¿La libertad de expresión permite publicar cualquier cosa en internet?

“Es mi opinión, puedo publicarla”. La frase aparece con frecuencia cuando una discusión en redes sociales termina en insultos, acusaciones, exposición de datos personales o difusión de información falsa. Pero existe una confusión de fondo: la libertad de expresión protege el derecho a opinar y comunicar, pero no significa que cualquier publicación quede fuera de toda responsabilidad.

En Bolivia, la Constitución reconoce expresamente el derecho a expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación y también protege la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad.

El problema aparece cuando esos derechos entran en tensión.

Joaquín Vásquez, director de la carrera de Derecho de la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz), advierte que el derecho a la intimidad y a la privacidad es uno de los más afectados en redes sociales, especialmente cuando se difunden conversaciones, imágenes o datos personales sin consentimiento.

¿Qué protege la libertad de expresión?

La libertad de expresión permite buscar, recibir y difundir información, ideas y opiniones. En el ámbito interamericano, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege este derecho y establece que no debe existir censura previa, aunque contempla responsabilidades posteriores establecidas por ley.

La libertad de expresión en internet mantiene esa protección. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostiene que las personas deben poder buscar, recibir y difundir información y opiniones por cualquier medio.

Internet, por tanto, no convierte a una persona en menos libre para expresarse. Pero tampoco crea un espacio sin reglas.

¿Dónde aparecen los límites?

El primer límite aparece cuando una publicación afecta derechos de otras personas.

En Bolivia, la Constitución reconoce, junto con la libertad de expresión, derechos como la privacidad, la intimidad, la honra, el honor, la propia imagen y la dignidad.

Esto significa que publicar una fotografía, una conversación privada, información personal o una acusación contra alguien puede generar un conflicto jurídico dependiendo de las circunstancias.

Vásquez explica que las denominadas “funas”, la difusión de información falsa y determinados comentarios ofensivos pueden vulnerar derechos y, en algunos casos, tener consecuencias legales.

“Según el Código Penal boliviano, conductas como la calumnia, la difamación o la injuria también pueden cometerse a través de redes sociales”, señala el académico.

La clave está en que no toda expresión incómoda, crítica o polémica constituye un delito, pero tampoco toda publicación puede justificarse simplemente diciendo que es una opinión.

Una publicación también puede convertirse en evidencia

El carácter digital de las redes añade otra dimensión: una publicación puede permanecer, copiarse y circular mucho más allá del momento en que fue realizada.

“La huella digital es permanente. Todo lo que se publica puede ser recuperado, compartido o utilizado como prueba en un proceso judicial”, advierte Vásquez.

Este fenómeno cambia también el trabajo de abogados, periodistas y comunicadores.

Gabriel Romano, docente de Periodismo de Unifranz, plantea que la transformación digital no puede analizarse solamente como positiva o negativa.

Las redes sociales han abierto nuevas posibilidades de amplificación y alcance, pero también han introducido dinámicas que pueden distorsionar la esencia del oficio, explica el docente.

La velocidad de publicación, la viralidad y los algoritmos pueden hacer que una información circule antes de que alguien compruebe si es verdadera.

Libertad de expresión no es lo mismo que libertad de dañar

La diferencia resulta especialmente importante en casos de desinformación, discursos discriminatorios, exposición de menores, difusión de imágenes íntimas o ataques contra la reputación de una persona.

La Comisión Interamericana establece que las responsabilidades posteriores deben estar previstas por ley y ser necesarias para proteger determinados bienes, entre ellos los derechos o la reputación de otras personas.

La regla busca evitar dos extremos: utilizar la protección de derechos como una forma de censura y, en el sentido contrario, convertir la libertad de expresión en una justificación para cualquier abuso.

Por eso, el desafío jurídico consiste en determinar qué derecho está en juego, qué daño se produjo, cuál fue la naturaleza de la publicación y qué respuesta establece la legislación.

El desafío de comunicarse en una sociedad digital

La discusión ya no corresponde únicamente a abogados. También involucra a periodistas, comunicadores, educadores, empresas tecnológicas y usuarios. La responsabilidad de informar y opinar en internet exige comprender tanto los derechos individuales como los efectos que una publicación puede tener sobre otras personas.

Estos desafíos estarán entre los temas de reflexión del Trigésimo Congreso Hispanoamericano de la Prensa, que se realizará del 28 al 30 de octubre de 2026 en Santa Cruz de la Sierra, con Unifranz como sede y organizadora. El encuentro reunirá a periodistas, académicos y comunicadores para debatir sobre el futuro de la comunicación, la libertad de expresión, la ética profesional, la desinformación y los cambios que la inteligencia artificial introduce en el ecosistema informativo.

El congreso también representa una oportunidad para analizar cómo preservar el rigor, la verificación y la responsabilidad en un entorno donde los contenidos circulan a gran velocidad. La reflexión sobre los derechos y deberes de quienes comunican resulta fundamental tanto para el ejercicio periodístico como para la participación cotidiana de los ciudadanos en las plataformas digitales.

La pregunta “¿puedo publicar esto?” debería preceder a muchas publicaciones. Pero la respuesta tampoco debería ser “no puedes opinar”.

Una sociedad democrática necesita libertad para criticar, informar, debatir y disentir. Al mismo tiempo, necesita mecanismos para proteger la dignidad, privacidad, honor e integridad de las personas.

Por eso, la libertad de expresión en internet no significa poder publicar cualquier cosa sin consecuencias. Significa poder expresarse libremente dentro de un sistema de derechos donde la libertad propia convive con los derechos de los demás.

En tiempos de publicaciones instantáneas, conocer esa diferencia puede ser tan importante como saber utilizar una red social. También es uno de los debates centrales para el periodismo contemporáneo: cómo defender la libertad de expresión sin renunciar a la ética, la verificación y la responsabilidad sobre lo que se comunica.

Fuente: Unifranz

Anna Bensi: el objetivo del juicio es intimidar a todo el que alce la voz en Cuba

La influencer y activista Anna Sofía Benítez, conocida como Anna Bensi, comenzó publicando en redes sociales como una creadora de contenido más, con videos de humor, música y situaciones de su vida cotidiana. Pero, a medida que empezó a utilizar esas mismas plataformas para contar lo que ocurría a su alrededor y denunciar problemas y abusos que vivía en Cuba, comenzó también la presión de la Seguridad del Estado. A cada episodio de vigilancia, interrogatorios, restricciones o cortes de internet, Bensi respondió haciendo lo mismo que había empezado a hacer en redes: contarlo públicamente y denunciarlo. Esa escalada represiva, recuerda en entrevista con 14ymedio, terminó alcanzando también a su madre.

Ahora ambas deberán enfrentarse a un proceso penal por la difusión de un video grabado en la entrada de su vivienda el pasado marzo. La causa había sido archivada en abril, pero fue reabierta meses después a raíz de la querella presentada por un policía que asegura haberse sentido ofendido. En conversación con este diario, entrecortadamente, a través de audios, Bensi habla desde La Habana del juicio, de la represión que ha sufrido desde que comenzó a alzar la voz y de su decisión de seguir denunciando: “No me van a callar”.

Pregunta. El caso contra usted y su madre había sido archivado en abril y ahora el tribunal ha confirmado que serán llevadas a juicio. ¿Cómo recibió la noticia?

Respuesta. El lunes 6 de julio se presentaron en mi casa dos personas de parte del tribunal para comunicarnos a mi mamá y a mí que iban a iniciar un proceso penal por el mismo cargo que ya habían archivado en abril. Nuestro abogado presentó una petición de inadmisibilidad de la querella del policía que se sintió ofendido por la publicación que hice en marzo.

Pero como sabemos cómo funcionan las cosas aquí en Cuba, ese trámite fue prácticamente para ganar tiempo, porque el tribunal se rige siempre por lo que ordene la Seguridad del Estado. Obviamente, no iban a rechazar la querella. Finalmente, el tribunal decidió denegar la petición de nuestro abogado y seguir adelante con el proceso para llevarnos a juicio.

P. ¿Qué explicación les han dado para reabrir una causa que había sido archivada?

R. Supuestamente, en abril archivaron el caso porque el policía que se considera ofendido no tenía un abogado que lo representara y ahora sí lo tiene. Esa es la explicación que ellos dan.

Pero la explicación real es que esto era algo que ellos tenían ahí y que podían sacar en cualquier momento. Mi mamá y yo obviamente lo sabíamos. Hasta ahora lo único que sabemos es que sí nos van a llevar a juicio, pero todavía no hay fecha oficial.

P. La acusación está relacionada con el artículo 393 del Código Penal cubano, que contempla los “actos contra la intimidad personal y familiar, la propia imagen y voz, identidad de otra persona y sus datos”. Aquel 10 de marzo decidieron grabar la llegada del agente y publicar las imágenes como una medida de protección. Si hoy pudieran volver a ese momento, ¿volverían a sacar el teléfono para grabarlo?

R. Claro que sí, yo volvería a hacer todo igual. No me arrepiento de nada en absoluto porque no he cometido ningún delito. Mi declaración sigue siendo la misma. Yo subí el vídeo a redes sociales para la seguridad mía y de mi mamá. Sinceramente, como esos policías se presentaron en mi puerta, no parecían policías, parecían delincuentes.

Cuando tenemos un discurso contrario al que le gusta a la dictadura, los cubanos carecemos del favor y de la buena obra de las autoridades. Por eso yo tenía que exponer toda la represión que uno sufre. Además, jamás se dijo el motivo inicial de la situación que esos policías trajeron.

La realidad es que simplemente subí el vídeo a redes sociales para dejar constancia de lo que había sucedido en ese momento. Y si el policía se sintió ofendido por los comentarios y publicaciones que pudieron hacer otras personas, ya no es mi problema. 

Yo nunca me referí a él específicamente en el vídeo ni incité a nadie a hacerlo. En mis manos no está la responsabilidad sobre lo que la gente pueda decir al respecto.

P. ¿Cómo está viviendo su madre todo este proceso? ¿Ha cambiado la relación entre ustedes o la manera de afrontar la presión de las autoridades?

R. Mi mamá es una valiente. Ella me ha apoyado en todo momento desde el principio. Me imagino que, como madre, tendrá su preocupación con todo este proceso, pero está confiada también en que saldremos de todo esto lo mejor posible, con la ayuda de Dios. Ella está firme, al igual que yo.

P. Desde marzo ambas están sometidas a medidas que limitan su movilidad. ¿Cómo es su vida cotidiana ahora?

R. La verdad es que nunca hemos sido de salir mucho a la calle, pero no es lo mismo quedarse en casa por gusto de nosotras a tener que limitarnos por una orden, y menos aún si esa orden es injusta.

Tratamos de que toda esta situación no nos afecte demasiado, pero siempre tenemos en cuenta la vigilancia hacia nosotras por parte de la Seguridad del Estado en cada movimiento que damos.

Yo no he podido trabajar más desde que la Seguridad del Estado propició mi desempleo en mi antiguo trabajo [en un salón de belleza de gestión privada]. Gracias a Dios, mi hermana [residente en Estados Unidos] nos ayuda con los gastos de la casa.

Pero es vivir constantemente con cortes de internet, sabiendo que tenemos los móviles intervenidos, que escuchan las llamadas y leen los mensajes. Muchas veces nos quedamos completamente incomunicadas.

Tenemos vigilancia en la casa, sobre todo cuando hay fechas que a ellos no les gustan, cuando son fechas que la dictadura no quiere. Hacen llamadas al teléfono fijo de la casa. A veces se quedan sin hablar y solo se escucha la respiración. Otras veces se identifican como Seguridad del Estado y pueden llamar a cualquier hora.

Todo esto es para desestabilizarnos a mi mamá y a mí y mandar un mensaje de presión, para hacer saber que ellos tienen el control.

P. ¿Qué es lo que más le preocupa del juicio? ¿Una eventual condena, las consecuencias para su libertad o lo que pueda ocurrir durante y después del proceso?

R. Obviamente nos preocupa lo que pueda resultar del juicio porque no hay nada claro. Sabemos que todo lo que se está haciendo tiene segundas intenciones. Es un proceso injusto en el que van a buscar todas las vías para que sea más injusto todavía.

Se nos está juzgando realmente por nuestra manera de pensar y no por el supuesto delito que ellos dicen. Pero no sabemos qué va a pasar ese día.

P. ¿Qué cree que pretende conseguir el régimen cubano llevando este caso hasta los tribunales? ¿Cree que quieren hacerle callar?

R. Desde septiembre del año pasado comencé a alzar la voz aquí en Cuba, y ahora estoy más firme; en ningún momento he pensado en callarme porque no he hecho nada mal. Simplemente lo que he hecho ha sido expresarme.

Lo que pasa es que a la dictadura cubana no le convienen mis convicciones, pero eso no va a pararme. Aquí en Cuba todos sabemos que no hay separación de poderes. El tribunal responde a lo que a la dictadura le convenga. Los tribunales son un brazo más del órgano represivo de la dictadura y obviamente estoy cien por cien segura de que todo esto es una estrategia más para intimidar a todo el que alce la voz, en este caso a mi mamá y a mí.

Ellos tienen un objetivo marcado porque mi voz ya les molesta, les hace ruido, y lo han dejado bien claro en los interrogatorios a los que me han sometido. Como eso no les ha funcionado, van subiendo de nivel la represión, a ver hasta cuándo uno cede y ellos consiguen lo que quieren. En este caso, callarme.

P. ¿Qué importancia tiene para usted que otros gobiernos y organizaciones estén siguiendo lo que les ocurre?

R. Yo sinceramente estoy súper agradecida con todo aquel medio de comunicación que quiera darle visibilidad a mi caso y al de mi mamá. Así se da a conocer cómo actúa la dictadura.

Es bastante importante que ellos sientan la presión de la prensa internacional cuando saben que lo que están cometiendo es una injusticia. Y no solo lo digo por mí, sino también por todos los casos de personas que sufren represión en Cuba por alzar la voz, y más aún por los presos políticos.

P. ¿Qué le diría a un joven cubano que esté pensando en empezar a denunciar públicamente lo que ocurre en el país y que ahora vea su caso y tenga miedo?

R. Desde que empecé todo este proceso, a todas las personas que se me acercan y dicen que quieren alzar la voz y decir lo que piensan libremente, yo les doy mi apoyo, pero también hay que aconsejarlos.

Yo les digo que pongan las cartas sobre la mesa y vean todo lo que pueden perder por ser fieles a sus convicciones. Si esa persona está dispuesta, pues adelante, que lo haga.

Y también les digo que lo hagan bien, con sabiduría, con estrategia y que siempre hablen desde el respeto. Digo con estrategia porque sabemos que debemos ser cuidadosos. Cuando se alza la voz en Cuba, es como estar en una cuerda floja y abajo te esperan cien cocodrilos babeando, esperando el más mínimo fallo de equilibrio para comerte y no dejar restos de ningún tipo.

Y otra cosa que siempre digo es que, si lo van a hacer, que lo hagan sin esperar nada a cambio.

Fuente: 14 y medio

¿Cómo estamos con el diésel hoy?: Paz usa X para consultar a cabezas del sector

En un hecho inusual, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, utilizó la red social ‘X’ (ex Twitter) para consultar a las cabezas del sector hidrocarburífero “¿cómo estamos con el diésel hoy?”.

En su mensaje, Paz etiquetó al nuevo ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, y al flamante presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, quiénes contestaron a la consulta del Jefe de Estado en la misma red social.

Blanco, por un lado, señaló que “estamos en operación continua para restablecer el abastecimiento de diésel en todo el departamento”, aunque no especifica cuál, considerando que más de uno presenta largas filas en los surtidores.

Y agrega que “hay distribución activa, seguimiento en territorio y control permanente para garantizar que el combustible llegue donde tiene que llegar y dar tranquilidad a la patria”.

Por su parte, Daroca informó a Paz que este viernes se despacharon2 millones de litros de diésel desde Senkata hacia La Paz y El Alto.

“En paralelo, estamos importando un volumen importante de diésel hasta el 28 de abril, más de 1.200 cisternas en tránsito lo cual pronto compartiremos a la población con más detalle”.

Los mensajes del Ministro de Hidrocarburos y del Presidente de YPFB fueron “retuiteados” por Paz, quien recibió duras criticas en las respuestas de su mensaje en ‘X’.

Fuente: Oxigeno

Libertad de expresión y libertad académica

Las universidades de Estados Unidos se encuentran en apuros, enzarzadas en una guerra cultural en múltiples frentes en la que se les acusa de "wokismo", antisemitismo, admisiones discriminatorias, prácticas de contratación preferenciales, adoctrinamiento y rebaja de los estándares académicos. Una encuesta reciente reveló que "solo el 28% de los administradores y el personal de apoyo que trabajan en instituciones privadas de cuatro años están totalmente de acuerdo en que la educación que imparte su institución vale lo que cuesta" (Shaw et al. 2025). Un estudio del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia informa de que hasta 80 universidades podrían cerrar en los próximos cinco años (Kelchen et al. 2024). Las universidades tienen un grave problema con su propuesta de valor, y su propia supervivencia pende de un hilo.

A los problemas de las universidades se suman las serias preocupaciones sobre la libertad académica. Según los informes, alrededor del 80% de los estudiantes universitarios se autocensuran en sus interacciones con compañeros y profesores (Carrasco, 2021). Esos hallazgos coinciden con mi propia experiencia. Habitualmente preguntaba a mis alumnos el primer día de cada semestre si sentían alguna presión a la hora de responder a las preguntas de los debates en clase o de los exámenes para complacer las inclinaciones políticas o sociales de sus profesores. De media, el 85% respondía afirmativamente a esta pregunta. Hay cierta ironía en el hecho de que la libertad académica esté siendo atacada precisamente por los mismos profesores que alegan que se está violando su derecho a la libertad de expresión, amparado por la Primera Enmienda.

Es una práctica habitual que las universidades prohíban la entrada a determinados ponentes en el campus porque se les considera demasiado controvertidos y pueden incitar a la violencia. Esas preocupaciones pueden partir de buenas intenciones, pero existe un riesgo significativo de que se transformen en algo más siniestro: intentos apenas velados de controlar el pensamiento de los estudiantes y sofocar el debate sin restricciones.

Principios

El principio de la libertad académica es la idea consagrada por el tiempo de que tanto los profesores como los estudiantes deben ser libres de dedicarse a la investigación, al discurso intelectual crítico y al debate apasionado y razonado sobre prácticamente cualquier tema o cuestión relevante sin temor a represalias o prejuicios. Se supone que la universidad debe servir como el foro intelectual que promueve una contienda de ideas rigurosa, objetiva y sin tapujos. Existen esencialmente dos tipos de profesores: los que educan para formar líderes intelectuales y los que adoctrinan para crear seguidores acríticos. Los primeros entienden que el aprendizaje es un proceso de destrucción creativa en el que las nuevas ideas desafían y desplazan constantemente a las antiguas. En 1837, Ralph Waldo Emerson subrayó esta idea en un discurso titulado "El erudito americano" ante la Sociedad Phi Beta Kappa del Harvard College:

Los jóvenes dóciles crecen en las bibliotecas, creyendo que es su deber aceptar las opiniones que Cicerón, Locke y Bacon han expuesto, olvidando que Cicerón, Locke y Bacon no eran más que jóvenes en las bibliotecas cuando escribieron esos libros.

La misión educativa no es producir clones intelectuales de los profesores, sino animar a los estudiantes a tener el valor de pensar de forma rigurosa, crítica y objetiva para desafiar la ortodoxia imperante. John Maynard Keynes describió este ejercicio como "una lucha por escapar de los modos habituales de pensamiento y expresión".

Límites difusos

Los profesores a veces hacen declaraciones polémicas y las universidades han tenido dificultades para lidiar con las consecuencias. En una historia que atrajo la atención nacional, la profesora de Derecho de la Universidad de Pensilvania Amy Wax fue relevada de la docencia de una asignatura obligatoria de primer curso, se le redujo la mitad de su salario anual y se le retiró su cátedra dotada porque, supuestamente, hizo declaraciones despectivas sobre la capacidad de los estudiantes negros. En un podcast de octubre de 2017 presentado por el economista de la Universidad de Brown Glenn Loury, dijo: "No creo haber visto nunca a un estudiante negro graduarse entre el primer cuarto de la clase, y muy, muy rara vez, entre la mitad superior".

La cuestión no es si estas declaraciones están protegidas por la Primera Enmienda; lo están. Pero Penn no es una institución estatal; es una entidad privada que, dentro de ciertos parámetros, establece sus propias políticas de empleo. Entre esas políticas se encuentra la concesión de una amplia libertad académica al profesorado. Sin embargo, esas políticas también obligan al profesorado a respetar la libertad académica de los estudiantes. Por lo tanto, la cuestión es si las declaraciones de Wax socavan la misión educativa de Penn al hacer prácticamente imposible que los estudiantes negros participen en un discurso crítico en su aula y sigan creyendo que serán evaluados objetivamente únicamente en función de los méritos de su rendimiento; es decir, si se viola su libertad académica. Si es así, entonces Wax ha traspasado los límites de la libertad académica, y su empleo puede verse en peligro.

En otro ejemplo muy sonado, Larry Summers fue destituido como rector de Harvard después de que se interpretara que unos comentarios que hizo en una conferencia académica sugerían que las mujeres tienen menos aptitudes matemáticas que los hombres (Lo que realmente dijo fue que los hombres están sobrerrepresentados en ambos extremos de la distribución de aptitudes matemáticas, y que esto podría ser una razón por la que los hombres superan en número a las mujeres en los puestos de élite del profesorado de ingeniería y ciencias). La respuesta de la comunidad académica fue rápida y virulenta. Es posible que las declaraciones de Summers estuvieran redactadas de forma poco sensible, pero no fueron maliciosas a propósito. Se le pidió específicamente que abordara por qué el mundo académico ha tenido un éxito limitado a la hora de conceder la titularidad a profesoras de ingeniería y ciencias físicas, a pesar de los esfuerzos por equilibrar la representación de género.

Actualmente hay una falta de un sólido respaldo empírico (lo cual no quiere decir que no haya ningún respaldo en absoluto) para la hipótesis de Summers y, en particular, sobre si las diferencias que puedan existir son de naturaleza biológica o ambiental (Vos et al. 2023). No obstante, la conjetura en sí misma no es descabellada. Los psicólogos educativos han descubierto que hombres y mujeres no aprenden necesariamente de la misma manera, lo que ha dado lugar a experimentos con escuelas y aulas específicas para cada género. Por lo tanto, no es inconcebible que las fortalezas relativas de hombres y mujeres puedan variar según las disciplinas académicas.

Todo esto plantea la pregunta de si Summers fue destituido como rector de Harvard porque su conjetura carecía de un sólido respaldo empírico o porque se consideró de forma instintiva que era herética. Descartar la posibilidad de que existan diferencias porque tal idea pueda "ofender" es contrario al propósito de la academia, que es abordar activamente cuestiones difíciles (y a veces incómodas). La universidad debería ser un lugar sagrado donde ninguna pregunta, independientemente de su potencial para ofender, se considere tabú.

Asumir que no hay diferencias cuando estas existen puede dar lugar a una asignación ineficiente de los recursos de la sociedad. Las universidades tenderían naturalmente a aplicar un porcentaje uniforme de profesorado femenino en todos los departamentos académicos, cuando la eficiencia podría exigir un porcentaje no uniforme. Este es el principio económico de la ventaja comparativa en acción. Esto no quiere decir que la eficiencia estática deba ser determinante, ya que el peso asignado a los modelos a seguir que fomentan un mayor interés por las ciencias entre las mujeres también debería tenerse en cuenta.

Una controversia relacionada con la "libertad de expresión" saltó a la palestra tras el asesinato del activista político Charlie Kirk. Una profesora de psicología de la Universidad Estatal de Fort Hays (Kansas), Nuchelle Chance, fue suspendida después de escribir en Facebook que "los hombres blancos estadounidenses son los animales más peligrosos del planeta". Un profesor de arte de la Universidad de Dakota del Sur, Phillip Michael Hook, fue amenazado con el despido cuando supuestamente se refirió a Kirk como un "nazi que difunde el odio". En una resolución provisional, el juez del caso Hook determinó que el profesor "tiene derecho a la protección de la Primera Enmienda" y que la universidad no presentó "ninguna prueba de perturbación" en respuesta a su publicación en las redes sociales.

En otro caso más, indicativo de un problema creciente de antisemitismo en los campus universitarios, un profesor de Derecho de la Universidad de Kentucky, Ramsi Woodcock, alegó que se habían violado sus derechos amparados por la Primera Enmienda cuando fue expulsado del aula tras pedir públicamente una acción militar para acabar con la existencia de Israel. La universidad replica que tiene la obligación, en virtud del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, de velar por la seguridad y el bienestar de sus estudiantes y personal.

Las universidades no han establecido una prueba de fuego para determinar cuándo el ejercicio de la libertad de expresión por parte de un profesor viola el principio de libertad académica, ni es probable que dicha prueba se establezca en un futuro próximo. No obstante, resulta útil esbozar cuáles podrían ser las líneas generales de dicha prueba. La prueba podría comenzar preguntando si existe una alta probabilidad de que las declaraciones públicas del profesor, incluidas las publicaciones en redes sociales, pongan en riesgo a los miembros de la comunidad universitaria o desalienten el discurso crítico y el libre intercambio de ideas en el aula de una manera que justifique las preocupaciones sobre sesgos, prejuicios o falta de objetividad en la evaluación del rendimiento de los estudiantes. Una respuesta afirmativa a cualquiera de estas condiciones sería, en principio, motivo de descalificación.

Las cortes llevan mucho tiempo luchando por encontrar el equilibrio adecuado entre la protección de la libertad de expresión y la regulación de contenidos considerados dañinos o inapropiados. En Jacobellis v. Ohio (1964), un caso histórico sobre la obscenidad, el juez Potter Stewart admitió en su famosa frase que, aunque tal vez no fuera capaz de definir la obscenidad, "la reconozco cuando la veo". Se plantean retos similares en el contexto de la libertad de expresión protegida constitucionalmente y la expresión que se considera contraria al principio de la libertad académica.

Conclusión

La cuestión fundamental del debate no es si los profesores tienen derecho a la libertad de expresión, sino si el ejercicio sin restricciones de ese derecho corre el riesgo de pisotear la libertad académica de sus estudiantes. Un profesor que abraza el principio de la libertad académica y está plenamente comprometido con la misión educativa en general debería estar dispuesto a autoimponerse ciertos límites a su libertad de expresión. Es cierto que se trata de una pendiente resbaladiza, y la sociedad tendrá que decidir en última instancia de qué lado prefiere equivocarse.

Fuente: El Cato

El Índice Chapultepec registra grave declive de la libertad de prensa en las Américas

La sexta edición del Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa difundida hoy en un evento virtual de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) plantea un escenario particularmente preocupante para el periodismo en las Américas: el promedio global alcanzó su nivel más bajo desde la creación del indicador con una cifra de 47,13 puntos sobre un máximo de 100.

Durante la presentación del estudio, el director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) Carlos Lauría advirtió que los resultados confirman “un deterioro significativo tanto en regímenes autoritarios como en democracias consolidadas”, reflejo de una tendencia regional marcada por presiones políticas, violencia, acoso judicial y crecientes riesgos para el ejercicio del periodismo.

Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora de la Organización Editorial Mexica (OEM) subrayó la proliferación de discursos y prácticas de corte autoritario que buscan presentar a la prensa como “enemigo número uno” con el objetivo de evadir la rendición de cuentas y debilitar el escrutinio público.

León Hernández, coordinador académico del índice e investigador de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), presentó los resultados elaborados a partir de la evaluación de 195 expertos sobre libertad de expresión en 23 países. Entre los hallazgos más relevantes destacan:

• Liderazgo precario: República Dominicana se mantiene en el primer lugar con 82,17 puntos, siendo la única nación ubicada en la categoría “Con Libertad de Expresión”. Sin embargo, Hernández advirtió sobre la presencia de una “mordaza sigilosa”, caracterizada por el uso discrecional de la publicidad oficial y por la vulnerabilidad económica que afecta a numerosos medios de comunicación.

• Caídas alarmantes: Estados Unidos registró el descenso más pronunciado del índice al perder 22,65 puntos, pasando del cuarto al undécimo lugar. El informe atribuye este retroceso a un entorno marcado por la retórica hostil hacia la prensa durante el gobierno del presidente Donald Trump, la eliminación de ciertas salvaguardas institucionales y episodios de agresiones contra periodistas durante coberturas informativas.

• La franja roja: Venezuela (7,02 puntos) y Nicaragua (18,22 puntos) continúan ubicándose en la categoría “Sin Libertad de Expresión”. En el caso venezolano, la SIP denunció la consolidación de una estructura sistemática de censura que ha derivado en el cierre de más de 400 emisoras de radio y en la detención de 25 periodistas tras los acontecimientos electorales de 2024.

El caso de El Salvador

Sergio Arauz, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), profundizó en la situación de su país, que se ubica junto a Cuba, Venezuela y Nicaragua en los niveles más críticos del índice.

Arauz denunció una “escalada represiva” en el contexto del régimen de excepción impulsado por el gobierno de Nayib Bukele. Según explicó, el uso de la Ley de Agentes Extranjeros, sumado al hostigamiento judicial contra medios y periodistas, ha obligado al exilio a alrededor de cincuenta periodistas salvadoreños en el último año.

“No hay posibilidades de ejercer el periodismo plenamente sin enfrentar consecuencias cuando existe un Poder Ejecutivo con facultades prácticamente ilimitadas y sin controles efectivos”, afirmó Arauz, subjefe de redacción de El Faro, cuya redacción opera actualmente desde el exterior. Además, alertó sobre el crecimiento de la autocensura entre la población salvadoreña, impulsada por el temor a represalias.

El período analizado se consolida como uno de los más difíciles para el ejercicio del periodismo en la región, marcado por homicidios, detenciones arbitrarias, procesos judiciales y exilios forzados que afectan a periodistas desde México y Centroamérica hasta varios países del Cono Sur.

Entre los mecanismos más frecuentes de restricción figuran la criminalización del periodismo independiente, el uso de discursos estigmatizantes contra la prensa y diversas formas de asfixia económica deliberada contra medios críticos.

Mientras República Dominicana se mantiene como el único país con una puntuación superior a los 80 puntos, seguida por Chile, Canadá, Brasil, Uruguay y Jamaica, gran parte del hemisferio enfrenta el desafío de fortalecer mecanismos de protección para periodistas y revisar marcos legales que restringen o desincentivan la libre expresión.

De cara a 2026, la región se encamina hacia una etapa marcada por procesos electorales y cambios geopolíticos que podrían redefinir el entorno informativo, planteando nuevos dilemas, desafíos y responsabilidades para la defensa de la libertad de prensa.

El Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa puede consultarse en el siguiente enlace.

Fuente: SIP

Se inaugura Etseasa Medi, una exposición que trasladará a los visitantes al corazón de la amazonía boliviana

Una mirada íntima y profunda a cuatro pueblos indígenas de la Amazonía boliviana. Esa es la principal propuesta de Etseasa Medi, una exposición que, a través de imágenes, sonidos y objetos, invita a los visitantes a realizar un recorrido sensorial por los territorios, saberes y manifestaciones culturales de los pueblos Tacana, Ese Ejja, Machineri y Yaminahua, que habitan en el norte de Bolivia, en el departamento de Pando.

La muestra se inaugurará este miércoles 3 de diciembre en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Santa Cruz – AECID (calle Arenales No. 583). La exposición reúne fotografías y videos de oZzo Ukumari, Eva María Coimbra, Wara Vargas, Andro Molina, Rudy Covarrubias y Milton Sosa, e incluye textos de Claudia Cuéllar Suárez, con curaduría de María Schneider.

“Nuestro gran desafío es que, a través de la ambientación y las imágenes, el espectador se traslade al territorio y comprenda la cultura, las formas de vida y los desafíos que enfrentan estos pueblos”, explica Schneider, al referirse a la exposición, que permanecerá abierta al público hasta mayo de 2026.

La exhibición se desarrolla en el marco del proyecto “Etseasa Medi: Promoción de los derechos de los pueblos indígenas de Tierras Bajas de Bolivia”, una iniciativa orientada a visibilizar, fortalecer y defender los derechos culturales y territoriales de las comunidades indígenas mediante acciones culturales y comunicacionales.

La inauguración forma parte de las Jornadas Culturales «Etseasa Medi», que se desarrollarán del 2 al 8 de diciembre en el Centro de Formación. Durante esta semana, el público podrá disfrutar de una programación diversa que incluye una muestra internacional de cine indígena, un laboratorio gastronómico amazónico y dos conciertos que fusionan la música urbana con la tradición misional.

Cierran las Jornadas el concierto Oñondive, juntos en guaraní, que fusiona la música de la orquesta misional de San Xavier con el rapero urbano Mune, con la dirección del compositor Cergio Prudencio.

Etseasa Medi cuenta con la web https://etseasamedibolivia.aecidscz.com/ donde se puede acceder a más información sobre estos pueblos indígenas amazónicos, videos cortos, fotos y audios, así como información sobre el proyecto y sus resultados.

Fuente: Periodista Virtual

28 de septiembre: El derecho a saber sigue en deuda en Venezuela

En el marco del Día Internacional del Acceso Universal a la Información, desde el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela) advertimos que el derecho a saber sigue en deuda. La opacidad estructural, la censura sistemática y la desinformación promovida desde el poder mantienen a la ciudadanía sin garantías reales de acceso a datos públicos confiables.

En 2025, la ciudadanía continúa sin contar con mecanismos legales ni garantías efectivas que aseguren el acceso a datos públicos de interés colectivo. Las cifras sobre salud, educación, economía, seguridad y gestión estatal permanecen ocultas o fragmentadas, lo que limita la participación ciudadana y el control democrático.

A esta falta de transparencia se suma la asfixia deliberada contra los medios y periodistas:

• 61 medios independientes bloqueados en internet, más de 90 dominios afectados y restricciones a plataformas como X, YouTube, TikTok, Signal y Telegram. 
• Cinco estaciones de radio cerradas en Bolívar, Portuguesa y Táchira, afectando a comunidades que dependen de la radio como principal fuente informativa. 
• 15 periodistas y trabajadores de la prensa presos, de los cuales en siete casos no existe información oficial sobre su paradero ni sobre los procesos en su contra. 
• Hostigamiento cotidiano contra la prensa: destrucción y confiscación de equipos, amenazas, amedrentamiento y vigilancia intimidatoria.

El Atlas del Silencio de IPYS Venezuela ha revelado que más de 7 millones de personas viven en desiertos de noticias, es decir, en municipios donde no existen medios locales activos o la oferta es tan limitada que no satisface las necesidades de información de la población.

La situación se agrava con la desinformación sistemática promovida desde el poder. Investigaciones de organizaciones como Cazadores de Fake News y ProBox han documentado cómo redes de cuentas coordinadas difunden campañas de desprestigio, ataques masivos y narrativas manipuladas que profundizan la censura y priva a la ciudadanía de información confiable.

“Saber es tu derecho, exigir es tu poder”: este es el lema de la campaña 2025 que busca recordar que la información no es un privilegio, sino un derecho humano indispensable para la vida digna y la democracia.

En este Día Internacional del Acceso Universal a la Información, reiteramos que sin datos públicos, sin medios libres y sin garantías para el periodismo, se vulnera de manera estructural el derecho ciudadano a saber. Exigimos al Estado venezolano cumplir con sus obligaciones internacionales y garantizar la transparencia, el pluralismo y la libertad de expresión.

Fuente: IPYS Venezuela

El Gobierno no debería jugar a ser la policía de la verdad

ABC ha anunciado que suspende indefinidamente el programa nocturno de Jimmy Kimmel. Esto se produce tras dos acontecimientos importantes. En primer lugar, Kimmel pronunció un monólogo en el que dijo que "la banda MAGA" estaba "intentando desesperadamente caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de los suyos". Y, en segundo lugar, el presidente de la FCC, Brendan Carr, dijo en una entrevista que hay "un fuerte argumento de que" el monólogo de Kimmel fue "una especie de esfuerzo intencionado para engañar al pueblo estadounidense sobre un hecho fundamental muy importante". Carr también señaló de manera contundente que "este es un tema muy, muy serio en este momento para [la empresa matriz de ABC] Disney. Podemos hacerlo por las buenas o por las malas. Estas empresas pueden encontrar formas de tomar medidas contra Kimmel, o la FCC tendrá más trabajo por delante".

Si ABC hubiera tomado medidas contra Kimmel por iniciativa propia, no habría ningún problema con la Primera Enmienda. Pero, dadas las declaraciones de Carr, hay motivos de peso para creer que ABC tomó medidas en parte para evitar su amenaza, no tan velada, de una intervención gubernamental. Mi colega Brent Skorup ha explicado cómo la Corte Suprema permitió erróneamente que las cadenas de televisión tuvieran solo derechos de Primera Enmienda "de segunda categoría", otorgando a la FCC un poder excesivo para regular la libertad de expresión en las ondas. Y mi colega David Inserta ha situado este incidente en el contexto más amplio de varias medidas gubernamentales que han amenazado la libertad de expresión a raíz del asesinato de Charlie Kirk.

En este artículo, me centraré en el problema de la justificación esgrimida por Carr para presionar a ABC: la inexactitud de la insinuación de Kimmel de que el asesino de Charlie Kirk era "MAGA". Independientemente de la veracidad o falsedad del comentario de Kimmel, el Gobierno no debe actuar como árbitro de la verdad en el debate público. En la medida en que se ha concedido ese poder a la FCC y la Corte Suprema ha permitido que la FCC lo ejerza, esto solo demuestra lo desfasada que se ha quedado la ley de la televisión en comparación con la tradición estadounidense de libertad de expresión en otros contextos.

La Corte Suprema explicó por qué el Gobierno no debería tener un poder general para vigilar la verdad en Estados Unidos contra Álvarez (2012), un caso sobre la "Ley del Valor Robado". Dicha ley tipificaba como delito mentir sobre haber ganado determinadas medallas y honores, incluso si la mentira no formaba parte de ningún fraude. La Corte Suprema anuló la ley, y el juez Anthony Kennedy señaló en su opinión mayoritaria que "nuestra tradición constitucional se opone a la idea de que necesitamos un Ministerio de la Verdad como el de Oceanía".

De hecho, cuando el gobierno asume la tarea de censurar las falsedades, el resultado puede ser contraproducente. Al igual que censurar un argumento político defectuoso hace que ese argumento sea más difícil de refutar, censurar una declaración falsa hace que sea más difícil de desmentir. Por lo tanto, como explicó el juez Kennedy, "la supresión de la libertad de expresión por parte del gobierno puede hacer que la exposición de la falsedad sea más difícil, no menos. La sociedad tiene el derecho y el deber cívico de participar en un discurso abierto, dinámico y racional". Por todas estas razones, como continuó Kennedy, "el remedio para el discurso falso es el discurso verdadero. Este es el curso normal en una sociedad libre. La respuesta a lo irracional es lo racional; a lo desinformado, lo ilustrado; a la mentira descarada, la simple verdad".

En relación con esto, otorgar tal poder al gobierno llevaría a que muchas declaraciones verdaderas fueran censuradas accidentalmente como falsas, por la simple razón de que nadie (incluidos los funcionarios del gobierno) acertará siempre. Como observó John Stuart Mill en su clásico ensayo Sobre la libertad (1859), "aquellos que desean suprimir" el discurso supuestamente falso "por supuesto niegan su veracidad, pero no son infalibles. ... Negar la audiencia de una opinión porque están seguros de que es falsa es asumir que su certeza es lo mismo que una certeza absoluta. Todo silenciamiento del debate es una suposición de infalibilidad".

En relación con esto, la "policía de la verdad" del gobierno podría fácilmente seleccionar ejemplos concretos de falsedades en redes desfavorecidas y utilizar esas falsedades como justificación para castigar a las redes o a los portavoces. Como escribió el juez Stephen Breyer en una opinión concurrente en Alvarez, "la omnipresencia de las declaraciones falsas [...] proporciona un arma a un gobierno ampliamente facultado para perseguir la falsedad sin más. Y aquellos que son impopulares pueden temer que el gobierno utilice esa arma de forma selectiva, por ejemplo, persiguiendo a un pacifista que apoya su causa afirmando (falsamente) haber sido un héroe de guerra, mientras ignora a los miembros de otros grupos políticos que podrían hacer afirmaciones falsas similares".

El presidente Trump y otros miembros de su administración pueden oponerse, y de hecho lo han hecho, a los discursos con los que no están de acuerdo y a los que consideran falsos. Es su derecho, siempre y cuando sus contraargumentos no crucen la línea de las amenazas del poder estatal. Como escribió el juez Kennedy en el caso Álvarez, "el Gobierno no ha demostrado, y no puede demostrar, por qué los contraargumentos no serían suficientes para lograr su interés. ... La dinámica de la libertad de expresión, de la réplica, de la refutación, puede vencer a la mentira".

La coerción del Gobierno para censurar el discurso es incorrecta, independientemente del partido que esté en el poder. Todos deberíamos preocuparnos cuando el Gobierno asume el papel de vigilante de la "verdad" y utiliza ese manto como herramienta para amenazar y castigar a los oradores que no le gustan.

Fuente: El Cato

Aprehenden a tiktoker por opinar sobre economía

Su abogado defensor Andrés Richter criticó duramente la aprehensión del tiktoker Juan Carlos V., asegurando que se trata de una medida política destinada a “marcar un precedente” contra quienes critican la situación económica del país en redes sociales.

“El mensaje que se está dando por parte de la ASFI de manera abusiva, arbitraria e ilegal a tres meses de irse es que con esta detención el dólar va a volver a 6.96. ¿O que el día de mañana se va a castigar al transportista que diga que no hay diésel o al ama de casa que se queje del precio de la canasta?”, denunció.

Richter sostiene que el arresto del joven vulnera el derecho a la libertad de expresión y constituye un ejemplo peligroso de criminalización del pensamiento crítico.

“No podemos quedarnos callados. Hoy es Juan Carlos, pero mañana puede ser un periodista, un abogado, un ama de casa. Cuando uno pierde la libertad de expresión, se convierte en dictadura”, advirtió.

El abogado reveló que su defendido fue aprendido con una orden del pasado mes de junio, cuando ya existía una resolución de rechazo a la denuncia presentada por la ASFI.

“Lo aprenden en un caso que ya tenía un rechazo. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Por qué la ASFI está vulnerando derechos y garantías de los ciudadanos?”, cuestionó.

También acusó a la ASFI y al gobierno de querer dejar como legado “el precedente de haber detenido a un joven que solo dijo lo que piensan todos los bolivianos”.

Finalmente, señaló que Juan Carlos continúa en celdas policiales en Santa Cruz y que ya prestó declaración. “Legalmente, en las próximas horas debería recuperar su libertad. De lo contrario, interpondremos todas las acciones legales que la ley permite”, concluyó.

Fuente: Red Uno

¿Debería el Estado financiar medios de comunicación?

El 27 de mayo, NPR, Aspen Public Radio, Colorado Public Radio y KSUT Public Radio presentaron una demanda contra la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que cancelaría todo el apoyo federal a los medios de comunicación públicos.

La demanda sostiene que la orden viola la Primera Enmienda y la Ley de Medios de Comunicación Pública de 1967, que impide a las agencias federales controlar la CPB. La CPB distribuye fondos federales a las emisoras locales de radio y televisión públicas.

Dejamos de lado la cuestión de si un presidente o solo el Congreso puede cancelar la financiación federal de la CPB y nos centramos en si dicha financiación es una buena política. Nuestra respuesta es no.

La razón principal es que dicha financiación es incompatible con la Primera Enmienda. Toda política o programa estatal tiene un punto de vista, pero la financiación de la radiodifusión televisiva y radiofónica es especialmente problemática, ya que la financiación estatal subvenciona inevitablemente algunas perspectivas frente a otras. Ni siquiera un proceso de concesión de subvenciones formalmente "neutral" puede escapar a este efecto: el dinero público sostiene los juicios editoriales de los beneficiarios y deja que las voces rivales se las arreglen por sí mismas.

Una segunda cuestión es que la financiación pública no es una respuesta convincente a ningún problema de externalidad o de bienes públicos. Esto es independiente de si la programación de la PBS es "buena". Supongamos que lo es. Pero también lo es cualquier producto que sobrevive en el mercado. La cuestión que se plantea con respecto a la financiación pública es si el mercado no proporcionará un tipo concreto de programación que es valioso.

No existe ningún argumento convincente para esta opinión. Una amplia variedad de plataformas de noticias y medios de comunicación satisfacen un conjunto diverso de demandas y puntos de vista: Disney y Adult Swim para diferentes grupos de edad; The Atlantic y Fox News para diferentes grupos demográficos políticos. Por lo tanto, suponiendo que se haga de forma constitucionalmente válida, eliminar la financiación de la CPB es la política correcta.

Esto no quiere decir que las emisoras respaldadas por la CPB deban desaparecer, solo que deben competir en igualdad de condiciones con otros medios de comunicación. La NPR, la PBS y sus afiliados pueden atraer —y ya lo hacen— donaciones de oyentes, patrocinios corporativos, subvenciones de fundaciones e ingresos por suscripciones digitales. Liberados de las asignaciones federales, conservarían su total independencia editorial y ahorrarían a los contribuyentes el costo y los quebraderos de cabeza constitucionales que conlleva el patrocinio estatal de la prensa.

Fuente: El Cato

Más sobre la esencial libertad de expresión

En estos días ha habido debates, malos entendidos y trifulcas varias en torno a lo que antes se denominaba libertad de prensa y ahora con los nuevos medios y plataformas resulta más apropiado referirse a la libertad de expresión, lo cual abarca todos los canales posibles.

En una sociedad libre este derecho resulta esencialísimo como medida de supervivencia puesto que al decir de Albert Einstein “todos somos ignorantes solo que en temas distintos” el debate abierto es ineludible para aprender, refutar y evolucionar. Como es sabido el conocimiento no es un puerto sino una permanente navegación. Tal como he apuntado otras veces, bajo mi computadora tengo un gran letrero que reza nullius in verba que es el lema de la Royal Society de Londres que significa que no hay palabras finales.

Como nos ha enseñado Karl Popper, el conocimiento tiene la característica de las corroboraciones provisorias sujetas a refutaciones, en eso consiste el avance de la ciencia y de todo lo susceptible de aprenderse en este mar de ignorancia donde los esfuerzos son colosales para captar pequeños trozos de tierra fértil.

Lo dicho se traduce en que cada cual puede decir y escribir lo que le venga en gana lo cual para nada significa que todo lo que se transmite está bien desde un punto de vista fáctico e incluso moral vía engaños, informaciones falsas y diatribas varias. Si alguien siente que sus derechos han sido vulnerados puede recurrir a la Justicia o criticar vía los medios que estime pertinentes o ambas cosas a la vez.

Incluso puede propiciarse un cambio en el sistema político. Por ejemplo, pregunto a mis lectores: ¿cuándo debe proscribirse el comunismo de Platón, en el aula, en la plaza pública o cuando se introduce en una plataforma partidaria? Considero que en ningún caso, la forma de combatirlo es a través de la educación y el antes mencionado debate abierto, lo contrario se traduciría en un efecto boomerang para nuestras propias ideas novedosas.

Nunca bajo ningún concepto es aceptable la censura previa. Hoy día se notan algunos corcoveos por parte de ciertos periodistas tradicionales que han estado acostumbrados al monopolio del micrófono o de la impresora y se encuentran con nuevos frentes. En realidad el término “periodista” remite a periódico por lo que en nuestros tiempos hay que extenderlo a quienes comunican sistemáticamente, independientemente al medio a que recurran de modo que se extiende grandemente esa labor a muy diferentes avenidas comunicacionales.

Gregorio Badeni quien fuera mi gran amigo escribió un tratado sobre la antes denominada libertad de prensa que abarca 844 suculentas páginas donde analiza el tema desde muy diversas perspectivas. En este caso me limito a referirme a su mención al llamado “derecho a réplica” que critica agudamente. Sostiene que constituye un ataque al derecho de propiedad puesto que obliga al dueño del medio en cuestión a dar cabida a una o varias réplicas. Es equivalente a que se obligue a representar otra versión de una obra teatral, una producción de cine o darle la tribuna a otra persona que no le ha gustado la conferencia anterior y así sucesivamente. En este contexto concluye preguntando y respondiendo: “¿Pueden existir jurídicamente los abusos de prensa? Entiendo que no”. Esto último es similar a lo escrito por Marco Aurelio Risolia en su tesis doctoral de 1946 Soberanía y crisis del contrato cuando consigna que “abuso del derecho es una contradicción en los términos, un mismo acto no puede ser simultáneamente un derecho y su negación”. Es parecido a la sandez de sostener que la libertad de uno termina cuando comienza la del otro, en este contexto la libertad no tiene límite, la invasión de otra libertad es puro libertinaje.

Por supuesto que hay cosas que se dicen que no nos gustan, incluso nos repugnan pero eso es otro cantar que bajo ningún concepto puede cercenar la libertad de expresión que constituye el bastión fundamental de la sociedad abierta, no solo para estar informado sino para fortalecer y alimentar el proceso del conocimiento y para ponerle coto al abuso del poder político.

Viene muy al caso reproducir una cita de la obra clásica de John Bury titulada Historia de la libertad de pensamiento: “El mundo mental del hombre corriente se compone de creencias aceptadas sin crítica y a las cuales se aferra firmemente […] Una nueva idea contradictoria respecto a las creencias que sustenta, significa la necesidad de ajustar su mente […] Las opiniones nuevas son consideradas tan peligrosas como molestas, y cualquiera que hace preguntas inconvenientes sobre el por qué y el para qué de principios aceptados, es considerado un elemento pernicioso”.

Es de especial importancia finiquitar la mugre de las pautas oficiales que hacen aparecer como competidores de información cuando son coactivamente financiados por el fruto del trabajo ajeno lo cual es un fraude escandaloso a lo que no pocos de los llamados comunicadores se han acostumbrado. También es pertinente explorar otros andariveles que ayudan a disponer de elementos de juicio más acabados que permiten exhibir un cuadro de situación algo más completo. En primer lugar, la existencia de ese adefesio que se conoce como “agencia oficial de noticias”. Cuando los gobiernos deban anunciar algo simplemente tercericen la respectiva publicidad. La constitución de una agencia estatal de noticias es una manifestación autoritaria a la que lamentablemente no pocos gobiernos se han acostumbrado.

Es también conveniente para proteger la muy preciada libertad a la que nos venimos refiriendo que en este campo se de por concluida la figura atrabiliaria de la concesión del espectro electromagnético y asignarlo en propiedad para abrir las posibilidades de subsiguientes ventas, puesto que son susceptibles de identificarse del mismo modo que ocurre con un terreno. De más está decir que la concesión implica que el que la otorga es el dueño y, por tanto, tiene el derecho de no renovarla a su vencimiento y otras complicaciones y amenazas a la libre expresión de las ideas que aparecen cuando se acepta que las estructuras gubernamentales se arroguen la titularidad, por lo que en mayor o menor medida siempre pende la espada de Damocles. 

De la libertad de expresión se sigue la de asociación y de petición que deben minimizar las tensiones que eventualmente generen batifondos extremos y altos decibeles que afectan los derechos del vecino, lo cual en un sistema abierto se resuelve a través de fallos en competencia como mecanismo de descubrimiento del derecho y no como ingeniería legislativa y diseño arrogante. 

Fenómeno parecido sucede con la pornografía y equivalentes en la vía pública que, en esta instancia del proceso de evolución cultural, hacen que no haya otro modo de resolver las disputas como no sea a través de mayorías circunstanciales. Lo que ocurre en dominios privados no es de incumbencia de los gobiernos, lo cual incluye la televisión que con los menores es responsabilidad de los padres y eventualmente de las tecnologías empleadas para bloquear programas. En la era moderna, carece de sentido tal cosa como “el horario de protección al menor” impuesto por la autoridad, ya que para hacerlo efectivo habría que bombardear satélites desde donde se transmiten imágenes en horarios muy dispares a través del globo. Las familias no pueden ni deben delegar sus funciones en aparatos estatales como si fueran padres putativos, cosa que no excluye que las emisoras privadas de cualquier parte del mundo anuncien las limitaciones y codificadoras que estimen oportunas para seleccionar audiencias.

Otra cuestión también controversial se refiere a la financiación de las campañas políticas. En esta materia, se ha dicho y repetido que deben limitarse las entregas de fondos a candidatos y partidos puesto que esos recursos pueden apuntar a que se les “devuelva favores” por parte de los vencedores en la contienda electoral. Esto así está mal planteado, las limitaciones a esas cópulas hediondas entre ladrones de guante blanco mal llamados empresarios y el poder, deben eliminarse vía marcos institucionales civilizados que no faculten a los gobiernos a encarar actividades más allá de la protección a los derechos y el establecimiento de justicia. La referida limitación es una restricción solapada a la libertad de expresión, del mismo modo que lo sería si se restringiera la publicidad de bienes y servicios en diversos medios orales y escritos. 

Afortunadamente han pasado los tiempos del Index Expurgatorius en el que Papas pretendían restringir lecturas de libros, pero irrumpen en la escena comisarios que en varios lares limitan o prohíben la importación de libros, dan manotazos a la producción y distribución de papel o, al decir del decimonónico Richard Cobden, establecen exorbitantes “impuestos al conocimiento”. La formidable invención de la imprenta por Pi Sheng en China y más adelante la contribución extraordinaria de Gutenberg, no han sido del todo aprovechadas, sino que a través de los tiempos se han interpuesto cortapisas de diverso tenor y magnitud pero en estos momentos han florecido (si esa fuera la palabra adecuada) megalómanos que arremeten con fuerza contra los comunicadores independientes (un pleonasmo pero en vista de lo que sucede en diversas partes del mundo, vale el adjetivo). Afortunadamente –como queda dicho– irrumpieron novedosos medios que con sus pro y contras según su uso básicamente fortalecen la comunicación. Nunca será suficiente que reiteremos la trascendencia de la libertad de expresión para que sobreviva el respeto recíproco inherente a la libertad.

Fuente: El Cato

UMSS organiza coloquio sobre libertad de expresión y democracia

La relación entre universidad, libertad de expresión y democracia será motivo de un coloquio organizado por la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), este viernes 23 de mayo, a las 9.00 en el Aula Magna de su Facultad de Humanidades (calle Sucre).

Los panelistas invitados para la actividad son el comunicador, docente e investigador Marcelo Guardia, el comunicador, escritor y docente Xavier Jordán y el comunicador, periodista y docente Santiago Espinoza. La moderación estará a cargo de Rocío Zavaleta, directora de la carrera de Comunicación Social de la UMSS.

El coloquio es el tercero de una serie llevada adelante por la Dirección de Relaciones Internacionales y Convenios (DRIC) de la UMSS, en coordinación con el Rectorado, el Vicerrectorado y la Secretaría General, siguiendo la agenda oficial de la universidad pública cochabambina, para honrar el Bicentenario de Bolivia.

El jefe de Internacionalización y Proyectos de la DRIC, Xavier Jordán, informó que los coloquios tienen como eje conductor el vínculo entre la universidad y la democracia.

El primer coloquio analizó el papel de la universidad en la reconquista de la democracia en Bolivia, el segundo se abocó a la internacionalización como agente democratizador para la universidad y el de este viernes apunta a reflexionar sobre el rol de la universidad en la defensa de la libertad de expresión, precisó Jordán.

El cuarto y último coloquio, programado para el mes de junio, se ocupará de analizar la relación entre universidad y ciudadanía, procurando perfilar las bases para que la institución universitaria promueve la participación ciudadana. Esta actividad estará coorganizada con el Centro de Estudios Superior Universitarios (CESU) de la UMSS.

Como en las anteriores versiones, el coloquio de este viernes 23 está abierto a la comunidad universitaria y al público en general.

Fuente: Opinion

Día Mundial de la Libertad de Prensa: con proyectos de innovación, periodistas buscan prevalecer sus derechos

En el Día Internacional de la Libertad de Prensa, periodistas del país destacan la labor y esfuerzos de la Fundación para el Periodismo que impulsa proyectos para innovar y hacer prevalecer los derechos fundamentales en el ejercicio de sus labores; en un contexto complejo donde se registran a diario agresiones y restricciones.

Desde la Fundación para el Periodismo se han realizado en esta gestión 2024-2025 dos grandes proyectos en pro de la libertad de prensa: un diplomado en Derechos Humanos y Libertad de Expresión que utiliza el formato de laboratorio para que los participantes desarrollen proyectos innovadores enfocados en el acceso a la información.

El proyecto de diplomado denominado MediaLab impulsa nuevos emprendimientos comunicacionales que contribuyan al sostenimiento de los medios en Bolivia y a la producción de contenidos atractivos para las audiencias.

El segundo proyecto es de la Red de Apoyo y Protección a Periodistas (RAPP) que brinda asesoramiento jurídico y respaldo nacional e internacional en casos de agresiones hacia periodistas.

Los periodistas Marylem Martínez de Cochabamba, Daniel Rivera y Silvia Rentería Maldonado de Tarija resaltan que las capacitaciones les ayudaron a repasar sobre todo el marco normativo, abrir nuevas opciones y reconocer las falencias del sistema en temas de acceso a la información, además de identificar riesgos y obtener capacidades para defenderse en temas de violencia. «En muchos casos hay situaciones que como periodistas ya las hemos naturalizado, pero que en realidad, se constituyen en vulneraciones de la libertad de de prensa. Entonces, identificarlo y saber que podemos denunciar o hacer prevalecer este derecho ha sido muy importante», explicó Rivera.

Marylem Martínez destaca la seguridad que brindan estos proyectos en pro de la libertad de prensa en el país. «Las capacitaciones de la Fundación para el Periodismo no solo fortalecen el conocimiento legal y ético, sino que brindan el respaldo profesional de expertos como abogados especializados, esto se traduce en mayor confianza en el ejercicio de la labor periodística».

Proyectos de cambio

Silvia Rentería y Daniel Rivera fueron parte del grupo Acceso que ganó un financiamiento para viabilizar su proyecto de innovación en la gestión 2024, denominado «El Muro de la Vergüenza».

«El Muro de la Vergüenza es una plataforma digital que identifica, expone y denuncia a instituciones y autoridades que bloquean el acceso a la información pública». Rentería resalta que este proyecto también reconoce y promueve a quienes cumplen con la transparencia por medio de incentivos positivos. «En este caso, se utiliza un sistema de semáforo social, donde el sector del Muro Rojo expone a quienes bloquean la información, el Muro Amarillo visibiliza a quienes rectifican su actitud tras la mediación y el Muro Verde reconoce a los que facilitan información de manera eficiente para el trabajo periodístico».

Martínez cursa el diplomado sobre derechos humanos y se encuentra en etapa de planeación de su proyecto. «Los conocimientos previos, adquiridos en otras capacitaciones -de la Fundación para el Periodismo- me han servido como base sólida para afrontar este nuevo proceso formativo. Esta continuidad ha sido clave para consolidar mi visión crítica y comprometida con la defensa de la libertad de expresión desde el periodismo».

Entre 2022 y 2024 han participado 133 periodistas en las diferentes ediciones de MediaLab.

¿Cómo perciben el futuro en temas de libertad de prensa?

Los tres periodistas no ven con optimismo el futuro del país en el tema de libertad de prensa. Martínez señala que persiste una barrera por temas de presión económica que limitan las líneas editoriales y también la libertad de los periodistas. «Como periodista freelance, muchas veces recibo pautas con preguntas ya estructuradas para entrevistas con gerentes o voceros de instituciones; lo que refleja un preocupante nivel de alineamiento con intereses económicos, comprometiendo la independencia periodística».

Un aspecto similar es observado por Rentería que añade otras problemáticas que se convierten en desafíos que deben ser afrontados en el país como el caso de la violencia física y digital hacia periodistas, además de las restricciones en el acceso a la información.

El último punto es ampliado por Rivera, quien ha notado un retroceso en el acceso a la información. «Ya no se está nutriendo a los sitios web desde organismos que deberían hacerlo por ley». El periodista cuestiona que las páginas institucionales estatales solo brindan información general que no permite profundizar ni analizar. «Cuando tú haces una solicitud de información, ya sea verbal o escrita, te empiezan a poner un sinfín de barreras o restricciones».

Según el informe de Reporteros Sin Fronteras (TSF por sus siglas en inglés), Bolivia se encuentra en el puesto 93 de 180 países que están en la clasificación mundial de libertad de prensa.

El documento de Reporteros Sin Fronteras refleja las falencias que se viven en el país por agresiones a periodistas y un limitado acceso a la información.

Con ese contexto, organizaciones como la Fundación para el Periodismo impulsan proyectos de desarrollo a favor de los periodistas del país.

Día Mundial de la Libertad de Prensa

El 3 de mayo fue proclamado en 1993 como el Día Mundial de la Libertad de Prensa durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, siguiendo la recomendación de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

La fecha fue elegida para que coincidiera con el aniversario de la Declaración de Windhoek de 1991, en la cual los representantes de medios de comunicación africanos que participaban en un seminario organizado por la Unesco en la capital de Namibia, elaboraron un documento donde se recogían los principios de la libertad de prensa.

Fuente: Bolivia Verifica

Observatorio revela que en 2024 cada día se cometieron entre 2 y 3 vulneraciones a las libertades fundamentales

En 2024 se han incrementado las vulneraciones a la institucionalidad democrática y las libertades fundamentales en Bolivia. De acuerdo con el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS, el año pasado cerró con 915 casos de vulneraciones, cifra que representa un incremento del 19% respecto a 2023 y marca un promedio de 76 violaciones mensuales, o 2,5 diarias.

UNITAS presentó este miércoles el Informe “Libertades Fundamentales e Institucionalidad en Bolivia 2024”, un estudio que presenta datos sobre violaciones a las libertades de expresión, de prensa, de asociación y de reunión pacífica y protesta, además de la institucionalidad democrática y el derecho a defender derechos.

Según los datos, la Policía Boliviana fue la entidad con más registros de vulneraciones en 2024: 212 casos. Le siguieron las autoridades del gobierno central (182), entidades desconcentradas del ejecutivo (66), autoridades del legislativo nacional (65), persona particular (60), grupos de personas (58) y autoridades municipales (57). El 65% de las vulneraciones se concentró en los departamentos de La Paz (379 casos) y Santa Cruz (224 casos).

De las seis categorías monitoreadas, la más afectada en 2024 fue la institucionalidad democrática, con 525 casos, lo que representa el 57% del total de registros en el año. El principal tipo de vulneración fueron los actos o declaraciones contrarias al ejercicio de derechos (282 casos), seguido del acoso político (70), en su mayoría dirigido contra concejalas obligadas a renunciar por acuerdos de “gestión compartida”.

Otros puntos críticos en la categoría de institucionalidad fueron la corrupción de autoridades (48 casos) y los procedimientos no basados en la norma (48), éstos últimos relacionados con autoridades que, por acción, omisión o aquiescencia, cometen vulneraciones que contradicen la normativa vigente. El Observatorio identificó un incremento sostenido en esta categoría desde 2022, cuando se reportaban 199 casos. En 2023 se registraron 379 actos.

Libertades de prensa y de expresión: se incrementa la criminalización

Libertad de prensa es la más vulnerada de las libertades monitoreadas con 150 registros (17% del total). Las agresiones físicas y psicológicas a periodistas encabezaron la lista (42 casos), seguidas por el impedimento de acceso a la información (30) y las amenazas o amedrentamientos (24).

Destaca también el salto de 1 a 11 casos de criminalización de periodistas entre 2023 y 2024. El informe desglosa estos hechos, entre los que se incluyen una sentencia constitucional que obliga a tres periodistas a eliminar imágenes de una agresión a una mujer en Santa Cruz (29/04/24), otra sentencia que ordena borrar imágenes del estado de ebriedad del secretario de Finanzas de la Gobernación de Oruro (28/11/24) o los casos de citación fiscal a periodistas para que declaren por conflictos sociales o coberturas realizadas principalmente en La Paz y Oruro.

De los 150 casos, 50% son cometidos contra hombres periodistas (75 casos) y el 20% son en contra de mujeres periodistas (30 casos). El restante 30% (45 casos) tiene como actores vulnerados a grupos de periodistas o medios de comunicación.

Sobre la libertad de expresión, esta categoría acumuló 34 registros a lo largo de 2024, una baja del 17% respecto al año anterior. Sin embargo, se triplicaron los casos de criminalización, que pasaron de 3 en 2023 a 10 en 2024. Éstos tienen que ver con hechos en los que actores políticos o instituciones públicas instauraron procesos legales por de­claraciones o actos de fiscalización contra actores políticos, organizaciones o personas particulares.

Libertad de reunión y protesta: se registra uso desproporcionado de la fuerza

En 2024 se documentaron 95 casos de vulneraciones a la libertad de reunión pacífica y el derecho a la protesta, un aumento del 39% respecto a 2023. Más de la mitad de estos casos (53%) corresponden al uso desproporcionado de la fuerza pública, que dejó un saldo de 50 personas heridas en diferentes manifestaciones sociales. También se registraron 18 actos de represión directa y 8 casos de incumplimiento al deber de garantía de protestas pacíficas.

De acuerdo con el informe, el incremento de este último año se debe a dos factores. El primero, los casos de personas heridas en el uso desproporcional de la fuerza pública en diferentes manifestaciones sociales, principalmente en el fallido asalto a Palacio de Gobierno propiciado por agentes militares y, el segundo, los conflictos internos en la Federación Departamental de Campesinos Tupac Katari.

Libertad de asociación: prima la suplantación y división de organizaciones

La libertad de asociación presentó una reducción del 70%. Se registraron 18 casos en 2024. No obstante, el informe advierte que estos datos pueden estar subestimados por la naturaleza no pública de muchas vulneraciones.

Los casos de suplantación o división de organizaciones y la obstrucción de su funcionamiento, por parte de autoridades del Órgano Ejecutivo nacional y otros grupos de personas, son los más resaltantes en esta categoría.

Derecho a defender derechos: criminalización en aumento

El informe revela un incremento del 82% en las vulneraciones al derecho a defender derechos, que pasaron de 51 casos en 2023 a 93 en 2024. Más de la mitad de los casos (53) implican criminalización de personas defensoras, especialmente aquellas que luchan por el territorio y el medio ambiente.

Sobresale la denuncia penal instaurada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos en contra de más de 20 personas defensoras de la tierra y el territorio en Tariquía, Tarija, donde la estatal petrolera junto a Petrobras ha buscado ingresar a esta reserva nacional para actividades de exploración petrolera, pese a la re­sistencia de comunarios que impiden su ingreso a través de una vigilia.

De los 93 registros, el 58% de las vulne­raciones (54) se cometen en contra de hombres, frente al 18% (17) de casos en los que son mujeres las actoras vulneradas. El restante 24% (22) se comete en contra de organizaciones o grupos de personas defensoras de derechos.

Fuente: Sumando Voces

Registran casi dos violaciones diarias a las libertades de prensa y expresión en Cuba

El régimen de Miguel Díaz-Canel perpetró más de medio centenar de violaciones a los derechos fundamentales en Cuba, en el mes de enero, contra activistas, presos políticos y ciudadanos sin afiliación a grupos opositores, denunció el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).

“El 2025 comenzó como terminó el 2024: con mucho miedo de la dictadura cubana a la verdad. Ese miedo lo vimos reflejado en las 58 violaciones a la libertad de expresión y de prensa que cometió, impunemente, durante enero”, indicó a Martí Noticias Normando Hernández, director ejecutivo de la organización.

La entidad, con sede principal en Miami, detalló en su informe mensual que 47 de las transgresiones cometidas por las fuerzas represivas están relacionadas con la libertad de expresión y 11 con la libertad de prensa.

Asimismo, documentó los métodos represivos más frecuentemente usados como son las amenazas y agresiones, tanto físicas como psicológicas, las detenciones arbitrarias y reclusiones, las restricciones en el espacio digital y los abusos del poder estatal.

Entre las víctimas, 27 son hombres y 10 mujeres. Las provincias con mayor incidencia de estos hechos fueron La Habana, Villa Clara, Guantánamo, Mayabeque y Las Tunas, apunta el ICLEP.

La organización, con seis sucursales en Cuba, destaca que los periodistas son de las principales víctimas del acoso de la Seguridad del Estado y subraya la acusación de “usurpación de capacidad legal” al reportero guantanamero Niober García Fournier, quien tiene vigente una prohibición de salida del país desde 2015.

También resalta dos casos de abuso de poder que adquirieron relevancia en enero, los del desamparado Wilber García Mora y el conductor de bicitaxi Edgardo Raúl Manso, que fueron multados como represalia por colaborar con la prensa independiente.

“Pero lo más duro fueron las condenas a los jóvenes Félix Daniel Pérez Ruiz y Cristhian de Jesús Peña Aguilera, a 5 y 4 años de cárcel, respectivamente, por sus publicaciones en redes sociales, que el régimen cubano, por supuesto, calificó como ‘propaganda contra el orden constitucional’, precisó el director de la ONG.

Respecto a las excarcelaciones de presos políticos en enero, ICLEP afirma que se convirtieron en un nuevo mecanismo de control y represión.

El informe recuerda que la represión a la libertad de expresión y de prensa en Cuba es sistemática y estructural y asegura que “los derechos conexos más vulnerados durante enero fueron el derecho a la libertad, la integridad y seguridad personal, la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, y el derecho a una reparación efectiva”.

Fuente: Marti Noticias

Radio Free Europe califica decisión de cierre como gran regalo para los enemigos de EEUU

La dirección de la emisora estadounidense para el exterior 'Radio Free Europe / Radio Liberty' (RFE/RL), con sede en Praga y cuyo cierre ha sido fue ordenado por el presidente Donald Trump, calificó esta decisión de un "gran regalo" para los enemigos de EEUU.

"Los ayatolás iraníes, los líderes comunistas chinos y los autócratas de Moscú y Minsk celebrarían la desaparición de la RFE/RL después de 75 años. Dar una victoria a nuestros adversarios les haría más fuertes y a EEUU más débil", aseguró el director de la emisora Stephen Capus en un comunicado.

"Sin nosotros, los casi 50 millones de personas en sociedades cerradas, que dependen de nosotros para obtener noticias e información precisas cada semana no tendrán acceso a la verdad sobre EEUU y el mundo", dijo.

"A lo largo de la historia de RFE/RL nos beneficiamos de un fuerte apoyo bipartidista", en relación al respaldo tanto de demócratas como de republicanos, recordó Capus. La decisión de Trump significará también el cierre de la emisora pública Voice of America (VOA), que también emite para el exterior.

El ministro de Exteriores checo, Jan Lipavsky, reaccionó en la red social X diciendo que cuando RFE empezó a emitir "fue un faro para aquellos a quienes el totalitarismo había privado de la verdad".

"Hoy, la situación no es diferente. De Bielorrusia a Irán, de Rusia a Afganistán, RFE y VOA siguen siendo de las pocas fuentes libres de información para quienes viven oprimidos. Silenciarlos no sólo sería una pérdida para ellos, sino para todos los que creemos en la democracia", señaló el ministro checo. "Nos interesa que no florezcan regímenes totalitarios a nuestro alrededor", dijo Lipavsky. "Por lo tanto, tenemos que hablar de medidas para preservar esta institución", añadió, y aseguró que lo discutirá con sus homólogos europeos.

Suspendido por Trump

Donald Trump ordenó el sábado la suspensión de diferentes medios de comunicación públicos financiados por Estados Unidos. Cientos de reporteros y otros miembros del personal de Radio Free Europe, Radio Free Asia, Voz de América (VOA) y otras emisoras recibieron un correo electrónico el fin de semana en el que se les prohibía el acceso a sus oficinas, informa Afp. Se les pidió también entregar sus pases de prensa, teléfonos profesionales y otros equipos.

El director de VOA, Michael Abramowitz, dijo ser uno de los 1.300 empleados que quedaron cesantes el sábado. VOA "ha sido un activo invaluable para los Estados Unidos, jugando un rol esencial en la lucha contra el comunismo, el fascismo y la opresión, y en la lucha por la libertad y la democracia alrededor del mundo", dijo Abramowitz en Facebook al destacar que su cobertura en 48 idiomas alcanza a unas 360 millones de personas cada semana.

Radio Free Europe, que emite vía internet y onda corta, fue fundada en 1950 durante la Guerra Fría por Estados Unidos para ofrecer a los pueblos del bloque comunista informaciones que no fueran censuradas y manipuladas por sus respectivas autoridades.

Inicialmente, la emisora tenía su sede en Múnich, Alemania, pero en 1995 fue trasladada a la capital checa, desde donde emitía hasta ahora programas de radio a 28 países del Este y Sureste de Europa y de Asia Central, donde hay poca o ninguna libertad de expresión. La emisión se realizaba en 27 idiomas, con una red de unos 1.700 periodistas y colaboradores, y tenía una audiencia de 50 millones de personas semanalmente.

El magnate Elon Musk, el principal asesor de Trump, había exigido ya en febrero el cierre de RFE/RL, que consideró "de izquierda radical" y un despilfarro de mil millones de dólares en dinero público.

Fuente: EFE

Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa

Una nueva edición del Índice Chapultepec deja ver la normalización de un deterioro en las acciones institucionales en materia de libertades de expresión y de prensa, en algunas de las 22 naciones del hemisferio evaluadas en el barómetro, las cuales se han mantenido en las posiciones más bajas en las cinco ediciones hasta ahora publicadas. El promedio global de la región se colocó por segunda vez consecutiva por debajo de los 50 puntos de la medición, al registrar una puntuación de 48,18 sobre un máximo teórico de 100 puntos.

El hemisferio solo subió su marcador 0,33 puntos por encima del promedio global de la edición anterior (47,84), media aquella que sigue siendo la más baja hasta el momento registrada desde la primera edición del Índice Chapultepec, en 2020. Se aprecia en la presente medición que la situación global no ha mejorado sustancialmente en la región, pese al ascenso de Chile, que se ubica de primera en esta edición, y el estatus de otras naciones ubicadas en la franja de “Baja Restricción”.

Un total de 168 personas, entre periodistas, editores, expertos académicos y activistas, fueron consultadas para la obtención de los resultados. Ofrecieron sus percepciones en torno al periodo comprendido entre el dos de agosto de 2023 y el primero de agosto de 2024.

La presente edición del Índice presenta una nueva variable a considerar en el desempeño de los Estados en materia de las libertades de expresión y de prensa. Se incluye a partir de esta edición una medición sobre la desinformación, más específicamente, en torno a las acciones de los Estados conducentes a disminuir o por el contrario aumentar los contenidos con información falseada, abordar u omitir las necesidades de información de los ciudadanos, así como el grado en el cual las instituciones y voceros de los poderes públicos incurren o no en campañas de desinformación.

Descargar índice global

Fuente: SIP