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jueves, 22 de octubre de 2026

Informe ubica a Bolivia entre los peores países del mundo en el índice de Estado de Derecho


Bolivia ocupa el puesto 130 de 143 en el Índice Mundial de Estado de Derecho, el 29 de 32 en la región, y aunque este año avanzó un puesto, sigue a la cola en justicia, transparencia, límites al poder gubernamental y derechos fundamentales.

En el ranking difundido en 2025, el país ocupaba el puesto 131 de 143, mientras que en 2024, el puesto 131 de 142.

Este 2026, Bolivia está solo por encima de Nicaragua, Haití y Venezuela, estados cuestionados por la violación a derechos fundamentales por la comunidad internacional.

Ocho factores constituyen el Índice Mundial de Estado de Derecho.

Bolivia está peor situada en justicia penal, justicia civil y corrupción.

En justicia penal, el país ocupa el puesto 141 de 142 en el mundo y el puesto 31 de 32 en la región; es decir, tiene el segundo peor sistema penal del planeta debido a fallas de investigación e ineficiencia procesal.

En justicia civil, el país se ubica en el puesto 140 de 143 en el mundo y en el 30 de 32 en la región.

Finalmente, en transparencia o ausencia de corrupción, Bolivia se ubica en el puesto 140 de 143 en el mundo y en el 31 de 32 debido a altos niveles de percepción de impunidad e injerencia política. 

¿Cuáles son el resto de los factores que componen el Índice Mundial de Estado de Derecho?

Límites a los poderes gubernamentales, derechos fundamentales, orden y seguridad, aplicación de la normativa y gobierno abierto; en este último, el país tiene su mejor posición: 87 de 143 a nivel global y 23 de 32 en la región.

Desde 2015 a la fecha, el país ha registrado retrocesos, estancamientos y mejoras mínimas que no le han permitido dejar la cola del ranking elaborado por el prestigioso World Justice Project (WJP).

Fuente: Correo del Sur

miércoles, 12 de agosto de 2026

Gobernación digitaliza el Carnet Sanitario en Santa Cruz


La Gobernación de Santa Cruz puso en funcionamiento un sistema digital para tramitar el Carnet Sanitario y la Autorización Sanitaria de Funcionamiento, una medida con la que busca reducir la burocracia, agilizar los procedimientos y cerrar espacios a la discrecionalidad en la atención al ciudadano.

El gobernador cruceño, Juan Pablo Velasco, afirmó que durante años obtener un Carnet Sanitario implicaba un proceso con múltiples pasos, visitas a oficinas, presentación de fotocopias y otros documentos físicos.

“Durante años, sacar un Carnet Sanitario en Santa Cruz era un calvario”, señaló Velasco en una publicación en sus redes sociales. Según explicó, el antiguo procedimiento contemplaba hasta 12 pasos, la intervención de varios funcionarios y hasta seis visitas a las oficinas.

El gobernador sostuvo que ese modelo generaba condiciones propicias para prácticas irregulares y calificó el sistema anterior como un mecanismo que facilitaba la extorsión. Con la digitalización, aseguró, la administración departamental busca eliminar esos puntos de contacto discrecional.

Del papel al celular

La Unidad de Inocuidad y Control Sanitario del Sedes digitalizó los dos principales permisos requeridos para trabajar con alimentos en el departamento: el Carnet Sanitario y la Autorización Sanitaria de Funcionamiento.

De acuerdo con la Gobernación, ambos trámites ya están operativos y pueden realizarse desde un teléfono celular.

El nuevo sistema reduce de 12 a cuatro los pasos del procedimiento y, según la explicación del gobernador, disminuye de seis a una las visitas presenciales. Además, la emisión del documento se realiza automáticamente una vez efectuado el pago, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

También se reemplazaron algunos requisitos físicos. Las fotografías pueden ser tomadas directamente con el celular, mientras que el croquis del establecimiento es sustituido por su ubicación mediante un mapa digital.

En caso de existir observaciones, estas pueden ser corregidas en línea, evitando que el ciudadano tenga que iniciar nuevamente el proceso o regresar a una oficina para presentar documentación.

Brigadas para empresas

El nuevo sistema también contempla una modalidad dirigida a empresas que necesitan tramitar el Carnet Sanitario para varios trabajadores.

Según Velasco, las brigadas del Sedes pueden desplazarse hasta los centros de trabajo para realizar en una misma jornada la toma de muestras, el procesamiento de los resultados y la emisión de los carnets.

La Gobernación sostiene que este mecanismo permitirá reducir los tiempos que anteriormente se generaban por la acumulación de trámites y la capacidad limitada de procesamiento.

Un sistema con mayor trazabilidad

Uno de los principales cambios, de acuerdo con la administración departamental, está relacionado con el seguimiento de las inspecciones.

La ficha de inspección pasa a ser digital e incorpora información como el nombre del inspector, la fecha, la duración de la inspección y el puntaje obtenido, calculado automáticamente por el sistema.

La Gobernación afirma que esto permitirá dejar un registro de cada actuación y facilitar su posterior consulta.

“Ya no hay carpeta que se pierde. Ya no hay fila que se puede saltear con un favor”, afirmó Velasco al explicar los objetivos del nuevo sistema.

Además, el sistema identificó 15.435 establecimientos con autorizaciones vencidas y otros 925 cuyos permisos vencerán en los próximos 90 días, según los datos proporcionados por la Gobernación.

Un universo de más de 100.000 personas

La administración departamental informó que el padrón sanitario alcanza a 110.084 personas y que anualmente se tramitan cerca de 46.000 carnets.

A esto se suman 99.910 establecimientos registrados, de acuerdo con las cifras difundidas por el gobernador.

Con base en esos datos, la Gobernación estima que la digitalización permitirá generar un ahorro anual de aproximadamente Bs 4,92 millones, considerando gastos de los ciudadanos en transporte y fotocopias, además de horas de trabajo de funcionarios que podrían ser destinadas a tareas de inspección en campo.

Registros antiguos y deuda por infracciones

Velasco también cuestionó la calidad de parte de la información heredada de anteriores gestiones. Afirmó que el 98,8% de una deuda histórica por infracciones de inocuidad, equivalente a Bs 31,8 millones, sería prácticamente incobrable debido a que los registros no contarían con información verificable sobre la identidad de los responsables.

Según la autoridad, el nuevo sistema pretende evitar que esa situación se repita mediante la exigencia de una cédula de identidad real, un NIT válido y las coordenadas del establecimiento.

“Cada trámite digital exige cédula real, NIT válido y coordenadas del local. A partir de ahora, quien incumple, responde”, sostuvo.

Fuente: Red Uno

jueves, 6 de agosto de 2026

YPFB habilita plataforma digital para la recepción de denuncias de corrupción


Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informa a la población que se encuentra habilitada la plataforma digital destinada a la recepción de denuncias sobre presuntos hechos de corrupción o irregularidades que pudieran registrarse en cualquier ámbito de la empresa y de sus operaciones.

Esta herramienta permitirá a la ciudadanía, usuarios, productores, transportistas y demás actores vinculados al sector presentar denuncias de manera libre y segura, contribuyendo al fortalecimiento de los procesos de investigación, la identificación de posibles responsabilidades y la adopción de las acciones que correspondan en el marco de la normativa vigente.

La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno Nacional, el Ministerio de Hidrocarburos y Energías y YPFB para fortalecer la transparencia institucional, prevenir actos de corrupción y promover una gestión íntegra en beneficio del país.

La plataforma digital se encuentra disponible en el sitio web institucional de YPFB (www.ypfb.gob.bo), en el apartado "Tolerancia Cero a la Corrupción", desde donde la ciudadanía podrá registrar sus denuncias de manera directa y segura para su correspondiente atención e investigación.

Fuente: YPFB

miércoles, 22 de abril de 2026

Espinoza presenta Presupuesto Abierto, el sitio para conocer cómo se manejó y cómo se administrará el dinero del Estado


La noche de este martes, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, presentó el proyecto en línea “Bolivia en tiempo real”, una iniciativa de su despacho que tuvo el respaldo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para transparentar la administración de los recursos del Estado Plurinacional, en todos sus niveles.

En un acto realizado en el hotel Casagrande, del sur de la ciudad de La Paz, Espinoza dio a conocer que un equipo del Ministerio de Economía trabajó en la recopilación de datos de los últimos 20 años para sean públicos desde el sitio web: https://abierto.economiayfinanzas.gob.bo/

Gracias a esa herramienta construida por profesionales bolivianos, el gobierno pudo establecer un manejo turbio del dinero de los bolivianos por parte del anterior periodo. En uno de los puntos de su exposición, Espinoza dijo que “por cada mil bolivianos se desconoce el manejo de Bs 200”.

Espinoza reveló que el presupuesto recibido de la anterior administración para el 2026 tenía un desfase de más de 24 mil millones de bolivianos, con ingresos inflados en 15 mil millones y gastos subdeclarados en 8 mil millones. "La cajita negra ahora se empieza a volver una caja de cristal", afirmó.

Como ejemplo, mencionó la inclusión de recursos provenientes de bonos de carbono que, en la práctica, requieren varios años para concretarse. “Se metió en el PGE como un ingreso que se podía ejecutar este año”, cuestionó.

Espinoza explicó que cualquier ciudadano boliviano podrá hacer seguimiento de la administración de los recursos del Estado, sean del Ejecutivo, gobernaciones departamentales y alcaldías municipales. “En unas semanas podrán ver cómo se administran los recursos del presupuesto 2026”, prometió.

Fuente: Urgente

martes, 10 de febrero de 2026

Transformación digital: el verdadero antídoto contra la burocracia y la corrupción


Hace poco más de dos décadas, el mundo inició un profundo proceso de transformación digital. Hoy, sus beneficios son innegables: simplificación de trámites, ahorro de tiempo y recursos, y niveles de eficiencia que hasta hace pocos años parecían inalcanzables.

Como todo cambio estructural, la transformación digital conlleva riesgos y desafíos. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que dichos riesgos pueden ser gestionados y que los desafíos han sido, precisamente, el motor de la innovación tecnológica, permitiendo construir sistemas cada vez más seguros, confiables y eficientes.

Desde hace un poco más de quince años vengo sosteniendo que esta transformación debe ser aplicada, con carácter prioritario, en los Entes Gestores de Salud (comúnmente llamadas Cajas de Salud), en el Ministerio de Trabajo y en la Gestora Pública, que desde hace casi tres años administra el Sistema Integral de Pensiones.

En el caso de las Cajas de Salud, resulta inadmisible que asegurados y beneficiarios se vean obligados a hacer fila desde las tres o cuatro de la madrugada, o incluso tener que dormir desde la noche anterior, con el único objetivo de obtener una ficha que, en el mejor de los casos, solo marca el inicio de un verdadero vía crucis de trámites, filas y esperas interminables.

La situación no es mejor para los empleadores. Para cumplir con obligaciones básicas, como el pago de aportes, la programación de exámenes pre y post ocupacionales, la afiliación y baja de trabajadores, la comunicación de cambios societarios o las solicitudes de reembolso por bajas médicas, seguimos obligados a realizar trámites presenciales, presentando documentos físicos acompañados de las infaltables fotocopias, como si estuviéramos anclados en el siglo pasado.

Si hablamos de la plataforma digital del Ministerio de Trabajo, que en teoría debería servir para obtener fichas para el visado de finiquitos, contratos y otros trámites, la realidad es aún más preocupante. Conseguir una ficha se ha convertido en una cuestión de suerte: los usuarios deben conectarse desde las seis de la mañana y, con mucho esfuerzo, pueden lograrlo después de tres o cuatro días. Sin embargo, si por las fallas de la propia plataforma el trámite no se presenta dentro del plazo, la consecuencia es una multa, sin que la institución asuma responsabilidad alguna. Cabe preguntarse, entonces, si esta ineficiencia es simple incapacidad o si el sistema está diseñado precisamente para eso.

No solo somos el país de las filas, sino también el de las fotocopias y de la complicación innecesaria. Lo más grave es que ninguna institución pública asume responsabilidad por sus propias deficiencias. Por el contrario, muchas veces pareciera que el objetivo es obstaculizar la gestión del ciudadano. El caso de la Gestora Pública es ilustrativo: se rechazan fotocopias de documentos de identidad cuando estas provienen de una impresión legible de una fotografía tomada con el celular, ignorando por completo la interoperabilidad, que justamente sirve para verificar la autenticidad de documentación e información.

Esta forma de administrar no es neutra: genera contingencias, especialmente económicas, que luego se traducen en sanciones y multas elevadísimas, muchas veces no por incumplimientos reales, sino por interpretaciones sesgadas o por errores que las propias instituciones dejan pasar durante años, para recién “detectarlos” cuando ya es imposible subsanarlos.

Por ello, no me cansaré de insistir en la necesidad urgente de que el Estado implemente verdaderas plataformas digitales integradas. Esto no solo aliviaría la carga de asegurados, beneficiarios y empleadores, sino que permitiría a las propias instituciones realizar un seguimiento oportuno y eficiente de las obligaciones, dentro de plazos razonables que no deberían superar los 30 días calendario, y no después de años de silencio administrativo.

Este cambio debe ir acompañado, además, de una eliminación real de la injerencia política y de un proceso serio de institucionalización de cargos, donde primen el conocimiento, la experiencia, la calidad, la calidez y el criterio técnico. Las instituciones deben convertirse en facilitadoras y no en entes meramente coercitivos. Es imprescindible una reingeniería profunda del personal, empezando por las Cajas de Salud, donde es evidente la desproporción entre el personal administrativo y el personal médico.

Finalmente, este proceso solo será posible con la participación de los actores principales: empleadores, asegurados y beneficiarios. No avanzar hacia la transformación digital solo garantiza que la burocracia, y con ella, la corrupción, continúen campantes en instituciones públicas que parecen devotas de las eternas filas y las infaltables fotocopias.

Fuente: Negocios Press

jueves, 16 de octubre de 2025

¿Se podrá luchar contra la corrupción sin una ley de acceso a la información?


La segunda vuelta electoral para la presidencia de Bolivia, entre el Partido Demócrata Cristiano (PDC) de Rodrigo Paz y la Alianza Libre de Jorge Tuto Quiroga, se caracteriza por promesas de transparencia y lucha contra la corrupción. Esta temática está estrechamente ligada al acceso a la información, pero Bolivia destaca en la región por ser el único país sin una ley específica para ejercer este derecho universal. Analistas coinciden en que se debe pasar del discurso a la práctica. 

Desde el 2001 a la fecha, en diez oportunidades se plantearon diferentes proyectos de ley  de acceso a la información que nacieron de la sociedad civil, poder ejecutivo y legislativo; pero ninguno llegó a aprobarse. Para Raúl Velásquez, investigador de la Fundación Jubileo, si el próximo gobierno quiere tener el respaldo de la sociedad sobre las políticas que pretenda implementar, lo primero que debe hacer es transparentar toda la información del Estado, para mostrar la verdadera situación del país. Además debe crear los mecanismos legales para que el derecho a la información se cumpla, y se sancione a quienes vulneren el mismo. 

Para Ramiro Orias, presidente del Tribunal Nacional de Ética Periodística, no sólo se trata de discursos en tiempos electorales, sino que los candidatos deben especificar el cómo lo harán. Para él, la prioridad del Legislativo debe ser la aprobación de una ley de acceso a la información, mientras que el Ejecutivo debe respaldarla y promoverla, porque constituye una poderosa herramienta de transparencia y lucha contra la corrupción. Advierte que no debe ser una normativa de generalidades, sino una que responda a los estándares internacionales que ha generado la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre esta temática.

¿Qué ofrecen los candidatos?

A la fecha, en el país se tienen normativas aisladas que incluyeron algún artículo sobre la materia, como el 93 de la Ley de Medio Ambiente, el 34 de Ley de Control Social, el 10 de la Ley de Unidades de Transparencia o el artículo 6 de la Ley de Desarrollo Sostenible. En la práctica esto no fue suficiente para un Estado de información abierta, no por nada en el índice de percepción sobre la corrupción, Bolivia destaca como el país más corrupto de la región, según el World Justice Project (2024). Además, de 1.229 casos de corrupción registrados en los últimos siete años, sólo en uno se logró la reparación del daño, según el Ministerio de Justicia. 

Con esos antecedentes, las fuerzas políticas que buscan la silla presidencial muestran seguir ese mismo camino, de iniciativas o esfuerzos dispersos. En su programa de gobierno, la Alianza Libre reconoce que Bolivia no tiene una ley de acceso a la información, pero no especifica si promoverá o priorizará una normativa de este tipo. Sin embargo, menciona que creará espacios como el Observatorio de Finanzas Públicas, por donde darán informes periódicos sobre esa área. El PDC, por otro lado, propone sistemas integrados de información y vigilancia social, pero no profundiza en los detalles.

Por otro lado, Libre pone en el centro al Instituto Nacional de Estadística (INE), como una institución que certifique la calidad de información que producen distintas entidades públicas.

Esta fuerza política plantea que todas las transacciones del Gobierno quedarán registradas con Block Chains (sistema tecnológico a prueba de alteraciones), de manera que nadie pueda modificar o borrar la información, como una manera efectiva para auditorías. El PDC también propone la misma tecnología para las contrataciones estatales.

El debate vicepresidencial del 5 de octubre tampoco fue un escenario donde se profundizó esta temática. Edman Lara del PDC propuso que las respuestas de Peticiones de Información Escrita (PIE) estén disponibles en una página web. Y es que, a la fecha, esto no ocurre en la Cámara de Diputados, donde sólo transparentan las preguntas realizadas a determinada autoridad o entidad, pero no las respuestas. Además, no se encuentra documentación anterior al 2020.

Juan Pablo Velasco propuso un ranking legislativo público, de manera que cualquier persona acceda a información el desempeño de cualquier senador o diputado, con indicadores de asistencia, de propuestas de leyes impulsadas, abrogadas o derogadas.

Acciones más que discursos

Para Ramiro Orias, el discurso de lucha contra la corrupción, de transparencia y de gestión pública que aparecen como publicidad de los actos políticos, requiere mecanismos expresos y específicos. Advierte que pretender que el acceso a la información esté supeditado a la voluntad del mismo órgano del Estado, es permitir que el Gobierno sea juez y parte. “Se necesita de una agencia independiente encargada de implementarla, monitorear el cumplimiento del acceso a la información conforme a los compromisos internacionales que el país ha suscrito”.

El proyecto de Ley 160/2023-2024 de Acceso a la Información y Documentación Pública, presentado por la senadora Silvia Salame, establecía una comisión bajo la dependencia de la Defensoría del Pueblo conformada por cuatro miembros externos de alta probidad ética. Si bien fue aprobada en la Cámara de Senadores, se estancó en la de Diputados. 

Para evitar depender de la voluntad de la autoridad de turno en el acceso a la información, Velásquez reiteró la importancia de una normativa con sanciones para los que no la cumplan. Puso como ejemplo al sector energético, porque en una investigación se estableció que solamente un 21% de la información mínima que se requiere es pública, el 63% no se publica, un 11% es parcialmente publicada, y un 5% no existe. Lo que demuestra la opacidad en este sector que además está en crisis.

El investigador puso como ejemplo a Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que desde 2015 no publica información que el artículo 6 de la Ley de Desarrollo Sostenible del Sector Hidrocarburos demanda.

Es así que el próximo Gobierno boliviano, sea del PDC o Alianza Libre, enfrenta el reto de transformar promesas de transparencia en una acción legal: aprobar una ley de acceso a la información. Sin esta norma fundamental y esencial contra la corrupción, los expertos advierten que las propuestas tecnológicas o mecanismos aislados son insuficientes para fortalecer un pilar indispensable en la confianza ciudadana.

Imagen: Rate your music

Fuente: La Nube

viernes, 12 de septiembre de 2025

Ella es Diella, la nueva ministra de Albania creada con IA para combatir la corrupción


El primer ministro albanés, el socialista Edi Rama, anunció este jueves 11 de septiembre el nombramiento de una ministra generada por inteligencia artificial, una novedad a nivel mundial, que se encargará de la contratación pública.

El nombre de la funcionaria es Diella, que significa “sol” en albanés, según explicó el mandatario al presentar su nuevo gabinete en una reunión de su partido, que obtuvo una amplia victoria en las elecciones parlamentarias de mayo.

“Diella es el primer miembro [del Gobierno] que no está físicamente presente, sino que ha sido creado virtualmente por la inteligencia artificial. Haremos a Albania un país libre de corrupción”, afirmó Rama.

Según el jefe de gobierno, la titular estará a cargo de todas las decisiones sobre las licitaciones de contratación pública para garantizar que estén “100% libres de corrupción” y que todos los fondos públicos sometidos a este procedimiento sean “perfectamente transparentes”.

“Las licitaciones han sido definitivamente retiradas de las manos de los ministros. Diella será la funcionaria del Ministerio Público. Las licitaciones son 100% incorruptibles, todos los fondos son 100% legibles. Esta es una de sus funciones”, concluyó Rama.

Su deber será evaluar las licitaciones y tendrá derecho a “contratar talentos de todo el mundo”, precisó el presidente, recalcando que el objetivo principal de la IA es combatir la corrupción.

Diella, una mujer vestida con el traje tradicional albanés, había sido presentada en enero como una asistente virtual impulsada por IA para ayudar a las personas a utilizar la plataforma oficial e-Albania, donde se pueden obtener documentos y diversos servicios.

Sin embargo, tras ser “ascendida” de cargo, sorprendió tanto locales como internacionales. Hasta ahora, ayudó a emitir 36.600 documentos digitales y prestó casi 1.000 servicios a través de la plataforma, de acuerdo a cifras oficiales.

Rama, quien consiguió un cuarto mandato en las elecciones de mayo, presentará su nuevo gabinete a los legisladores albaneses en los próximos días. Las licitaciones públicas han sido la fuente de varios escándalos de corrupción en ese país.

La lucha contra la corrupción en este país, especialmente en la administración pública, es un criterio clave para la candidatura de Albania a la Unión Europea. No se conoce qué tipo de supervisión humana tendrá Diella en su trabajo.

En caso de llegar a cumplir este objetivo principal, el primer ministro albanés aspira a sumar a la nación balcánica de 2,8 millones de habitantes al bloque europeo para 2030.

Fuente: El Colombiano

lunes, 23 de junio de 2025

Gobierno de sombras


Entre las características perversas de los gobiernos del MAS, una de las más notorias es la falta de transparencia. Este gobierno (y los anteriores de Evo Morales) se mueve en las sombras, como las dictaduras militares. Todo lo que hace está rodeado de misterio y engaño, no hay nada directo, claro, o transparente. Cada día tenemos pruebas de cómo se oculta la verdad a la población, cómo se miente descaradamente y cómo no se responde a acusaciones muy serias y fundamentadas.        

A fines de mayo, por ejemplo, se han conocido pruebas irrefutables del gigantesco negociado de ejecutivos de YPFB a través de la empresa fantasma Botrading (que tiene apenas tres empleados pero maneja cientos de milllones), creada en territorio paraguayo para estar fuera del alcance de la justicia boliviana (de todas maneras inexistente). Según el informe presentado por la comisión de diputados que investigó este caso de corrupción en el que estaría involucrado el hijo del presidente, Marcelo Arce Mosqueira, el daño económico al Estado superaría los 355 millones de US$ dólares. Pero el gobierno ni siquiera pestañea, y el presidente de YPFB sigue tan tranquilo en su puesto, sin responder a las acusaciones. 

Otro hijo del presidente Arcínico, Rafael Arce Mosqueira, compró en 2021 por 3,3 millones de US$ dólares la propiedad “Adán y Eva” en Santa Cruz, cuando tenía apenas 25 años de edad, según la investigación periodística realizada por Connectas, Plataforma Periodística para las Américas, donde participan medios de información prestigiosos como La Nación (Argentina), La Prensa Gráfica (El Salvador), El Espectador (Colombia) y Aristegui Noticias (México). Luego de la compra y contrariando disposiciones legales sobre el uso de la tierra, procedió a liquidar los bosques para cultivos extensivos de maíz y soya, y obtuvo en un abrir y cerrar de ojos luz verde de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) para ampliar los desmontes a mil hectáreas. La investigación ha sido debidamente documentada con base en fuentes del propio Estado, pero hasta ahora ninguna autoridad ha abierto la boca. El presidente sigue sonriendo en las fotos, como si no tuviera nada que ver con este caso de corrupción que, una vez más, lo involucra directamente. Su cinismo no tiene límites.

Meses atrás, un periodista boliviano reveló, con documentos en mano, que el gobierno había escondido la impresión de varias toneladas de nuevos billetes para ponerlos en circulación en un momento en que el país está en una espiral inflacionaria que ya no puede ocultar. A raíz de esas revelaciones los burócratas del Banco Central amenazaron con juicios al periodista que filtró lo que el gobierno ocultaba detrás de la burda explicación de que los billetes eran para remplazar a los que serán retirados de circulación progresivamente (como si no tuvieran en qué más gastar). ¿Con qué cara se pretende judicializar a analistas políticos y económicos, o a periodistas que revelan las barbaridades que hace el mal gobierno masista?

En estos y en otros casos, el régimen del MAS miente una y otra vez, ya sea en las declaraciones de sus voceros o ministros (para quienes todo es “normal” en el país) o en películas de propaganda producidas por anónimos cineastas empleados del ministerio de Gobierno, algo impensable en países democráticos. Tan grotesco es el “documental” que presentaron el 10 de abril pasado, que tuvieron vergüenza de poner nombres en los créditos y se refugiaron en el anonimato. La sarta de mentiras difundidas en ese bodrio sería suficiente para enjuiciar al gobierno y pedir resarcimiento económico a las personas cuya reputación fue afectada. 

Hay muchos otros ejemplos de la corrupción y de falta de transparencia del régimen masista, el actual y los anteriores (que son la misma porquería corrupta). Podemos remontarnos a la adquisición de vacunas rusas Sputnik durante la pandemia, cuyo costo hasta ahora no conocemos porque todos los contratos de los gobiernos del MAS, especialmente con China y Rusia, tienen cláusulas que esconden las cifras del costo para los bolivianos. Esa falta de transparencia debería ser penada por ley, pero como no hay un sistema judicial probo, se salen con la suya y pretenden enjuiciar a quienes se dan modos para descubrir las mañas y mentiras de los “servidores” del Estado.

Desde 2023 el gobierno se niega a dar a conocer el informe las reservas probadas de gas, que fue entregado por una empresa especializada a la que se le pagó una suma astronómica para hacer esa evaluación. Hasta ahora se mantiene en secreto ese informe, porque no le conviene políticamente al gobierno, pero es inútil esconderlo porque todos ya sabemos que no hay más gas para exportar y pronto no habrá ni para el consumo interno. 

El oro se ha esfumado del país al mismo tiempo que los dólares. El Banco Central de Bolivia (BCB) debería emitir cada semana un estado sobre las reservas internacionales pero lo hace apenas cada cuatro meses. En su página web de “estadísticas semanales” la última corresponde al 8 de febrero de 2023… Se burlan de los bolivianos, son descarados y no tienen ninguna excusa pero no les importa. Y qué decir de la información sobre el cambio del dólar, esa sí “actualizada” cada día… por debajo de 7 Bs por dólar, cuando en las casas de cambio y en la calle llegó a topar 19 Bs por dólar a mediados de mayo.

El gobierno de sombras inventa lo que le da la gana y esconde lo que le conviene. Ha vuelto a la actualidad (con motivo del documental trucho sobre el “golpe” igualmente trucho) el teatro montado para hacer creer al mundo que hubo un amago de asonada militar el 26 de junio de 2024. El ministro de Gobierno desplegó hasta la saciedad falsedades sobre el supuesto golpe, pero cada vez que hacía una conferencia de prensa solamente confirmaba su incapacidad para ejercer el cargo de la seguridad nacional: según su propia admisión recién se enteró del golpe cuando las tanquetas estaban en la Plaza Murillo. En cualquier país racional lo hubieran echado del cargo a patadas, pero aquí lo nombran candidato a la presidencia (su ambición política es inversamente proporcional a su inteligencia).

En el tema ambiental, todo es sombras. Las licencias a cooperativistas mineros en parques nacionales, la falta de fiscalización, el contubernio con avasalladores y depredadores…La falta de transparencia es total, y solamente nos enteramos gracias a las investigaciones de instituciones de la sociedad civil que se toman el trabajo de fiscalizar y transparentar situaciones que demuestran la hipocresía y corrupción del gobierno.

El estudio Incendios forestales 2024: tras las huellas del fuego, realizado por la Fundación Tierra y presentado en la última semana de mayo, prueba con documentos incontestables que 12,6 millones de hectáreas de bosques y pastizales fueron calcinadas, de las cuales el 66 % de manera intencional, es decir, con la complicidad del gobierno “defensor de la Pachamama”. El bocón del vicepresidente, el pajpaku de la plaza Murillo, alias Choquehuanca, anda muy silencioso últimamente. Mientras tanto, el ministro de Medio Ambiente, Álvaro Ruiz, advierte que nuevamente se autorizarán los “chaqueos”. 

Fuente: Bitacora Memoriosa

viernes, 20 de junio de 2025

Bolivia, el país más corrupto de América Latina


Bolivia ha sido ubicada como el país más corrupto de América Latina y el segundo con peor desempeño a nivel global en materia de corrupción, de acuerdo con el informe 2024 del World Justice Project (WJP), una organización internacional que evalúa el estado de derecho en 142 países.

El índice de “Ausencia de corrupción” elaborado por el WJP mide la percepción y experiencia de corrupción en cuatro ámbitos clave: el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Legislativo y las fuerzas de seguridad (Policía y Fuerzas Armadas). En todos ellos, Bolivia registra puntajes alarmantemente bajos.

El país se ubica en el puesto 141 de 142, superando únicamente a la República Democrática del Congo. El informe revela que el Poder Judicial boliviano es el que presenta el mayor nivel de corrupción, con un puesto 140, seguido por la Policía y las Fuerzas Armadas (137), el Ejecutivo (131) y el Legislativo (120).

A nivel regional, Bolivia ocupa el puesto 29 entre 32 países de América Latina, solo por encima de Nicaragua, Haití y Venezuela, los tres últimos del ranking.

Además, el informe muestra un deterioro sostenido en el Estado de derecho en Bolivia. El puntaje global del país cayó de 0,41 en 2015 a 0,24 en 2024, ubicándose en el lugar 131 de 142 en el índice general del WJP.

En contraste, países como Uruguay (puesto 23) y Chile (29) se mantienen como los mejores evaluados de la región. En el otro extremo, México (135), Paraguay (128), Perú (118) y Brasil (77) también muestran desempeños deficientes.

A nivel mundial, los países que lideran el ranking con los niveles más bajos de corrupción percibida son Dinamarca, Noruega y Singapur, mientras que Bolivia comparte las últimas posiciones con Estados en situación de fragilidad institucional.

El WJP utiliza encuestas a ciudadanos y expertos para medir el cumplimiento de normas, la transparencia, la imparcialidad de las instituciones y el respeto por los derechos fundamentales.

El informe de 2024 pone en evidencia las debilidades estructurales del sistema boliviano, especialmente en la independencia judicial y el uso indebido del poder público, y plantea un llamado urgente a las autoridades para fortalecer las instituciones, promover la transparencia y restaurar la confianza ciudadana.

Fuente: Asuntos Centrales

sábado, 26 de abril de 2025

¿Es simple acceder a la información pública en Latinoamérica?


El escándalo conocido como “la Casa Blanca de Peña Nieto” sacudió la política mexicana en 2014. La investigación de la periodista Carmen Aristegui y su equipo develó un conflicto de intereses entre el entonces presidente mexicano y su contratista, beneficiado con varios contratos en su administración. Durante más de un año de exhaustiva revisión de documentos de acceso público y reportería, se logró establecer conexiones entre la vida pública y privada de Peña Nieto que sustentaron la publicación. Los datos obtenidos fueron tan contundentes que prescindieron de fuentes anónimas o indirectas.

En este proceso, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de México fue clave. Garantizó que las múltiples solicitudes realizadas tuvieran una respuesta positiva y la posibilidad de revisar  documentos clave, como contratos gubernamentales de la empresa constructora implicada que vendió la famosa casa. Ahora, este ente será reemplazado oficialmente por Transparencia para el Pueblo. El órgano dependerá directamente del Ejecutivo Federal con la pretensión de que sea “autónomo”.

El gobierno de la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, argumenta que el cambio hará más eficiente el acceso a la información y fortalecerá la seguridad de los datos personales. Pero queda una duda sembrada. ¿Podrá la transparencia sobreponerse a otros intereses? ¿Es posible ser juez y parte cuando se habla de transparencia?

En los últimos años, varias iniciativas ciudadanas en Latinoamérica promovieron el acceso a la información pública como un valor irrenunciable para la rendición de cuentas y la protección de los sistemas democráticos. Muchas de ellas han derivado en la consolidación de normativas.

Pantanos para acceder a información

En varios países, incluso con legislación establecida, se generan pantanos para acceder a la información. La escalada del autoritarismo y el deterioro de las libertades limitan seriamente la fiscalización pública.

En el El Salvador, la ley vigente desde el 2011 permitió evidenciar casos de corrupción a través de investigaciones periodísticas de gran impacto. En 2018, un reportaje de la Revista Factum sobre maternidad precoz reveló que el 30% de las embarazadas eran menores de edad. Todos los datos se obtuvieron bajo solicitudes de información pública, que ahora ya no proporciona el Ministerio de Salud. Desde la llegada del presidente, Nayib Bukele, varias solicitudes fueron incumplidas en el plazo o negadas, algunas bajo el argumento de reserva. Se hace casi imposible acceder a documentos oficiales, obligando a periodistas y organizaciones cívicas a asumir otros caminos para fiscalizar.

En Argentina también suenan las alarmas. La tensa relación entre el presidente, Javier Milei, y la prensa, condiciona varias libertades del ejercicio profesional. Por ejemplo, el mandatario propuso que los periodistas que accedan a las conferencias de prensa presenten un declaración jurada, para que, según él, “puedan ser sometidos al escrutinio público al que los periodistas someten al resto de la sociedad”.

Sin embargo, un hecho que avivó el debate es el Decreto 780 que Milei firmó en 2024 y que reforma la propia Ley de Acceso aprobada por el Congreso. Amplía las excepciones a la obligación general de entregar datos y aumenta los requisitos para que los ciudadanos puedan solicitar información. Preocupa porque se les otorgaría a los funcionarios públicos la capacidad de definir qué datos son considerados de interés público y cuáles no, profundizando esferas de secretismo y opacidad.

Contextos más adversos

En Guatemala y Honduras, con leyes vigentes de acceso a la información pública e iniciativas para la divulgación estatal, organizaciones ciudadanas reportan que existen dificultades administrativas y financieras para implementar de manera eficiente las plataformas digitales. A esto se suma el crecimiento de una cultura de la opacidad en la que funcionarios públicos se blindan para negar información. Especialmente aquella que consideran sensible y puede dar pie a mayor fiscalización.

En Nicaragua, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo cercenó todas las libertades del espacio cívico y la fiscalización que, generalmente, se realiza desde el exilio. Periodistas y organizaciones cívicas debieron salirse del país, pero no han renunciado al derecho de obtener información. Está vigente desde 2007 la Ley de Acceso a la Información Pública, pero con una aplicación casi nula. Las Oficinas de Acceso a la Información Pública, que inicialmente fueron establecidas en varias dependencias estatales, hoy se encuentran desmanteladas o convertidas en órganos de propaganda gubernamental. 

Esta misma figura se da en Venezuela, también con una Ley de Acceso a la Información Pública desde 2001 sin una contribución a la transparencia debido a las condiciones del régimen de Nicolás Maduro.

A pesar de estas condiciones adversas y la fuerte censura, ambos países demostraron ser un ejemplo para la región respecto al ejercicio periodístico. Grandes investigaciones develaron corrupción en todos los niveles de gobierno.

¿Qué pasa cuando ni siquiera hay ley?

Haití y Bolivia no cuentan con una ley de acceso a la información pública y, hasta julio de 2024, ese también era el caso de Cuba. Sin embargo —una decisión histórica— la Asamblea Nacional aprobó esa normativa que, según sus promotores, ayudará a “regular la transparencia y establecer obligaciones que deben cumplir sus responsables”. Expertos observan que incluso podría tener un efecto contrario, pues no contribuye a buenas prácticas en el contexto internacional. Más bien, podría establecer mayores restricciones debido al control estatal y a los canales de desinformación.

En el caso de Bolivia, a pesar de varias iniciativas legislativas, periodísticas y ciudadanas no se ha podido consolidar una normativa. En 2024 el Senado aprobó el Proyecto de Ley de Acceso a la Información y Documentación Pública, el avance más importante hasta el momento. Pero aún debe ser revisado y aprobado por la Cámara de Diputados para su promulgación.

Saber para decidir

Sin importar el gobierno en funciones, la ley debe responder a los ciudadanos y su legítimo derecho a estar bien informados para tomar decisiones. Pero, en los últimos años, en algunos países donde la normativa parecía sólida, los órganos garantes no mantuvieron independencia. También, hay más trabas en las solicitudes de información o son respondidas con discrecionalidad por los funcionarios.

Que exista una ley es importante, pero la realidad demuestra que no es garantía de una implementación efectiva.

El desafío es el Estado abierto, un modelo que por definición hace referencia a la “gobernanza y la apuesta de los gobiernos por la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración con la sociedad civil, utilizando la tecnología y la información pública de manera accesible y eficiente”.

En América Latina hubo avances, sobre todo impulsados por proyectos internacionales y acuerdos como la Iniciativa de Gobierno Abierto que aún no logró un desarrollo equitativo para todos los países miembros.

¿Dónde están los avances?

En 2024, y luego de más de una década de intentos, Costa Rica aprobó una ley histórica de acceso a la información pública. Aunque, de hecho, su constitución garantizaba estas prácticas. El logro es que la normativa hace efectivos procedimientos y sanciones para quienes infrinjan este derecho.

Por otro lado, Uruguay, a pesar de contar con una normativa consolidada, impulsa acciones para el fortalecimiento de la transparencia y mantiene vigentes organismos de control, como la Junta de Transparencia y Ética Pública y el Tribunal de Cuentas que audita los Fondos Públicos.

Chile es otro buen ejemplo de control eficiente y marco legal sólido. Cuenta con un Consejo para la Transparencia que está encargado de fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública. Al igual que Uruguay, una de las principales fortalezas radica en la institucionalidad que funciona con independencia y permite la fiscalización en diferentes niveles.

Según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2024, elaborado por Transparencia Internacional, la mayoría de los países lograron pocos o nulos avances en la lucha contra la corrupción. Uruguay y Chile son considerados los referentes positivos mientras, al otro lado, están Venezuela y Nicaragua. Además, México cayó al puesto 140 de 180 países, su peor posición histórica en el índice.

En la región la mayoría de los países tienen una puntuación por debajo de 50 (en una escala de 0 a 100). La realidad demuestra que se profundiza la corrupción estructural, la falta de independencia judicial y el debilitamiento institucional.

Fuente: Dialogo Politico

martes, 22 de abril de 2025

Diputada denuncia que gobierno gastó Bs 5 millones para publicidad en redes sociales


El Ministerio de la Presidencia firmó un contrato con Entel Dinámica SRL para la difusión de publicidad estatal en cinco plataformas digitales por Bs 5 millones durante tres meses, denunció la diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Janira Román.

“Luis Arce inicia su campaña en redes sociales con un gasto en propaganda de 5 millones de bolivianos, con dinero del pueblo. Este monto es sólo para tres meses de servicio, lo que significa que por día gastarán más de 55.000 bolivianos el cual equivale a 22 salarios mínimos”, afirmó la legisladora.

Para la presente gestión el presupuesto asignado al Ministerio de la Presidencia fue de Bs 2.481.988.003, mientras que para el Viceministerio de Comunicación es de Bs 19.195.919 y a Gestión de política comunicacional se destinó Bs 67.612.111.

Según el contrato administrativo MPR-DGAJ-UGJ-CD Nº 240/2025, al que accedió la ANF, fue suscrito el 24 de marzo de la presente gestión entre la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, y el gerente de Entel Dinámica, Rodrigo Argandoña.

Del monto total, Bs 4,5 millones fue destinado para la pauta publicitaria en Facebook, Instagram, Youtube, Display y Adwords. Mientras que Bs 500.000 fue destinado a la plataforma de Tik Tok.

La legisladora cuestionó que el gobierno esté gastando recursos para la pauta publicitaria, en medio de la crisis económica que atraviesa el país que a su criterio, es culpa de la mala administración del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Arce, como su exjefe Evo Morales, usa los recursos del pueblo para su campaña, pero no tiene posibilidad de ganar las elecciones porque tiene un rechazo de más del 90 por ciento de la población. Decidió despilfarrar el dinero del pueblo en plena crisis económica para sus ambiciones personales”, señaló Román.

Observó que la adjudicación del convenio se hizo bajo la modalidad directa. El 14 de marzo, la responsable del Proceso de Contratación de Licitación Pública del Ministerio de la Presidencia, Jovana Schmith, emitió una nota en la que comunicó a la firma que se adjudicó el contrato.

“Conforme a la propuesta Técnica y Económica presentada comunico que fue adjudicado el proceso de contratación «Servicio de Difusión en Plataformas Digitales: Entel Dinámica Digital S.R.L.», bajo la Modalidad Contratación Directa; por el monto total de Bs 5.000.000 (…) de los cuales: pauta publicitaria en Meta Ads (Facebook y/o Instagram) o Google Ads (YouTube y/o Display y/o Adwords): Bs. 4.500.000, pauta publicitaria en TikTok Ads (TikTok): Bs. 500.000.

El plazo correrá desde el siguiente día hábil de la firma del contrato por 90 días calendario o hasta haber agotado el presupuesto asignado”, dice la resolución de adjudicación.

Fuente: ANF

sábado, 5 de abril de 2025

Más tecnología, menos corrupción, ejecuciones presupuestarias y blockchain


Durante los primeros tres meses de este año, por medios presenciales y virtuales, se han llevado a cabo rendiciones de cuentas de distintas entidades públicas, esto en cumplimiento a la Constitución Política del Estado, la Ley 341 de Participación y Control Social y la Ley 974 de Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. En estas actividades se ha puesto el foco, y el ruido publicitario, respecto a los porcentajes de ejecución.

El porcentaje de ejecución presupuestaria como indicador de gestión eficiente tiene sus raíces en la evolución del control financiero y la administración pública, especialmente a partir del siglo XX. De hecho también es un parámetro considerado por entidades internacionales como requisito para acceder a créditos. Sin embargo, creo importante señalar ciertos sesgos que reflejan, no precisamente, uso eficiente de recursos.

Una alta ejecución presupuestaria, mayor a 90%, se considera eficiente, pero enmascara sobreprecios y ejecuciones apresuradas no planificadas; por otro lado, la baja ejecución presupuestaria, por debajo del 70%, reflejaría ineficiencia, y tras esa cortina,  problemas de burocracia, de planificación, y de ajustes fiscales o que responden a otros factores. Por lo tanto, una “buena ejecución” debe vincularse a otros indicadores relacionados al impacto que ha significado esa ejecución en términos del bienestar de la gente en cuanto a políticas públicas se refiere, y también a la calidad del gasto.

En cuanto a todas las publicaciones sobre la ejecución presupuestaria 2024 que están circulando en medios de comunicación, sería interesante conocer además el nivel de satisfacción ciudadana y el acceso público a la información financiera de la entidad, siendo claro y detallado el reporte de lo ejecutado, por ejemplo, ¿los gastos relacionados a papelería son iguales para las entidades públicas y para cualquier persona que va a una librería y compra ese mismo material? Seguramente unos dirán que la pregunta es inocente o absurda, otras dirán  que lo que sucede al respecto es un secreto a voces, y otras que sería innecesario porque en plena crisis se trata de economizar el gasto del erario público. El lector decidirá eso.

En el área de salud, según Transparencia Internacional y reportes de la OMS, el desvío de fondos por  ineficiencia, ineficacia y falta de transparencia, hace que se pierda alrededor del 10% al 25% del gasto total mundial en salud por año. Una publicación en la reconocida revista The Lancet, hace referencia a los avances tecnológicos en el área de la salud y la búsqueda del acceso universal, y el contraste con la corrupción que está presente de forma global, pero de la que no se habla abiertamente, y en la que, textualmente, es mortal. En sociedades con menor adhesión al Estado de Derecho, menor transparencia y menores mecanismos de rendición de cuentas, los sistemas de salud son más corruptos. La corrupción también causa desmotivación y agotamiento de los recursos humanos. Es el «cáncer de nuestros sistemas de salud»

Ejecutar el 100% del presupuesto no significa que el dinero se está gastando bien. Para detectar sobreprecios y despilfarro, es clave analizar el costo unitario, la transparencia en las contrataciones, la calidad de lo comprado y el impacto en la población. Los mecanismos para esto, con voluntad política y responsabilidad, podrían ser alcanzables para nuestro país, con la mirada puesta en modernizar los mecanismos de gestión pública con, por ejemplo, blockchain (cadena de bloques), que permite almacenar datos de manera segura, transparente e inmutable. Funciona como un libro de contabilidad digital en el que las transacciones o registros se agrupan en bloques que están conectados entre sí y protegidos mediante criptografía.

En Estonia el blockchain está implementado para la gestión de historias clínicas y la transparencia en la administración de recursos; en Estados Unidos se usa para la gestión de compra y administración de medicamentos y para gestionar los seguros médicos; en Ruanda este mecanismo busca garantizar suministros médicos a centros urbanos y rurales sin intermediarios. Estos mecanismos están en constante expansión en el mundo, en todos los rubros,  y deben ser considerados para que las futuras ejecuciones presupuestarias bolivianas tengan el sustento y la confianza que amerita el uso de recursos públicos.

Imagen: Salud Digital

Fuente: Sumando Voces

jueves, 3 de abril de 2025

Presidente del TSJ detalla el modus operandis de la corrupción en el Órgano Judicial


Tras el allanamiento a las oficinas del Órgano Judicial en Sucre, el presidente del Tribunal Supremo Judicial (TSJ), Romer Saucedo aseguró en Que No Me Pierda (QNMP) que la corrupción penetró a todos los niveles de justicia, incluyendo los jerárquicos. En este sentido explicó que, para realizar los actos de corrupción, los implicados habrían creado un ‘superusuario’ para realizar las modificaciones según su conveniencia.

“Con el superusuario podían acceder a datos desde cualquier equipo con acceso al sistema y a través de este superusuario se realizaban modificaciones en cuanto a los pagos de cuantía, desgravámenes y las transferencias”, detalló Saucedo quien pidió a la población tener paciencia y denunciar cualquier irregularidad que se presente durante el trámite que realicen.

Según el presidente del TSJ, al identificarse de dónde se creó este ‘superusuario’, el Ministerio Público pudo encontrar el hilo conductor de la investigación.

Saucedo señaló que, gracias a la investigación que se inició en Santa Cruz, cuando se descubrió un daño económico por parte de una oficial de Derecho Reales, por el orden de Bs 2 millones, se pudo descubrir que la corrupción se originó desde Sucre.

“La corrupción penetró todos los niveles, pretender decir que solo se trata de funcionarios de ventanilla o de niveles bajos sería mentirle a la población, la corrupción perforó todos los niveles de la administración de justicia (…) hay niveles jerárquicos implicados”, afirmó el presidente del TSJ.

Saucedo, quien se comprometió a terminar con la corrupción en el Órgano Judicial, informó que existen funcionarios de Sucre que serán trasladados hasta Santa Cruz para realizar su declaración informativa, y dependiendo de las investigaciones y la documentación secuestrada en los allanamientos se determinará si se cita a más personas.

Fuente: Red Uno

jueves, 20 de febrero de 2025

El Gobierno lanza nuevo sistema para la emisión de multas electrónicas por infracciones de tránsito


Un nuevo sistema de emisión de multas electrónicas para quienes cometan infracciones de tránsito fue presentado este miércoles por el Gobierno con el cual se busca modernizar este proceso y evitar hechos de corrupción.

El denominado Estado Digital 11 (ED-11) permitirá a los agentes de la policía que, con los nuevos dispositivos, dejar atrás las multas en papeles o acudir a las dependencias de tránsito como generalmente ocurría.

La multa correspondiente estará impresa en una boleta, la cual tendrá los datos del conductor del vehículo infractor, del uniformado que la emitió y un código QR donde se podrá realizar el pago correspondiente, para evitar la burocracia y cobros irregulares.

“Si alguien está manejando una motocicleta, sin el casco de conducir, puede pedir la boleta de infracción, pagarla en ese momento y continuar hacia La Ramada, la Ceja”, indicó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

El presidente Luis Arce consideró que el nuevo sistema tendrá resultados “altamente positivos” y la Policía recuperará su dignidad y credibilidad ante la población cuando las multas se hagan de manera electrónica.

“Los diferentes conductores, cuando se le asomé un policía, ya no lo van a ver con cara de Bs 200, de Bs 500, van a haber una Policía digna, trabajando por el pueblo boliviano”, afirmó el mandatario.

En total, fueron adquiridos 1.000 dispositivos que desde este jueves serán distribuidos en todo el país.

Fuente: Erbol

miércoles, 12 de febrero de 2025

Bolivia obtuvo la peor calificación en percepción de la corrupción de los últimos 12 años


La percepción de la corrupción en Bolivia empeoró en relación al año pasado y logró su puntuación más baja en los últimos 12 años, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024 presentado este martes por Transparencia Internacional. El país sudamericano registró 28 puntos, uno menos que el año anterior y está por debajo del promedio regional que es de 42 sobre 100.

El IPC clasifica a 180 países según las percepciones sobre el nivel de corrupción en el sector público, en una escala de cero a 100, en la cual cero equivale a mucha corrupción y 100 a una muy baja corrupción, explica el informe. El informe anual revela que 47 países experimentaron un descenso significativo en sus puntuaciones desde 2012, mientras que solo 32 países mejoraron.

Bolivia registró este año su nivel más bajo en los últimos 12 años de los que se tiene registro en la página de Transparencia Internacional. El puntaje más alto en este periodo se obtuvo en 2014 cuando alcanzó los 35 puntos. Sin embargo, a partir de entonces la calificación ha descendido de manera progresiva.

En el listado global, Bolivia ocupa el puesto 133 y en América Latina el número 25 de 32 países. El reporte de Transparencia Internacional sostiene que “la corrupción generalizada en las Américas fomenta las violaciones a los derechos humanos y la impunidad, obstaculiza los esfuerzos para combatir el cambio climático”.

Adicionalmente, el reporte señala que la corrupción ha permitido que el crimen organizado opere con libertad, facilitando los delitos ambientales como la tala ilegal, la minería ilegal y el tráfico de flora y fauna silvestre.

Los países latinoamericanos que sus ciudadanos perciben como más limpios son Uruguay, Chile y Costa Rica, con 76, 63 y 58 puntos, respectivamente. Son los únicos tres países de América Latina por encima de los 50 puntos, según el IPC correspondiente a 2024.

Por debajo del puntaje de Bolivia, en América Latina se colocan Honduras (22), Paraguay (24), Guatemala (25) y México (26).

La organización mide la percepción de la corrupción en el sector público según 13 fuentes de datos, entre ellas el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial y empresas privadas de riesgo y consultoría.

Casos de corrupción

Los casos más recientes de corrupción a nivel nacional tienen que ver con el Ministerio de Medioambiente y Agua. A mediados de enero fue destituido el entonces ministro Alan Lisperguer, a quien se acusó de haber recibido sin justificación más de un millón de bolivianos (142.000 dólares) en sus cuentas bancarias provenientes de 43 depósitos de funcionarios públicos e instituciones.

Según las investigaciones, en enero pasado Lisperguer tenía nueve inmuebles registrados a su nombre. Sin embargo, en su declaración jurada del 5 de marzo de 2024 -día en el que fue posesionado- solo declaró tener dos.

A este caso esto se suma el despido del guardaparques Marcos Uzquiano el 30 de diciembre de 2024 como jefe de protección de la Reserva de la Biósfera Estación Biológica del Beni, luego de denunciar una red clandestina de caza de jaguares en territorio boliviano. Su destitución generó fuertes críticas de organizaciones ambientales y legisladores. A raíz de eso, un fallo judicial logró su restitución en enero de 2025.

Anteriormente otros ministros de esta gestión estuvieron implicados en casos de corrupción: otro del Ministerio de Medioambiente y Agua, dos del Ministerio de Educación y dos del de Desarrollo Rural y Tierras.

En los gobiernos locales también se investiga corrupción. En la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra se denunció un caso de manipulación del sistema informático del Registro Único de Administración Tributaria para el desvío de tributos a terceras personas, entre otros casos.

Fuente: Infobae

martes, 7 de enero de 2025

Romer Saucedo: La transformación de la justicia empieza con la tecnología


El presidente electo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, afirmó que la implementación de tecnología será una de las principales herramientas para transformar el sistema judicial boliviano, haciéndolo más accesible, eficiente y transparente para la población.

“Es fundamental que dejemos de tener un sistema en el que la gente deba peregrinar por una fotocopia de un expediente. La transformación de la justicia empieza con tecnología, y queremos avanzar hacia una justicia más cercana, cálida y eficiente”, declaró Saucedo en entrevista en QNMP.

El titular del TSJ destacó que se planea aprovechar herramientas tecnológicas ya desarrolladas, como el cuaderno digital del Ministerio Público, para agilizar los procesos judiciales sin incurrir en gastos adicionales. “Podemos recurrir a la transferencia de tecnología, trabajando de manera coordinada, para modernizar nuestro sistema judicial de forma eficiente”, señaló.

Saucedo también enfatizó que esta transformación no solo será técnica, sino que buscará fortalecer la independencia del Órgano Judicial. “Cuando nos sometemos únicamente a la Constitución y las leyes, dejamos de estar sometidos al poder político o económico. Queremos que la población empiece a confiar en sus jueces y vocales”, afirmó.

Respecto a la lucha contra la corrupción, el presidente del TSJ aseguró que no habrá tolerancia hacia jueces corruptos y que se implementarán auditorías e intervenciones coordinadas con el Consejo de la Magistratura. “Seremos parte querellante para sentar precedentes y demostrar que estamos comprometidos con un cambio real”.

Finalmente, Saucedo hizo un llamado a la unidad entre magistrados y aseguró que se trabajará en una agenda común. “Queremos que la población vea un antes y un después en la justicia boliviana. Es un desafío difícil, pero estamos aquí para cumplir con el mandato que nos dieron”, concluyó.

Imagen: Otrosi

Fuente: Eju

viernes, 25 de octubre de 2024

En un ranking internacional de 142 países el sistema judicial de Bolivia se encuentra en el penúltimo lugar


El sistema judicial penal de Bolivia se encuentra en el puesto 141 de un total de 142 países que fueron parte del estudio que realizó World Justice Proyect (WJP) que tomó en cuenta al menos ocho parámetros que fueron evaluados por el organismo.

“Hoy se publicó el ranking de Estado de Derecho de la reconocida World Justice Proyect, Bolivia vuelve a estar en los últimos lugares. De 142 países, ocupamos el puesto 141, lo que nos posiciona con el segundo peor sistema de justicia penal en el mundo, solo por detrás de Venezuela”, afirmó el abogado y experto en derechos humanos Franco Albarracín.

Desde 2021, de acuerdo al informe, la situación de la justicia en el país no es buena, tomando en cuenta que en 2021 ocupó el puesto 129 de 139 evaluados, el 2022 se situó en el lugar 130 de 140 naciones.  Mientras que, en 2023, Bolivia se ubicó en el puesto 131.

Los parámetros

De acuerdo al informe al que accedió la ANF, el organismo evaluó ocho parámetros y cada uno de ellos establece una evaluación. Sobre el factor de “restricción al poder gubernamental” señala que el país se encuentra en el puesto 125 con 0,35 puntos, considera que los diferentes poderes no están sujetos a la ley ni existe una auditoría independiente.

Con relación a la “ausencia de corrupción”, Bolivia se ubica en el puesto 141 con una valoración de 0,23 puntos. Indicó que los funcionarios públicos del poder ejecutivo, judicial y legislativo usan sus cargos para beneficio particular.

Al respecto, Albarracín dijo que los casos de corrupción en el sistema judicial se incrementaron a comparación de la pasada gestión, tomando en cuenta que el país se encontraba en el puesto 137.

“Bolivia ha empeorado respecto a 2023, principalmente debido al aumento de la corrupción en la justicia. El año pasado estábamos en el puesto 137 en corrupción estatal, este año hemos caído al 141, quedando muy cerca del último lugar, ocupado por Venezuela”, puntualizó.

El tercer parámetro que se tomó en cuenta es “gobierno abierto”, Bolivia está en el puesto 96 con una puntuación de 0,44. El reporte indicó que el acceso a la información, la publicación de leyes y normas no son oportunas, aunque se resaltó el mecanismo de reclamos.

Sobre los “derechos fundamentales”, el Estado se encuentra en el puesto 110 y con un puntaje de 0,44 en el que evaluó de forma negativa el cumplimiento del debido proceso y los derechos del acusado.

Respecto al quinto parámetro “orden y seguridad”, el país ocupa el lugar 123 con 0,60 puntos de aprobación. Se tomó en cuenta que los conflictos sociales están limitados, aspecto que fue evaluado de forma positiva por parte del organismo.

El sexto punto, “cumplimiento regulatorio”, el país se posiciona en el lugar 129 con 0,38 de calificación. El reporte afirma que no existe un adecuado respeto del debido proceso en los procedimientos administrativos.

Con relación a la “justicia civil”, el país se sitúa en el puesto 149 con 0,30 de calificación. Se consideraron diferentes elementos, por ejemplo, que no está libre de discriminación ni de corrupción, se evidenció injerencia gubernamental y no se aplica de forma efectiva.

Finalmente, el experto advirtió que la situación de la justicia en el país se mantendrá y no existe la tendencia de mejorar, haciendo alusión a la posesión del nuevo fiscal general del Estado, Roger Mariaca, quien fue cuestionado por los diferentes procesos que se investigaron cuando estaba al frente de la fiscalía departamental de Santa Cruz.

“La situación de la justicia en Bolivia empeora cada año. Con la elección del fiscal general, Roger Mariaca, considero que esta tendencia continuará en los próximos años”, alertó.

Imagen: Abecor

Fuente: Radio Kollasuyo

lunes, 19 de agosto de 2024

Cómo privatizar unas elecciones


Apenas ocho días antes de las elecciones presidenciales, el Comité Tecnológico del Consejo Nacional Electoral (CNE) se reunió para afinar los detalles de la jornada que enfrentaría a Nicolás Maduro, candidato a la reelección, con el opositor Edmundo González Urrutia. El encuentro fue encabezado por los tres rectores de tendencia oficialista de la institución: Elvis Amoroso, presidente del organismo; Carlos Quintero y Rosalba Gil. Frente a ellos, repartidos en dos mesas alargadas a los costados del salón, una veintena de funcionarios, con sus laptops desplegadas, parecían escuchar con atención a Amoroso.

A la izquierda de la escena, según se aprecia en las imágenes difundidas por el propio CNE a través de sus redes sociales, se encontraba un hombre de unos 50 años de edad, vistiendo ropa deportiva y que posaba su iPhone sobre el mesón. De cabello y barba entrecanos, lucía más distendido que el resto; era la persona que más cerca se sentaba de los jerarcas del CNE. 

Se llama Guillermo Carlos San Agustín. Empresario argentino, San Agustín es el propietario de Ex-Cle, contratista del Estado venezolano desde 2005, pero que a partir de 2017 sustituyó a la cuestionada Smartmatic en el manejo de software, tecnología y servicios para todas las elecciones en el país. 

San Agustín y la propia Ex-Cle guardan un silencio que se puede calificar como asombroso, ante el presumible fraude masivo cometido en los resultados de las elecciones del 28 de julio reciente, que ha dado lugar a una crisis política de escala hemisférica. No solo está en juego la reputación de su compañía, sino la paz de toda una nación.

Aún en una coyuntura tan acuciante, Guillermo San Agustín sigue conservando su bajo perfil.

San Agustín es prácticamente un desconocido para la opinión pública, algo que no es recíproco: de hecho, el argentino es una de las personas que más cosas sabe sobre todos los venezolanos. Maneja datos bancarios, de identidad y biométricos, del registro civil y, claro está, electorales. Un verdadero monopolio de la data oficial repartido entre la propia Ex-Cle S.A y su filial venezolana, Ex-Cle Soluciones Biométricas, y alimentado con, al menos, 43 contratos con instituciones como el propio CNE, bancos públicos, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) o la estatal petrolera Pdvsa, según consta en el Registro Nacional de Contratista (RNC). 

Su presencia en la reunión de alto nivel del CNE ofrece un testimonio del rol particular que San Agustín y su compañía cumplen para el régimen venezolano: el de completar negocios millonarios, de alcance estratégico y componentes tecnológicos, pero siempre al servicio del poder político. Es un papel que San Agustín ha aceptado desempeñar, no sin algún costo: desde 2020 soporta una sanción individual que Estados Unidos le impuso. Pero son reveses que compensa con creces. “En muchas reuniones se presenta como asesor económico del gobierno”, afirma una fuente que conoce al empresario argentino. La fuente, como otras en esta historia, habló a condición de mantener su nombre en reserva.

Entrevistas con una decena de fuentes, realizadas antes y después de la jornada del 28 de julio, así como documentos a los que ha tenido acceso Armando.Info, como actas de auditorías de procesos electorales de varios años, ediciones de la Gaceta Oficial y perfiles de redes sociales, permiten ahora diseccionar la anatomía de Ex-Cle, el misterioso proveedor del Estado venezolano que, en la práctica, funciona como una especie de CNE paralelo bajo la única jurisdicción de los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, dos de las figuras más poderosas del chavismo-madurismo, y del rector Carlos Quintero, de cuyo personal de confianza en el CNE -especialistas en software y analistas de redes, entre otros- se nutre la nómina actual de Ex-Cle. 

La gran familia de Ex-Cle

Conocido es que la salida de Smartmatic de la gestión del sistema electoral, en 2017, le abrió paso a Ex-Cle. 

Antonio Mugica, el venezolano fundador y presidente ejecutivo de Smartmatic, denunció en agosto de 2017, desde la nueva sede de la empresa en Londres, que en las elecciones de diputados para la Asamblea Nacional Constituyente que Nicolás Maduro convocó ese año, se había registrado una “diferencia entre la participación real y la que anunciaron las autoridades (...) de un millón de votos”. A la postre el chavismo copó las curules de esa Constituyente que no hizo ninguna Constitución, y ese fue el último proceso en que participó Smartmatic, por lo demás, una presencia fija en las elecciones venezolanas desde 2004.  

Pero el relevo estaba preparado. Para ese momento, Ex-Cle no solo podía mostrar una cartera importante de contratos de entes del Estado, incluyendo el propio CNE, sino que se había constituido en un centro de poder. Para ello contaba con el padrinazgo, trino y único, de Jorge Rodríguez Gómez, actual Presidente de la Asamblea Nacional, recurrente jefe de campaña de las candidaturas presidenciales oficialistas y exrector del CNE; de su hermana, Delcy Rodríguez Gómez, hoy Vicepresidenta de la República; y de Carlos Enrique Quintero Cuevas, militar sancionado por Estados Unidos desde 2017 y actual Vicepresidente del CNE. Aunque desconocido por el público, Quintero resulta clave en la terna: encarna el “cerebro” del sistema electoral automatizado, tras dos décadas en las que tuvo cargos tan importantes como los de Jefe de la Dirección de Tecnología de la Información o miembro de la Junta Nacional Electoral.

Guillermo San Agustín es amigo personal tanto de Jorge y Delcy Rodríguez, como del rector Quintero. Estados Unidos no dudó en calificar a San Agustín como “socio” de Quintero cuando hizo pública la sanción contra el empresario argentino y Ex-Cle, en diciembre de 2020. 

Con los Rodríguez la amistad se remonta casi al desembarco de San Agustín en Caracas, en 2005. En esa época, siendo rector del CNE, Jorge Rodríguez otorgó los primeros contratos electorales a la recién llegada Ex-Cle para que se encargara de la “digitalización de fichas dactilares” o las “auditorías sobre las elecciones de alcaldes y juntas parroquiales”, según se comprueba en el Registro Nacional de Contratistas (RNC). De allí, una cosa, la cercanía con los Rodríguez, llevó a la otra, el vínculo con Quintero, quien ya hacía parte del CNE. 

Años después, ya como alcalde del municipio Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez benefició en 2009 a Ex-Cle con contratos de modernización de los sistemas de recaudación tributaria, según mostraba la propia compañía en información en su página web que, con el tiempo, ha ido eliminando, según crecieron las suspicacias que opacan su reputación.

“Guillermo San Agustín fue una especie de jefe de comando de campaña en la sombra de Jorge [Rodríguez] para la alcaldía en la elección de 2008”, recuerda una de las fuentes consultadas para este reportaje. Asegura que Guille, como conocen en el entorno cercano al empresario argentino, usa un teléfono que le sirve solo para comunicarse con los Rodríguez.  

Si esa historia de relaciones interpersonales no resultara suficiente, basta con detenerse en el perfil de los principales cargos de Ex-Cle en Venezuela para comprobar la influencia de los Rodríguez y Quintero en la compañía de Guillermo San Agustín. Funcionarios del CNE y otras instituciones de la administración pública rotan hacia Ex-Cle con naturalidad absoluta.

Jorge Renato Nehmer Ibañez, por ejemplo, es Gerente de Operaciones en Ex-Cle desde mayo de 2021, según su perfil profesional en Linkedin. Antes tuvo varios cargos bajo las órdenes de Delcy Rodríguez en su época de Ministra de Comunicación, primero, y luego en su etapa de Canciller. En julio de 2014, Delcy Rodríguez designó a Jorge Nehmer como “coordinador del sistema de control de gestión” para el Ministerio de Comunicación, según la Gaceta Oficial 40.454. En ese mismo despacho, Jorge Nehmer fue Director Adjunto de Tecnología para, luego, de 2015 a 2016, pasar a ser Subdirector de Tecnología en el Ministerio de Relaciones Exteriores, siguiendo la estela de su entonces titular, Delcy Rodríguez.

Jorge Nehmer es el responsable en Ex-Cle de los proyectos relacionados con el Saime, el Saren y el Registro Civil, detalla una de las fuentes que conoce las operaciones de la empresa. 

Un caso similar es el de Vanessa Sepúlveda Medialdea, encargada actualmente en Ex-Cle del proyecto vinculado a la plataforma de Biopago para el Banco de Venezuela, negocio que la empresa desarrolla con ese banco estatal desde 2018. En junio de 2015, tal y como consta en la Gaceta Oficial 40.682, Delcy Rodríguez designó a Sepúlveda como “Directora de Tecnología de la Información de la Oficina de Servicios Administrativos” del Ministerio de Comunicación. En 2019, Delcy Rodríguez, ya en su condición de Vicepresidenta de la República, colocó a Vanessa Sepúlveda como directora suplente en la junta directiva de la estatal de telecomunicaciones Movilnet, de acuerdo a la Gaceta Oficial 41.731. “Vanessa Sepúlveda es protegida de Delcy y Jorge [Rodríguez], y fue por eso que la adoptaron en Ex-Cle”, explica la fuente enterada del funcionamiento de la empresa en Caracas.

Esa puerta giratoria, evidente entre antiguos funcionarios del CNE, se acentuó a partir de 2017, tras la denuncia y partida de Smartmatic.

Entonces, "Carlos Quintero se propuso idear una Dirección de Tecnología de la Información paralela”, recuerda un exempleado del CNE, que asegura que unos 20 cargos de confianza de Quintero o ex altos funcionarios de la institución migraron a Ex-Cle en ese momento. 

Uno de los que entonces hicieron la transición es Erich Javier Briceño Fernández, quien laboró en el CNE entre 2006 y 2017, de acuerdo a su perfil profesional en Linkedin. Desde agosto de 2017, justo después de la elección de la Constituyente, se convirtió en Jefe de Proyectos de Ex-Cle. 

Aunque también se ha encargado de diversas funciones en la Vicepresidencia de la República y la Cancillería, en el proceso electoral del 28 de julio Erich Briceño fue uno de los responsables de la recolección de las máquinas de votación luego de que los comicios cerraron. Hoy ronda la sospecha del uso de esos aparatos para una posible impresión ex post facto de unas actas cuyas cifras que justifiquen el boletín leído por el presidente del CNE la medianoche del 28 de julio, cuestionado por la oposición venezolana, pero también por observadores de la elección presidencial como el Centro Carter y el Panel de Expertos de la ONU. 

Otro que cambió de camiseta, pero no de lealtades, es Ángel José Elía Rodríguez, quien trabajó en el CNE desde 2009 hasta agosto de 2017, cuando ya era Director de Soluciones Electorales, tal y como refleja su perfil de Linkedin. Ángel José Elía, junto a su hermano, José Ángel Elía, este, analista de sistema en el CNE, pasaron a servir a Ex-Cle una vez que la compañía argentina sustituyó del todo a Smartmatic.  

Los hermanos Elía Rodríguez sorprendieron a todos en las auditorías que, en 2020 y 2021, técnicos electorales independientes y de partidos de oposición realizaron a los sistemas y a las máquinas de votación del CNE, compradas luego del incendio en un galpón del CNE que, en marzo de 2020, destruyó las usadas en tiempos de Smartmatic. Entonces, Ángel y José Elía participaron en las auditorías, ya no en representación del árbitro electoral, sino como “asesores externos”, como reflejan las actas de esas revisiones, obtenidas para este reportaje. En ocasiones, hablaron en calidad en de voceros de Ex-Cle. “En las auditorías vimos que los ingenieros de confianza de Quintero en el CNE ahora aparecían en representación de Ex- Cle. ¡Todo el core de Quintero ahora estaba en Ex-Cle”, rememora uno de los auditores consultados para esta investigación. 

Ese camuflaje de funciones también llamó la atención de Eugenio Martínez, periodista especializado en la cobertura electoral. “No queda claro si José Elía (hermano de Ángel Elía, director de sistemas electrónicos del CNE) actúa como representante de una empresa consultora no identificada o como funcionario del CNE. Insisto: no se sabe quién es el propietario de la plataforma”, publicó Martínez el 15 de octubre de 2020 en la red social X, entonces Twitter. 

Otra de las cabezas de Ex-Cle es Richard Hendry Chirino Torres, encargado de la Gerencia de Proyectos para Soluciones Electorales. Chirino fue Director de Infraestructura del CNE, pero en el proceso del 28 de julio tuvo un papel clave a nombre de Ex-Cle, así como durante los días posteriores a la crisis de credibilidad en los resultados, haciendo las veces de enlace entre la compañía y el árbitro electoral venezolano. 

“Carlos Quintero desarmó la Dirección de Tecnología del CNE y le cedió mucho control a Guillermo San Agustín y Ex-Cle”, resume la fuente conocedora de las actividades de la compañía argentina en Venezuela. Hasta tal punto se desarrolló esa fusión, detalla la misma fuente, que el propio Quintero convirtió la sede principal de Ex-Cle en Caracas, ubicada en una quinta de la urbanización Santa Eduvigis, en su centro de operaciones, lejos de la sede oficial del CNE.  “Ex-Cle paga los sueldos, pero es como si fueran empleados de Quintero”, insiste la fuente. 

San Agustín y Ex-Cle, por su parte, terminaron haciendo uso de recursos del CNE como propios, para ofrecer servicios como el de verificación de identidad que le prestan al estatal Banco De Venezuela. “Ex-Cle utiliza la plataforma del CNE para la comparación de huellas, usan los servidores del CNE, pero lo cobran como si fueran propios”, precisa la misma fuente.  

Argentinos y un criollo 

La arquitectura de la quinta Mary de Santa Eduvigis es también reflejo de la expansión que han logrado Guillermo San Agustín y Ex-Cle de la mano de los jerarcas del régimen chavista-madurista. Lo que en principio era una casa residencial, ha terminado por convertirse en un búnker que incorpora otras tres casas vecinas. Así un sector de viviendas de clase media, tradicional y apacible, en el noreste de la capital venezolana, pasó a tener como vecino inesperado un recinto fortificado que resguarda secretos comerciales y políticos.

La calle donde se ubica la quinta no está del todo cerrada, pero unos conos blancos, varios hombres de negro, un toldo de vigilancia y la cantidad de camionetas estacionadas a lo largo de la cuadra, sirven para disuadir el paso. Los vecinos confirman que esa “casa ha cambiado mucho” en relación a la construcción original, levantada en 1957. En efecto, ha sido remodelada, al igual que las otras tres anexas, hasta hacerlas parecer como si todas fueran parte de un único volumen. Allí se encuentran el centro de datos y las oficinas de Ex-Cle, desde donde no solo atiende el negocio electoral, sino los otros donde actúa la compañía.

Es apenas uno de los signos del poderío económico de la empresa. Un reporte de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina, elaborado en 2019 y revelado el pasado 8 de agosto por Infobae, al que también Armando.Info tuvo acceso, descubre que solo en 2017 Ex-Cle cobró al CNE cuatro “órdenes de servicios” relacionadas a las elecciones municipales de ese año por casi 71 millones de euros. El año siguiente, en el que tuvieron lugar tanto la también cuestionada elección presidencial en mayo como los comicios regionales, Ex-Cle tuvo al menos 12 contratos con el CNE, tal y como consta en el RNC, que no detalla los montos. 

Por estos días, a las oficinas de Santa Eduvigis solo asiste el personal venezolano que trabaja bajo las órdenes de Guillermo San Agustín. Hernán Sorell, Gerente de Tecnología de Ex-Cle y quien figura en algunas de las actas de auditorías técnicas realizadas por el CNE en varios procesos electorales, así como Javier Nassif, el gerente general de Ex-Cle en Venezuela, ambos argentinos, volaron de regreso a su país. Nassif acompañó a San Agustín en la reunión del Comité Técnico del CNE realizada el 20 de julio, pero salió del país entre gallos y medianoche, dejando atrás la controversia sobre los resultados.

En la estructura patrimonial ideada por Guillermo San Agustín para la operación en Caracas lo acompaña un socio venezolano, Marcos Javier Machado Requena. Formalmente, es el único accionista local que tiene Ex-Cle Soluciones Biométricas, la filial venezolana de Ex-Cle. Por eso mismo, Marcos Machado también fue blanco de las sanciones emitidas por el Departamento del Tesoro en 2020. “Machado participa en la gestión y las operaciones financieras de adquisición de máquinas y hardware de votación relacionados con las elecciones adquiridas de proveedores extranjeros para el gobierno de Venezuela, y está asociado con San Agustín y Quintero en la gestión de Ex-Cle”, argumentaron entonces las autoridades estadounidenses en un comunicado. 

El mismo reporte de la UIF menciona un pago por casi 120.000 dólares para Marcos Machado, hecho desde una cuenta corriente de Ex-Cle en Argentina.

En efecto, Machado Requena, de 43 años de edad, se ha ganado la confianza de San Agustín. Pero, además de ser accionista en Ex-Cle Soluciones Biométricas C.A., figura como propietario de otras dos empresas constituidas en Venezuela junto a socios argentinos distintos a San Agustín. Una es Neométrica C.A., donde comparte sociedad con el ya mencionado Hernán Sorell, para la que también tuvieron figuras jurídicas en Buenos Aires y en Islas Vírgenes Británicas; la otra es Datamap S.R.L, dedicada al mapeo y la geolocalización, como su homónima de Buenos Aires. En la Datamap de Caracas, Machado es socio de Santiago Casaux Alsina y Erica Raymaekers, los accionistas originales de la empresa matriz en Argentina. 

Casaux Alsina, dueño de numerosas empresas en Argentina, tanto del sector informático como de otros, acaba de ser designado por la administración del presidente Javier Milei en las directivas de Nucleoeléctrica y Dioxitek, dos compañías del conglomerado estatal de energía atómica en el país austral.

Machado Requena también es dueño de otras dos compañías que hacen parte del ecosistema de Ex-Cle como prestadoras de servicios: Inversiones Empacados 3000 C.A. e Inversiones Neotecnología 3000 C.A., esta última con sede en el piso 3 del edificio Bonpland, en el centro de Caracas, siempre de acuerdo a los datos del RNC.

Según su expediente, esa oficina también la utiliza Ex-Cle Soluciones Biométricas. Pero en una visita realizada por Armando.Info, se comprobó que en el lugar no hay rótulos de Ex-Cle o de Inversiones Neotecnología 3000; en realidad no se encuentra ningún tipo de identificación que siquiera confirme que allí opera algún tipo de empresa. 

Ni Guillermo San Agustín, ni Ex-Cle, como tampoco Marcos Machado Requena, respondieron a las solicitudes de entrevistas formuladas por correo electrónico para este reportaje. Algo similar ocurrió cuando la organización Transparencia Electoral, junto a representantes de otras agrupaciones, intentaron entregar una petición de información en la sede principal de la compañía en Buenos Aires. El 9 de agosto encontraron que las oficinas del edificio número 1896 de la calle Paraguay del microcentro porteño permanecen vacías. No había quien les diera respuesta. El portero del edificio se limitó a explicar que el personal trabaja de manera remota, haciendo home office. 

Nada ha frenado a Guillermo San Agustín y Ex-Cle en su expansión, hasta ahora subrepticia. Cierto es que, durante las dos décadas en las que ha concentrado el monopolio de los datos y la identidad de los venezolanos, pudo mantener un bajo perfil. Pero tras el presumible fraude electoral del 28 de julio, cuyas características “no tienen precedentes en elecciones democráticas contemporáneas”, según concluye el informe el Panel de Expertos de Naciones Unidas, su nombre ya no puede pasar inadvertido. 

Fuente: Armando.info