“Es mi opinión, puedo publicarla”. La frase aparece con frecuencia cuando una discusión en redes sociales termina en insultos, acusaciones, exposición de datos personales o difusión de información falsa. Pero existe una confusión de fondo: la libertad de expresión protege el derecho a opinar y comunicar, pero no significa que cualquier publicación quede fuera de toda responsabilidad.
En Bolivia, la Constitución reconoce expresamente el derecho a expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación y también protege la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad.
El problema aparece cuando esos derechos entran en tensión.
Joaquín Vásquez, director de la carrera de Derecho de la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz), advierte que el derecho a la intimidad y a la privacidad es uno de los más afectados en redes sociales, especialmente cuando se difunden conversaciones, imágenes o datos personales sin consentimiento.
¿Qué protege la libertad de expresión?
La libertad de expresión permite buscar, recibir y difundir información, ideas y opiniones. En el ámbito interamericano, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege este derecho y establece que no debe existir censura previa, aunque contempla responsabilidades posteriores establecidas por ley.
La libertad de expresión en internet mantiene esa protección. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostiene que las personas deben poder buscar, recibir y difundir información y opiniones por cualquier medio.
Internet, por tanto, no convierte a una persona en menos libre para expresarse. Pero tampoco crea un espacio sin reglas.
¿Dónde aparecen los límites?
El primer límite aparece cuando una publicación afecta derechos de otras personas.
En Bolivia, la Constitución reconoce, junto con la libertad de expresión, derechos como la privacidad, la intimidad, la honra, el honor, la propia imagen y la dignidad.
Esto significa que publicar una fotografía, una conversación privada, información personal o una acusación contra alguien puede generar un conflicto jurídico dependiendo de las circunstancias.
Vásquez explica que las denominadas “funas”, la difusión de información falsa y determinados comentarios ofensivos pueden vulnerar derechos y, en algunos casos, tener consecuencias legales.
“Según el Código Penal boliviano, conductas como la calumnia, la difamación o la injuria también pueden cometerse a través de redes sociales”, señala el académico.
La clave está en que no toda expresión incómoda, crítica o polémica constituye un delito, pero tampoco toda publicación puede justificarse simplemente diciendo que es una opinión.
Una publicación también puede convertirse en evidencia
El carácter digital de las redes añade otra dimensión: una publicación puede permanecer, copiarse y circular mucho más allá del momento en que fue realizada.
“La huella digital es permanente. Todo lo que se publica puede ser recuperado, compartido o utilizado como prueba en un proceso judicial”, advierte Vásquez.
Este fenómeno cambia también el trabajo de abogados, periodistas y comunicadores.
Gabriel Romano, docente de Periodismo de Unifranz, plantea que la transformación digital no puede analizarse solamente como positiva o negativa.
Las redes sociales han abierto nuevas posibilidades de amplificación y alcance, pero también han introducido dinámicas que pueden distorsionar la esencia del oficio, explica el docente.
La velocidad de publicación, la viralidad y los algoritmos pueden hacer que una información circule antes de que alguien compruebe si es verdadera.
Libertad de expresión no es lo mismo que libertad de dañar
La diferencia resulta especialmente importante en casos de desinformación, discursos discriminatorios, exposición de menores, difusión de imágenes íntimas o ataques contra la reputación de una persona.
La Comisión Interamericana establece que las responsabilidades posteriores deben estar previstas por ley y ser necesarias para proteger determinados bienes, entre ellos los derechos o la reputación de otras personas.
La regla busca evitar dos extremos: utilizar la protección de derechos como una forma de censura y, en el sentido contrario, convertir la libertad de expresión en una justificación para cualquier abuso.
Por eso, el desafío jurídico consiste en determinar qué derecho está en juego, qué daño se produjo, cuál fue la naturaleza de la publicación y qué respuesta establece la legislación.
El desafío de comunicarse en una sociedad digital
La discusión ya no corresponde únicamente a abogados. También involucra a periodistas, comunicadores, educadores, empresas tecnológicas y usuarios. La responsabilidad de informar y opinar en internet exige comprender tanto los derechos individuales como los efectos que una publicación puede tener sobre otras personas.
Estos desafíos estarán entre los temas de reflexión del Trigésimo Congreso Hispanoamericano de la Prensa, que se realizará del 28 al 30 de octubre de 2026 en Santa Cruz de la Sierra, con Unifranz como sede y organizadora. El encuentro reunirá a periodistas, académicos y comunicadores para debatir sobre el futuro de la comunicación, la libertad de expresión, la ética profesional, la desinformación y los cambios que la inteligencia artificial introduce en el ecosistema informativo.
El congreso también representa una oportunidad para analizar cómo preservar el rigor, la verificación y la responsabilidad en un entorno donde los contenidos circulan a gran velocidad. La reflexión sobre los derechos y deberes de quienes comunican resulta fundamental tanto para el ejercicio periodístico como para la participación cotidiana de los ciudadanos en las plataformas digitales.
La pregunta “¿puedo publicar esto?” debería preceder a muchas publicaciones. Pero la respuesta tampoco debería ser “no puedes opinar”.
Una sociedad democrática necesita libertad para criticar, informar, debatir y disentir. Al mismo tiempo, necesita mecanismos para proteger la dignidad, privacidad, honor e integridad de las personas.
Por eso, la libertad de expresión en internet no significa poder publicar cualquier cosa sin consecuencias. Significa poder expresarse libremente dentro de un sistema de derechos donde la libertad propia convive con los derechos de los demás.
En tiempos de publicaciones instantáneas, conocer esa diferencia puede ser tan importante como saber utilizar una red social. También es uno de los debates centrales para el periodismo contemporáneo: cómo defender la libertad de expresión sin renunciar a la ética, la verificación y la responsabilidad sobre lo que se comunica.
Fuente: Unifranz
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