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jueves, 24 de septiembre de 2026

El copyright se convierte en una herramienta para borrar periodismo


En internet, una denuncia por infracción de derechos de autor puede parecer, a primera vista, un mecanismo legítimo para proteger una obra. Sin embargo, investigaciones académicas y periodísticas han documentado cómo el sistema de notificaciones de la Digital Millennium Copyright Act (DMCA), una ley estadounidense, también puede ser manipulado para intentar retirar de internet contenidos legítimos, incluidos artículos periodísticos.

La DMCA establece un procedimiento mediante el cual los titulares de derechos pueden solicitar a plataformas y buscadores que retiren o desindexen contenidos que consideran infractores. Google, por ejemplo, recibe estas solicitudes y las procesa bajo el régimen de protección conocido como “safe harbor”. Las notificaciones pueden quedar registradas en la Lumen Database, un proyecto de investigación de Harvard que recopila solicitudes de retirada de contenidos.

El problema aparece cuando la denuncia de copyright no busca proteger una obra original, sino conseguir que desaparezca información incómoda.

Una de las técnicas documentadas consiste en crear primero una copia falsa o manipulada de un artículo periodístico y publicarla en otro sitio con una fecha anterior a la publicación real del reportaje. Posteriormente, quien presenta la denuncia sostiene que el medio periodístico copió esa supuesta obra anterior y solicita su eliminación.

Lumen documentó este mecanismo después de analizar decenas de miles de notificaciones sospechosas. En abril de 2022, el equipo de Lumen informó que había recibido casi 34.000 avisos entre junio de 2019 y enero de 2022 que parecían formar parte de intentos deliberados y fraudulentos de abuso del sistema de copyright.

La técnica de la publicación retrodatada resulta particularmente relevante para el periodismo de investigación porque explota una debilidad del sistema: una plataforma puede recibir una denuncia que, formalmente, parece contener los elementos necesarios para reclamar derechos de autor, aunque la supuesta obra original haya sido creada únicamente para fabricar evidencia contra el contenido periodístico.

Harvard Law School también documentó este problema. Una investigación del Wall Street Journal descubrió cientos de denunciantes fraudulentos que copiaban publicaciones, las colocaban en otros sitios con fechas anteriores y posteriormente utilizaban esas páginas como supuesto respaldo para solicitar eliminaciones.

Uno de los casos examinados involucró un sitio abandonado de una mujer de Colorado que había sido tomado para publicar textos retrodatados en ruso sobre un empresario vinculado, según las acusaciones de las investigaciones citadas, con el crimen organizado. Esos textos falsos fueron utilizados como fundamento para intentar retirar de Google un artículo legítimo de investigación publicado por un medio afiliado a la Global Investigative Journalism Network.

Después de que el Wall Street Journal revelara la operación, Google restauró alrededor de 52.000 enlaces que habían sido eliminados.

La investigación de Berkman Klein Center, de Harvard, también ha advertido que las solicitudes fraudulentas pueden utilizar identidades falsas y credenciales ficticias. En ese contexto, el copyright deja de funcionar exclusivamente como un mecanismo de protección de propiedad intelectual y puede convertirse en una herramienta de censura, ocultamiento o gestión de reputación.

El fenómeno no es meramente teórico. Un análisis citado por Berkman Klein encontró que al menos el 4% de las notificaciones de DMCA examinadas en Google Images eran completamente infundadas y que otro 28,4% presentaba dudas sobre su validez.

La importancia para el periodismo es evidente: una investigación puede ser legítima y estar protegida por excepciones legales como el uso legítimo, pero aun así sufrir una retirada temporal, una desindexación o una pérdida de visibilidad mientras la plataforma procesa la denuncia.

El riesgo aumenta cuando el objetivo no es una fotografía, una canción o un texto reproducido ilegalmente, sino información sobre personas, empresas o redes de poder.

En esos casos, una denuncia de copyright puede convertirse en una forma indirecta de controlar la circulación de información: no necesariamente se intenta demostrar que el contenido periodístico es falso, sino que se busca conseguir que deje de aparecer.

La existencia de estas operaciones documentadas no significa que toda denuncia de DMCA sea fraudulenta ni permite atribuir automáticamente su utilización a organizaciones criminales. Sí demuestra, sin embargo, que el mecanismo puede ser explotado para fines ajenos a la protección legítima de los derechos de autor y que esa explotación ha alcanzado contenidos periodísticos.

Para una redacción que investiga corrupción, crimen organizado, empresas o funcionarios públicos, una notificación de copyright inesperada debería ser tratada también como una posible señal de alerta: verificar quién presentó la denuncia, qué obra reclama como original, cuándo fue publicada, si existía realmente antes del reportaje y si existen otras solicitudes similares contra el mismo contenido o contra otros medios.

El rastro documental de esas solicitudes puede ser precisamente lo que permita demostrar que una denuncia aparentemente aislada forma parte de un patrón.

Bolivia

En Bolivia, la historia de cómo una noticia incómoda puede empezar a desaparecer tiene un antecedente que se remonta al 8 de enero de 2023. Ese día, EL DEBER publicó una entrevista al exministro de Gobierno Carlos Romero, titulada “Romero: ‘Lo de la Fiscalía fue una operación para destruir documentos de narcotráfico’”. En ella, Romero habló de presuntas estructuras vinculadas al narcotráfico y pidió investigar la eventual participación de un hombre al que identificó como “Miguelito” en decisiones relacionadas con la FELCN. La entrevista fue reproducida ese mismo día por eju.tv, que identificó expresamente a EL DEBER como fuente.

Al día siguiente, 9 de enero de 2023, Brújula Digital publicó otra nota que recogía las declaraciones de Romero bajo el título “En Bolivia estamos en camino a un narcoestado: Las graves denuncias de Romero que no tienen eco en el Estado”. La publicación también dejó constancia de que las declaraciones habían sido realizadas en una entrevista con EL DEBER.

Con el paso del tiempo, esa historia tuvo otro capítulo. En abril de 2025 se informó sobre el cambio de propiedad de EL DEBER, con el ingreso de nuevos accionistas y miembros de su estructura directiva. Entre los nombres señalados en esas informaciones aparece Miguel Rockholt, la misma persona a la que se hacía referencia en la entrevista de 2023.

Actualmente, la dirección original de EL DEBER donde estaba publicada aquella entrevista ya no conduce a la publicación de 2023. Sin embargo, el contenido no desapareció completamente de internet: quedó reproducido o citado por otros medios, entre ellos eju.tv y Brújula Digital.

Y entonces aparece un episodio que merece especial atención. El 10 de marzo de 2026, una persona identificada como Thomas Willson presentó ante Google una reclamación de derechos de autor bajo la legislación estadounidense DMCA contra la publicación de Brújula Digital de 2023.

Para entenderlo fácilmente: una reclamación DMCA permite pedir a una plataforma o buscador que retire o deje de mostrar un contenido porque supuestamente infringe derechos de autor. El problema aparece cuando alguien utiliza ese mecanismo para reclamar como propia una obra que en realidad apareció después de la publicación periodística original.

En este caso, como supuesto contenido original se presentó una publicación alojada en Tumblr, en una cuenta denominada jayashankarnews. Esa publicación reproduce el contenido de la nota de Brújula Digital.

La cuestión de las fechas es especialmente importante. Brújula Digital publicó su nota el 9 de enero de 2023, mientras que el identificador técnico de la publicación utilizada como supuesto original en Tumblr corresponde al 10 de marzo de 2026, precisamente la fecha en que fue presentada la reclamación ante Google.

Sin embargo, los datos de la nota indican que esta fue creada el 16 de febrero de 2022, a las 13:10 horas.

Tumblr permite además retrofechar publicaciones, es decir, hacer que una publicación aparezca con una fecha anterior a aquella en que realmente fue creada. La propia plataforma explica esta función: Tumblr, explicación oficial sobre publicaciones retrofechadas.

Por eso, la pregunta no es simplemente si una página de Tumblr muestra una fecha anterior. La pregunta periodística es cuándo fue realmente creado ese contenido y para qué fue creado.

Google registra las reclamaciones de copyright y explica cómo funciona este sistema de notificaciones y cómo sus datos pueden ser consultados a través de Lumen: Google Transparency Report, información sobre solicitudes de retirada por copyright.

Y aquí el caso boliviano conecta con un problema que ya ha sido documentado internacionalmente. Lumen, proyecto asociado a Harvard, ha identificado miles de reclamaciones fraudulentas o sospechosas en las que contenidos falsos o retrodatados fueron utilizados para intentar retirar publicaciones legítimas. En abril de 2022, Lumen informó sobre casi 34.000 notificaciones que parecían formar parte de un intento organizado de abusar del sistema de copyright: Lumen, “Over thirty thousand DMCA notices reveal an organized attempt to abuse copyright law”.

Harvard Law School también documentó casos en los que se copiaban artículos periodísticos, se publicaban versiones retrodatadas y después se utilizaban esas publicaciones como supuesto respaldo para solicitar la eliminación de los contenidos originales. Harvard Law School, “Shine On”.

Esto no demuestra por sí solo que exista una operación coordinada detrás del caso boliviano, ni permite afirmar quién está detrás de la reclamación. Pero sí deja una secuencia documental que merece ser investigada: una información publicada originalmente en 2023; la desaparición de su URL original; un cambio posterior en la propiedad del medio que la publicó; la permanencia de la información en otros medios; y, tres años después, una reclamación de copyright que utiliza como supuesto original un contenido cuya existencia técnica aparece asociada a la misma fecha de la reclamación.

La información puede desaparecer de una página, de un buscador o incluso de un medio. Pero mientras queden copias, archivos, fechas, identificadores y registros de las reclamaciones, la historia digital todavía puede reconstruirse.

Imagen: El Clip

Fuente: Cabildeo

lunes, 21 de septiembre de 2026

La SIP cuestiona veto de Trump a medios y advierte sobre grave precedente para la libertad de prensa


La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) cuestiona la decisión del presidente Donald Trump de prohibir el acceso a la Casa Blanca a periodistas de CNN, MS NOW y POLITICO debido a su cobertura. La medida, anunciada el viernes 18 de septiembre e implementada al día siguiente con la revocación y confiscación de credenciales de prensa, constituye una grave restricción al ejercicio periodístico y plantea serios cuestionamientos constitucionales bajo la Primera Enmienda de Estados Unidos, que protege las libertades de expresión y de prensa.

Los tres medios anunciaron acciones legales contra el gobierno de Trump para impugnar la decisión y defender sus derechos bajo la Primera Enmienda.

“El poder público no puede utilizar el acceso a sus instalaciones como instrumento de castigo contra los medios que lo cuestionan. La prensa no está para complacer al poder, sino para informar y fiscalizarlo. Una medida de esta naturaleza pone en riesgo las garantías constitucionales que protegen al periodismo independiente”, afirmó Pierre Manigault, presidente de la SIP y titular de Evening Post Publishing Inc., en Charleston, Carolina del Sur.

“Excluir periodistas por su cobertura es incompatible con una prensa libre y plantea un serio conflicto con las leyes fundamentales de Estados Unidos. El gobierno debe garantizar el acceso y la diversidad informativa, no seleccionar qué medios pueden informar según lo que publican. Lo ocurrido con CNN, MS NOW y POLITICO no puede convertirse en un mecanismo para silenciar otras voces”, señaló Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM).

La SIP expresó especial preocupación porque Trump advirtió que otros medios podrían correr la misma suerte. Al ser consultado sobre posibles nuevos vetos, mencionó a The New York Times y The Washington Post cuya cobertura cuestiona, aunque no anunció su exclusión de la Casa Blanca.

Además, el domingo la Casa Blanca retiró a CNN de la cobertura del pool televisivo que acompañará a Trump a Nueva York para la Asamblea General de la ONU, pese a que la cadena tenía asignada la cobertura compartida de este lunes. La decisión interrumpe la rotación habitual entre las principales cadenas televisivas estadounidenses encargadas de proporcionar imágenes y cobertura conjunta al resto de los medios.

Según los informes de la SIP, la situación de la libertad de prensa en Estados Unidos ha experimentado un preocupante deterioro, en un contexto caracterizado por crecientes presiones desde el poder público sobre medios y periodistas. La intensificación de la retórica hostil y estigmatizante, las restricciones al acceso a la información, las presiones regulatorias y judiciales y el debilitamiento de garantías para el ejercicio periodístico configuran un escenario adverso para la prensa independiente y para el derecho de la sociedad a estar debidamente informada.

Fuente: SIP

lunes, 10 de agosto de 2026

La vieja y la nueva censura


Estuve en estos días en Polonia y recordé algo que creía lejano. En una visita al museo dedicado a la vida cotidiana en la Polonia comunista, volví a encontrarme con la censura. Para mí nunca fue un concepto académico, sino una parte de una realidad que conocí personalmente. En el régimen comunista había instituciones encargadas de decidir qué podía publicarse y qué debía desaparecer de un periódico, de un libro, de un programa de televisión o de una película. La censura tenía instituciones, funcionarios, procedimientos y argumentos para justificar su existencia.

Desafortunadamente, al regresar a México no me liberé del triste recuerdo. Más bien, se reforzó el temor a volver a los tiempos de la censura ante un gobierno mexicano que busca controlar los contenidos producidos en los medios de comunicación usando el argumento de los derechos de las audiencias. En abstracto, proteger a las audiencias parece una causa difícil de cuestionar, dado que todos quieren información confiable y plural. El problema aparece cuando observamos quién pretende garantizar esos derechos y en qué contexto. No es lo mismo tener estas políticas en los países nórdicos, conocidos por su calidad democrática, transparencia y gran libertad de prensa, que en México, donde el estado de la democracia va empeorando año tras año.

México no llega a este debate como un país con una trayectoria impecable en materia de libertad de expresión. La organización Reporteros Sin Fronteras lo coloca en el lugar 122 de 180 países en su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa y constata que en México “no hay ninguna ley que obstaculice la libertad de informar, sin embargo, la censura se ejerce mediante amenazas o ataques directos contra los periodistas”. En semejante contexto, cualquier ampliación de la capacidad del Estado para intervenir en el entramado informativo asusta.

Además, hay una contradicción difícil de ignorar. Si la preocupación central fuera realmente que los mexicanos recibieran información de calidad, cabría esperar una política mucho más sistemática frente a la desinformación, basada en educación mediática, fortalecimiento del pensamiento crítico desde edades tempranas, transparencia gubernamental, acceso efectivo a información pública y herramientas para que la ciudadanía aprenda a distinguir fuentes confiables de contenidos manipulados. Pero nada de esto ocurre en México, donde la desinformación campea.

La experiencia de la censura en el comunismo me dejó una desconfianza hacia los intentos del poder político de convertirse en árbitro de lo que los ciudadanos deben escuchar. Hoy existe una gran necesidad de luchar contra la desinformación, tal como se hace en muchas democracias europeas. No obstante, la experiencia del siglo XX enseña que la censura sirvió principalmente para acallar las voces críticas y de oposición en el camino hacia un Estado autoritario, y eso es justamente lo que preocupa en el contexto mexicano.

Fuente: El Heraldo

domingo, 22 de marzo de 2026

Informe revela la magnitud de la censura digital en Venezuela


Según los datos recopilados, al menos 206 dominios permanecen bajo esquemas de bloqueo por órdenes directas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

Este monitoreo constante revela que el impacto no solo afecta a medios de comunicación, sino que se extiende a herramientas fundamentales para el libre acceso a la información.

La documentación técnica presentada por VE Sin Filtro desglosa las categorías más afectadas, demostrando que la censura en Venezuela es selectiva y persistente.

Se contabilizan 92 dominios de noticias bloqueados, que corresponden a 65 sitios de noticias distintos. Entre ellos figuran medios de amplia trayectoria y portales digitales independientes como El Pitazo, Efecto Cocuyo, La Patilla, El Nacional, y Crónica Uno.

Herramientas Anticensura

No solo se bloquea la información, sino también el acceso a ella. El informe destaca el bloqueo de servicios de VPN como CyberGhost VPN, esenciales para que los ciudadanos naveguen de forma segura.

Páginas de organizaciones de derechos humanos como Espacio Público y portales de contenido político también figuran en la lista de restricciones.

Dominios relacionados con la cotización del dólar paralelo, como DolarToday y diversas variantes de dólar paralelo, sufren bloqueos constantes en casi todos los proveedores de servicios de internet (ISP).

El informe de VE Sin Filtro también detalla cómo operan los principales ISP en el país. Los métodos más comunes incluyen el bloqueo por DNS (Sistema de Nombres de Dominio) y, en casos más agresivos, bloqueos de tipo Http/Https e IP.Proveedor (ISP).

VE Sin Filtro recalca que la mayoría de estos bloqueos se ejecutan sin una orden judicial pública, vulnerando el debido proceso y el derecho constitucional de los ciudadanos a estar informados

Ante este panorama, la organización recomienda el uso de herramientas de elusión como VPNs confiables y la configuración de DNS alternativos (como los de Google o Cloudflare) para recuperar el acceso a los medios independientes y redes sociales restringidas.

Fuente: La Patilla

domingo, 22 de febrero de 2026

Organizaciones civiles y guardaparques se declaran en alerta ante ley mordaza del Sernap


A través del instructivo INS/DP N° 0013/2026, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) ha establecido un control sobre la información generada en las 23 áreas protegidas del país. La disposición prohíbe taxativamente a los guardaparques y funcionarios utilizar sus perfiles personales para difundir operativos, fotografías o informes institucionales, bajo el argumento de “resguardar la imagen institucional”.

Sin embargo, esta medida ha desatado una ola de indignación y rechazo por parte de colectivos de la sociedad civil, asociaciones de defensa ambiental y de los propios guardaparques, quienes consideran que la normativa constituye una censura previa.

Vulneración de derechos y desacato judicial

La Asociación Legal “Justicia Ambiental” y Alas Chiquitanas Voluntarios emitieron un pronunciamiento de emergencia alertando que este instructivo podría “amordazar” a los custodios de la biodiversidad. Las organizaciones denuncian que la redacción ambigua de la norma vulnera el derecho constitucional a la libertad de expresión y el deber de denunciar ilícitos ambientales.

Además, señalan que el SERNAP estaría desconociendo la Resolución SP-TAA 003/2025 del Tribunal Agroambiental, la cual reconoció expresamente a los guardaparques como Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales. Según esta resolución judicial, el Estado tiene la obligación de proteger a estos funcionarios contra represalias y garantizar el ejercicio seguro de sus funciones, un mandato que se vería comprometido con las nuevas restricciones comunicacionales.

El rol vital de las denuncias en redes sociales

Los sectores movilizados recuerdan que las denuncias públicas sobre minería ilegal, incendios forestales y abusos de autoridad han logrado incidencia real gracias a la “potente voz” de los guardaparques en sus cuentas personales, y no así por los canales oficiales, que a menudo pretenden “minimizar o esconder” la realidad de los parques.

“Ningún instructivo administrativo puede estar por encima de la Constitución”, enfatiza el comunicado de Alas Chiquitanas, recordando que en noviembre de 2023 un intento similar de restringir la información tuvo que ser retirado por orden del Gobierno ante el rechazo generalizado de la prensa y la sociedad civil.

Exigencia de aclaración inmediata

Ante lo que consideran un retroceso en la protección del patrimonio natural, las organizaciones exigen al Sernap emitir una aclaración pública que garantice:
  • Que el instructivo no limitará la libertad de expresión de los servidores públicos en su calidad de ciudadanos.
  • Que no se aplicarán sanciones ni represalias contra quienes informen sobre posibles daños ambientales.
  • El pleno cumplimiento del Acuerdo de Escazú respecto al acceso a la información ambiental.
Alerta por vulneración a la libertad de expresión

La Asociación Boliviana de Guardaparques (Abolac), encabezada por Marcos Uzquiano, también expresó su profunda preocupación, señalando que este instructivo pretende “amordazar” al personal de campo y limitar la libertad de expresión en asuntos ambientales. La organización advirtió que la medida deja en situación de vulnerabilidad la capacidad de denuncia pública sobre amenazas e ilícitos, recordando que en 2023 se intentó aplicar una restricción similar que fue revertida por el Gobierno ante las críticas.

Para los guardaparques, la “potente voz” de los trabajadores en redes sociales ha sido el único canal efectivo para visibilizar la minería ilegal y los abusos de autoridad, denuncias que, según Abolac, suelen ser minimizadas o escondidas por las páginas institucionales oficiales.

La gestión de las áreas protegidas en la penumbra

Abolac enfatizó que limitar la difusión de fotos, paisajes y valores naturales solo a canales oficiales dejará en “mayor penumbra” la gestión de las áreas protegidas. La asociación sostiene que la información oficial no ha logrado la incidencia necesaria en la población, a diferencia de los testimonios directos de quienes custodian el territorio.

Ante este escenario, la Asociación de Guardaparques se reservó el derecho a emitir un pronunciamiento público formal en las próximas horas si el SERNAP no modifica o ajusta la medida para respetar la libertad de expresión de sus miembros.

Fuente: Revista Nomadas

martes, 17 de febrero de 2026

La Duma otorga al FSB poder para ordenar el bloqueo de comunicaciones en Rusia


La Duma Estatal, la Cámara Baja del Parlamento ruso, ha dado este martes el visto bueno definitivo a un proyecto de ley que impone a los operadores de telecomunicaciones la obligación de interrumpir sus servicios cuando así lo solicite el Servicio Federal de Seguridad (FSB).

El texto ha sido aprobado en segunda y tercera lectura tras una iniciativa del Gobierno que busca facultar a estas compañías para cortar sus servicios si lo reclama el FSB, que pasaría a disponer de amplias atribuciones para bloquear las comunicaciones una vez que la norma reciba el respaldo del Consejo de la Federación y la ratificación del presidente, Vladimir Putin.

Las modificaciones contempladas en el proyecto permitirían al organismo ordenar el corte de Internet fijo y móvil, de las comunicaciones telefónicas y de “cualquier otro medio de comunicación” ante “amenazas de seguridad”, una medida que Moscú justifica como necesaria para “proteger a los ciudadanos y al Estado” frente a dichos riesgos.

Al mismo tiempo, los operadores de comunicaciones quedarían libres de responsabilidad por los apagones que se deriven de estas órdenes, en línea con los pasos que las autoridades rusas han ido dando para restringir el uso de aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Telegram, así como de otras redes sociales.


Imagen: Shutterstock

Fuente: Democrata

miércoles, 21 de enero de 2026

Cuba opera un sistema de vigilancia digital contra el disenso, denuncia Prisoners Defenders


Cuba ha consolidado un sistema de vigilancia digital diseñado para “neutralizar el disenso” basado en leyes “punitivas”, programas espía (spyware) y otros medios de intrusión tecnológica, según reveló el Primer Informe Integral sobre la Vigilancia Digital en Cuba de la organización Prisoners Defenders.

En el documento, basado en 200 testimonios de víctimas dentro y fuera del país, la ONG acusa al Gobierno cubano de operar bajo una lógica de "Big Brother" –por el personaje todopoderoso de la novela de George Orwell 1984– con el fin de desarticular “redes sociales, cívicas y políticas independientes, como forma de sometimiento”.

Durante la presentación del informe, realizada este martes de forma telemática, el presidente de Prisoners Defenders, Javier Larrondo, lamentó el nivel de "autocensura" que ha provocado el sistema de cibervigilancia en la Isla.

"Es tremendo el nivel de autocensura, de terror en la población por publicar en redes o incluso hablar por WhatsApp"

En el informe se destaca que el 46,5% de los encuestados afirmó que sufrió la intervención directa de sus comunicaciones en aplicaciones de mensajería, como WhatsApp, y que el contenido de sus conversaciones fue mencionado por la policía durante interrogatorios o detenciones sin órdenes judiciales.

"No es un fenómeno técnico coyuntural, sino un componente central de un modelo de control político", subraya el texto.

En esa línea, el informe documenta que prácticamente todos los encuestados (98,5 %) han sufrido “sanciones o amenazas” por el contenido de sus conversaciones digitales o publicaciones.

Entre los 200 testimonios destaca la presencia de activistas (51%), familiares de presos políticos (33,5%) y periodistas independientes (15%).

La investigación de la oenegé identificó 10 patrones de vigilancia, entre ellos el “ciberpatrullaje” (observación sistemática de publicaciones y comunicaciones), los cortes selectivos de internet y la "intrusión digital coercitiva".

Esta última práctica consiste en obligar a las víctimas a desbloquear sus teléfonos sin orden judicial, una acción que afectó al 65,5% de la muestra.

Una vez obtenido el acceso, de acuerdo con el informe, las autoridades no solo revisan la información. sino que intervienen sus comunicaciones privadas en aplicaciones de mensajería (reportado por el 46,50% de los declarantes).

Tras la intrusión, es común que las víctimas detecten sesiones abiertas desde ubicaciones desconocidas (49,5%).

Otro elemento destacado en el texto es el bloqueo del acceso al internet, un fenómeno que le ha ocurrido al 77,5% de los consultados. En su mayoría, estos cortes ha coincidido con eventos como protestas o fechas simbólicas, como el aniversario de las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021.

"Estas prácticas eliminan cualquier expectativa razonable de privacidad. Este patrón demuestra que en Cuba las comunicaciones privadas no están protegidas. La vigilancia opera sin controles, sin autorización judicial y sin límites claros, vulnerando directamente el derecho a la privacidad, la intimidad y la libertad expresión", criticó Caren Herrera, directora jurídica de la organización.

Por otro lado, la ONG también cargó contra la "instrumentalización de la ley", al señalar normas como el Decreto-Ley 370 y el nuevo Código Penal. Estas leyes, afirmó, permiten imponer multas elevadas y decomisar equipos por difundir información contraria al "interés social", un término que la organización califica de "vago y discrecional".

Fuente: 14 y medio

domingo, 28 de diciembre de 2025

Discordia en las ondas. Historia de un linchamiento y un despido


Ni mes y medio duré. Seis viernes. Me llamaron el pasado jueves 30 de octubre y al día siguiente ya estaba en antena. Rosa María Molló, la directora y presentadora de 24 horas en Radio Nacional de España, me explicó por teléfono que había quedado vacante una silla en su “Tertulia humanista” y que, después de intentarlo sin éxito con Diego S. Garrocho, había pensado en mí. Lo que más le había convencido era mi sentido del humor. Yo ya le advertí que no estaba alineado con algunos de los dogmas en boga y que mis opiniones a veces remaban a contracorriente. Buscaban animar un poco la tertulia con algo de discrepancia, ¡no había problema alguno! Lo único que a Rosa le chirriaba de mi biografía era el tema de las drogas. Como director de la revista Cáñamo, defiendo públicamente el fin de la prohibición y soy partidario de un uso razonable de las drogas, le dije. Aunque añadí, para su tranquilidad, que estaba harto de hablar de ese asunto. Quedamos entonces en que yo no sacaría el tema, pero que si salía podría dar mi opinión con total libertad. 

Dedico mi jornada laboral a recordar que las drogas no están prohibidas porque sean malas, sino que son malas porque están prohibidas. Así que para mí era un descanso dedicarme a otras cosas. La posibilidad de participar en una lectura reflexiva de la realidad me parecía un buen plan para los viernes por la noche. La tertulia estaba formada por Noor Ammar Lamarty, presentada como “jurista, escritora y experta en derechos humanos y feminismo”, y por Germán Cano, profesor de Filosofía en la Complutense, un viejo conocido por el que siento gran afecto.

La tertulia humanista no era un debate al uso, según explicaba Rosa al comienzo. La misión de cada contertulio era resumir la semana en una palabra a partir de la cual derivar. Por turnos cada uno iba revelando su palabra y explicando por qué la había elegido, después de lo cual, el resto daba su opinión brevemente. Por la mañana le escribíamos un wasap a Rosa con la palabra elegida y una recomendación cultural para el final del programa. La primera vez yo elegí la palabra “monja”, pero como pisaba el mismo terreno místico que la elegida por Germán, Rosa me pidió que la cambiara, así que opté por la palabra “gracias”. “Hemos puesto tanto el acento en el agravio, en la condición de víctimas, como fórmula de la identidad contemporánea, que nos definimos antes por las carencias que por la abundancia que vivimos, así que creo que es un ejercicio interesante darle las gracias a todo: a Marconi y a Edison por inventar la radio…”, así expliqué mi palabra de la semana. Aunque, en contestación a Germán, y bajo el influjo manifiesto de la portada del disco de Rosalía, acabé hablando también del regreso estetizante de la figura de la monja como un reflejo de la falta de entendimiento sexual entre hombres y mujeres. Como ese día era 31 de octubre, víspera del día de los muertos, propuse a los oyentes la tarea de que cada uno confeccionara la lista con las canciones para su funeral.

Todo el mundo se quedó encantado con mi estreno. Rosa y una directiva de la radio que se acercó a felicitarnos estaban de acuerdo en que mi participación aportaba a la tertulia el ingrediente que faltaba.

Secreto, café y corrupción

La semana siguiente, en pleno juicio al fiscal general, mi palabra fue “secreto” y diserté acerca de su relación con el poder, sin olvidar que comparte etimología con “secreción”, lo que me permitió aludir a los líos de alcoba del rey emérito y las sobremesas del señor Mazón, para terminar defendiendo el derecho al secreto personal como garantía de respeto a uno mismo y al misterio del otro. Mi recomendación cultural esa noche fue no escuchar el último disco de Rosalía, que acababa de salir: “¡No se rindan a los mandatos de la novedad, seamos anacrónicos!”

Por esos días firmé el contrato para toda la temporada y en casa comenzaron a llamarme Tertulio. Me empezaba a gustar aquel compromiso semanal que me obligaba a leer con más atención la prensa, buscando el hueco noticioso por donde colar mis cavilaciones.

La tercera semana no encontré por donde colarme y elegí como palabra el “café”, siempre tan de actualidad que se nos olvida su presencia. Hablé de cómo la cafeína, la droga más consumida en el mundo, hizo posible la Revolución Industrial y el Siglo de las Luces, y de cómo, gracias a esa sustancia psicoactiva estimulante, funciona hoy el mundo, provocando en sus consumidores, eso sí, problemas de insomnio. “El café de hoy sirve para compensar el sueño que nos produce el café de ayer”, dije citando el ensayo de Michael Pollan incluido en su libro Tu mente bajo los efectos de las plantas. Mi recomendación cultural fue otro libro, el de Los ilusionistas, de Marcos Giralt Torrente, para el que pedí el Premio Nacional de Narrativa.

Al término del programa, en el taxi de vuelta, Rosa nos pidió a Noor y a mí que las palabras que eligiéramos tuvieran en adelante más relación con la actualidad noticiosa. Noor había elegido “vínculo” y se había extendido sobre la importancia de la amistad, y era verdad que, aunque yo había identificado la cafeína como la gasolina del sistema y esa misma semana, como las anteriores y las siguientes, el 90% de la población mundial la habría consumido, nada digno de ser noticia había pasado al respecto. 

Si soy sincero, en parte elegí el café como una forma de burlar el acuerdo de no hablar de drogas ilegales. Cada uno tiene sus motivaciones a la hora de abrir la boca, a mí me gusta tratar de aquellos temas espinosos en los que se cruzan las tensiones propias del momento histórico. ¿Qué otra cosa mejor que hablar en la radio pública de aquello que nos inquieta? Y había otra razón añadida que tiene que ver con la obsolescencia en estos tiempos de cambios vertiginosos. Cuando llega la noche del viernes, ya se ha dicho todo sobre los grandes y pequeños eventos de la semana y hablar de algo que haya sucedido el martes o el miércoles es un viaje al pasado condenado a la repetición. 

El viernes siguiente mi palabra fue “corrupción” y justifiqué mi elección haciendo un listado rápido que empezaba en Ábalos y Santos Cerdán, seguía con el rey emérito y el novio de Ayuso y concluía con el uso partidista de la Justicia, tanto referido al Tribunal Supremo, que había condenado por la filtración al fiscal general –en apresurado fallo sin sentencia, para evitar ¡filtraciones! de los jueces a la prensa–, como al mismo fiscal general, cuyo apego al Gobierno comprometió su independencia desde su nombramiento. Puede parecer una perogrullada, pero, dentro del espectro mediático progresista, pocas voces incluían al fiscal general como parte del uso partidista de las instituciones de Justicia. Con todo, esa lista de corrupciones sirvió de preámbulo a lo que me interesaba, que era reflexionar acerca de la corrupción no como casos aislados sino como un comportamiento habitual en nuestro país, bien por acción o por omisión. Y aquí me sirvió Alejandro Nieto, el catedrático de derecho administrativo que mejor estudió el fenómeno, y de quien cité el comienzo de su ensayo Corrupción en la España democrática (1997): “La corrupción acompaña al poder como la sombra al cuerpo”. Mi recomendación ese día fue otro libro, la excelente novela Cada día es del ladrón, de Teju Cole, donde se muestra Nigeria como un país hundido en la corrupción moral y política.

Discordia

La mañana del 28 de noviembre le envié varios wasaps a Rosa, el más importante para esta historia decía así: “La palabra que he seleccionado para resumir esta semana es ‘discordia’. Hablaré de la dificultad entre hombres y mujeres de entendernos, comentando la reciente publicación del libro Esto no existe de Juan Soto Ivars, sobre las denuncias falsas en violencia de género. Aludiré también al 25N, a la nueva fiscal general del Estado y otras cuestiones que vayan saliendo al paso”. Rosa me responde sobre la marcha a los wasaps alabando el libro elegido –Pensamientos salvajes, de Augusta Amiel-Lapeyre–, y la canción –“Desfado” de Ana Moura–. No me contesta al wasap de la discordia, pero es imposible que no lo haya leído. Una aclaración: salvo un día que me lo dijo ella minutos antes de empezar, nunca supe de antemano las palabras que elegía Noor. Germán y yo, si nos veíamos antes, nos contábamos, pero la idea era opinar sobre la palabra de los otros sin llevar nada preparado.

Los programas están disponibles en la web de Radio Nacional. Con todo, para entender bien el origen de mi despido, déjenme citar por extenso mi intervención en el programa:

La palabra que me ha estado dando vueltas en la cabeza esta semana ha sido “discordia”, o, si quieren su contrario, “concordia”.

Es como si fuéramos incapaces de entender el mundo más allá de la metáfora del fútbol. Todo lo pensamos como un enfrentamiento entre dos equipos. Como una guerra entre dos enemigos. Los buenos, que son los nuestros, y los malos, que son los otros.

Esto se puede aplicar, por supuesto, al ámbito político, pero la discordia también ha polarizado la sociedad, incluso las relaciones íntimas. Las relaciones entre hombres y mujeres. Y cuesta mucho trabajo hablar de determinados temas, cuesta mucho pensar fuera de las trincheras, pero si queremos la paz y la concordia, hay que intentarlo.

Todo esto viene a cuento porque he seguido con mucho interés la publicación y el debate que está generando el libro Esto no existe, de Juan Soto Ivars. Un libro que trata sobre las denuncias falsas en violencia de género. Es una investigación muy bien documentada que se ocupa de esta manzana de la discordia que son las denuncias falsas, sin negar, en ningún momento, la gravedad de la violencia machista.

Frente a los que dicen que las denuncias falsas no existen, Soto Ivars presenta una cantidad abrumadora de evidencias. 

Si quieren después nos centramos en los datos, pero lo importante para entender esta cuestión de las denuncias falsas es saber que el 77% de las denuncias por violencia de género terminan archivadas o con la absolución del denunciado.

¿Quiere eso decir que el 77% de agresores queda impune? 

Muchos habrán quedado impunes porque la naturaleza del delito hace que sea difícil de demostrar (en muchos casos no hay testigos, etc.). 

Pero otros muchos miles habrán sido denunciados en falso por mujeres que hacen un uso espurio o instrumental de la ley de violencia de género. Estamos hablando de mujeres que por venganza o por conveniencia denuncian a su pareja. Por ejemplo, en un proceso de divorcio o cuando el ex reclama la custodia compartida de los hijos. 

Soto Ivars proporciona un arco de estimaciones muy variables, según quien lo diga. Los más conservadores hablan de un 10% del total de denuncias falsas y los más exagerados hablan de un 75%. Dice también que la mayoría de abogados, jueces, instructores y policías con los que habla las sitúan entre el 20% y el 40% del total.

Un abogado que defiende que las denuncias falsas son un 33 % del total da la cifra de 750.000 inocentes denunciados en falso en estos 20 años de aplicación de la ley de violencia de género. 

Si nos quedamos con que solo son el 10% estaríamos hablando de más de 200.000 inocentes.

Esto significa muchos hombres a los que una denuncia falsa les ha arruinado la vida, muchos niños que se han visto privados de sus padres por una denuncia falsa, y muchas mujeres realmente maltratadas que se han visto privadas de recursos por esta utilización espuria.

En un proceso de divorcio a una mujer le basta con presentar una denuncia por violencia de género para que al hombre se le expulse inmediatamente del domicilio familiar con una orden de alejamiento, y el hombre pierde la posibilidad de la custodia compartida de los hijos. Incluso, por esta orden de alejamiento, el trato con los hijos queda relegado, con suerte, a visitas supervisadas en puntos de encuentro. Al perder la custodia de los hijos queda obligado a contribuir con una pensión de alimentos. A esa injusticia súmale el reproche social. La denuncia probablemente se archive con el tiempo y el hombre quede absuelto, pero el calvario judicial y el maltrato que sufre el padre y los hijos en este proceso es muy doloroso.

Soto Ivars opina que las denuncias falsas deberían considerarse maltrato de la mujer hacia el hombre y hacia sus hijos e hijas. Y yo estoy de acuerdo con él. 

¿Cuál sería la solución? Si somos feministas en el sentido de buscar la igualdad entre hombres y mujeres, habrá que plantearse cambiar la ley o pedirle a la fiscalía que haga su trabajo y persiga de oficio el delito de las denuncias falsas, y condene a las mujeres que hacen un uso espurio o instrumental de la ley. Esperemos que la nueva fiscal general, que tanto sabe sobre el asunto, ponga remedio a esto de las denuncias falsas y podamos solucionarlo. 

Cuando terminé, Rosa María Molló dijo sentirse helada: “Como yo estoy helada, no he visto el libro, no conozco los datos, imagino que Noor está tan congelada como yo, ¿cómo podemos hacer para…?”. Noor contestó que ella no estaba congelada, dejó un silencio dramático y respondió “¿Y? ¿Y qué?”. Rosa tradujo acertadamente: “Quieres decir que esto no inhabilita nada de lo demás”. “No –contestó Noor–. ¡Esto es un debate tan falso!”, y siguió entonces hablando acerca del statu quo y la sociedad patriarcal en la que vivimos, para desautorizar el debate, que según ella era falso por carecer de la necesaria perspectiva feminista y de género. No me siento capaz de discernir su discurso, ni describir sus teatrales gestos de indignación, pero tendía a generalizar hablando a bulto de hombres y mujeres, y tuve que corregirla cuando me achacó haber puesto en duda la intención de todas las mujeres que denuncian. Yo no cuestioné, faltaría más, a las mujeres que denuncian, dejé muy claro que me refería solo a aquellas que hacían un uso espurio o instrumental de la ley. En fin, hubo una discusión más acalorada de lo habitual en la tertulia, pero creo que fue un buen programa donde quedaron confrontadas, y sin posibilidad de acuerdo, las posiciones de ambos. También tengo que decir que se me cortó con una canción, impidiéndome terminar. Pese a mi invitación a pensar fuera de las trincheras, la discordia se impuso.

Acabado el programa, en el taxi de vuelta, me cayó una bronca monumental. Como se me afeaba que les había hecho una encerrona, tuve que leer el wasap que le había enviado a Rosa esa misma mañana. Sobre todo, era Noor la que me regañaba, aunque Rosa mantenía que yo había traspasado unos límites, recordando la necesidad de que la tertulia humanista no fuera como la del resto de los días, tan polarizada. En un momento de la discusión, les pregunté a las dos si no conocían a ningún hombre que hubiera sido acusado falsamente por violencia de género. Noor no contestó o contestó que no. Rosa dijo que sí, que a uno. Yo conté que cuatro amigos, tres de ellos padres igualitarios y ejemplares, habían sido acusados en falso.

Todavía en la calle hablamos un poco más. Noor, pese a sus quejas, manifestó que el programa había salido muy bien, y yo pedí que cada uno lo escuchara en su casa con calma y, si había algo que comentar, que lo habláramos tranquilamente. Nos despedimos con dos besos y ellas se fueron juntas. 

Ya en la cama vi que Noor había subido a Instagram un selfi frente al espejo, con el pulgar levantado como signo de victoria. El programa aparecía vinculado bajo el reclamo “No tiene pérdida”, y al pie se describía a sí misma en términos épicos: “Solo soy una persona agotada que ha hablado de violencia machista respondiendo a la temática ‘denuncias falsas’ en la radio pública ¿okay?”.

El domingo por la mañana volví a ver el programa (aunque es de radio se emite también en vídeo) y le escribí seguido a Rosa reafirmándome en que no me parecía mal y que tampoco veía yo que llegáramos a perder el tono conciliador. Justifiqué los datos que había dado y la importancia del fenómeno editorial que se estaba creando en torno al libro. Y, como Noor había descalificado al autor de una manera tan grosera, también le dije lo que opinaba al respecto: “Juan Soto Ivars ha hecho una gran investigación periodística y me niego a caer en el sectarismo de cancelarlo. Yo acostumbro a leer y escuchar a aquellos que no piensan como yo, y a veces hasta me doy cuenta de mis equivocaciones.” Para mí el problema era haber hablado de un tema espinoso: “Está claro que hablar de un tema tabú produce tensiones, pero ¿debemos por eso dejar de hablar con cordialidad de temas controvertidos? ¿Debe el humanismo renunciar a la polémica? ¿Debe la radio pública renunciar a un debate que afecta a tantísima gente como es el de las denuncias falsas?”. Como en el taxi de vuelta se me había afeado tanto mi comportamiento, salí en mi defensa: “Creo que mi tono en todo momento fue educado, que lo que dije es relevante y que la reacción viene a demostrar el clima de discordia en el que estamos sumergidos. Nuestro papel en la radio yo creo que es salir de las trincheras, no mediante la evasión de la realidad, si no hablando de todo con argumentos y, a ser posible, sin perder el sentido del humor.” Y terminé mi mensaje de wasap con mi disponibilidad a seguir, si ella estaba de acuerdo: “Desde ese buen humor pienso seguir participando en la tertulia, pero si tú ves que, por lo que sea, no encajo, no tengo mayor problema en dejarlo.” 

Rosa me contestó que le había pillado “desprevenida” y que eso era todo. “No me importan las polémicas, por supuesto que no, ni tenemos que estar siempre todos de acuerdo, pero polémicas tengo toda la semana, y a la gente no le gustan. La gente está saturada de discordia. Por eso busco reflexiones más tranquilas, igual de profundas, pero menos o nada polarizadas.” Su mensaje concluía contando conmigo: “Fidel, tú aportas ángulos, una manera de ver, y puntos de vista distintos a German y Noor. Y estoy contenta con tu presencia. Si en algún momento uno de los dos dejamos de estarlo lo hablamos, por supuesto.”

Ahí se tendría que haber cerrado el asunto. Yo no era ingenuo y sabía que sacar un tema como ese resultaría incómodo. Entendía la tranquilidad que me pedía Rosa, y, en el mismo sentido, la bronca que me había caído me alejaría durante un tiempo, quizás hasta final de la temporada, de querer polemizar.

Linchamiento

Pero no quedó ahí la disputa, y ese domingo, al caer la noche, Noor en su cuenta de Instagram colgó dos publicaciones injuriosas en las que se presentaba como víctima de mi violencia machista en la tertulia. ¿Qué ironía del destino era aquello? No me podía creer que por hablar de denuncias falsas Noor me estuviera denunciando falsamente en sus redes. ¿Cómo ella, jurista experta en derechos humanos y en feminismo, no se daba cuenta de que estaba banalizando la verdadera violencia de género al presentarse como víctima violentada simplemente porque un hombre le había llevado la contraria? ¿Cómo era capaz de tergiversar el hecho de un simple intercambio de opiniones y elevarlo a la categoría de agresión? 

Estuve a punto de escribirle, pero me contuve. Preguntarle las razones de aquel comportamiento injurioso o pedirle que despublicara aquellos reels, ¿sería interpretado como una forma de amenaza? Mi única esperanza era que pocos dieran crédito a una interpretación tan sobreactuada. Incluso en el escogido fragmento de vídeo que había compartido para ilustrar el “mansplaining” y la “luz de gas” que me achacaba, podía oírse como no paró de torpedearme con interrupciones e interjecciones de sospecha (“Mmm”). Ante la imposibilidad del diálogo con alguien que se dedica a lanzar balones fuera, cuando desautorizó a Soto Ivars por no ser técnico en violencia de género, le dije que se leyera el libro y que luego habláramos. Este era el culmen de mi violencia, que yo le hubiera recomendado leer un libro antes de descalificarlo. Confiaba en que la ridiculez de presentar ese rifirrafe como una agresión no tendría el menor eco. Me equivocaba, claro. Y el contador de visualizaciones se fue incrementando exponencialmente, con algunas de sus más de 66.000 followers que se sumaban al linchamiento con encendidos comentarios, que la anfitriona alentaba con likes en forma de corazón. 

Rápidamente escribí a Rosa un mensaje enviándole las dos publicaciones y quejándome de aquella injuria. Ella me contestó que ya estaba desconectada y que al día siguiente lo miraría. Pedía que nos tranquilizáramos los dos y que el próximo viernes volviera el espíritu original de la tertulia. A mí me pareció muy injusto que equiparase mi comportamiento con el de Noor, pero pensé que al día siguiente lo vería y me llamaría. No me llamó.

Desde producción me preguntaron como todas las semanas si acudiría al siguiente programa y yo confirmé que sí, aunque me inquietaba el encuentro con mi linchadora. La noche del jueves un amigo me llamó para preguntarme cómo estaba y para alertarme de que UTBH, “Un Tío Blanco Hetero”, con más de medio millón de seguidores en Youtube, había dedicado un vídeo a la discusión en la radio. Y Soto Ivars, cuyo canal tiene 124.000 seguidores, también había hablado de ello en otro vídeo en el que contaba el intento de boicot a la presentación de su libro en Sevilla. Yo no soy aficionado a ver vídeos en Youtube, y estos dos son los primeros que veo completos de ambos. A excepción de un debate que tuvo con Clara Serra y con Nuria Alabao, no estaba al tanto del fenómeno que encarna UTBH. Sin saber mucho más del personaje debo decir que, superado el pasmo inicial ante las maneras y el tono de enfado que gasta, me pareció más razonable que la sobreactuada tergiversación que llevó a cabo Noor contra mí en su escaparate. Y lo mismo diría del vídeo de Soto Ivars. ¿Significa eso que estoy de acuerdo con lo que haya dicho UTBH sobre Milei o sobre otros temas, o que pienso exactamente lo mismo que Soto Ivars sobre Pedro Sánchez o Israel? No, me refiero solo a esos dos vídeos (aclaro este punto de forma tan divulgativa para el público de Barrio Sésamo que tanto se preocupa de mis posibles desviaciones ideológicas).

El viernes 5 de diciembre, sin saber que iba a ser mi último viernes, llegué y estuve charlando en la sala de espera con Germán sobre lo que había ocurrido. Noor pasó de largo y, para no coincidir conmigo, se fue a otro lado. Ya en antena, Germán habló de “reconciliación” y Noor de la “complicidad criminal de los hombres en la violencia de género”. Había sido una semana negra con tres asesinadas y el ministerio de Igualdad había publicado los resultados de una macroencuesta en la que se afirmaba que una de cada tres mujeres había sufrido la violencia machista. Para Noor, el silencio de los hombres nos hace cómplices de los asesinatos. En otras circunstancias yo habría intervenido, pero permanecí en silencio, no fuera a ser que me volviera después a difamar en redes. Cuando llegó mi turno hablé del “arcoíris”. Como era el arranque del puente de la Constitución, me descolgué con una colorida reflexión sobre el final del diluvio universal y de esta inundación bélica que nos ahoga. Cité a Erich Fromm y su lectura del episodio bíblico, donde Dios pasa de ser un monarca absoluto arbitrario y cruel a ser un monarca constitucional. El pacto eterno, sellado con el arcoíris, establecía por encima del mismo Dios el respeto a la vida.

Nos volvimos a casa los cuatro en el taxi. Me senté, como la vez anterior, en el asiento delantero y Noor continuó sin cruzar palabra conmigo, lo cual agradecí. Si alguien tenía derecho a estar enfadado era yo, pero era ella la que afectaba indignación, como si hubiera sido ella la víctima del linchamiento y la difamación. Yo esperaba alguna palabra por parte de Rosa, y es verdad que en el programa tuvo algunos gestos hacia mí, pero no hubo más. 

Despido

Al día siguiente Rosa nos mandó un largo mensaje a los tres apelando a recuperar la concordia, y pidiéndonos en particular a Noor y a mí que acabáramos con la tensión. Yo le contesté lo siguiente:

Querida Rosa, sé que estás hasta arriba de trabajo y entiendo que un follón como este te agote. Sin embargo, para mí es un poco desconcertante cómo se está tratando esta situación. Si todo se hubiera quedado en lo que pasó el viernes 28 de noviembre, no tendría mayor inconveniente, pero el problema es que, dos días después del programa Noor me difamó en sus redes poniendo en marcha un linchamiento. 

En las dos publicaciones que te mandé de su Instagram se me acusa públicamente de machista, mentiroso, de que la he “violentado” haciéndole “mansplaining” y “una luz de gas (machista y política)”, de que, aunque no le he “metido una paliza”, “realmente” la he “violentado”.  También dice que me dirijo hacia ella como a una mujer florero porque soy incapaz ante su “carita mona” de tomármela en serio intelectualmente. 

Me dice que hago “apología de que las mujeres somos malas y nos vengamos a través de las denuncias”, me pone en el lugar de los hombres que son violentos, que “destrozan la verdad” y “destrozan a las mujeres”.

Y en comentarios se dedica a darle likes a las injurias que me dedican sus seguidoras, en algunos casos alentándolas con palabras de reconocimiento. No llega a decir mi nombre, es verdad, porque, según responde a una que pregunta por él: “No, por aquí no paso porque ya tenemos a incels, señores de pelo sucio escribiendo libros, fascistas, no vamos ha hacer más famosos a más hombres.” No pone mi nombre, pero pone un fragmento del vídeo del debate (fuera de contexto, por cierto) y da los suficientes datos para que la gente me encuentre en un par de clics.

Son terribles las barbaridades que dice. Es inadmisible cómo me difama. Que ella no quiera hacerse responsable del despliegue de violencia injusta e injustificada que pone en marcha no significa que desde la dirección del programa no se le señale el disparate. Pero en el mensaje que nos mandas a los tres no veo nada de esto, lo tratas como si fuera una discusión de patio de instituto.

Y, la verdad, es que me estoy sintiendo muy solo en esta situación. Que no se le diga nada a Noor es como si se validara su comportamiento. ¿Qué va a pasar en adelante cuando se manifieste otro desacuerdo en la tertulia? ¿Volverá a las redes a difamarme tergiversando mis palabras?

Yo no tengo problema, como te señalé en mi mensaje del domingo 30 por la mañana, de seguir participando con humor y concordia en el programa, pero me gustaría que pudiéramos hablar todos, como personas mayores que somos, para tratar este asunto y ponerle solución de manera presencial, no a través de wasap. Después de la próxima tertulia, sería un buen momento. 

Si no se pudiera dar el caso de que lo hablemos todos, te pediría que le digas a Noor que retire las dos publicaciones de su Instagram en las que me difama. Son dos publicaciones injuriosas derivadas de la tertulia, en las que hace constante referencia a la radio; creo que desde la dirección del programa se le debería pedir. Es mucho el daño que me ha hecho y mientras siga publicado seguirá lastimando mi reputación.

Espero que todo se pueda arreglar.

Un abrazo grande.

Fue en contestación a este mensaje que Rosa me llamó por teléfono y, después de casi una hora de conversación, me despidió. Me dijo que ella no le podía pedir a Noor que eliminara las dos publicaciones en las que me difamaba, y que, si se había sentido agredida por mí durante el programa, tenía derecho a contestarme en el “espacio privado de su Instagram”.

Puntualicé que las redes sociales no son privadas, y que tanto los sentimientos como los pensamientos son responsabilidad de cada uno, y que, si Noor se había sentido agredida, eso no me convertía a mí en agresor, que a lo mejor el problema era su susceptibilidad. En ningún momento reconoció que yo hubiera sufrido un linchamiento o que se me difamase, y adujo, como si eso equilibrase la balanza de agravios, que de la otra parte también le habían contestado a Noor, refiriéndose a los vídeos de Soto Ivars y de UTBH, a lo que le respondí que yo no tenía nada que ver con eso, que ni siquiera los había compartido en redes porque a mí no me interesa participar en una lucha como esa. A Noor un enfrentamiento con Soto Ivars y con UTBH le sale a cuenta, le brinda la simpatía de la nutrida legión que ve en ellos a dos hombres odiosos y la convierte en contendiente de una lucha donde los papeles y el público están repartidos de antemano. Pero a mí me perjudica estar ahí en medio, aumenta la onda expansiva de la difamación.

“¿Me habrías llamado para colaborar en tu programa de haber encontrado un vídeo en el que se me tacha de violento, machista y viejo verde?”, le pregunté a Rosa. Le repetí que me parecía tremendo todo lo que se había armado por sacar el tema de las denuncias falsas y proponer un debate desde la izquierda y el feminismo. Rosa volvió a insistir en que yo en esa tertulia solo hablé del libro. Insistió mucho con lo del libro, hasta que se dio cuenta de que podía interpretarse que me estaba echando del programa por eso, por haber hablado de un libro, y entonces me aclaró que prescindía de mi colaboración en el programa porque “no encajaba con el espíritu de la tertulia”. 

Y eso fue todo. La misma tarde del martes en el que me despidieron de la radio presenté mi libro de poemas, oportunamente titulado –pueden reírse– El hombre equivocado en el momento oportuno. Un día después Noor despublicó el vídeo donde confesaba haberse sentido violentada, pero dejó el otro en el que se me reconoce y se me difama igualmente. Yo no pensaba darle más bombo, lo mejor con un linchamiento es no contestar, dejar que la multitud berree y se olvide pronto del asunto. Pero entre medias la gente se ha ido enterando de mi despedida forzosa y otros más despistados me afean haber dado publicidad a un libro del malvado Soto Ivars. 

Entre unos y otros me han convencido para contar mi breve aventura en las ondas nacionales, una historia ridícula en la que, por hablar de denuncias falsas, fui acusado en falso y finalmente despedido. La impunidad victoriosa de la linchadora y mi caída en desgracia harán sin duda las delicias del público adulto, que encontrará en este esperpento un cómico y doloroso reflejo de la locura contemporánea.

No sé si seremos algún día capaces de recuperar la concordia, de restaurar la confianza en la palabra, de poder hablar de lo que nos pasa sin tener que adscribirnos a un bando o a otro. No sé si tiene sentido plantear la necesidad de una radio y una televisión públicas independientes del gobierno de turno, en las que no se vulnere el derecho a la información ni a la libertad de expresión. No sé por qué resulta tan polémico defender que la lucha por la igualdad nos exige atender a todas las víctimas, incluso cuando son hombres y las maltratadoras son mujeres. ¿Hace falta recordar a estas alturas del siglo XXI que los linchamientos, las calumnias y las difamaciones son impropios de una sociedad civilizada?

Carmen Martín Gaite terminaba su ensayo Usos amorosos de la postguerra española lamentando que en su generación no hubiera sido posible que hombres y mujeres fuesen amigos. Muchos años después, y por otros motivos, la dificultad a esa amistad sigue entorpeciendo nuestras vidas. 

¡Hombres!, ¡mujeres!: ¡luchemos juntos contra la maldad de este mundo!

Fuente: Letras Libres

viernes, 21 de noviembre de 2025

Medios rechazan anuncios de regular redes sociales por interés político


Los periódicos representados por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) rechazaron el interés de regular las redes sociales y su presidente, Jorge Carrasco, alertó que las leyes motivadas por intereses políticos “solo sirven para limitar la libertad de expresión de los ciudadanos y el trabajo de la prensa”.

Después del anuncio realizado por la jefe de la bancada del oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC) de la Cámara de Diputados, Marlene Miranda, para la presentación de un proyecto de regulación del uso de las redes sociales, la ANP alertó de restricciones al derecho constitucional de los ciudadanos de expresar libremente sus ideas sin censura previa.

Miranda expresó el deseo de aplicar límites en la difusión de mensajes relacionados con la familia, los niños y la privacidad de los ciudadanos. La declaración fue realizada un día después de la difusión de un polémico video que involucró a la vida sentimental del vicepresidente Edman Lara.

El Vicepresidente afirmó que no fue el generador del mensaje audiovisual, aseguró que fue elaborado con inteligencia artificial y denunció la vulneración de sus redes sociales.

Los diarios independientes recordaron a la legisladora que cada una de las supuestas vulneraciones posee una ley específica y corresponde su aplicación, previo esclarecimiento e investigación a cargo de autoridad competente.

El presidente de la Cámara de Medios Digitales de La Paz, Iván Rada, afirmó que “es un mal inicio que la nueva clase política haga anuncios de regulación a las redes sociales por un escándalo personal que involucra al Vicepresidente”.

“Cualquier normativa que apunte a limitar la libertad de expresión con fines políticos siempre va a ser rechazada por el efecto contrario al ejercicio fundamental que tiene la ciudadanía”, afirmó Rada.

“Rechazamos una iniciativa que solamente tenga la pretensión de limitar la libertad de expresión y cuestionar el trabajo que pudiéramos estar haciendo los periodistas para seguir las pistas de los políticos que se han dado a la tarea de ponerse vigentes en las redes sociales…”, afirmó la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Zulema Alanes.

“Esta idea de hacer leyes a medida me parece un mal comienzo. Va a ser imposible regular las redes sociales para contener el derecho a la libertad de expresión, no solo de periodistas, generadores de contenidos… porque en el mundo lo que hay que regular es a las grandes corporaciones que manejan estas redes sociales”, comentó Alanes en el programa Pido la Palabra dirigido por Douglas Romay.

Imagen: Razon Publica

Fuente: Visor 21

lunes, 6 de octubre de 2025

Informe Sombra 2024: El Estado se consolida como el principal agresor de la prensa en América Latina


En 2024, la violencia contra la prensa en América Latina sumó 3.766 agresiones, documentadas en 17 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. En 49,3% de los casos registrados, actores estatales fueron los principales responsables, según revela la séptima edición del Informe Sombra sobre la libertad de prensa en América Latina.

Aunque el total de alertas disminuyó ligeramente respecto a 2023, el nuevo informe advierte que esto no refleja una mejora, sino un «reacomodamiento de las agresiones» y la consolidación de la autocensura, los desiertos informativos y el exilio forzado de periodistas.

El Informe Sombra 2024, elaborado por la Red Voces del Sur (VDS), evidencia un escenario de riesgo extremo donde la represión estatal, el crimen organizado y la impunidad sistémica amenazan el derecho a la información, debilitando la democracia en la región.

Voces del Sur es una red conformada por 17 organizaciones de la sociedad civil que trabajan para promover y defender la libertad de expresión, la libertad de prensa y el acceso a la información en toda América Latina.

La Red VDS nació en 2017 con el objetivo de diseñar una metodología compartida en el Indicador 16.10.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU para monitorear las violaciones a las libertades y derechos informativos, contrarrestando la información oficial de los Estados.

Hallazgos claves del Informe Sombra 2024
  • Violencia letal y extrema en aumento: 14 periodistas fueron asesinados en la región, lo que equivale a una muerte cada 26 días. Honduras, México y Colombia se mantienen como los territorios más letales. Además, se triplicaron los casos de tortura, pasando de 4 en 2023 a 12 en 2024. También se registraron 4 desapariciones forzadas y 8 secuestros. La impunidad frente a estos crímenes sigue siendo la norma, lo que fomenta la repetición de la violencia.
  • El Estado, un agresor sistemático: los actores estatales fueron responsables de casi la mitad de todas las violaciones registradas (1.681 alertas). Las fuerzas policiales y de seguridad perpetraron una de cada tres «agresiones y ataques», la categoría más frecuente con 1.562 casos. Presidentes como Javier Milei (Argentina), Nicolás Maduro (Venezuela) y Nayib Bukele (El Salvador) destacaron como los principales agresores individuales en la región.
  • Discurso estigmatizante como arma: con 756 registros, fue la segunda forma de violencia más común (20,1% del total), duplicando su frecuencia desde 2020. Más de la mitad de estos discursos provinieron de actores estatales, quienes utilizaron la retórica para desacreditar a la prensa, legitimar la hostilidad y crear un ambiente permisivo para ataques físicos.
  • Judicializar para censurar: el uso del sistema judicial para intimidar a periodistas continuó en ascenso, con 217 procesos civiles y penales documentados, un aumento sostenido en los últimos años. Colombia, Brasil y Chile fueron los países con mayor número de casos, donde el 61,1% de los procesos fueron iniciados por actores estatales.
  • Crimen organizado, una amenaza creciente: la violencia de grupos criminales se intensificó, con 170 agresiones, triplicando su incidencia desde 2021. El asalto armado en vivo al canal TC Televisión en Ecuador fue un caso emblemático que evidenció el poder de estos grupos para silenciar a la prensa.
  • Violencia diferenciada: se registraron 142 alertas de violencia basada en sexo u orientación sexual, afectando de manera desproporcionada a mujeres periodistas, comunicadoras indígenas y periodistas LGBTIQ+. Estos ataques, a menudo con contenido misógino y sexista, buscan silenciar coberturas sobre derechos humanos, corrupción y género.
  • Aumento de desiertos informativos: el informe también destaca la profundización de la censura y los «desiertos de noticias» en regímenes autoritarios como Cuba, Nicaragua y Venezuela, donde la represión ha forzado a cientos de periodistas al exilio y ha dejado a comunidades enteras sin acceso a información independiente.
Para acceder al informe completo y a los datos por país, consulte el informe completo.

Fuente: Voces del Sur

jueves, 2 de octubre de 2025

28 de septiembre: El derecho a saber sigue en deuda en Venezuela


En el marco del Día Internacional del Acceso Universal a la Información, desde el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela) advertimos que el derecho a saber sigue en deuda. La opacidad estructural, la censura sistemática y la desinformación promovida desde el poder mantienen a la ciudadanía sin garantías reales de acceso a datos públicos confiables.

En 2025, la ciudadanía continúa sin contar con mecanismos legales ni garantías efectivas que aseguren el acceso a datos públicos de interés colectivo. Las cifras sobre salud, educación, economía, seguridad y gestión estatal permanecen ocultas o fragmentadas, lo que limita la participación ciudadana y el control democrático.

A esta falta de transparencia se suma la asfixia deliberada contra los medios y periodistas:
  • 61 medios independientes bloqueados en internet, más de 90 dominios afectados y restricciones a plataformas como X, YouTube, TikTok, Signal y Telegram. 
  • Cinco estaciones de radio cerradas en Bolívar, Portuguesa y Táchira, afectando a comunidades que dependen de la radio como principal fuente informativa. 
  • 15 periodistas y trabajadores de la prensa presos, de los cuales en siete casos no existe información oficial sobre su paradero ni sobre los procesos en su contra. 
  • Hostigamiento cotidiano contra la prensa: destrucción y confiscación de equipos, amenazas, amedrentamiento y vigilancia intimidatoria.
El Atlas del Silencio de IPYS Venezuela ha revelado que más de 7 millones de personas viven en desiertos de noticias, es decir, en municipios donde no existen medios locales activos o la oferta es tan limitada que no satisface las necesidades de información de la población.

La situación se agrava con la desinformación sistemática promovida desde el poder. Investigaciones de organizaciones como Cazadores de Fake News y ProBox han documentado cómo redes de cuentas coordinadas difunden campañas de desprestigio, ataques masivos y narrativas manipuladas que profundizan la censura y priva a la ciudadanía de información confiable.

“Saber es tu derecho, exigir es tu poder”: este es el lema de la campaña 2025 que busca recordar que la información no es un privilegio, sino un derecho humano indispensable para la vida digna y la democracia.

En este Día Internacional del Acceso Universal a la Información, reiteramos que sin datos públicos, sin medios libres y sin garantías para el periodismo, se vulnera de manera estructural el derecho ciudadano a saber. Exigimos al Estado venezolano cumplir con sus obligaciones internacionales y garantizar la transparencia, el pluralismo y la libertad de expresión.

Fuente: IPYS Venezuela

jueves, 19 de junio de 2025

Grave preocupación internacional por el creciente deterioro de la libertad de prensa en El Salvador


Las organizaciones firmantes expresamos nuestra profunda alarma ante el acelerado deterioro de la libertad de prensa en El Salvador, que se ha intensificado gravemente en las últimas semanas.

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) ha documentado el desplazamiento forzado de al menos 40 periodistas, como resultado de un patrón sostenido de hostigamiento, intimidación y restricciones arbitrarias al ejercicio periodístico.

Estos casos no incluyen a otras voces críticas o defensoras de derechos humanos que también han abandonado el país ante el clima de persecución. Los periodistas forzados a huir provienen de diversos medios y han realizado investigaciones clave sobre abusos de derechos humanos, corrupción y falta de transparencia.

La salida masiva de profesionales de la prensa genera una profunda crisis de libertad de expresión y ha sembrado un clima de temor generalizado, afectando incluso a las familias de los periodistas exiliados.

APES ha alertado sobre la existencia de listas de vigilancia y amenazas de captura dirigidas contra periodistas y defensores de derechos humanos, sin que hasta ahora el gobierno salvadoreño haya desmentido estos señalamientos ni ofrecido garantías de que no se están criminalizando voces críticas, incluyendo las provenientes del reconocido medio El Faro.

La situación se ve agravada por la reciente aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, que representa una amenaza directa a la libertad de prensa y al trabajo de organizaciones independientes. Esta legislación impone restricciones severas y puede ser utilizada como herramienta de persecución contra quienes ejercen el periodismo o defienden derechos fundamentales.

Misiones recientes por parte de organizaciones internacionales de defensa de la libertad de prensa en visitas al país, concluyeron que El Salvador atraviesa uno de los momentos más oscuros para la libertad de prensa desde el fin del conflicto armado, con altos niveles de autocensura y exilio forzado.

Frente a este panorama alarmante, las organizaciones firmantes manifestamos lo siguiente:
  • El gobierno salvadoreño debe garantizar la integridad física y la libertad de todos los periodistas, y cesar inmediatamente cualquier forma de persecución, vigilancia o intimidación.
  • El Estado salvadoreño tiene la responsabilidad de aclarar públicamente las denuncias sobre listas de vigilancia y amenazas de captura, y garantizar que no se están criminalizando voces críticas.
  • La comunidad internacional se encuentra monitoreando de cerca la situación y reclama el respeto irrestricto a la libertad de prensa y expresión en El Salvador.
  • El gobierno salvadoreño debe ofrecer garantías de seguridad para que las y los periodistas salvadoreños que se han visto forzados a desplazarse puedan regresar al país sin temor a ser perseguidos o judicializados.
Las organizaciones firmantes continuaremos observando con atención la evolución de la situación en El Salvador. Esperamos que las autoridades actúen con responsabilidad y en apego a los principios democráticos, cesando toda forma de persecución contra periodistas y defensores de derechos humanos. El respeto a la libertad de prensa y a los derechos fundamentales requiere una respuesta clara, urgente y comprometida.

(Firmas de organizaciones)

Fuente: Sip

martes, 17 de junio de 2025

Escalada de conflictos sociales y electorales deja 33 vulneraciones al trabajo periodístico


El trabajo de los medios de comunicación en el contexto de conflictividad que vive Bolivia por las elecciones nacionales y la crisis económica se ha visto afectado por al menos 33 vulneraciones entre enero y junio de este año, de acuerdo con datos del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS.

En total, las vulneraciones a la libertad de prensa recogidas por este observatorio son 73 entre enero y junio del presente año, de éstas, las 33 (42%) señaladas se dieron en el contexto de los conflictos sociales por las elecciones nacionales y la crisis económica, que han traído consigo violencia verbal y física, estigmatización, violencia de género, amenazas y censura contra periodistas de medios de comunicación nacional y corresponsales internacionales. Comparativamente, entre enero y junio de 2024 se presentaron 55 casos de vulneración a la libertad de prensa, por lo que los 73 casos de este año representan un incremento de 32,7%. 

Violencia de sectores afines a Evo Morales contra la prensa

De enero a junio se ha observado un crecimiento constante en la intensidad y frecuencia de agresiones físicas y verbales, amenazas y ataques a medios de comunicación que han estado al frente de la cobertura de bloqueos o marchas, protagonizadas, principalmente, por sectores afines al expresidente Evo Morales, que demandan su habilitación como candidato a las elecciones nacionales del próximo 17 de agosto.

Por ejemplo, el 13 de enero, el camarógrafo Marco Jiménez del canal F10 sufrió el impacto de un petardo lanzado contra su pierna derecha por marchistas afines a Morales. En esa misma movilización, varios periodistas fueron insultados, empujados y expulsados por los manifestantes.

El 26 de febrero, tres periodistas del medio internacional Bloomberg fueron hostigados durante una entrevista con Morales, realizada en la población de Lauca Ñ, en el trópico de Cochabamba. Cuando los reporteros consultaron al expresidente sobre su inhabilitación, éste se molestó y exigió borrar el material, propósito que terminó por lograr a través de la presión, según uno de los periodistas entrevistados por el Observatorio.

El 16 de mayo en la ciudad de La Paz, al menos seis periodistas resultaron heridos en la cobertura de una movilización de sectores afines a Morales que demandaba al Tribunal Supremo Electoral (TSE) su inscripción como candidato. De éstos, tres eran corresponsales de medios internacionales.

La Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional observó que la Policía actúa “sin ninguna medida, proporcionalidad y que sus actos concluyen en flagrantes agresiones a la prensa”. La organización demandó al Estado “tomar medidas inmediatas para respetar y garantizar el trabajo de la prensa”.

Con motivo de los bloqueos encabezados por Morales, desde el 2 de junio, se ha presentado una sistemática escalada de vulneraciones contra la prensa. En Sipe Sipe, un equipo de Red Uno fue atacado por pobladores; en El Alto, otro equipo de Red Uno fue increpado y hostigado por manifestantes que bloqueaban la carretera a Laja, y se reportaron ataques contra la prensa en los recientes conflictos en Llallagua, Potosí, donde tres policías fallecieron producto del enfrentamiento con sectores movilizados, que emplearon dinamita, piedras y armamento letal en contra de efectivos del orden. El 12 de junio, dos periodistas fueron interceptados, despojados de sus teléfonos móviles y amenazados de muerte por manifestantes en la carretera que une Oruro con Cochabamba, reportó la Asociación de Periodistas de Oruro. 

La libertad de expresión, que incluye el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, está consagrada en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este derecho protege especialmente el trabajo periodístico, fundamental para la rendición de cuentas, la transparencia del poder y la participación ciudadana informada.

Para el Programa de Promoción y Defensa de Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos de UNITAS, las agresiones físicas, verbales, amenazas, hostigamientos y restricciones al trabajo periodístico —como las documentadas en las movilizaciones protagonizadas por sectores afines a Evo Morales— representan formas de censura indirecta que inhiben el ejercicio libre del periodismo. La obligación estatal no solo es no censurar, sino también prevenir, proteger e investigar estos hechos. Cuando el Estado no investiga y sanciona adecuadamente las agresiones a periodistas, como las ocurridas en enero, febrero, mayo y junio de 2025, se envía un mensaje de tolerancia frente a la violencia contra la prensa. Esto genera un efecto amedrentador que inhibe el ejercicio del derecho a informar y ser informado, afectando a toda la sociedad.

Violencia de género en cobertura electoral y de conflictos

Periodistas mujeres fueron específicamente agredidas durante la cobertura de los conflictos, revelando un patrón de hostigamiento con tintes sexistas. Es el caso de dos periodistas de Red Uno que fueron acosadas y agredidas verbalmente por sectores afines al MAS cerca a plaza Murillo, el 28 de mayo.

En Yapacaní, el 8 de junio, la periodista S.P.N., de InfoYapacaní, denunció ante la Policía haber sido víctima de amenazas mientras realizaba su labor informativa sobre sectores movilizados en esa población. “No creo que quisieras estar en luto por decir cosas que no son”, fue una de las amenazas que se registró en redes sociales.

El 27 de mayo, en la población fronteriza de Desaguadero, una periodista y su camarógrafo, de Urgente.bo, fueron amenazados con ser metidos al agua por comerciantes durante una cobertura de prensa. Les obligaron a borrar imágenes. El 12 de junio, una periodista en Santa Cruz fue increpada por el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, por cuestionarle que use espacios de la Alcaldía para hablar sobre su partido.

A través de un comunicado, el Círculo de Mujeres Periodistas de La Paz repudió los ataques a las periodistas y consideró que estos “no sólo buscan silenciar el derecho a informar, sino que reproducen patrones estructurales de violencia de género”. Además, demandó a las autoridades a actuar con “prontitud y eficacia para garantizar la seguridad y el libre ejercicio del periodismo”.

Para el Programa Defensores de UNITAS, las agresiones dirigidas específicamente contra mujeres periodistas en el contexto de la cobertura de conflictos en Bolivia revelan una preocupante intersección entre la violencia contra la prensa y la violencia basada en género. El hostigamiento sexista, las amenazas con connotaciones de intimidación personal y las descalificaciones públicas, como las sufridas por periodistas en La Paz, Yapacaní, Desaguadero y Santa Cruz, no solo vulneran el derecho a la libertad de expresión, sino que refuerzan patrones estructurales de discriminación y exclusión. Este tipo de violencia constituye una forma de censura que busca desalentar la participación de las mujeres en el espacio público y en el ejercicio del periodismo.

Desde el enfoque de derechos humanos, estas acciones constituyen una doble vulneración: por un lado, al derecho a informar y ser informado, y por otro, al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación, consagrado en instrumentos como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de Belém do Pará. El Estado tiene la obligación de adoptar medidas específicas para proteger a las mujeres periodistas, incluyendo mecanismos de prevención, atención y sanción frente a la violencia de género en el ejercicio de su labor. La inacción institucional frente a estos hechos no solo perpetúa la impunidad, sino que contribuye a un entorno hostil que desalienta el ejercicio del periodismo desde una perspectiva crítica y plural.

Discursos estigmatizantes y participación de actores estatales en la hostilidad

El discurso recurrente de deslegitimación de los medios como “prensa vendida”, “mentirosa” o “comprada” se ha venido repitiendo en el contexto de los conflictos, lo que aviva las tensiones y alienta a la violencia en contra de periodistas. Éstos no sólo provienen de actores en protesta, sino también de funcionarios públicos, lo que ahonda el entorno hostil, agresivo y peligroso para el periodismo.

El 19 de marzo, campesinos integrantes de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de la provincia Omasuyos insultaron a periodistas durante su marcha por la crisis económica. «Prensa vendida» o «prensa vividora» fueron algunos de los calificativos empleados por este sector.

Uno de los dirigentes que integra las movilizaciones a favor de Morales, Enrique Mamani, calificó a la prensa de “comprada, vendida, maldita”. Similares expresiones se recabaron en Oruro. Un manifestante increpó a un periodista calificándolo de “prensa vendida”. Franco García, dirigente identificado con el ala “evista”, amenazó a periodistas en Cochabamba: “que no se venda la prensa. Si no van a presentar esto, nosotros vamos a quemar instalaciones de la prensa”.

Además de manifestantes, servidores públicos han protagonizado vulneraciones a la libertad de prensa mediante discursos estigmatizantes. En Sucre, funcionarios del Concejo Municipal, afines a Evo Morales, calificaron como “prensa vendida” a periodistas que se encontraban ejercicio su labor, según denuncia de la Asociación de Periodistas de Chuquisaca.

Con motivo de las protestas por sectores afines a Morales, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia observó que estas agresiones no sólo se repiten, sino que también se justifican y quedan impunes. “Alertamos que el clima de conflictividad política y social configura un contexto de alto riesgo para la integridad de las y los periodistas. Ante esta alarmante situación exigimos: el cese inmediato de la violencia, hostigamiento y estigmatización contra periodistas; la investigación de oficio de los hechos y sanciones para los responsables ya identificados públicamente y; garantías para el libre y seguro ejercicio del periodismo”, exigió la asociación a través de un pronunciamiento.

El programa Defensores de UNITAS apunta que la estigmatización sistemática de la prensa constituye una forma de violencia simbólica que incita al descrédito, la hostilidad y posibles agresiones físicas contra periodistas. Estos discursos, en un contexto de alta polarización política, alimentan un clima de intolerancia y odio que convierte a los trabajadores de la información en blancos directos de ataques.

Desde el enfoque de derechos humanos, estos actos atentan contra la libertad de expresión, consagrada en tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La estigmatización del periodismo desde el poder no solo incumple la obligación estatal de proteger a quienes ejercen esta labor, sino que promueve su persecución y vulnerabilidad. Adicionalmente, la descalificación reiterada, unida a la falta de investigación y sanción, configura un entorno de impunidad incompatible con un sistema democrático, es deber del Estado prevenir activamente este tipo de discursos y garantizar condiciones seguras para que la prensa pueda ejercer su labor sin miedo, intimidación ni represalias, señala la institución.

Fuente: Sumando Voces