“A lo largo de nuestras vidas tenemos que lidiar con las personas que no entienden el NO”, comenta Rosa (nombre ficticio), mientras sujeta un folder amarillo con su nombre y con 42 hojas que resumen al menos tres meses del “infierno” que tuvo que pasar por precisamente decirle que no quería una relación a Javier (nombre ficticio). Él era su asistente en las labores del centro de estudiantes de su universidad en La Paz y al sentirse constantemente rechazado por Rosa, decidió publicar un mensaje en su cuenta de Facebook.
El texto publicado por Javier en 2022 sostiene que tuvo una relación a escondidas con Rosa, sin mencionar su nombre, pero recalcando que ella tenía un novio con el que estaba más de ocho años; dice que sabía que ella también estaba saliendo con otro muchacho y que temía por su salud sexual, ya que había mantenido relaciones sexuales con la chica. Además, Javier envió mensajes a los amigos más cercanos de Rosa para comentarles todo el “secreto guardado”.
Los comentarios de esa publicación denigraban, insultaban, escrachaban a Rosa, la juzgaban sin pruebas. Ella ya no quería ver su celular, dejó de comer, no pudo dormir por semanas y al principio sufrió en silencio porque le daba mucha vergüenza mostrarle a su madre la publicación “llena de mentiras”. No podía defenderse a la distancia porque estaba en Europa en ese momento, pero la presión, la ansiedad, el agobio y el miedo no la dejaban seguir con su vida, incluso un día pensó en lanzarse por la ventana para que el “infierno” se acabara.
Volvió a Bolivia en febrero de 2023, un par de meses después de la publicación. Una organización feminista escuchó su caso, le comentaron que lo máximo que lograría sería una disculpa y que piense bien si quería denunciar porque podría ser “una pérdida de tiempo”. Ella preparó un folder con las capturas de pantallas de la publicación y los mensajes que recibía para ir a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), ahí le preguntaron si en algún momento la amenazaron, si se decía su nombre o si habían publicado fotos suyas, como no era el caso, le dijeron que no podían hacer nada por ella, lo mismo pasó en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV).
Ella llegó hasta el área jurídica de su universidad debido a una denuncia que había en su contra, ahí contó lo sucedido con Javier y sólo allí, por primera vez, le dijeron que podían ayudarle con el caso. Días después, llamaron al muchacho para saber su versión, al verse expuesto él comenzó a llorar y a culpar a Rosa por todo lo que estaba pasando. Días después, en abril de 2023, ambos firmaron un acuerdo de alejamiento. Rosa no volvió a ver a Javier, pero aún vive con temor a encontrarlo o a recibir un mensaje de él.
Rosa vivió acoso cibernético, un tipo de violencia digital que se caracteriza por el hostigamiento sistemático en el que no importa el espacio geográfico en el que se encuentre la víctima o el agresor porque se usa el internet. Puede suceder a cualquier hora y lugar, “como si no hubiera escapatoria”, comenta Lu An Méndez, coordinadora del Centro SOS Digital de la Fundación Internet Bolivia, que apoya a personas que son víctimas de este tipo de violencias.
Ellas, las más afectadas
No hay datos oficiales sobre violencia digital en Bolivia, no hay legislación específica para este tipo de delitos, pero el centro SOS tiene una línea de atención con la que en 2023 acompañaron 128 denuncias, de las cuales el 75% se referían algún tipo de “abuso sexual relacionado con las tecnologías”. Una situación “preocupante” porque la mayoría de las víctimas son mujeres y cada vez se incrementan más los casos de chicas adolescentes que pasan por este tipo de situaciones.
El estudio de Plan Internacional “Conectadas y seguras” indica que el 46% de niñas encuestadas afirmaron que en algún momento de su vida sintieron acoso en línea, además se identificó que fueron víctimas por primera vez a los 13 años.
Las formas de violencia más denunciadas son algún tipo de abuso sexual a través de la tecnología, el robo de cuentas en redes sociales y el acoso sistemático a través de insultos, amenazas, llamadas, difamaciones, en su mayoría a mujeres; mientras que los hombres acuden por estafas en transacciones o compras en línea, indica Méndez. Los hombres también pueden ser víctimas de abuso sexual a través de la tecnología, pero se da en menor grado, de los 128 casos atendidos el año pasado tres eran de varones que pasaban por este tipo de situación.
Yesica Velarde, representante del colectivo feminista Ciberwarmis, que también busca formas de dar una respuesta a la violencia digital, afirma que reciben mayor cantidad de casos respecto “al ejercicio de la sexualidad en espacios digitales de las mujeres”. Una de las situaciones más comunes es la publicación de fotografías íntimas que las víctimas compartieron con sus parejas y que después de terminar la relación aparecen sin su consentimiento en redes sociales o páginas de damas de compañía. En cinco años recibieron al menos 300 denuncias.
“La mayoría de los casos son parejas, exparejas o personas que no han podido entablar una relación íntima con las víctimas y han recibido un rechazo que no han llevado bien”, enfatiza Velarde. En tanto, en la unidad de Cibercrimen de la FELCC la mayor cantidad de casos investigados están relacionados a los “delitos patrimoniales”; es decir estafas, fraudes cibernéticos que se realizan a través de las redes sociales, indica el teniente Rafael Bautista, oficial investigador de esa área.
La tormenta cibernética de Rilda
La artista boliviana Rilda Paco en 2018 estuvo en el ojo de la tormenta mediática y cibernética por una obra que muestra a la Virgen del Socavón de Oruro en tanga. Todo el hostigamiento comenzó con una entrevista que dio a un medio internacional que sacó una nota “amarillista”, a juicio de la artista, que alegaba que había polémica en el país por esta obra, cuando en ese momento aún nadie se había pronunciado al respecto. Esa nota en la televisión provocó uno de los episodios más dolorosos para Paco.
El 21 de febrero de 2018, Rilda comenzó a recibir mensajes con insultos y amenazas; su fotografía estaba siendo compartida en grupos de Facebook pidiendo que le escupan cuando la vean, que la violen, que la golpeen. Ella recibía casi un centenar de mensajes a través de las redes sociales por día que describían cómo la iban a matar o colgar en la plaza principal de Oruro por su obra o daban sus datos personales para que la encuentren.
El miedo por su vida y la de su familia se apoderó de ella, empezó a borrar su información de Facebook para que ya no la usen, pensó en cerrar sus redes sociales, pero esos mensajes eran pruebas de lo que estaba viviendo, por si algún momento la amenazas se concretaban. En vez de esconderse, la artista decidió hablar con los medios de comunicación para explicar la razón de la obra, porque sabía que su única “arma” era difundir su verdad ante los medios.
Rilda quiso denunciar su situación, primero en La Paz, pero le negaron la denuncia, lo mismo pasó en Oruro donde la rechazaron tres veces porque “debía transcribir cada mensaje y no mandar capturas de pantalla”, además le exigían poner los documentos de identidad y las direcciones de las viviendas de sus agresores. Y aunque estaba amenazada de muerte, la artista debía ir personalmente a dejar su denuncia para que sea válida. Con la presión de los medios, aceptaron la causa, pero el caso no avanzó, se sentía desprotegida.
Rilda tuvo que renunciar a su trabajo debido a las amenazas constantes y por mucho tiempo su madre controlaba que no vuelva a pintar. No podía hacer lo que más le gustaba por miedo a que la maten o que haya represalias en contra de su familia, aunque por dentro tenía tanto que expresar con su arte, tanta rabia e impotencia que se quedaron atoradas en su menudo y delgado cuerpo porque estaba enfocada en sobrevivir esa tormenta. Fueron tres meses de hostigamiento cibernético continuo y Rilda resistió todos los embates.
La violencia digital afecta de sobremanera la salud mental de las víctimas, se sienten agobiadas, prefieren callar por vergüenza y, ante el constante bombardeo de mensajes, se aíslan por el sentimiento de culpa. Incluso dejan de confiar en las redes sociales, por lo que también es importante trabajar en la “reparación” de los daños, comenta Méndez.
Velarde acota que es como si te “destruyeran el alma” por el duro proceso de sentirse “desprotegida” ante las autoridades y tan expuesta ante el mundo digital. “Hay casos de chicas que ya no pueden volver a utilizar sus redes sociales por temor”.
La extorsión
Patricia L. intercambiaba fotografías íntimas en 2013 con un chico a través de Facebook. Un día le hackearon la cuenta, se apoderaron de sus fotos y comenzaron a extorsionarla con la amenaza de enviar el contenido a sus padres y a su novio. La insultaron y la presionaron anónimamente para que deje a su pareja, caso contrario publicarían las fotos. Ella intentó negociar para que no lo hagan y accedió a terminar su relación, aun así, mandaron las imágenes a sus padres y a la madre del novio.
En medio de un “estrés total” tuvo que dar un examen en la universidad y luego vio sus fotos publicadas en Facebook. No sabía qué hacer o dónde acudir para que las borraran, entonces denunció junto a otras personas el contenido como pornografía para que la misma plataforma las bajara y lo logró después de un tiempo en el que estuvieron expuestas. Fue un alivio, pero la culpa por todo lo sucedido le carcomía.
Las personas pueden vivir más de una violencia digital a la vez, por ejemplo, pueden ser acosadas y extorsionadas al mismo tiempo. Y esto incluso puede ser el inicio de un riesgo de violencia física para la persona, enfatiza Méndez.
¿Justicia?
En Bolivia no hay una legislación específica para este tipo de violencias digitales, por lo que las organizaciones tratan de “adecuar” la situación a un delito ya existente para que la Policía reciba la denuncia, aun así muchas son rechazadas. Las activistas deben de anticipar a las víctimas todas las posibles excusas o barreras que se les pueden presentar para que ellas ya tengan respuestas preparadas; no obstante, pocas logran que investiguen su caso. Es por eso que las activistas respetan mucho la decisión de la persona de denunciar o no, porque en el proceso hay mucha “revictimización” al igual que “invisibilización” del problema, indica Velarde.
Fabián Espinoza, abogado especialista en derecho informático, dice que en el país hay una “hiperdispersión normativa”. Refiere que algunas normas mencionan algún delito relacionado con la “cibercriminalidad”, como el Código Penal en cuestión de manipulación informática y el uso indebido de datos informáticos o el Código Niño, Niña, Adolescente donde se habla de “violencia cibernética en el ámbito educativo”. Otro delito utilizado para este tipo de casos es el de pornografía.
Agrega que existe una sentencia constitucional de 2015 por el caso de una periodista extorsionada en el que el Tribunal Constitucional instruyó a la Fiscalía “crear un sistema y una plataforma de un programa de protección de víctimas específicas en la red”. Si bien es un progreso, aún no se implementa.
Espinoza manifiesta que hay una propuesta de incluir la violencia digital en la 348 “Ley para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias” que aún sigue en revisión. Recalca que hay que debatir todas las aristas que implica ese tipo de delitos para analizar el alcance y la “terminología” para que ayude a todas las personas que pasan por estas situaciones. Agrega que países como Argentina, Colombia y México tienen normativas específicas respecto a violencias que suceden de forma digital.
En Bolivia, la FELCC tiene una unidad de Cibercrimen que realiza tareas de “ciberpatrullaje”; es decir, verifican y buscan datos en el internet que estén relacionados con “delitos patrimoniales, aquellos que van contra la integridad física y contra la dignidad de una persona”, comenta el teniente Bautista.
Aclara que esa unidad es “un brazo operativo” de las diferentes divisiones de la FELCC y que la unidad de Cibercrimen actúa “conforme a los requerimientos fiscales, órdenes judiciales o solicitudes del Ministerio Público” que requieran algún tipo de datos como las direcciones IP para conocer de dónde sale cierta información. Esta unidad no recibe denuncias, pero sí orienta a las personas que se acercan por un delito digital.
Bautista sostiene que alrededor del 80% de las denuncias que investigan se refieren a “delitos patrimoniales”; es decir, estafas y fraudes cibernéticos que se realizan en redes sociales al comprar algún producto. También ha habido casos de mujeres que firmaron contratos con supuestas agencias de modelaje que luego utilizaron sus fotografías en páginas de pornografía. Además, hay casos de páginas web que ofrecen trabajos que resultan ser falsas y al obtener todos los datos a través del currículum enviado comienzan a extorsionar a las personas.
Desprotegidas
Tanto Rosa como Rilda y Patricia se sintieron desprotegidas e impotentes al no poder parar la situación de violencia digital que cada una vivió. Esos días y meses de caos se han vuelto una cicatriz en el recuerdo de cada una de ellas. Rosa ya no puede acercarse a nuevas personas sin temer que sean “acosadores”, le cuesta confiar en la gente, ha tenido que restringir sus redes sociales por un tiempo; pero antes usó las mismas para contar su caso. Muchas veces le escriben otras mujeres que se sienten igual de perdidas ante la ciber violencia. Muchos alumnos de universidad se acuerdan de ella por esta situación y la ven como una persona “conflictiva” por defenderse.
“Esto no acaba aquí para mí, solo he logrado una garantía para que el tipo no me haga algo, pero la incomodidad, la rabia de no poder hacer algo más sigue. Entonces me pongo a lagrimear porque esto no acaba, encima recibo ataques de personas que no me conocen”, resalta Rosa.
Rilda dejó de ir a exposiciones, aún tiene temor de que la agredan física o verbalmente, ya no chatea a través de las redes sociales, solo con sus amigos más cercanos y decidió colgar su polémica obra en su cuarto como un símbolo de fortaleza. Sigue trabajando para sacar el dolor que le ha causado el acoso y las amenazas que recibió, el momento en el que se sienta lista quiere escribir un libro de todo lo que tuvo que pasar.
“Hasta el día de hoy, toco este tema y lloro, porque es una carga emocional que en ese tiempo no podía procesar, pero que, poco a poco, está saliendo. Me he dado cuenta que aún me duele y me afecta revivir todo esto”, confiesa Rilda.
Patricia dejó de enviar fotografías íntimas por cualquier medio digital y aún vive con la incógnita de saber quién se apoderó de sus imágenes y si alguna vez las volverá a publicar.
“Estás tan abrumada por la situación y por todo lo que podría pasar y lo que está pasando, que en algún momento ya no sabes qué hacer o dónde acudir para que eso se termine. Mis padres pensaban que yo me estaba prostituyendo por las redes sociales y nunca hubo un culpable”, reflexiona Patricia.
Lo cierto es que todos somos vulnerables a esta situación: mujeres, hombres, adolescentes y personas mayores, sin importar la edad o el estatus social. Es por eso que es importante que se “plantee una ley específica” para este tipo de violencias digitales, ya que la tecnología es parte de nuestras vidas y el espacio digital también “debe ser un lugar seguro”, finaliza Méndez.
¿Qué hacer si sufres violencia digital?
- No callar. Es importante que hables sobre la situación para que no pases ese momento sola o solo, es necesario una red de apoyo, ya sea con tus padres, amigos, profesores o alguna organización que te pueda ayudar como las Ciberwarmis o el Centro SOS digital que tiene una línea de apoyo gratuita 62342430.
- Documenta la situación. Toma capturas de pantalla de los mensajes, las cuentas que envían los insultos y guarda los mismos, esto ayudará a tener pruebas del hecho.
- Si el caso es de extorsión a través de las redes sociales no cedas a las peticiones de los agresores que probablemente pidan más fotografías, más dinero, más videos íntimos, ya que es ingresar a un “círculo vicioso” en el que tendrán más poder sobre ti.
- En caso de que quieras denunciar esta situación, puedes hacerlo en la plataforma de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) o en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia llenando el formulario de denuncia.
- Acude a un abogado que conozca tu caso y que te oriente a cuál delito existente se puede adecuar tu situación, ya que no hay normativa específica sobre violencia digital.
Recomendaciones
- Revisar qué datos son públicos en tus redes sociales, especialmente aquellos que dan información personal como la dirección de tu casa u oficina, datos como tu número de celular o a cuál escuela vas.
- Aceptar las solicitudes de amistad únicamente de personas que sí conozcas.
- Restringir cierta información como el acceso a tus fotografías a solo personas de tu confianza.
- Cambiar las contraseñas de tus redes sociales y que no sean de fácil acceso.
Fuente: La Brava
