Navegamos, buscamos, compartimos

Cada día, la información nos llega a través de las redes sociales, los motores de búsqueda, las plataformas digitales y, cada vez más, la inteligencia artificial. Pero, en un mundo con información ilimitada, ¿cómo sabemos en qué podemos confiar?

En este Día Internacional por el Acceso Universal a la Información, la UNESCO destaca el papel del acceso a la información como base de la integridad de la información. Desde saber cuándo un contenido ha sido generado por IA hasta garantizar el acceso a los datos públicos, el derecho a saber debe evolucionar con nuestro mundo digital.

Desde hace 25 años, el Programa Información para Todos de la UNESCO contribuye a promover el acceso a la información y al conocimiento en todo el mundo, reuniendo a gobiernos, expertos, la sociedad civil y otras partes interesadas para desarrollar políticas adaptadas a la era digital.

Porque estar conectados no es suficiente. Todas las personas deben poder acceder a la información que influye en sus vidas y confiar en ella.

Más información: https://www.unesco.org/

Fuente: UNESCO en español

Dos de cada 10 adolescentes sufrieron acoso sexual digital

Que internet no es un lugar seguro para niños y adolescentes es algo conocido desde hace tiempo. Las redes sociales utilizan algoritmos sofisticados para captar la atención de usuarios de todas las edades y, con frecuencia, exponen a los menores a la adicción, así como a contenidos potencialmente dañinos.

A finales de agosto, Meta, la empresa matriz de Instagram y Facebook, evitó una sentencia judicial en Estados Unidos mediante un acuerdo extrajudicial: pagará 16.680 millones de dólares a los estados demandantes y limitará a dos horas diarias el tiempo que los adolescentes pueden pasar en sus plataformas; además, el acceso quedará completamente bloqueado durante la noche.

Ahora, un nuevo informe de UNICEF pone el foco en otro riesgo: la violencia sexual en el entorno digital. Según el estudio, uno de cada cinco jóvenes de entre 12 y 17 años sufrió algún tipo de agresión sexual en línea durante el último año.

¿Qué revela el informe?

El informe de UNICEF, al que DW tuvo acceso antes de su publicación, describe cómo suelen producirse este tipo de agresiones. "A menudo, comienza sin previo aviso. Una conversación se convierte en coerción, y la coerción se convierte en una trampa", señalan los autores.

El estereotipo del desconocido que acosa a menores en internet solo se ajusta al 16 % de los casos. La mayoría de los agresores, un 57 %, ya eran conocidos por las víctimas: amigos, familiares o incluso parejas sentimentales. En un 27 % de los casos, los jóvenes no pudieron identificar quién estaba detrás de los perfiles. Los agresores pueden ser tanto adultos como menores de edad y, con frecuencia, el abuso ocurre simultáneamente en el mundo digital y en la vida real.

Las grandes plataformas concentran la mayoría de los incidentes. Según UNICEF, el 60 % de las agresiones tuvieron lugar en redes sociales, especialmente Facebook, WhatsApp e Instagram, seguidas de Snapchat, TikTok y YouTube. Además, un 14 % de los encuestados identificó los videojuegos en línea como el espacio donde sufrió la agresión, ya que muchos permiten intercambiar mensajes directos.

El informe también destaca la presión ejercida por los agresores y el sentimiento de vergüenza que dificulta pedir ayuda. El 41 % de las víctimas no contó su experiencia a nadie. Quienes sí buscaron apoyo recurrieron principalmente a amigos, hermanos o madres.

¿Cómo se realizó el estudio?

El informe incluye encuestas a unos 21.000 adolescentes de entre 12 y 17 años que utilizan internet de forma habitual. Según UNICEF, la muestra es representativa de los usuarios de esa franja de edad en cada uno de los 21 países analizados.

Los últimos datos proceden de Armenia, Brasil, Colombia, República Dominicana, México, Montenegro, Macedonia del Norte, Pakistán y Serbia. Estos se sumaron a los que ya se habían recopilado entre 2020 y 2021 de Etiopía, Indonesia, Camboya, Kenia, Malasia, Mozambique, Namibia, Filipinas, Tanzania, Tailandia, Uganda y Vietnam.

El estudio también incorpora entrevistas en profundidad con 100 jóvenes que sufrieron abusos durante su infancia.

¿Coincide con otras investigaciones?

Los resultados son consistentes con estudios previos. La encuesta EU Kids Online de 2020 señaló que el 22 % de los participantes en 19 países europeos había recibido mensajes de contenido sexual.

En una investigación realizada en escuelas secundarias españolas durante el curso 2021/22, el 21 % de las alumnas afirmó sufrir acoso sexual en línea de forma ocasional y el 5 % de manera frecuente. Entre los chicos, los porcentajes fueron ligeramente inferiores.

Asimismo, una encuesta del Pew Research Center de 2022 mostró que el 17 % de los jóvenes estadounidenses de entre 13 y 17 años había recibido imágenes explícitas no solicitadas por internet.

¿Qué propone UNICEF para hacer internet más seguro?

Los autores del informe piden a Gobiernos, empresas tecnológicas y otras instituciones reforzar la protección de los menores en el entorno digital.

Entre sus principales recomendaciones figuran:

• Diseñar plataformas más seguras y con mayores protecciones de privacidad para menores.
• Reforzar la legislación y la persecución penal de estos delitos.
• Crear sistemas de denuncia y apoyo accesibles y fiables para niños y adolescentes.

El informe, junto con casos como el de Meta en Estados Unidos, se suma al debate planteado en muchos países occidentales sobre la posible prohibición de acceso a redes sociales para niños y adolescentes. Australia fue el primer país en introducir una edad mínima de 16 años para tener cuentas en redes sociales. El Reino Unido prevé aplicar una medida similar a partir de 2027. En Francia se aprobó una edad mínima de 15 años, aunque la norma fue frenada recientemente por el Consejo Constitucional.

En Alemania, una comisión de expertos propuso en junio un modelo escalonado que combina límites de edad, verificación de identidad y mayores obligaciones para las plataformas digitales.

Fuente: DW

Plan Nacional de Salud 2026-2030 enfocado en la reingeniería del sistema sanitario y la transformación digital

En el marco del Encuentro Regional de Redes que se desarrolla en Brasilia, Brasil, la ministra de Salud y Deportes del Estado Plurinacional de Bolivia, Dra. Marcela Flores Zambrana, participó este jueves en la sesión plenaria «Experiencia de Países», donde presentó la hoja de ruta del nuevo Plan Nacional de Salud 2026-2030.

Durante su discurso, la autoridad destacó que el país asume el reto de estructurar una rectoría sólida sobre la base de las Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), pasando de la planificación teórica a un control efectivo y articulado en el territorio.

“En Bolivia asumimos el compromiso de traducir las Funciones Esenciales de Salud Pública para estructurar nuestro nuevo Plan de Salud al 2030. Este espacio nos permitirá consolidar una cooperación horizontal indispensable para construir sistemas modernos, integrados y centrados en las personas, las familias y las comunidades”, afirmó la Ministra Flores.

En la Reunión Conjunta RedFESP – REFSA – IMPULSA-RISS, la ministra Marcela Flores expuso las acciones estratégicas para consolidar las Redes Integradas de Servicios de Salud y resolver más del 80% de las patologías en el primer nivel de atención.

Transformación estructural y tecnológica

El Plan Nacional de Salud 2026-2030 se sostiene en cinco ejes estratégicos diseñados para superar deficiencias históricas del sistema sanitario, tales como el gasto de bolsillo de las familias, la subutilización de la infraestructura y la fragmentación entre niveles de atención:

• Rectoría y Gobernanza: Impulso de una Nueva Ley General de Salud y Acuerdos de Gestión intergubernamentales obligatorios con las gobernaciones y los Servicios Departamentales de Salud (SEDES).
• Transformación Digital: Creación del Sistema Único de Información en Salud (SUIS) para poner en marcha la Historia Clínica Única Digital, nominal e interoperable entre los sectores público, privado y de la seguridad social, sumado al sistema «Cero Filas» y la receta electrónica.
• Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS): Reconfiguración de la atención primaria para resolver al menos el 80% de las necesidades asistenciales locales de manera continua (24/7), integrando la medicina tradicional.
• Carrera Sanitaria: Cobertura del 100% de los cargos jerárquicos y de base mediante concurso público de oposición transparente.
• Administración Transparente: Implementación del modelo de cofinanciamiento concurrente 50/50 entre el nivel central y los municipios, condicionado a resultados como coberturas de vacunación superiores al 95%.

El cronograma de trabajo incluye la implementación gradual de la digitalización clínica y compras centralizadas estratégicas que reducirán costos en insumos. Para el año 2030, Bolivia proyecta reducir la mortalidad materna a menos de 106 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, consolidando un modelo de salud autosostenible, equitativo y enfocado en la atención primaria.

Fuente: Eju

Exposición fotográfica de Oshima destaca el Carnaval de Oruro

El reconocido fotógrafo orureño Oscar Hinojosa, conocido como Oshima, presentó una exposición fotográfica este martes 7 de julio por la mañana en el Salón Luis Ramiro Beltrán de la Alcaldía de Oruro. Esta muestra conmemora los 25 años de la proclamación del Carnaval de Oruro como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad.

Reflejo del colorido y la cultura

La exposición refleja el colorido, la cultura, la danza y la magia del majestuoso carnaval a través de las imágenes exhibidas por Hinojosa. Estas fotografías incluyen algunas de finales de los años 90, justo antes de la proclamación, así como otras más recientes, evidenciando la constante evolución de esta fiesta.

Un repaso histórico a través del lente

El trabajo de Oshima no solo es una exposición de imágenes, sino un repaso de la historia orureña y de su carnaval. Las fotografías son un registro del lente de las cámaras que ha utilizado a lo largo de estas décadas, desde aquellas máquinas que hoy son verdaderas reliquias dignas de un museo hasta las más actuales, con sistema digitalizado.

Cincuenta años en la fotografía

Hinojosa manifestó: “Estas fotografías, como puede ver, son fotografías con carácter retrospectivo. Vale decir que estas mismas fotos, cuando ya estaba por declararse a Oruro como Obra Maestra, entonces yo tuve el cuidado ya de seleccionar para que estas fotos sean, digamos, las fotos para la inauguración de la obra maestra como patrimonio”.

Proyectos futuros y desafíos económicos

El fotógrafo también compartió que el año pasado cumplió sus bodas de oro en la fotografía: “Son 50 años de vida fotográfica el 27 de septiembre, que es el Día Internacional del Turismo. Se ha inaugurado en aquella oportunidad en 1975. Entonces sí, pero ya propiamente el carnaval son ya por lo menos mínimamente unas 3 décadas que estoy trabajando con el carnaval”.

Además, Oshima mencionó que está apoyado con fotografías frescas del Carnaval 2025 y que para 2026 tiene material en su banco de imágenes que aún debe elaborar. “Hoy en día estamos atravesando momentos muy difíciles económicos es por eso que estamos esperando una pausa para poder elaborar, porque estos son con nuestros propios recursos”.

Exposición en Santa Cruz

El artista indicó que tiene previsto llevar una exposición similar a Santa Cruz en noviembre de este año. Para ello, está recaudando fondos a través de la venta de postales con las fotos que ha ido tomando a lo largo de su carrera en el Carnaval de Oruro.

Fuente: La Patria

Tecnología, mercados y cuidados: la ruta del liderazgo económico de las mujeres bolivianas

En un país donde 8 de cada 10 mujeres trabajan en la informalidad, el éxito económico no depende sólo del esfuerzo individual, sino de un entorno que lo haga posible. Un proyecto liderado por ONU Mujeres Bolivia está demostrando que el progreso surge de una combinación estratégica: dotación de maquinaria moderna, formación técnica, acceso a mercados y, fundamentalmente, las bases para la creación de sistemas de cuidado.

En un taller de costura de Santa Cruz de la Sierra, el golpe rítmico de una troqueladora industrial marcó el fin de una etapa de agotamiento físico para Judith Ramos. Lo que empezó con medio metro de cuero y la técnica heredada de su papá, se ha convertido hoy en una microempresa que genera empleo para cinco familias. Para Judith, la máquina no es solo un activo; es capital de producción propio y la llave hacia un sueño que antes parecía inalcanzable: su casa propia.

Como Judith, 387 mujeres y sus familias en Bolivia están protagonizando un crecimiento tangible en su economía. Entre finales de 2023 y el primer trimestre de 2026, los resultados del proyecto "Fortalecimiento de Unidades Productivas lideradas por Mujeres aplicando el enfoque de género en Bolivia" —financiado por la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) y ejecutado en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua— son contundentes: las productoras han logrado incrementar sus ingresos en un 95% en promedio y su producción en un 75%. No son datos estimados; son cifras recogidas en monitoreos de campo realizados en los mismos talleres productivos.

Resiliencia y tecnología: Motores de dignidad

Históricamente, el trabajo artesanal y manufacturero de las mujeres ha estado marcado por jornadas extenuantes, así como una producción y ganancias limitadas. En municipios como El Alto, Achacachi, Viacha, Santa Cruz de la Sierra, Warnes y Montero, el acceso a maquinaria especializada y moderna ha cambiado esta realidad. La tecnificación no solo ha permitido que las mujeres produzcan en condiciones dignas, sino que ha fortalecido su resiliencia frente a la crisis económica que atraviesa Bolivia.

"Antes producía 60 docenas al mes cortando el cuero a mano; trabajaba mucho y ganaba poco. Ahora elaboro 180 docenas y con las ganancias estoy haciendo construir mi casa", explica Judith. La tecnificación ha permitido que las mujeres dejen de producir para sobrevivir y comiencen a producir para invertir y competir.

Sin embargo, el alcance del proyecto se extiende mucho más allá de la entrega de maquinaria. En una estrategia de alcance masivo, 3.600 mujeres han fortalecido sus habilidades técnicas productivas y otras 3.150 han sido capacitadas en gestión empresarial, elevando la competitividad de sus negocios en un mercado cada vez más desafiante.

Este impacto integral ha sido posible gracias al trabajo en territorio de socios como la Fundación CODESPA, Visión Mundial y Educo.

La conquista de nuevos mercados y el salto digital

El proyecto también ha superado las barreras que impedían a las pequeñas productoras acceder a grandes plataformas comerciales. En 2025, una treintena de emprendedoras participó en la Feria Internacional de Santa Cruz (Fexpocruz), logrando ventas de hasta siete mil dólares, equivalente a aproximadamente 15 veces el salario mínimo nacional en Bolivia. “Estar ahí fue una oportunidad grande; no es fácil acceder a un espacio así por su elevado costo”, reflexiona la artesana Karina Fernández.

Asimismo, las productoras han dejado de ser espectadoras de la tecnología para apropiarse de ella. Mediante diagnósticos personalizados y formación en marketing digital, marcas locales han ganado presencia en redes sociales. “Comencé con transmisiones en vivo y mis ventas se incrementaron. La gente empezó a conocer mis productos y a realizar pedidos”, relata Mayra Nina, productora de flores artesanales.

El tiempo como recurso para su desarrollo

Uno de los resultados más estratégicos de esta intervención es la ganancia en la eficiencia del uso del tiempo. Los datos revelan que el 84 % de las mujeres que recibieron maquinaria reportaron ahorros significativos de tiempo; un recurso vital que han logrado redistribuir entre la producción, el mercadeo de sus productos y el cuidado de sí mismas y de sus hijas e hijos.

En Bolivia, el acceso a servicios de cuidado infantil económicos y de calidad es escaso; esta situación constituye una de las barreras invisibles para el desarrollo económico de las mujeres, quienes dedican todavía el doble de tiempo que los hombres a estas tareas. Para habilitar un entorno de corresponsabilidad, el proyecto fortaleció 34 centros de cuidado infantil municipales y comunitarios en los municipios de El Alto, Achacachi, Viacha, Santa Cruz de la Sierra, Warnes y Montero, transformando lugares precarios en espacios pedagógicos dignos y seguros.

Una innovación clave ha sido la dotación de equipamiento móvil para el cuidado en ferias comerciales. Esta solución permite que las madres emprendedoras concilien su rol productivo con la tranquilidad de saber a sus hijas e hijos en espacios de calidad.

Esta intervención física ha sido respaldada por un hito político: el impulso de tres políticas de cuidado (una nacional y dos municipales en El Alto y Santa Cruz de la Sierra) que se encaminan a su aprobación para institucionalizar este derecho. Asimismo, las acciones de sensibilización han alcanzado a 3.000 personas de manera presencial y a más de 217.000 mediante plataformas digitales, promoviendo una sociedad donde el cuidado es una responsabilidad compartida entre el Estado, el sector privado, las comunidades y las familias.

La experiencia boliviana muestra que el empoderamiento económico no es un concepto abstracto; es la intersección entre tecnología, maquinaria moderna, formación estratégica, acceso a mercados y un entorno que promueve la corresponsabilidad del trabajo de cuidados, donde las mujeres bolivianas no solo están rediseñando sus negocios; están reclamando su autonomía económica y el derecho a vivir una vida digna.

Fuente: Naciones Unidas Bolivia

La IA no corrige Estados ineficientes, los amplifica

A pesar de las carencias de los gobiernos, la adopción de IA avanza rápidamente en la región. Veinticuatro países de América Latina y el Caribe ya utilizan herramientas de IA en la administración pública. Un informe del PNUD indica que estas aplicaciones cubren desde servicios al ciudadano (30% de los casos) y funciones económicas (26%), hasta seguridad pública (18%), sanidad (8,5%), educación (8%) y protección social (3%).

Es decir, los gobiernos están experimentando con IA en muchos frentes: chatbots de atención al público, modelos predictivos para políticas económicas, sistemas de vigilancia e incluso algoritmos que asignan recursos en salud o bienestar. El impulso es real pero desigual, con proyectos piloto aislados que conviven con áreas enteras del Estado aún analógicas.

En la práctica, los países incorporan IA sobre bases frágiles. En la región la norma son datos de mala calidad, trámites engorrosos, brechas de conectividad y personal no capacitado. Así, la IA muchas veces se limita a automatizar procesos defectuosos, sin transformarlos en lo esencial. 

Oportunidades y riesgos

El estudio “Gobernar con la inteligencia artificial” de la OCDE, si bien destaca beneficios tangibles de la IA para agilizar procesos internos y optimizar decisiones públicas, también advierte obstáculos graves. ¿Cuáles son? Sesgos algorítmicos que amenazan derechos fundamentales, falta de transparencia que erosiona la rendición de cuentas, brechas digitales que pueden ahondar desigualdades, e instituciones poco preparadas para gestionar estos sistemas.

En América Latina, estos problemas no son teóricos, sino la realidad cotidiana de muchos Estados. Dicho esto, una administración 2.0 basada en IA corre el riesgo de acelerar las disfunciones en lugar de resolverlas. 

Esta brecha la evidencia el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA), elaborado por CEPAL y CENIA Chile. Su edición de diciembre 2025 evaluó la preparación de 19 países frente a la IA, y los resultados revelan profundas disparidades.

Chile lidera como pionero con 73 puntos sobre 100, seguido de Brasil (69) y Uruguay (65). En un segundo grupo de adoptantes figuran Argentina, Colombia y México (51 a 56 puntos), evidenciando una brecha notable respecto a los líderes. La mayoría del resto de países obtienen calificaciones muy por debajo de 50, lo que los sitúa en niveles incipientes de madurez digital.

Varios países latinoamericanos permanecen en el nivel más bajo de preparación (exploradores), con ecosistemas de IA apenas emergentes y capacidades institucionales muy limitadas.

I+D o la clave de todo

La inversión en ciencia y tecnología es otro talón de Aquiles. América Latina representa cerca del 6,6% del PIB mundial, pero apenas recibe el 1,12% de la inversión global en inteligencia artificial. Esto se refleja en un gasto interno en investigación y desarrollo (I+D) muy bajo.

La mayoría de los países latinoamericanos invierte menos del 0,5% de su PIB en investigación y desarrollo. Esta falta de inversión público-privada se traduce en infraestructura precaria, sistemas gubernamentales obsoletos y pocos profesionales especializados. Intentar gobernar con IA sin invertir primero en capacidades básicas es como construir castillos de arena en la orilla del mar. 

La brecha no es solo tecnológica o financiera, también es organizacional. La madurez del gobierno digital en Latinoamérica es baja en términos comparativos. Por ejemplo, el Digital Government Index de la OCDE (2025) promedia apenas 0,60 sobre 1 en América Latina, muy por debajo del promedio 0,70 de los países OCDE o del 0,90 que tienen los líderes. Pocos países superan el umbral de 0,5 (Brasil, Argentina) mientras que la gran mayoría obtiene puntajes bajos que reflejan digitalizaciones incipientes.

Gobiernos que no aprovechan la IA

En cuanto a servicios públicos proactivos (que incluye la utilización estratégica de IA para anticipar necesidades ciudadanas), el desempeño regional es el peor, con una puntuación media de solo 0,21en 1. Esto sugiere que los gobiernos latinoamericanos aún no aprovechan la IA para anticiparse ni personalizar trámites, quedándose en usos muy básicos.

Peor aún, solo el 22% de los países de Latam ha establecido una estrategia nacional de IA para el sector público, y cerca del 78% carece de marcos o directrices para el uso ético y confiable de algoritmos en sus instituciones.

Con este panorama, la IA corre el riesgo de amplificar las ineficiencias estatales existentes en lugar de solucionarlas. Si un procedimiento burocrático es lento y opaco, la IA no lo vuelve transparente ni ágil por arte de magia. Puede, simplemente, automatizar la opacidad y la lentitud a mayor escala.

Los algoritmos entrenados con datos incompletos o sesgados replicarán esas mismas distorsiones de forma sistemática. Según la OCDE muchos proyectos gubernamentales de IA quedan estancados en fase piloto por carencias de datos de calidad, aversión al riesgo, marcos normativos engorrosos y tecnología obsoleta en las instituciones públicas. A ello se suma la ausencia de mecanismos efectivos de seguimiento y evaluación de resultados.

Fortalecer antes de apostar

Es fácil que las herramientas de IA refuercen sesgos sociales y amplíen brechas de desigualdad preexistentes si no se gestionan con cuidado. Digitalizar un trámite mal diseñado sin rediseñarlo previamente es poner la tecnología por delante del proceso, una receta para resultados decepcionantes. La IA no corrige un procedimiento defectuoso, solo lo ejecuta más rápido, con los mismos errores.

¿Hay alternativa para evitar que la IA gubernamental se convierta en un amplificador de problemas?

Los estudios citados coinciden en que la clave está en fortalecer los cimientos institucionales antes de apostar todo a la automatización inteligente. La capacitación del capital humano es crucial. Es urgente invertir en infraestructura digital (conectividad, sistemas interoperables, datos abiertos de calidad) y en establecer mecanismos de gobernanza responsable (transparencia, participación, control).

La inteligencia artificial puede ser una poderosa aliada para mejorar la gestión pública en América Latina, pero no es una cura mágica para los males administrativos. Sin reformas profundas como simplificación de trámites, modernización de sistemas, mejora de los datos, profesionalización del servicio civil, la IA solo acelerará procesos disfuncionales en lugar de transformarlos. En consecuencia, la región corre el riesgo de ver pasar el tren de la revolución digital.

Fuente: Dialogo Politico

Unfpa impulsa el periodismo basado en datos para visibilizar brechas de desarrollo y mortalidad materna

Con la premisa de transformar la estadística censal en una herramienta de incidencia social y vigilancia ciudadana, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Bolivia socializó este martes la evidencia estratégica del Censo de Población y Vivienda 2024 vinculada a diversos temas, destacando el referido a salud materna. 

La información fue compartida a periodistas de medios nacionales e internacionales que participaron en el espacio de diálogo. El encuentro buscó fortalecer la calidad del debate público al proporcionar una radiografía detallada que permita a los medios de información profundizar en las realidades locales, fortaleciendo la fiscalización del desarrollo humano y la salud reproductiva en el país a través de datos precisos y actualizados.

Durante la exposición, el Representante del UNFPA en Bolivia, Pablo Salazar Canelos, presentó los indicadores que podrían definir puntos clave en la agenda pública nacional, abordando de manera integral la estructura por edad, los índices de envejecimiento y las razones de dependencia de la población, entre otros. Salazar Canelos destacó que la información desagregada permite visibilizar brechas críticas en educación, tasas de ocupación y las condiciones de vida de personas con discapacidad o en situación de pobreza, ofreciendo un panorama claro sobre el acceso real a seguros de salud, la fecundidad y la atención del parto por personal calificado.

Un punto de especial relevancia en la intervención del Representante de UNFPA fue el análisis de la Razón de Mortalidad Materna (RMM) en Bolivia, donde enfatizó que la mayoría de estos fallecimientos son prevenibles mediante un abordaje multisectorial. En este sentido, explicó las "tres demoras" que causan decesos evitables, las cuales se refieren a la falta de reconocimiento de las señales de peligro vinculada a la tardanza en la decisión de buscar atención médica, las dificultades para llegar a los centros de salud (principalmente por la distancia o los medios de transportes) y la falta de una respuesta oportuna y de calidad una vez que la paciente ingresa al sistema sanitario, sobre todo cuando existen emergencias obstétricas.

Para facilitar la labor informativa y asegurar que estos datos lleguen a la ciudadanía de forma rigurosa, el organismo entregó a los asistentes juegos de fichas municipales y departamentales impresas con datos puntuales, para su consulta inmediata.

Santiago Farjat, Analista de Programa en Planificación y Monitoreo de UNFPA, destacó la importancia de encuentros para el diálogo abierto con periodistas donde se analice y reflexione sobre el impacto de estos indicadores en el diseño de políticas públicas para el presente y futuro de Bolivia.

El evento tuvo lugar en el Restaurante Manq’a, ubicado en la Plaza Abaroa de la ciudad de La Paz. Mayores informes: Rigliana Portugal Escóbar, Analista de Programa en Comunicación y Abogacía UNFPA Bolivia rportugal@unfpa.org  

Fuente: UNFPA 

Bolivia da sus primeros pasos en Inteligencia Artificial

Bolivia aún ocupa los últimos lugares en el mapa regional de la Inteligencia Artificial (IA), pero ya da dio sus primeros pasos en la adopción de esta tecnología que redefine economías y Estados.

Así lo refleja el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) 2025, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que sitúa al país en el puesto 18 de 19 economías evaluadas. El resultado confirma un rezago evidente, aunque también deja ver señales tempranas de incorporación social de la IA que podrían convertirse en una base para avanzar.

Estudio

El ILIA es un indicador regional que evalúa el grado de preparación de los países para desarrollar, implementar y gobernar la inteligencia artificial. Para ello, analiza dimensiones como infraestructura digital, talento humano, capacidades institucionales, uso de IA —incluida la generativa— y marcos normativos. Los datos provienen de fuentes que brindan los propios gobiernos, estadísticas internacionales y bases comparables, lo que permite contrastar realidades nacionales bajo criterios homogéneos.

Uno de los aspectos más llamativos del caso boliviano es que, pese a su bajo puntaje global, el país muestra un uso relativamente extendido de herramientas de IA generativa. De acuerdo con dos expertos, esto sugiere que la tecnología ya forma parte de la vida cotidiana de ciudadanos, estudiantes y emprendedores, aunque todavía sin un ecosistema nacional que la transforme en innovación productiva, investigación científica o mejoras estructurales derivadas del propio Estado.

Inteligencia Artificial

Para Cristian León, director ejecutivo de la Fundación Internet Bolivia, este fenómeno refleja un avance bastante desigual.

“Para avanzar en un desarrollo de inteligencia artificial responsable, Bolivia necesita generar una política pública específica para una transformación digital inclusiva”, dijo en contacto con La Razón.

En su criterio, Bolivia necesita una política pública integral de transformación digital que priorice el cierre de la brecha de conectividad y establezca una visión estratégica sobre cómo implementar la inteligencia artificial de forma responsable y con claridad.

León recuerda que Bolivia tuvo avances importantes en infraestructura, como el despliegue de fibra óptica que llegó a la mayoría de los municipios, pero señala que ese esfuerzo quedó incompleto por un problema de diseño institucional. La conectividad llegó a las capitales municipales, pero no a las escuelas, hogares ni edificios públicos, porque los gobiernos locales no tenían competencias ni recursos para extender la red. Esa atribución seguía concentrada en el nivel central, a través de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel). “Ahí hubo un mal diseño competencial que ha evitado que se cierre la brecha digital”, afirmó el especialista.

Ese rezago en conectividad tiene un impacto directo en la inteligencia artificial. Sin acceso estable y de calidad a internet, hablar de IA resulta abstracto para una parte importante de la población. A ello se suma la falta de infraestructura crítica: centros de datos, capacidad de cómputo y servidores capaces de procesar grandes volúmenes de información. León señala que Bolivia tiene menos de ocho datacenters registrados, la mayoría de pequeña escala y privados, insuficientes para las demandas que implica la IA.

“Al haber pocos actores, tampoco hay mayor desarrollo. Es algo que debe nutrirse, debe incentivarse”, explicó León.

Estrategia nacional

Una lectura similar plantea Mario Durán Chuquimia, experto en derecho y tecnología, quien coincide en que el país se encuentra en una fase inicial, pero advierte que el principal cuello de botella no es solo técnico, sino normativo y estratégico.

“Bolivia carece de una estrategia nacional integral de inteligencia artificial, así como de políticas de ciberseguridad y de protección de datos personales alineadas a estándares internacionales”, afirmó en entrevista con este medio.

Esa ausencia, explicó, limita tanto la inversión como la adopción responsable de la tecnología.

Durán señaló que existen iniciativas aisladas, principalmente en universidades públicas y privadas, pero que estas no logran articularse en una visión de Estado. “No existen políticas públicas consolidadas de gobernanza respecto a la IA ni inversión estatal suficiente para fomentar su adopción”, sostuvo. En ese escenario, la inteligencia artificial avanza de manera fragmentada, dependiendo del esfuerzo individual de académicos, empresas o organizaciones de la sociedad civil.

Un claro ejemplo de iniciativas aisladas y que provienen del sector privado son Arien, un chatbot dedicado al micro aprendizaje y al acompañamiento empresarial, impulsado por la Fundación Emprender Futuro, y MIA, una inteligencia artificial aplicada a la educación y los negocios, impulsada por la organización Lacademy.

Sin embargo, tanto Durán como León coinciden en que la falta de una visión estratégica provoca que la IA no sea una prioridad real en la agenda pública. León observa que, mientras no exista una política clara, las acciones seguirán siendo dispersas: cursos aislados, manuales puntuales o proyectos piloto que no escalan. “Mientras haya iniciativas aisladas, no se van a generar soluciones estructurales”, advirtió.

En su criterio, es el Estado el que debe marcar el rumbo y permitir que universidades, empresas y organizaciones se articulen a partir de una política común.

Aprovechamiento

Durán complementa esta idea desde el plano jurídico. Subraya que sin reglas claras sobre uso de datos, responsabilidad y protección de derechos, la inteligencia artificial se convierte en un terreno de incertidumbre. Bolivia, recuerda, no cuenta con una ley de protección de datos personales ni con una normativa robusta de acceso a la información. Esto no solo afecta a la ciudadanía, sino que también limita a las empresas que podrían desarrollar soluciones basadas en datos públicos.

Pese a este diagnóstico crítico, ambos coinciden en que la inteligencia artificial representa una oportunidad estratégica para el país. León destaca su potencial para mejorar la eficiencia del Estado, optimizar servicios públicos en salud, educación y transporte, y fortalecer la transparencia. En el ámbito productivo, señala que puede aumentar la competitividad al automatizar procesos, optimizar cadenas de suministro y facilitar decisiones basadas en datos.

Durán, por su parte, remarca que la IA puede generar impactos concretos en sectores clave como la agricultura, mediante el monitoreo inteligente de cultivos; la salud, a través del análisis de datos clínicos; y la educación, con servicios más personalizados y accesibles para las personas.

“Su aprovechamiento es crucial para el desarrollo, ya que podría mejorar la productividad y atraer innovación privada”, dijo.

En el mediano plazo, añadió, permitiría posicionar mejor a Bolivia en la economía digital global.

Sin embargo, ambos advirtieron que estos beneficios solo serán posibles si la IA se implementa desde una perspectiva ética, inclusiva y de derechos humanos. León alertó sobre los riesgos del uso indebido de estas tecnologías, como la generación de imágenes y videos falsos, la suplantación de identidades o la amplificación de desigualdades. “No tenemos políticas en temas de ciberseguridad, más allá de algunas políticas muy específicas de ciertos sectores, como el sector financiero, pero en general no tenemos una política nacional de ciberseguridad”, dijo.

Durán coincide y subraya la necesidad de regulaciones específicas en tratamiento de datos y ciberseguridad.

En cuanto a las soluciones, León insiste en que todo debe partir de una política pública integral de transformación digital. Esta debería definir cómo se incorpora la IA en el sistema educativo, cómo se actualizan las currículas, qué salvaguardas se adoptan y cómo se canalizan los recursos. Durán añade que esta estrategia debe incluir inversión en centros de datos, formación de talento humano desde la educación básica hasta el posgrado, apertura de datos públicos y alianzas entre universidades y empresas y otras iniciativas.

Talento humano y avances

Justamente, este es uno de los puntos más importantes para el estudio de la Cepal: el talento humano en desarrollo de IA.

Nuevamente, pese a que el país muestra un avance e incluso supera a otros países, todavía está lejos de Estados donde los estudios sobre esta nueva tecnología son una prioridad real. Sin embargo, el número de usuarios que utilizan inteligencia artificial generativa (ChatGPT, DeepSeek, Gemini, entre las más conocidas, aquellas que crean textos e imágenes) está en un aumento constante.

León recuerda que en la anterior Asamblea Legislativa dos proyectos de ley intentaron impulsar y normar el uso de la inteligencia artificial, pero no llegaron a ser tratados por el pleno. Además, la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) recién presentó su programa de digitalización, que contemplaba el uso de la IA, a finales de su gestión.

Mientras tanto, las nuevas autoridades no han tratado el tema de una tecnología tan importante como la inteligencia artificial. De hecho, el tema estuvo ausente durante toda la campaña electoral.

“Se espera que la actual Asamblea Legislativa Plurinacional tengo un rol activo respecto al desarrollo tecnológico de Bolivia”, afirmó Durán, pero, por ahora, ningún diputado o senador impulsa algún proyecto de ley relacionado con impulsar la IA.

Ambos expertos insisten en que Bolivia aún está a tiempo de subirse al tren de la inteligencia artificial, pero el margen se reduce. Sin decisiones políticas claras, inversión sostenida y marcos normativos modernos, el país corre el riesgo de quedar relegado como simple consumidor de tecnología extranjera, como ocurre con otros sectores donde hay dependencia.

Con una estrategia nacional bien diseñada, en cambio, la IA podría convertirse en una palanca para transitar de una economía basada en materias primas hacia una economía del conocimiento, pues se puede aprovechar esta tecnología como una herramienta aplicada, como sucede con Arien con su chatbot para guiar a emprendedores, y con MIA, para enseñar en diferentes niveles. Ambas iniciativas bolivianas podrían potenciarse si hay las condiciones.

Fuente: ATB

Una coalición y un sistema IA contra la desinformación electoral

En los meses previos a las elecciones generales de agosto pasado se armó por primera vez en la historia de este país una coalición de organizaciones para combatir las noticias falsas, y se presentó un programa de inteligencia artificial (IA) para monitorear redes sociales e identificar contenido que afecte a la democracia.

“Tenemos una relación fluida con las verificadoras. Es la primera vez que estamos trabajando con una coalición que ve el componente de la desinformación y lo hace a través de un sistema denominado eMonitor+”, dijo a mediados de este año Omar Hugo Santa Cruz, director nacional del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), entidad dependiente del Órgano Electoral.

Durante los comicios que cambiaron el rumbo político de Bolivia la mirada de la comunidad internacional estuvo puesta en este país sudamericano, gobernado durante 20 años por una izquierda con tintes prorroguistas. En 2019 el país pasó por unas elecciones conflictivas cuyos resultados no se han podido corroborar.

La sombra del “fraude electoral”, la desconfianza en el Órgano Electoral, la guerra sucia entre políticos, y la desinformación que surge de uno y otro bando, inspiró a unas 22 organizaciones a unirse en la denominada Coalición Nacional Contra la Desinformación Electoral (CNCDE).

La misma fue parte de una iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) —agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)—, que desarrolló un sistema para monitorear hasta 1.000 cuentas en redes sociales y detectar discursos de odio y contenido desinformativo.

El software fue presentado a fines del 2024 en Bolivia, con miras a ser utilizado en las elecciones generales del 2025.

“eMonitor+ ha sido implementado en más de 10 países, incluyendo Túnez, Líbano, Mozambique, Perú, Libia, Honduras, Chile, Ecuador y Panamá. En todos los casos, su fin es monitorear redes sociales, detectar discursos de odio y desinformación, apoyar la verificación colaborativa y fortalecer los procesos democráticos”, comentó Alessandra Rossi, asesora principal del Proyecto de Asistencia Electoral de Bolivia, quien en los días previos a los comicios andaba ajetreada en su oficina emplazada en la zona Sur de La Paz.  

Ella explicó que el eMonitor+ fue “operado técnicamente por el PNUD” y que algunas organizaciones de la coalición tuvieron acceso al mismo, entre ellas la Fundación Internet Bolivia, Bolivia Verifica y Chequea Bolivia. Sin embargo, desde las verificadoras, señalaron que el acceso se suspendió. Asimismo, desde Fundación Internet Bolivia explicaron que nunca se utilizó el software.

Según Santa Cruz, del SIFDE, el eMonitor+ no es el único sistema que puede ser utilizado para combatir la desinformación. En sus oficinas también utilizaron uno mucho más antiguo llamado Videoma Monitor, el cual les permitió revisar canales de televisión y radio, además de otras plataformas, y transcribir el contenido.

Fuentes conocedoras de la cooperación internacional señalaron que se encontraron deficiencias en el sistema; sin embargo, desde el PNUD se ha resaltado su efectividad en los países donde se lo aplicó: más de 10.000 publicaciones en línea verificadas con el eMonitor+; más de 2 millones de piezas de contenido mapeadas, y más de 100 fact-checkers que lo utilizan diariamente.

Asimismo, el PNUD informó que se contrataron tres consultores para utilizar el sistema directamente.

Mientras tanto, las dos organizaciones que lidian diariamente contra los bulos (noticia falsa propagada con algún fin), y que forman parte de la mencionada coalición, realizaron un trabajo intenso en el periodo de campaña electoral.

Las verificadoras en su interminable lucha

A unas cuadras de las oficinas del SIFDE, en la misma zona de Sopocachi, se encuentra el centro de operaciones de una de las verificadoras que forman parte de la coalición: Bolivia Verifica. En una casa amarilla donde también se encuentra la Fundación Para el Periodismo, trabaja Marcelo Blanco, un fact-checker que ha perfeccionado sus habilidades para combatir la desinformación en este medio digital.

Después de pasar por un proceso de capacitación en técnicas básicas de verificación de noticias, Marcelo se especializó en Inteligencia Artificial (IA), pero el aprendizaje nunca se detiene. Cada vez hay más herramientas para identificar y exponer bulos, pero también para crearlos. El surgimiento de la inteligencia artificial ha diversificado aún más el abanico de posibilidades.

“Quiero creer que no, pero en algún momento el contenido con IA puede sobrepasar a los métodos de verificación”, dijo Marcelo, quien conoce de cerca cómo la manipulación con inteligencia artificial de imágenes, sonido y videos se va perfeccionado hasta alcanzar niveles donde distinguir lo verdadero de lo falso se hace casi imposible.

A principios de junio, Bolivia Verifica se dio a la tarea de comprobar la veracidad de un audio en el que se escuchaba al expresidente Evo Morales fraguar el cerco a ciudades para presionar su inscripción como candidato. Enviaron el audio al Grupo de Respuesta Rápida de Deepfakes de WITNESS, una iniciativa de expertos y empresas para detectar contenido falso generado por IA. La conclusión: el audio sí corresponde a Morales.

En diciembre de este año, Blanco reportó que Bolivia lideró en contenidos desinformativos creados con IA durante el periodo electoral, por encima de países como Argentina, Venezuela y Estados Unidos.

Entre las tecnologías convencionales para identificar desinformación están las herramientas de búsqueda reversa de imágenes, de videos, análisis forenses de fotografías, búsquedas específicas en Google y en redes sociales.

También se hace uso de técnicas OSINT (Open Source Intelligence), esto es reunir la mayor cantidad de elementos de fuentes abiertas, la mayoría de las cuales están en la web, con el propósito de encontrar una evasiva verdad.

Enid López, verificadora desde hace seis años en Chequea Bolivia, recientemente utilizó técnicas OSINT en el mismo caso del audio de Evo promoviendo el cerco a ciudades para dejarlas sin alimentación. Lo hizo para detectar que el número de celular involucrado evidentemente correspondía al del expresidente Evo Morales.

López sostuvo que, en el marco de la coalición contra la desinformación, se mantuvo una coordinación fluida con el SIFDE. El personal de esta institución pública incluso participó en talleres sobre alfabetización mediática. Sin embargo, posteriormente no se utilizó el eMonitor+ para trabajos relacionados con las elecciones generales.

“Al principio sí nos capacitaron en el uso del sistema y colaboramos un poco. Hicimos una prueba piloto en las elecciones judiciales, pero actualmente no estamos accediendo a la herramienta”, dijo López a principios de julio.

Blanco, de Bolivia Verifica, coincidió al manifestar que se tuvo acceso al sistema, pero luego se cortó: “Hasta el momento no nos restablecieron el servicio, pese a nuestros intentos de que lo hagan. Y de momento está así”.

Con relación a las técnicas OSINT, Blanco recordó que hay medios extranjeros, como Bellingcat, que han perfeccionado y promovido su uso. “Hacen cosas extraordinarias”, dijo Blanco, como apuntar a los responsables de la caída de un avión con base en imágenes posteadas en redes sociales e interceptación de llamadas telefónicas, o rastrear a espías rusos involucrados en envenenamientos a opositores del régimen.

“Lo que nosotros aspiramos es llegar a este punto, pero siempre falta tiempo y recursos”, dijo Blanco.

Un nuevo jugador: TikTok

La desinformación no es un fenómeno que surgió con las nuevas tecnologías. Siempre existió y podríamos referirnos a ella de distintas maneras. Pero sin duda las características de las nuevas tecnologías y plataformas de comunicación han alterado la difusión de la misma de una manera social y tecnológica nunca antes vista.

La aparición y popularización de la plataforma china TikTok, que rivaliza y en algunos casos destronó a Facebook, agrega un nuevo escenario, dijo la experta en leyes y nuevas tecnologías, Laura Zerain.

Ella afirmó que Meta, compañía que aglutina a Facebook, Instagram, WhatsApp y otras, mantiene políticas más estrictas que TikTok. No hace mucho Meta suspendió la cuenta de la radio cocalera afín a Evo Morales, Kawsachun Coca, aunque después volvió a ser habilitada. Más antes, a principios del 2023, se deshabilitaron las cuentas de 1.600 perfiles vinculados con el gobierno del MAS. 

“TikTok se ha consolidado como una de las plataformas donde circulan contenidos desinformativos de manera rápida y viral, sobre todo mediante formatos breves y de alto impacto emocional”, coincidió Alessandra Rossi, del PNUD.

Esta plataforma se ha convertido en la más usada en Bolivia, aunque no por ello se debe desestimar el alcance de Facebook y WhatsApp. No obstante, monitorear el contenido en TikTok es mucho más difícil. “La dificultar para monitorear TikTok no radica en una falta de reconocimiento sobre su importancia, sino en las propias restricciones y configuraciones de esa plataforma”, añadió Rossi, quien reconoció que el eMonitor+, por ejemplo, aún no alcanza a esta red, y sólo se limita a Facebook, Instagram, X (antes Twitter), YouTube y sitios web de noticias.

La desinformación no sólo podría estar en contenidos elaborados de forma malintencionada. Para Zerain, los propios algoritmos de las redes sociales crean burbujas que impiden ver más allá del círculo próximo de cada individuo. Tus gustos, la gente que sigues, el contenido que frecuentas, etcétera, guían las matemáticas de las plataformas para mostrarte más de lo mismo y alejarte de versiones alternas.

“La gente ya no está en redes sociales, sino en redes de contenido que te aíslan de tu entorno. Eso también puede ser desinformación porque te quedas con una parcialidad”, dijo Zerain.

¿Cuál es la mejor estrategia?

Eliana Quiroz, especialista en desinformación en la Fundación Internet Bolivia, ha profundizado en el conocimiento académico de esta temática. Desde esa perspectiva penetra en una de las limitaciones más importantes del fact-checking: los bulos suelen ser más virales que los desmentidos, las noticias falsas se propagan con mayor facilidad y rapidez que las alertas de falsedad. Las primeras están diseñadas para llegar a las emociones de la gente, despertar el morbo, y a veces resulta más entretenido creer una mentira atractiva que asumir una inapetente verdad.

Por supuesto que esta es una realidad global. En su libro sobre el autoritarismo en Filipinas publicado en 2022, la periodista y Premio Nobel de la Paz, Maria Ressa, resaltaba con preocupación la eficiencia de las redes de propaganda para reescribir la historia: “La difusión de una mentira es mucho mayor que la verificación de los hechos que le sigue, y para cuando la mentira es desmentida, quienes la creen a menudo se niegan a cambiar de opinión, lo que refleja el impacto de las redes sociales en el comportamiento en otras partes del mundo”.

Por ello, para combatir la desinformación, es pertinente considerar otras estrategias útiles además de la verificación de noticias. La “alfabetización digital” es una de ellas. Se trata de capacitar, enseñar a las personas, a identificar elementos para reconocer si una noticia es verdadera o falsa; aun así la coraza del conocimiento no es infalible, afirmó Quiroz.

Otras organizaciones han considerado apoyar a medios digitales para exponer los bulos. Otros consideran que se debe trabajar en la regulación y moderación del contenido de plataformas sociales. Algunos más creen que la mejor receta es combinar todas estas estrategias en la guerra contra lo falso.

Quiroz cree que se debe poner la mirada “en el mercado”: en los que ofrecen el servicio de desinformar a cambio de dinero. Esto podría lograrse a través de disclaimers o métodos de transparencia de las redes sociales que permitan identificar a los actores detrás de las acciones y campañas desinformativas: quiénes contratan a quiénes. Esto a la vez permitiría regular a las empresas y a los actores pagados para que se hagan responsables por el contenido falso y sea mucho más fácil identificarlos.

Puede que los resultados de la lucha contra la desinformación no sean fácilmente identificables. Hay quienes creen que uno de los logros más importantes e interesantes, además de exponer los bulos, está en encontrar tendencias para explicar comportamientos, actitudes, creencias; y a partir de allí anticipar lo que pueda ocurrir en determinados contextos.

Herramientas como el eMonitor+ pueden colaborar en esta tarea, al rastrear contenidos bajo ciertas características de una manera humanamente imposible, con el apoyo de una tecnología que parece de ciencia ficción, como es la IA.

“¿De qué te sirve identificar cuentas aisladas si no tienes tendencias?”, dijo Wilmer Machaca, sociólogo, ingeniero en sistemas, e investigador en la Fundación Internet Bolivia.

“Después de todo la desinformación nunca acabará, pero siempre aparecerán nuevas formas para combatirla”, opinó. 

Fuente: La Nube

Gobierno y PNUD consideran la transformación digital como política de Estado

El Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) recogen aportes sobre los temas de medio ambiente y transformación digital para la redacción de los planes del país en el ámbito económico y social.

El viceministro de Planificación Estratégica del Estado, José Luis Llanos, informó este martes en Santa Cruz, que con el apoyo del PNUD se desarrolla un taller con toda la institucionalidad para que ayude a reflexionar y pensar sobre cuál debería ser la visión que se le debe dar al medio ambiente en el Plan de Desarrollo Económico y Social 2025-2030 y el Plan General de Desarrollo Económico y Social con horizonte a 2035.

“Un tema altamente relevante es cómo debemos respetar el plan de uso de suelos. A nivel nacional sólo tenemos tres departamentos que cuentan con un plan de uso de suelos aprobados y se necesita que los nueve departamentos tengan este instrumento de planificación territorial”, puntualizó Llanos.

Durante su intervención, la representante residente del PNUD en Bolivia, Renata Rubian, reafirmó el compromiso de apoyo en la construcción de este plan. “Es un proceso participativo que invita a todas las y los bolivianos a ser protagonistas de la construcción del futuro”, precisó.

Digitalización

Rubian destacó también la importancia de este ejercicio al incorporar insumos de la institucionalidad pública, la sociedad civil, los distintos sectores y grupos territoriales.

También, subrayó la necesidad de avanzar hacia una Bolivia verde y sustentable con una visión integral que articule medio ambiente y desarrollo productivo, promoviendo una transición justa, con participación territorial y centrada en las capacidades de las personas.

Asimismo, el viceministro de Medio Ambiente, Jorge Ávila, resaltó que este será un punto transversal en los siete ejes del Plan de Desarrollo Económico y Social y todas las políticas de Estado y las acciones de Gobierno, van a contemplar desde su concepción el respeto y protección al medio ambiente.

Respecto a los aspectos referidos a la transformación digital de Bolivia, se habló de la necesidad de un diagnóstico del sector, las limitaciones y desafíos que se tienen en esta materia, regulación, infraestructura pública digital y conectividad, capital humano y financiamiento.

El viceministro de Ciencia y Tecnología, Omar Alfredo Peñaloza, sostuvo además que, desde esa cartera de Estado, se entiende a la transformación digital no como un proyecto tecnológico aislado, sino como una política de Estado orientada al desarrollo productivo, la eficiencia institucional y el fortalecimiento de la confianza pública.

Durante diciembre la agenda de reuniones continuará y en enero se intensificará con encuentros departamentales.

Fuente: La Razon

Cómo los datos abren puertas para el ejercicio de los derechos de personas con discapacidad

En el marco del Día Nacional de las Personas con Discapacidad en Bolivia, una fecha para la conmemoración y la reflexión, los resultados del Censo de Población y Vivienda 2024, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), ofrecen una panorámica actualizada y crucial sobre esta población. Según el censo, en el país residen 588,231 personas de 5 años o más con algún tipo de discapacidad. El 58,8% de las personas con discapacidad son mujeres, frente a un 41,2% de hombres.

Al analizar el tipo de dificultad permanente —entendida como una limitación continua que afecta la capacidad para realizar ciertas actividades—, el censo detalla que la más común es la visual, ya que un 56,0% de esta población reporta dificultades para ver, incluso usando lentes. Le siguen las dificultades para caminar o subir gradas (41,6%), oír e incluso usar audífonos (25,5%) y, finalmente, las relacionadas con la comunicación y el aprendizaje (22,6%). La dificultad visual es ligeramente más reportada en hombres (57%) que en mujeres (55%).

Estos datos, entre otros presentados por el censo, establecen una línea base fundamental para la planificación nacional. Sin embargo, también plantean el desafío prioritario de profundizar en el conocimiento sobre la severidad de las discapacidades, las condiciones socioeconómicas y las barreras específicas que estas personas enfrentan en áreas críticas como la salud, la educación y el empleo.

Este llamado a la acción resuena con estudios recientes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que en 2025 destacó la visibilidad estadística como un pilar indispensable para impulsar los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. La CEPAL advierte que la falta de datos desagregados es una forma de invisibilización que conduce a una asignación inadecuada de recursos y al diseño de programas poco efectivos, perpetuando así la desigualdad. Cumplir con la promesa de la Agenda 2030 de "no dejar a nadie atrás" exige, primero, saber quiénes son, dónde están y qué necesitan las personas con discapacidad.

Este enfoque se alinea con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), en vigor desde 2008, la cual marcó un cambio de paradigma al definir la discapacidad no como un asunto individual, sino como el resultado de la interacción entre deficiencias a largo plazo y las barreras sociales. La Convención consagra a las personas con discapacidad como sujetos de derechos y establece en su Artículo 31 la obligación de los Estados de recopilar datos estadísticos y de investigación para formular políticas públicas efectivas. 

Frente a estos desafíos, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en coordinación con el Comité Nacional de Personas con Discapacidad (CONALPEDIS), impulsa un estudio postcensal enfocado en la discapacidad. Esta iniciativa busca obtener información desagregada clave para fortalecer la planificación y la formulación de políticas basadas en evidencia, honrando el principio rector que guía a la comunidad: "nada sobre nosotras/os, sin nosotras/os".

Fuente: UNFPA

CEPAL publica el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2025

En su tercera edición, el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA 2025) revela un retrato actualizado del estado del ecosistema de IA en 19 países de América Latina y el Caribe, midiendo avances y brechas en infraestructura, talento, políticas, adopción e innovación. El informe fue presentado por la CEPAL junto con instituciones clave regionales y consolida una herramienta estratégica para orientar políticas públicas, inversión privada y cooperación regional.

Este índice se estructura en tres dimensiones esenciales:

• Factores Habilitantes: infraestructura digital, datos y talento humano
• Investigación, Desarrollo y Adopción: producción académica, innovación, uso empresarial
• Gobernanza: políticas, ética, regulación e inclusión social

Principales Hallazgos

Liderazgo relativo y heterogeneidad regional

Chile encabeza el ranking latinoamericano con 70,5 puntos, seguido por Brasil (67,3) y Uruguay (62,3); estos países integran la categoría de “pioneros”. En el grupo de “adoptantes” aparecen naciones como Colombia, México, Costa Rica, Argentina y Perú, mientras que Bolivia, junto a Guatemala, Honduras y Venezuela, figura entre los “exploradores”, con retos significativos en infraestructura, talento y gobernanza.

Expansión del ecosistema académico

La comunidad de investigación en IA creció notablemente: de 20.082 investigadores en la edición anterior a 23.191 en esta versión. El número de autores que publican de forma consistente en IA también aumentó de 3.356 a 3.446.

La producción de software, patentes y proyectos de código abierto se consolidan como ejes de innovación regional, y las naciones con mejor desempeño muestran un crecimiento destacado en esos subindicadores.

Brechas urgentes en infraestructura y capacidad de cómputo

Brasil concentra más del 90 % de la capacidad de cómputo de la región, superando en 17 veces al país con menor potencia medida en teraflops por segundo. Más de la mitad de los países aún carecen de infraestructura de alto rendimiento (GPU, centros de datos avanzados).

En cuanto al despliegue de IA generativa, algunas naciones como Chile, Perú, Uruguay, Panamá y República Dominicana destacan por su uso acelerado, lo que sugiere que la adopción de herramientas accesibles puede ser un punto de partida para acortar distancias en el ecosistema regional.

Gobernanza, datos y transparencia: el talón de Aquiles

Aunque América Latina produce grandes volúmenes de datos públicos, privados y sociales, el acceso y la apertura de esos datos para el desarrollo de IA están lejos de ser homogéneos. Esa disparidad limita la transparencia, la equidad en políticas algorítmicas y el progreso de la ciencia abierta.

Muchas naciones aún no integran formación en IA en currículos escolares tempranos (13 de 19) ni ofrecen programas de doctorado en IA (11 de 19), lo que debilita la acumulación de talento local.

La gobernanza también enfrenta desafíos críticos: equilibrar la regulación responsable con la promoción de innovación, mitigar sesgos algorítmicos, garantizar rendición de cuentas e inclusión social.

Auge de la IA generativa en América Latina

Las descargas de aplicaciones basadas en IA generativa en la región superaron los 280 millones en el primer semestre de 2025, acompañadas de un crecimiento notable en monetización y uso intensivo. Este fenómeno marca un punto de inflexión en la adopción masiva de IA en el día a día de ciudadanos.

Oportunidades para América Latina

• El software libre permite construir soluciones locales con menor costo de licencias y fortalecer comunidades colaborativas de desarrolladores.
• Herramientas accesibles actúan como catalizadoras: democratizan el acceso, fomentan la experimentación y ayudan a cerrar la brecha con países más avanzados.
• Incentivar programas educativos desde la escuela básica hasta el posgrado, apoyar la retención de profesionales especializados y promover la formación continua.
• Crear legislación, estándares éticos y mecanismos de supervisión que garanticen el uso responsable sin asfixiar la innovación.
• Unir esfuerzos entre países puede facilitar el acceso compartido a infraestructura, datos, recursos e inversión en IA.

El ILIA 2025 ofrece una radiografía clara: América Latina juega una partida clave en la carrera global de la inteligencia artificial. La región tiene talento, creatividad y datos, pero necesita visión estratégica, inversión focalizada y voluntad política para convertir ese potencial en transformación real.

Descarga de documentos

Descarga el informe completo del Índice Latinoamericano de IA 2025 aquí

Fuente: Bolivia Emprende

Bolivia y Uruguay fortalecen la salud digital a través del intercambio de experiencias

En el marco de la cooperación regional en salud digital, se inició hoy un enriquecedor intercambio técnico entre equipos del Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia y referentes institucionales de Uruguay, centrado en experiencias exitosas en Telesalud y sistemas de información en salud. El intercambio técnico se extenderá hasta el 30 de septiembre, en diferentes sesiones de trabajo.

Los intercambios se realizarán en modalidad virtual y permitirán fortalecer las capacidades del equipo técnico de los programas Telesalud y Sistema Único de Información en Salud (SUIS) del Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia, a través del análisis de buenas prácticas implementadas por instituciones uruguayas como el Ministerio de Salud Pública, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC) y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Durante las sesiones, se abordarán temas clave como la Historia Clínica Digital, estructuración de documentos clínicos, la gestión de datos de salud, el uso de servidores terminológicos, y el desarrollo de proyectos de análisis de datos e indicadores. Estas experiencias, compartidas por equipos técnicos y clínicos uruguayos, brindarán insumos valiosos para mejorar los procesos de salud digital en Bolivia.

El intercambio de este 28 de agosto contó con el apoyo institucional de las oficinas de OPS/OMS en Bolivia y Uruguay, así como del Nodo Interagencial de Salud Universal (NISU), quienes facilitaron espacios de diálogo técnico y estratégico, promoviendo la cooperación horizontal entre países.

Estas actividades se enmarcan en el compromiso regional por avanzar hacia sistemas de salud más integrados, interoperables y centrados en las personas, aprovechando el potencial de la transformación digital para mejorar el acceso y la calidad de los servicios de salud.

Fuente: OPS

Bolivia adopta recomendaciones para investigar violencia contra periodistas, pero relega crear un mecanismo de protección

El Estado boliviano aceptó cinco de las nueve recomendaciones en materia de libertad de prensa que países miembros de las Naciones Unidas le hicieron durante el cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), realizado en enero de este año en Ginebra, Suiza, de acuerdo con el informe del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos, presentado el pasado 10 de junio.

De las cuatro recomendaciones que no fueron aceptadas, una se refiere a la “creación de un mecanismo de protección integral para periodistas”, similar a la recomendación 27 que hizo en 2021 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Las recomendaciones que el Estado boliviano aceptó son las referidas a “investigar a fondo los casos de intimidación, acoso y violencia contra periodistas” (Canadá), a “establecer un mecanismo de protección para los periodistas y los defensores de los derechos humanos (…) que les proporcione protección en situaciones de riesgo e impida la criminalización de sus actividades” (Bélgica) y a “formular una política pública integral que garantice la seguridad de los defensores de derechos humanos y los periodistas, incorporando mecanismos de prevención y protección” (Alemania).

También están incluidas las recomendaciones de Eslovaquia que pidió a Bolivia “garantizar y respetar la libertad, la pluralidad y la diversidad de los medios de comunicación” y de Liechtenstein de “investigar todos los actos de violencia, represalias, intimidación y el uso indebido de procedimientos judiciales contra (…) periodistas”, además de “llevar a los autores ante la justicia y ofrecer una reparación adecuada a las víctimas”.

El EPU es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que evalúa cada cuatro años y medio el cumplimiento de las obligaciones de los Estados de proteger, respetar y promover los derechos humanos. El mecanismo permite a los Estados evaluarse entre sí y tras recibir las recomendaciones, cada Estado puede: aceptarlas, aceptarlas parcialmente o tomar nota, ésta última implica que el Estado no se compromete a implementarlas.

El Estado optó por tomar nota de cuatro recomendaciones en materia de libertad de prensa: de Italia referida a “crear y aplicar un mecanismo de protección integral para los periodistas que incluya la participación de la sociedad civil y garantice el derecho a la libertad de expresión”, de Reino Unido sobre “adoptar medidas para ofrecer una mayor protección jurídica y práctica a los periodistas”, de Francia que sugirió “garantizar la libertad de prensa y combatir la violencia contra los periodistas” y de Corea respecto a “aprobar un marco jurídico que garantice la libertad de expresión, proporcionando protección integral a los defensores de los derechos humanos, los periodistas y los medios de comunicación independientes”.

Según el informe del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos, el Estado boliviano justificó la toma de nota de estas cuatro recomendaciones arguyendo que ya existen mecanismos de apoyo para periodistas, citó a la Defensoría del Pueblo y el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima.

Para el programa Defensores de UNITAS, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha establecido que los Estados deben adoptar medidas eficaces de protección para periodistas en riesgo, investigar de manera diligente los crímenes cometidos contra ellos y sancionar a los responsables, así como prevenir agresiones futuras. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ha sostenido que “el ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento” (Corte IDH. Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia) y por ello el incremento de violencia e impunidad al gremio periodístico vulnera tanto el derecho a la libertad de expresión de la persona afectada, como a los principios fundamentales de una sociedad abierta, plural y democrática, al provocar espacios de miedo y silencio.

Complementa que los Estados tienen, respecto al periodismo, obligaciones reforzadas por las cuales deben tomar medidas específicas para proteger la vida e integridad de las y los periodistas, especialmente aquellos que enfrentan mayores riesgos debido a su labor. Esta protección no solo se refiere a medidas reactivas, como investigaciones y sanciones a agresores, sino también a medidas preventivas y programas especiales, además, el Estado debe abstenerse de actuar de manera tal que “propicie, estimule, favorezca o profundice esa vulnerabilidad y ha de adoptar, cuando sea pertinente, medidas necesarias y razonables para prevenir violaciones o proteger los derechos de quienes se encuentren en tal situación” (Corte IDH. Caso Uzcátegui y otros Vs. Venezuela).

En este sentido, la ausencia de un mecanismo especializado y eficaz contradice los estándares internacionales de protección y perpetúa un entorno de riesgo e impunidad para el periodismo en Bolivia, más aún cuando los mecanismos existentes no cumplen plenamente con los principios de independencia, especialización y eficacia que exige el derecho internacional para garantizar una protección adecuada y oportuna frente a las amenazas.

Rumania y Chequia recomiendan una ley de acceso a la información

Los países de Rumania y Chequia han recomendado al Estado boliviano “aprobar” una legislación específica “sobre el acceso a la información pública y adoptar medidas para garantizar su aplicación” y que ésta “se ajuste a las normas internacionales”.

El Estado boliviano decidió únicamente tomar nota de estas dos recomendaciones y explicó que el Acuerdo de Escazú, ratificado por la Asamblea Legislativa en 2019, y el decreto supremo 28168, aprobado por el presidente Carlos Mesa en 2005, son instrumentos que garantizan el acceso a la información. El Acuerdo de Escazú es un tratado regional sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Sobre este punto, en octubre de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia dentro del caso “Flores Bedregal y otras vs. Bolivia”, resolvió que el Estado boliviano debe adoptar en un plazo razonable “medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para fortalecer el marco normativo de acceso a la información en casos de presuntas violaciones a los derechos humanos”.

En la sesión del EPU Bolivia en enero, el gobierno informó que todavía trabajaba en la creación del Comité Plurinacional de Implementación del Acuerdo de Escazú y mencionó que en el primer semestre de este año se tendría el plan y la hoja de ruta para la implementación de este acuerdo.

GIEI también recomendó una instancia no estatal para proteger a periodistas

Como parte de la violencia en contra de periodistas suscitada en los conflictos sociales y políticos de 2019, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitió su informe sobre estos hechos en julio de 2021, en el que recomienda al Estado y a toda la sociedad civil boliviana a “crear una instancia no estatal para brindar apoyo y asistencia jurídica, administrativa y psicológica a periodistas cuyos derechos están en riesgo de ser vulnerados”.

A través de un cuestionario enviado por el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS, el entonces ministro de Justicia, Iván Lima, subrayó que esta recomendación, al referirse el GIEI a una instancia no estatal, “no es tuición del Estado” hacerla efectiva.

“En particular, se entiende que la Recomendación 27 está dirigida a Sociedad Civil, toda vez que se refiere a la creación de una instancia no estatal, lo cual no es tuición del Estado”, reveló el entonces ministro.

Durante el 2024, el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS reportó 150 vulneraciones a la libertad de prensa, 5% más de registros de lo contabilizado en 2023, cuando hubo 143 casos. En lo que va de este 2025, el Observatorio documentó al menos 51 vulneraciones directamente vinculadas al proceso electoral y a la crisis económica. En todos los casos, las vulneraciones más frecuentes son las agresiones hacia periodistas, el impedimento de acceso a la información y las amenazas al trabajo periodístico.

Para el programa Defensores de UNITAS, las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos exigen que los Estados garanticen no solo el acceso efectivo a la información pública, sino también un entorno propicio para la participación de la sociedad civil en asuntos de interés público, conforme al derecho a la libertad de asociación y expresión. En este marco, el deber de Bolivia de adoptar una legislación específica sobre acceso a la información no puede considerarse satisfecho únicamente con la ratificación del Acuerdo de Escazú ni con normativas administrativas previas. Como recordó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Flores Bedregal y otras vs. Bolivia”, es necesario fortalecer el marco normativo mediante medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que aseguren el acceso a la información, particularmente en contextos de posibles violaciones a los derechos humanos.

Esto implica también la obligación del Estado de actuar conforme al principio de buena fe, garantizar el principio de máxima publicidad como regla general en el acceso a la información pública, y adecuar su normativa interna a los estándares internacionales para asegurar su plena efectividad.

Imagen: Partidero

Fuente: ANA

La silenciosa estrategia contra las Organizaciones de la Sociedad Civil

El Informe sobre Libertades Fundamentales e Institucionalidad Democrática de UNITAS reveló que en Bolivia se produjo una drástica reducción de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) en la última década, lo que constituye una constatación más del estrechamiento del espacio cívico, entendido como el espacio donde se ejercen las libertades y los derechos de la sociedad civil.

Según el registro del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE), que es citado por el informe, en 2015 había 1.980 ONGs, mientras que en este 2025, solamente existen 206 ONGs, lo que equivale a una caída del 76,2%.

Esta constatación es una mala noticia para los sectores más vulnerables de la sociedad boliviana, que son los directamente involucrados con el trabajo de estas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), más aún en un contexto de crisis económica y política, en la que el ejercicio de derechos está restringido, empezando por las libertades fundamentales (libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de asociación); y últimamente hasta el derecho a la alimentación.

Las ONGs, por lo general, desempeñan labores de apoyo, promoción y fortalecimiento de actividades económicas y sociales allá donde el Estado no llega. Por otro lado, son factores de contrapeso al poder en momentos en que la desinstitucionalización del Estado ha dejado a grandes sectores de la población en la indefensión.

Estas entidades, además, contribuyen a la transparencia porque investigan, observan, procesan, sistematizan datos relevantes que, de otra manera, permanecerían en la nebulosa, como las vulneraciones a los derechos, la situación de los pueblos indígenas, las inequidades que afectan a las mujeres, el desamparo en el que se encuentra la niñez, el acoso a los defensores y defensoras de derechos, los índices de pobreza, el desempleo, entre otros aspectos. Con esta información, diseñan sus planes de acción y, sobre todo, aplican estrategias de incidencia para que instituciones del Estado tomen acciones concretas y en la percepción de los organismos internacionales respecto a Bolivia.

Precisamente, porque esta labor es fundamental para el país es que las organizaciones de la sociedad civil podrían ser vistas como entidades incómodas para algunas autoridades, lo que se ha traducido en muchas ocasiones en discursos hostiles que menoscaban su labor y en normativas que restringen su trabajo.

El 19 de marzo de 2013, el gobierno de Evo Morales promulgó la Ley 351, de Otorgación de Personalidades Jurídicas, y poco tiempo después reglamentó la citada ley con el Decreto Supremo 1597.

Ambos instrumentos legales restringieron el derecho a la libertad de asociación en Bolivia, un derecho que permite a todas las personas crear, unirse y organizarse sin interferencias injustificadas del Estado.

En concreto, esta Ley impuso restricciones y trabas al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil porque determina que los estatutos de éstas deben mencionar “la contribución al desarrollo económico del país” y porque establece que la personalidad jurídica puede ser revocada, previo informe del Ministerio que corresponda, en caso de que incumplan las políticas y normas.

Cuando se aprobó esta Ley, incluso el relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de asociación, Maina Kiai, alertó que la misma “podría imponer restricciones al derecho a la libertad de asociación” puesto que “limita el derecho a la personalidad jurídica y a la autonomía de elegir libremente las propias actividades, contribuyan o no al desarrollo económico y social”.

El hecho es que sí lo hacen, que contribuyen al desarrollo social y económico del país, pero el punto de la discordia es que si lo hacen bajo los parámetros del gobierno o con plena independencia de acción, lo que ha llevado a algunas a ceder un poco de su independencia  a cambio de garantizar su existencia.

Después de más de 10 años de vigencia de la Ley se conocen sus efectos silenciosos: la reducción del registro de ONGs, lo que limita el accionar de la sociedad civil, restringe derechos de los sectores en situación de vulnerabilidad y aumenta el poder del Estado.

Frente a esa situación, el informe de UNITAS sobre libertades fundamentales 2024 recomienda al Estado “Modificar la Ley No. 351 y la normativa vinculada, en concordancia con los estándares internacionales y con la participación de la sociedad civil, para eliminar los requisitos que restrinjan de manera desproporcio­nada la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil y las ONG de operar de manera libre, independiente y efectiva”.

Asimismo, sugiere “Simplificar los procedimientos de otorgación y renovación de perso­nalidades jurídicas, así como de otros registros que deben cumplir las organizaciones de la sociedad civil, como el de obtención y renovación del Registro Nacional”.

Pero no sólo UNITAS hace estas recomendaciones, sino también varios países en el marco del Examen Pe­riódico Universal (EPU) y el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que reiteradamente pidieron a Bolivia garantizar las libertades fundamentales e instaron a modificar normativa restrictiva, como la Ley 351 y el Decreto 1597, y a fortalecer la independencia de los mecanismos de denuncia, eliminando barre­ras que limitan la labor de la sociedad civil y la prensa.

En una coyuntura de multicrisis como la que atraviesa el país, el rol de las organizaciones no gubernamentales puede ser relevante para el propio Estado, toda vez que son instituciones conectadas con la realidad social y generan información valiosa para el diseño de políticas públicas. Tomando en cuenta sus aportes, el Estado tendría que ser respetuoso de la libertad de asociación para bien de la ciudadanía, más allá de los intereses político partidarios.

Fuente: Sumando Voces

Los niños leen peor, tienen más sobrepeso y son menos felices desde la pandemia

Un informe de UNICEF muestra que incluso los países más ricos del mundo tienen dificultades a la hora de ofrecer a los niños las condiciones para una buena infancia y un futuro prometedor. Los Países Bajos, Dinamarca y Francia son los países donde los niños disfrutan de mayor bienestar. 

Los niños de los países ricos están cada vez menos contentos con sus vidas, tienen más probabilidades de tener sobrepeso y obesidad, y no les va bien en la escuela, según un estudio de UNICEF. 

El documento advierte que los avances en materia de bienestar infantil son cada vez más frágiles ante los acontecimientos y crisis mundiales, como el cambio climático.

El informe Report Card 19: El bienestar de la infancia en un mundo impredecible compara datos de 2018 y 2022 y refleja la repercusión que ha tenido la pandemia de COVID-19 y la interrupción de la actividad en todo el mundo sobre los niños y niñas de 43 países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la Unión Europea (UE).

Los Países Bajos, Dinamarca y Francia se mantienen en los primeros puestos de la lista de los mejores países para la infancia en términos de bienestar mental, salud física y competencias, seguidos de Portugal e Irlanda. España se sitúa en el séptimo puesto. En América Latina, Costa Rica ocupa el puesto 31, Colombia el 33, México el 34 y Chile el 36. (Estados Unidos no está en la lista por la falta de algunas estadísticas, aunque en las que aparece, como la de la salud infantil, se halla en el puesto 38 de la tabla).

Según UNICEF “es tentador proponer soluciones sencillas” y centrarse en debates de actualidad, como el uso de la tecnología digital por parte de los niños. El análisis de esta informe muestra que la situación es mucho más compleja. No hay una causa única para estas tendencias, ya sea individualmente o en combinación.

Peor comprensión lectora

En numerosos países se ha producido una acusada pérdida de habilidades académicas tras la pandemia, especialmente de competencias básicas como la lectura y las matemáticas.

Según el informe, se calcula que el retraso de algunos de estos niños con respecto al nivel académico que deberían tener es, de media, de siete meses a un año. El retroceso fue más pronunciado en el caso de los niños de familias desfavorecidas.

En los 43 países que aparecen en el informe ocho millones de jóvenes de 15 años –en torno a la mitad de los que conforman ese grupo de edad– carecen de conocimientos funcionales de lectura, escritura y aritmética, lo que significa que no son capaces de comprender un texto básico.

Colombia (19%), Costa Rica (20%) y México 20%) presentan los porcentajes más bajos de jóvenes con conocimientos suficientes.

Salud mental

El informe también presenta datos preocupantes en relación con la salud mental y señala que el nivel de satisfacción vital de los niños y las niñas se ha resentido en este periodo, especialmente en 14 de los 32 países que disponen de datos. La magnitud de esta disminución fue, en casi todos los países, mayor entre las niñas

En cuatro países (Chile, México, Polonia y Turquía), la disminución en la proporción de niños con alta satisfacción con la vida fue superior a 10 puntos porcentuales.

Japón fue el único país donde la satisfacción aumentó sustancialmente entre 2018 y 2022. 

Las tasas de suicidio entre adolescentes cayeron en 18 países; se mantuvieron más o menos estables en 7 países; y aumentaron en 17 países. Los mayores aumentos se registraron en Japón, la República de Corea y Türkiye. Si bien se registraron descensos sustanciales en Chipre, Chequia, Islandia, Lituania y Malta,

Desde una perspectiva a más largo plazo, ha habido progresos notables en la reducción de las tasas de suicidio de adolescentes en este grupo de países, desde un máximo de alrededor de 9,3 muertes por cada 100.000 adolescentes en 1996 a alrededor de 6,5 muertes por cada 100.000 adolescentes en 2007. Desde ese año, el progreso se ha estancado.

Practicar deporte y tener una buena relación con padres y cuidadores se relaciona directamente con una alta satisfacción vital, mientras que haber sufrido acoso escolar o hacer un uso excesivo de las redes sociales se relaciona con una baja satisfacción vital.

Obesidad

El estudio también analiza datos sobre la salud física de la infancia, e indica que los niveles de sobrepeso han aumentado considerablemente en 14 de los 43 países con datos disponibles, siguiendo con una tendencia que viene de tiempo atrás.

Las tasas solo han disminuido sustancialmente en dos: Italia y Portugal y son más del doble del promedio mundial en Chile y los Estados Unidos.

Cambio climático

En los 43 países incluidos en este informe, se estima que más de 250.000 niños fueron desplazados de sus hogares durante 2022 debido a desastres naturales que fueron principalmente eventos climáticos.

Además, el aumento de las temperaturas y las olas de calor afectan a muchos niños. Se estima que casi la mitad de las escuelas de las ciudades de la Unión Europea se encuentran en “islas de calor”, que presentan temperaturas elevadas que ponen en peligro el bienestar de los niños, mientras que alrededor de una de cada diez escuelas está situada en zonas propensas a inundaciones.

Se estima que, en 2024, más de 25 millones de escolares en 17 países del informe vieron interrumpidas las clases por el clima. Los cuatro países con más estudiantes afectados por eventos climáticos se encuentran en América Latina: México (13,1 millones), Colombia (4,9 millones), Chile (2,7 millones) y Costa Rica (1,1 millones).

Recomendaciones

El informe ofrece recomendaciones para los gobiernos y tomadores de decisiones:

• Las políticas educativas deben priorizar que los estudiantes adquieren las competencias educativas fundamentales, también se debe apoyar el desarrollo de las competencias digitales para garantizar un uso seguro. Todo ello, especialmente dirigido a quienes quedaron atrás durante la pandemia y los que proceden de entornos desfavorecidos.
• Mejorar la salud mental mediante prevención, la inversión y prestación de servicios especializados y accesibles, la provisión de herramientas para la gestión emocional y reducción del estigma, y la lucha contra la violencia y el acoso escolar, tanto online como en la vida real.
• Mejorar la salud física garantizando una alimentación nutritiva y accesible para los niños y limitando la venta y la publicidad de alimentos no saludables y promoviendo acceso a actividades deportivas.
• Implicar a los niños para entender mejor sus experiencias y puntos de vista, y trabajar conjuntamente para encontrar soluciones que promuevan su bienestar.

Fuente: Inmediaciones