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martes, 10 de noviembre de 2026

Tranca Cero y Defensoría del Pueblo articulan esfuerzos para atender reportes ciudadanos y eliminar barreras burocráticas


El Ministerio de la Presidencia, a través de la Dirección General de Modernización del Estado (DGME), dependiente del Viceministerio de Coordinación, Planificación Estratégica y Modernización del Estado, fortalece la coordinación interinstitucional con la Defensoría del Pueblo para avanzar en la articulación de las plataformas digitales Reporta tu Tranca y Defensor del Pueblo en Línea, con el propósito de brindar una mejor orientación y atención a las demandas de la ciudadanía.

La reunión gestada en el marco del Programa Tranca Cero, el pasado 3 de noviembre estableció la coordinación que permitirá a las bolivianas y los bolivianos identificar de manera sencilla si sus reportes corresponden a barreras burocráticas o dificultades administrativas en la realización de trámites, o si se trata de posibles vulneraciones de derechos. De esta manera, los casos relacionados con trabas administrativas serán canalizados a Tranca Cero para impulsar acciones de simplificación y modernización, mientras que aquellos vinculados con posibles vulneraciones de derechos recibirán orientación para acudir a la Defensoría del Pueblo mediante su plataforma Defensor del Pueblo en Línea.

La articulación de ambas herramientas representa un avance en la transformación digital del Estado, al facilitar el acceso de la población a los mecanismos institucionales de atención, optimizar la gestión de los reportes y fortalecer la coordinación entre entidades públicas.

Ambas instituciones acordaron continuar el trabajo técnico para consolidar un convenio interinstitucional que consolide esta cooperación. Con estas acciones, el Gobierno nacional reafirma su compromiso de impulsar una gestión pública más transparente, accesible y moderna, donde la voz de la ciudadanía se traduzca en soluciones concretas para construir un Estado sin trabas burocráticas y al servicio de la población.

Fuente: Viceministerio de Coordinación, Planificación Estratégica y Modernización del Estado

miércoles, 14 de octubre de 2026

Banco Mundial publica: Panorama Económico de América Latina y el Caribe en transición de la IA


América Latina y el Caribe enfrenta el desafío de dinamizar su crecimiento económico en un contexto de incertidumbre global, baja inversión y elevados costos de financiamiento. Según el nuevo informe del Banco Mundial: Panorama Económico de América Latina y el Caribe, aprovechando la transición de la IA, la región crecería 2,2% en 2026, frente al 2,4% registrado en 2025. Aunque las perspectivas son moderadas, el organismo identifica en la inteligencia artificial (IA) una oportunidad para elevar la productividad y abrir nuevas posibilidades de desarrollo.

El estudio sostiene que el acceso a herramientas digitales no garantiza por sí solo mejoras productivas. Para convertir la IA en resultados económicos, los países deben fortalecer las capacidades de sus trabajadores, empresas e instituciones públicas.

Bolivia enfrenta perspectivas económicas desafiantes

Las proyecciones del informe sitúan a Bolivia entre las economías con mayores dificultades de crecimiento. Después de una contracción de 1,6% en 2025, el Banco Mundial estima una caída del PIB de 2,8% en 2026 y una recuperación moderada, con una contracción de 1,4% en 2027. Para 2028, proyecta un crecimiento de 0,6%.

Este escenario refuerza la importancia de impulsar la productividad, fortalecer las capacidades de las empresas y promover nuevas oportunidades de inversión y desarrollo tecnológico.

La inteligencia artificial: una oportunidad para las empresas

El informe destaca que la IA puede facilitar la innovación y mejorar la productividad, especialmente mediante aplicaciones prácticas, accesibles y adaptadas a las necesidades locales. Sin embargo, muchas empresas de la región todavía utilizan estas herramientas en tareas básicas, como redactar textos o buscar información, sin integrarlas plenamente en sus procesos de gestión y producción.

El principal obstáculo no siempre es el costo de la tecnología, sino la falta de conocimientos técnicos y capacidades gerenciales para incorporarla de manera efectiva. Por ello, el Banco Mundial recomienda desarrollar servicios de asistencia técnica y extensión tecnológica para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), que combinen acompañamiento especializado, formación y apoyo para reorganizar sus procesos de trabajo.

Los principales desafíos para aprovechar la IA

El estudio identifica tres ámbitos prioritarios para que la transición tecnológica contribuya al crecimiento:
  • Empresas: fortalecer las habilidades digitales y gerenciales, adaptar los flujos de trabajo e incorporar la IA en las operaciones centrales.
  • Talento humano: ampliar la formación técnica y profesional para preparar a los trabajadores ante la automatización y facilitar su transición hacia actividades con mayor demanda de capacidades humanas y físicas especializadas.
  • Estado: mejorar la gestión de datos, la interoperabilidad de los sistemas públicos y la ciberseguridad, además de adaptar herramientas de código abierto a los idiomas y contextos institucionales locales.
El informe también plantea aprovechar estratégicamente la inversión extranjera en infraestructura digital y minerales críticos para generar transferencia tecnológica, fortalecer proveedores locales y aumentar el valor agregado dentro de las economías de la región.

¿Qué oportunidades abre para Bolivia?

Para el ecosistema emprendedor boliviano, los hallazgos apuntan a la necesidad de ir más allá del acceso a herramientas de inteligencia artificial. La oportunidad está en desarrollar capacidades para utilizarlas estratégicamente, mejorar procesos, innovar en productos y servicios y fortalecer la competitividad de las empresas.

El Banco Mundial subraya que una adopción más productiva de la IA requiere coordinación entre políticas públicas, formación del talento humano y apoyo técnico a las empresas. Prepararse de manera anticipada también puede ayudar a reducir los riesgos de desplazamiento laboral y evitar que los beneficios tecnológicos se concentren únicamente en las organizaciones más avanzadas.

Descarga de documentos

Consulta aquí el informe completo del Banco Mundial: Panorama Económico de América Latina y el Caribe, Aprovechando la transición de la IA

Fuente: Bolivia Emprende

sábado, 29 de agosto de 2026

Contraloría anuncia digitalización de servicios para eliminar filas y reducir trámites presenciales


La Contraloría General del Estado anunció una transformación digital de sus servicios con el objetivo de reducir las filas, eliminar trámites presenciales innecesarios y facilitar el acceso a información pública.

La contralora general del Estado interina, Sandra Quiroga, informó que la institución busca establecer sistemas de interoperabilidad con otras entidades públicas para consultar documentación de forma directa, sin exigir a los usuarios la presentación de papeles que ya se encuentran en poder del Estado.

“Tenemos que emigrar al uso de la tecnología. Tenemos que empezar a interoperar, todos”, afirmó.

La funcionaria cuestionó que algunos procedimientos todavía obliguen a ciudadanos y funcionarios a acudir personalmente a oficinas de la Contraloría y realizar filas para cumplir requisitos que podrían resolverse mediante herramientas digitales.

El plan consiste en la conexión de sistemas entre instituciones públicas para agilizar el intercambio de información y reducir los tiempos de respuesta. La medida también apunta a mejorar la atención a autoridades y ciudadanos.

Quiroga planteó la necesidad de modificar procedimientos que generan demoras y calificó como una prioridad la eliminación de la burocracia innecesaria. “Tenemos que empezar a romper esa mala burocracia y emigrar a la optimización de la prestación del servicio”.

La Contraloría prevé que la interoperabilidad permita modernizar sus servicios y fortalecer el control gubernamental, con acceso más rápido a información de otras entidades públicas.

Fuente: La Razon

jueves, 27 de agosto de 2026

Senado aprobó en detalle el proyecto de ley de Acceso a la Información Pública


El Senado aprobó este jueves en detalle el proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública y lo remitió a la Cámara de Diputados para su tratamiento. La iniciativa fue modificada tras un proceso de socialización y diálogo con organizaciones periodísticas y de la sociedad civil, luego de los cuestionamientos surgidos cuando fue aprobada en grande en julio.

“Cualquier ciudadano puede acercarse, solicitar información sin explicar el motivo de su solicitud”, destacó la directora de ERBOL y miembro del comité impulsor de la norma, Zulema Alanes, al referirse a uno de los principales alcances del proyecto.

Alanes señaló que la norma busca transparentar la gestión pública, fortalecer la fiscalización y contribuir a la lucha contra la corrupción. Remarcó que la posibilidad de pedir información estará abierta tanto a ciudadanos como a periodistas.

El proyecto establece responsabilidades para los servidores públicos encargados de facilitar la información y elimina requisitos que habían sido cuestionados por los gremios periodísticos. Entre ellos, la exigencia de justificar el motivo de la solicitud y otros trámites burocráticos que podían dificultar el acceso.

Las organizaciones periodísticas habían expresado su preocupación cuando el proyecto fue aprobado en grande en julio, debido a la falta de socialización y a disposiciones que, a su criterio, podían restringir el acceso libre y oportuno a información pública. También cuestionaron los plazos para la entrega de datos, la exigencia de presentar documentación personal y la falta de un ente garante independiente.

Tras las observaciones, se abrió una mesa técnica convocada por la senadora proyectista Soledad Chapetón, donde se revisó el contenido de la propuesta con representantes de distintos sectores.

Alanes destacó que el Senado culminó la aprobación en consenso y señaló que, después de su paso por Diputados y su eventual promulgación, se prevé trabajar de inmediato en la reglamentación.

Fuente: Erbol

martes, 25 de agosto de 2026

La doctrina de la obstrucción: ¿qué nivel de gobernanza es adecuado para la IA?


La delimitación adecuada de las competencias entre el gobierno federal y los estados ha sido a menudo objeto de controversia en el debate sobre la política de IA. Los defensores de ambos enfoques se remiten a las cláusulas constitucionales que respaldan su postura. La realidad es que este tema, al igual que muchas otras cuestiones relacionadas con la IA, no se reduce a una lista ordenada de asuntos políticos bien definidos. Por el contrario, existe una clara combinación de cuestiones de política de IA que requieren atención a nivel nacional: aquellas que son competencia exclusiva de los estados y aquellas que pueden ser abordadas tanto por el gobierno federal como por los estados (o un grupo de estados). Entonces, ¿cómo podría un tribunal o un responsable de políticas identificar qué nivel de gobernanza es el adecuado para los distintos temas relacionados con la IA?

Mi artículo, "La doctrina de la obstrucción", conecta los puntos jurisprudenciales que, en conjunto, establecen un marco para evaluar si el ejercicio del poder por parte de un estado se ajusta a la letra y al espíritu de la Constitución. El primer pilar impide que los estados obstaculicen el acceso a los mercados nacionales. El segundo pilar impide que los estados promulguen leyes que obstaculicen la capacidad del gobierno federal para responder a cuestiones que requieren atención nacional. Y el tercer pilar impide que los estados interfieran en iniciativas nacionales, como los proyectos de infraestructura a gran escala.

Si bien ninguna fuente en particular respalda esto como una doctrina formal, un análisis minucioso de casos de federalismo que han pasado desapercibidos respalda sus diversos pilares. Dicho esto, este artículo marca el inicio de una investigación sobre los contornos y la aplicabilidad de la doctrina, más que el anuncio de un proyecto concluido. Investigaciones adicionales arrojarán luz sobre la precisión descriptiva de la doctrina —hasta qué punto se alinea con la forma en que los tribunales han razonado en casos difíciles—, así como sobre su valor normativo y hasta qué punto su aplicación se alinea con los objetivos de nuestro orden constitucional y los promueve. Una revisión de la evidencia inicial que sustenta la doctrina puede guiar ese esfuerzo.

La semilla de la doctrina se encuentra más claramente en Buck v. Kuykendall. En nombre de la Corte Suprema, el juez Louis Brandeis declaró inconstitucional la ley a pesar de una larga serie de decisiones que respaldaban regulaciones similares sobre carreteras, criticándola por dictar quién podía usar las carreteras en lugar de cómo, por atreverse a evaluar la suficiencia de la competencia interestatal y por socavar la propia inversión del Congreso en las carreteras con ayuda federal. Cada una de estas fallas representa un pilar de la doctrina.

Great A&P Tea Co., Inc. v. Cottrell es un ejemplo del primer pilar en acción: la Corte Suprema anuló una ley de Misisipi que prohibía la leche de otros estados a menos que el estado exportador hiciera lo mismo, y el juez William Brennan desmontó la idea de que una barrera acordada mutuamente es menos barrera. Como él mismo lo expresó, tal esquema interfiere con "el interés nacional en la libertad del comercio nacional".

Bajo el segundo pilar, un estado no puede apropiarse de un tema que requiera una norma nacional. Arizona lo intentó. Penalizó a las empresas ferroviarias por operar trenes de más de 14 vagones de pasajeros o 70 de carga y defendió el límite como una medida de seguridad que el Congreso nunca había excluido. En Southern Pacific Co. v. Arizona, la Corte Suprema sostuvo que no le correspondía a Arizona establecer la longitud de los trenes: cuando se requiere uniformidad nacional, la regulación debe provenir de una sola autoridad o no existir en absoluto.

El tercer criterio prohíbe a los estados actuar en contra de los esfuerzos nacionales ya en marcha. Iowa aprendió esto en Kassel v. Consolidated Freightways Corp., en el que la Corte Suprema rechazó un límite a la longitud de los camiones por considerarlo una medida de seguridad solo de nombre y interpretó el interés federal en el libre tránsito interestatal basándose en décadas de inversión más que en una sola ley. Wisconsin lo aprendió en Raymond Motor Transportation, Inc. v. Rice, cuando una norma tan onerosa que obligaba a los camiones a desviarse de paso por el estado fue rechazada por la misma razón.

Un puñado de casos bajo un título conciso no justifica una recalibración de la jurisprudencia sobre el federalismo. Ese no es mi objetivo. Este artículo aspira a impulsar nuevas conversaciones sobre cómo resolver cuestiones emergentes y significativas relacionadas con el poder estatal y federal. La Corte Suprema lleva mucho tiempo descubriendo nuevos marcos a medida que cambian la economía, la infraestructura y la tecnología de la nación. Wickard, López, Raich, Pike, National Pork Producers y otros casos relacionados con la cláusula de comercio, por ejemplo, reflejan los intentos de la Corte por conciliar los principios de la Constitución con un mundo que los fundadores no habían previsto. Todos esos casos siguen siendo jurisprudencia válida. Sin embargo, sería difícil explicar esos dictámenes bajo una doctrina común.

A medida que la Corte Suprema se enfrenta a un nuevo conjunto de cuestiones sobre el federalismo —desde los centros de datos hasta la regulación de la inteligencia artificial en zonas fronterizas—, su costumbre ha sido adaptar los casos anteriores para que se ajusten a la política contemporánea y a las prioridades nacionales. Este artículo tiene como objetivo adelantarse a esa tendencia y explorar cómo un enfoque puede equilibrar las cuestiones pendientes del federalismo y evitar soluciones fragmentadas, al tiempo que permite la experimentación en materia de políticas cuando sea apropiado.

Fuente: El Cato

jueves, 13 de agosto de 2026

Las universidades privadas se suman a la digitalización del Estado a través de dos convenios


La adhesión a la ciudadanía digital y la instalación de mesas técnicas destinadas a mejorar la educación superior son parte de los convenios firmados por el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Educación, la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC) y la Asociación Nacional de Universidades Privadas (ANUP). Ambos acuerdos buscan contribuir a la eliminación del “Estado tranca”, así como a la modernización y la transformación digital del Estado y de la educación superior.

“La firma de estos convenios llega a las universidades privadas y esto es parte de una política que tiene un objetivo concreto: simplificar la relación entre el Estado y el ciudadano”, subrayó el Ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo Carrasco.

La autoridad destacó los avances en los registros de ciudadanía digital: se inició con 250.000 personas; tras la firma de convenios con las universidades públicas, en febrero de este año, se alcanzaron las 500.000; y con los convenios con las universidades privadas se prevé que se lleguen a 800.000. Además, la meta para fin de año es 1 millón de bolivianos registrados.

El programa Tranca Cero es una iniciativa del Gobierno nacional para eliminar la burocracia en el Estado. Su meta principal es digitalizar el Estado, simplificar los trámites públicos y reducir el tiempo que los ciudadanos pasan en las oficinas estatales. A través de este plan, se prohíben requisitos innecesarios, como las fotocopias de documentos de identidad, y se promueve la digitalización de servicios. Además, incluye la plataforma web “Reporta tu tranca” para que las personas denuncien de forma directa las barreras en el Estado.

Durante la ceremonia, el Ministro de Educación, Ricardo Erick Sanjinés Chávez, destacó el impacto humano de la medida, enfatizando que la modernización digital constituye un compromiso fundamental con el tiempo y el respeto al ciudadano. A su vez, resaltó que el conocimiento generado en las aulas debe trascender a la sociedad como motor de transformación de la gestión pública.

“Si lo hacemos bien y trabajamos bien con este convenio, también vamos a codiseñar diplomados, cursos, programas en tecnologías, que van a definir esta década, que van a permitir que usemos de manera adecuada y responsable la Inteligencia Artificial, que podamos tener ciberseguridad, que accedamos a la analítica de datos, a la gobernanza digital y a muchas tecnologías emergentes”, finalizó la presidente de la Asociación Nacional de Universidades Privadas (ANUP), Verónica Agreda.

Fuente: Eju

sábado, 8 de agosto de 2026

Bolivia da un paso hacia la soberanía tecnológica con el lanzamiento de bolivIA


El Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, a través de su máxima autoridad, el ministro Fernando Romero Pinto, presentó este sábado la plataforma BolivIA, un modelo de inteligencia artificial soberana desarrollado desde el Estado boliviano y orientado, en esta primera etapa, a facilitar el acceso, consulta y análisis de la normativa nacional para fortalecer la eficiencia y transparencia de la administración pública.

Durante la conferencia de prensa, el ministro Fernando Romero Pinto destacó que el lanzamiento constituye un paso importante dentro del proceso de transformación digital que impulsa el Gobierno y representa el inicio de una estrategia destinada a desarrollar capacidades propias en inteligencia artificial, aprovechando la tecnología para responder a necesidades concretas del Estado y de la población.

“Hoy damos un paso histórico en la transformación digital del Estado boliviano”, afirmó el ministro, al presentar oficialmente “BolivIA” y explicar que se trata de un sistema construido sobre estándares abiertos que busca incorporar herramientas de inteligencia artificial a la gestión pública.

Uno de los principales objetivos de “Bolivia” es sistematizar, consultar y estructurar la normativa nacional, permitiendo que los servidores públicos puedan realizar consultas sobre leyes, decretos, resoluciones y otros instrumentos normativos de una manera más rápida y ordenada.

De acuerdo con la explicación proporcionada por el ministro Romero Pinto, una de las características centrales del sistema es que sus respuestas se encuentran respaldadas por citas exactas de la normativa consultada, lo que permite reducir la incertidumbre en los procesos de análisis y contribuir a que las decisiones de la administración pública tengan como referencia un marco legal claro y verificable.

“Con este sistema, reducimos el tiempo de investigación legal de horas a segundos, y algo fundamental: no alucina, no inventa, solo normativa vigente”, señaló la autoridad ministerial, destacando la importancia de contar con una herramienta tecnológica orientada a la precisión y confiabilidad de la información jurídica.

Asimismo, el ministro explicó que “Bolivia” se sostiene sobre tres pilares fundamentales. El primero es la soberanía tecnológica, debido a que el sistema funciona en centros de cómputo del Estado, reduciendo la dependencia de infraestructura tecnológica extranjera y permitiendo que la información sea procesada dentro de la infraestructura estatal.

El segundo componente corresponde a una arquitectura avanzada de recuperación e inferencia, que combina mecanismos de búsqueda semántica y léxica con técnicas informáticas destinadas a mejorar la precisión de las respuestas obtenidas a partir de las consultas realizadas. El tercer eje está relacionado con la transformación del análisis legal, mediante la estandarización de criterios técnicos y jurídicos que pueden facilitar el trabajo de los servidores públicos y contribuir a procesos administrativos más claros y eficientes.

En ese sentido, la autoridad ministerial remarcó que “Bolivia” no debe ser entendida únicamente como una herramienta tecnológica, sino como parte de una visión más amplia de modernización del Estado. “Bolivia es más que tecnología, es un compromiso con la transparencia y la eficiencia”, sostuvo el ministro, quien enfatizó que el desarrollo de capacidades propias en inteligencia artificial también representa una oportunidad para avanzar hacia una administración pública más moderna y cercana a las necesidades de la población.

Fuente: Eju

domingo, 2 de agosto de 2026

Entre la nube global y los imperios estatales


En un simple artículo de opinión no vamos a construir una nueva teoría del imperialismo. Nuestra intención es más limitada: llamar la atención sobre un hecho conocido, a saber: que bajo las condiciones geoestratégicas que priman en nuestro tiempo, más el aparecimiento y consolidación de una una nueva oligarquía transnacional económica y financiera, las relaciones geopolíticas deben ser analizadas a partir de vinculaciones configuradas entre poderes territoriales y poderes supranacionales y, por lo mismo, supraestatales. Sobre este tema diferentes autores han intentado formular algunas respuestas.

Yanos Voraufakis utilizando una imagen más literaria que historiográfica, aduce que nos encontramos frente a la aparición de un feudalismo a escala mundial en donde una monarquía tecno-económica e interespacial dicta condiciones a todos los estados de la tierra. Visto así, Xi Jinping, Trump, Putin deberían ser considerados algo así como agentes feudales de una monarquía supranacional formada por magnates, productores y propietarios de nuevas tecnologías, entre ellas la digital y las que derivan de la IA. 

La imagen no deja de ser atractiva desde el punto de vista de la ciencia-ficción. No obstante, conviene en este caso tomar una lupa, analizar con cierto cuidado, y comprobar que la llamada dependencia de los poderes territoriales con respecto a los supra-territoriales es relativa y no absoluta. En muchos casos puede darse a la inversa, esto es, que también las corporaciones internacionales lleguen a ponerse al servicio de poderes nacionales como son los de EE. UU, China, y algunas potencias económicas y militares intermedias. Si esto es así, no estaríamos hablando de una dependencia sino de una interdependencia entre estados nacionales y poderes supraestatales, en fin, de un entramado de relaciones múltiples y complejas.

Trump y Xi, por cierto, se nos presentan como líderes económicos y militares nacionales. El primero haciendo gala de una radical retórica anti-globalización. Pero si observamos con atención la conducta internacional de los EE. UU podemos deducir que su interés no es independizarse del fenómeno de la globalización, sino imponer condiciones y, si es posible, conducir a la globalización persiguiendo sus propios intereses, poniendo límites a las corporaciones globales, sean estas nacionales o internacionales.

El hecho de que el gobierno Trump se hubiera apurado a dictar una nueva Estrategia de Seguridad Nacional (2025) muestra de modo claro cómo EE. UU reclama el derecho a  asegurar la hegemonía, y si es preciso la propiedad territorial, sobre otras naciones (Groenlandia, Venezuela) en el marco de "su" hemisferio occidental. El imperio global, es lo que queremos remarcar, no ha sustituido a los imperios nacionales.

No negamos que algunos poderes extranacionales pretendan convertir a gobernantes de poderosos estados nacionales en vasallos al servicio de una oligarquía tecno-económica supranacional, pero tampoco podemos negar que, tanto un Xi como un Trump, se esfuerzan en utilizar los conglomerados internacionales para ponerlos a favor de sus estados, monopolizando tecnologías, e incluso (China más que los EE UU) financiando a determinadas “nubes globales”.

Más todavía; en oposición a predicciones surgidas en los orígenes del proceso globalizador, me atrevería a afirmar que, en vez de un debilitamiento de los estados nacionales estamos asistiendo a un fortalecimiento de ellos con China y los EE. UU creciendo hacia el interior del propio espacio global, y Rusia tratando de subsistir apelando a la fuerza bruta en un espacio de competitividad interestatal del que cada vez está más lejos.

Muchos nos hablan de Silicon Valley, por ejemplo, como centro de dominación mundial, e incluso político. Aquí hay, sin embargo, una confusión. La hegemonía tecnológica, económica y cultural concentrada en conglomerados como Silicon Valley no es equivalente a la dominación política ejercida por los estados nacionales más poderosos. No se trata, por supuesto, de que los magnates de la tecnología post-industrial no tengan poder político, pero solo lo tienen si traspasan el muro de los estados nacionales y, por tanto, necesitan de esos estados como agentes de cooperación. La nube, para ejercer su dominación, requiere de la tierra, y la nube, por ser nube, no puede ser territorial. 

O dicho más prosaicamente: Egon Musk precisa de un Donald Trump y Donald Trump precisa de un Egon Musk. Pero a la vez, siendo partes del mismo entramado, hay diferencias.

Trump quisiera apoderarse de la nube o tener más control sobre ella como en cierto modo lo hace Xi Jinping. Pekín y el hub tecnológico de Shenzhen operan de forma independiente a la tecnología estadounidense y dominan áreas claves como la producción de hardware, el despliegue de 5G y aplicaciones masivas de comercio, pero a la vez carece de la plasticidad de Sillicon Valley para desplazarse en el espacio mundial. Sillicon Valley es un aliado de los EE. UU. Shenzhen es un instrumento de China. Y la diferencia no deja de ser importante.

En el espacio occidental, reiteramos, hay una alianza entre un imperio territorial como son los EE. UU y la dominación transversal ejercida por corporaciones tecno-económicas globales. Pero al solo ser una alianza y no una absorción, hay diferencias entre los intereses de “la nube” con los poderes de “la tierra”. Una de esas diferencias las presenció el mundo hace poco. Ocurrió cuando los intereses geoeconómicos del imperio norteamericano representados en la persona de Trump y los intereses transnacionales del imperio tecno-económico representados por Musk chocaron entre sí. Una diferencia que venía gestándose desde que Trump comenzó a imponer aranceles a troche y moche a empresas no norteamericanas con inversiones en los EE. UU. Clientes del conglomerado interespacial fueron afectados directamente, lo que para Musk y otros magnates lesionaba el pacto no escrito entre el poder de la nube global y el poder de las naciones. Así por lo menos lo vio Musk.

La ruptura entre Trump y Musk pareció ser eminente en junio del 2025. Musk (quien lideraba el Departamento de Eficiencia Gubernamental, DOGE) calificó la ley de Trump como una "abominación asquerosa" que llevaría a Estados Unidos a la bancarrota debido al gasto descontrolado. A su vez, el aumento de la deuda y la llamada eliminación de los subsidios, sobre todo para los vehículos eléctricos, emprendidas por el presidente Trump, fue visto por Musk como un ataque directo a Tesla, y eso lo llevó a desatar un ataque sin precedentes a Trump, con amenazas de revelar detalles sobre los vínculos del presidente con su proveedor: Jeffrei Epstein.

Musk fue incluso más adelante: llamó a fundar un nuevo partido político con el exótico nombre de America Party. Pero Trump ni siquiera se inmutó. Sabiendo que en el terreno político nunca Musk iba a derrotarlo, pero también sabiendo que el estado norteamericano nunca estará en condiciones de confrontar al imperio global de Musk, Trump comenzó a retroceder, sobre todo cuando advirtió que Musk no bromeaba cuando anunció “tocar” los contratos multimillonarios que mantiene SpaceX con el Pentágono. Mediante esos contratos Musk adquiere dominio absoluto sobre la infraestructura militar a través de su división de defensa Starshield y de la Fuerza Espacial. Trump y su gente comprendieron entonces que el que se avecinaba podría llegar a ser un choque de trenes entre el poder económico global y el poder político estatal de los EE.UU. Algo así como el que tuvieron Prigozyn y Putin en Rusia, pero esta vez en un marco civilizado. Lo mismo entendió Musk. El primero mantuvo los subsidios y dejó de usar el arma arancelaria por un tiempo. El segundo dejó a un lado sus absurdos proyectos políticos.

Musk, cuantitativamente, es más poderoso que Trump. Domina el sector de vehículos eléctricos con Tesla, controla el transporte espacial mediante SpaceX, provee internet global estratégico con Starlink, genera decenas de miles  de puestos técnicos directos, mueve cotizaciones bursátiles y criptomonedas con sus declaraciones y, no por último, moldea la opinión pública internacional con Twitter. Pero el suyo, y he ahí su inferioridad cualitativa, no es un estado. Y el mundo, quiera o no, es un mundo dividido en estados.

Probablemente ambos potentados, el de la economía y el de la política, no se aman. Pero saben lo imprescindibles que son el uno para el otro. Las nubes vienen de la tierra y la tierra necesita de las nubes. No obstante, el conflicto entre la nube global y los estados políticos tampoco ha desaparecido y, al parecer, no desaparecerá. Puede aparecer en cualquier parte y en cualquier momento. De hecho, ya apareció en donde menos se esperaba: en el fútbol.

Como es sabido los vínculos económicos entre el presidente de la FIFA y el gobierno de EE UU han logrado estrecharse hasta alcanzar relaciones simbióticas durante y después del mundial de futbol del 2026. Gianni Infantino, no es un misterio, es el hombre de Trump en el subimperio del fútbol, hecho que comenzó a ser público desde que el magnate de la FIFA concedió a Trump un ridículo “premio de la paz”, tan ridículo como la entrega del premio Nobel de la Paz de María Corina Machado a Trump.

Por un momento creímos que estos solo eran detalles propios a la “sociedad del espectáculo” y optamos por no darle importancia. Sin embargo, ahora lo sabemos, se trataba solo de los inicios de un nuevo capítulo de la novela trumpista, escrita para alcanzar la supremacía en todos los ámbitos de la tierra, incluyendo el del comercio del espectáculo (no vamos a decir deporte porque hace tiempo que el fútbol no lo es).

La fauna periodística habla de la privatización del fútbol. Nada más irrisorio: el fútbol nunca ha sido estatal, salvo en China (quizás por eso sus jugadores son tan malos). Luego, el fútbol no puede ser privatizado. De lo que se trata, por lo tanto, es de la lucha por la hegemonía entre tres empresas multinacionales del fútbol, la FIFA y sus ramas europeas y latinoamericanas.

Infantino ha propuesto la creación de una filial comercial llamada FIFA Forward Enterprise. Planea privatizar más del 20% de este negocio para recaudar más de $4,200 millones de dólares. En ese mega-negocio está involucrada directamente la familia Trump. El grupo inversor líder seleccionado por la FIFA para esta multimillonaria operación es Thrive Eternal, una firma de capital de riesgo dirigida por Joshua Kushner (hermano de Jared Kushner, yerno y asesor clave de Donald Trump). Aparentemente, un negocio más dentro de los muchos que se tejen alrededor del fútbol. Lo nuevo es la intervención directa de un gobierno político asociado a una empresa económica privada, lo que de hecho convertiría el fútbol mundial en un objeto dirigido por y desde los EE UU.

Hasta tal punto la FIFA ha sido intervenida desde y por los EE. UU que en la Trump-Tower en Manhattan la FIFA mantiene instalaciones y paga alquileres en el piso 17. De tal modo que la lucha emprendida por la federación europea no es contra la “privatización” sino en contra de la “norteamericanización” del fútbol, emprendida por consorcios ligados a Trump como pivotes de la nube global.

“Infantino quiere robarle el alma al fútbol” dicen los empresarios futbolísticos europeos. No es cierto. Solo quiere que esa alma sea norteamericana. En ese sentido el aparentemente torpe intento de Trump al ordenar a Infantino retirar la tarjeta roja al jugador norteamericano Balogun, puede que haya sido un deliberado acto de narcisismo destinado a mostrar que su poderío se encuentra por sobre las leyes de este mundo, sean estas constitucionales o futbolísticas. Tal vez eso es cierto, pero una mínima decencia obligaba a no mostrar impúdicamente tanto poder. No solo en el fútbol, en todos los ámbitos de la vida, hay que cuidar las formas. Esa es, evidentemente, la parte más débil de Trump. Todos sabemos que Trump no es un demócrata. Pero lo que muchos no le perdonan, es que ni siquiera intenta parecerlo.

La UEFA, seamos claros, no es menos mafiosa que la FIFA y que la CONMEBOL. Al fin son dos brazos del mismo cuerpo. Pero a diferencia de la CONMEBOL que, acatando a los nuevos y ultra derechistas gobiernos latinoamericanos, no oculta su obediencia a las decisiones de los EE UU, la UEFA opera en un continente donde el sentimiento antinorteamericano no solo es propio a las izquierdas sino también a gran parte de las derechas, llegando a ser, en algunos países, parte de la cultura nacional. Tal vez Infantino, después de su encontronazo con Europa, se mantenga en el poder de la FIFA, o tal vez se convierta en un chivo expiatorio o que , a propuesta de Trump llegue a ser el nuevo Secretario General de las Naciones Unidas. Da lo mismo.

El presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin llegó a amenazar con un boicot europeo a las competiciones de la FIFA (como el Mundial de Fútbol o el nuevo Mundial de Clubes) si Infantino sigue adelante con la venta de activos comerciales. Sin la participación de Europa, Infantino mantendría el poder pero el fútbol perdería mucho interés. Infantino, por cierto, tiene la mayoría y maneja todos los mecanismos para ser reelegido. Pero Europa tiene el arma del boicot. Lo más probable es que Infantino se irá para que sea elegido alguien similar pero menos manchado. Pero aquí, reiteramos, lo que menos importa es Infantino.

Lo que verdaderamente está en juego es si la sociedad que se da entre empresas globales (no solo del fútbol) y el gobierno norteamericano logra imponer su hegemonía en el campo de la cultura de masas, algo que nunca lograrán China o Rusia. Pero para eso necesitan de Europa. Probablemente ese mismo problema volverá a aparecer bajo otras formas en las próximas Olimpiadas.

El caso Infantino ha demostrado cómo los conflictos entre los poderes estatales y los empresariales que actúan tanto en la tierra como en el cielo digital no desaparecerán de un día a otro. Lo nuevo es que en este caso el complejo tecno-económico intenta penetrar hasta en los interiores más íntimos del entretenimiento ciudadano. El gusto que queda - al saber que, solo mirando en la tele un simple partido de fútbol, estamos dejando entrar en nuestras propias casas a los proyectos de poder mundial- no deja de ser un tanto amargo.

El gobierno norteamericano, ya lo hemos visto, no está interesado en promover, mucho menos en defender a las democracias y a sus libertades. Ni siquiera le interesa el fútbol. Los grandes consorcios –se desprende de la retórica trumpista– no están en contra de los estados nacionales, a los que necesita como pivotes terrenales para expandirse geográficamente, sino en contra de los estados nacionales más débiles. Estos últimos deberán ser repartidos entre potencias y subpotencias (Palestina,Venezuela, Groenlandia, quizás Cuba) o simplemente serán abandonados a su perra suerte (Libia, Irak, Nicaragua)

Bajo la hegemonía chino-norteamericana, como representaciones terrenales de la nube global, las naciones pueden llegar a ser también bienes intercambiables.

Imagen: The New Yorker

Fuente: Polis

martes, 28 de julio de 2026

Las vulneraciones a las libertades aumentaron y migraron al entorno digital durante el año electoral


En 2025, las vulneraciones a las libertades fundamentales y a los derechos aumentaron en áreas sensibles y mutaron. Mientras los casos vinculados a la institucionalidad democrática descendieron respecto a 2024, crecieron los ataques contra la libertad de prensa, la libertad de expresión y el entorno digital. El fenómeno estuvo estrechamente ligado al proceso electoral, que trasladó buena parte de los ataques desde las calles hacia las redes sociales y otros espacios virtuales.

Esa es una de las principales conclusiones del Informe sobre Libertades Fundamentales e Institucionalidad Democrática en Bolivia 2025, presentado este martes por el Observatorio de Derechos Humanos de la Red UNITAS, que analiza la situación de siete derechos y libertades fundamentales a partir del monitoreo sistemático de casos ocurridos en el país.

De acuerdo con el reporte, un total de 619 casos fueron registrados el año pasado, siendo el Estado el actor que más vulneró los derechos humanos, entre ellos, el ejecutivo nacional, la policía y el òrgano judicial.

Los casos relacionados con vulneración a la institucionalidad democrática representan el 53,5% del total, cuatro puntos menos que en 2024 cuando llegó a 57,4%. Sin embargo, las condiciones para ejercer plenamente los derechos no son, en general, las mejores.

El informe identifica una transformación en las dinámicas de vulneración de derechos. Si bien las afectaciones a la institucionalidad democrática descendieron en comparación con 2024, crecieron las vulneraciones a la libertad de expresión en un 35,3%, a la libertad de prensa en un 7,3% (con ataques a 161 periodistas) y al entorno digital en un 42,5%, tendencia que el Observatorio relaciona con el clima preelectoral y electoral.

«La conflictividad política ha trasladado gran parte de sus expresiones al ámbito digital, una situación exacerbada por el clima electoral que convirtió a las redes sociales en un terreno de confrontación directa», señala el informe al analizar las vulneraciones registradas en internet. Añade que el entorno virtual dejó de ser un espacio neutral para convertirse en un escenario donde la estigmatización y la deslegitimación alcanzan mayor difusión y menor costo político para quienes las ejercen.

El reporte sostiene que esta transformación también explica el incremento de las agresiones contra periodistas y medios de comunicación, así como contra personas que ejercen su derecho a expresarse. Según el documento, la denominada «guerra sucia» electoral no se limitó a actos presenciales, sino que se desplegó simultáneamente en plataformas digitales mediante campañas de desprestigio, ataques y discursos de deslegitimación.

Patricia Flores, presidenta del Círculo de Mujeres Periodistas, invitada a comentar el informe durante la presentación, expuso que “hubo una suerte de erosión de los derechos humanos, lo cual se complejiza por diversos factores: cuando las mujeres ejercen el periodismo son blanco recurrente de ataques misóginos y esto se reproduce en el espacio digital. En ese entorno, quienes cubren la noticia se exponen aún más a la violencia”, dijo.

Cambio en la naturaleza de las vulneraciones

Más que una reducción general de la conflictividad, el Observatorio advierte un cambio en la forma en que esta se manifiesta. Mientras las vulneraciones relacionadas con la institucionalidad democrática disminuyeron respecto al año anterior, persistieron las presiones sobre derechos esenciales para el funcionamiento democrático, como la libertad de prensa y la libertad de expresión, en un contexto marcado por la competencia política y la polarización.

En el caso de la libertad de prensa, el informe señala que el incremento responde principalmente a la presión ejercida sobre periodistas y medios durante la cobertura del proceso electoral y de los conflictos sociales asociados. 

“Al ser 2025 un año de conflictividad tan acentuado, nos preocupó el nivel de vulneración en contra de las y los periodistas. Y lamentablemente, el Estado, desde sus órganos, muestra la inacción para proteger los derechos. Nos evidencia que transitamos en terrenos erosionados por la vulneración de derechos y con la precariedad laboral, algo que responde a los efectos de políticas que estigmatizan a quienes hacen información. Se buscó anular el periodismo, las voces interpeladoras y se optó por copar los medios públicos”, dijo Flores.

En esa línea, el experto en derechos humanos, Carlos Zárate también llamó la atención sobre la debilidad del Estado al proteger los derechos fundamentales y cuidar la institucionalidad democrática.

“Los mecanismos de protección deben venir del Estado. El Estado no solo vulnera derechos por falta de acción, sino por omisión. En 2025 hemos visto que se documentaron 619 vulneraciones, 331 corresponden a la categoría de institucionalidad democrática, no se trata solo de restricciones a derechos, sino del debilitamiento de las entidades encargadas de proteger esos derechos. Por tanto la democracia sufre un doble atentado”, manifestó.

El documento concluye que los ataques ya no constituyen hechos aislados, sino que revelan una hostilidad sostenida hacia el ejercicio periodístico proveniente de diversos actores políticos y sociales.

Zárate también reflexionó sobre la urgente necesidad de la separación de poderes. “Es vital para la calidad de la democracia. La intromisión de unos poderes en otros ha generado una justicia selectiva, de allí que tenemos a defensores criminalizados, llevados a procesos judiciales. El fortalecimiento de la institucionalidad pasa por la autonomía y la independencia de poderes”.

Las redes, un nuevo territorio de disputa

Uno de los hallazgos que más llama la atención del informe es el crecimiento de las vulneraciones registradas en el entorno digital.

El Observatorio documenta un incremento del 42,5% respecto a 2024 y sostiene que las redes sociales se consolidaron como un nuevo espacio de confrontación política, donde confluyeron campañas de estigmatización, desinformación, utilización indebida de recursos públicos y ataques dirigidos contra periodistas, activistas, medios de comunicación y personas defensoras de derechos humanos.

Para el Observatorio, esta evolución demuestra que las amenazas a las libertades fundamentales ya no se expresan únicamente mediante restricciones o agresiones físicas, sino también a través de mecanismos digitales que amplifican el hostigamiento y afectan el debate público en un contexto democrático.

Durante su intervención, Mila Reynolds, directora ejecutiva de UNITAS hizo énfasis en que no existen derechos humanos plenos sin instituciones que los garanticen, y tampoco existen instituciones sólidas sin libertades fundamentales plenamente vigentes.

“Me refiero a libertades que, a primera vista, podrían parecer distintas entre sí —la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de reunión pacífica y la libertad de asociación—, pero que en realidad no son compartimentos separados. Son piezas de un mismo engranaje democrático. Y como todo engranaje, cuando una pieza falla, arrastra inevitablemente a las demás. No se puede debilitar la libertad de prensa sin que ello afecte, tarde o temprano, el derecho de la ciudadanía a la información y, con ello, la calidad misma de nuestra democracia”, señaló.

El informe fue elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Red UNITAS, que desde 2017 monitorea y documenta vulneraciones a las libertades fundamentales y a la institucionalidad democrática mediante una metodología basada en estándares internacionales, con verificación de casos provenientes de denuncias, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil. Su propósito es aportar evidencia para el diseño de políticas públicas y fortalecer la protección de los derechos humanos en Bolivia.

Fuente: Sumando Voces

sábado, 25 de julio de 2026

Gobierno busca eliminar trámites y apunta a digitalizar el Estado hasta 2027


El Gobierno puso en marcha una estrategia para reducir la burocracia estatal y avanzar hacia la digitalización de los trámites, a través de la iniciativa Tranca Cero, que busca identificar y eliminar procedimientos y regulaciones considerados innecesarios para ciudadanos, emprendedores y empresas.

Julio Linares, viceministro de Coordinación y Modernización del Estado, explicó que la plataforma recibió más de 1.000 reportes ciudadanos desde el 1 de junio hasta la fecha de la entrevista, mientras que el equipo encargado ya envió 95 cartas y trabaja con distintas entidades para modificar resoluciones ministeriales y administrativas.

La autoridad abordó la estrategia durante una entrevista en Asuntos Centrales, donde explicó que el objetivo es avanzar hacia un Estado con menos trámites, mayor interoperabilidad entre instituciones y procesos completamente digitales.

Los ciudadanos ya reportaron más de 1.000 trabas

La plataforma Tranca Cero permite que los ciudadanos reporten dificultades en trámites realizados ante instituciones públicas, indicando la entidad, la ciudad y el motivo de la queja.

Linares explicó que los reportes son analizados y, cuando corresponde, derivados a la institución responsable para buscar una solución. En los casos en los que la traba está vinculada a una norma, se inicia un proceso de revisión para determinar si debe modificarse o eliminarse.

“Ya tenemos más de 95 cartas que hemos enviado y trabajos que estamos haciendo continuos en mesas rapiditas de solución con todos los ministerios o entidades”, informó el viceministro.

La estrategia abarca a los ministerios y entidades descentralizadas del Gobierno central, entre ellas instituciones como la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed) y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag).

El B-SISA, un ejemplo de la tramitología

Linares utilizó el trámite del B-SISA como ejemplo de los procedimientos que, a su criterio, requieren una revisión. Explicó que para realizar el registro se solicitan documentos y fotocopias que podrían ser verificados mediante la interoperabilidad de las bases de datos estatales.

“Hay una serie de temas que estamos viendo ya con el Viceministerio de Coordinación y Modernización del Estado, el cambio que hicimos y que está haciendo todo el plan de poder romper este ‘Estado tranca’”, señaló Linares.

La autoridad sostuvo que el objetivo es evitar que los ciudadanos tengan que presentar información que ya se encuentra en poder de otra institución pública.

En ese marco, recordó que un decreto establece que las entidades del Gobierno central no pueden exigir fotocopias de la cédula de identidad para realizar trámites. La medida también limita la solicitud del certificado de nacimiento a casos específicos, como el ingreso a determinadas instituciones.

La digitalización aún parte de un nivel bajo

Linares reconoció que el avance de Bolivia en materia de digitalización estatal todavía es reducido y que el país debe avanzar desde la digitalización de documentos hacia procesos completamente digitales.

El viceministro explicó que el Gobierno electrónico consiste, en gran medida, en trasladar documentos físicos a formatos digitales, mientras que el Gobierno digital implica que el trámite sea digital desde su inicio hasta su conclusión.

“Ni siquiera hemos terminado bien la etapa del gobierno electrónico”, afirmó Linares, al explicar que el objetivo es avanzar hacia una digitalización integral de los procesos.

La estrategia también contempla fortalecer la interoperabilidad entre las instituciones públicas. Según la autoridad, al inicio de la actual gestión solo 19 entidades contaban con interoperabilidad, cifra que llegó a 35 en los primeros ocho meses y que se espera ampliar a 100 hasta fin de año.

La meta es que el sistema alcance a todas las instituciones del Gobierno central hasta mediados de 2027, aunque el proceso también requiere realizar un inventario de equipos, servidores y programas informáticos disponibles en las entidades estatales.

Migración, Aduana e Impuestos concentran más quejas

Entre las instituciones que concentran la mayor cantidad de reclamos ciudadanos se encuentran Migración, Aduana e Impuestos, de acuerdo con la información proporcionada por el viceministro.

Linares señaló que también existen quejas relacionadas con Derechos Reales y el Servicio de Registro Cívico (Serecí), aunque explicó que el alcance actual de la estrategia aún no permite intervenir en todas las entidades y niveles del Estado.

La iniciativa busca que los ciudadanos reporten las dificultades que enfrentan en sus trámites a través de la plataforma Tranca Cero y sus canales digitales, para que las entidades responsables puedan revisar los procedimientos y, cuando corresponda, modificar o eliminar las normas que generan las trabas.

Fuente: Asuntos Centrales

viernes, 17 de julio de 2026

La revolución desregulatoria en Argentina: Entrevista con Federico Sturzenegger


Como ministro de Desregulación y Transformación del Estado de Argentina bajo el mandato del presidente Javier Milei, Federico Sturzenegger es el artífice del esfuerzo de desregulación más ambicioso en la historia del país. Su labor comenzó años antes de que Milei asumiera el cargo y se vio moldeada por su experiencia de primera mano con la burocracia argentina durante dos administraciones anteriores, incluyendo un período de tres años como presidente del banco central del país.

En esta entrevista con Marcos Falcone, del Instituto Cato, realizada en Buenos Aires, Sturzenegger analiza las motivaciones que lo llevaron a la desregulación incluso antes de que Milei fuera elegido presidente; detalla el proceso para superar los poderosos intereses que durante mucho tiempo se apoyaron en el sistema económico corporativista de Argentina; y explica por qué el caso de Argentina —fundada originalmente sobre los mismos principios liberales clásicos que Estados Unidos— ofrece lecciones que trascienden ampliamente sus fronteras. La siguiente transcripción de la entrevista, realizada en abril, ha sido ligeramente editada para mayor claridad y brevedad.

MARCOS FALCONE: Hace años, te hiciste viral en Argentina al posar junto a montones de regulaciones que proponías eliminar o modificar. ¿Qué te inspiró a hacer un mapeo de cada una de las regulaciones federales de Argentina, incluso antes de unirte al equipo de Milei?

FEDERICO STURZENEGGER: Participé en dos gobiernos anteriores en Argentina, el de De la Rúa y el de Macri, que fueron intentos de reformar un país que llevaba estancado unos 50 años. Esos gobiernos estaban llenos de personas muy capaces y honestas que realmente intentaban lograr un cambio para su país. ¿Cómo es posible que fracasaran? Llegué a la conclusión de que la razón por la que esos gobiernos fracasaron es que Argentina vivía en su propio Triángulo de las Bermudas, creado por ella misma. Este Triángulo de las Bermudas es obra de grupos de interés dentro del país que, básicamente, habían utilizado la arquitectura legal para acumular privilegios para sí mismos.

Hay tres actores en este triángulo: los sindicatos, los capitalistas clientelistas y el Partido Peronista. Si utilizáramos la terminología de los economistas Daron Acemoglu y James Robinson, Argentina había establecido una serie de instituciones económicas no inclusivas y un círculo vicioso: se crean privilegios, esos privilegios generan rentas regulatorias, y esas rentas se utilizan luego para comprar la disposición a preservar los privilegios. Una vez que se crean estos privilegios, es muy difícil desmantelarlos. Llegué a la conclusión de que, si íbamos a desmantelar eso, teníamos que desmantelar la arquitectura legal, y teníamos que hacerlo con rapidez y determinación. Quería que quien fuera a ser presidente a finales de 2023 tuviera todas las leyes que debían modificarse en Argentina, de modo que, si quisiera desmantelar esta arquitectura legal, pudiera hacerlo.

Por eso comencé a trabajar dos años antes de que asumiera el nuevo gobierno. Leímos todas las leyes de Argentina y las clasificamos en leyes que debían derogarse, leyes que debían mantenerse y leyes que debían modificarse. De hecho, redactamos las modificaciones a las leyes. Creo que tuvimos la suerte de contar con Milei, un verdadero defensor de la libertad y un firme partidario de desmantelar toda esta regulación que se había acumulado como capas geológicas a lo largo de las últimas décadas. Fue una afortunada coincidencia que él contara básicamente con el capital político y la voluntad para llevarlo a cabo.

Es un proyecto que, en mi opinión, es muy, muy liberal. Es bastante único. Hemos llevado a cabo 15.000 desregulaciones en los primeros dos años de la administración de Milei. Es un sueño hecho realidad, sinceramente.

FALCONE: El gobierno de Milei ha declarado que sus objetivos son explícitamente libertarios. ¿Cómo se traduce eso en la práctica para vos como ministro de este gobierno, y en qué se diferencia de los otros dos gobiernos de los que formaste parte?

STURZENEGGER: A veces lo ilustro con lo siguiente: el gobierno de Macri tenía un Ministerio de Modernización, pero el Estado nunca se moderniza. Lo que nosotros consideramos que moderniza es permitir que las personas sean libres, quitando al gobierno del camino. El gobierno es particularmente devastador para las pequeñas y medianas empresas, porque es como un costo fijo. Para tener una economía dinámica y en crecimiento, hay que cuestionar constantemente la sabiduría convencional, y para eso se necesita toda esa creatividad, poder operar sin límites. Así que creo que, para nosotros, los objetivos del programa de desregulación estuvieron muy claros desde el principio.

FALCONE: ¿En qué sectores de la economía argentina has tenido más éxito en la desregulación? ¿Cómo superás la captura regulatoria y lidiás con esos intereses creados que cada regulación protege?

STURZENEGGER: Creo que Argentina es un país en el que, básicamente, habíamos bloqueado todo aquello en lo que éramos buenos. Por ejemplo, teníamos una ley de glaciares que, en la práctica, hacía imposible la minería. Al otro lado de los Andes está Chile, que exporta 60 mil millones de dólares al año, y nosotros prácticamente no teníamos exportaciones mineras, pero eso fue culpa nuestra. Tenemos las montañas, tenemos el cobre, tenemos el oro, tenemos la plata, lo tenemos todo. Imaginate si este país hubiera exportado 60 mil millones de dólares en productos mineros durante los últimos 40 años: este sería un panorama completamente diferente. Simplemente nos castigamos a nosotros mismos. Otro ejemplo: también hemos prohibido la inversión extranjera directa en el sector agrícola, en las economías regionales y en la industria forestal. Los kirchneristas aprobaron una ley que estamos en proceso de derogar; este cambio en la Ley de Tierras generará alrededor de 15 mil millones de dólares en inversiones en todo el país. Va a cambiar el panorama por completo. Antes de esto, si querías criar salmón, no podías, porque prohibíamos la cría de salmón en el océano. Si querías cosechar, necesitabas autorización de la agencia agrícola. Si querías importar bienes de capital usados, no podías hacerlo, debido a la presión de un sector en particular. Podría seguir y seguir enumerando todas las restricciones que nos hemos impuesto a nosotros mismos. Así que vemos que nuestra tarea consiste en eliminar todas esas limitaciones, y creo que los resultados son bastante impresionantes.

Me preguntaste cómo lidiar con los intereses creados y cómo hacer que esta reforma sea sostenible. Tenés que interpretar todas nuestras reformas económicas como si tuvieran dos niveles. Un nivel es el económico. Para darte un ejemplo: la apertura comercial. Queremos hacerlo porque creemos que es bueno, ¿verdad? La economía va a funcionar mejor. Pero luego hay un nivel más profundo y tal vez más importante, que es el de la economía política: cuando se abre la economía, se diluyen las rentas de las empresas que las utilizaban para influir en el sistema político y mantener a Argentina cerrada.

Tomemos la reforma laboral: el proyecto de ley que promovimos tenía como objetivo hacer que el mercado laboral fuera más flexible, que se adaptara mejor a las condiciones regionales y que redujera los litigios, todas las cosas que los economistas saben que funcionan. Pero creo que hay una dimensión mucho más importante de las reformas laborales, y es que cambiamos la forma en que se llevan a cabo las negociaciones laborales. Hoy en día, en Argentina, las negociaciones son nacionales por sector, por lo que el sindicato de camioneros es el mismo para todo el país. Pero ahora vamos a permitir negociaciones a nivel de empresa que prevalecerán sobre el acuerdo nacional y creo que esto es muy importante para que el mercado laboral funcione mejor, porque puede haber lugares donde se necesite un acuerdo diferente, y si se implementa un modelo único para todos, no va a funcionar. Pero lo más importante es que rompe el poder de los sindicatos. Los sindicatos ya no son ese poder nacional monolítico: Ahora la gente puede separarse y simplemente tomar sus propias decisiones y llegar a sus propios acuerdos. Así que siempre hay que pensar en las regulaciones como si tuvieran estas dos capas: una de la que nos ocupamos como economistas, porque queremos que el sistema funcione mejor, y la otra de la que nos ocupamos como políticos, o como politólogos, al debilitar el poder económico de lo que yo llamo estos "agentes bloqueadores" (los que eran responsables de esta arquitectura de privilegios). Si los debilitamos económicamente, debilitamos su capacidad para defender ese sistema, y creo que esa es la mejor manera de abordar el problema. Si no se reduce el poder económico del agente bloqueador, tarde o temprano volverán a caer en el antiguo régimen.

FALCONE: Hacés hincapié en que no solo es importante desregular, sino también dar seguimiento a la desregulación. ¿Podrías contarnos sobre una desregulación que haya sido especialmente compleja de resolver?

STURZENEGGER: Hay resistencia proveniente de dos fuentes. Puede haber resistencia por parte de los intereses establecidos, o puede haber resistencia por parte de la burocracia. Los intereses establecidos han resultado ser mucho más fáciles de manejar para mí que, creo, para cualquier otro reformista en el mundo. ¿Por qué? Porque cuento con el presidente Milei. Recordá que hay que pensar en las regulaciones no como el resultado de algún planificador central que piensa en cómo hacer el bien, sino como el resultado de intereses especiales que utilizan al Estado para generar regulaciones que los beneficien a ellos mismos. Así que, para nosotros, el punto de referencia es que la regulación es mala, no que la regulación es buena. La carga de la prueba para mantener una regulación recae en gran medida en quien quiere mantenerla, no en quienes quieren eliminarla. Detrás de la regulación hay un dueño, alguien que se beneficia de ella. Así que cuando anuncio una desregulación, el presidente Milei de inmediato se pronuncia en las redes sociales y la respalda, y esto es fundamental porque quienquiera que estuviera pensando en ejercer presión en contra de la desregulación no puede hacerlo, ya que el presidente ya la ha respaldado. Le digo a Javier que es un poco como si él caminara delante de mí con su machete y me abriera el camino, para que luego los ministros y yo podamos avanzar y lograr grandes progresos.

Luego está la resistencia de la burocracia, que no quiere perder poder. Recordá que cada regulación es una oportunidad para la corrupción. Así que, cuando desmontás este sistema, hay mucha gente dentro de la burocracia que no quiere que esto siga adelante, y la burocracia es como un monstruo de muchas cabezas: no sabés cómo atacarlo; lo golpeás por un lado y luego sale por otro. He tenido casos en los que hice una desregulación a un nivel más bajo de resolución y la burocracia restableció lo que habíamos eliminado a un nivel más alto. Así que hay que tener mucho cuidado; hay que estar alerta todo el tiempo.

Tengo conversaciones muy fluidas con quienes yo llamo las "víctimas del Estado", y me dicen: "Ay, Federico, desregulaste esto, pero te olvidaste de esta otra disposición". Así que vuelvo a intentarlo y me dicen: "No, te olvidaste de esta otra". De la misma manera que los centros de datos tienen redundancias, quienes construyeron la arquitectura legal también incorporaron redundancias, asegurándose así de que haya tres o cuatro protecciones para cada uno de sus privilegios, por lo que lleva algo de tiempo.

Las redes sociales son geniales porque son un lugar donde todos hablan con todos. He establecido una forma de comunicarme que me ha resultado muy útil: cada mañana envío un tuit en X —explico una desregulación, trato de darle un toque de humor y hacerla accesible, y eso genera atención. Si algo no está funcionando, la gente lo dirá en voz alta, porque la gente celebra la desregulación, celebra su libertad, pero si no funciona, lo dejarán claro y lo harán notar. Así que, para nosotros, el simple hecho de dar seguimiento a las redes sociales es como una auditoría de lo que estamos haciendo, y nos ayuda a corregir sobre la marcha. La sociedad en su conjunto, de hecho, nos está ayudando a hacer nuestro trabajo. Incluso el hecho de que Milei apoye públicamente las reformas es algo que tal vez no hubiera sido posible hace 15 o 20 años, porque habría pasado por los medios de comunicación, pero ahora simplemente podés decir lo que estás haciendo y todos están escuchando. El panorama ha cambiado bastante.

FALCONE: Solías tener una cuenta regresiva que mostraba el número de días que faltaban hasta el vencimiento de las facultades delegadas otorgadas por el Congreso en 2024 para desregular la economía. Eso ocurrió en julio de 2025, pero veo que la cuenta regresiva sigue ahí y ahora refleja el número de días que te quedan en el cargo. ¿Cómo ha cambiado tu trabajo en comparación con la época en que contabas con esas facultades delegadas?

STURZENEGGER: Cuando aprobamos ese proyecto de ley en el Congreso con reformas muy significativas, uno de los artículos básicamente otorgó al gobierno lo que se conoce como facultades delegadas, que están contempladas en nuestra Constitución, lo que significa que, en un asunto específico y por un tiempo determinado, se pueden realizar algunos cambios. En nuestro caso, el Congreso nos delegó poderes para transformar el estado, pero no nos otorgó poderes delegados para la desregulación, sino solo para cerrar unidades y tener cierta flexibilidad en lo que podíamos hacer al respecto. Así que tenía un contador de los días que nos quedaban con esos poderes delegados porque quería que todo el equipo estuviera alerta y asegurarme de que no perdiéramos la oportunidad. Por eso, además del contador, tenemos esta cita de Gandalf cuando le habla a Frodo y dice que no importa cuánto tiempo tengamos, sino lo que decidamos hacer en el tiempo que se nos ha dado. Emitimos 72 decretos delegados en el tiempo limitado que nos dio el Congreso.

Ahora, como dijiste, muestra el número de días que le quedan a la administración, porque también quiero que mi equipo valore este tiempo que se nos ha dado. Tenemos un presidente único que cree en la idea de la libertad como ningún otro líder que haya visto en el mundo, que tiene las agallas y el coraje para seguir adelante. Queremos ser muy conscientes de eso y por eso tenemos el contador, pero el trabajo no ha cambiado mucho. Cuando contábamos con las facultades delegadas, podíamos, mediante un decreto delegado, modificar algunas cosas a nivel legislativo. Pero este año, dado el buen resultado que obtuvimos en nuestras elecciones de mitad de mandato, tenemos la capacidad de acudir al Congreso, y creo que podemos ser bastante optimistas con respecto a la mayoría de las leyes que nos interesa aprobar. Por supuesto, siempre hay un debate, pero esa es la naturaleza de la democracia.

FALCONE: En tu paper "Desregulación: de la teoría a la práctica", hablás de cómo los reguladores suelen ser desproporcionadamente reacios al riesgo, implementando normas que cuestan demasiado para el riesgo improbable que intentan evitar. ¿Es esto parte de una mentalidad que debe cambiar para que la desregulación funcione?

STURZENEGGER: No sé si se trata de la mentalidad o de la estructura de incentivos, porque, por ejemplo, si leés Libertad de elegir de Milton Friedman, él aborda el tema de la aprobación de medicamentos: si una autoridad aprueba un medicamento y luego una persona muere por ese medicamento aprobado, sin duda ese regulador estará en problemas, ¿verdad? Ahora bien, si no se aprueba el medicamento, y luego hay muchos fármacos que no llegan al mercado, y miles de personas mueren porque el producto no llegó al mercado, ¿qué le pasa al regulador? Nada, porque nadie siquiera se enteró. Friedman dice que la estructura de incentivos del regulador está totalmente sesgada hacia lo conservador y lo excesivamente cauteloso, y creo que eso es muy problemático. La gente muere al cruzar la calle y eso es terrible, pero no llegaríamos al extremo de prohibir que la gente cruce la calle. Eso simplemente no tendría sentido. En nuestras discusiones, veo que el regulador es excesivamente conservador, y parte de mi trabajo consiste en convencerlo de que asuma más riesgos.

Pero cuando decís "dejemos que la gente sea libre", la imaginación del burócrata se desata, se vuelve mejor que la de Jorge Luis Borges o Julio Cortázar: se les ocurren historias de todas las cosas terribles que sucederán si la gente es libre. Yo digo: "Ahora contame las mismas historias de todas las cosas que no sucederán gracias a esta regulación", y no hay nada que decir. Así que creo que hay una tendencia muy fuerte a la sobrerregulación, y creo que parte de mi trabajo es tratar de lograr que la gente asuma riesgos.

Dejame volver a lo que te estaba contando antes sobre un ejemplo de cosas que son increíbles: en Argentina estaba prohibido usar internet satelital (creo que la gente de Cato ha escrito sobre esto). Para quienes no saben mucho sobre Argentina, si la colocás sobre Europa, se extendería desde Portugal hasta Estonia, así que abarca todo el continente europeo. Pero aquí solo somos 47 millones de personas, así que estamos muy dispersos. Nunca vas a poder llevar un cable de fibra óptica a todo el mundo. No tiene ningún sentido y nunca lo tendrá. Sin embargo, no podíamos comprar internet satelital; eso estaba prohibido porque el mayor conglomerado de medios de Argentina es un gran proveedor de internet y les resultaba muy fácil presionar a algún tipo que ganaba 1.000 dólares al mes en ENACOM, que es la agencia reguladora, e intentar convencer a ese tipo de una forma u otra para que emitiera una norma que prohibiera el uso del satélite. Eso era mucho más barato que competir. Milei, en su décimo día en el cargo, eliminó esa norma, y varias empresas comenzaron a operar, de las cuales la más conocida es Starlink. Y hoy, tres millones más de argentinos (lo que representa cerca del 10 por ciento de la población) tienen acceso a internet de alta calidad simplemente gracias a la libertad, sin que el gobierno haya gastado ni un centavo.

FALCONE: ¿Qué sigue para la desregulación en Argentina? ¿Qué esperás lograr en lo que te queda de mandato como ministro?

STURZENEGGER: Tengo varios proyectos enviados al Congreso. Uno de ellos va a eliminar algo así como cien leyes, estructuras legales que se vuelven obsoletas con el tiempo, y creo que sería interesante que este proceso se convirtiera en algo habitual. Por ejemplo, Texas tiene una cláusula de caducidad según la cual, después de que una agencia estatal haya existido durante un cierto número de años, la legislatura estatal tiene que renovar la ley que autoriza a la agencia. De no hacerlo, la ley deja de tener vigencia, así que creo que esto forma parte del proceso de eliminar lo obsoleto de nuestro sistema legislativo. También hay un proyecto de ley en el Senado que derogará la Ley Agraria de los kirchneristas y permitirá la inversión extranjera directa en el sector agrícola, lo cual es fundamental. Además, voy a presentar al Congreso un proyecto de ley para desregular los mercados de capitales y el mercado de seguros, entre otros. Otro es el mercado de la navegación. En Estados Unidos existe la Ley Jones, que protege a los buques locales pero ha incrementado drásticamente el costo del transporte marítimo. El presidente Trump la ha suspendido; no sé si será solo temporal, pero sin duda recomendaría que se haga permanente. En Argentina tenemos nuestro equivalente a la Ley Jones, que ha encarecido mucho el transporte de mercancías por los ríos, así que vamos a desregularlo por completo. En algunos casos, eso implicará reducciones en el costo de producción de entre el 20 y el 50 por ciento. Imaginate a personas que viven aisladas y tienen que cargar mercancías en camiones y luego quemar diésel para llegar a un puerto que tal vez esté a 1.000 kilómetros de distancia, en lugar de simplemente usar el río que está a un kilómetro de donde producen. La reducción de costos será drástica.

También vamos a modificar la ley de competencia porque el actor más peligroso para la competencia no son las empresas privadas, sino el Estado. Cada regulación es una forma de atacar la competencia, ya que constituye una barrera de entrada; es una forma de reducir el nivel de competencia en la economía. Queremos otorgar a nuestra agencia antimonopolio la facultad de oponerse a las políticas gubernamentales que afecten a la competencia. Se trata de un cambio de enfoque completamente diferente.

La otra cosa que quiero mencionar es el marco legal para la inteligencia artificial. Los holandeses permitieron que el capitalismo floreciera cuando inventaron la sociedad de responsabilidad limitada hace cuatrocientos años en Ámsterdam. Era necesario distinguir de alguna manera entre el riesgo de la actividad en la que participa la empresa y el patrimonio de las personas que forman parte de ella, y ese es el concepto de responsabilidad limitada. Creo que con la IA se presenta claramente este problema, porque no se tiene control total sobre lo que van a hacer los agentes de IA, y si no existe una responsabilidad limitada sólida para el despliegue de la inteligencia artificial, no va a funcionar. Recientemente hubo un fallo en California que transfirió el riesgo de las acciones del agente de IA a los desarrolladores, y entonces la gente empezó a decir: "Bueno, California no es un lugar donde podamos desplegar agentes de IA". Por eso queremos introducir un capítulo en nuestra ley de sociedades en el que tendremos reglas muy claras y una responsabilidad limitada muy definida para los agentes de IA y las corporaciones, con la esperanza de proporcionar el marco de libertad y derechos de propiedad que el resto del mundo no está brindando para la IA.

FALCONE: Además de estos ejemplos de la Ley Jones y la IA, ¿qué lecciones podría extraer Estados Unidos, en términos más generales, de la experiencia argentina en materia de desregulación?

STURZENEGGER: Creo que hay dos lecciones principales. La primera lección es que, si estás en problemas políticos, lo mejor que podés hacer es reducir el gasto público, y ahí le doy la vuelta al keynesianismo, porque la gente tiende a decir: "Ah, hay que gastar para ganar poder político", pero Milei y yo decimos: "¿Quién nos convenció de que quitarle el dinero a la gente y dárselo a un político para que este lo gaste en nombre del pueblo va a ser más popular que devolverle ese dinero a la gente?" Javier Milei redujo el gasto público en un 5 por ciento del PIB, la economía creció un 6 por ciento y ganó las elecciones por una mayoría aplastante, porque ese dinero tiene que venir de algún lado. ¿Cómo es posible que eso no sea popular? Así que creo que la primera lección es reducir el gasto público y, por lo tanto, reducir los impuestos.

La otra lección es que la reforma es popular. Si alguien se opone a la agenda de desregulación, son los intereses creados; no es la gente. Desregulamos el internet satelital y la gente lo valora mucho; valora esa libertad, valora ese servicio. Por supuesto, ese gran conglomerado mediático sigue enojado por eso, pero los 47 millones de personas en Argentina están eufóricas. Creo que la agenda de desregulación y la agenda de libertad se refuerzan mutuamente, porque, por un lado, debilitan el poder económico de quienes obstaculizan el cambio, pero también generan apoyo político, ya que los beneficiarios del programa de desregulación son la población en general. Así que, para lograrlo, hay que prepararse, porque la reforma es como David contra Goliat: El reformista es David y los intereses establecidos son Goliat, porque ellos tienen el poder, tienen el dinero, pueden comprar a la prensa y pueden conseguir votos en el Congreso. Entonces, ¿cómo venció David a Goliat? Con el factor sorpresa, ¿verdad? Básicamente, David lanzó una piedra cuando ese tipo no se lo esperaba, lo derribó de un solo golpe y luego le cortó la cabeza. Tienen que actuar rápido, pero deben estar preparados para eso.

FALCONE: ¿Es por eso que el caso de Argentina es relevante para el resto del mundo? Porque claramente no se trata solo de desregulación, como dijiste. ¿Se trata de reformar un país fallido? ¿Se trata de volver a las ideas de Juan Bautista Alberdi, los principios fundacionales que alguna vez hicieron que Argentina y también Estados Unidos fueran libres y prósperos?

STURZENEGGER: Creo que sin duda se trata de darle un giro a la historia de Argentina, pero cuando vamos al extranjero y la gente oye el nombre de Javier Milei y escucha lo que estamos haciendo, se convierte en una inspiración para ellos. Dicen: "Este es el político que quiero, un político que no cree en el gobierno, un político que de hecho desprecia al gobierno y cree en la libertad, que cree que las cosas buenas de la sociedad las construye el sector privado y no el gobierno". En Europa, la gente se vuelve loca con esto porque están realmente hartos; tienen tantas capas de regulaciones que es imposible hacer algo allí. Pero yo diría que, incluso en Estados Unidos, ven a Milei como un modelo a seguir. La gente ve que se trata de un experimento bastante extremo en materia de libertad y si funciona en Argentina, eso dice mucho. Si permite a los argentinos revertir una historia de cincuenta años de estancamiento e intervención gubernamental que dejó al 70% de nuestros niños en la pobreza, entonces ese es un caso que hay que destacar y tomar en cuenta. Creo que todos están pendientes debido a la audacia del presidente, su convicción y su amor por la libertad. La economía ha crecido significativamente en los primeros dos años, la inflación ha bajado, las tasas de pobreza han disminuido, estamos en medio de un auge impulsado por las exportaciones. Están sucediendo cosas increíbles en Argentina que nunca antes habían ocurrido. Estamos muy, muy optimistas.

Imagen: Diario Libre

Fuente: El Cato

viernes, 3 de julio de 2026

Senado aprueba en grande la ley de acceso a la información pública, que busca transparentar los datos del Estado


El pleno de la Cámara de Senadores aprobó el jueves, en su estación en grande, el proyecto de “Ley de Acceso a la Información Pública”, una norma con la cual se busca transparentar la información del Gobierno, las gobernaciones y las alcaldías del país, además de las reparticiones que funcionan con recursos del Estado.

“Todos los ciudadanos bolivianos tienen derecho a acceder a la información pública de manera transparente y sin trabas”, afirmó el senador José Roca, quien destacó el derecho de la ciudadanía a conocer la gestión de los recursos y la administración pública.

En su criterio, “es el derecho que tienen todos los bolivianos a acceder a información sin mayor trámite posible” y “se demuestra la transparencia de los entes del Estado, de los gobiernos municipales y que muchos no tienen esa información porque no les conviene”.

El legislador explicó que “hay un montón de amparos” constitucionales en los cuales se pide al Estado transparentar la información. En ese marco, comentó que en la región solo Venezuela, Cuba y Bolivia no cuentan con una norma de este tipo.

Se trata de una iniciativa orientada a garantizar el ejercicio pleno del derecho de acceso a la información, fortalecer la transparencia en la gestión pública y establecer mecanismos que faciliten el acceso de la ciudadanía a la información generada por las instituciones del Estado, señala un boletín institucional.

En la sesión se planteó una moción de aplazamiento, pero esta fue rechazada. En ese marco, se acordó que la consideración en detalle del proyecto de ley se retome en la próxima sesión ordinaria, tras el receso parlamentario, cuando se analicen sus artículos.

Comisión

El informe presentado por la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral recomendó la aprobación del proyecto e incorporó dos disposiciones destinadas a fortalecer su implementación.

Entre ellas, la creación de un “órgano garante externo, autónomo e independiente, con personalidad jurídica, presupuesto propio y potestad sancionatoria”.

Además, se añadió en el documento una disposición que ordena al Órgano Ejecutivo implementar un sistema estandarizado de gestión y archivo documental en las entidades públicas, como condición para la plena operatividad de la futura ley.

El proyecto establece como objeto garantizar el ejercicio pleno del derecho de acceso a la información, tanto de manera individual como colectiva, promoviendo la transparencia de la gestión institucional, informó el Senado.

Asimismo, “dispone su aplicación a entidades e instituciones públicas, empresas públicas, universidades públicas y otras instancias con participación estatal”.

Además, se incorporan “principios como la accesibilidad, la gratuidad, la presunción de publicidad, la transparencia, la no discriminación, la responsabilidad y la facilitación para el acceso a la información pública”.

Fuente: Unitel

sábado, 20 de junio de 2026

El mito del secreto institucional: cómo abrir los archivos del Estado con la Constitución


Existe una vieja costumbre arraigada en todas las instituciones públicas de Bolivia: considerar que la información, los informes técnicos y los contratos estatales son propiedad privada del funcionario intransigente.

Cuando un ciudadano, un periodista o una organización civil, solicita la copia de un expediente de interés público, la respuesta suele ser el silencio o ahora, más que antes, el clásico «es confidencial».

Esta cultura del secreto es el principal enemigo de la transparencia y un freno directo al control social, que es un derecho plenamente reconocido en nuestra Constitución Política del Estado.

Sin embargo, desde la perspectiva del litigio de alta complejidad, el «secreto administrativo» en Bolivia es, salvo contadas excepciones de seguridad nacional, un mito jurídico que puede ser desmontado con precisión constitucional.

La Constitución Política del Estado (CPE) es contundente. El artículo 24 garantiza que todos los bolivianos tenemos derecho al acceso a la información, poniendo como único requisito el de estar plenamente identificado cuando se realice la petición.

La información pública le pertenece al ciudadano, no al Estado; las instituciones son simples custodios de esos datos.

Cuando un ministerio, una gobernación o una alcaldía niega sistemáticamente un informe, ya sea sobre el presupuesto de una obra, un estudio de impacto ambiental o el estado de un trámite, no solo está cometiendo una falta administrativa; está vulnerando un derecho fundamental transgresor que paraliza el ejercicio de otros derechos.

El ciudadano común suele rendirse tras recibir el primer rechazo en la ventanilla. El litigante estratégico, en cambio, utiliza esa negativa como la prueba reina para activar la justicia constitucional. El camino técnico para romper el cerco del silencio exige tres pasos:
  • La solicitud formal y preconstitucional: La petición de información debe ser redactada con absoluta claridad, citando el Art. 24 (derecho de petición) de la CPE. Es vital fijar un plazo perentorio basado en la Ley de Procedimiento Administrativo. Cada sello de recepción es un eslabón en la cadena de defensa.
  • El agotamiento de la vía de hecho: Si la autoridad responde con evasivas o simplemente ignora el requerimiento, se configura una «omisión indebida». En este punto, no se discute si la autoridad quiere o no dar la información; lo que se evidencia es que está actuando al margen de la ley.
  • El amparo constitucional como llave maestra: Ante el silencio o la negativa arbitraria, se interpone una acción de amparo constitucional. En la audiencia, el peso de la prueba se invierte: es el funcionario público quien debe demostrar ante el juez qué ley específica lo faculta a ocultar esa información. Si no puede demostrarlo, el tribunal constitucional le ordenará la entrega inmediata de los documentos bajo conminatoria de ley.
Democratizar el acceso a la información es el primer paso para equilibrar la balanza entre el ciudadano y el poder. Cuando las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) aprenden a utilizar estas herramientas procesales avanzadas, sus investigaciones adquieren un blindaje técnico indiscutible. La fiscalización ciudadana deja de ser una denuncia abstracta en medios y se convierte en un expediente sólido, respaldado por los propios documentos del Estado.

La construcción de una sociedad más justa no requiere de confrontaciones, sino del ejercicio valiente y técnico de las herramientas que la propia Constitución nos otorga.

El secreto institucional solo prospera allí donde la defensa jurídica es débil o inexistente. Frente al muro del silencio burocrático, la litigación estratégica de vanguardia ofrece una salida institucional clara.

Obligar al Estado a rendir cuentas no es una concesión que se deba mendigar; es un derecho que se ejerce con rigor, estrategia y la firme convicción de que en una democracia, las paredes del poder deben ser de cristal.

Imagen: Transparencia Venezuela

Fuente: Sumando Voces

domingo, 14 de junio de 2026

Plan de Acción de Emergencia propone medidas para reactivar el sector cultural


Bajo el denominativo “𝐈𝐌𝐏𝐔𝐋𝐒𝐎: 𝐂𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐀𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧”, está orientado a visibilizar afectaciones, acompañar a los actores culturales, sostener actividades, proteger el empleo cultural, promover incentivos, fortalecer capacidades, gestionar condiciones financieras, tributarias, arancelarias y de aseguramiento, y contribuir a la recuperación progresiva, sostenible y articulada de la vida cultural del país.

El plan reconoce que las culturas representan identidad, memoria y patrimonio, pero también constituyen trabajo, economía, cohesión social y desarrollo sostenible. En ese marco, plantea medidas de atención inmediata, acciones de reactivación a corto plazo y gestiones de fortalecimiento para el mediano plazo, en el marco de articulación y trabajo multisectorial, interdisciplinario e interinstitucional, desarrollado en diferentes niveles de gobierno y con participación activa de la sociedad civil.

De acuerdo con el Viceministro de Culturas y Folklore, Andrés Zaratti, las acciones destinadas al ámbito cultural se organizan en tres pilares del Plan: 𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧, 𝐂𝐨𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐲 𝐑𝐞𝐬𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥; 𝐒𝐨𝐬𝐭𝐞𝐧𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨, 𝐈𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬, 𝐌𝐞𝐣𝐨𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐂𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐲 𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐄𝐦𝐩𝐥𝐞𝐨; 𝐲 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨, 𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐄𝐜𝐨𝐧𝐨́𝐦𝐢𝐜𝐚 𝐲 𝐀𝐥𝐢𝐯𝐢𝐨 𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨.

Entre las actividades inmediatas o a corto plazo, dentro del primer pilar, se contempla la implementación del Registro Nacional de Afectación Cultural; la identificación de actividades suspendidas, reprogramadas o afectadas; la habilitación del Punto de Información, Orientación y Acompañamiento Cultural; la habilitación de la Línea telefónica 57003097, de Información y Orientación Cultural; y la atención sobre convocatorias, incentivos, reprogramaciones, financiamiento, seguros y registro de afectaciones.

Asimismo, se incluye el trabajo con organizaciones culturales y Consejos Departamentales de Culturas y coordinación con gobiernos autónomos para reprogramaciones, uso de espacios y actividades de reactivación; además de identificación de oportunidades de circulación, promoción y comercialización cultural.

Se suman acciones de vinculación con mercados culturales nacionales e internacionales, la gestión de participación en MICSUR (Mercado de Industrias Culturales del Sur) Paraguay y otros espacios de intercambio.

En el eje de Sostenimiento y protección del empleo, el plan prioriza la permanencia segura y reprogramación ordenada de actividades culturales en el marco del fortalecimiento de la Agenda Artística y Cultural, y del Calendario Festivo. Se destaca también la implementación de la convocatoria “Cultura Solidaria por Bolivia”, orientada a apoyar a trabajadores y trabajadoras de las culturas en situación de vulnerabilidad mediante contratación temporal, pago por participación o apoyo solidario vinculado a actividades culturales de carácter público, comunitario y solidario, que se desarrollarán en La Paz, El Alto y Oruro; además de la promoción del Fondo Solidario Cultural como mecanismo autogestionado por el propio sector.

Se incluye la implementación de Incuba Culturas, concebida como un proceso de acompañamiento técnico para emprendimientos culturales y creativos con potencial de sostenibilidad económica, innovación, circulación, generación de empleo y aporte al desarrollo cultural; mentorías, asistencia técnica y acompañamiento especializado; gestión de becas y procesos de formación con aliados nacionales e internacionales; así como la gestión con cooperación internacional, entidades públicas y actores privados para ampliar recursos, fondos complementarios e iniciativas no reembolsables.

Asimismo, comprende la implementación de líneas de incentivo para el desarrollo cultural y otros mecanismos complementarios de apoyo no reembolsable. Su finalidad es sostener procesos culturales afectados por la crisis, dinamizar la producción y circulación cultural, fortalecer espacios, comunidades, patrimonios culturales, iniciativas audiovisuales y festivales, así como contribuir a la protección del empleo cultural y a la reactivación progresiva del sector.

Las líneas de incentivo previstas son: Impulso a Iniciativas Artísticas y Producción Cultural; Fortalecimiento de Culturas Vivas Comunitarias; Fortalecimiento de Espacios Culturales y Repositorios Culturales; Fomento a la Formación, Investigación y Gestión del Conocimiento Cultural; Incentivo a la Creación y Producción Audiovisual; y Fortalecimiento de Festivales y Encuentros Culturales Institucionalizados.

Mientras que en el componente de Financiamiento, Protección Económica y Alivio Tributario contempla acciones inmediatas como la articulación con entidades como el Banco de Desarrollo Productivo para identificar líneas de crédito aplicables al sector cultural; la identificación de necesidades de capital operativo, inversión, equipamiento y modernización; y la capacitación en educación financiera para actores culturales.

El Ministerio gestionará y coordinará acciones con gobiernos autónomos departamentales y municipales, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Ministerio de Trabajo y entidades financieras, cooperación internacional, universidades, Consejos Departamentales de Culturas, organizaciones culturales, empresas públicas, sector privado y otros actores estratégicos, con el propósito de ampliar oportunidades y fortalecer la recuperación progresiva del ecosistema cultural boliviano.

Con estas acciones, el MTSCFyG reconoce que las culturas son identidad, memoria y patrimonio, pero también trabajo, economía, cohesión social y desarrollo humano y social sostenible, integral e inclusivo. Sus medidas buscan atender la emergencia inmediata, reactivar la actividad cultural en el corto plazo y construir condiciones de sostenibilidad para el mediano plazo.

Fuente: Periodista Virtual