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jueves, 15 de octubre de 2026

Empresas bolivianas avanzan en transparencia, pero aún deben demostrar resultados


Las empresas bolivianas han avanzado en la adopción de políticas de transparencia, gobierno corporativo y mecanismos de control. Sin embargo, todavía enfrentan el desafío de demostrar que estas herramientas funcionan y producen resultados verificables.

Esta es una de las principales conclusiones del Índice de Capital Constructivo (ICC) Bolivia 2026, presentado por la Fundación Milenio, con el apoyo del Center for International Private Enterprise (CIPE) y la colaboración académica y técnica de la Universidad Privada Boliviana (UPB).

El estudio evaluó a 37 empresas de distintos sectores económicos, a partir de tres pilares y 13 indicadores. La medición combinó información financiera, documentos institucionales, fuentes públicas y datos proporcionados por las propias compañías.

Los resultados muestran que 29 de las 37 empresas alcanzaron 80 puntos o más, mientras que 23 se ubicaron en las tres categorías superiores de calificación: AAA+, AAA y AA+.

La evaluación identificó que muchas empresas ya cuentan con códigos de conducta, políticas internas, canales de denuncia y estructuras de gobierno corporativo. No obstante, persisten diferencias en su aplicación, supervisión y capacidad para demostrar resultados.

“Las empresas bolivianas tienen capacidad para invertir, crecer y generar empleo, pero también necesitan fortalecer la confianza de la sociedad. Y esa confianza se construye con transparencia, controles efectivos y resultados verificables”, afirmó Henry Oporto, director ejecutivo de la Fundación Milenio.

El informe sostiene que el principal desafío no es crear más políticas, sino asegurar que las existentes se cumplan. También distingue entre hacer, documentar y demostrar, y advierte que la existencia de una política no garantiza su aplicación. “Empresas mejores contribuyen a la recuperación y el crecimiento de la economía”, subrayó oporto.

Inversión, integridad e impacto

El ICC mide tres dimensiones del desempeño empresarial. Inversión considera la permanencia del capital, la reinversión y la sostenibilidad económica. Integridad evalúa las prácticas de transparencia, gobierno corporativo y mecanismos de control. Impacto analiza los resultados económicos, sociales, laborales, ambientales y reputacionales.

En la mayoría de las empresas evaluadas, la dimensión de inversión obtuvo las mejores calificaciones.

El estudio incluyó compañías de banca, seguros, telecomunicaciones, alimentos y bebidas, manufactura, cemento, minería, industria farmacéutica, salud, hotelería y comercio.

Entre las principales oportunidades de mejora, el informe identifica la necesidad de fortalecer la documentación de los procesos, establecer responsabilidades claras y garantizar una supervisión efectiva. También recomienda evaluar resultados concretos, en lugar de limitarse a registrar actividades o políticas institucionales.

“El ICC busca aportar información más comparable sobre inversión, integridad e impacto, y contribuir a una conversación pública más informada sobre el papel de las empresas en el desarrollo”, agregó Oporto.

La coordinación del estudio estuvo a cargo de Pablo Mendieta, con el trabajo técnico y académico de Carlos Foronda e Isabel Escobar, de la UPB.

La Fundación Milenio espera ampliar la participación empresarial en futuras ediciones y consolidar el índice como una herramienta para fortalecer la transparencia y mejorar la gestión de las empresas.

Fuente: Negocios Press

lunes, 12 de octubre de 2026

Acuerdo con FMI incluye promulgación de la Ley de Acceso a la Información


La promulgación de la Ley de Acceso a la Información está incluida en el Servicio Ampliado del FMI (SAF), que incluye un capítulo relacionado con la “gestión responsable de los recursos públicos”, según el acuerdo de 36 meses firmado por el gobierno boliviano con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El programa tiene como objetivo restablecer la estabilidad macroeconómica, proteger a los hogares vulnerables, recomponer las reservas internacionales, abordar las vulnerabilidades fiscales y externas, y fomentar un crecimiento sostenible, inclusivo y liderado por el sector privado, se lee en el sitio web del FMI.

El SAF para Bolivia otorga un acceso a 1.369 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalentes al 570 por ciento de la cuota, aproximadamente 1.900 millones de dólares que movilizarán alrededor de 4.000 millones de dólares en financiamiento adicional de otras instituciones financieras.

Acceso a la información

En la “amplia agenda de reformas estructurales”, el memorándum señala en el punto 30 que existe un acuerdo para la creación de un marco de gobernanza más sólido para respaldar una gestión responsable de los recursos públicos.

Hace énfasis en un fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas, con una mejora en el entorno empresarial.

“Las autoridades se proponen implementar un enfoque de reforma institucional multifacético para abordar las vulnerabilidades frente a la corrupción y restablecer una buena gobernanza”, señala el texto traducido que originalmente aparece en inglés.

“Esto incluirá la promulgación de una Ley de Acceso a la Información (para garantizar una rendición de cuentas y una supervisión eficaces), el fortalecimiento de los derechos de propiedad y del cumplimiento de los contratos, la mejora de las prácticas de contratación pública y el refuerzo de la independencia judicial”, se lee en el documento.

Impulso ciudadano

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la ANP-Diarios, impulsa desde hace 15 años la aprobación de la Ley de Acceso a la Información, y hasta el momento consiguió la aprobación del proyecto en el Senado Nacional, el pasado 27 de agosto de 2026.

El documento fue remitido a la Cámara de Diputados y los impulsores de la ley esperan que el proyecto número 12, en la prolongada historia de gestiones, siga un trámite ágil en una comisión y luego sea aprobado en el plenario integrado por 130 legisladores.

El proyecto presentado por la senadora Soledad Chapetón (Proyecto de Ley N.º 066/2025-2026 C.S.) recogió propuestas y contenidos elaborados en trabajo coordinado con las organizaciones impulsoras de la ley, con base en otro proyecto presentado en septiembre de 2023 por la entonces senadora Silvia Salame.

Fuente: ANP

domingo, 11 de octubre de 2026

El TSE anuncia un nuevo padrón electoral con reconocimiento facial y chip


Bolivia contará con un nuevo Padrón Electoral que incorporará tecnología de reconocimiento facial y dactilar, además de un documento con chip que reunirá información del registro de votantes y del Registro Civil, anunció el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, en Tarija.

“El Padrón va a ser de última generación con reconocimiento facial, dactilar”, afirmó la autoridad, al señalar que el proceso comenzará este año con miras a implementar el nuevo sistema.

Ávila explicó que la propuesta contempla financiar el proyecto con recursos del Órgano Electoral y apoyo de la cooperación internacional, para evitar recurrir al Tesoro General de la Nación. En ese marco, indicó que se contactó a entidades como la Unión Europea y organismos que respaldan la democracia para gestionar su participación.

Según el presidente del TSE, anteriormente se manejaron propuestas cuyo costo alcanzaba los 70 millones de dólares, pero se consiguió reducir el presupuesto hasta en un 80%.

Un documento con datos civiles

El chip del nuevo documento incluirá información del Padrón Electoral y del Registro Civil, como datos de nacimiento y matrimonio, explicó Ávila.

“Ya el ciudadano se va a evitar de ir al Registro Civil. Va a hacer todos sus trámites por QR”, manifestó, al referirse a la posibilidad de simplificar gestiones mediante herramientas digitales.

Ávila cuestiona las denuncias sobre el padrón actual

Consultado sobre las denuncias de presuntas irregularidades en el actual Padrón Electoral, el titular del TSE respondió: “nunca he visto un muerto votando, pero bueno ahí están los que decían que lo demuestren”.

También defendió el proceso electoral reciente al recordar que se desarrolló con un padrón auditado y que los resultados se entregaron en un plazo de dos horas.

Fuente: Cabildeo Digital

miércoles, 23 de septiembre de 2026

Seminario internacional congrega a más de 46 mil inscritos y se presenta código de ética e integridad tecnológica


La Superior en Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, Patricia Bohórquez, inauguró el Seminario Internacional “Inteligencia Artificial en la Justicia Penal: Transparencia y Necesidad de Autorregulación”, que congregó a más de 46 mil personas inscritas a través de las plataformas y redes sociales institucionales. Asimismo, presentó el nuevo Código de Ética e Integridad Tecnológica del Ministerio Público, señalado como el primero de estas características a nivel nacional y que resalta más aún por ser del sistema de justicia.

“Al inaugurar este Seminario sobre Ética, Justicia Penal, Transparencia y la Necesidad de Autorregulación, el Ministerio Público ratifica su decisión de avanzar en la modernización de la justicia boliviana, con la máxima responsabilidad y el respeto absoluto a la Constitución, a la ley y a los derechos fundamentales, con base al nuevo Código de Ética e Integridad Tecnológica del Ministerio Público”, sostuvo Bohórquez.

En este seminario se realiza el análisis de los desafíos que presenta el acelerado desarrollo de la Inteligencia Artificial y la ausencia de una regulación específica en esta materia. En ese marco, el Ministerio Público asumió la decisión de establecer reglas institucionales que orienten el uso responsable de estas herramientas, especialmente cuando están en juego derechos y libertades de los ciudadanos.

Asimismo, destacó que la transformación digital de la justicia dejó de ser una proyección para convertirse en una realidad que ya genera cambios concretos en el Ministerio Público. Explicó que la institución viene incorporando sistemas tecnológicos para la gestión documental y de casos, desarrollados con capacidades propias y orientados a agilizar la investigación penal y mejorar la atención a la población.

Durante la actividad académica se realizó la presentación del Código de Ética e Integridad Tecnológica que establece pautas para la conducta de los servidores públicos en entornos digitales y criterios para el uso responsable de sistemas inteligentes.

El documento señala varios aspectos, lineamientos relacionados con la integridad de la información, la seguridad digital institucional, la transparencia y la responsabilidad en el empleo de herramientas tecnológicas.

El Código tendrá cumplimiento obligatorio para los servidores del Ministerio Público y que su aplicación estará acompañada de procesos permanentes de capacitación. “Además de establecer la conducta funcionaria esperada en el servicio público, se delimitan con precisión los criterios de comportamiento en entornos virtuales, el uso responsable de sistemas inteligentes y las medidas de protección esenciales para resguardar los derechos ciudadanos frente a los riesgos del entorno digital”, dijo Bohórquez.

El Seminario Internacional, así como la elaboración del documento, fue coordinado entre la Fiscalía Superior en Derechos Humanos y la Dirección de Régimen Disciplinario y Transparencia Institucional, con el apoyo de la Escuela de Fiscales del Estado y la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Fiscalía General del Estado, como un espacio académico destinado a generar reflexión y conocimiento sobre los desafíos éticos, jurídicos y tecnológicos que plantea la Inteligencia Artificial en el ámbito de la justicia penal.

Fuente: InfoBo

jueves, 3 de septiembre de 2026

Plan Nacional de Salud 2026-2030 enfocado en la reingeniería del sistema sanitario y la transformación digital


En el marco del Encuentro Regional de Redes que se desarrolla en Brasilia, Brasil, la ministra de Salud y Deportes del Estado Plurinacional de Bolivia, Dra. Marcela Flores Zambrana, participó este jueves en la sesión plenaria «Experiencia de Países», donde presentó la hoja de ruta del nuevo Plan Nacional de Salud 2026-2030.

Durante su discurso, la autoridad destacó que el país asume el reto de estructurar una rectoría sólida sobre la base de las Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), pasando de la planificación teórica a un control efectivo y articulado en el territorio.

“En Bolivia asumimos el compromiso de traducir las Funciones Esenciales de Salud Pública para estructurar nuestro nuevo Plan de Salud al 2030. Este espacio nos permitirá consolidar una cooperación horizontal indispensable para construir sistemas modernos, integrados y centrados en las personas, las familias y las comunidades”, afirmó la Ministra Flores.

En la Reunión Conjunta RedFESP – REFSA – IMPULSA-RISS, la ministra Marcela Flores expuso las acciones estratégicas para consolidar las Redes Integradas de Servicios de Salud y resolver más del 80% de las patologías en el primer nivel de atención.

Transformación estructural y tecnológica

El Plan Nacional de Salud 2026-2030 se sostiene en cinco ejes estratégicos diseñados para superar deficiencias históricas del sistema sanitario, tales como el gasto de bolsillo de las familias, la subutilización de la infraestructura y la fragmentación entre niveles de atención:
  • Rectoría y Gobernanza: Impulso de una Nueva Ley General de Salud y Acuerdos de Gestión intergubernamentales obligatorios con las gobernaciones y los Servicios Departamentales de Salud (SEDES).
  • Transformación Digital: Creación del Sistema Único de Información en Salud (SUIS) para poner en marcha la Historia Clínica Única Digital, nominal e interoperable entre los sectores público, privado y de la seguridad social, sumado al sistema «Cero Filas» y la receta electrónica.
  • Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS): Reconfiguración de la atención primaria para resolver al menos el 80% de las necesidades asistenciales locales de manera continua (24/7), integrando la medicina tradicional.
  • Carrera Sanitaria: Cobertura del 100% de los cargos jerárquicos y de base mediante concurso público de oposición transparente.
  • Administración Transparente: Implementación del modelo de cofinanciamiento concurrente 50/50 entre el nivel central y los municipios, condicionado a resultados como coberturas de vacunación superiores al 95%.
El cronograma de trabajo incluye la implementación gradual de la digitalización clínica y compras centralizadas estratégicas que reducirán costos en insumos. Para el año 2030, Bolivia proyecta reducir la mortalidad materna a menos de 106 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, consolidando un modelo de salud autosostenible, equitativo y enfocado en la atención primaria.

Fuente: Eju

sábado, 29 de agosto de 2026

Contraloría anuncia digitalización de servicios para eliminar filas y reducir trámites presenciales


La Contraloría General del Estado anunció una transformación digital de sus servicios con el objetivo de reducir las filas, eliminar trámites presenciales innecesarios y facilitar el acceso a información pública.

La contralora general del Estado interina, Sandra Quiroga, informó que la institución busca establecer sistemas de interoperabilidad con otras entidades públicas para consultar documentación de forma directa, sin exigir a los usuarios la presentación de papeles que ya se encuentran en poder del Estado.

“Tenemos que emigrar al uso de la tecnología. Tenemos que empezar a interoperar, todos”, afirmó.

La funcionaria cuestionó que algunos procedimientos todavía obliguen a ciudadanos y funcionarios a acudir personalmente a oficinas de la Contraloría y realizar filas para cumplir requisitos que podrían resolverse mediante herramientas digitales.

El plan consiste en la conexión de sistemas entre instituciones públicas para agilizar el intercambio de información y reducir los tiempos de respuesta. La medida también apunta a mejorar la atención a autoridades y ciudadanos.

Quiroga planteó la necesidad de modificar procedimientos que generan demoras y calificó como una prioridad la eliminación de la burocracia innecesaria. “Tenemos que empezar a romper esa mala burocracia y emigrar a la optimización de la prestación del servicio”.

La Contraloría prevé que la interoperabilidad permita modernizar sus servicios y fortalecer el control gubernamental, con acceso más rápido a información de otras entidades públicas.

Fuente: La Razon

viernes, 28 de agosto de 2026

Senasir presenta nueva aplicación móvil en conmemoración de la dignidad de los adultos mayores


Conmemorando el Día de la Dignidad de las Personas Adultas Mayores, que se celebra cada 26 de agosto en Bolivia, el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR) lanza nueva aplicación móvil con la finalidad de facilitar el acceso a información y servicios institucionales de manera rápida, sencilla y segura.

En una fecha dedicada a reconocer los derechos, aportes y dignidad de las personas adultas mayores, esta iniciativa representa un paso hacia la modernización de los servicios públicos y el acercamiento de la institución a sus beneficiarios.

La nueva herramienta digital permite a los beneficiarios realizar consultas y seguimiento de trámites en tiempo real como, por ejemplo, el trámite de Compensación de Cotizaciones y del Sistema de Reparto, utilizando datos como el número de cédula de identidad, número de trámite o matrícula, reduciendo tiempos de espera y desplazamientos hasta las oficinas del SENASIR.

A través de la aplicación el usuario puede acceder a información sobre los requisitos para trámites de Compensación de Cotizaciones, de acuerdo con la empresa y el subsector correspondiente. Asimismo, puede obtener orientación sobre los requisitos para derechohabientes del Sistema de Reparto, según el tipo de solicitud que necesiten realizar.

Entre los principales beneficios se encuentra también la emisión de documentos de Rentista, No Rentista y Compensación de Cotizaciones. Las personas que únicamente requieran estos documentos podrán gestionar su solicitud a través de la aplicación, sin necesidad de registrarse previamente en la Plataforma Virtual ni acudir de manera presencial a una oficina de SENASIR.

Con la implementación de esta aplicación móvil, SENASIR busca reducir tiempos de espera y desplazamientos facilitando el acceso a información, consultas y documentos desde cualquier lugar mediante un dispositivo móvil.

Fuente: Qamasa

Entrenar IA con libros protegidos por copyright es legal en EE.UU. pero le costó a Anthropic 1.500 millones


La pregunta que ha estado en el centro de la industria de la IA desde 2022 tiene ya respuesta judicial en EE.UU.: sí, entrenar modelos de lenguaje con libros protegidos por derechos de autor puede ser uso legítimo. Pero la historia no termina ahí. La misma empresa que ganó el argumento del uso justo pagó 1.500 millones de dólares de acuerdo, y la diferencia entre los dos resultados es donde viven los abogados de IA ahora mismo.

El caso de referencia es Bartz et al. contra Anthropic, resuelto en 2025 en el Tribunal de Distrito del Norte de California con el juez William Alsup al frente. La lógica del juez fue clara: entrenar un LLM en libros adquiridos legalmente es uso justo porque el propósito es «espectacularmente transformativo». El modelo no reproduce los libros: los digiere para crear algo diferente. «Al igual que cualquier lector que aspira a ser escritor, los LLMs de Anthropic entrenaron sobre estas obras no para adelantarse y replicarlas o suplantarlas, sino para girar en una esquina y crear algo diferente», escribió Alsup.

Hasta aquí, victoria de Anthropic. Pero el mismo caso tenía otro componente: Anthropic había descargado millones de libros de bibliotecas pirata en la sombra (shadow libraries) y los había mantenido en una biblioteca centralizada. Eso no era uso justo. Por eso la empresa pagó 1.500 millones de dólares en acuerdo final, no por el entrenamiento en sí, sino por haber pirateado los libros que usó para entrenarse.

¿Qué principio ha quedado establecido?

La lección más clara del caso Bartz la resume con precisión el artículo de hoy en TechCrunch: la procedencia de los datos importa más que el acto de entrenamiento en sí. Puedes entrenar legalmente en libros con derechos de autor si los has adquirido de forma legal. No puedes entrenar en libros pirateados aunque el resultado del entrenamiento sea exactamente el mismo modelo.

Es una distinción que suena técnica pero tiene implicaciones masivas. Para Anthropic, cuyo negocio proyecta ingresos anualizados de 65.000 millones de dólares en julio de 2026, los 1.500 millones de la multa son un coste de hacer negocio. Para una startup sin ese margen, la misma situación podría ser terminal. Y la pregunta de qué libros adquirió cómo y cuándo —documentada o no— es ahora una pregunta de auditoría legal para cualquier empresa que opere LLMs.

La sentencia de Alsup también dice algo más incómodo: lo que penaliza no es tanto el daño al mercado de los libros originales, sino el método de adquisición. Un modelo que aprende de libros pirateados produce exactamente la misma capacidad que uno que aprende de libros comprados. La diferencia moral y legal está en el dinero que el autor no recibió cuando el libro se copió, no en el impacto del modelo en el mercado de esos libros. Eso es una victoria de principio pero una derrota financiera para los autores que esperaban que el mercado de licencias de datos de entrenamiento fuera su nueva fuente de ingresos.

¿Qué casos siguen abiertos?

El panorama legal sigue siendo amplio. Meta enfrenta demandas de cinco grandes editoriales (Elsevier, Cengage, Hachette, Macmillan, McGraw Hill) por haber entrenado Llama en más de 267 terabytes de material con derechos de autor descargado de sitios piratas. La lógica del caso Bartz favorece a los demandantes porque Meta usó material no adquirido legalmente.

Google enfrenta una demanda separada por haber usado libros y artículos de revistas académicas para entrenar Gemini más allá del propósito para el que los había obtenido (Google Books, Google Play Books). The New York Times mantiene su demanda contra OpenAI y Microsoft, actualizada en junio de 2026 para incluir nuevas acusaciones contra Microsoft.

El caso que más incomoda a la industria es Thomson Reuters contra Ross Intelligence, resuelto definitivamente en febrero de 2025: el tribunal falló que la IA de Ross usó resúmenes jurídicos de Westlaw para crear un producto competidor, y eso no es uso justo. La diferencia crítica con el caso de Anthropic: el modelo de Ross era competidor directo de Westlaw; el Claude de Anthropic no lo es de los libros que digirió. El contexto de competencia directa convierte el mismo acto —entrenar con contenido ajeno— en una cuestión diferente.

La frontera legal que está emergiendo beneficia directamente a empresas como Anthropic: Claude Opus 4.8, su último modelo, opera dentro del marco del caso Bartz donde el entrenamiento en libros adquiridos legalmente es uso justo, siempre que el modelo no compita directamente con el mercado de esos libros. El expediente de quién pagó qué por los datos se ha convertido en el documento más importante de cualquier empresa de IA. Y el hecho de que la empresa que lanzó Claude —que hoy es el modelo con mayor cuota de mercado en ingresos por LLM— haya pagado 1.500 millones precisamente por no tener ese expediente en orden debería ser suficientemente aleccionador para el resto del sector. El debate más amplio sobre cómo la IA afecta a los creadores de contenido tiene en la cuestión del copyright su dimensión más concreta. Y la política de seguridad cibernética que rodea a los modelos de IA tiene ahora una dimensión legal de datos que ninguna empresa puede ignorar.

¿Qué ocurre fuera de EE.UU.?

El caso Bartz establece jurisprudencia en EE.UU. pero no en el resto del mundo. La UE tiene un marco completamente diferente: la Directiva de Derechos de Autor del Mercado Único Digital (DMCA europea) incluye una excepción de extracción de texto y datos para investigación, pero las empresas comerciales deben negociar o respetar los opt-outs de los titulares de derechos. El AI Act de la UE añade obligaciones de transparencia: los proveedores de modelos de IA de propósito general deben publicar un resumen de los datos usados en entrenamiento. Japón es el polo opuesto: su legislación tiene una de las excepciones de extracción de datos más permisivas del mundo, lo que ha atraído a investigadores y empresas que quieren entrenar modelos con contenido que sería problemático bajo la ley americana o europea. El Reino Unido lleva años en debate interno sobre si adoptar el modelo europeo o uno más permisivo. China tiene sus propias reglas, con requisitos de licencia que mezclan control gubernamental con protección de derechos. El resultado es que la legalidad del entrenamiento de IA en materiales con derechos de autor depende tanto de la jurisdicción del entrenamiento como de la del material. Una empresa que entrena en Japón con datos europeos puede enfrentarse a demandas en Europa aunque el acto sea legal donde ocurrió.

Fuente: wwwhatsnew

miércoles, 12 de agosto de 2026

Gobernación digitaliza el Carnet Sanitario en Santa Cruz


La Gobernación de Santa Cruz puso en funcionamiento un sistema digital para tramitar el Carnet Sanitario y la Autorización Sanitaria de Funcionamiento, una medida con la que busca reducir la burocracia, agilizar los procedimientos y cerrar espacios a la discrecionalidad en la atención al ciudadano.

El gobernador cruceño, Juan Pablo Velasco, afirmó que durante años obtener un Carnet Sanitario implicaba un proceso con múltiples pasos, visitas a oficinas, presentación de fotocopias y otros documentos físicos.

“Durante años, sacar un Carnet Sanitario en Santa Cruz era un calvario”, señaló Velasco en una publicación en sus redes sociales. Según explicó, el antiguo procedimiento contemplaba hasta 12 pasos, la intervención de varios funcionarios y hasta seis visitas a las oficinas.

El gobernador sostuvo que ese modelo generaba condiciones propicias para prácticas irregulares y calificó el sistema anterior como un mecanismo que facilitaba la extorsión. Con la digitalización, aseguró, la administración departamental busca eliminar esos puntos de contacto discrecional.

Del papel al celular

La Unidad de Inocuidad y Control Sanitario del Sedes digitalizó los dos principales permisos requeridos para trabajar con alimentos en el departamento: el Carnet Sanitario y la Autorización Sanitaria de Funcionamiento.

De acuerdo con la Gobernación, ambos trámites ya están operativos y pueden realizarse desde un teléfono celular.

El nuevo sistema reduce de 12 a cuatro los pasos del procedimiento y, según la explicación del gobernador, disminuye de seis a una las visitas presenciales. Además, la emisión del documento se realiza automáticamente una vez efectuado el pago, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

También se reemplazaron algunos requisitos físicos. Las fotografías pueden ser tomadas directamente con el celular, mientras que el croquis del establecimiento es sustituido por su ubicación mediante un mapa digital.

En caso de existir observaciones, estas pueden ser corregidas en línea, evitando que el ciudadano tenga que iniciar nuevamente el proceso o regresar a una oficina para presentar documentación.

Brigadas para empresas

El nuevo sistema también contempla una modalidad dirigida a empresas que necesitan tramitar el Carnet Sanitario para varios trabajadores.

Según Velasco, las brigadas del Sedes pueden desplazarse hasta los centros de trabajo para realizar en una misma jornada la toma de muestras, el procesamiento de los resultados y la emisión de los carnets.

La Gobernación sostiene que este mecanismo permitirá reducir los tiempos que anteriormente se generaban por la acumulación de trámites y la capacidad limitada de procesamiento.

Un sistema con mayor trazabilidad

Uno de los principales cambios, de acuerdo con la administración departamental, está relacionado con el seguimiento de las inspecciones.

La ficha de inspección pasa a ser digital e incorpora información como el nombre del inspector, la fecha, la duración de la inspección y el puntaje obtenido, calculado automáticamente por el sistema.

La Gobernación afirma que esto permitirá dejar un registro de cada actuación y facilitar su posterior consulta.

“Ya no hay carpeta que se pierde. Ya no hay fila que se puede saltear con un favor”, afirmó Velasco al explicar los objetivos del nuevo sistema.

Además, el sistema identificó 15.435 establecimientos con autorizaciones vencidas y otros 925 cuyos permisos vencerán en los próximos 90 días, según los datos proporcionados por la Gobernación.

Un universo de más de 100.000 personas

La administración departamental informó que el padrón sanitario alcanza a 110.084 personas y que anualmente se tramitan cerca de 46.000 carnets.

A esto se suman 99.910 establecimientos registrados, de acuerdo con las cifras difundidas por el gobernador.

Con base en esos datos, la Gobernación estima que la digitalización permitirá generar un ahorro anual de aproximadamente Bs 4,92 millones, considerando gastos de los ciudadanos en transporte y fotocopias, además de horas de trabajo de funcionarios que podrían ser destinadas a tareas de inspección en campo.

Registros antiguos y deuda por infracciones

Velasco también cuestionó la calidad de parte de la información heredada de anteriores gestiones. Afirmó que el 98,8% de una deuda histórica por infracciones de inocuidad, equivalente a Bs 31,8 millones, sería prácticamente incobrable debido a que los registros no contarían con información verificable sobre la identidad de los responsables.

Según la autoridad, el nuevo sistema pretende evitar que esa situación se repita mediante la exigencia de una cédula de identidad real, un NIT válido y las coordenadas del establecimiento.

“Cada trámite digital exige cédula real, NIT válido y coordenadas del local. A partir de ahora, quien incumple, responde”, sostuvo.

Fuente: Red Uno

jueves, 6 de agosto de 2026

YPFB habilita plataforma digital para la recepción de denuncias de corrupción


Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informa a la población que se encuentra habilitada la plataforma digital destinada a la recepción de denuncias sobre presuntos hechos de corrupción o irregularidades que pudieran registrarse en cualquier ámbito de la empresa y de sus operaciones.

Esta herramienta permitirá a la ciudadanía, usuarios, productores, transportistas y demás actores vinculados al sector presentar denuncias de manera libre y segura, contribuyendo al fortalecimiento de los procesos de investigación, la identificación de posibles responsabilidades y la adopción de las acciones que correspondan en el marco de la normativa vigente.

La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno Nacional, el Ministerio de Hidrocarburos y Energías y YPFB para fortalecer la transparencia institucional, prevenir actos de corrupción y promover una gestión íntegra en beneficio del país.

La plataforma digital se encuentra disponible en el sitio web institucional de YPFB (www.ypfb.gob.bo), en el apartado "Tolerancia Cero a la Corrupción", desde donde la ciudadanía podrá registrar sus denuncias de manera directa y segura para su correspondiente atención e investigación.

Fuente: YPFB

sábado, 1 de agosto de 2026

Anuncian venta digital de espacios para ver la festividad de Ch’utillos en Potosí


El alcalde de Potosí, Williams Cervantes, anunció que la venta de espacios para observar las principales actividades de la festividad de Ch’utillos se realizará a partir del 15 de agosto, mediante el sistema bancario y una plataforma digital, con el objetivo de evitar irregularidades.

“Lo que se ha logrado es, primero, que los puestos ya no se vendan de forma individual, sino que se puedan comercializar, en este caso, por módulos. Les podemos asegurar que los puestos ya no se van a vender en filas; se va a hacer a través de las redes sociales y la banca departamental”, mencionó.

El alcalde estimó que la plataforma digital estará habilitada desde el 15 de agosto y que las personas podrán adquirir sus puestos mediante las redes sociales.

Según el municipio, con esta modalidad se busca garantizar la transparencia y brindar las mismas oportunidades a toda la población para que participe en esta festividad.

Cervantes mencionó que se optó por esta modalidad para superar las dificultades y cuestionamientos registrados en pasadas gestiones. Agregó que, a la conclusión del evento, se realizará una evaluación en el marco de la transparencia.

“Habíamos informado de que hay muchas cosas que no están bien en el tema de la relación de los organizadores de la fiesta, sobre todo del comité de salvaguarda, pero para mejorar las condiciones y que la fiesta no se vea empañada en dilemas, habíamos quedado en que después de la fiesta se va a hacer la evaluación”, manifestó.

Según la autoridad, la venta digital de entradas para la Festividad de San Bartolomé–Ch’utillos 2026, una medida que busca brindar mayor comodidad, seguridad y transparencia a la población, facilitando la adquisición de boletos mediante plataformas digitales y evitando largas filas.

Fuente: Opinion

lunes, 27 de julio de 2026

¿Para qué se usan los datos personales que recogen los videojuegos?


Los videojuegos dejaron de ser hace tiempo un simple pasatiempo para convertirse en una industria cultural muy poderosa, en la que millones de jugadores interactúan, compiten y comparten experiencias. Pero, detrás de cada partida, cada logro desbloqueado o cada compra dentro del juego, hay algo más: nuestros datos personales.

Desde el nombre de usuario hasta el comportamiento en el juego, pasando por la ubicación o los hábitos de consumo, la industria del videojuego recoge, analiza y, en ocasiones, comparte con terceros información que puede ser muy sensible.

Un ecosistema con muchos actores y responsabilidades

El tratamiento de datos personales en los videojuegos afecta a un ecosistema amplio y diverso: cada actor tiene un papel distinto, desde los proveedores de hardware (fabricantes de consolas, de tarjetas gráficas o de periféricos específicos para el juego) o de tecnología para el desarrollo (bibliotecas, middleware –software intermediario para la gestión de datos–, kits de desarrollo de software, interfaces de programación de aplicaciones o API, paquetes de código, motores) hasta los editores que financian, comercializan, distribuyen y, en ocasiones, “producen” los juegos.

También se incluyen aquí los storefronts, plataformas online de distribución donde los jugadores compran o descargan juegos. Actúan como intermediarias entre editores, plataformas de hardware y consumidores finales.

Cada uno de estos actores tiene la obligación de cumplir con la normativa de protección de datos, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en el caso de la Unión Europea. Sin embargo, la complejidad del sector y de las relaciones entre los diferentes actores participantes, más la globalización de los servicios, hacen que no siempre sea fácil garantizar que todos los eslabones de la cadena actúen con la debida responsabilidad.

¿Qué se hace con los datos personales?

No todos los juegos tratan los mismos datos personales con la misma finalidad o de la misma manera. No es lo mismo un juego offline y de un solo jugador, como un clásico de rol para consola, que un Massively Multiplayer Online (MMO) o un juego online gratuito –free to play–. En el primer caso, es posible que el único dato que se almacene sea el progreso en la partida y que, además, se guarde localmente en el dispositivo. Sin embargo, en los juegos en línea, especialmente aquellos con modelos de negocio basados en microtransacciones o publicidad, el volumen y la variedad de datos personales que se recogen aumentan exponencialmente.

Su tratamiento abarca numerosas actividades, pero hay tres fundamentales que se repiten en casi todos los casos. La primera es la creación y mantenimiento de cuentas. Para acceder a la mayoría de los juegos en línea, es necesario crear una cuenta, lo que implica proporcionar datos como el correo electrónico, el nombre de usuario o, en algunos casos, información de pago. Estos datos se utilizan para identificar al usuario, gestionar su perfil y permitirle acceder a sus progresos desde diferentes dispositivos.

Lo malo es que no todos los juegos son transparentes sobre qué datos recogen durante el registro y con qué finalidad. Algunos solicitan permisos excesivos, como el acceso a la lista de contactos del teléfono o a la ubicación en segundo plano.

Objetivo: monitorizar al jugador

Otra actividad común es la telemetría, es decir, la recolección de datos en tiempo real sobre el uso del juego. Esto incluye desde monitorización técnica (como el rendimiento del dispositivo o los errores del software) hasta datos de comportamiento (como las acciones del jugador, el tiempo de juego o las interacciones sociales).

Esta monitorización puede tener diferentes finalidades: equilibrar la dificultad, diseñar niveles más atractivos, ofrecer recompensas y misiones adaptadas a las preferencias de cada jugador, etc.

El problema surge cuando el tratamiento de datos va más allá de lo necesario o proporcionado, o cuando no se informa claramente al usuario sobre ello. Por ejemplo, algunos juegos recogen datos biométricos (como el ritmo cardíaco o neurodatos a través de wearables) sin que el usuario sea consciente de las implicaciones de compartir esta información.

En la misma línea, en los modelos free-to-play, la telemetría puede ayudar a identificar a los jugadores con mayor probabilidad de realizar compras dentro del juego (se les conoce como “ballenas” o “whales”). Esto permite dirigirles ofertas específicas e, incluso, explotar sus vulnerabilidades o sesgos.

Información que se deduce mientras jugamos

Los datos de los jugadores también se registran para hacer inferencias de comportamiento. Mediante técnicas de análisis predictivo, muchas veces basadas en inteligencia artificial, diferentes actores del ecosistema pueden extraer conclusiones sobre los jugadores, que van más allá de los datos explícitos que estos han proporcionado.

Por ejemplo, un juego puede clasificar a los usuarios en función de su habilidad, personalidad o su estado emocional, y utilizar esos perfiles para personalizar la experiencia o mejorar los emparejamientos. Pero también para venderlos a terceros.

Para hacernos una idea, se puede inferir que un usuario es menor de edad basándose en su patrón de juego o en las compras que realiza, incluso si este ha proporcionado una fecha de nacimiento falsa.

O se puede detectar que alguien tiene tendencias adictivas y, en lugar de alertarle, utilizar esta información para mantenerle enganchado con recompensas variables (un mecanismo similar al de las máquinas tragaperras).

Las amenazas: lo que puede salir mal

Como se puede observar, el tratamiento de datos personales en este contexto no está exento de riesgos. Para empezar, los juegos en línea son un objetivo frecuente de ciberataques. Si un adversario logra acceder a las bases de datos de una plataforma, puede robar información sensible, como contraseñas, direcciones de correo electrónico, datos de pago o datos biométricos.

Pero existen otras muchas amenazas que, probablemente, no sean tan obvias. Una de ellas es la vinculación. Aunque muchos juegos evitan la utilización de identificadores explícitos o directos, existen datos como la dirección IP o el comportamiento en el juego (por ejemplo, un patrón único de juego, como un estilo de movimiento o un ritmo de disparos) que pueden ser suficiente, por ellos mismos o mediante combinación de patrones, para asociar diferentes sesiones de juego, cuentas o transacciones a una misma persona.

Esto es especialmente preocupante porque se puede obtener un perfil para cada jugador. Este puede usarse a modo de huella digital única e intransferible, para rastrearle o vigilarle en el juego o en otros entornos digitales.

La vinculación también puede facilitar la identificación, de manera que se llegue a conocer la identidad real de un jugador. Así, el doxing (divulgación pública de información privada) es un riesgo real en comunidades de jugadores. Datos como nombres de usuario, direcciones IP o conversaciones en chats pueden filtrarse o usarse para acosar, extorsionar o discriminar a una persona. Así, en juegos multijugador, donde la interacción social es clave, la exposición de datos personales puede tener consecuencias graves, como el robo de identidad o el riesgo para la integridad física.

Datos erróneos y patrones de diseño adictivos

Por otro lado, los datos recogidos en los juegos y las inferencias realizadas a partir de ellos no siempre son exactos o correctos. Por ejemplo, un juego puede clasificar erróneamente a un usuario como “con tendencias adictivas”, basándose en patrones de juego atípicos (como sesiones largas durante un fin de semana, por ejemplo). O como “tramposo”, tras la recogida de información de ciertos eventos. Estos errores no solo afectan a la experiencia del usuario, sino que pueden tener consecuencias legales si se toman decisiones automatizadas (como la exclusión de un jugador), basadas en datos o inferencias incorrectos, tanto dentro como fuera del juego.

Asimismo, hay que tener en cuenta el engaño o manipulación a través del uso de ciertos patrones de diseño en los interfaces o de mecánicas de juego específicas, como los sistemas cosméticos –para modificar la apariencia del personaje–, skins –aspecto visual alternativo– o personalización de avatares. Estas amenazas pueden llevar a los jugadores a tomar decisiones que de otro modo evitarían, mediante la explotación de sus vulnerabilidades psicológicas y sesgos cognitivos.

De igual manera, muchos juegos están diseñados para maximizar el tiempo de juego, la obtención de datos personales o el gasto (por ejemplo, a través de las cajas de botín o los pases de batalla). Esto puede tener un impacto mayor en los más jóvenes, al conducirles a realizar compras no autorizadas o a desarrollar conductas adictivas.

¿Qué se puede hacer?

Aunque la obligación recae en los responsables de los diferentes tratamientos de datos personales, las personas que juegan también pueden tomar medidas para proteger sus derechos:
  • Leer las políticas de privacidad y la información que se proporciona. Aunque, a veces, puedan ser largas y complejas, es importante entender qué datos personales se tratan y para qué. Si algo no nos convence, consideremos no utilizar ese servicio. Seamos críticos: ¿de verdad tenemos que conectar el juego con nuestras redes sociales? ¿O activar ese chat de voz?
  • Ajustar la configuración de privacidad. Muchos juegos y plataformas permiten limitar la recolección de datos o desactivar ciertas funciones de telemetría e inferencia. Revisemos estas opciones al empezar a jugar y elijamos las que mejor se adapten a nuestras preferencias.
  • Usar contraseñas seguras y autenticación en dos pasos. Esto reducirá el riesgo de que nuestra cuenta sea “secuestrada” y de que suplanten nuestra identidad.
  • Tener cautela con los datos que compartimos. Es mejor no proporcionar información sensible (como dirección física, datos de pago, biometría), a menos que sea absolutamente necesario. De nuevo, cuestionemos la información que se nos ofrece y no demos a “Aceptar” ciegamente.
  • Educación y concienciación. Podemos hablar con otros jugadores, especialmente con los más jóvenes, sobre la importancia de la privacidad y los riesgos asociados al uso de videojuegos. También es útil leer las recomendaciones de las autoridades de protección de datos personales o de otras instituciones de confianza (educativas, del sector de la salud, comunidades profesionales de juego, etc.).
Jugadores conscientes de sus derechos

Los videojuegos son una forma de entretenimiento, arte y socialización que ha transformado la cultura moderna. Pero, como en cualquier otro ámbito digital, el uso de datos personales conlleva riesgos que no deben subestimarse. La industria tiene la responsabilidad proactiva de garantizar que estos datos se traten de manera ética, transparente y, obviamente, conforme a la ley.

Los jugadores, por su parte, deben ser conscientes de sus derechos y tomar medidas para proteger su privacidad. El objetivo no es demonizar el tratamiento de datos personales, sino asegurar que se haga de manera que el sector pueda desarrollar su actividad económica e innovar, mientras se proporciona a los jugadores una excelente experiencia de juego sin comprometer sus derechos fundamentales. Y usted, ¿ha revisado alguna vez qué datos recoge su juego favorito?.

Fuente: Almendron

Malasia estrena un avatar del primer ministro para hablar con los votantes


El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, ha presentado un avatar basado en inteligencia artificial que reproduce su imagen y su voz para conversar con los ciudadanos a través de WhatsApp. El proyecto, llamado PMX.AI, aspira a convertir a la IA en una nueva vía de comunicación política.

El anuncio sobre el avatar con IA del primer ministro de Malasia se hizo público el sábado 18 de julio, mediante un video en el cual el dirigente invita a los malayos a conversar con su doble digital para “fomentar ideas nuevas y un debate público significativo”, según informa Channel News Asia (CNA).

Uso político de la IA

La iniciativa marca un nuevo paso en el uso político de la inteligencia artificial y se presenta como una herramienta para acercar al gobierno a la población.

Según la propia descripción difundida por Anwar Ibrahim, su avatar está “inspirado” en sus valores y su visión, y aspira a escuchar las preocupaciones de los ciudadanos, responder a sus preguntas y servir como una prolongación digital del liderazgo político.

Un "superhéroe digital" al servicio de los ciudadanos

El video de lanzamiento muestra al primer ministro convertido en distintas versiones de sí mismo: astronauta, superhéroe y una versión joven que salta entre tejados, en una narrativa que la propia comunicación oficial define como una “evolución de la comunicación nacional”.

La empresa malasia Zetrix AI, responsable del desarrollo de PMX.AI, sostiene que el sistema puede interactuar con votantes, recoger inquietudes y captar el pulso social sobre cuestiones concretas. Sus directivos afirman que este tipo de avatar puede actuar como un “gemelo digital omnipresente” para reforzar el vínculo con los electores mediante WhatsApp o la aplicación Avatar de la compañía.

Un modelo basado en información personal

También señalan que el objetivo no se limita a la conversación política, ya que estas herramientas podrían ayudar a los usuarios a inscribirse en programas públicos de empleo o formación, o incluso a renovar permisos de conducir. Aclararon además que los avatares de Zetrix se modelan a partir de la personalidad del usuario mediante un sistema de “modelo de conocimiento personal”, alimentado por escritos, discursos y preferencias.

¿Un "segundo cerebro" para la comunicación política?

En el caso del primer ministro de Malasia, el sistema se ha entrenado con sus textos y con el archivo de políticas de su gobierno. El proyecto funciona en parte como una especie de “segundo cerebro” y podría abrir la puerta a que otros políticos adopten soluciones similares en el futuro.

La aparición de PMX.AI coloca a Malasia en el mapa de una tendencia que empieza a extenderse entre los líderes políticos: usar IA para ampliar su presencia pública, responder a más gente y segmentar mejor el mensaje. No obstante, el caso también plantea interrogantes sobre transparencia y en cuanto a los límites del uso de herramientas digitales en la vida democrática.

Fuente: Levante

viernes, 3 de julio de 2026

Senado aprueba en grande la ley de acceso a la información pública, que busca transparentar los datos del Estado


El pleno de la Cámara de Senadores aprobó el jueves, en su estación en grande, el proyecto de “Ley de Acceso a la Información Pública”, una norma con la cual se busca transparentar la información del Gobierno, las gobernaciones y las alcaldías del país, además de las reparticiones que funcionan con recursos del Estado.

“Todos los ciudadanos bolivianos tienen derecho a acceder a la información pública de manera transparente y sin trabas”, afirmó el senador José Roca, quien destacó el derecho de la ciudadanía a conocer la gestión de los recursos y la administración pública.

En su criterio, “es el derecho que tienen todos los bolivianos a acceder a información sin mayor trámite posible” y “se demuestra la transparencia de los entes del Estado, de los gobiernos municipales y que muchos no tienen esa información porque no les conviene”.

El legislador explicó que “hay un montón de amparos” constitucionales en los cuales se pide al Estado transparentar la información. En ese marco, comentó que en la región solo Venezuela, Cuba y Bolivia no cuentan con una norma de este tipo.

Se trata de una iniciativa orientada a garantizar el ejercicio pleno del derecho de acceso a la información, fortalecer la transparencia en la gestión pública y establecer mecanismos que faciliten el acceso de la ciudadanía a la información generada por las instituciones del Estado, señala un boletín institucional.

En la sesión se planteó una moción de aplazamiento, pero esta fue rechazada. En ese marco, se acordó que la consideración en detalle del proyecto de ley se retome en la próxima sesión ordinaria, tras el receso parlamentario, cuando se analicen sus artículos.

Comisión

El informe presentado por la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral recomendó la aprobación del proyecto e incorporó dos disposiciones destinadas a fortalecer su implementación.

Entre ellas, la creación de un “órgano garante externo, autónomo e independiente, con personalidad jurídica, presupuesto propio y potestad sancionatoria”.

Además, se añadió en el documento una disposición que ordena al Órgano Ejecutivo implementar un sistema estandarizado de gestión y archivo documental en las entidades públicas, como condición para la plena operatividad de la futura ley.

El proyecto establece como objeto garantizar el ejercicio pleno del derecho de acceso a la información, tanto de manera individual como colectiva, promoviendo la transparencia de la gestión institucional, informó el Senado.

Asimismo, “dispone su aplicación a entidades e instituciones públicas, empresas públicas, universidades públicas y otras instancias con participación estatal”.

Además, se incorporan “principios como la accesibilidad, la gratuidad, la presunción de publicidad, la transparencia, la no discriminación, la responsabilidad y la facilitación para el acceso a la información pública”.

Fuente: Unitel

jueves, 2 de julio de 2026

La opacidad también es catástrofe


Los terremotos no distinguen entre democracias y dictaduras. No preguntan por ideologías cuando liberan bruscamente su energía. El choque de las placas tectónicas causa destrucción y punto. Las consecuencias de los desastres naturales y su manejo sí diferencian entre países con gobiernos abiertos ante las tragedias y regímenes cuya primera reacción es la opacidad, porque sienten una amenaza política.

Lamentablemente, esto último se ha visto en Venezuela tras el doble terremoto: un intento por priorizar la narrativa oficial, no la urgencia por salvar vidas.

Mientras las imágenes y reportes de periodistas venezolanos y medios internacionales daban cuenta de edificios de varios pisos viniéndose abajo y personas aterrorizadas clamando por ayuda —principalmente en el estado La Guaira—, los primeros datos comunicados por el régimen —encabezado por Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela; su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional; y Diosdado Cabello, temido ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores— pretendieron relativizar la tragedia del miércoles 24 de junio. Esta fue provocada por un sismo “precursor” de 7,2 grados y, 39 segundos después, por otro de magnitud 7,5.

Tomando como parámetro crucial las 48 horas posteriores a la catástrofe, la cifra de muertos con la que el régimen cerró el jueves 25 fue de 188 y el viernes la elevó a 920, pero el número de desaparecidos marcó un salto sideral de 157 el jueves a 50.000 al día siguiente. La experiencia en el oficio y el conocimiento de la realidad de su país hicieron que el periodista venezolano Juan Vicente Gómez —con quien conversé precisamente esos días desde el programa Encontrados— lanzara la alerta sobre la opacidad con la que el chavismo —Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez— ha manejado y administra este tipo de terribles circunstancias.

En cualquier país que se asume como democrático, el primer deber de un gobierno frente a una emergencia consiste en informar con rapidez, precisión y transparencia. No se trata únicamente de un principio ético, sino de una obligación de protección civil. Cada dato sobre personas fallecidas, desaparecidas, heridas y rescatadas; carreteras destruidas; hospitales colapsados; servicios básicos interrumpidos, o zonas de riesgo de nuevos eventos adversos, puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. La información es, entonces, un recurso humanitario.

En cambio, la información oficial en Venezuela, en el primer tramo, fue confusa e insuficiente no solo sobre los elementos mencionados, sino también en cuanto a las capacidades estatales de respuesta. No hubo claridad y Juan Vicente Gómez explicó algunas razones. En 27 años de tiranía chavista, el sistema de salud ha sido abandonado y el esquema de atención de emergencias por desastres naturales, desmantelado.

A ello se suma el éxodo de ocho millones de venezolanos, entre ellos una incalculable cantidad de médicos, enfermeras, bomberos, militares, ingenieros y rescatistas, que observan impotentes, desde lugares lejanos, la devastación en su país.

Ver al inescrupuloso Jorge Rodríguez en calidad de vocero oficial dejó claro que la opacidad también es una catástrofe. Verlo justificar, informar con inexactitud y callar sobre los trágicos antecedentes en La Guaira puso al descubierto que la prioridad del régimen es la preservación de la imagen del poder. Reconocer la magnitud de la calamidad hubiera implicado admitir debilidades institucionales, años de abandono de la infraestructura pública, precariedad en los sistemas de emergencia y limitaciones presupuestarias.

Juan Vicente Gómez recordó en nuestras conversaciones en formato streaming el deslave que se produjo en esa misma región costera en diciembre de 1999, cuando era estado Vargas: un desastre natural que se saldó con alrededor de 15.000 muertes, 75.000 damnificados y recomendaciones específicas de que no se debían encarar soluciones habitacionales con la edificación de complejos de edificios, por lo deleznable de los terrenos. Sin embargo, la demagogia de la tiranía chavista se impuso y se construyeron centenares de ellos.

Los hermanos Rodríguez le pusieron un peligroso lazo a la opacidad tras los dos potentes terremotos y más de 300 réplicas, al restringir el acceso a la zona cero y al estado La Guaira. Sabían que la ausencia de información verificable también dificulta la solidaridad internacional. Los países que decidieron brindar apoyo, los organismos multilaterales y las organizaciones humanitarias requieren diagnósticos confiables para desplegar asistencia. Sin ellos, cualquier esfuerzo llega tarde, resulta insuficiente o simplemente no se materializa. La opacidad también es una catástrofe y termina castigando a quienes más ayuda necesitan.

Imagen: UnoTv

Fuente: Enfoque News

sábado, 20 de junio de 2026

El mito del secreto institucional: cómo abrir los archivos del Estado con la Constitución


Existe una vieja costumbre arraigada en todas las instituciones públicas de Bolivia: considerar que la información, los informes técnicos y los contratos estatales son propiedad privada del funcionario intransigente.

Cuando un ciudadano, un periodista o una organización civil, solicita la copia de un expediente de interés público, la respuesta suele ser el silencio o ahora, más que antes, el clásico «es confidencial».

Esta cultura del secreto es el principal enemigo de la transparencia y un freno directo al control social, que es un derecho plenamente reconocido en nuestra Constitución Política del Estado.

Sin embargo, desde la perspectiva del litigio de alta complejidad, el «secreto administrativo» en Bolivia es, salvo contadas excepciones de seguridad nacional, un mito jurídico que puede ser desmontado con precisión constitucional.

La Constitución Política del Estado (CPE) es contundente. El artículo 24 garantiza que todos los bolivianos tenemos derecho al acceso a la información, poniendo como único requisito el de estar plenamente identificado cuando se realice la petición.

La información pública le pertenece al ciudadano, no al Estado; las instituciones son simples custodios de esos datos.

Cuando un ministerio, una gobernación o una alcaldía niega sistemáticamente un informe, ya sea sobre el presupuesto de una obra, un estudio de impacto ambiental o el estado de un trámite, no solo está cometiendo una falta administrativa; está vulnerando un derecho fundamental transgresor que paraliza el ejercicio de otros derechos.

El ciudadano común suele rendirse tras recibir el primer rechazo en la ventanilla. El litigante estratégico, en cambio, utiliza esa negativa como la prueba reina para activar la justicia constitucional. El camino técnico para romper el cerco del silencio exige tres pasos:
  • La solicitud formal y preconstitucional: La petición de información debe ser redactada con absoluta claridad, citando el Art. 24 (derecho de petición) de la CPE. Es vital fijar un plazo perentorio basado en la Ley de Procedimiento Administrativo. Cada sello de recepción es un eslabón en la cadena de defensa.
  • El agotamiento de la vía de hecho: Si la autoridad responde con evasivas o simplemente ignora el requerimiento, se configura una «omisión indebida». En este punto, no se discute si la autoridad quiere o no dar la información; lo que se evidencia es que está actuando al margen de la ley.
  • El amparo constitucional como llave maestra: Ante el silencio o la negativa arbitraria, se interpone una acción de amparo constitucional. En la audiencia, el peso de la prueba se invierte: es el funcionario público quien debe demostrar ante el juez qué ley específica lo faculta a ocultar esa información. Si no puede demostrarlo, el tribunal constitucional le ordenará la entrega inmediata de los documentos bajo conminatoria de ley.
Democratizar el acceso a la información es el primer paso para equilibrar la balanza entre el ciudadano y el poder. Cuando las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) aprenden a utilizar estas herramientas procesales avanzadas, sus investigaciones adquieren un blindaje técnico indiscutible. La fiscalización ciudadana deja de ser una denuncia abstracta en medios y se convierte en un expediente sólido, respaldado por los propios documentos del Estado.

La construcción de una sociedad más justa no requiere de confrontaciones, sino del ejercicio valiente y técnico de las herramientas que la propia Constitución nos otorga.

El secreto institucional solo prospera allí donde la defensa jurídica es débil o inexistente. Frente al muro del silencio burocrático, la litigación estratégica de vanguardia ofrece una salida institucional clara.

Obligar al Estado a rendir cuentas no es una concesión que se deba mendigar; es un derecho que se ejerce con rigor, estrategia y la firme convicción de que en una democracia, las paredes del poder deben ser de cristal.

Imagen: Transparencia Venezuela

Fuente: Sumando Voces

lunes, 15 de junio de 2026

Pago con código QR y plataformas digitales, Mi Teleférico fortalece sus servicios


En los primeros seis meses de gestión, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora impulsó a la Empresa Estatal de Transporte por Cable Mi Teleférico a trabajar con transparencia, modernización, sostenibilidad y la mejora continua del servicio, es así que se implementó el pago con código QR y plataformas digitales y avanza en una auditoría internacional.

La auditoría técnica internacional al sistema electromecánico de la Red de Mi Teleférico, desarrollada con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tiene el objetivo de evaluar las acciones de mantenimiento ejecutadas en las diferentes líneas del sistema y fortalecer los estándares de seguridad operacional. Y, la actual administración impulsó auditorías y procesos de revisión interna para optimizar los procedimientos administrativos.

“Durante estos primeros seis meses hemos trabajado en el fortalecimiento institucional, garantizando procesos transparentes, impulsando auditorías técnicas y administrativas, modernizando nuestros servicios y proyectando la experiencia boliviana a nivel internacional”, remarcó el gerente de Mi Teleférico, Christian Eduardo Rojas.

En el ámbito tecnológico, la empresa avanzó en la modernización de sus servicios mediante la implementación del pago con código QR en boleterías de toda la red, facilitando el acceso de los usuarios al sistema de transporte generando una nueva opción de pago en boletería dando mayores beneficios a sus usuarios y población en general.

Asimismo, se fortaleció el ecosistema digital de la empresa con la actualización de la plataforma Yala 3.5 de Activación Libre, que permite a los usuarios acceder a diferentes servicios de manera autónoma y simplificada. Para el segundo semestre, la empresa tiene preparada una nueva actualización que será pionera a nivel nacional e internacional.

700 millones de usuarios

La gestión también estuvo marcada por logros en materia de relacionamiento con los usuarios, entre ellos destaca la entrega de premios de la promoción empresarial “Telepuntos: Viaja, recarga y gana con Mi Teleférico”, además del reconocimiento al pasajero 700 millones, un acontecimiento histórico que refleja la confianza de bolivianos en el sistema de transporte por cable más grande del mundo.

Otro de los pilares de esta gestión ha sido la sostenibilidad. En ese marco, Mi Teleférico inició gestiones con organismos internacionales para desarrollar un modelo de autogeneración de energía renovable que permita reducir el consumo eléctrico proveniente de la red pública y optimizar los recursos energéticos de la empresa.

Se tiene previsto la implementación del pago de QR en el parqueo de manera autónoma y sin la obligación de hacerlo en boletería.

La proyección internacional de Mi Teleférico también marcó un hito relevante durante este semestre. En el marco del lineamiento “Bolivia para el Mundo”, la empresa participó en el proceso de licitación internacional para la operación del sistema TransMiCable de Ciudad Bolívar, en Bogotá, Colombia. Se prepara para un nuevo desafío con la participación del proceso de concesión del “Cable de San Cristóbal”, a ser presentada a fines de julio próximo.

Asimismo, la experiencia técnica desarrollada en el país despertó el interés de la Empresa Metro de Medellín Ltda., cuyos especialistas realizaron un proceso de observación y referenciación técnica en la ciudad de La Paz para conocer el modelo boliviano de operación, mantenimiento y monitoreo de sistemas de transporte por cable.

En el ámbito cultural y de innovación digital, Mi Teleférico impulsó el desarrollo de la aplicación “Mi Carnaval”, herramienta que fortaleció la promoción del patrimonio cultural y gastronómico de Bolivia. La plataforma alcanzó una importante aceptación ciudadana, posicionándose entre las aplicaciones más descargadas en su categoría.

De igual manera, la empresa fortaleció su compromiso con el medio ambiente mediante la campaña “Eco-Férico”, desarrollada junto a Warmis Recicbol y aliados estratégicos, promoviendo el reciclaje y la economía circular en estaciones de alta afluencia, patrimonio de las ciudades de La Paz y El Alto.

“El hito del pasajero 700 millones demuestra la confianza de la población en este sistema de transporte, mientras que nuestra participación en procesos internacionales confirma que Bolivia cuenta con capacidades técnicas reconocidas más allá de sus fronteras”, afirmó Eduardo Rojas. Dijo que trabaja bajo la línea del presidente Rodrigo Paz, para consolidar una empresa pública eficiente, transparente, sostenible y al servicio de la población.

Destacó que Mi Teleférico continuará fortaleciendo sus procesos de modernización institucional, innovación tecnológica, sostenibilidad energética y expansión de oportunidades metropolitanas, nacionales e internacionales, consolidando a Bolivia como referente mundial en sistemas de transporte por cable.

Fuente: DPL News

miércoles, 6 de mayo de 2026

Blockchain contra la crisis del combustible: transparencia para salvar la cadena


La renuncia de dos presidentes de YPFB en menos de un mes, sumada a la salida del ministro de Hidrocarburos, no representa una simple turbulencia de gabinete: expone el desgaste de un modelo. Cuando el ciudadano pasa días en filas o ve su patrimonio —su vehículo— afectado por un combustible que no cumple con los estándares, la confianza institucional se erosiona. No estamos ante un fallo aislado, sino ante un sector energético del siglo XXI operado con controles del siglo XX.

El problema es estructural. De acuerdo con análisis del Growth Lab de Harvard, Bolivia pasó de ser un exportador neto a depender cada vez más de la importación de combustibles, con un costo fiscal por subsidios que en 2025 se estimó en alrededor de 4.300 millones de dólares. Al mismo tiempo, la producción nacional de gas —columna vertebral de la economía— continúa descendiendo (una contracción del 54% respecto a 2014), lo que incrementa la presión sobre las reservas internacionales.

Es aquí donde el blockchain deja de ser una palabra de moda para transformarse en una solución técnica necesaria. Actualmente, la cadena logística de hidrocarburos —plantas, cisternas, estaciones de servicio y reguladores— funciona como una coreografía de piezas desconectadas donde la información no fluye, lo que genera opacidad, desabastecimiento y riesgos de adulteración.

El blockchain propone un cambio de arquitectura: pasar de una «confianza centralizada», con puntos de fallo evidentes, a un sistema de «confianza distribuida». Mediante un registro compartido y resistente a modificaciones, cada actor autorizado puede auditar datos críticos sin depender de un único intermediario.

¿Cómo funcionaría en la práctica? La implementación de sensores IoT y contratos inteligentes permitiría que cada evento —desde la carga en puerto o refinería hasta la entrega final— quede sellado criptográficamente. Esto aporta beneficios concretos que hoy son imposibles de garantizar con la burocracia analógica actual:
  • Integridad: asegura que el volumen despachado coincida exactamente con la carga registrada.
  • Calidad: mantiene la cadena de custodia verificable y evita mezclas no autorizadas.
  • Transparencia: hace que la ruta y las descargas sean auditables, lo que reduce la discrecionalidad en la cadena de suministro.
Esta tecnología permitiría estandarizar las órdenes de despacho y las actas de entrega en un sistema interoperable con validaciones automáticas. No se trata de «vigilar más», sino de diseñar un sistema donde alterar la evidencia resulte costoso, difícil y fácilmente detectable.

El futuro del sector energético boliviano dependerá tanto de la infraestructura física —pozos y ductos— como de la arquitectura de información que la sostiene. Si queremos superar esta crisis, debemos dejar de confiar únicamente en los cambios de gabinete para intentar corregir errores operativos. Es imperativo rediseñar la arquitectura institucional, migrando de los documentos físicos y las firmas manuales hacia sistemas que permitan una gobernanza basada en datos verificables.

Para un país que enfrenta crisis de suministro y la expansión de mercados informales, esta tecnología no aumentará por sí sola la producción. Sin embargo, puede mejorar drásticamente la gobernanza al hacer visible dónde se pierde el producto, dónde se deteriora la calidad y dónde fallan los controles. Iniciar con un proyecto piloto acotado —por ejemplo, en una ruta crítica de importación y distribución— permitiría medir el impacto, ajustar incentivos y decidir, con evidencia en mano, si el blockchain merece escalar a nivel nacional.

Imagen: Chakray

Fuente: Enfoque News

jueves, 30 de abril de 2026

Gobierno lanza Reporta tu Tranca para denunciar y frenar la burocracia


El Gobierno activó este jueves la plataforma digital “Reporta tu tranca”, una herramienta diseñada para que la ciudadanía denuncie trabas burocráticas en instituciones públicas. La medida forma parte de la estrategia oficial de modernización del Estado y simplificación de trámites.

El anuncio lo realizó el presidente Rodrigo Paz Pereira durante el Encuentro Internacional para la Modernización del Estado. La iniciativa cuenta con respaldo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y se integra al programa gubernamental “Tranca Cero”.

Plataforma “Reporta tu tranca”: cómo funciona

La nueva plataforma permite a los ciudadanos reportar dificultades en la realización de trámites ante entidades estatales. El objetivo es identificar cuellos de botella administrativos y mejorar la eficiencia institucional.

Según el Gobierno, el sistema toma como referencia experiencias internacionales. Entre ellas, el modelo argentino “Reportá la Burocracia”, que acumula más de 15.000 reportes ciudadanos. Este tipo de herramientas busca incorporar monitoreo social para optimizar la gestión pública.

Las autoridades habilitaron el portal www.trancacero.gob.bo como canal oficial. Desde allí, los usuarios pueden registrar problemas o irregularidades en trámites.

El Ejecutivo destacó que la participación ciudadana será clave para detectar fallas estructurales. La información recopilada permitirá ajustar procesos y reducir tiempos de atención.

Medidas complementarias: eliminación de requisitos

Como parte del paquete de desburocratización, el Gobierno dispuso nuevas reglas para trámites estatales. A partir del 1 de junio, ministerios y entidades dependientes ya no podrán exigir fotocopias de cédula de identidad ni certificados de nacimiento.

Esta decisión responde a un instructivo de alcance nacional. La medida apunta a reducir cargas administrativas y facilitar la relación entre ciudadanos y el Estado.

Decreto 5595: base legal de la reforma

El proceso se enmarca en el Decreto Supremo 5595, promulgado el 30 de marzo de 2026. Esta norma establece las bases para la desregulación del aparato estatal.

El decreto impulsa mecanismos orientados a una gestión pública más ágil, eficiente y transparente. También respalda la implementación de herramientas digitales como “Reporta tu tranca”.

Apoyo internacional y experiencias comparadas

Durante el evento, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado de Argentina, Federico Sturzenegger, compartió su experiencia en procesos de desburocratización. Destacó la importancia de contar con sistemas de monitoreo ciudadano.

Por su parte, el vicepresidente del BID, Jordan Schwartz, subrayó el respaldo técnico al proceso boliviano. Según afirmó, estas herramientas fortalecen la transparencia y mejoran la calidad del servicio público.

Llamado a la ciudadanía

El Gobierno invitó a la población a utilizar la plataforma como un canal directo de comunicación. Las autoridades remarcaron que los ciudadanos pueden reportar cualquier dificultad en la realización de sus trámites.

La iniciativa busca consolidar un Estado más cercano, eficiente y receptivo a las demandas sociales.

Fuente: Enfoque News

sábado, 25 de abril de 2026

OFEP lanza la plataforma Conociendo la Verdad para fiscalizar el desempeño de las empresas estatales


La Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) lanzó este jueves la plataforma “Conociendo la verdad” para que el ciudadano pueda fiscalizar el desempeño de las compañías estatales; es decir, sus logros, rentabilidad, patrimonio, entre otros datos importantes.

“Hoy Bolivia conoce la verdad, no la verdad de un informe técnico guardado en un cajón, no la verdad de circular en los pasillos de los anteriores gobiernos, la verdad completa, ordenada, verificable, con nombre y apellido, en una pantalla accesible para cualquier boliviano con un celular”, explicó el director de la OFEP, Pablo Camacho.

Indicó que esta plataforma “es un acto de respeto a los bolivianos”. Al ingresar a la misma, el ciudadano puede informarse sobre los estados financieros, patrimonios, deuda con el Banco Central y otros créditos, relacionados con las empresas públicas.

“Desde hoy el analista, el periodista, el universitario, cualquier boliviano podrá ingresar a esta plataforma y hacer su propio análisis, exportar los datos, comparar, cuestionar, proponer”, sostuvo.

En esa línea, Camacho añadió que el Gobierno del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, no llegó a “administrar el desastre sino a transformarlo, sin filtros y sin ideología”, comenzando por la verdad.

“La transparencia no es un gesto político, es una obligación del Estado con su pueblo”, remarcó.

Según datos de la OFEP, la plataforma Conociendo la Verdad reúne información de 67 empresas públicas, de las cuales 42 son compañías estatales y 25 son firmas mixtas, que abarcan sectores estratégicos como hidrocarburos, minería, energía, agroindustria, transporte, aviación y telecomunicaciones.

Tiene información desde empresas grandes como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) o la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) hasta otras entidades como Quipus y Yacana.

Fuente: DPL