En el marco del Día Nacional de las Personas con Discapacidad en Bolivia, una fecha para la conmemoración y la reflexión, los resultados del Censo de Población y Vivienda 2024, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), ofrecen una panorámica actualizada y crucial sobre esta población. Según el censo, en el país residen 588,231 personas de 5 años o más con algún tipo de discapacidad. El 58,8% de las personas con discapacidad son mujeres, frente a un 41,2% de hombres.
Al analizar el tipo de dificultad permanente —entendida como una limitación continua que afecta la capacidad para realizar ciertas actividades—, el censo detalla que la más común es la visual, ya que un 56,0% de esta población reporta dificultades para ver, incluso usando lentes. Le siguen las dificultades para caminar o subir gradas (41,6%), oír e incluso usar audífonos (25,5%) y, finalmente, las relacionadas con la comunicación y el aprendizaje (22,6%). La dificultad visual es ligeramente más reportada en hombres (57%) que en mujeres (55%).
Estos datos, entre otros presentados por el censo, establecen una línea base fundamental para la planificación nacional. Sin embargo, también plantean el desafío prioritario de profundizar en el conocimiento sobre la severidad de las discapacidades, las condiciones socioeconómicas y las barreras específicas que estas personas enfrentan en áreas críticas como la salud, la educación y el empleo.
Este llamado a la acción resuena con estudios recientes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que en 2025 destacó la visibilidad estadística como un pilar indispensable para impulsar los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. La CEPAL advierte que la falta de datos desagregados es una forma de invisibilización que conduce a una asignación inadecuada de recursos y al diseño de programas poco efectivos, perpetuando así la desigualdad. Cumplir con la promesa de la Agenda 2030 de "no dejar a nadie atrás" exige, primero, saber quiénes son, dónde están y qué necesitan las personas con discapacidad.
Este enfoque se alinea con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), en vigor desde 2008, la cual marcó un cambio de paradigma al definir la discapacidad no como un asunto individual, sino como el resultado de la interacción entre deficiencias a largo plazo y las barreras sociales. La Convención consagra a las personas con discapacidad como sujetos de derechos y establece en su Artículo 31 la obligación de los Estados de recopilar datos estadísticos y de investigación para formular políticas públicas efectivas.
Frente a estos desafíos, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en coordinación con el Comité Nacional de Personas con Discapacidad (CONALPEDIS), impulsa un estudio postcensal enfocado en la discapacidad. Esta iniciativa busca obtener información desagregada clave para fortalecer la planificación y la formulación de políticas basadas en evidencia, honrando el principio rector que guía a la comunidad: "nada sobre nosotras/os, sin nosotras/os".
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