El Índice Chapultepec registra grave declive de la libertad de prensa en las Américas

La sexta edición del Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa difundida hoy en un evento virtual de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) plantea un escenario particularmente preocupante para el periodismo en las Américas: el promedio global alcanzó su nivel más bajo desde la creación del indicador con una cifra de 47,13 puntos sobre un máximo de 100.

Durante la presentación del estudio, el director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) Carlos Lauría advirtió que los resultados confirman “un deterioro significativo tanto en regímenes autoritarios como en democracias consolidadas”, reflejo de una tendencia regional marcada por presiones políticas, violencia, acoso judicial y crecientes riesgos para el ejercicio del periodismo.

Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora de la Organización Editorial Mexica (OEM) subrayó la proliferación de discursos y prácticas de corte autoritario que buscan presentar a la prensa como “enemigo número uno” con el objetivo de evadir la rendición de cuentas y debilitar el escrutinio público.

León Hernández, coordinador académico del índice e investigador de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), presentó los resultados elaborados a partir de la evaluación de 195 expertos sobre libertad de expresión en 23 países. Entre los hallazgos más relevantes destacan:

• Liderazgo precario: República Dominicana se mantiene en el primer lugar con 82,17 puntos, siendo la única nación ubicada en la categoría “Con Libertad de Expresión”. Sin embargo, Hernández advirtió sobre la presencia de una “mordaza sigilosa”, caracterizada por el uso discrecional de la publicidad oficial y por la vulnerabilidad económica que afecta a numerosos medios de comunicación.

• Caídas alarmantes: Estados Unidos registró el descenso más pronunciado del índice al perder 22,65 puntos, pasando del cuarto al undécimo lugar. El informe atribuye este retroceso a un entorno marcado por la retórica hostil hacia la prensa durante el gobierno del presidente Donald Trump, la eliminación de ciertas salvaguardas institucionales y episodios de agresiones contra periodistas durante coberturas informativas.

• La franja roja: Venezuela (7,02 puntos) y Nicaragua (18,22 puntos) continúan ubicándose en la categoría “Sin Libertad de Expresión”. En el caso venezolano, la SIP denunció la consolidación de una estructura sistemática de censura que ha derivado en el cierre de más de 400 emisoras de radio y en la detención de 25 periodistas tras los acontecimientos electorales de 2024.

El caso de El Salvador

Sergio Arauz, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), profundizó en la situación de su país, que se ubica junto a Cuba, Venezuela y Nicaragua en los niveles más críticos del índice.

Arauz denunció una “escalada represiva” en el contexto del régimen de excepción impulsado por el gobierno de Nayib Bukele. Según explicó, el uso de la Ley de Agentes Extranjeros, sumado al hostigamiento judicial contra medios y periodistas, ha obligado al exilio a alrededor de cincuenta periodistas salvadoreños en el último año.

“No hay posibilidades de ejercer el periodismo plenamente sin enfrentar consecuencias cuando existe un Poder Ejecutivo con facultades prácticamente ilimitadas y sin controles efectivos”, afirmó Arauz, subjefe de redacción de El Faro, cuya redacción opera actualmente desde el exterior. Además, alertó sobre el crecimiento de la autocensura entre la población salvadoreña, impulsada por el temor a represalias.

El período analizado se consolida como uno de los más difíciles para el ejercicio del periodismo en la región, marcado por homicidios, detenciones arbitrarias, procesos judiciales y exilios forzados que afectan a periodistas desde México y Centroamérica hasta varios países del Cono Sur.

Entre los mecanismos más frecuentes de restricción figuran la criminalización del periodismo independiente, el uso de discursos estigmatizantes contra la prensa y diversas formas de asfixia económica deliberada contra medios críticos.

Mientras República Dominicana se mantiene como el único país con una puntuación superior a los 80 puntos, seguida por Chile, Canadá, Brasil, Uruguay y Jamaica, gran parte del hemisferio enfrenta el desafío de fortalecer mecanismos de protección para periodistas y revisar marcos legales que restringen o desincentivan la libre expresión.

De cara a 2026, la región se encamina hacia una etapa marcada por procesos electorales y cambios geopolíticos que podrían redefinir el entorno informativo, planteando nuevos dilemas, desafíos y responsabilidades para la defensa de la libertad de prensa.

El Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa puede consultarse en el siguiente enlace.

Fuente: SIP

100 propuestas de todo el mundo quieren ser parte de la Cumbre Global sobre Desinformación

La Cumbre Global sobre Desinformación 2025, a realizarse en septiembre bajo la organización de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Proyecto Desconfío y la Fundación para la Libertad de Prensa, ha recibido más de cien propuestas temáticas de periodistas, investigadores, académicos y tecnólogos de todos los continentes. Las iniciativas, provenientes de más de 50 países como India, Nigeria, Egipto, Argentina, Ucrania, Canadá, Yemen, México, Palestina, Venezuela, Filipinas, España o Bangladesh, reflejan la urgencia y la diversidad de enfoques con los que distintas regiones del mundo enfrentan el fenómeno de la desinformación.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 31 de julio a las 23:50 horas (UTC-3). Aún quedan unas horas para enviar propuestas. La conferencia en formato virtual se llevará a cabo el 17 y 18 de septiembre.

“Las propuestas que estamos recibiendo no solo evidencian el carácter global del problema, sino también el esfuerzo colectivo por construir respuestas desde lo local, con enfoques interseccionales, comunitarios y de innovación tecnológica”, afirmó Adrián Pino, director de Proyecto Desconfío. Todas estas propuestas serán evaluadas por el Comité Académico de la Cumbre que seleccionará varias de ellas para que formen parte del programa de este año.

Las temáticas presentadas atraviesan experiencias concretas y análisis críticos: desde la desinformación electoral en Ecuador, el impacto emocional de las fake news en mujeres periodistas en Pakistán, hasta herramientas con inteligencia artificial para verificar videos en YouTube o bots juveniles que combaten noticias falsas en regímenes autoritarios. También se destacan investigaciones sobre la desinformación en conflictos armados, medios rurales, minorías sexuales y de género, salud pública, cambio climático, deporte y narrativas visuales.

La Cumbre Global sobre Desinformación 2025 se llevará a cabo los días 17 y 18 de septiembre, en formato 100% virtual, gratuito y trilingüe, con interpretación simultánea en español, inglés y -por primera vez- portugués. La iniciativa busca articular voces del periodismo, la tecnología, la educación y la sociedad civil en torno a la desinformación, uno de los principales desafíos de la era digital.

El evento cuenta con el apoyo de Google News Initiative como patrocinador principal y el acompañamiento como asociados de Agência Lupa (Brasil) y la Fundación Gabo. Además, colaboran como aliados estratégicos medios y redes como IJNet, ANP (Chile), AMI (Colombia), ADEPA (Argentina), Knight Center e Info-Veritas.

Formulario de presentación de Propuestas: https://forms.gle/zqf7or8AiDYmkz4o9

Más información: www.cumbredesinformacion.com

Contacto de prensa: cumbredesinfo@gmail.com

Fuente: SIP

Declaración de la IV Cumbre Global sobre Desinformación

La IV Cumbre Global sobre Desinformación, celebrada el 18 y 19 de septiembre de 2024 y organizada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Proyecto Desconfío (Argentina) y la Fundación para el Periodismo (Bolivia), reunió a expertos y líderes en un foro de discusión y reflexión virtual para abordar la creciente amenaza de la desinformación en el mundo actual.

En la declaración de este año, las organizaciones promotoras del evento remarcan los desafíos generados por el desarrollo de la inteligencia artificial y vuelven a alertar por los riesgos para la democracia y la confianza en el periodismo.

1. La desinformación es un fenómeno de alcance global que no reconoce fronteras ni límites. Su impacto socava la confianza en la democracia, afectando los procesos electorales y poniendo en riesgo la legitimidad de las instituciones.
2. La irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) incrementa los niveles de dificultad para discernir el contenido verdadero de las piezas comunicacionales manipuladas o sintéticas. Esto requiere un esfuerzo adicional de diversos actores en la promoción de mayores niveles de Alfabetización Mediática e Informacional (AMI/MIL) para consolidar habilidades frente al desafío que representa la IA.
3. Se insta a las plataformas que desarrollan herramientas de IA que tengan una política transparente y promuevan la visibilidad de metadatos de acceso público que permitan identificar fácilmente cuando se está delante de un contenido creado con inteligencia artificial.
4. La industria de los medios debe adoptar o incrementar el uso de estándares de contenido que aseguren la confianza en la integridad de la información con el fin de fortalecer la confianza en las noticias que difunden.
5. Las organizaciones de fact-checking tienen un rol esencial en el análisis de los discursos públicos, en la identificación de patrones en el flujo de contenidos digitales, y en la distribución de información verificada a las audiencias.
6. Frente al daño que buscan generar las campañas de desinformación, desde la Cumbre invitamos a todo el ecosistema digital a aunar esfuerzos promoviendo proyectos colaborativos del alcance regional y global que faciliten el nexo entre medios, investigadores, académicos e iniciativas tecnológicas que garanticen un mayor nivel de monitoreo de la desinformación circulante.
7. Se insta a entidades filantrópicas, organismos públicos y privados e iniciativas de fortalecimiento al periodismo que refuercen sus programas dedicados a combatir la desinformación e incrementar los estándares de integridad de la información que proveen los medios de comunicación.
8. Las Universidades, en especial aquellas que dictan carreras relacionadas a la Comunicación, Ciencia de Datos, Tecnología y Telecomunicaciones, deben incorporar en sus programas de estudio tópicos específicos sobre desórdenes de la información para la formación de los futuros profesionales.
9. Es indispensable que las grandes plataformas tecnológicas abran sus datos a los miembros de la Academia para avanzar en programas de investigación que aborden las lógicas de las campañas de desinformación, garantizando el acceso a datos masivos y anonimizados del contenido borrado o etiquetado como falso, manipulado u otra categoría similar.
10. Las plataformas deben presentar criterios claros y transparentes para la eliminación de contenido considerado desinformante y de ningún modo tienen que vulnerar el derecho a la libertad de expresión de los usuarios. El acceso a los datos debe ser a través de formatos de datos abiertos y de fácil acceso para investigadores acreditados.
11. Los gobiernos no pueden ni deben crear organismos para el monitoreo de los contenidos digitales. Es relevante que gobiernos y organismos multilaterales asuman la responsabilidad de combatir la desinformación a través de prácticas de comunicación responsables, acciones de transparencia activa y el fomento y garantía del acceso a la información.
12. La población debe ser alfabetizada en los nuevos modos de leer los medios. Las escuelas, centros de formación, los medios de comunicación, los gobiernos y actores comprometidos en la lucha contra la desinformación, deben promover y fortalecer las habilidades y competencias de alfabetización mediática en la sociedad para contrarrestar la desinformación.
13. Las entidades organizadoras de la Cumbre Global sobre Desinformación enfatizan la multidimensionalidad del fenómeno por lo que impulsan un enfoque multidisciplinar en la lucha contra la desinformación, que involucre a medios de comunicación, plataformas tecnológicas, el sector académico, las organizaciones multilaterales y la sociedad en su conjunto para resolver el desafío de la desinformación en las democracias contemporáneas.

Fuente: Bolivia Verifica

Actualización de la Declaración de Salta

En una asamblea anterior de la SIP –la de Salta, en 2018– se aprobó una Declaración de Libertad de Expresión en el Entorno Digital. Seis años después, el texto será actualizado para incorporar a aquellos actores que no existían en ese momento; básicamente, los desarrolladores de inteligencia artificial y el eventual impacto que esta tecnología tiene en materia de desinformación.

Por otra parte, se agregaron aspectos que en estos años ganaron protagonismo en los debates, como cuestiones de privacidad y moderación de contenidos, criterios de autorregulación y el rechazo al llamado “derecho al olvido” y al bloqueo por parte de gobiernos del acceso a internet o a determinados contenidos, así como cuestionamientos a campañas de hostigamiento y desinformación por actores públicos y privados.

Se mantiene el derecho al anonimato, frente a quienes pretenden quitarlo mediante leyes vinculadas a la desinformación o las fake news ,yse establece que los estados no pueden obligar a las plataformas a espiar masivamente a la población, como pretenden algunos gobiernos.

En los temas de propiedad intelectual, se privilegian negociaciones directas entre las plataformas globales y los medios. Respecto del accionar algorítmico y las prácticas comerciales, se establecen principios generales de defensa de la competencia

Por otra parte, en la reunión se presentará un documento que establece estándares para el relacionamiento de gobernantes con periodistas y medios. El trabajo recopila problemas detectados por la Comisión de Libertad de Prensa e Información en países del continente, y para su redacción se consultó a organismos internacionales, entidades de prensa, comunicadores y empresas periodísticas de las Américas.

Señala el texto que la interacción gobiernos-prensa derivó en algunos países en abierta confrontación, con discursos oficiales que estigmatizan el trabajo periodístico y que llegan a calificar a la prensa como “enemiga del pueblo”, lo que termina siendo el preámbulo para censura, persecuciones y encarcelamiento de periodistas y directivos de medios.

Fuente: La Voz

Cumbre sobre desinformación concluyó con llamado a la acción contra los detractores de la democracia

Con un duro diagnóstico sobre el rol de la Inteligencia Artificial en su intesección con el periodismo y un llamado a presentar un frente unido contra la proliferación de la desinformación y los detractores de la democracia, concluyó el viernes la IV Cumbre Global sobre Desinformación realizada en forma virtual.

La Cumbre Global sobre Desinformación reunió durante dos días a más de 35 expertos internacionales en desinformación. El evento contó con más de 1500 inscritos de 50 países que siguieron los debates y presentaciones con una activa participación en la sala de chat y comentarios.

El Director Ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, Carlos Lauría, puso el foco en el impacto negativo en las democracias que están teniendo las campañas de desinformación: "El periodismo es crucial para llevar información confiable a las audiencias", insistió. Desde el Comité organizador, Adrián Pino destacó: "La desinformación es un desafío global que requiere una respuesta coordinada y colaborativa", afirmó el director de Proyecto Desconfío y miembro del comité que impulsa esta Cumbre.

El director del Departamento de Disrupción Global de Amenazas de Meta, David Agranovich, afirmó durante su presentación que tras detectar campañas coordinadas para interferir en el proceso electoral en Estados Unidos, "dimos de baja cuentas y perfiles para frenar esa influencia malintencionada".

El caso se repite en otras instancias electorales, como lo relataron las agencias de verificación de datos FactChequeado, Chequeado y Maldita.es. Esta última organización evidenció que "la información falsa identificada no tuvo la respuesta esperada de las grandes plataformas", sobre todo en el caso de TikTok y YouTube que no intervinieron para frenar o disuadir esos contenidos en las elecciones del Parlamento Europeo.

En cuanto a la Inteligencia Artificial, la fundadora de Proof News, Julia Angwin, abrió el evento denunciando los sesgos, información dañina y poco rigurosa que comparten las herramientas más populares de IA cuando se trata de temas de interés público. "La necesidad de periodistas profesionales no puede ser dejada de lado para reemplazarlas por el uso de la inteligencia artificial", remarcó.

Por su parte, el líder de la Journalism Trust Initiative de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Bertrand Mossiat, destacó la necesidad de "avanzar hacia un estándar de calidad para los periodistas. Esto es parte de la condición para la reconstrucción de la confianza en los medios", alertó.

Con cuatro ejes temáticos fundamentales: El fortalecimiento democrático frente a la desinformación; Estrategias de medios ante las narrativas desinformantes; Innovación e IA frente a la desinformación; y Educación y Alfabetización Mediática e Informacional (AMI) en tiempos de deepfakes, la Cumbre propició una serie de propuestas para una lucha efectiva contra la desinformación en el futuro, y mostró la importancia de la colaboración y la innovación en la protección de la democracia.

El Comité Ejecutivo del evento anunció que en la próxima semana emitirá un pronunciamiento para marcar los desafíos que representa el problema de la desinformación en la era de la Inteligencia Artificial.

Fuente: SIP

Cuando el rey Carlos III encargó un mapa de América del Sur y luego lo prohibió porque era demasiado preciso

El encargo de los encargos. A sus 30 años, el cartógrafo y geógrafo Juan de la Cruz Cano recibió entre 1764 y 1765 un encargo que haría salivar de emoción a cualquiera de sus colegas. El marqués de Grimaldi, ministro de Estado, le encomendó la ambiciosa tarea de trazar un gran mapa de América del Sur. El resultado debía ser preciso y plasmar los territorios de la Corona española, bien posicionados y en relación con las posesiones controlados por Portugal. Por si la misión no fuera desafiante de por sí, el ministro actuaba por orden del mismísimo monarca Carlos III.

Una década larga de trabajo. El encargo se las traía y exigió a Juan de la Cruz Cano una considerable inversión de esfuerzos y tiempo. Más de diez años dedicó a la misión, según detalla la Biblioteca Nacional de España (BNE), que asegura que para dar forma al mapa el geógrafo realizó una minuciosa labor de recopilación de datos, consultó testimonios de exploradores y colonizadores, se dedicó a verificar fuentes y por supuesto realizó “un magnífico trazado cartográfico”. Tras muchos quebraderos de cabeza y apoyarse en los estudios de Jorge Juan y Antonio de Ulloa, Juan dio por terminado el trabajo en la década de 1770. El mapa se estampó por primera vez a finales del 75.

"De los más importantes". El entrecomillado vuelve a ser de la BNE, que insiste en que el mapa de Juan de la Cruz Cano es uno de los más importantes de América del Sur que se imprimieron en la Europa del siglo XVIII e incluso sirvió de base a otros muchos planos que se publicaron con posterioridad. Tan exacto era que su acogida inicial fue buena. Y es lógico que así fuera: el mapa estaba formado por ocho enormes planchas, medía 2,6 metros de alto por 1,85 m de ancho y presentaba una escala de 1:4.000.000.

Si se examinaba con atención se apreciaban además anotaciones, abundante toponimia y una representación detallada de la red hidrográfica y de caminos, además de dibujos que lo completaban como obra artística: alegorías de América y Europa, el símbolo de la orden de Carlos III, escudos e incluso la ilustración de una columna profusamente decorada con el busto de Colón. A mayores incorporaba cálculos para el trazado de líneas de demarcación entre los dominios luso y español según el Tratado de Tordesillas.

Bueno, peligrosamente bueno. La satisfacción inicial que generó el mapa no tardó en convertirse en una sensación bien distinta y mucho menos edificante: miedo, preocupación. 1775 no era buen momento para mostrar un plano de Sudamérica tan exacto como el que había realizado Juan de la Cruz. España estaba en plenas negociaciones con Portugal para alcanzar un nuevo tratado sobre la delimitación de sus posesiones en América, un esfuerzo que derivaría en el Tratado de San Ildefonso de 1777, y aquel mapa de Sudamérica no beneficiaba precisamente la posición española.

"Los datos del mapa favorecían las aspiraciones de Portugal. Por ello el Gobierno ordenó suspender la impresión y recoger los ejemplares distribuidos", relata la BNE en la ficha que dedica al plano, conocido como Mapa geográfico de América Meridional.

"Límites erróneos". La historia del mapa fue efímera. Después de tres ediciones y dada la incomodidad que generaba aquel dichoso mapa a la Corona, en 1789 el conde de Floridablanca ordenó que se hiciesen desaparecer todos los ejemplares. No le fue mal en el empeño. El País precisa que a día de hoy se conservan solo un puñado de ejemplares, repartidos por la Biblioteca Nacional, la Real Academia de Historia y colecciones privadas y públicas.

"151 mapas y las planchas de cobre fueron guardados en la Real Calcografía, con la prohibición de que no se vendiese ningún ejemplar porque los límites entre los dominios españoles y portugueses eran erróneos", precisa el Museo Cerralbo. Aquella era la versión oficial, claro. La realidad era otra bien distinta: el Gobierno temía que la precisión de la obra perjudicase la postura que había defendido España ante Lisboa tras el primer Tratado de San Ildefonso. "El mapa implicaba un reconocimiento de las usurpaciones territoriales de Portugal", desliza el museo.

Un final agridulce. La del mapa de Juan de la Cruz Cano es una historia peculiar. Su final también y deja un sabor agridulce. El enorme trabajo cartográfico que desarrolló durante años acabaría recibiendo reconocimiento dentro y fuera de España y hoy se reivindica como una joya histórica y uno de los mapas más importantes que se imprimieron en Europa en el XVIII, pero todos esos elogios sirvieron de poco a quienes se habían volcado con el proyecto, incluido al propio Juan de la Cruz Cano, que falleció en 1790, un año después de que Floridablanca ordenase barrer cualquier muestra del mapa, como si nunca hubiera existido.

"El grabador, que había invertido toda su fortuna en esta obra, fue indemnizado, pero murió arruinado y desacreditado como cartógrafo", recuerda el Ministerio de Cultura. Ni todo el celo de la Corona española pudo evitar sin embargo que algunos ejemplares de aquella obra acabasen viajando por Europa y llegasen incluso a Thomas Jefferson, futuro presidente de Estados Unidos y por entonces embajador americano en París. A pesar del empeño de Floridablanca por impedirlo, Jefferson encargó una copia.

Prueba del interés que despierta el trabajo de Juan de la Cruz Cano aún hoy, casi dos siglos y medio después, es que en 2021 se subastó un ejemplar que acabó vendiéndose por 26.000 euros.

Fuente: Magnet

Universidades en las Américas bajo ataque

Me encontraba participando en la Segunda Conferencia sobre Libertad Académica en las Américas, en Curitiba (Brasil), cuando llegaron a mi buzón de correo electrónico varios mensajes de colegas. Expresaban su «preocupación» (cito sus palabras) porque se me había ocurrido organizar una conversación por Zoom con un profesor emérito de biología de la Universidad de Ottawa. El tema era sexo y género, y las implicaciones políticas y sociales de lo que se conoce como la ideología de género.

La sincronicidad entre estos eventos, diría un psicólogo seguidor de Jung, no deja de ser un síntoma de lo que se vive en el mundo universitario. En plena discusión sobre los retos y amenazas contra la libertad académica en toda la región americana, de norte a sur, me llegaban correos de profesores desde Ottawa, algunos a quienes consideraba mis amigos. Me acusaban de darle plataforma a una persona que según ellos promueve la transfobia y pondría en peligro a las personas trans en la universidad.

Bajo sospecha

Ciertos colegas dijeron que no querían promover la censura ni la autocensura. Sin embargo, el tono de sus palabras y los calificativos que usaron para descalificar al citado profesor y ponerme una etiqueta contribuyeron a reforzar el clima de intimidación. Este ya existe en varias universidades de Norteamérica, incluyendo la universidad donde trabajo. Después de que estalló la falsa crisis (o el pánico moral) del caso de la profesora Verushka Lieutenant-Duval hace tres años, hemos vivido bajo sospecha en la Universidad de Ottawa. Ella fue suspendida de su curso sobre arte y movimientos sociales cuando, en un acto puramente pedagógico, usó la palabra que comienza por N. Cada expresión en clase o recomendación de lectura debe ser cuidadosamente medida y calculada. Ser acusado de racista, supremacista blanco o transfóbico puede arruinar la carrera académica de una persona. Por eso, muchos colegas prefieren el silencio.

La democracia retrocede

En la conferencia de Curitiba, organizada por la Coalición por la Libertad Académica en las Américas, con el apoyo de la Clínica de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica de Paraná, la red Scholars at Risk, el Centro de Enseñanza e Investigación de Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa y la Universidad de Monterrey en México, pudimos constatar que los peligros que acechan a la libertad de pensamiento, educación e investigación universitarios vienen de todos los flancos de la política: desde izquierda autoritaria en Cuba, Nicaragua y Venezuela, hasta la derecha conservadora como la que representa Ron DeSantis, el gobernador de Florida en los Estados Unidos.

Las manifestaciones liberticidas buscan eliminar las voces disidentes. Lo hacen con el cierre de universidades y el ostracismo de profesores y estudiantes como sucede en la dictadura de Daniel Ortega (escuchamos el testimonio del estudiante nicaragüense en el exilio Lesther Alemán Alfaro). En otros casos es a través del desfinanciamiento del sistema público de educación superior, los sueldos de hambre de los académicos y la arremetida policial que tiene a estudiantes y profesores presos en las cárceles de Nicolás Maduro. Y finalmente la violencia doctrinaria del comunismo cubano que no deja rendijas para la crítica. Desde la derecha también se quiere coartar la crítica y acabar con las ideas que no corresponden con su visión del mundo. Amenaza con cortar los recursos financieros a las universidades que adopten programas e investigaciones que no correspondan a los valores más conservadores.

Libertad de pensamiento

En la conferencia se presentaron los resultados del más reciente informe Free to Think de Scholars at Risk. Este muestra un declive en los indicadores de libertad académica en el mundo. El informe constata una relación muy directa entre los ataques contra las universidades, estudiantes y profesores, y el debilitamiento de los fundamentos de la democracia o el avance del autoritarismo.

Así se observa en todos los continentes. Desde Asia y el Medio Oriente (Afganistán, Irán, Yemen, Myanmar), África (Sudán y Etiopía), la Rusia de Putin y los países americanos de norte a sur. Lo mismo confirman otros informes como el Academic Freedom Index que señala que en 22 países y territorios las universidades y profesores tienen menos autonomía y libertad que hace diez años. El índice es producido por la Foundation for Individual Rights in Education. En su más reciente informe, colocaba a la Universidad de Harvard en el último lugar por incidentes ocurridos que limitaron la libertad de expresión de profesores.

Caras del liberticidio

En la conferencia se discutieron distintas aristas de la libertad académica. Estas comprenden las intervenciones del Estado y los recortes presupuestarios (los casos de Venezuela y México, en el uso de la disminución de presupuestos para arruinar a las universidades públicas); la arremetida contra la autonomía y las formas de autogobierno universitario (como ha ocurrido en las represiones violentas dentro de las universidades en Perú y Colombia); el papel creciente de las grandes corporaciones digitales y las redes sociales en el acceso a la información, el conocimiento, su papel en la desinformación y su uso por activistas para atacar la libertad universitaria; la violencia de género en los campus y las políticas para garantizar la igualdad y una vida universitaria segura; las iniciativas para acoger a académicos que vienen de países donde se persigue o se discrimina a profesores e investigadores, como ha ocurrido en Centroamérica o en República Dominicana.

Pero, ¿qué es la libertad académica? Es el derecho humano que la comunidad académica y otras personas tienen de desarrollar, difundir, aplicar y abordar una diversidad de conocimientos e ideas a través de la investigación, la enseñanza y el discurso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó hace dos años los Principios Interamericanos de Libertad Académica y Autonomía Universitaria. Estos sirven como marco de referencia para establecer los deberes de los Estados y los derechos de los ciudadanos en relación con la educación superior, la investigación, generación y difusión del conocimiento. Sin embargo, como quedó claro durante la conferencia en Brasil, las concepciones de la libertad académica varían dependiendo de varios factores. Estos abarcan el contexto sociopolítico y cultural, las prioridades de académicos y estudiantes, y las perspectivas ideológicas.

Libertad académica en América

Desde un punto de vista más global, la conferencia sirvió para comparar los problemas de libertad académica de las Américas con otras regiones. Un profesor de Ghana habló de las tensiones entre estudiantes y profesores en varios países africanos que sufrieron golpes militares. Allí también se cuestiona a la democracia liberal por su «inefectividad». Nos dijo el colega que los estudiantes critican a sus profesores por sus ideas «occidentales» favorables a una democracia. Según ellos, éstas no ha traído bienestar a sus países.

Una colega asiática, por su lado, nos dijo que la libertad académica no es un concepto unívoco. Exiten diferentes maneras de pensar y aplicar las libertades académicas dependiendo del nivel de desarrollo democrático de los países en Asia. Incluso un colega canadiense introdujo la noción de lo que debe y no debe considerarse como libertad académica. Argumentó que existen usos y abusos de este derecho para promover ideas discriminatorias bajo la careta de la experticia científica.

Lo cierto es que sin libertad académica es difícil concebir una sociedad realmente democrática, con división de poderes, garantía de derechos humanos, respeto a las minorías y alternancia en el poder por la vía electoral.  No se trata solamente de un problema de las élites profesorales, científicas e intelectuales. Sin libertad para pensar, investigar, enseñar y participar en los debates públicos, es imposible concebir una sociedad abierta que no caiga en manos de autocracias. El silencio ante los atropellos contra académicos y estudiantes es lo peor que pueden hacer quienes creen en la libertad y la dignidad humanas.

Fuente: Dialogo Politico

Neurociencias, neurotecnologías y derechos humanos: Declaración de Principios Interamericanos

En los últimos años, el desarrollo de las neurotecnologías y tecnologías emergentes basadas en la inteligencia artificial (IA) está avanzando de manera notable. Es sabido que determinadas aplicaciones permiten una conexión bidireccional entre el sistema nervioso central de un individuo y un sistema electrónico.

En este sentido, tal como señala Yuste, los dispositivos neurotecnológicos pueden ser invasivos o no (por ejemplo: gafas, casco, diadema, pulsera, etc.), que a la vez pueden ser electrónicos o eléctricos, como pueden ser chips ópticos, magnéticos, acústicos, moleculares o químicos, y por otra parte utilizan cada vez más la IA.

Hoy en día, los consumidores que utilicen dichos dispositivos portátiles pueden visualizar gráficamente su actividad de ondas cerebrales en tiempo real, así como patrones del flujo de sangre en sus cerebros e incluso los cambios bioeléctricos en sus músculos.

Tal es así que observamos cómo los avances modernos de las neurociencias y las neurotecnologías han permitido desbloquear el cerebro humano y conocer aún más los procesos cerebrales y su relación con los estados mentales y el comportamiento observable.    

Asimismo, hay más de trescientos mil aplicaciones móviles de salud diferentes disponibles en todo el mundo (un número que se ha duplicado en sólo cinco años). Al mismo tiempo, este tipo de desarrollos se aplican cada vez más en contextos fuera del área de la salud, ingresando en campos como la enseñanza o el ámbito laboral y el del entretenimiento, entre algunos otros.

A nivel mundial, el mercado de la neurotecnología está creciendo a un ritmo compuesto de tasa anual del 12% y se espera que alcance los $21 mil millones para 2026. En este sentido, entendiendo la trascendencia que tiene el cerebro humano en sus funciones mentales y cognitivas, es necesario interpelarnos como sociedad con respecto de hasta qué punto consideramos legítimas las interferencias en la actividad cerebral y, en tal caso, si existen límites regulatorios actuales para su implementación.

Iniciativas para minimizar el impacto de las neurotecnologías en los derechos humanos

Durante el último tiempo se han desarrollado distintas iniciativas para minimizar el impacto de las neurotecnologías, el enfoque siempre se ha centrado en la protección de los derechos humanos. Pero también hay cuestiones éticas en discusión. Ejemplos de ello lo encontramos en los documentos publicados por el Comité Internacional de Bioética de la  UNESCO, junto a los proyectos de trabajo que se empezaron a diseñar desde el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre “Neurotecnologías y Derechos Humanos”. 

A nivel regional se ha avanzado notablemente, ya que contamos con el desarrollo de estándares internacionales elaborados por el Comité Jurídico Interamericano (CJI) de la OEA. En este sentido, de forma novedosa en la materia, en el 2021 el CJI aprobó la “Declaración sobre Neurociencia, Neurotecnologías y Derechos Humanos: Nuevos Desafíos Jurídicos para las Américas”. Es la primera declaración de su tipo a nivel mundial. Tal instrumento deja en claro que no existen regulaciones específicas, por lo cual es indispensable realizar un llamado a los actores para que presten atención y queden a salvo los derechos humanos de las personas ante el vertiginoso desarrollo tecnológico.

Luego, desde el CJI continuaron los trabajos para desarrollar estándares más precisos que contribuyan a orientar y armonizar las regulaciones nacionales necesarias en esta materia.      Finalmente, el 9 de marzo de 2023, el CJI aprobó los “Principios Interamericanos en materia de neurociencias, neurotecnologías y derechos humanos” (en adelante, Principios Interamericanos).

Contenido de los Principios Interamericanos

El desarrollo de estos Principios Interamericanos es el resultado de un trabajo de análisis de las normas y estándares internacionales que ya se encuentran vigentes y son exigibles para los Estados. En este caso, se otorgan mayores precisiones sobre la materia específica del desarrollo de las neurotecnologías, para adelantarse y combatir cualquier situación que tienda a vulnerar los derechos humanos de las personas.

El documento establece diez apartados que refuerzan las garantías vigentes en materia de protección de los derechos humanos, teniendo como premisa fundamental la preservación de la identidad individual e integridad cognitiva frente a cualquier intervención neurotecnológica.

Además, determinados estándares derivan de una interpretación profunda sobre los principios de protección de datos personales. Tal es así que establece que se protejan los derechos de las personas desde que se comiencen a diseñar las neurotecnologías hasta su despliegue definitivo, evaluación, comercialización y uso. Por otra parte, se busca brindar mayor protección a los datos neuronales, enunciándolos como datos sensibles. Asimismo, establece la importancia de contar con consentimiento expreso para someterse a cualquier dispositivo que conlleve la manipulación de neurodatos.

Por otra parte, en relación con la protección del derecho a la igualdad, se dispone el acceso equitativo a las neurotecnologías y a garantizar la no discriminación de categorías que históricamente han sido objeto de discriminación: raza, color, género, nacionalidad, religión, condición social, entre otras. Sobre este mismo argumento se plantea la necesidad de establecer límites claros y ejercer un control reforzado sobre el aumento de las capacidades cognitivas.

Por último, se promueven las estrategias para una eficiente gobernanza de las neurotecnologías, estableciendo organismos de supervisión y fiscalización, y garantizando el acceso a una tutela efectiva.

Desafíos y oportunidades emergentes

Es evidente que los neurodatos han irrumpido el escenario jurídico, planteando numerosas interrogantes nuevos. Los recientes estándares regionales en materia de neurotecnologías establecen los límites sobre los cuales los Estados garantizarían y protegerían los derechos humanos.

Observamos que estos nuevos adelantos tecnológicos con dispositivos que utilizan la neurotecnología son mucho más que una moda pasajera. Es una nueva forma de vivir. Están poniendo bajo una presión mucho más intensa a la infraestructura regulatoria que se necesita para permitir y sostener que todos estos desarrollos sucedan sin que se vulneren los derechos humanos. Es evidente que los desarrollos de las neurotecnologías y de la IA exigen precisiones normativas de parte de los Estados, que –a su vez– necesitan ampararse en los tratados internacionales de protección de los derechos humanos y las normas nacionales vigentes.

Los próximos desafíos necesariamente involucran a los Estados en el cumplimiento de los Principios de la OEA, en el sentido que a nivel local regulen la materia y garanticen que no se vulneren derechos humanos con la implementación de estas tecnologías. Asimismo, contamos con una sentencia novedosa a nivel mundial en materia de protección del derecho a la privacidad mental, litigada en Chile por la Fundación Kamanau (Emotiv, 9 de agosto de 2023, Corte Suprema), que establece el deber del principio precautorio y el rol activo de los Estados en estos casos. Este fallo genera un alto impacto a nivel regional sobre la necesidad de contar con una regulación clara en esta materia.

Tenemos grandes desafíos por delante para generar escenarios confiables en el desarrollo de estas nuevas tecnologías, donde se establezcan reglas claras y los derechos de las personas más vulnerables estén particularmente amparados, como son los niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, géneros y disidencias y personas mayores. Por otra parte, es necesario presentar propuestas sobre estrategias y acciones, especialmente en el ámbito de la privacidad, salud –adicciones-, garantías de acceso a los medios tecnológicos en condiciones de igualdad y sesgos, teniendo especial cuidado en grupos de personas vulnerables.

Fuente: Agenda Estado de Derecho

Imágenes satelitales revelan que la capa de nieve de la Cordillera de los Andes ha retrocedido en el último año

Los glaciares y picos nevados de la cordillera de los Andes han retrocedido significativamente en numerosos lugares durante el transcurso del último año. Se trata de un descubrimiento revelado a partir de imágenes satelitales que dan cuenta que la capa de nieve de la Cordillera de los Andes ha disminuido dejando expuestos los suelos.

La caída de los niveles de precipitaciones y nevadas en la cordillera más larga de América se encuentran asociadas de manera directa a los efectos del cambio climático. De acuerdo con expertos, la escena registrada es el resultado de la disminución a un nivel de récord mínimo de las nevadas y precipitaciones, lo cual es atribuido al calentamiento global.

Las fotografías fueron captadas el 27 de julio de 2020 y el 29 de julio de este año, respectivamente, por el satélite Copernicus Sentinel-3 de la Agencia Espacial Europea (ESA). Este fenómeno se produce, a su vez, en medio de una sequía prolongada por al menos una década y que los expertos atribuyen al calentamiento global. El fenómeno viene acompañado de una caída en el caudal de ríos en la región.

En palabras de Ricardo Villalba, investigador principal del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), la contracción de glaciares amenaza con afectar el abastecimiento de agua, un recurso vital que algunas comunidades de la región obtienen de las montañas: “Aquí estamos viendo un proceso de disminución a largo plazo en precipitaciones, una megasequía… si miras los niveles de precipitaciones ahora mismo para toda la cordillera de los Andes, muestran que o bien no ha nevado en absoluto o ha nevado muy poco”.

Esta problemática se ha visto reflejada también en los centros de esquí en la frontera argentino-chilena: los predios que reabrieron este invierno tras una larga pausa por la pandemia se han visto obligados a transportar nieve o utilizar nieve artificial para cubrir las pistas (o en el peor de los casos han debido suspender sus actividades antes de lo previsto).

En paralelo, cabe destacar que el retroceso de glaciares sucede en medio de una sequía histórica e incendios forestales que azotan a los países vecinos de Brasil y Bolivia. Un total de 287 grandes incendios se han registrado en la Amazonía en lo que va de 2021, lo cual representa el doble de lo documentado en el mismo período de 2020. 221 fueron los incendios ocurrieron en territorio brasileño, lo que representa el 77 por ciento de los eventos. 

Por su parte, en Bolivia se han registrado 36 incendios forestales (13 por ciento), Perú se ha visto afectado por 24 grandes quemas (8 por ciento) y Colombia ha sufrido seis fuegos (2 por ciento). 

Fuente: Intriper

Presentan en la Cop-25 el Atlas del Cambio Climático para las Américas

El Instituto Geográfico de la región española Aragón ha presentado el Atlas de Cambio Climático de las Américas, un proyecto puesto en marcha en 2017 con la colaboración del Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH) en el que están involucrados todos los países iberoamericanos, EE.UU. y Canadá.

El proyecto ha sido presentado en el marco de la Cumbre del Clima de Madrid (COP25) por el director del Instituto Geográfico de Aragón, Fernando López Martín, y su colega Rafael Martínez Cebolla.

El Gobierno autónomo aragonés ha asumido el desarrollo de este atlas después de que el IPGH se lo pidiera tras analizar los resultados de uno similar que este equipo ha realizado para la Comunidad de Aragón, en el oeste de España.

El Atlas de Cambio Climático de las Américas es un proyecto digital y dinámico que se actualiza en tiempo real gracias a la información extraída de organismos oficiales, que posteriormente se muestra de manera cartográfica, aseguran sus creadores.

El proyecto está destinado a estudiantes y tomadores de decisiones, "aunque por el momento se utiliza solo en el ámbito docente", agregaron.

"La iniciativa pretende mostrar no solo los efectos medioambientales, sino también los socioeconómicos derivados de problemas climáticos como inundaciones o sequías", explicó López Martín.

Proyecto

El proyecto, financiado a través del IPGH y las aportaciones de los socios y que debe ser renovado anualmente por sus participantes, "está en fase de prueba pero ya es público".

Las fuentes de las que extraen la información en tiempo real son: Banco Mundial, NASA, Global Climate Monitor, Base América Central, Climate Data de la Organización Meteorológica Mundial (OMM-WMO, por sus siglas en inglés), Comisión Económica para América Latina y Caribe (CEPAL) y Atlas Ambiental de América del Norte, entre otras instituciones.

El proyecto se divide en cuatro fases: indicadores continentales, estudios de caso, currículum para universidades y la generación de red de colaboradores.

Los indicadores con los que se está trabajando son: datos climáticos (precipitación, temperatura y evapotranspiración), tendencias, anomalías, medio ambiente, riesgo, población, economía, salud y resiliencia.

Estos análisis son aplicados en casos reales como el estudio de la sequía que ha afectado en los últimos diez años a la Laguna de Aculeo, en Chile, en la que la ausencia total de agua en la zona ha provocado la muerte de muchos ejemplares de ganado y la aparición de algunas especies exóticas invasoras.

La información volcada en la página utiliza un lenguaje sencillo y claro, ya que está dirigido al público en general y a estudiantes y, en el futuro, se traducirá al portugués y francés ya que actualmente está solo en español e inglés.

En el proyecto participan doce universidades, seis de ellas como colaboradoras y las otras seis de forma activa: Universidad Bernardo O'Higgins (Chile), Universidad del Nordeste (Argentina), Universidad Pedagógica y Tecnológica (Colombia), Universidad de Richmond (EEUU), Universidad Quintana Roo (México) y Nacional de Costa Rica.

"Haití y la República Dominicana han expresado su intención de participar pero la falta de recursos económicos no se lo permiten", algo que según López Martín "no será un impedimento para su entrada al proyecto".

Uno de los aspectos importantes del proyecto, según el experto, es que se pretende que "esté incluido en el currículum académico de las diferentes universidades, por lo que se está llevando a cabo protocolos de intercambio de estudiantes".

El proyecto está planificado para cuatro años "aunque la idea es que se extienda en el tiempo", para lo cual se está buscando financiación en organismos internacionales.

Fuente: Informe21