianos

La página Hacking Bolivia advirtió que un “actor de amenazas” está liberando la base de datos de ciudadanos bolivianos que contiene “información sensible” y que podría ser utilizada por estafadores digitales. Además, esta misma cuenta aseguró que hubo 'posibles accesos no autorizados' a sistemas y servicios gubernamentales. Un experto explicó que existen riesgos para un ciudadano común si es que acceden a su información privada y personal.

“Actor de amenazas libera base de datos de ciudadanos bolivianos. Información sensible disponible”, publicó hace un día la página Hacking Bolivia en sus plataformas. Esta misma cuenta detalló que estos datos pueden ser comprados en diferentes foros digitales y que eso representa un riesgo para la población, ya que esa información privada y personal puede caer en manos de estafadores digitales.

En una de sus fotografías adjuntas en el posteo, la cuenta Hacking Bolivia muestra los nombres y apellidos, con el número de sus cédulas de identidad y su fecha de nacimiento de varias autoridades del Gobierno, entre ellas el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca. Además, muestra que esos datos se podrían haber obtenido a través del sistema informático de la Gestora Pública.

“Este ataque puede tener consecuencias negativas para una persona. En el mundo digital se puede utilizar los datos generales de las personas para hacer estafas, que es lo más general. Te pongo un ejemplo. Antes te escribían como un familiar y te pedían dinero porque tu maleta fue perdida por una aerolínea. Ahora, te pueden escribir de x empresa y decirte que tienen tus datos y puedes caer en una estafa”, explicó un experto ciberseguridad que prefirió que no se publique su identidad.

Según el portal Ciberseguridad, en un estudio en el que se pretendía examinar y valorar el nivel de preparación de los países para evitar amenazas de ciberseguridad y gestionar los incidentes, Bolivia se encuentra en el puesto 79, siendo el último país de América Latina en cuanto a preparación en ciberseguridad.

El Observatorio de Delitos Informáticos de Bolivia entiende que es necesario realizar un duro trabajo en Bolivia para aplicar una estrategia de alto nivel que priorice y unifique los principales proyectos de prevención de ciberamenazas necesarios para el país.

El experto detalló que en el capítulo XI del Código Penal -establecido en 1997- se tipifica como delito la manipulación o la obtención ilegal de información en Internet y en los artículos 253 y 254 del Código de Procedimiento Penal se establecen normas para la obtención de evidencia electrónica. La Asamblea Legislativa Plurinacional también aprobó la Ley 3325 contra la trata de personas, la pornografía infantil y otros actos infames que a menudo se relacionan con Internet. No existe ninguna legislación específica relativa a la delincuencia informática.

“En Bolivia no existe una cultura de ciberseguridad y queda mucho por hacer en este tema. Una de las principales medidas que deberían tomarse para proteger la seguridad de la información es impulsar un programa para sensibilización y capacitación de empleados en temas de ciberseguridad. El empleado es el eslabón más débil de la cadena de seguridad, pero seguimos invirtiendo mucho en tecnología y poco en las personas. Esto se logra mediante campañas agresivas de sensibilización y no con charlas esporádicas”, dijo.

Hace un mes, el Observatorio de Delitos Informáticos de Bolivia encendió las alarmas sobre una grave amenaza cibernética. Según informes de esta entidad, se ofrece a través de redes sociales una base de datos con información personal de 12,5 millones de ciudadanos bolivianos. Este hecho representaría una de las mayores brechas de seguridad de datos en la historia del país.

Este Observatorio también lanzó sus predicciones de ciberseguridad financiera para el año 2024, anticipando que será un año desafiante para la protección del dinero en línea de los bolivianos. “Obviamente con los documentos de identidad son base principal para realizar cualquier tipo de transferencia ya sean bancaria o de disposición patrimonial como casa, lotes o terrenos”, explicó el abogado experto en ciberseguridad Andrés Ritter, destacando los riesgos financieros que conlleva esta posible filtración.

El Observatorio de Delitos Informáticos de Bolivia advirtió que, de ser cierta esta venta de información personal, las implicaciones serían alarmantes. Los riesgos incluyen el robo de identidad, fraude financiero, suplantación de identidad y el uso indebido de datos personales con fines delictivos. “Toda la documentación tiene que estar bien resguardada y tiene que ser un sistema completamente confiable porque de lo contrario se va prestar a cualquier cantidad de estafas”, añadió Ritter, subrayando la importancia de fortalecer las medidas de seguridad.

Fuente: El Deber

El hackeo de WhatsApp para robar dinero a los contactos llega a círculos de poder y arrasa con la intimidad

El hackeo de líneas de WhatsApp realizadas por bandas delincuenciales para suplantar a los titulares y engañar a sus contactos para sacarles dinero es una modalidad delincuencial que en las últimas semanas, no sólo se ha multiplicado, sino que tomado como víctimas a círculos altos del poder, y a personas que tienen notoriedad pública.

De hecho, este medio pudo conocer, por fuentes gubernamentales, que una alta autoridad del más alto círculo que rodea al presidente Luis Arce Catacora fue víctima de esta jugada. La Policía prefirió guardar silencio y no brindar información, ni siquiera general ni estadísticas, sobre los casos presentados. Los encargados de las oficinas de cibercrimen, que funcionan en La Paz y en Santa Cruz, respondieron que no podían pronunciarse sin autorización de sus respectivos directores de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y ninguno de los dos contestaron el requerimiento de El Deber.

Este medio conversó con dos asambleístas del MAS, un exmilitar y al mismo tiempo experto en Inteligencia, una periodista y un ciudadano que fueron víctimas de este ciberataque y cuentan lo que les ocurrió, para que otras personas no caigan en manos de estos delincuentes.

Al menos dos diputadas se convirtieron en víctimas

Aparte de la alta autoridad gubernamental, al menos dos diputadas oficialistas fueron víctimas de estos hackers. Además, un experto en Inteligencia, una periodista y ciudadanos de a pie.

La diputada del MAS, Soledad Pérez, relata que recibió un mensaje de un número extranjero, que tenía el logo de la popular red social. En el texto le informaban que alguien había intentado meterse a su cuenta y preguntaba si era ella o no. “Mi error fue responder que no, y ahí comenzó mi calvario. Inmediatamente me llamaron insistentemente, fueron al menos tres veces y yo me encontraba en un seminario”.

Entonces un varón la llamó. “Tenía acento colombiano, me indicó que trabajaba para WhatsApp, y que para evitar que alguien se conecte desde otro móvil, yo debía introducir un código de ingreso nuevo. Alertó que si no accedía iba a perder mi cuenta. Además de eso, me pidió el código de desbloqueo de mi celular. Yo cometí el error de dárselo, garrafal”.

La presión que estos asaltantes virtuales ejercen sobre la víctima, se realiza con llamadas, y una serie de mensajes haciéndose pasar por funcionarios de WhatsApp. El texto, una vez que el titular proporciona la cuenta para consumar el hackeo, verificó este medio, fue enviado a distintas víctimas y tiene el mismo tenor que se transcribe a continuación.

“Estimado cliente por favor, necesito hacer la terminación de la verificación de tu cuenta legítima con un segundo código de confirmación ¡Por favor introduzca los seis dígitos de verificación que fueron enviados por sms… Si no confirma su código de verificación su cuenta de WhatsApp será eliminada por términos y condiciones.

Cuando la conversación terminó, y la diputada Pérez intentó terminar el proceso de supuesta reinstalación, se percató que ya no tenía control alguno de su cuenta. “Fueron 12 horas en las que hablaron a mis contactos. Primero diciendo que yo quería cambiar dólares a precio conveniente y luego pidiendo un préstamo por una urgencia familiar”.

La diputada advierte que “hubo dos compañeros, uno que estaba a punto de depositar $us 6 mil y otro $us 3 mil para ayudarme, se iban a aprovechar de su buena voluntad. Afortunadamente, en ambos casos, antes de hacer la transferencia, me llamaron para avisar y yo les conté que había sido víctima de un hackeo”, aseveró.

Los delincuentes, cuando los contactos accedieron a colaborar económicamente a la víctima, inmediatamente enviaron un QR de una cuenta bancaria, de una entidad financiera nacional, y a nombre de la diputada, que era quien supuestamente escribía el mensaje, solicitaba al contacto engañado que transfiera el dinero allá para acceder al dinero inmediatamente.

El atacante cibernético se contactó con una de las asesoras de la diputada, y ella “le siguió la corriente”. Supuestamente accedió a colaborar. Entonces, el atacante le envió un código QR de una cuenta abierta por Scarlet Teresa Gómez Melgar, en el Banco Fortaleza. “En ese momento mi colaboradora le dijo que sabía sus intenciones, y quien escribía la insultó con palabrotas, dijo que sabía que yo era diputada y que me iba a jo… Además, que la iban a buscar a ella, que se cuide. Tenemos los números de donde llamaron, como el número de cuenta”.

Marcelo Antezana, otra víctima de este tipo de Hackeo, reportó a este medio que uno de sus contactos recibió un QR, con el mismo nombre, Scarlet Gómez, pero en el Banco Nacional de Bolivia.

Otra diputada, también del MAS, quien prefirió no revelar su identidad, relató que fue el mismo día. “Me llamaron y me dijeron que la vigencia de WhatsApp ya había concluido y por lo tanto debía darles mi código de ingreso al celular. Se identificó un señor Camacho y que me llamaban de la central de la red social. Si no daba mi contraseña, inmediatamente después de la llamada, para preservar mi propia seguridad, se me iba a cortar el servicio”.

En primera instancia, ella se negó a proporcionar la información, y la persona al otro lado de la línea, con un tono firme, insistió: “es su decisión, pero insisto, se le cortará el servicio y para usted será un problema, porque perderá todos sus datos y contactos. Presionó tanto, que la verdad es que logró intimidarme. Di la contraseña e inmediatamente, a los cinco minutos, a un familiar cercano llama una amiga y le dice que si era cierto que yo ofrecía cambiar dólares. El Hackeo se había consumado”.

No tenía acceso a la cuenta, “pero incluso algunos diputados se comunicaron conmigo. En mi caso fue suficiente darles mi código de acceso, mi contraseña personal, y se metieron sin problemas”.

La periodista Jimena Mercado también fue víctima de este ataque. “Asumí que era parte del servicio de WhatsApp, y por eso caí al introducir ese supuesto código de seguridad. Está tan bien clonada la cuenta y el procedimiento que te da pocas pistas para sospechar, así que seguí los pasos y ante mis ojos se perdió mi cuenta en esta red social, desapareció, como si la hubiera anulado de mi dispositivo”.

La comunicadora lamenta que desde ese momento sus contactos empezaron a recibir mensajes supuestamente suyos. “Los saludaban e indicaban que quería cambiar dólares. Hasta ahí llegaron porque yo alerté en mis redes sociales”.

Por su parte Marcelo Antezana, otro ciudadano también víctima de este ataque, coincidió con la periodista en que un tema clave para detener el avance de la invasión cibernética fue pedir a sus contactos que bloqueen su cuenta. “Eso fue clave, porque al hacerlo, el verdadero WhatsApp le quitó a los delincuentes la posibilidad de que se puedan seguir comunicando con otros contactos”.

En ambos casos, ya no lograron entrar a la segunda fase, que era pedir dinero prestado porque supuestamente enfrentaban una emergencia. Ambos realizaron el trámite siguiente, enviar un correo a WhatsApp para recuperar sus cuentas. Antezana lo logró en no más de 72 horas, la periodista afirmó que tardó más, “creo que he llegado al octavo día. La pena fue que perdí información muy valiosa que tenía. Lo último que pude ver fue de noviembre 2023. Terrible para nosotros los periodistas que recibimos datos a veces confidenciales e incluso uno guarda declaraciones de personas que te responden requerimientos periodísticos en notas de voz”. Antezana tuvo más suerte, recuperó información más reciente, porque accedió a la programación de la red social que permite actualizar cada 48 horas.

Pero Marcelo Antezana lamentó la atención de Viva, la compañía que le presta el servicio, “porque cuando recibí los mensajes de los atacantes, llamé y pregunté qué debía hacer, y la verdad es que no supieron ayudarme, así que le seguí el juego a quienes me atacaron y caí”.

Otra víctima fue el exmilitar, experto en Inteligencia, Jorge Santistevan, también fue víctima del hackeo, con un procedimiento similar. “Yo vi que la foto que tenía en Facebook e Instagram fue utilizada en mi cuenta de WhatsApp. De esa forma hicieron creíble que yo necesitaba dinero por una necesidad inmediata. Usaron mi nombre con todos mis contactos. Esta gente se metió a mi teléfono y a mis redes sociales”.

El experto señaló que “fui víctima de un seguimiento a mis cuentas, no solamente de WhatsApp, sino de otras redes sociales, menos mal que no hago transacciones por el celular, porque me las hubieran vaciado. Intentaron lucrar usando mi nombre y apellido”.

Aseguró que como “exmilitar, conocedor del área de Inteligencia, porque fui profesor de esa área en el Ejército boliviano y en el exterior, imposible que caiga en la trampa de dar detalles íntimos, claves y demás. Lo que me preocupa es cómo utilizaron mi cuenta por encima de la reserva que yo mantengo. Quienes se muestran en redes haciendo gala de estar en lugares, viajes, se exponen con las fotos a los integrantes de su familia y se hacen vulnerables. Estas bandas conformadas por extranjeros y bolivianos penetran y arriesgan la seguridad de todos nosotros con la mínima información, y eso preocupa”.

Pero, en su caso también hubo la llamada de una persona, con acento parecido al colombiano, que le pedía introducir el código para reactualizar la cuenta. “Yo no accedí a dar ninguna información. Me enviaron el mensaje de texto, y yo lo borré, no di dato alguno y aún así me pudieron penetrar, sin dar clave alguna. Le puedo decir que no sólo la persona hablaba como tal, sino que el número era de Colombia”.

Su análisis va más allá. “Yo soy una persona que doy constantemente declaraciones en medios, al tener un perfil público, hicieron un seguimiento y solamente con mi número telefónico, lograron meterse. Esto no lo trabajan dos o tres personas, es mucho más grande y las autoridades deberían analizarlo a fondo”.

Inacción de parte de la Policía

Las autoridades policiales, que evitaron compartir datos sobre estos hechos, piden a las víctimas más información sobre los atacantes y les dicen que las cuentas, los números de teléfonos de donde los llamaron, o inclusive la cuenta esa de la supuesta Scarlet Gómez, que se repite, no es dato suficiente para avanzar en la investigación, coincidieron las víctimas.

Los asesores de la diputada Soledad Pérez denunciaron a la Policía, “pero la verdad es que no hubo ningún tipo de apoyo. Yo soy productora de calzados, y realizo transacciones económicas. En uno de los mensajes a los que accedieron había pasado a alguien mi número de cuenta. Gracias a Dios no las realizo a través de mi celular. Por lo tanto, al no utilizar esas aplicaciones para pagar, no me vaciaron la cuenta”.

La otra diputada, que prefirió no identificarse, relató que inmediatamente se comunicó con la Policía, pero lo que hicieron esas autoridades fue contactarla con un teniente quien se limitó a ayudarla a levantar el hackeo y recuperar su cuenta. “Lo hicimos sobre la marcha. Él me guió para redactar una nota a un correo electrónico de WhatsApp, para bloquear, y que ya no puedan seguir usando la cuenta. Han tardado ocho días en rehabilitar el uso de esa red social. Por favor, que la población no se deje sorprender. Algunas personas como yo ceden por el temor a perder el contacto, lo mismo pasó con varios colegas en la Asamblea”.

Antezana sí realizó una denuncia ante la división de cibercrimen de la FELCC. “Lo hice porque a mis contactos les pasaron una cuenta con nombre y carnet de identidad. Pensé que esa podía ser una buena línea de investigación. Ayer me escribieron, y me pidieron que por favor les envíe más información, que la que proporcioné era insuficiente. La verdad, no tengo más información, así que creo que nada más se puede hacer”.

La periodista Mercado confesó que “preferí no hacer ninguna denuncia. Fui por la telefonía Tigo y me dijeron que no podían hacer mucho, porque no tienen tuición sobre WhatsApp. Señalaron que ‘si le bloqueamos el número usted no podrá comunicarse con nadie, así que no me convenía quedarme sin incluso las llamadas abiertas”.

No fue a la Policía porque “supe que a otros colegas que les pasó lo mismo, las autoridades les pidieron que dejen el celular. El mío está vinculado a otras redes sociales, así que al final definí no hacerlo, y no reporté a la FELCC”.

Santistevan admitió que “sinceramente no realicé ninguna denuncia. Sé que reciben decenas por día, tienen tantas denuncias que no solucionan ninguna. Solamente te advierten que tienes que cuidarte, y si hay evidencias, pero sólo si tiene más información, es decir, si uno les hace toda la investigación, entonces lo tomarán en cuenta”.

Lamentó que “este tema es mucho más complicado de lo que parece. Estamos hablando de mafias internacionales organizadas, que contactan a personas que están sentenciadas o con detención preventiva en las cárceles del país, y no saldrán de la cárcel, para pagarles y montar estos engaños. El autor intelectual está operando desde el exterior incluso, es el que recibe la mayor ganancia, y eso no se percatan o no quieren ver las autoridades. Son mafias internacionales, mucho ojo con eso. Y no se ha tocado, no le echemos la culpa al reo rematado, más peligroso es el que le paga su comisión y está afuera indagando en nuestra privacidad”, dijo.

En el análisis del exmilitar lo que se comprueba es que “somos vulnerables a ser perseguidos y a debilitar cada vez más la intimidad. Perdimos la libertad, la reserva en nuestra vida diaria y cada día, el ciberespacio del país, está más vulnerable”.

Fuente: El Deber

Supuesta venta de base de datos con información personal de 12.5 millones de bolivianos

El ODIB ha identificado un posible caso (muy grave de comprobarse) que estaría exponiendo la privacidad de datos en nuestro país. Según una publicación en el grupo de Facebook «Programadores – Bolivia», se está ofreciendo a la venta una base de datos que supuestamente contiene información detallada de 12.5 millones de personas de Bolivia.

La publicación, atribuida a un perfil con el nombre «Jose Richard Richard», muestra una imagen de muestra de la base de datos en venta. Entre los campos revelados en esta imagen se encuentran datos sensibles como números de cédula de identidad, fechas de nacimiento, nombres completos, lugares de emisión de documentos, género, estado civil, además de información financiera como «CUA» y «AFP».

Si la venta resulta ser cierta, las implicaciones son alarmantes. Los riesgos asociados incluyen el robo de identidad, el fraude financiero, la suplantación de identidad y el uso malicioso de datos personales para fines ilícitos.

Es crucial que tanto las autoridades competentes como los ciudadanos estén alerta ante esta situación y sus posibles impactos.

Nuevamente se hace evidente la necesidad de promover la conciencia sobre la protección de datos personales y tomar acciones legales contra cualquier práctica que comprometa la privacidad y seguridad de la información de los ciudadanos bolivianos.

El ODIB seguirá monitoreando este caso y proporcionando actualizaciones pertinentes a medida que existan novedades. La protección de la privacidad y la seguridad de los datos debe ser una prioridad en la era digital en la que vivimos.

Imagen: BBC

Fuente: Observatorio de Delitos Informáticos de Bolivia

Tras la muerte de Navalny, hackers rusos robaron una base de datos con información sobre cientos de miles de presos

Un grupo de hackers contrarios al Kremlin violó una red informática del sistema penitenciario ruso para robar los datos de cientos de miles de presos, como forma de venganza por la muerte del líder opositor Alexei Navalny, reveló este lunes una investigación de CNN.

De acuerdo a la cadena estadounidense, el hackeo ocurrió pocas horas después de la muerte del disidente, ocurrida el pasado 16 de febrero en la remota colonia penal de Kharp, en el Ártico. Navalny estaba detenido en esa cárcel desde fines de 2023 y las causas de su muerte siguen siendo poco claras.

Tras acceder a una red informática vinculada al sistema penitenciario ruso, los hackers subieron en el sitio web del contratista de prisiones rusas una foto de Navalny y su esposa Yulia en un mitin político junto al mensaje: “Larga vida a Alexey Navalny”.

Los hackers también dijeron haber robado una base de datos con información sobre unos 800.000 presos y sus familiares y contactos, incluidos, según los responsables, los datos de los presos de la colonia penal donde murió Navalny.

CNN dijo que pudo comprobar el hackeo después de revisar datos del mismo, realizar entrevistas con los piratas informáticos y obtener capturas de pantalla.

Los piratas informáticos dijeron a la cadena ser de distintas nacionalidades, incluidos expatriados rusos y ucranianos. También aseguraron están compartiendo esos datos, incluidos los números de teléfono y las direcciones de correo electrónico de los presos y sus familiares “con la esperanza de que alguien pueda ponerse en contacto con ellos y ayudar a entender lo que le ocurrió a Navalny”, dijo a la CNN un pirata informático que afirma estar implicado en la filtración.

Además, los piratas informáticos accedieron a la tienda en línea del sistema penitenciario ruso. En la tienda los familiares de los reclusos pueden comprar alimentos para sus parientes, y los hackers cambiaron los precios de productos como fideos y carne enlatada a un rublo, lo que equivale aproximadamente a 0,01 dólares, según capturas de pantalla y vídeos de compras en la tienda en línea publicados por los piratas informáticos y vistos por CNN.

El cambio perjudicó al Estado ruso, que controla la tienda, ya que normalmente los productos cuestan más de un dólar.

Según uno de los hackers implicados, el administrador de la tienda en línea de la prisión tardó varias horas en darse cuenta de que los rusos estaban comprando alimentos por centavos. Según su relato, las autoridades tardaron 3 días en reparar la violación y eliminar los descuentos.

Aunque no admitió abiertamente el hackeo, un día después de que los piratas informáticos ingresaran al sitio web y lo sustituyeran por la foto de Navalny, la empresa que maneja la tienda en línea (JSC Kaluzhskoe) publicó en la plataforma rusa de redes sociales VK que había sufrido un “fallo técnico” que había provocado que los “precios de los alimentos y productos de primera necesidad” se reflejaran “incorrectamente”.

El hacker que habló con CNN reveló además que el grupo de piratas informáticos envió notas a los administradores de la tienda online de la prisión, advirtiéndoles de que no retiraran los mensajes pro-Navalny de la página web. Cuando los administradores de la web se negaron, los hackers tomaron represalias destruyendo uno de los servidores informáticos de los administradores.

La acción pareció ser un caso de piratería informática por motivos políticos, o “hacktivismo”, que ha proliferado en los más de dos años transcurridos desde la invasión a Ucrania por parte de Rusia.

En el sitio hackeado, los piratas dejaron un mensaje, revisado por CNN, en el que decían ser expatriados rusos. “Nosotros, especialistas en informática, abandonamos la Rusia actual”, dijeron “Amamos a nuestro país y volveremos cuando esté libre del régimen de Putin. E iremos hasta el final por este camino”.

Fuente: Infobae

Hackear al Gran Hermano. Activismo para escapar de la cibervigilancia masiva

Como argumenta Theo Anthony en sus documentales Subject to Review y All light, Everywhere, toda imagen, fija o en movimiento, está abierta a la interpretación de quien la contempla. O lo que es lo mismo: las imágenes generan narrativas. Al igual que el ojo humano, el objetivo de una cámara tiene unas virtudes y unos defectos, un marco que excluye aquello que no abarca y, en última instancia, un propósito en la observación. Cuando vemos una fotografía o un vídeo vemos aquello que fue captado, pero no vemos a quien coloca/sostiene la máquina, como tampoco percibimos la máquina en sí. Cuando observamos, no vemos nuestros propios ojos.

Aun con las Torres Gemelas en pie, hacia el año 1996, ya existían en Occidente campañas y grupos organizados que denunciaban el crecimiento imparable de la videovigilancia en las grandes capitales del mundo. Londres, Beijing, Madrid, Nueva York, en todas ellas comenzaron a multiplicarse las cámaras de seguridad y registro ubicadas en el exterior (farolas, semáforos, postes, cornisas…) y en el interior de los edificios (bancos, estaciones de tren, metro y autobús, restaurantes, centros comerciales, galerías…).

Por aquel entonces, específicamente en Nueva York, un grupo de activistas conformado por actores y actrices de teatro fundaron el Surveillance Camera Players como forma germinal de protesta contra estos dispositivos. Utilizando principalmente la performance humorística y el teatro, mostraban pancartas con mensajes de advertencia al público sobre la presencia de las cámaras de vigilancia en las redes de metro y en los lugares públicos más concurridos, entregando octavillas y señalando con el brazo extendido dónde se encontraban. Su líder, Bill Brown, declaraba en una entrevista: “Actuamos ante las cámaras para evidenciar su existencia”.

El SCP tomaba a los agentes de seguridad y a la policía por su público objetivo e interpretaban adaptaciones de novelas como 1984 y piezas teatrales como Esperando a Godot con el irónico fin de entretener a aquellos que se encargaban de mirar horas y horas de metraje sin contenido, además de utilizar esto como método de distracción para sus fines de vigilancia de los transeúntes. Otra de las actividades que llevaron a cabo fue el mapeo conciso, manzana por manzana, de ciertas zonas masificadas de la gran ciudad donde anotaban el tipo, la ubicación y el órgano al que pertenecían las cámaras de videovigilancia que encontraban en sus rutas de rastreo, para luego compartirlas públicamente.

Llegados a la década de 2010, este Estadio 0 de señalamiento y advertencia sobre los dispositivos se hizo insuficiente. Gracias a la expansión de Internet fue posible la toma de conciencia global respecto a esta supervisión sistemática y naturalizada de nuestro día a día como ciudadanos. Cualquier persona del planeta con acceso a la Red podía encontrar cientos de sitios web desde los que asomarse a avenidas, parques, aeropuertos y eventos de todo el mundo.

Si en 1971 William Powell publicó su polémico Libro de cocina del anarquista, en el que daba instrucciones específicas para la manufactura de explosivos, drogas sintéticas y armas para la guerrilla urbana, ante esta nueva situación apareció en el año 2000 la última actualización de una obra que podría asemejársele: la Guía para la destrucción de los CCTV. En ella se desglosan la tipología de videocámaras conocidas hasta esa fecha, incluyendo aquellas que no eran más que réplicas no operativas únicamente ideadas para la disuasión, y las formas que se conocían parar inutilizarlas. Se podían rociar con espray negro, romperlas con martillos, descolgarlas con pértigas, cortar los cables, nublarlas con punteros láser… todo un conjunto de técnicas que fueron probadas y perfeccionadas por aquellos grupos que se sumaron al juego online denominado CAMOVER, reto nacido en Alemania hacia el año 2009 que fue rápidamente imitado en UK, Grecia, Finlandia, Rusia, China y EEUU hasta convertirse en un movimiento autodocumentado.

Las misiones y botines obtenidos por estas células de búsqueda y destrucción de videocámaras se exhibían en los canales de YouTube y blogs de los grupúsculos involucrados. Concretamente, las más organizadas y efectivas fueron perpetradas en China por los ciudadanos hongkoneses durante las manifestaciones de la llamada Revolución de los Paraguas en 2014. Los manifestantes, estudiantes en su mayoría, sublimaron las prácticas expuestas añadiendo novedades que incluían inhibidores de radiofrecuencia y la comunicación mediante sistemas de mensajería instantánea encriptados. Los paraguas que dieron nombre a las revueltas, aglomerados, servían de velo mientras algunos de los manifestantes destruían las cámaras de videovigilancia.

Junto a esto, dado el avanzado nivel de control burocrático-cibernético, gran parte de los manifestantes envolvían sus documentos de identidad con papel de aluminio y se desplazaban en el transporte público sin utilizar sus abonos personales para dificultar el monitoreo de sus recorridos. Gracias a estos acontecimientos, el Project KOVR desarrolló abrigos y complementos fabricados con materiales que aíslan de toda señal potencialmente invasiva para los objetos con chips electromagnéticos. Sus prendas protegen al portador de la infosfera.

Los métodos ideados durante el Estadio 1, que cambió el señalamiento por el ataque a los dispositivos, se revelaron obsoletos debido a la irrefrenable proliferación de sistemas de videovigilancia y geolocalización. El enfrentamiento físico con la máquina se reveló absurdo. Era ya infinito el número de ojos que cegar.

Así las cosas, el Estadio 2 irrumpe en el escenario como próxima fase ineludible: el hackeo a la vigilancia desarrollado hasta nuestros días, cuya diversificación y especialización de las metodologías de control ha evolucionado más allá de la mera filmación convencional. Ahora existen programas de reconocimiento facial y de matrículas, de control remoto de la ubicación por satélite de vehículos y móviles, el pilotaje profesional de drones con fines militares y demoscópicos. Es decir, existe una inimaginable cantidad de datos que pueden ser y son utilizados como pruebas en procesos políticos, bélicos y judiciales, lo que supone, entre otras cosas, una supervisión no consentida de nuestro comportamiento en la cotidianidad. ¿Qué ojos y por qué nos están observando? ¿Qué y por qué queda fuera del marco de su objetivo? ¿Qué y por qué buscan dentro del marco que abarca su objetivo? 

Empezando por el menos drástico de los métodos para hackear los programas de reconocimiento facial, tenemos el ejemplo del colectivo Dazzle Club. Afincadas en Londres, sus cuatro activistas (Evie Price, Emily Roderick, Georgina Rowlands y Anna Hart) se dedicaron entre los años 2019 y 2021 a desarrollar maquillajes realizados con patrones y colores que distorsionan los rasgos maestros de las facciones humanas, ese triángulo invertido formado por cejas, ojos, nariz y labios. La técnica está inspirada en un mecanismo de principios de siglo utilizado durante la Gran Guerra. Para obstaculizar el cálculo de la posición y la velocidad de desplazamiento de sus unidades en altamar, el ejército británico pintó con diseños geométricos contradictorios el casco de muchos de sus buques, lo que confundía la visión humana a través de telescopios y prismáticos.

En una línea similar, el artista Leo Selvaggio, fundador del Proyecto URME, hizo fabricar con alto nivel de detalle máscaras de su propia cara que, bajo el objetivo de una cámara, sólo pueden identificarlo a él y no a la persona que la porta. Su manifiesto, asimilable al reiterado lema de Erik Urano en su canción No I.d. “yo soy todos bajo el balaclava”, es muy simple: oculta tu cara con la mía porque, en una sociedad videovigilada, U [tú] R [eres] ME [yo]. Otro ejemplo más sutil de jaqueo a plena vista es el de las Privacy Visor Glasses, obra de Sunphey Optical, ideadas para fundir a negro los rasgos faciales maestros cuando nos enfoca una cámara equipada con filtro infrarrojo, como las ubicadas en carreteras y autopistas de todo el globo.

La hacker Kate Ross, al igual que hizo la artista digital Simone C. Niquille, decidió emplear una estrategia contraria. Si las cámaras buscan rostros y caracteres alfanuméricos, ¿por qué no enterrarlas en ellos? Ambas activistas diseñaron, respectivamente, prendas plagadas de matrículas burlonas y rostros incompletos para producir saturación en los algoritmos de reconocimiento de los dispositivos, específicamente contra el sistema de reconocimiento facial y etiquetado de Facebook. 

Sin embargo, aún queda por conocer al mayor trol de todos a escala internacional: Adam Harvey. Este artista multidisciplinar y su equipo han llevado hasta el paroxismo sus proyectos para combatir la vigilancia en todas sus vertientes. No sólo ha desarrollado artefactos para deflagrar instantáneamente las fotografías que se disparen contra nosotros (CamoFlash), también programas de encriptación facial virtual, aplicaciones regeolocalizadoras que falsifican la posición real de nuestros dispositivos (DATA POOLS) y una línea de ropa concebida para invisibilizar al sujeto ante cámaras de visión nocturna y térmica (STEALTH WEAR). Sobre esta última, el propio Ejército del Aire estadounidense advirtió por Twitter de forma subrepticia que su uso podría tener consecuencias inesperadas para quien lo cometiese. 

En estos tiempos en los que muchos cuerpos de policía del mundo portan cámaras individuales en los uniformes, en los que ciudades como Baltimore fueron ilegalmente fotografiadas desde el aire estilo Google Earth durante meses por un avión no tripulado perteneciente una empresa privada, ¿qué podríamos esperar del futuro Estadio 3 de la videovigilancia? El arquitecto Asher J. Kohn quiso dar una primera respuesta a esta pregunta hace 10 años y aún sigue perfeccionándola: Shura City. Diseñó, tomando como referencia la estética de los edificios de Habitat 67 en Canadá, un complejo habitacional a prueba de drones (UAV). En él, los edificios se organizan a diferentes alturas y generan recovecos para no permitir a los UAV vuelos rasos ni estables lo que, a su vez, provoca que el aspecto intrincado exterior no encaje con la armonía espacial interna. Algunas de las azoteas poseen minaretes estratégicamente colocados que mantienen una cúpula de temperatura uniforme, lo que sabotea cualquier escaneo térmico de su superficie. Además, y si las cosas se pusieran feas, las ventanas del complejo están cubiertas de celosías con códigos QR que amenazan a los UAV de su excesiva cercanía al poder leerlos. Si persisten en aproximarse, las ventanas estallan para derribarlos.

Al menos en apariencia, quizás para preservar nuestra intimidad, en un futuro cercano debamos seguir la estela de Ítalo Calvino e inventar ciudades invisibles. El Estadio 4 será poblarlas.

Fuente: Retina

Hackmeeting: 13 años de fomentar la comunidad de hackers en el país

El sábado 02 de diciembre la comunidad “HackLab Brickheads Cochabamba” será anfitriona del encuentro anual “hackmeeting”, evento que reúne a hackers, comunidades, aficionados y profesionales de distintas áreas para compartir conocimientos, anécdotas y experiencias acerca del mundo del hacking, uso libre de tecnologías, manejo de datos, seguridad de información, tecnologías en tendencia y su impacto en la sociedad. Este encuentro se desarrollará en el proyecto mARTadero desde las 09:00 y contará con diferentes actividades para todo público.

Este año, el encuentro anual de la comunidad de hackers se desarrollará en Cochabamba, tras realizarse en las ciudades de Yacuiba y La Paz las dos versiones anteriores. Los organizadores indican que la característica de este año será el uso del espacio que ofrece mARTadero para montar salas de “villas” que serán lugares para la experimentación y muestra de las posibilidades del hacking, además de contar con exposiciones, charlas, juegos, talleres, muestras de exposición de diferentes proyectos tecnológicos además de diálogo entre comunidades, grupos y colectivos tecno-sociales; todo con la intención de fomentar el desarrollo de pensamiento crítico y generación de redes en la comunidad hacking en Bolivia.

El fenómeno del hacking es una tendencia mundial a la que vale la pena prestar atención por las implicaciones que puede tener en la seguridad de las personas que cada vez están más inmersos en el uso de las tecnologías. De acuerdo con el portal proofpoint el hacking es “la explotación de vulnerabilidades en las redes y sistemas informáticos de una organización para obtener acceso no autorizado u obtener el control de los archivos digitales.”

El portal indica que los dispositivos más propensos a sufrir ataques son las computadoras, teléfonos móviles, dispositivos de internet, routers de redes y cajeros automáticos. La organización del evento indica que este evento busca presentar estos escenarios para generar conciencia en el público, además de motivarlos a conocer el mundo del hacking y sus diversas facetas siendo muchas de ellas malinterpretadas y exageradas por el ciudadano común. Mauricio Conde, miembro del colectivo HackLab explica: “Un hacker no es aquel pirata informático con capucha negra detrás de una computadora con muchos caracteres verdes en la pantalla que las películas nos plantean, un hacker es una persona curiosa que busca sobrepasar los límites y barreras impuestas movido por un interés meramente intelectual; no de lucro y perjuicio.”

“Tratamos de que el evento sea una celebración hacker de principio a fin, donde cualquier persona y su opinión pueda ser escuchada, donde está permitido pensar distinto y salirse de la caja, construir un diálogo, reflexiones, ideas y críticas que seguramente serán parte de un actuar colectivo, un evento que reúne a grandes y pequeños, ajenos y cercanos, personas de todas partes y de ninguna; juntos con la finalidad de compartir desde el grano más pequeño de conocimiento y curiosidad hasta la más ingente masa amorfa de sabiduría” menciona la organización.

El evento será gratuito y abierto al público, se desarrollará el próximo sábado dos de diciembre en ambientes del proyecto mARTadero (calle 27 de agosto y Ollantay) Para mayor información se puede visitar la página web del evento: https://0x7e7.hackmeeting.org.bo/ o contactarse con el correo electrónico: hm2023-staff@hackmeeting.org.bo

Fuente: Martadero

La guerra invisible en el conflicto Israel-Hamas

En medio del polvo y el estruendo de los bombardeos, hay una guerra en curso que se libra en las sombras, en un campo de batalla que trasciende las fronteras físicas y las líneas de tiempo tradicionales.

El conflicto Israel-Hamas ha dado paso a una nueva era de confrontación, una que se desarrolla en el ámbito digital, donde los teclados son las espadas y los escudos son firewalls.

Esta guerra invisible, pero potencialmente devastadora, se está librando en el ciberespacio, donde las fronteras son difusas y los ataques son tan sigilosos como mortales.

En este escenario cibernético, las tácticas son tan astutas como las de cualquier estratega militar.

Los hackers, ya sean individuos, grupos ciber activistas o incluso estados-nación, se han convertido en los nuevos soldados, utilizando técnicas avanzadas para infiltrarse en sistemas, robar información vital y desestabilizar infraestructuras críticas.

Los ciberataques, una vez relegados a la ciencia ficción, son ahora una realidad incómoda que enfrentamos cada día.

En el contexto del conflicto Israel-Hamas, el ciberespacio se ha convertido en un terreno fértil para la lucha encubierta.

Los ataques de phishing, el malware sofisticado y los intentos de sabotaje digital se han vuelto moneda corriente en esta batalla no declarada.

Pero este no es solo un enfrentamiento entre estados o grupos militantes.

Los ciudadanos comunes también se ven atrapados en esta guerra cibernética, con la amenaza constante de ser víctimas de ataques cibernéticos indiscriminados.

La privacidad se ha convertido en un bien precioso y frágil, vulnerable a la explotación por parte de aquellos que buscan aprovecharse de la incertidumbre y el miedo.

En este escenario, la ciberseguridad se convierte en una preocupación central para todos nosotros.

La protección de nuestra información personal y la seguridad de nuestras infraestructuras digitales se han vuelto tan importantes como la seguridad física.

Es imperativo que las naciones inviertan en tecnologías avanzadas y en la capacitación de expertos en ciberseguridad para defenderse contra estos ataques.

Además, la cooperación internacional se vuelve esencial en este nuevo campo de batalla.

Esta guerra invisible nos recuerda la importancia de la vigilancia y la preparación en el mundo digital.

No podemos permitirnos ser complacientes; debemos ser proactivos en la defensa de nuestros sistemas y nuestras libertades.

Mientras enfrentamos esta nueva realidad, debemos hacerlo con valentía, determinación y un compromiso inquebrantable con la seguridad cibernética.

Solo entonces podremos esperar proteger nuestro mundo digital de las llamas de esta guerra invisible que arde en el conflicto Israel-Hamas y más allá.

CyberAv3ngers tomó el control de Mekorot

El reciente ciberataque perpetrado por el grupo propalestino CyberAv3ngers contra la Compañía Nacional del Agua de Israel (Mekorot) el pasado 10 de octubre de 2023 marca un alarmante y preocupante episodio en la ya tensa relación entre Israel y Palestina.

Este ataque, que ha dejado a Mekorot sin control sobre sus sistemas informáticos, ha tenido un impacto directo en la distribución de agua potable en todo el país, poniendo en peligro un servicio esencial para la vida diaria.

La reivindicación del grupo, que afirma haber llevado a cabo este ataque con el objetivo de “interrumpir los servicios esenciales para Israel”, subraya la creciente importancia de las operaciones cibernéticas en el conflicto Israel-Palestina.

A medida que las tecnologías avanzan, los actores no estatales están utilizando tácticas digitales para hacer valer sus demandas y ejercer presión sobre sus oponentes.

Este incidente subraya la necesidad urgente de una mayor seguridad cibernética y cooperación internacional para abordar las amenazas cibernéticas en el contexto de conflictos políticos.

La vulnerabilidad de las infraestructuras críticas, como el suministro de agua, a los ciberataques plantea preguntas difíciles sobre cómo proteger estos servicios esenciales en un mundo cada vez más interconectado.

Además, este acontecimiento resalta la importancia de encontrar soluciones pacíficas y duraderas para el conflicto Israel-Palestina. La escalada de los ciberataques solo sirve para aumentar la hostilidad y dificultar la búsqueda de un entendimiento mutuo.

En lugar de recurrir a tácticas cibernéticas destructivas, las partes involucradas deberían priorizar el diálogo, la negociación y el compromiso para encontrar una solución que beneficie a ambas comunidades y promueva la paz en la región.

A medida que la comunidad internacional observa estos eventos con preocupación, es imperativo que se tomen medidas significativas para abordar las vulnerabilidades cibernéticas y trabajar hacia una resolución pacífica del conflicto Israel-Palestina.

La escalada de ataques cibernéticos en el conflicto Israel-Palestina, con el reciente ciberataque a Mekorot y otros 44 incidentes similares, subraya la urgente necesidad de tomar medidas concretas para salvaguardar la seguridad de ambas naciones y sus ciudadanos.

La situación se ha vuelto aún más preocupante con la aparición de GhostLocker, un ransomware especialmente malicioso desarrollado por el grupo propalestino GhostSec.

Este tipo de ransomware, al cifrar los datos de las víctimas de forma irreversible, representa una amenaza seria para individuos y organizaciones por igual.

Enfrentar esta creciente amenaza cibernética requiere una colaboración efectiva entre gobiernos, sector privado y organizaciones internacionales.

Además, es fundamental que se promueva la conciencia pública sobre las mejores prácticas de seguridad cibernética para reducir el riesgo de ataques de este tipo.

Además, la prevención y la protección no deben limitarse solo a las esferas gubernamentales y empresariales.

Los ciudadanos también deben ser educados sobre cómo proteger sus datos personales y estar alerta ante posibles amenazas cibernéticas.

La seguridad cibernética se convierte, así, en una responsabilidad compartida que requiere la participación de todos los sectores de la sociedad.

En última instancia, la escalada de ataques cibernéticos en el conflicto Israel-Palestina destaca la necesidad apremiante de un enfoque global y colaborativo para abordar los retos de seguridad cibernética en el mundo actual.

Solo a través de la cooperación internacional, la preparación y la conciencia pública podemos esperar mitigar esta creciente amenaza y proteger a las sociedades de los peligros del ciberespacio en evolución constante.

El ataque a Mekorot es un ataque de alto impacto, ya que ha afectado a un servicio esencial para la población israelí. El ataque ha provocado interrupciones en el suministro de agua potable, lo que ha tenido un impacto negativo en la vida cotidiana de los ciudadanos.

El lanzamiento de GhostLocker es una nueva amenaza para la seguridad de las empresas e instituciones israelíes.

Este ransomware tiene la capacidad de causar daños significativos, ya que puede cifrar los datos de las víctimas de forma irreversible.

Libyan Ghosts Hackers suma complejidad a la guerra silenciosa

La incorporación del grupo Libyan Ghosts Hackers (LGH Team aka LGH) en el panorama de ataques cibernéticos en el conflicto Israel-Palestina es profundamente inquietante.

La participación de un grupo vinculado a ISIS (Estado Islámico) agrega una capa adicional de complejidad y peligro a esta situación ya volátil.

Este desarrollo resalta la necesidad urgente de una cooperación internacional más sólida para combatir la amenaza del terrorismo cibernético.

La colaboración entre países, agencias de seguridad y sectores público y privado se vuelve esencial para identificar, rastrear y neutralizar las operaciones de estos grupos extremistas en línea.

Además, este nuevo desarrollo subraya la importancia de la inteligencia cibernética y la ciberseguridad no solo a nivel nacional sino también a nivel global.

Los gobiernos y las organizaciones de seguridad cibernética deben estar alerta y preparados para enfrentar no solo a grupos estatales y ciberdelincuentes, sino también a entidades extremistas que buscan aprovecharse de la vulnerabilidad en línea.

La conciencia pública también juega un papel vital en este contexto. Las personas deben ser educadas sobre las tácticas que utilizan estos grupos extremistas en línea, así como sobre cómo protegerse contra ataques cibernéticos.

La ciberseguridad se convierte en una responsabilidad compartida que requiere el compromiso activo de individuos, empresas y gobiernos por igual.

En resumen, la incorporación de Libyan Ghosts Hackers a la lista de actores cibernéticos en el conflicto Israel-Palestina subraya la necesidad apremiante de una acción global coordinada para abordar las amenazas cibernéticas en evolución, proteger las infraestructuras críticas y garantizar la seguridad de las personas en línea.

Solo a través de un enfoque unificado y colaborativo podremos enfrentar eficazmente esta creciente y compleja amenaza.

Fuente: Infobae

Las estafas digitales subieron 43% en el primer semestre de 2023, en comparación con 2022

Durante el primer semestre de 2023, Bolivia Verifica detectó un incremento de la circulación de estafas en las plataformas digitales. El objetivo es robar dinero y datos personales, generar tráfico para posicionar una página y luego comercializarla e incluso apropiarse de las páginas de medios de comunicación conocidos en Bolivia. 

La cantidad de estafas detectadas en 2023 son una muestra de que este fenómeno subió 43% en comparación con similar periodo de 2022. 

La pasada gestión, las corrientes de estafas se dividieron en dos: las falsas ofertas laborales y las que buscaban engañar a los usuarios para extraer datos o dinero a través de premios, promociones o algún tipo de servicio inexistente.

En lo que va de 2023, se sumó una tercera corriente, el hackeo de páginas para conseguir dinero o para perjudicar a los dueños del sitio por alguna razón sociopolítica.

Si bien en el registro solo aparece una verificación del hackeo de páginas, en realidad se detectaron cuatro de estos casos. Los primeros tres fueron abordados en un Explicador, por ello no aparecen en este registro que es solo de verificaciones.

Radio Erbol, el suplemento cultural cochabambino La Ramona y el medio digital cruceño Clave 300 son los tres medios afectados. En los tres casos la plataforma atacada fue la página en Facebook.

Ninguno logró recuperar su cuenta. Actualmente, la de Erbol sigue compartiendo contenido en árabe, la de Clave 300 difunde historias con contenido para adultos y la de La Ramona ya no está visible.

El cuarto caso es el más reciente, ocurrió el 18 de junio, la plataforma atacada también es Facebook. En esta oportunidad, el perjuicio fue para el programa Cabildeo de la periodista Amalia Pando. El sitio no estuvo disponible al público en general por varios días, pero lo recuperaron y actualmente funciona con normalidad.

¿Cuáles son los posibles fines de hackear la página de un medio de comunicación?

El ingeniero en sistemas Raúl Terán dijo a Bolivia Verifica que hay tres posibilidades:

• Secuestrar la cuenta para pedir una recompensa a cambio de devolverla. 
• Robar la cuenta para luego venderla a usuarios interesados en tener una página que ya tiene un posicionamiento y buena cantidad de seguidores.
• Perjudicar el trabajo de la prensa.

Ante este aumento de hackeos, el ingeniero recomendó no entrar a correos o links desconocidos, ya que son anzuelos para instalar un malware malicioso para poder acceder a la contraseña de la página y así secuestrarla.

Estafas para robar dinero

En los casos en que se ofrecen falsos productos, servicios, premios o promociones, las finalidades son dos:

• Robarte dinero.
• Adueñarse de tu información personal.

Sobre el primer punto, llamó la atención a Bolivia Verifica que esta vez los estafadores usan fachadas más realistas. Por ejemplo, una lleva el nombre de una tienda existente y la otra menciona la dirección de una galería, pero allí no se comercializan los productos ofertados.

Una vez que la persona interesada hace el depósito para reservar el producto, los estafadores desaparecen y cuando la víctima va al sitio para reclamar le dicen que desconocen del tema o no encuentran dicha tienda en la ubicación señalada.

Otro modus operandi identificado es la “estafa nigeriana” que consta en que una usuaria de otro país indica que tiene una enfermedad terminal y que heredará un fortuna a quien muestre su interés. Un cómplice se hace pasar como su abogado o asesor para “concretar la transacción”. Este pide una cierta suma de dinero para consumar el depósito y desaparece una vez que la víctima hace el pago.

Se identificó varias estafas de esta índole circulando en los comentarios de las publicaciones de Bolivia Verifica en Facebook.

Robo de datos personales

Se detectaron también las clásicas cadenas por WhatsApp que aseguran que “X empresa regala X producto si ingresas al enlace”. Luego de llenar unos datos pide que lo compartas para concretar tu premio y después no ocurre nada, la finalidad es robo de datos.

Según expertos que entrevistó Bolivia Verifica, el objetivo es contactar a las víctimas más adelante y tratar de robarles dinero con algún tipo de engaño.

Falsas ofertas laborales

Aunque en los datos fríos parecería que las estafas laborales no han crecido mucho, de identificarse 10 en 2022 ahora se detectaron 13. Lo cierto es que sí aumentaron exponencialmente. La razón por la que esto no es visible en los datos es porque se unió más de una convocatoria para hacer una verificación por su similitud.

En varias ocasiones, se desmintieron convocatorias que llevaban un arte similar, con una lista de profesiones o actividades genéricas. Se recomienda no creer en publicaciones que tengan un orden parecido a este.

Un caso nuevo que se encontró es el uso de una deepfake para ofrecer trabajo. La deepfake es un video manipulado con inteligencia artificial para que parezca que una persona dijo cosas que en realidad nunca mencionó.

La grabación de una mujer que decía ser gerente general de proyectos de Amazon circuló en Facebook con la intención de engañar a la gente para que crean que es un trabajo real.

En Facebook es donde más se difunden todas estas estafas, un 55% se halló en esta red social; seguido de WhatsApp con un 30% y TikTok con 15%.

Expertos recomiendan acudir solo a páginas oficiales, revisar que los links que lleven el “.bo” al final y siempre corroborar que el sitio que compartió la oferta sea legítima.

Ante la duda se puede acudir a las empresas y/o enviar el contenido a Bolivia Verifica (62535868) para ser chequeado.

Fuente: Bolivia Verifica

El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela exigió que se respete el acceso libre y seguro a Internet

La ONG Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) de Venezuela exigió este miércoles, Día Mundial de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (Día de Internet) promovido por la ONU, el respeto por las libertades digitales de los ciudadanos, así como el acceso libre y seguro al Internet.

La ONG pidió, en una nota de prensa, que se respeten y mejoren las condiciones de libertad de expresión en el entorno digital en el país caribeño, ya que -aseguró- desde hace algunos años ha identificado casos de bloqueos a portales informativos, suplantaciones de identidad, campañas de desprestigio en redes sociales, fallas en la conectividad y suspensiones de perfiles en plataformas sociales, entre otras limitaciones.

Ipys documentó en 2022, un total de 27 incidencias en el entorno digital, las cuales comprendieron bloqueos a páginas web de medios de comunicación, jaqueos y otros ciberataques, informó en marzo pasado en su reporte anual.

De este total, prosiguió, hubo 8 casos de cierre y suspensión arbitraria de cuentas de redes sociales, bloqueo selectivo a páginas web (8), ataques de denegación de servicio (4) y jaqueos (2).

Además, suplantación de identidad (2), divulgación en Internet de la información personal de un periodista (1), acceso ilícito a un medio o soporte digital (1) y estafas (1).

“La censura y los ataques en espacios digitales representan una amenaza reiterada contra los derechos civiles y las garantías informativas, especialmente en una realidad marcada por la persecución contra los espacios informativos en los medios de comunicación tradicionales”, añadió Ipys.

Fuente: Infobae

Los ataques térmicos pueden adivinar tu contraseña en 20 segundos

Un grupo de científicos de la Universidad de Glasgow ha desarrollado un sistema basado en inteligencia artificial que adivina la contraseña de un usuario en segundos al detectar la huella de calor de los dedos sobre el teclado y las pantallas.

El sistema, denominado ThermoSecure, revela los riesgos de los ataques térmicos en ciberseguridad, en especial con el creciente uso de la inteligencia artificial, como la Universidad en una nota de prensa.

El robo de contraseñas mediante un ataque térmico no requiere conocimientos de experto, sino solo mirar las imágenes térmicas de un equipo situado estratégicamente junto a una pantalla o un teclado en el que se hayan introducido los caracteres de la clave.

La imagen mostrará en colores las teclas que ha pulsado el usuario, siendo más brillantes las pulsadas recientemente. Con una mirada atenta se puede adivinar la contraseña de una persona unos 30 o 60 segundos después de que se haya introducido.

El sistema desarrollado es capaz de identificar contraseñas largas de 16 caracteres en 20 segundos con un ratio del 67 por ciento de intentos correctos. En contraseñas más cortas, el ratio de éxito aumenta; se eleva hasta el 82 por ciento con claves de 12 caracteres y hasta el 93 por ciento con las de ocho.

Si las contraseñas se reducen a seis caracteres, la posibilidad de éxito asciende al 100 por ciento, según se recoge en la nota de prensa.

El estilo de mecanografía del usuario también contribuye, de tal forma que una persona que escriba lentamente y tienda a dejar los dedos más tiempo sobre la superficie de las teclas creará una firma de calor más duradera.

También influye el material con el que esté hecho el teclado, ya que afecta a la capacidad para retener el calor. Así, el estudio señala que los teclados fabricados con plástico ABS reduce el éxito de adivinación a la mitad de veces, mientras que en el caso de plástico PBT el éxito ronda el 14 por ciento de los intentos.

Imagen: La Voz

Fuente: 20 Minutos

Telegram es la mejor prueba de que el ejército ruso está con el agua al cuello

"Necesitamos a la fuerza aérea más que nunca. ¡Si alguien tiene contacto con algún comando, que nos lo envíe!". Esta frase no tendría ninguna importancia si hubiera sido una comunicación interceptada entre divisiones del ejército ruso. No es el caso. Se trata de uno de los muchos mensajes que se mueven en 'Don't Stop War', un canal de Telegram de apoyo a las tropas del Kremlin que, ahora, también está sirviendo para tratar de poner algo de orden en mitad del caos. "No importa quiénes seamos. Lo que importa es el plan", dicen los administradores de este canal, que lleva activo desde el inicio de la invasión de Ucrania, en su biografía. Sea como sea, que un soldado tenga que pedir ayuda en un canal público con 170.000 seguidores es la prueba definitiva de que el Kremlin está con el agua al cuello.

Esta conversación, que se ha viralizado en redes sociales, ha hecho levantar las cejas a muchos, pero también el cachondeo. "Este es el buzón de voz del Cuartel General Central de Defensa Aérea del Pueblo en Omsk. El buzón está lleno. Vuelva a llamar", ha ironizado Robert Farley, profesor de la Universidad de Patterson especializado en doctrina militar. Otros han recordado que la escasez de medios para comunicarse viene de lejos. "En 2008, en Georgia, los rusos utilizaron teléfonos móviles civiles para hablar con sus mandos. En 2022, en Ucrania, usan Telegram con el mismo propósito. Es increíble lo poco que han cambiado las cosas", ha recordado Konrad Muzyka, conocido analista de defensa y especialista en Europa del Este.

Si bien es cierto que el canal 'Don't Stop War' está enfocado a todo tipo de propaganda, también lo es que es cada vez más habitual ver este tipo de mensajes dirigidos a los combatientes. "Al retirarte, ¡quema el equipo si no es funcional!", dicen en otra publicación reciente, mientras que otros hablan por sí solos. "¡Tenemos Dudchany! ¡No nos retiramos! Si algún soldado se ha retirado, ¡estamos aquí! Esperando algún tipo de itinerario, o un plan global del Ministerio de Defensa". Poco antes, habían indicado que allí había tropas que solicitaban "apoyo aéreo porque no pueden ponerse en contacto con su superior para pedirlo de otra manera". Más allá de lo extravagante de esta búsqueda de ayuda, lo cierto es que es un síntoma de los problemas de organización y comunicación en el lado ruso.

El fiasco del ejército ruso viene de atrás: por qué su gran modernización ha fracasado

La lentitud de su avance y la cantidad de pérdidas materiales y errores en la invasión de Ucrania han dejado en evidencia el grave problema de fondo del ejército ruso: sigue anclado en el pasado.

"El ejército ruso lleva dando sorpresas con su planteamiento táctico militar desde el inicio de la guerra, y que los soldados pidan ayuda en Telegram es una de ellas", explica Vicente Aguilera, experto en ciberinteligencia de la empresa Internet Security Auditors. "Son unas fuerzas armadas que se caracterizan por su hermetismo y, por ejemplo, los militares no hablan públicamente. Eso choca bastante con que ahora haya militares que tengan que utilizar un canal abierto en el que todo el mundo puede ver las penurias que están pasando".

Lo cierto es que en el lado de Kiev también se han visto situaciones similares, pero, recalca, la comparación no es justa: "La precariedad era más esperada por la parte ucraniana. Rusia es toda una potencia militar y, aunque seguro que no tiene todas las cartas sobre la mesa, muchos flecos están llevando a una situación que no esperaban". Este miércoles, se ha viralizado un vídeo en el que se ve a varios soldados rusos diciendo que han sido abandonados y explicando las condiciones lamentables en las que están combatiendo. Al final, se oye a uno de los soldados decir "¡Súbelo a Telegram!"

Hay varias razones que explican el caos del ejército ruso, y la principal es la doctrina. Aunque en los últimos años ha tenido una modernización en armamento, eso no ha ido acompañado en el plano organizativo, donde los mandos intermedios siguen relegados. Así, se optó por reducir la cantidad de efectivos de infantería o fusileros para favorecer las unidades tácticas potentes y con gran movilidad. Si bien eso puede funcionar en ciertas situaciones, además de ahorrar costes, también ha sido la razón por la que las tropas de Putin no han podido afianzar el terreno conquistado en Ucrania.

Además, cabe recordar que los sargentos y suboficiales rusos no son profesionales de carrera, algo que sí ocurre en España (y los países de la OTAN), tal y como explicó este periódico. Es lo que hace que en Occidente se puedan delegar distintas funciones sin mayor complicación, cosa que no está ocurriendo en Moscú, donde la iniciativa de las tropas en el frente es prácticamente inexistente, algo letal en un conflicto de este tipo.

Por supuesto, a eso se le han unido las carencias logísticas y una mala planificación que les ha llevado a improvisar más de la cuenta, y es lo que también explica buena parte de las emboscadas que han sufrido. Tampoco rema a favor la moral de los soldados, que está por los suelos. Hace una semana, 'The New York Times' sacaba a la luz unos audios de varios combatientes rusos —interceptados por la inteligencia ucraniana— hablando con sus familias y donde se reflejaban las pésimas condiciones en las que estaban operando, pero también el hartazgo con el Kremlin. "Putin es un idiota. Quiere tomar Kiev, pero no hay forma de hacerlo", decía uno de ellos.

Sobre este punto, cabe recordar que, desde el inicio de la guerra, miles de radioaficionados interceptan supuestas comunicaciones rusas —suele ser complicado verificar la autenticidad— tanto a través de receptores de onda corta físicos como de los SDR (Radio Definida por 'Software', por sus siglas en inglés) 'online', que permiten prescindir de un aparato específico. Después, lo suben tanto a webs especializadas como a plataformas convencionales como YouTube, Twitter o Discord, donde miles de personas se coordinan para captar, subir y traducir las escuchas.

Cómo Rusia explota la plataforma que prohibió

Telegram ha sido, junto a Twitter y TikTok, uno de los principales campos de batalla de la guerra digital entre Rusia y Ucrania. "La comunicación es básica en un escenario bélico como este, donde internet está teniendo un papel clave. La información y la inteligencia pueden decantar la guerra", enfatiza Aguilera. En el caso de la aplicación de mensajería, lo curioso es que fue fundada por un conocido opositor a Putin, Pavel Durov, que huyó del país hace años. Además, el Kremlin bloqueó el acceso a esta plataforma entre 2018 y 2020.

Ahora, tras la recogida de cable, se ha dado de cuenta de que también puede ser funcional para sus intereses. El ejemplo más reciente es que, tras la movilización de los reservistas, están utilizando esta red para el reclutamiento, tanto en canales oficiales como en otros independientes —al menos, sobre el papel— que apoyan a Putin. Sin ir más lejos, ahí está el caso del Ministerio de Defensa, que comparte regularmente imágenes de entrenamiento militar de civiles con el 'hashtag' #StrongerTogether.

Quién es la mano derecha de Zelenski que está ganando la guerra digital contra Rusia

La popularidad de Mykhailo Fedorov se ha disparado desde la invasión rusa. ¿El motivo? Su Twitter se ha convertido en una maquinaria de 'lobby', pero hay mucho más en la trayectoria de este gurú convertido en ministro

Por el lado de Kiev, ha habido distintas iniciativas para librar la batalla 'online', y casi todas ellas han sido dirigidas o promovidas por Mykhailo Fedorov, el vice primer ministro y titular de la cartera de Transformación Digital en Ucrania. En Telegram, una de las más sonadas ha sido el ejército informático, que no es otra cosa que un canal en el que se organizan ataques de denegación de servicio contra empresas e instituciones rusas.

Pero no todo viene de los gobiernos. Ahí está el caso de DDoSecrets, un grupo que se dedica a robar información sobre estos actores para publicarla en bruto en la plataforma. Para muchos, es un sustituto de WikiLeaks, pero hay una diferencia sustancial con la organización de Assange, ya que no hacen ningún tipo de filtro sobre estos datos y, claro, no hay quien se pare a leerlos. En Rusia también hay quien está tratando de buscar una vía de escape del país a través de la 'app' o, incluso, buscando certificados de hepatitis C o VIH para, al menos, no ir a combatir a un frente que cada vez pinta peor.

Imagen: El Español

Fuente: Tecnologia

Hackeo al Ejército: lo menos grave es la salud frágil de AMLO

Un grupo de hackers activistas llamado Guacamaya penetró los servidores de la Secretaría de la Defensa de México (Sedena) y obtuvo informes de inteligencia, partes militares, tarjetas confidenciales, fotos, videos, redes de vínculos y contactos, bases de datos, archivos, conversaciones, contratos, planes, seguimientos y mucha más información marcada como confidencial que hoy está expuesta. Lo que el Ejército sabe sobre los narcotraficantes, los nombres y apellidos de los soldados que participan en operativos de alto impacto, y el número de militares desplegados en cada lugar, en cada misión, están expuestos y en algunos casos hasta con los horarios de servicio de los militares.

En un momento político en que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), impulsa vehementemente entregar todas las tareas de seguridad a las Fuerzas Armadas, estas se exhiben incapaces de cuidar hasta lo que mandan por correo electrónico.

Frente al estado de vulnerabilidad en el que está la seguridad nacional, AMLO no ha respondido con la seriedad de un jefe de Estado sino con la inmadurez de un niño berrinchudo. En su conferencia matutina del viernes 30, al día siguiente de la revelación, no dijo una palabra sobre la incapacidad del gobierno para proteger a los soldados que están luchando contra el crimen organizado o para resguardar la información estratégica con la que debería estar combatiendo los altos niveles de inseguridad en México. En cambio, puso una canción popular que habla de un hombre con pésima salud —el hackeo reveló también que el presidente ha tenido hospitalizaciones de emergencia, que su gobierno había escondido— y decidió atacarme por haber sido el periodista en cuyo programa se reveló la información.

El jueves pasado, en mi espacio de la plataforma Latinus, dimos a conocer algunos de los documentos que obtuvo Guacamaya, quienes señalaron en un comunicado que su misión es la reivindicación social al evidenciar la estructura, la corrupción y el poderío militar en América Latina. Comenzaron hackeando al Estado Mayor en Chile, de donde extrajeron 400,000 correos, lo cual provocó la renuncia de un general. Después pusieron a disposición de periodistas y académicos la información de la Sedena en México.

Después de que los hacktivistas divulgaron que también poseían información militar de Colombia, El Salvador, Perú y México, el equipo de Latinus Investiga se puso en contacto con Guacamaya y nos compartieron lo referente al ejército mexicano. De lo que hemos podido revisar de los seis terabytes de información, sabemos que extrajeron más de 400,000 correos electrónicos —pueden ser muchísimos más— con toda clase de información de altísima sensibilidad: desde el verdadero y grave estado de salud de AMLO, hasta detalles desconocidos del tristemente célebre operativo militar conocido como “Culiacanazo”, donde el presidente ordenó la liberación del hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán. “Todo lo que se dice ahí es cierto”, admitió AMLO a la mañana siguiente. Y esto es apenas la punta del iceberg.

Lo más grave no es la salud del presidente, por mala que esta sea. La exposición de sus reportes médicos secretos es sencillamente el ejemplo emblemático de los alcances del hackeo: se metieron hasta el buró de su cama. Lo más grave es lo que este hecho histórico pone en evidencia.

Primero, que hoy la Presidencia de México está muy debilitada y que a su lado, o incluso ocupando su lugar, hay una estructura más poderosa que nunca: el Ejército. Los documentos obtenidos prueban contundentemente lo que habíamos visto en la práctica, pero el gobierno había negado una y otra vez: en el ejercicio del poder, el Ejército manda en México. Su injerencia es determinante para que la administración de López Obrador opere. Los militares están tomando muchas más decisiones de las que sabíamos y el paradigma cambia: la pregunta ya no es qué tan útil le es el Ejército al presidente, sino que tan útil es el presidente para el Ejército. Y eso es gravísimo.

Segundo, que la Sedena permitió la más grave vulneración a la seguridad nacional en la historia del país. Hoy los datos del personal militar y de inteligencia que tiene el Ejército son públicos. Parece que la omnipresencia del Ejército en la vida pública —se encargan desde construir aeropuertos hasta repartir libros escolares— no fue suficiente para detectar al enemigo irrumpiendo en su casa, y son ellos mismos quienes deben proteger las nuestras.

Tercero, el presidente ya no está. Minimizar la más grave vulneración a la ciberseguridad de México no es como debe reaccionar un jefe de Estado. Tampoco poner una canción de Chico Che en vez de anunciar un plan de contención, atacar a un periodista en vez de exigir un programa de reforzamiento a la ciberseguridad, o juguetear con su condición médica en vez de hacer una verdadera rendición de cuentas. Su reacción habla de su incapacidad de gobernar ante la verdadera dimensión del problema que hoy enfrenta.

Ya otros medios de comunicación han hecho contacto con Guacamaya y recibido las comunicaciones militares, muchas de ellas catalogadas como confidenciales. Lo que se ha presentado hasta ahora es solo una muestra y no hemos terminado de dimensionar lo que significa esta vulneración a la seguridad nacional. No sabemos dónde va a parar, pero queda claro que el gobierno de López Obrador no está preparado para ello ni parece tomárselo en serio.

Imagen: Xataka

Fuente: Post Opinion

¿Cuándo un ciberataque es un crimen de guerra?

El 24 de febrero, el mismo día en que Rusia invadió Ucrania, un ciberataque dirigido al satélite de comunicaciones KA-SAT interrumpió las comunicaciones militares de Ucrania. El ataque —que las autoridades estadounidenses atribuyeron a la agencia de espionaje militar rusa— se extendió más allá de las fronteras de Ucrania. Dejó sin acceso a internet a decenas de miles de personas en toda Europa, desde Francia hasta Ucrania. Un mes después del ataque, unas 2 000 turbinas eólicas en Alemania seguían sin funcionar.

Al día siguiente, un puesto de control fronterizo entre Ucrania y Rumanía fue atacado por un malware de eliminación de datos —un programa informático malicioso— que ralentizó los trámites de las personas refugiadas que intentaban huir del país. Se desconoce aún quién realizó el ataque.

Estos son solo dos de los 35 importantes ciberataques contra infraestructuras esenciales y civiles en Ucrania que, desde el inicio de la guerra, la ONG con sede en Ginebra CyberPeace Institute ha registrado en su sitio web. Bruno Halopeau, jefe de tecnología y análisis cibernético de la organización, afirma que, aunque la mayoría de los ataques han sido contra objetivos militares, instituciones públicas y medios de comunicación, las personas civiles —de manera intencionada o no— también se han visto afectadas.

Según el derecho internacional humanitario (DIH), los ataques contra civiles pueden constituir crímenes de guerra.  

«Hacemos un seguimiento de la situación y recogemos pruebas para estar en condiciones de aportar pruebas de lo ocurrido si en algún momento hay una investigación», dice Halopeau. En su sitio web, dicha ONG enumera y describe los ciberataques, el daño social que han causado y detalles sobre a quién se le imputan.

«Lo que publicamos en nuestra web es una parte de la información que tenemos», explica Halopeau. Una información que está disponible para posibles procedimientos legales futuros. El CyberPeace Institute también recoge estas pruebas para evaluar si los países respetan los tratados internacionales que han firmado, y para identificar lagunas en la normativa.

Leyes de guerra en la era digital

El derecho internacional humanitario —también conocido como leyes de guerra— impone límites al desarrollo de las hostilidades y busca proteger a las personas civiles, el personal médico, los soldados heridos y los prisioneros de guerra.

Está prohibido atacar directamente a la población civil. Y también lo está utilizar armas cuyos efectos no puedan limitarse a objetivos militares. En el mundo físico, por ejemplo, eso significa no atacar un hospital o no bombardear zonas densamente pobladas. Pero en el mundo digital las cosas se complican.

Halopeau reconoce que es muy difícil diseñar un malware (programa maligno) que únicamente afecte a sistemas específicos y no a una amplia gama de ellos. Prueba de esto es el hackeo del servicio de internet KA-SAT.

La actual guerra entre Rusia y Ucrania, que se ha extendido al ciberespacio, también está difuminando la línea entre personas civiles y soldados.

El 26 de febrero, el Gobierno de Ucrania hizo un llamamiento a los piratas hackers (piratas informáticos) aficionados del mundo para que se unieran a su «ejército informático» y lanzaran ataques contra objetivos rusos. El primer día de la guerra, el colectivo mundial de hackers Anonymous declaró que estaba participando en una ciberguerra contra Moscú.

Halopeau duda que muchos «guerreros cibernéticos» sean conscientes de lo que implica su participación en el conflicto según el derecho internacional humanitario.

«Al tomar parte activa en este conflicto, sin saberlo, pueden perder su protección legal como civiles y ser tratados como combatientes. Se exponen a las represalias del Estado al que atacan y son susceptibles de ser perseguidos después de la guerra», afirma.

Guardián del derecho internacional humanitario

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) —como guardián del derecho internacional humanitario— presta mucha atención a los últimos acontecimientos en el campo de batalla, se compromete de manera confidencial con los Estados para recordarles las normas vigentes y evalúa si hay que modificar la legislación.

«Vemos una realidad en la que las operaciones cibernéticas cada vez son más frecuentes en los conflictos armados. Y una de las funciones clave del CICR es hacer hincapié en el posible coste humano de esas operaciones, el posible coste para las personas civiles», manifiesta Tilman Rodenhäuser, asesor jurídico del CICR.  

El derecho internacional humanitario se estableció en un mundo en el que todavía no había ciberataques. ¿Siguen sus normas siendo válidas hoy en día?

«No podemos aspirar a nuevas reglas de conflicto armado con cada desarrollo tecnológico que vemos», responde Rodenhäuser.

No obstante, algunos aspectos legislativos siguen abiertos a la interpretación. Una de las normas más antiguas del DIH es la protección de los objetivos civiles. Durante muchos años, los datos civiles —entendidos como documentos confidenciales guardados en archivos físicos, por ejemplo— no podían ser legalmente dañados o destruidos. Pero ¿qué dice la legislación si esos mismos datos se almacenan de manera digital?

«La protección de los datos no se aborda explícitamente en las normas del derecho internacional humanitario», declara Rodenhäuser, quien añade que los expertos jurídicos y los Estados tienen opiniones divergentes sobre cómo se aplica el derecho internacional humanitario en este caso.

Para el CICR, es importante que los Estados interpreten el derecho vigente de manera que los civiles y las infraestructuras civiles gocen del mismo nivel de protección que tenían en el pasado. Y que las armas cibernéticas estén sujetas a los mismos límites que los medios tradicionales de guerra.

«Si los Estados vinieran y dijeran: No, en realidad los datos son un juego limpio, y los datos pueden ser dañados y borrados en los conflictos armados sin consecuencias legales, entonces eso sería una verdadera preocupación humanitaria, y tendríamos que pensar en nuevas reglas», dice Rodenhäuser.

Pero las nuevas normas del derecho internacional tienen que ser negociadas por los Estados. Una vez que existe un tratado, hay que firmarlo y ratificarlo: un proceso largo y complicado, sobre todo teniendo en cuenta que las normas actuales del DIH obligan a prácticamente todos los Estados.

«Es fundamental que estas normas acordadas se respeten también en lo que respecta a las operaciones cibernéticas, porque la gran mayoría de lo que consideramos una amenaza para los civiles en realidad está cubierta por las normas existentes», afirma Rodenhäuser.

La posición de la comunidad internacional

Saber si el derecho internacional —incluido el DIH— se aplica al ciberespacio y de qué manera ha sido objeto de muchos debates multilaterales en las Naciones Unidas durante las dos últimas décadas.

En 2013, cuando un grupo de expertos gubernamentales elaboró un informe aprobado por consenso en el que se afirmaba que el uso de las tecnologías de la información por parte de los Estados estaba sujeto al derecho internacional, se produjo un gran avance. Pero la cuestión de cómo se aplica el derecho seguía abierta.

En 2019 se creó un nuevo grupo de trabajo en la ONU abierto a los 193 Estados miembros. Su objetivo era hacer un seguimiento de las conclusiones de los expertos gubernamentales. 

«El reto era volver a sentar a todo el mundo alrededor de la mesa y restablecer el consenso», dice Jürg Lauber, embajador de Suiza ante la ONU en Ginebra y antiguo presidente del grupo de trabajo.

Según Lauber, su tarea se complicó por el «aumento de las tensiones políticas entre las grandes potencias» y los «intentos de reescribir las normas por parte de un pequeño grupo de países».

Al final, el grupo de trabajo concluyó que el derecho internacional también se aplica a la ciberguerra. Pero no pudo llegar a un acuerdo sobre cómo aplicarlo.

«En el fondo se ha avanzado, pero no ha sido un gran salto. Sin embargo, ahora el apoyo es mucho más amplio porque todo el mundo ha tenido la oportunidad de participar en el debate», expone Lauber.

Se ha creado un nuevo grupo de trabajo en la ONU para el periodo 2021-2025.

«Espero que puedan ir más allá [...] está claro que hay una brecha entre que todos los Estados miembros estén de acuerdo en la aplicabilidad del derecho internacional existente y lo que vemos que está sucediendo con la cibertecnología que se utiliza de manera ilegal».

¿Crímenes de guerra?

Juzgar crímenes de guerra por atrocidades cometidas en el campo de batalla físico es un proceso largo y difícil que llevará años. A esta complejidad se suma el ciberespacio. Descubrir quién está detrás de un ciberataque es muy difícil, ya que fácilmente pueden lanzarlos otros por delegación.

«A veces se requieren años de investigación para saber realmente cómo se planeó un atentado, cómo se llevó a cabo, quién lo ordenó y qué individuos estaban detrás», dice Halopeau, que añade que, por lo general, se necesita información del mundo real para corroborar los rastros virtuales: si un gobierno ha estado involucrado, el nombre de las personas que han trabajado en un momento dado en un lugar determinado, fotografías, etc.

«Hay que combinar mucha información que no está disponible inmediatamente. Y esto, en el mejor de los casos, cuando se sabe más o menos que solamente hay un atacante», expresa Halopeau.

En la guerra de Ucrania, los Estados nación, pero también los grupos criminales y los individuos han realizado ciberataques. «Y entonces habrá que definir la responsabilidad de las personas que han participado y esto va a resultar muy complicado», predice Halopeau.

Halopeau cree que es posible que algunos ciberataques que hayan perjudicado a civiles —como el realizado contra el KA-SAT o los hackeos del control fronterizo entre Ucrania y Rumanía— puedan interesar a la Corte Penal Internacional (CPI), que ya ha iniciado una investigación sobre presuntos crímenes de guerra en Ucrania sobre el terreno. Hasta ahora, la CPI no ha investigado la guerra informática.

A pesar de los horrores, la guerra de Ucrania puede servir de lección sobre la necesidad de reforzar los procesos de rendición de cuentas en el ciberespacio, afirma Halopeau.

«Este es uno de los primeros conflictos en los que se utilizan ciberataques a esta escala. [...] Así que creo que, en lo que respecta al derecho internacional humanitario, debe haber un debate para reconocer cómo puede ser utilizado el ciberespacio para dañar a las personas y prevenir comportamientos inadecuados», indica el jefe de tecnología y análisis cibernético de la ONG CyberPeace Institute con sede en Ginebra.

Fuente: SWI swissinfo.ch