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viernes, 16 de octubre de 2026

Ley para prevenir y combatir la violencia en las redes sociales llega al pleno de la Cámara de Diputados


Durante su trigésima sesión ordinaria, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Ley Nº 873/2025-2026, orientado a prevenir y combatir la violencia digital en Bolivia.

La iniciativa legislativa fue presentada por los diputados Marcelo Solís y Daniela Cabrera y «busca establecer mecanismos, instrumentos y procedimientos claros para denunciar hechos de violencia cometidos a través de las redes sociales».

Asimismo, se promueve el uso responsable de estas herramientas y el respeto a los derechos humanos en los entornos digitales.

El diputado Marcelo Solís destacó la importancia de avanzar hacia una normativa que permita hacer frente a esta problemática y fortalecer la protección de la ciudadanía frente a la violencia digital, tal como lo hacen otros países de la región.

«Estamos dando un paso importante en el contexto mundial, Latinoamérica ya ha estado legislando, Bolivia no tenía una normativa en lo que es la violencia digital», sostuvo el legislador durante la sesión.

«No estamos limitando los derechos, lo que estamos haciendo es regular de que los proveedores de servicios puedan asumir sus responsabilidad para que, de aquí en adelante, ningún ciudadano boliviano pueda ser utilizado a través de las redes sociales, para que se vulnere sus derechos fundamentales y sobre todo la ética y los principios básicos», sostuvo.

La Comisión de Derechos Humanos reafirmó su «compromiso de trabajar por la defensa de los derechos fundamentales, impulsando iniciativas legislativas que contribuyan a construir una sociedad más segura, respetuosa y libre de violencia, tanto en los espacios físicos como en los digitales», señala un boletín.

La primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Daniela Cabrera (Unidad) y el legislador Marcelo Solís (Libre) presentaron el «Proyecto de Ley de Violencia Digital», iniciativa que busca establecer mecanismos de protección para los ciudadanos frente a hechos de violencia cometidos a través de las redes sociales.

«Lo que queremos nosotros, con este proyecto de ley, es defender estos derechos, tanto de hombres como de mujeres, para que se pueda regular el uso y utilización de las redes sociales en el país”, declaró la diputada Cabrera la semana pasada.

Explicó que se busca llenar el vacío normativo existente en esta materia y establecer procedimientos claros para que las víctimas puedan denunciar estos hechos.

Por su parte, el legislador Solís indicó que países latinoamericanos ya cuentan con este tipo de normas desde 2019. Además, dijo que se cumplió con un amplio trabajo de socialización en mesas técnicas.

«Esperemos que, con este instrumento muy bien trabajado, podamos establecer en Bolivia instrumentos para que se pueda denunciar, a través de acciones penales, pero con un procedimiento claro, contundente y, sobre todo, que los operadores que prestan servicios puedan también asumir esa función de proteger a los usuarios», declaró el diputado.

Los legisladores esperan que el documento sea aprobado en el pleno de la Cámara de Diputados a la brevedad posible, con el propósito de avanzar en una normativa que contribuya a la protección de niños, adolescentes, mujeres y población en general, enfrentando el acoso y la violencia en entornos digitales.

Fuente: Eju

jueves, 3 de septiembre de 2026

TSE alista jornada contra la violencia digital hacia autoridades mujeres


La Vicepresidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Dra. Ximena Camacho Goyzueta informó este miércoles que se prepara una jornada de fortalecimiento para mujeres autoridades. El encuentro busca prevenir la violencia digital y mejorar sus capacidades para identificar riesgos, documentar agresiones y activar mecanismos de protección.

La actividad reunirá a representantes del Órgano Electoral Plurinacional, Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional. También participarán autoridades de entidades territoriales autónomas, entre ellas gobernadoras, una subgobernadora y alcaldesas.

Además, asistirán autoridades mujeres del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional. La convocatoria incluye también a vocales de los Tribunales Electorales Departamentales.

Prevención de la violencia digital

«El encuentro permitirá compartir experiencias entre mujeres de distintas instituciones. Asimismo, buscará identificar problemas comunes relacionados con el ejercicio de funciones públicas», explicó Camacho.

Las participantes recibirán herramientas para reconocer situaciones de violencia. También podrán fortalecer su seguridad digital, documentar incidentes y conocer mecanismos de respuesta y protección.

La Vicepresidenta del TSE señaló que las redes sociales son herramientas importantes para comunicarse con la ciudadanía. Sin embargo, también pueden utilizarse para ataques, hostigamiento y campañas de desprestigio.

Asimismo, estos espacios pueden facilitar la desinformación y la difusión de información falsa. Por ello, la violencia digital requiere una atención específica dentro de las estrategias de protección.

Mecanismos de protección

La autoridad electoral destacó que la participación de las mujeres en espacios de decisión fortalece la democracia. A su juicio, también contribuye a una sociedad plural, inclusiva y representativa.

No obstante, las mujeres que ejercen funciones públicas continúan expuestas a distintas formas de acoso, hostigamiento y violencia. Frente a esta situación, el TSE plantea fortalecer la prevención y la protección institucional.

La jornada tendrá el apoyo de la Coordinadora de la Mujer y la Fundación Internet Bolivia. Ambas organizaciones aportarán conocimientos, herramientas y metodologías prácticas sobre violencia digital.

Finalmente, la Vicepresidenta del TSE reafirmó el compromiso de promover la participación política de las mujeres. También destacó la importancia de generar condiciones de igualdad, respeto, libertad y seguridad.

El encuentro permitirá fortalecer las redes de apoyo entre instituciones. Además, busca aportar a una democracia más inclusiva, participativa e igualitaria, libre de violencia contra las mujeres.

Fuente: Enfoque

sábado, 4 de julio de 2026

Estudio en Bolivia: Más de la mitad de las juventudes desconoce cómo denunciar la violencia sexual digital


La investigación “Cuerpos, pantallas y algoritmos”, desarrollada por ChildFund Bolivia y la Colectiva Ciberwarmis, advierte que el 51,5% de los adolescentes y jóvenes en Bolivia no conoce rutas de denuncia ni mecanismos de protección efectivos ante situaciones de violencia sexual digital (VSD). A pesar de que el 93% de los adolescentes accede a internet a través de teléfonos móviles, esta conectividad masiva no se traduce en seguridad digital, dejando a una gran parte de la población joven en un estado de indefensión frente a delitos como la sextorsión y el grooming.

El estudio, que abarcó los nueve departamentos del país bajo un enfoque participativo, destaca que la violencia sexual digital se ha convertido en un fenómeno «híbrido» que mezcla plataformas globales con estructuras culturales locales de control social. Entre los hallazgos más alarmantes se encuentra la normalización de la culpabilización de las víctimas: el 63,1% de los participantes está de acuerdo con que, si alguien envía una foto íntima, debe asumir las consecuencias de lo que ocurra después. Esta percepción refuerza el silencio y dificulta la búsqueda de ayuda, ya que el miedo al juicio familiar y escolar suele ser superior al temor hacia el agresor.

En el ecosistema digital boliviano, plataformas como WhatsApp (20,4%), TikTok (18,9%) y los juegos en línea (18,7%) son los espacios principales de socialización y, simultáneamente, de riesgo. El informe identifica prácticas preocupantes como la mercantilización de la intimidad en Oruro, donde se reportaron apuestas económicas entre pares para difundir «packs», y el uso de Inteligencia Artificial en Cochabamba para crear deepfakes eróticos con el fin de aniquilar la reputación de las víctimas. Ante la falta de referentes adultos confiables, muchos jóvenes recurren a la IA no solo para informarse sobre sexualidad, sino como un «sustituto afectivo» que ofrece respuestas sin juzgarlos.

Respecto al marco legal, el estudio señala una desconexión entre la normativa y su aplicación. Aunque la Ley N.º 1636 reconoce delitos como el contenido sexual simulado por IA, solo el 31,4% de los jóvenes comprende realmente su alcance. Además, persiste una profunda desconfianza institucional; en departamentos como La Paz y Cochabamba, las juventudes denuncian que la policía suele tener un enfoque machista o incluso solicita pagos por adelantado para investigar casos, lo que privatiza el acceso a la justicia.

Para transformar esta realidad, las juventudes proponen una Educación Sexual Integral (ESI) robusta y laica que aborde el consentimiento reversible y la ciudadanía digital. Entre las recomendaciones del estudio destaca el fortalecimiento de redes de apoyo horizontal como el «Efecto Hermandad» —identificado en Beni—, donde las hermanas mayores y pares funcionan como puentes de confianza más eficaces que las estructuras jerárquicas tradicionales. El informe concluye que la seguridad digital no se garantiza prohibiendo el acceso, sino desmantelando la cultura del estigma que sostiene la «muerte social digital» de las víctimas.

Aquí puede leer el estudio

Fuente: Sumando Voces

miércoles, 3 de junio de 2026

Déjenme trabajar: la ciudadanía reclama orden y las redes revelan que la gente no piensa como el contenido que consume


Una sociedad agotada por la crisis cotidiana es el retrato que emerge del análisis de la conversación digital en Bolivia, elaborado durante la semana del 21 al 27 de mayo, tras la abrogación de la Ley 1341 sobre estados de excepción.

El estudio, hecho por la agencia de Comunicación Estratégica Rodríguez & Baudoin, analizó 2.420 publicaciones y 1.545 comentarios en redes sociales y concluyó que la opinión de la ciudadanía no coincide con los contenidos que circulan en los medios ni con las voces que dominan el debate público.

El informe identifica una brecha entre la agenda de los emisores y la reacción de la audiencia. En publicaciones que difunden declaraciones de dirigentes que justifican los bloqueos, el 56% de los comentarios exige orden y el fin de las medidas de presión, mientras que solo el 13% expresa respaldo a las protestas. “La audiencia no piensa como el contenido que comenta”, expresa el análisis.

Otro hallazgo importante muestra que el 76,5% de las publicaciones se limita a informar sobre los hechos sin adoptar una posición. Los sectores que sí toman partido son minoritarios y se mueven en universos paralelos: mientras unos exigen el fin de los bloqueos y el retorno a la normalidad, otros concentran su preocupación en la defensa de derechos y libertades públicas.

Según el estudio, la principal preocupación ciudadana no gira en torno a debates constitucionales o jurídicos, sino a la subsistencia económica. El reclamo “déjenme trabajar” aparece como una demanda transversal que une a distintos sectores sociales, reflejando el impacto directo que tienen los bloqueos sobre quienes dependen de la actividad económica cotidiana.

El análisis también registra un cambio en la percepción de la dirigencia sindical, que ya no es evaluada principalmente por criterios ideológicos, sino por la sospecha sobre sus privilegios y motivaciones. La desconfianza alcanza igualmente al oficialismo, al que parte de la población atribuye falta de decisión frente a la crisis.

El informe plantea tres claves para comprender la coyuntura: que el verdadero sentir ciudadano se expresa en los comentarios más que en los titulares; que el terreno favorece a quienes se asocien con la estabilidad y el trabajo, aunque ningún actor político haya logrado apropiarse de esa demanda; y que incluso la cobertura informativa neutral termina amplificando el reclamo de orden al reflejar hechos sobre los que la ciudadanía proyecta su cansancio.

La conclusión es que el hartazgo económico alcanza tal profundidad que cualquier mensaje vinculado con la estabilidad y el trabajo encuentra eco inmediato en la población. En este contexto, la disputa política se define menos por los grandes discursos y más por una pregunta cotidiana y urgente: “¿cuándo volvemos a trabajar?”

Encuentra el estudio completo aquí.

Fuente: RC Bolivia

lunes, 1 de junio de 2026

Conflictos y bloqueos dejaron un impacto económico equivalente al 4% del PIB


Los conflictos sociales y políticos registrados durante mayo dejaron pérdidas económicas cercanas a los $us 2.000 millones, una cifra equivalente aproximadamente al 4% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, según un análisis elaborado por el economista Fernando Romero.

El estudio sostiene que el impacto se produjo en un contexto económico ya complejo, caracterizado por un déficit fiscal del 12,2% del PIB, una deuda pública cercana al 90% del PIB, escasez de divisas y una economía que venía registrando contracciones consecutivas. En ese escenario, la conflictividad profundizó las dificultades existentes y afectó el desempeño de varios sectores productivos.

Un mes de alto costo para la economía

De acuerdo con el análisis, mayo de 2026 puede considerarse uno de los meses de mayor costo económico para Bolivia desde la crisis política de 2019. El impacto no solo se reflejó en la producción que dejó de generarse durante los bloqueos, sino también en la interrupción de cadenas logísticas, dificultades para abastecer mercados, retrasos en exportaciones y menor generación de divisas.

Romero señala que la crisis trascendió el ámbito sectorial para convertirse en un factor con efectos macroeconómicos. En su evaluación, la interrupción prolongada de carreteras afectó la percepción de estabilidad institucional, incrementó la incertidumbre y deterioró las expectativas de inversión y crecimiento.

Producción paralizada y menor ingreso de divisas

El estudio identifica tres factores principales que explican las pérdidas económicas registradas durante mayo.

El primero fue la paralización parcial de la producción nacional. Industrias, productores agropecuarios, cooperativas mineras y pequeñas empresas enfrentaron dificultades para operar con normalidad debido a la falta de insumos, combustible o imposibilidad de distribuir sus productos, situación que redujo la actividad económica y afectó los ingresos de miles de familias.

El segundo factor fue la caída de las exportaciones. Según datos citados de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (CANEB), las pérdidas por exportaciones superaron los $us 690 millones únicamente en los cinco departamentos más afectados. El documento advierte que cada exportación que no logra concretarse representa una menor entrada de dólares a la economía nacional, agravando los problemas de liquidez externa.

Aumento de costos y presión sobre los precios

La tercera causa directa estuvo relacionada con el incremento de los costos logísticos. Los bloqueos obligaron a utilizar rutas alternativas más extensas, aumentaron los tiempos de transporte y generaron pérdidas de productos perecederos.

A ello se sumaron mayores gastos de almacenamiento y dificultades de abastecimiento en distintos mercados. Según el análisis, estos factores contribuyeron al aumento de precios de varios productos, afectando especialmente a los hogares de menores ingresos y a sectores productivos como el agrícola, avícola y lechero.

Factores estructurales que agravaron la crisis

Romero sostiene que el impacto económico fue amplificado por tres factores estructurales. El primero corresponde a la crisis de gobernabilidad y las dificultades para alcanzar consensos políticos e institucionales.

El segundo está relacionado con la fragilidad macroeconómica acumulada, expresada en elevados niveles de déficit fiscal, endeudamiento público y limitadas reservas líquidas en divisas.

El tercer elemento es la alta dependencia del transporte terrestre para el funcionamiento de la economía boliviana. El documento señala que, al depender en gran medida de corredores carreteros, los bloqueos afectan simultáneamente la producción, comercialización y exportación de bienes.

Riesgo país y confianza internacional

El análisis también aborda los efectos de la conflictividad sobre la percepción internacional de la economía boliviana.

Según Romero, durante los momentos de mayor tensión el riesgo país, medido a través del EMBI, superó temporalmente los 600 puntos básicos, ubicando a Bolivia entre las economías de mayor riesgo en América Latina.

El estudio advierte que un mayor riesgo país encarece el acceso al financiamiento externo, reduce el atractivo para nuevas inversiones y aumenta las dificultades para obtener recursos en los mercados internacionales.

Asimismo, señala que la evolución de este indicador durante el resto de 2026 dependerá en gran medida de la estabilidad política y de las medidas económicas que se adopten en los próximos meses.

Los sectores más afectados

La agroindustria y el sector exportador aparecen entre los más perjudicados por las interrupciones logísticas. El análisis menciona que los retrasos afectaron el transporte de granos, carne, alimentos procesados e insumos productivos, generando mayores costos operativos e incumplimientos contractuales.

La minería y la metalurgia también registraron pérdidas importantes debido a las dificultades para trasladar minerales hacia los puertos de exportación.

A ello se suman el transporte, el comercio y la logística, sectores que vieron interrumpidas sus actividades de forma directa. La industria manufacturera y la construcción también enfrentaron problemas de abastecimiento de materias primas, materiales y combustibles.

Recuperación económica y medidas propuestas

El documento estima que la recuperación operativa podría tomar entre uno y nueve meses, dependiendo del sector económico. Sin embargo, la recuperación financiera podría extenderse entre seis y dieciocho meses para muchas empresas que agotaron capital de trabajo o incrementaron sus niveles de endeudamiento durante el periodo de conflictividad.

Romero advierte que la recuperación más lenta será la de la confianza empresarial e internacional, proceso que podría requerir entre uno y dos años si persisten episodios de incertidumbre política y económica.

Entre las medidas planteadas se encuentran programas de alivio financiero para sectores afectados, refinanciamiento de créditos, diferimientos tributarios, normalización logística y un plan orientado a fortalecer la estabilidad macroeconómica, las reservas internacionales y la confianza de inversionistas y actores productivos.

El economista concluye que el costo de los bloqueos no se limita a las pérdidas económicas directas. También incluye efectos sobre la inversión, las exportaciones, el riesgo país, la imagen internacional y la confianza de consumidores y empresarios, factores que, según advierte, serán determinantes para la velocidad de recuperación de la economía boliviana.

Imagen: Unitel

Fuente: Economy

Delinquir tras las rejas: acceso a internet sin control en las cárceles bolivianas


Es miércoles 5 de marzo de 2025, son las dos de la tarde y Dulce (nombre ficticio) se encuentra haciendo fila para ingresar a la cárcel de San Pedro. Tiene miedo, pero algo en su interior le dice que se arriesgue. Las manos le tiemblan, pero ella las controla; observa que la miran ojos que la juzgan, pero no le importa; está decidida. La fila es larga y la espera toma tiempo. Una señora de unos 40 años delante de ella le pregunta: ¿Cuál fue su delito? Ella responde: “defensa propia”. La mujer asiente y voltea; la fila avanza, llega su turno y pasa por la revisión rutinaria, entrega su documento de identidad e ingresa. Mira con asombro el lugar sombrío, la ciudad dentro de la ciudad, donde residen presos que han cometido diversos delitos, unos de bagatela (ilícito menor) y otros con años que no bastan para cumplir condena.

No sabe cómo moverse en esa pequeña ciudad; solo sabe que quiere ver al hombre que conoció por Facebook y la enamoró. 

Es el relato que recuerda Dulce mientras se encuentra sentada en una banca de la plaza San Pedro, mirando el recinto penitenciario que visitaba a diario por casi tres meses y se cuestiona: ¿Qué estaba haciendo?

Es jueves, 20 de febrero de 2025, son aproximadamente las siete de la noche y Dulce se encuentra en su habitación, sentada en una esquina de su cama. El clásico sonido de notificación de mensajes se hace escuchar, y toma su teléfono móvil entre sus manos, ingresa a la red social de Facebook, un chat atrae su interés y responde:

—Hola 

—Hola. ¿Quién escribe?

Así comenzó lo que más adelante Dulce denominará una etapa que nunca hubiera querido vivir, con un hola que despertó su interés. “Fue la curiosidad de mujer lo que me llevó a responderle, el estar sola y tener esa posibilidad de conocer a alguien”, recuerda. El chat seguía en línea:

—No te acuerdas de mí.

—No.

—Hemos estudiado juntos.

—¿Comunicación social?

—Sí, te veía introvertida, enfocada en los estudios. ¿No te acuerdas de mí?

 En los últimos años, Facebook ha sido una de las redes sociales más utilizadas en el país, contando con 7.60 millones de usuarios activos que representan un 60.8 % de la población total boliviana, de los cuales 47.7 % de la audiencia son mujeres y 52.3 % varones, según datos del informe de Data Reportal hasta enero de 2025.

Por ende, “es una potencial ventana para innumerables riesgos: contacto con desconocidos, grooming, ciberbullying, sextorsión, hostigamiento y muchos más, traducidos en violencia digital, porque se gestan en estos ciberespacios y generan daño y sufrimiento”, explicó la fundadora del colectivo Ciberwarmis, Mujeres ayudando a mujeres, Yesica Velarde.

Dulce con la curiosidad de conocer a ese hombre misterioso que decía conocerla, y ella no recordaba, pero que le escribía con tanta familiaridad en tono ameno, incluso “tierno” para ella; recordándole el semblante de algunos amigos en común de la etapa universitaria.

Mantenían un chat constante; él incluso le pidió ser su novio y ella aceptó. Así pasaron semanas, hasta que un 4 de marzo de 2025, cuando las fiestas de carnavales se hacían sentir, y Dulce se encontraba junto a su grupo de la iglesia acampando en la Isla Tortuga, a unas dos horas de viaje de la ciudad de El Alto. Mientras apreciaba un cálido y tranquilo paisaje, su celular, que se encontraba dentro del bolsillo de su pantalón, vibró. Ella instintivamente revisó el chat:

—Estoy en detención preventiva.

—¿Qué ha pasado? 

Él le contó que mientras amenizaba una boda como DJ, una muchacha se le acercó para pedirle su tarjeta; su pareja vio esa acción y, celoso, empezó a agredirlo verbal y físicamente. Se produjo una pelea golpe a golpe, lo arrestaron y llevaron a la cárcel de San Pedro en detención preventiva por el delito de defensa propia; tiempo después, Dulce descubriría que este relato era falso.

—¿Puedes venir a la cárcel a visitarme?

—Claro, voy a ir a verte, mi amor.

La abogada de Internet Bolivia y SOS Digital, Adriana Pérez Tudela, desde su experiencia en la asesoría tecnológica, psicológica y jurídica para víctimas de violencia digital, afirma que es nuevo ver casos de enamoramiento por redes sociales realizado por reos, y considera que los fines serían la extorsión, consiguiendo material de índole sexual o captación para la trata de personas, siendo que muchas redes operan desde la cárcel como enlaces. “Serían como los autores intelectuales, por así decir, pero siempre van a tener un grupo afuera que les ayude a concretar el delito”, detalló.

Añade un punto importante, el crecimiento de la violencia digital: “Desde la pandemia del Covid-19 hubo un boom tecnológico; ahora el celular es indispensable, entonces, la misma violencia que ocurre en el contexto físico se amplifica o se diversifica a través del mundo virtual”, explicó.

El “novio” de Dulce le pidió su número de WhatsApp; para explicarle como ingresar a la cárcel. Un taxi (privado de libertad que funge como transporte) ya la esperaba; la llevó al sector Posta, donde ella preguntó por Sergio Mamani y lo conoció. “Yo me arriesgué mucho, la verdad, con ese peligro, con mucho miedo, pero a la vez sentía un cariño especial hacia él; además, ya éramos novios, tenía que ir a apoyarlo”, cuenta Dulce.

—¿Tú eres Sergio?

—Hola, mucho gusto.

—No me acuerdo de ti, nunca te he visto en mi vida.

—Nos podemos conocer.

Ese miércoles, 5 de marzo, Dulce confirmó dos inquietudes: la primera, nunca antes había visto al hombre que estaba frente a ella; la segunda, había encontrado al amor de su vida. Retornó a su casa, pensando en la ilusión de formar una familia con él.

“Vivimos en una época donde muchas de nuestras interacciones se trasladan al espacio digital y por lo tanto no es extraño que una persona conozca gente en internet y se enamore, eso es algo que debe desmitificarse”, dice la psicóloga de la Fundación Internet Bolivia y SOS Digital, Narayani Rivera, al referirse a que habitamos nuestra sexualidad dentro y fuera de la virtualidad, y al llegar el boom tecnológico y las redes sociales, nos extendemos hacia ellas, haciendo que nuestra sexualidad desde nuestras  relaciones sociales, emociones, sentires y demás, estén al alcance de  miles y millones de usuarios: cercanos, lejanos, buenos, malos, haters, los que funan y donde existe un lado oscuro que daña. 

En ese sentido, Narayani afirma que no se debe juzgar a la víctima antes que, al agresor, y de hecho nunca se la debe juzgar, pero algunas veces la racionalidad humana no es racional y el común de la sociedad se expresa: “¿Cómo se dejó engañar?”, “¿Qué tonta, ¿cómo no se dio cuenta?”.

“Nunca va a ser culpa de las víctimas”, insiste la psicóloga, y complementa: “Porque encontramos que hay muchos factores que pueden llevar a una persona a caer en ese tipo de situaciones; hablamos de personas socialmente aisladas, que tal vez tienen pocos amigos, que de pronto no tienen la mejor relación con su familia, con baja autoestima, que están sufriendo bullying; son las con mayor vulnerabilidad”.

A lo que añade que los agresores detectan a estas personas vulnerables, que puedan generar mayor dependencia y les muestran una idea donde ellos son lo más importante, lo más especial y lo más deseado.

Dulce tiene 32 años. Es una mujer delgada de mediana estatura, de cabello largo y negro como el carbón, que luce a menudo cuando no está realizando sus prácticas hospitalarias. Nació en la ciudad de La Paz, siendo la cuarta de seis hermanos, de familia humilde; fue un reto salir adelante. Estudio comunicación social, pero en su madurez la pasión por la salud la llevó a estudiar enfermería, con el principal deseo de cuidar a su madre adulta mayor y velar por los enfermos, haciendo prevalecer también su formación cristiana, aplicando uno de los versículos del libro sagrado, “el servicio a los convalecientes es el servicio a Jesús”.

Tuvo una infancia de la que poco le gusta hablar, marcada por la violencia, el bullying y el menosprecio de aquellos que la debían educar; sobrellevó el fallecimiento de su padre a sus 18 años. Así Dulce evaluó su situación emocional y reconoció que le falta cariño hacia ella misma, que vive con inseguridad, lo que la llevó a buscar aprobación en otras personas.

Dulce había vuelto rutinarias sus visitas a la cárcel, todos los miércoles y viernes llevando comida, golosinas, frutas y todo aquello que pensaba le gustaría a su amado. Él le dijo que la detención preventiva duraría tres meses, y mientras el tiempo transcurría sin prisa, ellos compartían, reían, se tomaban fotografías, ella le escribía cartas y él le prometía una vida feliz.

—Mi amor, nos vamos a casar y nos iremos a vivir juntos.

—Sí, mi amor, te vas a cuidar.

En las visitas, él no perdía tiempo para pedirle intimidad; a lo que ella se negaba y la parrillada continuaba, porque sí, hacía fiestas, parrilladas donde se presumía los privilegios de los que gozaba estando encarcelado: celulares último modelo, laptops, televisión de pantalla plana, cocina eléctrica, en una pieza de dos por dos metros bien equipada, dejando en claro que tenía una posición de estatus dentro del penal.

¿Los privados de libertad pueden tener acceso a dispositivos móviles? La Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana prohíbe el uso de celulares dentro de los penales; sin embargo, otro es el cantar para la abogada y especialista en temas carcelarios, Luisa Chipana, quien afirma que, en Bolivia, “está prohibido, pero entre comillas, porque la gran mayoría de los reclusos tienen acceso a celulares y a internet; pueden crear perfiles en Facebook, Twitter, TikTok y demás. Entonces todo el tiempo están maquinando cómo conseguir algunos beneficios y seguir delinquiendo”.

La especialista afirmó que se debe incrementar la seguridad intracarcelaria para evitar el ingreso de dispositivos móviles y propone el uso de mecanismos como el paragua inhibidor de señal que bloquea el acceso a internet, pero considera que no será posible: “No olvidemos que existen grupos de poder que influyen para que no se implementen estos mecanismos”, advierte.

El exdirector de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, confirma esa advertencia: “Comprar paraguas inhibidores es económico, pero para implementar se requiere valor, coraje, enfrentar a las empresas telefónicas, a los internos organizados y a los policías que reciben recursos para no dejar hacer este tipo de acciones”.

Pero hubo un intento, los inhibidores de señal fueron implementados en el penal más grande de Bolivia, Palmasola, construido en unas vastas 22 hectáreas de la capital cruceña. Según el director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, cinco de estos aparatos se situaron en puntos específicos, pero los reclusos pudieron evadirlos y continuaron delinquiendo en la virtualidad, informó a los medios de comunicación a mediados de 2025.

Para el Director Nacional de Seguridad Penitenciaria, Rodolfo Machicado, en los últimos años la cantidad de funcionarios penitenciarios no ha tenido el mismo incremento en proporción al crecimiento de la población penitenciaria. Por lo tanto, el control para evitar el ingreso de celulares no es minucioso y reconoce que los reclusos utilizan las redes sociales para delinquir, y se contradice afirmando que son casos aislados; “por decir, en una gestión se dan 5 a 10 casos, que, haciendo una comparación con los 33 mil privados de libertad, no representa ni el 0,9%” y añade, “realizamos controles permanentes con requisas selectivas y se trabaja con información de los mismos reclusos para realizar operativos concretos”. 

La directora de Fundación Construir, Susana Saavedra, afirma que para que exista un cambio, debe existir una reforma completa del sistema penitenciario, “porque todo parte de la saturación en las cárceles, con 33 mil privados de libertad que representan un 200% de exceso en la capacidad carcelaria, con poco personal policial, presupuesto limitado, sin programas efectivos de reinserción, ni de seguridad o de acceso a derechos básicos”.

Es miércoles, 21 de mayo, Dulce apresurada se dirige al instituto donde estudia enfermería, pensando en las dos semanas que le faltan a su novio para salir del recinto penitenciario. En ese mismo instante, le aturde un presentimiento, una duda y la búsqueda de certeza de saber quién realmente es “el amor de su vida”. 

Una vez más está de visita y aprovecha para acercarse a un policía y preguntarle sobre el delito de su pareja. Quedo petrificada, decepcionada, y lloró toda la noche, rompiendo ilusiones que había construido.

Defensa propia, no, estaba en la cárcel por el delito de violación a una menor.

Dulce decidió visitar a su novio por última vez, el jueves 22 de mayo, y exigió la verdad; él lo confirmó y no solo eso, también le dijo que tenía una hija de 11 años y que nunca había estudiado la carrera de comunicación, que solo revisó su perfil de Facebook. "Yo he averiguado todo de vos", le dijo.

Tiempo después, Dulce analizó lo sucedido: “Jamás pensé que algo así me pasaría, creí que era un amor real; hoy pienso que su intención era captarme como su pareja y después haber tenido relaciones; solo Dios me cuidó de no caer”.

Para Luisa, ingresar a una cárcel conlleva ser un blanco fácil para caer en un sinfín de delitos y enfermedades venéreas. “Entrar a una cárcel donde la gente está tan deshumanizada es entrar en un mundo de terror”, enfatiza.

Las redes sociales son una herramienta que dependiendo de quién y cómo la utilice pueden hacer el bien o pueden dañar, en el caso de Dulce fue un arma mortal que disparo directo a su corazón, a sus emociones y si talvez el deseo de aquel cruel hombre encarcelado no se cumplió otras mujeres no corrieron con la misma suerte. Existen otros casos; por mencionar uno, a mediados de 2023, una joven fue contactada a través de Facebook, por un recluso que la invitó a su primera cita en la cárcel de San Sebastián Varones en Cochabamba. Ella ingresó a la celda número 121 y el recluso Roger Calderón la violó. El hecho quedo en una denuncia sin curso. 

Las denuncias de violencia digital enfrentan vacíos legales según la abogada Adriana Pérez: “No se cuentan con tipos penales específicos y para que tome curso se adapta el tipo penal” añade, “la falta de normativa, el precario acceso a la justicia, la falta de personal policial capacitado y recursos para afrontar el delito, siendo que las denuncias verbales no tienen validez y deben ser presentadas de forma escrita, lo que para la víctima demanda un costo mínimo de tres mil bolivianos por un abogado; a esto se suma la burocracia de las pericias informáticas a los dispositivos móviles que demoran al menos seis meses, lo que deriva en el desgaste de la víctima”, son falencias que dejan en el limbo los casos de violencia digital.

En ese contexto, para Adriana y los equipos de Fundación Internet Bolivia y SOS Digital ha sido un reto atender 350 casos de violencia digital en 2025.

Para la abogada el cambio partiría por “el fortalecimiento de recursos económicos y humanos a los SLIMs y defensorías municipales, porque son los primeros lugares donde las víctimas acuden a denunciar y, si no reciben una buena orientación, ya es difícil que continúen en el proceso de denuncia”, afirmó.

Víctor Frankl, en su libro, El hombre en busca del sentido, escribe que un hombre incluso en condiciones trágicas puede decidir quién quiere ser espiritual y mentalmente. Dulce es un ejemplo de ello. Desde aquella banca, mientras mira esos muros altos de apariencia antigua y notorio deterioro, ella, la Dulce comunicadora y enfermera, cortó su cabello como símbolo de sanación, de recuperación de aquello que la marco mental y emocionalmente, y sabe que lo que le sucedió le podría pasar a otras mujeres y quiere prevenir: “A las señoritas les recomiendo tener mucho cuidado con lo que publican en las redes sociales y no dejarse llevar por palabras bonitas, corroborar quién escribe, y lo principal, amarse a sí mismas”.

Él insistió:

—Te amo, vas a ser la mujer más feliz del mundo.

—Yo quiero volver contigo.

—Me he equivocado, pero no vuelvo a mentir.

Dulce lo bloquea. 

Fuente: Opinion

domingo, 31 de mayo de 2026

Policía habilita código QR para consultar puntos de bloqueo en La Paz


La Policía Boliviana informó este sábado la habilitación de un código QR para que la ciudadanía pueda consultar de manera rápida y precisa los puntos de bloqueo y cortes de vías registrados en las ciudades de La Paz y El Alto.

La medida fue dada a conocer este 31 de mayo en una publicación en redes sociales, en el que además se advierte sobre diversas manifestaciones y restricciones al tránsito vehicular en distintos sectores del área metropolitana.

Según el informe, existen bloqueos en varios puntos de la ciudad de El Alto, entre ellos la carretera a Laja, el final Santa Fe, Puente Seke, Casa Amarilla, la ex tranca Senkata, distintos cruces de la avenida 6 de Marzo, Puente Río Seco, la Fábrica de Vidrios, la ex parada 8, San Roque, Plaza Ballivián, el Multifuncional y el peaje de la Autopista. 

Asimismo, se reportó que la Plaza Murillo permanece sin acceso debido al cierre de vías, mientras que en la carretera hacia los Yungas también existen puntos de bloqueo en Puente de Armas y Puente León.

La institución recomendó a la población tomar rutas alternas para evitar retrasos y mantenerse informada a través del código QR habilitado, que concentra información actualizada sobre los sectores afectados por las movilizaciones y cortes de tránsito.

Fuente: Eju

sábado, 30 de mayo de 2026

Viceministro reporta que los bloqueos postergaron importantes actividades culturales


El viceministro de Culturas y Folklore, Andrés Zaratti, señaló este viernes que los bloqueos de caminos también postergaron importantes actividades culturales en La Paz, El Alto, Oruro y Potosí.

Esta medida de presión “también ha ocasionado que muchos artistas no puedan asistir a eventos a nivel nacional e internacional, que es también un problema central”, explicó en contacto con Bolivia Tv.

Zaratti señaló que los bloqueos obligaron a postergar la festividad del Gran Poder, reprogramada del 30 de mayo al 20 de junio; el reestreno de la película Cuestión de Fe, trasladado para julio; y un festival en Uyuni que también tuvo que modificar su fecha. Asimismo, la Larga Noche de Museos, prevista para este mes, fue diferida hasta junio.

“Esto es como un ejemplo de lo que está sucediendo, pero es mucho más amplio porque hay que recordar que hay un sinfín de teatros y espacios culturales que también se han visto obligados a modificar e inclusive cancelar (funciones) ya sea por seguridad”, añadió.

Respecto al feriado de Corpus Christi, mencionó que se espera que hasta esa fecha los conflictos sean solucionados; sin embargo, se confirma la realización de esta celebración, principalmente el jueves 4 de junio.

“Sí, va a haber la celebración de Corpus Christi de toda la comunidad religiosa, sobre todo católica que va a participar de las procesiones o actividades que se desarrollarán el jueves principalmente”, reiteró.

Este viernes, en La Paz se cumplen 29 días de bloqueos de caminos, mientras el Gobierno mantiene la convocatoria al diálogo con los sectores movilizados para atender las demandas y evitar mayores perjuicios a la población. Medidas similares también se registran en otras regiones del país.

Fuente: Qamasa

viernes, 29 de mayo de 2026

Sondeo: 96% rechaza los bloqueos y el 95% pide sanciones contra los bloqueadores


El 95% de los encuestados considera que los bloqueadores deben ser sancionados y el 96% rechaza esta medida de presión, según un sondeo nacional realizado por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), en medio de la conflictividad social que atraviesa el país desde hace casi un mes.

«95 de cada 100 personas en Bolivia está pidiendo que se sancione los bloqueos y que se sancione a sus promotores», expresó el gerente general del IBCE, Gary Rodríguez, en conferencia de prensa realizada en Santa Cruz.

El estudio, impulsado por el Directorio del IBCE, recogió más de 1.300 respuestas a nivel nacional y refleja un amplio rechazo ciudadano a los bloqueos por sus efectos económicos, sociales y humanos.

De acuerdo con los resultados, el 98% de los participantes considera que los bloqueos perjudican el desarrollo de Bolivia y dañan la imagen internacional del país. Además, el 97% cree que estas medidas atentan contra la libre circulación y el derecho al trabajo, mientras que el 90% aseguró haber sido afectado directa o indirectamente por algún bloqueo.

Asimismo, el 95% de los encuestados señaló que debería primar el diálogo antes que las medidas de presión y el 96% sostuvo que bloquear constituye un delito debido a los daños que provoca.

«El 96% de los encuestados dice que bloquear es un delito, y efectivamente lo es. Protestar no equivale a bloquear. Protestar es un derecho humano, bloquear es una actividad criminal por su naturaleza violenta», sostuvo el Rodríguez.

Rodríguez cuestionó los efectos de los cercos y bloqueos, particularmente cuando impiden el ingreso de alimentos, medicamentos, oxígeno e insumos médicos a las ciudades. “¿En qué sociedad civilizada se puede hablar de hacer un cerco a una ciudad para que no entren alimentos, medicinas, oxígeno, insumos y no se deje transportar a los enfermos?”, expresó.

El ejecutivo advirtió además que la conflictividad ya genera millonarias pérdidas económicas. Según datos expuestos por el IBCE, los daños superarían los 1.000 millones de dólares en sectores productivos, industriales, exportadores, comerciales, turísticos y de servicios.

Añadió que la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (CANEB) reportó más de 700 millones de dólares de caída en las ventas externas a causa de los conflictos.

Rodríguez alertó también sobre el deterioro de la imagen internacional del país y el riesgo de enfrentamientos civiles si continúan las medidas de presión y los intentos de desbloqueo.

El sondeo fue lanzado digitalmente el 26 de mayo por el Directorio del IBCE, integrado por representantes de sectores agropecuarios, forestales, exportadores, importadores, industriales, comerciales, turísticos y de servicios.

Fuente: Sumando Voces

jueves, 28 de mayo de 2026

Daños económicos al sector exportador ascienden a $us 718 MM


La Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) presentó su más reciente balance sobre el impacto económico que generan los bloqueos y movilizaciones sociales en distintas regiones del país, revelando que las pérdidas para el sector exportador ya ascienden a $us 717.792.546 hasta mayo de la presente gestión.

El informe difundido por el gremio empresarial refleja la preocupación del sector privado ante la paralización de rutas estratégicas, la interrupción de las cadenas logísticas y las dificultades para cumplir compromisos comerciales internacionales, situación que afecta tanto a grandes exportadoras como a pequeños y medianos productores.

Según el reporte, los daños económicos se extienden a todo el territorio nacional, aunque con diferentes niveles de afectación dependiendo de cada departamento. “Las pérdidas por los bloqueos golpean distinto a cada ciudad, pero afectan a todo el país. Exportaciones paralizadas, productos retenidos, rutas cerradas y miles de familias perjudicadas”, señala el comunicado oficial emitido por Caneb.

Sector exportador

El departamento de Santa Cruz encabeza la lista de regiones más perjudicadas, acumulando pérdidas estimadas en $us 286.652.759, debido principalmente a su fuerte actividad agroindustrial, exportadora y logística. Le sigue La Paz con una afectación económica calculada en $us 177.481.247.

En tercer lugar se encuentra Potosí, con daños valuados en $us 138.283.730, una cifra vinculada principalmente a las dificultades en el transporte de minerales y productos destinados a mercados internacionales.

Asimismo, otros departamentos también registran importantes pérdidas económicas. Oruro reporta una afectación de $us 68.337.017, mientras que Cochabamba alcanza los $us 20.770.218 y Beni suma $us 12.374.967.

Por otra parte, los departamentos con menor impacto económico son Tarija con pérdidas de $us 1.632.800; Pando con $us 3.656.988; y Chuquisaca con una afectación de $us 8.602.819.

Desde el sector exportador advirtieron que la continuidad de los conflictos sociales y los bloqueos no solo deteriora la economía nacional, sino que también pone en riesgo la imagen de Bolivia frente a mercados internacionales y socios comerciales, debido al incumplimiento de contratos y retrasos en las entregas.

En ese contexto, Caneb exhortó nuevamente a las autoridades nacionales a implementar medidas urgentes que permitan restablecer la transitabilidad en las carreteras y garantizar el normal funcionamiento de la cadena productiva y comercial del país.

“Bolivia necesita trabajo, producción y libre transitabilidad”, enfatizó la organización empresarial, al remarcar la necesidad de generar condiciones de estabilidad para proteger las exportaciones, preservar fuentes laborales y evitar mayores pérdidas económicas para el país.

Fuente: Economy

martes, 26 de mayo de 2026

Sala Constitucional ordena levantar de inmediato el bloqueo de carreteras en Bolivia


La Sala Constitucional Segunda de La Paz ordenó el levantamiento inmediato de los bloqueos en Bolivia mediante la Resolución Constitucional N° 149/2026. El fallo establece que las medidas afectan derechos fundamentales y dispone acciones urgentes para garantizar servicios esenciales y corredores humanitarios.

La resolución fue emitida dentro de una acción popular y señala que los bloqueos absolutos no están protegidos por el derecho a la protesta cuando restringen servicios básicos. Según el fallo, las medidas afectan el acceso a salud, alimentación, agua, educación y circulación de ambulancias.

La Sala ordenó a dirigentes, organizaciones y participantes de los sectores movilizados abstenerse de promover o mantener bloqueos indefinidos y violentos. También instruyó habilitar corredores humanitarios permanentes para el paso de medicamentos, oxígeno medicinal, combustible y alimentos.

Gobierno deberá aplicar plan de gestión de bloqueos

La resolución dispone que el Órgano Ejecutivo active mecanismos de diálogo con participación de sectores movilizados. Según el documento, estas acciones deben desarrollarse bajo criterios de buena fe, transparencia y mediación institucional.

Asimismo, el Ministerio de Gobierno deberá coordinar con otras instituciones un plan mínimo de gestión constitucional de bloqueos. Entre las medidas figuran la identificación de rutas estratégicas, habilitación de vías alternas y resguardo de hospitales, mercados y unidades educativas.

El fallo también ordena prevenir saqueos, hechos de violencia y daños a bienes públicos. La Defensoría del Pueblo fue designada como veedora constitucional para supervisar el cumplimiento y recibir denuncias ciudadanas.

Sala ratifica cumplimiento obligatorio del fallo

La Sala advirtió que la privación sostenida de alimentos, medicamentos, agua o asistencia médica podría derivar en responsabilidades constitucionales, civiles, administrativas y penales. Según la resolución, estas acciones pueden afectar la supervivencia de la población.

El documento aclara que la decisión no constituye una orden de represión ni habilita aprehensiones automáticas. También ratifica que la protesta pacífica mantiene protección constitucional mientras no vulnere derechos de terceros ni interrumpa servicios esenciales.

Finalmente, la Sala rechazó la solicitud de complementación y enmienda presentada contra el fallo y ratificó el cumplimiento inmediato y obligatorio de la resolución.

Fuente: Enfoque News

domingo, 24 de mayo de 2026

Advierten que bloqueos vulneran derechos fundamentales y agravan crisis humanitaria en La Paz


Durante el programa “Sumando Voces en Directo”, expertos en derechos humanos, salud y libertad de prensa alertaron que los bloqueos y protestas que afectan a La Paz y El Alto desde hace tres semanas han comenzado a vulnerar derechos fundamentales como el acceso a la salud, la alimentación, la libre circulación y la información.

El exdefensor del Pueblo, Waldo Albarracín, afirmó que si bien la protesta social es un derecho legítimo reconocido por la Constitución y tratados internacionales, este no puede ejercerse afectando derechos de terceros. “Los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos de otro”, señaló.

Albarracín sostuvo que el conflicto ha rebasado los límites de la protesta legítima debido a las afectaciones que generan los bloqueos en la población, especialmente en sectores vulnerables. Además, cuestionó que las movilizaciones hayan concentrado sus demandas en la renuncia del presidente Rodrigo Paz, lo que —según dijo— dificulta una salida dialogada. “El bloqueo en este momento se está convirtiendo en una acción vulneradora de derechos fundamentales de la mayoría de los bolivianos”, manifestó.

Durante el programa también se expuso el impacto de la conflictividad en la vida cotidiana de la ciudadanía. Se mencionó el incremento del precio de alimentos, el desabastecimiento de productos básicos y combustible, la suspensión de clases presenciales y las dificultades para el traslado de pacientes y ambulancias.

La presidenta del Círculo de Mujeres Periodistas de La Paz, Patricia Flores, advirtió además sobre el incremento de agresiones contra trabajadores de la prensa durante las coberturas de las movilizaciones. Señaló que periodistas, camarógrafos y fotoperiodistas han sido víctimas de ataques físicos, amenazas y hostigamientos. “Hay una preocupación enorme en el gremio de los periodistas y de los trabajadores de la información”, afirmó Flores, quien también alertó sobre una creciente estigmatización contra la prensa y pidió que las agresiones no queden en la impunidad.

Por su parte, el director del Servicio Departamental de Salud (SEDES) de La Paz, José Carrasco, alertó que varios hospitales enfrentan una situación crítica debido a la escasez de oxígeno medicinal, medicamentos e insumos médicos por los bloqueos. La autoridad explicó que hospitales como el Hospital del Niño y el Instituto Gastroenterológico cuentan con reservas limitadas de oxígeno para pacientes en terapia intensiva y neonatología. “Estamos hablando de vidas humanas”, remarcó.

Carrasco también señaló que existen dificultades para abastecer de alimentos especiales a pacientes internados y advirtió que impedir el paso de ambulancias y suministros médicos vulnera el derecho a la salud y pone en riesgo la vida de personas en estado crítico.

Albarracín consideró que el Estado tiene la potestad constitucional de restablecer el orden mediante el desbloqueo de carreteras, aunque remarcó que cualquier intervención debe realizarse con un uso proporcional de la fuerza y evitando vulneraciones a los derechos humanos.

El programa concluyó con un llamado al diálogo y a la apertura de corredores humanitarios para garantizar el ingreso de alimentos, medicamentos y oxígeno a hospitales paceños.

Imagen: EFE

Fuente: Sumando Voces

sábado, 23 de mayo de 2026

Manifestantes promovieron violencia contra periodistas y dejaron herido a un corresponsal


Manifestantes que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz promovieron violencia contra periodistas, camarógrafos y fotógrafos este viernes 22 en el centro de La Paz, y dejaron herido a un corresponsal de prensa internacional que requirió atención médica de urgencia.

Una sutura con dos puntadas en la mano derecha del corresponsal de “Agencia Internacional de Noticias GlobaLAT” de México, César Gonzales, quedó como huella del impacto de un fuego de artificio presumiblemente orientado hacia el enviado de prensa.

Un médico de emergencias de la Asistencia Pública atendió al herido para detener la hemorragia y realizar la curación al “freelancer” que, luego de ser herido, continuaba registrando imágenes.

Sus compañeros de cobertura informativa lo trasladaron hasta el centro de emergencias y el propio presidente de la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional (ACPI), Gabriel Romano, asistió al periodista.

“Es lamentable que en este tipo de protestas la prensa sea tan vulnerable y que no reciba apoyo de la policía que está cerca porque ellos también nos agreden. Solicitamos garantías para cumplir nuestra labor”, declaró Gonzales a la Unidad de Monitoreo de los periódicos representados por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).

Testigos de los incidentes e imágenes recogidas por los videógrafos pusieron en evidencia que los manifestantes orientaron sus acciones contra los reporteros que seguían una marcha convocada por una organización campesina del departamento de La Paz.

Un enviado de prensa recibió el golpe de palo en su casco, otros camarógrafos fueron agredidos por personas que cubrían su rostro con barbijos e intentaban arrebatarles las cámaras en acciones registradas en la calle Mercado y vías próximas a la Vicepresidencia del Estado, en La Paz.

Hostigamiento a periodista

En la ciudad de El Alto, la periodista del canal de televisión “F-10”, Andrea Lee, fue hostigada y agredida verbalmente por manifestantes que a las 7.33 de la mañana de este viernes iniciaron un bloqueo del peaje de la autopista para evitar el tránsito de vehículos en el sector.

“La prensa es vendida, ¿sí o no, compañeros?”, exclamó en tono agresivo una persona que se cubría el rostro con un barbijo, mientras otra mujer exigió la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La periodista informó que la turba rompió los vidrios de un vehículo particular que intentaba superar el bloqueo. “Ustedes de la prensa son vendidos”, gritó otro manifestante a la reportera que ofrecía el espacio informativo para que la gente exprese las razones por las que salía a protestar a la vía obstruida por enormes bloques de cemento.

Fuente: Visor 21

miércoles, 20 de mayo de 2026

Prensa nacional e internacional exige el fin de la violencia y ratifica su defensa del derecho a la información


Ocho organizaciones de prensa nacional e internacional, mediante una “declaración conjunta”, exigieron este martes que cese la violencia durante las movilizaciones sociales en La Paz y ratificaron su defensa del derecho a la información.

“Las organizaciones de la prensa que suscriben la presente declaración conjunta ratifican su defensa incondicional del derecho a la información y se suman a los llamados para que termine la violencia desatada por aquellos que mantienen posiciones intransigentes y agresivas, del todo incompatibles con la vida en democracia”, se lee en el documento.

Firman el pronunciamiento: la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional, la Asociación de Medios de Comunicación Digitales de La Paz, la Asociación de Periodistas de La Paz, la Asociación de Periodistas de Pando, el Círculo de Mujeres Periodistas, la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de El Alto y la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz.

“¡Basta de violencia contra la ciudadanía y la prensa! La escalada de violencia que se ha registrado en las ciudades de La Paz y El Alto este lunes 18 de mayo es injustificable y tiene que detenerse”, exclamaron los trabajadores de la información mediante dicho manifiesto.

En el documento se señala que los ataques perpetrados contra ciudadanos, periodistas, camarógrafos, guardias de seguridad, vehículos e instalaciones públicas y privadas, así como el destrozo de bienes de la propiedad urbana y el saqueo de inmuebles y negocios particulares, desbordan los propósitos de una protesta social que pretende ser legítima y ponen en grave riesgo vidas humanas tanto como la institucionalidad democrática.

A la vulneración de derechos que implica el prolongado bloqueo de rutas camineras, que ya provocó la muerte de al menos tres personas y creó desabastecimiento de alimentos y medicinas junto a nuevas subidas de precios, se suma la conducta descontrolada de manifestantes que no dudan en utilizar dinamitas, palos, piedras y hondas, ni tampoco en recurrir a golpizas en grupo para tratar de imponer sus exigencias.

“Estos hechos, instigados por dirigentes que han dejado de ser la voz de demandas genuinas, atentan contra garantías constitucionales básicas, entre ellas las libertades de expresión y prensa”, se subraya.

Asimismo, se reiteró que producto de ello, un numeroso grupo de periodistas y camarógrafos fue objeto de agresiones que claramente representan acciones que buscan implantar la censura de facto sobre la información noticiosa y que, en consecuencia, son doblemente condenables e inadmisibles.

“Ninguna causa que mueva una protesta social puede servir de argumento para arremeter contra la seguridad de la población civil y contra el ejercicio profesional del periodismo. Esos comportamientos constituyen además una vulneración directa del respeto a los derechos humanos y atacan principios fundamentales del Estado de derecho; al coartar la libertad de prensa y la seguridad personal de comunicadores, se daña la protección que la Constitución Política del Estado garantiza para la libre expresión y el ejercicio profesional”, se enfatiza.

Prensa internacional exige protección

Este martes, la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional expresó su profunda preocupación y enérgica condena por los hechos registrados el lunes 18 de mayo, cuando las movilizaciones sociales contra el Gobierno escalaron a niveles de violencia, vandalismo y saqueos, dejando de constituirse en una manifestación de disenso para convertirse en un atentado directo contra los derechos humanos más elementales.

“Denunciamos que un fotoperiodista de una agencia internacional fue perseguido y hostigado durante varias cuadras por un grupo de manifestantes cuando regresaba a su oficina, en el centro de La Paz. Estas personas le propinaron varias patadas en la espalda hasta que finalmente logró resguardarse en un edificio”, se lee en una misiva de la institución.

Asimismo, mediante este documento se denuncia que una fotoperiodista de un medio extranjero recibió una pedrada, “con la intención clara de dañarla”, durante los enfrentamientos entre manifestantes y la Policía en inmediaciones de la Vicepresidencia del Estado.

“Estos hechos se suman a las lesiones y agresiones que sufrieron varios colegas de medios nacionales a los que expresamos nuestra plena solidaridad, cercanía y apoyo. Queremos dejar establecido que, pese a nuestros constantes reportes y llamados al respeto del trabajo periodístico, hemos constatado que no existen garantías para el ejercicio de nuestra labor”, indica el documento.

Ante ello, la prensa internacional exigió al Gobierno nacional y a la Policía Boliviana que activen de manera inmediata mecanismos de protección eficaces y reales para los periodistas que realizan cobertura en las calles.

Fuente: Oxigeno

lunes, 18 de mayo de 2026

Gobierno activa plataforma digital para denuncias durante protestas sociales


El Gobierno nacional presentó la plataforma digital “Reporta tu Evidencia en Protestas Sociales”, una herramienta que permitirá a la población enviar fotografías, videos y reportes sobre hechos registrados durante movilizaciones en el país.

La iniciativa fue impulsada por el Viceministerio de Ciencia y Tecnología en el contexto de los bloqueos, especialmente en el departamento de La Paz, con el objetivo de contar con información sistematizada para su análisis.

El viceministro Fabián Espinoza señaló que la plataforma busca fortalecer la transparencia, combatir la desinformación y aportar datos verificados para la toma de decisiones.

“Bolivia necesita paz, necesitamos diálogo, necesitamos unidad”, afirmó la autoridad, al destacar que el sistema permitirá centralizar material disperso en redes sociales y medios de comunicación.

Funcionamiento y canales de denuncia

La herramienta, diseñada para dispositivos móviles, permite el envío de contenido multimedia de forma sencilla e incluye protección de identidad del denunciante, captura de fotografías o videos, descripción de los hechos reportados e identificación de personas involucradas, en caso de que el usuario las reconozca.

El Viceministro indicó que las denuncias podrán realizarse incluso de manera anónima mediante pseudónimos o “nicknames”.

El sistema también busca registrar posibles hechos de vandalismo, daños materiales o presiones durante protestas, e incluso habilita reportes de personas que denuncien coerción para participar en movilizaciones. La plataforma ya se encuentra disponible en el sitio reportatuevidencia.planificacion.gob.bo.

Fuente: Correo del Sur

domingo, 10 de mayo de 2026

Día del Periodista en Bolivia llega en medio de crisis, ataques y precarización del oficio


Cada 10 de mayo Bolivia celebra el Día del Periodista, una fecha instaurada en 1938 durante el gobierno de Germán Busch para reconocer el trabajo de la prensa y otorgar protección laboral a quienes ejercían el oficio.

Pero 88 años después, la conmemoración encuentra al periodismo boliviano atravesando una de sus etapas más difíciles: crisis económica, ataques digitales, precarización laboral y crecientes vulneraciones a la libertad de prensa.

En ese momento, el periodismo boliviano todavía se construía alrededor de periódicos impresos y radios. Hoy el escenario es completamente distinto.

El periodismo boliviano llega golpeado al 10 de mayo

Durante los últimos años, varios medios redujeron personal, cerraron áreas completas o migraron casi por completo a digital por la caída de ingresos publicitarios y el cambio en el consumo de noticias.

En paralelo, surgieron decenas de pequeños medios independientes, páginas digitales y proyectos impulsados por periodistas jóvenes que muchas veces trabajan con recursos mínimos, sin estabilidad y dependiendo de redes sociales para sobrevivir.

La transformación también cambió la lógica del oficio. Hoy un periodista no solo reportea:
  • graba,
  • edita,
  • hace directos,
  • maneja redes,
  • aprende SEO,
  • responde ataques digitales,
  • y compite con TikTok, inteligencia artificial y cadenas virales que circulan más rápido que cualquier verificación.
Violencia, hostigamiento y falta de acceso a información

El contexto tampoco es sencillo.

Según datos de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), entre 2021 y 2025 se registraron 679 vulneraciones a la libertad de prensa en el país.

Solo en 2024, UNITAS documentó 150 casos relacionados con agresiones, amenazas, hostigamiento, restricciones al trabajo periodístico e impedimentos de acceso a información pública.

El problema no se limita a ataques físicos. También incluye campañas de desprestigio, acoso digital, presión política y precariedad laboral.

Bolivia además continúa sin una ley nacional de acceso a la información pública, algo que periodistas y organizaciones vienen reclamando desde hace años.

Eso significa que muchas veces investigar contratos, presupuestos, convenios o decisiones estatales depende más de filtraciones, insistencia o relaciones personales que de mecanismos transparentes de acceso a documentos públicos.

La relación entre prensa y ciudadanía también cambió

En redes sociales, la desconfianza hacia periodistas y medios creció junto con la polarización política. Dependiendo del tema, un periodista puede ser acusado simultáneamente de “oficialista”, “vendido”, “opositor” o “militante”.

Y aun así, el oficio sigue teniendo algo difícil de reemplazar:
la capacidad de investigar, contrastar información y dejar registro de hechos que el poder —político, económico o institucional— preferiría que pasen desapercibidos.

En tiempos donde abundan videos manipulados, rumores virales y contenido generado automáticamente, el valor del periodismo ya no está solamente en publicar rápido, sino en verificar antes de hablar.

Por eso el Día del Periodista en Bolivia ya no se vive solo como una celebración. También funciona como una fecha incómoda para preguntarse cómo sostener un oficio cada vez más precario, más expuesto y, al mismo tiempo, todavía necesario.

Fuente: La Nube

lunes, 13 de abril de 2026

Reglamentación de la Ley 1636, para proteger a la niñez en entornos digitales, entra en fase de revisión por el Gobierno


Al conmemorar el Día de la Niña y del Niño en Bolivia, el presidente Rodrigo Paz recibió este domingo el reglamento de la Ley 1636, orientado a proteger la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales en el país.

La entrega estuvo a cargo de la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización, Jéssica Echeverría, junto a la fiscal superior en Razón de Género, Alejandra Rocha, en un acto en el hall del Palacio de Gobierno, con la presencia de autoridades, representantes de Unicef, niñas, niños, padres de familia y la primera dama de la nación, María Elena Urquidi.

“Hoy entregamos en sus manos el reglamento de la Ley 1636 para proteger la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales. Un reglamento que es único en toda la región”, afirmó Echeverría durante el acto.

La autoridad explicó que el reglamento responde a un trabajo conjunto entre la Fiscalía General del Estado y el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, con el objetivo de fortalecer la protección de la niñez frente a todo tipo de violencia, especialmente en el ámbito digital.

Durante su intervención, Echeverría destacó que el país ingresa a una nueva etapa en la protección de la infancia, con una agenda que compromete a los distintos órganos del Estado.

“Por primera vez en el país se lanza una agenda de compromiso con la niñez, donde las cabezas de los órganos del Estado, junto al presidente, asumen la responsabilidad de garantizar la protección de nuestras niñas y nuestros niños”, sostuvo.

En ese marco, destacó que la agenda de compromiso asumida por el Estado se basa en cuatro derechos esenciales: el derecho a la primera infancia, el derecho a la identidad, el derecho a vivir en familia y el derecho a una vida libre de violencia, pilares que orientarán las políticas públicas dirigidas a este sector.

En la oportunidad, además recordó los antecedentes históricos en la defensa de los derechos de la niñez en Bolivia.

En 1990, durante el gobierno de Jaime Paz Zamora, el país dio un paso clave con la promulgación de una norma que avaló el convenio internacional sobre los derechos del niño, que estableció el interés superior del menor como principio fundamental, rememoró.

En ese contexto, reafirmó el compromiso estatal con la infancia y destacó el valor de este nuevo avance normativo.

“Como autoridades nos comprometemos a proteger lo más valioso que tiene un país, que es su niñez. Queremos decirles a ustedes (niñas y niños) que son lo más importante que tiene esta patria y que nunca dejen de soñar”, agregó.

Fuente: Sumando Voces

sábado, 22 de noviembre de 2025

La APDHB denuncia destrozos y robo de documentos tras recuperar su sede en La Paz


La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) denunció una serie de destrozos, daños materiales y la desaparición de documentación clave en sus oficinas de La Paz, luego de que el presidente Rodrigo Paz devolviera la sede a su presidenta legítima, Amparo Carvajal. 

El representante de la institución, Javier Quisberth, atribuyó los perjuicios a los grupos afines al Movimiento al Socialismo (MAS) que ocuparon el inmueble de forma prolongada.

Una de las principales preocupaciones radica en la pérdida de archivos vitales que se resguardaban en la secretaría, incluyendo información sobre denuncias recibidas y documentos administrativos del edificio. Quisberth relató que, al tomar las oficinas, los invasores usaron herramientas para forzar puertas y acceder a los espacios, indicando un acto de violencia y allanamiento. Además, se constató que varios retratos de defensores de derechos humanos en el auditorio Julio Tumiri fueron sustraídos o dañados, faltando hasta once de estas imágenes.

 Fuente: La Prensa

martes, 1 de julio de 2025

Duro golpe al Tren de Aragua: millones en criptomonedas congelados y 52 detenidos en Chile


Una operación conjunta en Chile entre la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) desarticuló una red financiera del Tren de Aragua, acusada de lavar 13,5 millones de dólares (USD) a través de criptomonedas.

El operativo, denominado «Tren del Mar», culminó con la detención de 52 personas —47 de ellas extranjeras— y el congelamiento de más de 250 cuentas bancarias y de fondos en criptoactivos. Las autoridades lo consideran uno de los mayores avances contra la organización criminal venezolana en territorio chileno.

A diferencia de otras facciones del Tren de Aragua asociadas a delitos violentos, esta célula operaba con una estructura casi empresarial.

El objetivo principal de esta rama era gestionar y movilizar fondos obtenidos de diversas actividades ilícitas, como el tráfico de drogas, la trata de personas, secuestros, extorsiones y cobros ilegales a migrantes, según explicó la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert.

Una vez reunidos, los fondos eran convertidos en activos digitales y enviados al extranjero a siete países, principalmente a España, Estados Unidos y México.

Desde el Ministerio Público chileno destacaron que la complejidad del esquema de lavado quedó en evidencia al evadir los sistemas de monitoreo y detección de operaciones sospechosas en entidades públicas y privadas, lo que subraya la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de prevención y fomentar una mayor cooperación entre instituciones.

De acuerdo con el especialista en seguridad mexicano David Saucedo, el Tren de Aragua ha adoptado tácticas similares a las empleadas por organizaciones criminales de mayor envergadura: «Lo que estamos viendo es que el Tren de Aragua está clonando la estrategia de blanqueo de capitales que han desarrollado grupos como el Cartel de Sinaloa o el Cartel Jalisco-Nueva Generación».

Además, Saucedo agregó: «Como es fácil suponer, en Venezuela no hay transacciones importantes con criptoactivos, pero al estar en contacto con mafias criminales mexicanas han empezado a hacer uso de tácticas de blanqueo como el uso de criptomonedas».

Según la periodista venezolana Ronna Rísquez, autora del libro El Tren de Aragua, la red delictiva ha diversificado sus actividades hasta abarcar cerca de 20 rubros criminales, incluyendo minería ilegal, robo de combustible, microtráfico y hasta el hurto de vehículos de alta gama.

Los investigadores admiten que, aunque el decomiso representa un avance importante, su efecto en el largo plazo es limitado.

«Lamentablemente, lo que se decomisa, los detenidos, los envíos de droga frustrados o las cuentas congeladas no afectan de manera significativa a los grupos criminales», explicó Saucedo.

Estas acciones, añadió, «sirven para el lucimiento de las autoridades locales, para exponer los modus operandi, alertar a otros gobiernos y abrir nuevas líneas de investigación, pero lo cierto es que cuando las autoridades detectan el blanqueo, los criminales ya llevan mucho tiempo haciéndolo».

Sin embargo, desde el Ministerio Público de Chile destacaron la importancia de este tipo de acciones para debilitar a las organizaciones delictivas.

«Sabemos que seguir la ruta del dinero es una estrategia central para desfinanciar a las organizaciones criminales. No permitiremos que se lucren con el dolor de las víctimas ni que fortalezcan sus estructuras con dinero manchado por el delito», señalaron las autoridades del país sudamericano.

Como informó CriptoNoticias, el gobierno de Estados Unidos ha reconocido al Tren de Aragua como una organización criminal transnacional. Esta banda venezolana, que ha expandido su influencia por América Latina, combina delitos como secuestros y extorsiones con complejas operaciones financieras internacionales que utilizan criptomonedas.

Fuente: CriptoNoticias

viernes, 27 de junio de 2025

Bolivia adopta recomendaciones para investigar violencia contra periodistas, pero relega crear un mecanismo de protección


El Estado boliviano aceptó cinco de las nueve recomendaciones en materia de libertad de prensa que países miembros de las Naciones Unidas le hicieron durante el cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), realizado en enero de este año en Ginebra, Suiza, de acuerdo con el informe del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos, presentado el pasado 10 de junio.

De las cuatro recomendaciones que no fueron aceptadas, una se refiere a la “creación de un mecanismo de protección integral para periodistas”, similar a la recomendación 27 que hizo en 2021 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Las recomendaciones que el Estado boliviano aceptó son las referidas a “investigar a fondo los casos de intimidación, acoso y violencia contra periodistas” (Canadá), a “establecer un mecanismo de protección para los periodistas y los defensores de los derechos humanos (…) que les proporcione protección en situaciones de riesgo e impida la criminalización de sus actividades” (Bélgica) y a “formular una política pública integral que garantice la seguridad de los defensores de derechos humanos y los periodistas, incorporando mecanismos de prevención y protección” (Alemania).

También están incluidas las recomendaciones de Eslovaquia que pidió a Bolivia “garantizar y respetar la libertad, la pluralidad y la diversidad de los medios de comunicación” y de Liechtenstein de “investigar todos los actos de violencia, represalias, intimidación y el uso indebido de procedimientos judiciales contra (…) periodistas”, además de “llevar a los autores ante la justicia y ofrecer una reparación adecuada a las víctimas”.

El EPU es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que evalúa cada cuatro años y medio el cumplimiento de las obligaciones de los Estados de proteger, respetar y promover los derechos humanos. El mecanismo permite a los Estados evaluarse entre sí y tras recibir las recomendaciones, cada Estado puede: aceptarlas, aceptarlas parcialmente o tomar nota, ésta última implica que el Estado no se compromete a implementarlas.

El Estado optó por tomar nota de cuatro recomendaciones en materia de libertad de prensa: de Italia referida a “crear y aplicar un mecanismo de protección integral para los periodistas que incluya la participación de la sociedad civil y garantice el derecho a la libertad de expresión”, de Reino Unido sobre “adoptar medidas para ofrecer una mayor protección jurídica y práctica a los periodistas”, de Francia que sugirió “garantizar la libertad de prensa y combatir la violencia contra los periodistas” y de Corea respecto a “aprobar un marco jurídico que garantice la libertad de expresión, proporcionando protección integral a los defensores de los derechos humanos, los periodistas y los medios de comunicación independientes”.

Según el informe del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos, el Estado boliviano justificó la toma de nota de estas cuatro recomendaciones arguyendo que ya existen mecanismos de apoyo para periodistas, citó a la Defensoría del Pueblo y el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima.

Para el programa Defensores de UNITAS, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha establecido que los Estados deben adoptar medidas eficaces de protección para periodistas en riesgo, investigar de manera diligente los crímenes cometidos contra ellos y sancionar a los responsables, así como prevenir agresiones futuras. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ha sostenido que “el ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento” (Corte IDH. Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia) y por ello el incremento de violencia e impunidad al gremio periodístico vulnera tanto el derecho a la libertad de expresión de la persona afectada, como a los principios fundamentales de una sociedad abierta, plural y democrática, al provocar espacios de miedo y silencio.

Complementa que los Estados tienen, respecto al periodismo, obligaciones reforzadas por las cuales deben tomar medidas específicas para proteger la vida e integridad de las y los periodistas, especialmente aquellos que enfrentan mayores riesgos debido a su labor. Esta protección no solo se refiere a medidas reactivas, como investigaciones y sanciones a agresores, sino también a medidas preventivas y programas especiales, además, el Estado debe abstenerse de actuar de manera tal que “propicie, estimule, favorezca o profundice esa vulnerabilidad y ha de adoptar, cuando sea pertinente, medidas necesarias y razonables para prevenir violaciones o proteger los derechos de quienes se encuentren en tal situación” (Corte IDH. Caso Uzcátegui y otros Vs. Venezuela).

En este sentido, la ausencia de un mecanismo especializado y eficaz contradice los estándares internacionales de protección y perpetúa un entorno de riesgo e impunidad para el periodismo en Bolivia, más aún cuando los mecanismos existentes no cumplen plenamente con los principios de independencia, especialización y eficacia que exige el derecho internacional para garantizar una protección adecuada y oportuna frente a las amenazas.

Rumania y Chequia recomiendan una ley de acceso a la información

Los países de Rumania y Chequia han recomendado al Estado boliviano “aprobar” una legislación específica “sobre el acceso a la información pública y adoptar medidas para garantizar su aplicación” y que ésta “se ajuste a las normas internacionales”.

El Estado boliviano decidió únicamente tomar nota de estas dos recomendaciones y explicó que el Acuerdo de Escazú, ratificado por la Asamblea Legislativa en 2019, y el decreto supremo 28168, aprobado por el presidente Carlos Mesa en 2005, son instrumentos que garantizan el acceso a la información. El Acuerdo de Escazú es un tratado regional sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Sobre este punto, en octubre de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia dentro del caso “Flores Bedregal y otras vs. Bolivia”, resolvió que el Estado boliviano debe adoptar en un plazo razonable “medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para fortalecer el marco normativo de acceso a la información en casos de presuntas violaciones a los derechos humanos”.

En la sesión del EPU Bolivia en enero, el gobierno informó que todavía trabajaba en la creación del Comité Plurinacional de Implementación del Acuerdo de Escazú y mencionó que en el primer semestre de este año se tendría el plan y la hoja de ruta para la implementación de este acuerdo.

GIEI también recomendó una instancia no estatal para proteger a periodistas

Como parte de la violencia en contra de periodistas suscitada en los conflictos sociales y políticos de 2019, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitió su informe sobre estos hechos en julio de 2021, en el que recomienda al Estado y a toda la sociedad civil boliviana a “crear una instancia no estatal para brindar apoyo y asistencia jurídica, administrativa y psicológica a periodistas cuyos derechos están en riesgo de ser vulnerados”.

A través de un cuestionario enviado por el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS, el entonces ministro de Justicia, Iván Lima, subrayó que esta recomendación, al referirse el GIEI a una instancia no estatal, “no es tuición del Estado” hacerla efectiva.

“En particular, se entiende que la Recomendación 27 está dirigida a Sociedad Civil, toda vez que se refiere a la creación de una instancia no estatal, lo cual no es tuición del Estado”, reveló el entonces ministro.

Durante el 2024, el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS reportó 150 vulneraciones a la libertad de prensa, 5% más de registros de lo contabilizado en 2023, cuando hubo 143 casos. En lo que va de este 2025, el Observatorio documentó al menos 51 vulneraciones directamente vinculadas al proceso electoral y a la crisis económica. En todos los casos, las vulneraciones más frecuentes son las agresiones hacia periodistas, el impedimento de acceso a la información y las amenazas al trabajo periodístico.

Para el programa Defensores de UNITAS, las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos exigen que los Estados garanticen no solo el acceso efectivo a la información pública, sino también un entorno propicio para la participación de la sociedad civil en asuntos de interés público, conforme al derecho a la libertad de asociación y expresión. En este marco, el deber de Bolivia de adoptar una legislación específica sobre acceso a la información no puede considerarse satisfecho únicamente con la ratificación del Acuerdo de Escazú ni con normativas administrativas previas. Como recordó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Flores Bedregal y otras vs. Bolivia”, es necesario fortalecer el marco normativo mediante medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que aseguren el acceso a la información, particularmente en contextos de posibles violaciones a los derechos humanos.

Esto implica también la obligación del Estado de actuar conforme al principio de buena fe, garantizar el principio de máxima publicidad como regla general en el acceso a la información pública, y adecuar su normativa interna a los estándares internacionales para asegurar su plena efectividad.

Imagen: Partidero

Fuente: ANA