Empresas bolivianas avanzan en transparencia, pero aún deben demostrar resultados

Las empresas bolivianas han avanzado en la adopción de políticas de transparencia, gobierno corporativo y mecanismos de control. Sin embargo, todavía enfrentan el desafío de demostrar que estas herramientas funcionan y producen resultados verificables.

Esta es una de las principales conclusiones del Índice de Capital Constructivo (ICC) Bolivia 2026, presentado por la Fundación Milenio, con el apoyo del Center for International Private Enterprise (CIPE) y la colaboración académica y técnica de la Universidad Privada Boliviana (UPB).

El estudio evaluó a 37 empresas de distintos sectores económicos, a partir de tres pilares y 13 indicadores. La medición combinó información financiera, documentos institucionales, fuentes públicas y datos proporcionados por las propias compañías.

Los resultados muestran que 29 de las 37 empresas alcanzaron 80 puntos o más, mientras que 23 se ubicaron en las tres categorías superiores de calificación: AAA+, AAA y AA+.

La evaluación identificó que muchas empresas ya cuentan con códigos de conducta, políticas internas, canales de denuncia y estructuras de gobierno corporativo. No obstante, persisten diferencias en su aplicación, supervisión y capacidad para demostrar resultados.

“Las empresas bolivianas tienen capacidad para invertir, crecer y generar empleo, pero también necesitan fortalecer la confianza de la sociedad. Y esa confianza se construye con transparencia, controles efectivos y resultados verificables”, afirmó Henry Oporto, director ejecutivo de la Fundación Milenio.

El informe sostiene que el principal desafío no es crear más políticas, sino asegurar que las existentes se cumplan. También distingue entre hacer, documentar y demostrar, y advierte que la existencia de una política no garantiza su aplicación. “Empresas mejores contribuyen a la recuperación y el crecimiento de la economía”, subrayó oporto.

Inversión, integridad e impacto

El ICC mide tres dimensiones del desempeño empresarial. Inversión considera la permanencia del capital, la reinversión y la sostenibilidad económica. Integridad evalúa las prácticas de transparencia, gobierno corporativo y mecanismos de control. Impacto analiza los resultados económicos, sociales, laborales, ambientales y reputacionales.

En la mayoría de las empresas evaluadas, la dimensión de inversión obtuvo las mejores calificaciones.

El estudio incluyó compañías de banca, seguros, telecomunicaciones, alimentos y bebidas, manufactura, cemento, minería, industria farmacéutica, salud, hotelería y comercio.

Entre las principales oportunidades de mejora, el informe identifica la necesidad de fortalecer la documentación de los procesos, establecer responsabilidades claras y garantizar una supervisión efectiva. También recomienda evaluar resultados concretos, en lugar de limitarse a registrar actividades o políticas institucionales.

“El ICC busca aportar información más comparable sobre inversión, integridad e impacto, y contribuir a una conversación pública más informada sobre el papel de las empresas en el desarrollo”, agregó Oporto.

La coordinación del estudio estuvo a cargo de Pablo Mendieta, con el trabajo técnico y académico de Carlos Foronda e Isabel Escobar, de la UPB.

La Fundación Milenio espera ampliar la participación empresarial en futuras ediciones y consolidar el índice como una herramienta para fortalecer la transparencia y mejorar la gestión de las empresas.

Fuente: Negocios Press

Minicerebros: ¿el futuro de la inteligencia artificial?

Los seres humanos estamos hechos de miles de millones de células de distintos tipos y que cumplen funciones específicas: células de la piel, células del tejido cerebral, entre otras. Cuando un óvulo es fecundado, comienza a dividirse: primero en dos, luego en cuatro, enseguida ocho, dieciséis, treinta y dos… hasta que después de nueve meses y múltiples divisiones celulares se tiene un bebé. En algún punto de esas divisiones, las células maduran y adquieren identidad, se diferencian unas de otras según los tejidos. Este proceso biológico se creía fundamentalmente irreversible. Pero en 2006, Shinya Yamanaka logró persuadir químicamente a las células maduras, completamente diferenciadas, de la piel de un ratón, para que regresaran a un estadio de célula pluripotente. Es decir, las células dejaron de ser células de la piel y ahora podían ser cualquier otro tipo de célula, perteneciente a un tejido distinto del original. Revertir la programación biológica requirió el uso de cuatro moléculas llamadas factores de transcripción (proteínas especializadas en regular la expresión de genes, por ejemplo, encendiéndolos o apagándolos). Yamanaka recibiría el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2012, abriendo una vía de investigación que promete el uso de células pluripotentes como tratamiento de tejidos afectados por alguna enfermedad: células en lugar de píldoras o cirugía.

El descubrimiento de Yamanaka dotó a los científicos con la posibilidad de obtener cualquier tipo de células, pero era preciso saber dirigirlas químicamente hacia el tipo de tejido deseado. Esto es análogo al juego Plinko, donde se deja caer una ficha desde un extremo del tablero, y su destino final se ve afectado por los múltiples obstáculos presentes en el camino de descenso. Lo mismo sucede con las células pluripotentes: es necesario restringir ciertos obstáculos, activar o desactivar rutas químicas, para que la “ficha” arribe al lugar deseado y se obtenga, de todos los tejidos posibles, aquel que interesa. Una tarea nada trivial.

Sin embargo, de manera casi fortuita, Madeline Lancaster halló una forma de engatusar a las células pluripotentes para convertirlas en células cerebrales. En 2010, Lancaster buscaba un protocolo para crear un arreglo específico de células de ratón y utilizarlo como banco de pruebas. Pero las células tendían a aglomerarse en formas esféricas, sin valor para lo que ella buscaba. Revisando los conglomerados celulares, cayó en la cuenta que estos se asemejaban al tejido cerebral de un ratón en estado embrionario. Y ese fue su momento eureka.

Lancaster elaboró un protocolo que permitió inducir células humanas pluripotentes en células cerebrales. Estas últimas comenzaron a aglomerarse y diferenciarse en un espacio tridimensional: habían nacido los primeros organoides cerebrales o minicerebros. Las sorpresas no se hicieron esperar: los organoides crecieron por más de seis meses (en los ratones, la proliferación se detuvo de manera natural a los nueve días), organizándose en esferas de aproximadamente 4 milímetros de diámetro, desarrollando células sensibles a la luz (una especie primitiva de retinas, por así decirlo) y corticales, las cuales, en el cerebro humano, están involucradas en las funciones cognitivas superiores. Después de nueve meses de crecimiento, Lancaster detectó disparos neuronales al azar en los organoides cerebrales. Estudios posteriores mostraron que la actividad neural dentro de los minicerebros se puede modular a través de la estimulación lumínica o química (por ejemplo, con el uso de glutamato).

Si bien estos resultados crearon la posibilidad de usar los minicerebros como bancos de pruebas con la finalidad de entender enfermedades que aquejan al cerebro humano y probar fármacos in vitro, sin necesidad de someter a los pacientes a cirugías o biopsias –por ejemplo, utilizando los minicerebros se descubrió que un fármaco aprobado contra la hepatitis también protege al tejido cerebral contra el virus Zika, responsable de nacimientos con microcefalia–, el interés científico también se ha movido en otra dirección: aprovechar el poder de procesamiento y la eficiencia energética (el consumo de agua de los minicerebros es insignificante comparado con los grandes centros de datos utilizados por la IA) que la evolución ha perfeccionado durante millones de años, y manipular los organoides cerebrales para crear redes neuronales que puedan resolver problemas, o integrarlos a cerebros de otras especies, como los ratones.

En 2019, Científicos de la Universidad de California, San Diego, estuvieron entre los primeros en explotar el poder de cómputo y procesamiento de señales subyacentes en los organoides cerebrales al conectarlos a un robot en forma de araña con el que intercambian señales. En 2026, Tomoya Duenki y Yoshiho Ikeuchi, de la Universidad de Kioto, Japón, fueron más allá y conectaron racimos de organoides cerebrales en redes de dos, tres y cuatro nodos, bautizándolos como conectoides. Observaron que los conectoides de mayor tamaño exhibían una actividad más rica de señales, mostrando periodos de actividad más prolongados, y un mayor número de disparos neuronales, así como patrones temporales más complejos.

Con una mayor actividad neuronal, el poder de procesamiento también se incrementa, sobre todo si se involucran células corticales. ¿Qué pasaría si se combina el poder de procesamiento dado por la naturaleza con la retroalimentación, es decir, la inclusión de señales que le digan al organoide cerebral si va por buen camino o no en la consecución de un objetivo o tarea? Esto es lo que ha probado un equipo de científicos liderado por Ash Robbins, de la Universidad de California, en Santa Cruz, al “entrenar” un minicerebro para resolver un problema clásico de control automático, el problema del “carro y el péndulo”: inducir una señal sobre el carro para que este se mueva a izquierda y derecha a una velocidad determinada que ayude a mantener el péndulo en posición vertical, algo similar a lo que realizamos al querer mantener verticalmente una escoba sobre la palma de la mano.

Una limitación reportada por el estudio de Robbins es que el entrenamiento del minicerebro desaparece después de 45 minutos de reposo.  Sin embargo, esta limitación podría superarse en un futuro inmediato, según un reciente reporte que demuestra que los organoides cultivados por más de cinco años pueden recordar y registrar el paso del tiempo.

Conforme se mejoran y automatizan los protocolos para cultivar organoides cerebrales para hacer que vivan más, sean más grandes y complejos, los aspectos éticos y morales también comienzan a volverse más acuciantes. ¿Qué pasa si la línea celular de una persona fallecida resulta superior en procesamiento de cómputo que otras? ¿Cómo se dirimen las cuestiones legales de consentimiento? Y si una persona se somete a terapia con células madre para lidiar con una afección específica, ¿dónde termina el consentimiento para que sus células pluripotentes no se usen en organoides cerebrales destinados a investigar supercómputo, por ejemplo? O bien, ¿los científicos llegarán a crear un minicerebro cuyos patrones cerebrales se asemejen al del ser humano? ¿Emergerá eventualmente una sombra de conciencia? Hasta el momento, se ha demostrado que la actividad de los minicerebros guarda un parecido con la registrada en bebés prematuros.

Aún se desconoce mucho sobre la formación del cerebro y el florecimiento de la conciencia, pero el caso clínico expuesto por el doctor John Lorben en 1980, de un sujeto que con tan solo el 5% de un cerebro normal había logrado llevar una vida sentimental y profesional normal (incluso con honores en el área de matemáticas), nos obliga a pensar en que debe existir una gran redundancia en el cerebro, y abre la puerta a la búsqueda de arquitecturas cerebrales que favorezcan el poder de procesamiento, tal y como ocurre con las estrategias de entrenamiento de la IA.

El futuro de los organoides cerebrales luce lleno de posibilidades para observar procesos nunca antes registrados en el desarrollo del cerebro, y entender cómo surgen las enfermedades neurodegeneritvas y el impacto de fármacos in vitro sin usar ratones de laboratorio como modelos aproximados de los seres humanos. Pero los organoides también nos ofrecen la posibilidad de aprovechar los secretos del órgano más complejo que ha generado la evolución en éste planeta. Winston Churchill tal vez no iba errado al expresar que “los imperios del futuro son imperios de la mente.” 

Fuente: Letras Libres

¿La libertad de expresión permite publicar cualquier cosa en internet?

“Es mi opinión, puedo publicarla”. La frase aparece con frecuencia cuando una discusión en redes sociales termina en insultos, acusaciones, exposición de datos personales o difusión de información falsa. Pero existe una confusión de fondo: la libertad de expresión protege el derecho a opinar y comunicar, pero no significa que cualquier publicación quede fuera de toda responsabilidad.

En Bolivia, la Constitución reconoce expresamente el derecho a expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación y también protege la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad.

El problema aparece cuando esos derechos entran en tensión.

Joaquín Vásquez, director de la carrera de Derecho de la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz), advierte que el derecho a la intimidad y a la privacidad es uno de los más afectados en redes sociales, especialmente cuando se difunden conversaciones, imágenes o datos personales sin consentimiento.

¿Qué protege la libertad de expresión?

La libertad de expresión permite buscar, recibir y difundir información, ideas y opiniones. En el ámbito interamericano, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege este derecho y establece que no debe existir censura previa, aunque contempla responsabilidades posteriores establecidas por ley.

La libertad de expresión en internet mantiene esa protección. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostiene que las personas deben poder buscar, recibir y difundir información y opiniones por cualquier medio.

Internet, por tanto, no convierte a una persona en menos libre para expresarse. Pero tampoco crea un espacio sin reglas.

¿Dónde aparecen los límites?

El primer límite aparece cuando una publicación afecta derechos de otras personas.

En Bolivia, la Constitución reconoce, junto con la libertad de expresión, derechos como la privacidad, la intimidad, la honra, el honor, la propia imagen y la dignidad.

Esto significa que publicar una fotografía, una conversación privada, información personal o una acusación contra alguien puede generar un conflicto jurídico dependiendo de las circunstancias.

Vásquez explica que las denominadas “funas”, la difusión de información falsa y determinados comentarios ofensivos pueden vulnerar derechos y, en algunos casos, tener consecuencias legales.

“Según el Código Penal boliviano, conductas como la calumnia, la difamación o la injuria también pueden cometerse a través de redes sociales”, señala el académico.

La clave está en que no toda expresión incómoda, crítica o polémica constituye un delito, pero tampoco toda publicación puede justificarse simplemente diciendo que es una opinión.

Una publicación también puede convertirse en evidencia

El carácter digital de las redes añade otra dimensión: una publicación puede permanecer, copiarse y circular mucho más allá del momento en que fue realizada.

“La huella digital es permanente. Todo lo que se publica puede ser recuperado, compartido o utilizado como prueba en un proceso judicial”, advierte Vásquez.

Este fenómeno cambia también el trabajo de abogados, periodistas y comunicadores.

Gabriel Romano, docente de Periodismo de Unifranz, plantea que la transformación digital no puede analizarse solamente como positiva o negativa.

Las redes sociales han abierto nuevas posibilidades de amplificación y alcance, pero también han introducido dinámicas que pueden distorsionar la esencia del oficio, explica el docente.

La velocidad de publicación, la viralidad y los algoritmos pueden hacer que una información circule antes de que alguien compruebe si es verdadera.

Libertad de expresión no es lo mismo que libertad de dañar

La diferencia resulta especialmente importante en casos de desinformación, discursos discriminatorios, exposición de menores, difusión de imágenes íntimas o ataques contra la reputación de una persona.

La Comisión Interamericana establece que las responsabilidades posteriores deben estar previstas por ley y ser necesarias para proteger determinados bienes, entre ellos los derechos o la reputación de otras personas.

La regla busca evitar dos extremos: utilizar la protección de derechos como una forma de censura y, en el sentido contrario, convertir la libertad de expresión en una justificación para cualquier abuso.

Por eso, el desafío jurídico consiste en determinar qué derecho está en juego, qué daño se produjo, cuál fue la naturaleza de la publicación y qué respuesta establece la legislación.

El desafío de comunicarse en una sociedad digital

La discusión ya no corresponde únicamente a abogados. También involucra a periodistas, comunicadores, educadores, empresas tecnológicas y usuarios. La responsabilidad de informar y opinar en internet exige comprender tanto los derechos individuales como los efectos que una publicación puede tener sobre otras personas.

Estos desafíos estarán entre los temas de reflexión del Trigésimo Congreso Hispanoamericano de la Prensa, que se realizará del 28 al 30 de octubre de 2026 en Santa Cruz de la Sierra, con Unifranz como sede y organizadora. El encuentro reunirá a periodistas, académicos y comunicadores para debatir sobre el futuro de la comunicación, la libertad de expresión, la ética profesional, la desinformación y los cambios que la inteligencia artificial introduce en el ecosistema informativo.

El congreso también representa una oportunidad para analizar cómo preservar el rigor, la verificación y la responsabilidad en un entorno donde los contenidos circulan a gran velocidad. La reflexión sobre los derechos y deberes de quienes comunican resulta fundamental tanto para el ejercicio periodístico como para la participación cotidiana de los ciudadanos en las plataformas digitales.

La pregunta “¿puedo publicar esto?” debería preceder a muchas publicaciones. Pero la respuesta tampoco debería ser “no puedes opinar”.

Una sociedad democrática necesita libertad para criticar, informar, debatir y disentir. Al mismo tiempo, necesita mecanismos para proteger la dignidad, privacidad, honor e integridad de las personas.

Por eso, la libertad de expresión en internet no significa poder publicar cualquier cosa sin consecuencias. Significa poder expresarse libremente dentro de un sistema de derechos donde la libertad propia convive con los derechos de los demás.

En tiempos de publicaciones instantáneas, conocer esa diferencia puede ser tan importante como saber utilizar una red social. También es uno de los debates centrales para el periodismo contemporáneo: cómo defender la libertad de expresión sin renunciar a la ética, la verificación y la responsabilidad sobre lo que se comunica.

Fuente: Unifranz