La tecnología y el comercio electrónico han transformado la forma en que las personas compran, venden y hacen negocios. Este crecimiento acelerado ha traído consigo la necesidad de contar con un marco legal sólido que regule las operaciones digitales, garantice la protección del consumidor y brinde seguridad jurídica a las partes involucradas.
Yerko Paz, docente de la carrera de Derecho en la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), sostiene que actualmente el comercio digital y el e-commerce han tenido un crecimiento importante en nuestro medio. Asimismo, se utilizan cada vez más herramientas digitales para realizar transacciones comerciales.
“La Ley 164 de Telecomunicaciones y TICs señala expresamente (en concordancia) que el comercio electrónico es el intercambio de bienes y servicios que se realiza a través de medios digitales, bajo las condiciones generales y específicas que establece la ley, y en las condiciones señaladas por el Código de Comercio”, explica Paz.
Esta norma establece que el comercio electrónico es aquel acto o actividad comercial que se realiza habitualmente, pero utilizando herramientas o tecnologías de información y comunicación en cualquiera de las etapas del proceso.
Del mismo modo, el comercio, como actividad inherente a toda la ciudadanía, tiene su regulación inicial en el Código de Comercio (Decreto Ley N.° 14379), el cual, en su artículo sexto, detalla qué actividades se consideran comerciales, y en el artículo quinto establece los requisitos para que una persona sea reconocida como “comerciante”: es decir, personas naturales con capacidad para contratar y “obligarse”, o personas jurídicas constituidas como sociedades comerciales.
En América Latina, la mayoría de los países ya han incorporado leyes específicas para regular el comercio electrónico. Estas normas establecen principios clave como la validez jurídica de los documentos electrónicos, el reconocimiento de la firma digital, la equivalencia funcional entre contratos escritos y electrónicos, y la protección de los datos personales.
En el caso de Bolivia, su desarrollo ha sido más lento en comparación con otros países, debido principalmente a limitaciones como el acceso restringido a internet y la baja velocidad de conexión, caracterizadas por una cobertura insuficiente y tarifas elevadas.
Uno de los pilares del marco legal del comercio digital y el e-commerce es la protección al consumidor. La legislación exige que los sitios web brinden información clara sobre productos, precios, términos y condiciones, políticas de devolución y garantías. Además, el consumidor debe tener derecho a desistir de una compra dentro de un plazo determinado, lo que refuerza la confianza en las transacciones digitales.
También se regulan aspectos vinculados a la contratación electrónica. Un contrato celebrado por medios digitales se considera legalmente válido siempre que exista consentimiento entre las partes. En muchos casos, la firma digital o electrónica se acepta como prueba de aceptación, siempre que cumpla con los requisitos legales establecidos.
“Los elementos propios de cualquier transacción, como el consentimiento representado por la firma digital o electrónica, la licitud del acto comercial y su efectivización, incluso aspectos como el instrumento en el que constan las condiciones de la transacción o el contrato, deben ser accesibles, conservarse y cumplir con ciertas características”, detalla el jurista.
Asimismo, el académico destaca que conceptos como la firma digital, los documentos digitales y, más recientemente, los smart contracts, presentan aspectos importantes, así como componentes técnicos y tecnológicos más complejos.
La firma digital y los smart contracts en Bolivia
Según la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación (Agetic), “la firma digital es una solución tecnológica que permite autenticar el origen y verificar la integridad del contenido de un mensaje de manera tal que ambas características sean demostrables ante terceros”.
Por su parte, la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia (Adsib) establece la validez jurídica de la firma digital a través de documentos digitales que se rigen por los siguientes principios:
- Autenticidad, cuando el autor queda acreditado y registrado en la Adsib.
- Integridad, al garantizar que el documento digital no ha sido alterado.
- No repudio, cuando el autor no puede negar su autoría.
Asimismo, la entidad sostiene que la firma digital proporciona un alto nivel de seguridad para proteger la identidad del firmante y la integridad de los documentos firmados.
En cuanto a los smart contracts (contratos inteligentes), en Bolivia representan un tema emergente. No obstante, su desarrollo y adopción enfrentan desafíos regulatorios, tecnológicos y culturales. Aun así, pueden complementar el comercio electrónico al automatizar pagos, mejorar la confianza y optimizar la logística internacional, lo cual es relevante considerando que Bolivia depende en gran medida de las importaciones.
Actualmente, los smart contracts se encuentran en una fase inicial en el país, con pocos ejemplos, pero prometedores, como los desarrollos en el evento ETH Bolivia 2024 Buildathon y en algunos servicios empresariales. La reciente apertura al uso de criptomonedas (junio de 2024) ha creado un entorno más favorable, aunque la falta de regulación específica, infraestructura adecuada y programas de educación siguen siendo obstáculos importantes.
En el contexto del comercio electrónico, los smart contracts podrían mejorar la confianza y eficiencia en las operaciones, pero su implementación requiere superar barreras estructurales. Para lograr un impacto significativo, Bolivia necesitaría políticas públicas que fomenten la adopción de tecnologías como blockchain, junto con programas de capacitación masiva.
El marco legal del comercio electrónico desempeña un papel clave en la consolidación de una economía digital confiable, garantiza derechos, previene abusos y establece reglas claras en un entorno donde la confianza es esencial. La tarea pendiente en Bolivia es actualizar continuamente estas leyes y hacerlas accesibles tanto para empresas como consumidores, con el fin de promover un ecosistema digital justo, seguro y transparente.
Fuente: Unifranz
