Internet satelital impulsa la innovación, la inclusión digital y el desarrollo tecnológico en Bolivia

El acceso a internet de alta velocidad es un factor determinante para el desarrollo tecnológico, económico y social de los países. En Bolivia, la reciente llegada del internet satelital de órbita baja, como Starlink, marca un punto de inflexión en la forma en que el país puede integrarse a la transformación digital global.

Desde la academia, Julio Cesar Gómez, docente de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), destaca que “la llegada de Starlink a Bolivia puede tener un impacto muy positivo en el desarrollo tecnológico y económico del país, especialmente considerando que recientemente inició operaciones oficiales”.

Esta tecnología, ayuda a reducir brechas históricas de conectividad y abrir nuevas oportunidades para regiones tradicionalmente excluidas.

Uno de los impactos más significativos del internet satelital es la reducción de la brecha digital entre áreas urbanas y rurales. En Bolivia, la penetración de internet fijo sigue siendo desigual, con departamentos donde el acceso es considerablemente menor.

El internet satelital permite llevar conectividad de alta velocidad a comunidades donde la fibra óptica o las redes móviles no llegan, superando limitaciones geográficas y de infraestructura. En palabras de Gómez, uno de los puntos clave es “la reducción de la brecha digital, esto facilita el acceso al internet en comunidades rurales”. Este acceso universal sienta las bases para una inclusión digital real y sostenida.

La educación y la salud son dos de los sectores que más se benefician con esta tecnología. La conectividad estable habilita la educación virtual, la capacitación técnica y el acceso a plataformas globales de aprendizaje, permitiendo que estudiantes rurales accedan a los mismos recursos que en las ciudades.

Gómez subraya que otro impacto fundamental es el acceso a plataformas globales de aprendizaje, permitiendo que estudiantes rurales accedan a los mismos recursos que en las ciudades. “El impulso a la educación y la salud, esto permite el acceso a la educación virtual capacitación técnica y servicios de telemedicina”, sostiene.

En el ámbito sanitario, la telemedicina se vuelve una alternativa viable para consultas, diagnósticos y seguimiento de pacientes en zonas aisladas, reduciendo costos y tiempos de traslado.

Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la conectividad satelital facilita el acceso a la telemedicina y fortalece la cohesión social en zonas sin cobertura de fibra óptica o redes móviles. Los casos analizados en Brasil y Colombia (2021) evidencian además un impacto económico positivo, al mejorar la calidad de vida en regiones marginadas.

Desde el punto de vista productivo, el internet satelital fortalece sectores estratégicos como la agricultura, la minería, el turismo y los emprendimientos digitales. La conectividad constante permite implementar soluciones de agricultura de precisión, monitoreo remoto y gestión de datos en tiempo real, mejorando la eficiencia y competitividad.

“El fortalecimiento del sector productivo, esto mejora la conectividad para agricultura, minería, turismo y emprendimientos en zonas alejadas”, sostiene el académico. Asimismo, el turismo en regiones remotas puede potenciarse al ofrecer conectividad de calidad, atrayendo visitantes y nuevos modelos de trabajo como el de los nómadas digitales.

Otro aspecto clave es la atracción de inversiones y la modernización tecnológica. La disponibilidad de internet de baja latencia y alta velocidad crea condiciones favorables para la digitalización, el uso de servicios en la nube, el comercio electrónico y la transformación digital de empresas y entidades públicas.

“Esto contribuye a crear condiciones para la digitalización, el uso de sistemas en la nube, comercio electrónico y transformación digital”, señala el docente de Unifranz. Además, la reciente aprobación de servicios satelitales de órbita baja bajo el Decreto Supremo 5509 abre la puerta a la competencia y al interés de otras empresas tecnológicas globales, fortaleciendo el ecosistema digital del país.

La integración tecnológica de Bolivia al entorno regional y global es otro de los beneficios estratégicos. El acceso a infraestructura digital moderna permite al país participar de manera más activa en la economía del conocimiento, el teletrabajo y los servicios digitales.

Gómez resume este impacto al afirmar que el internet satelital “ayuda a que Bolivia se integre de mejor manera a la economía digital, regional y global”. La tecnología LEO reduce drásticamente la latencia, y resulta especialmente útil para llevar conectividad a zonas rurales, remotas o de difícil acceso, donde las infraestructuras terrestres suelen ser limitadas o inexistentes habilitando usos educativos, productivos y profesionales antes inviables.

La Órbita Terrestre Baja (Low Earth Orbit, LEO) hace referencia a un conjunto de satélites que orbitan la Tierra a una altitud mucho menor que la de los satélites tradicionales, generalmente entre 300 y 2.000 kilómetros. Esta cercanía permite ofrecer conexiones a internet de alta velocidad y con baja latencia, es decir, con tiempos de respuesta mucho más rápidos.

No obstante, existen desafíos que deben abordarse para maximizar este impacto, como el costo del servicio, la necesidad de infraestructura energética estable y la capacitación digital de la población. También es clave una regulación que garantice competencia justa y complementariedad con los proveedores tradicionales.

En ese marco, Gómez concluye que “El internet satelital se convierte en un complemento clave a los proveedores tradicionales, acelerando el proceso de modernización tecnológica en nuestro país”. Su mayor impacto no se verá únicamente en las ciudades, sino en la capacidad de integrar a la “Bolivia profunda” al siglo XXI, convirtiendo cualquier rincón del país en un potencial nodo de innovación, educación y desarrollo tecnológico.

Imagen: NYT

Fuente: Unifranz

Bolivia lidera proyecto ante la OMPI para el blindaje cultural del Carnaval de Oruro

En el marco de una estrategia orientada a la promoción internacional y valorización del patrimonio cultural boliviano, la Cancillería de Bolivia y el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), fortalecen las gestiones ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) para posicionar al Carnaval de Oruro como un caso emblemático del uso estratégico de la propiedad intelectual a nivel global. 

El Director General Ejecutivo del SENAPI, Fabián Espinoza, informó que se trabaja de manera coordinada con el Ministerio de Relaciones Exteriores en la implementación de un proyecto internacional aprobado por la OMPI, que tiene como objetivo promover, visibilizar y dar mayor valor jurídico, cultural y económico a las expresiones tradicionales bolivianas, utilizando como herramienta la propiedad intelectual.

En el marco de la 34ª Sesión del Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP) de la OMPI, realizada en Ginebra, Bolivia logró la aprobación del proyecto “Promoción del Desarrollo del Turismo de Festivales a través de la Propiedad Intelectual”, con el Carnaval de Oruro como caso piloto para su implementación inicial, teniendo en cuenta que India participa como país copatrocinador del proyecto que tendrá una duración de dos años.

“Se han venido gestionando reuniones técnicas y diplomáticas, ya que la OMPI ha elegido al Carnaval de Oruro para promover mecanismos de registro y valorización que permitan darle un mayor reconocimiento internacional y evitar que se generen prácticas de plagio o apropiación indebida”, explicó Espinoza en entrevista con la revista nocturna Aquí en Vivo, de Bolivisión.

Desde el SENAPI se destacó que el proyecto no solo apunta a la defensa del patrimonio cultural, sino principalmente a incrementar el valor competitivo de la cultura boliviana, fortalecer el turismo cultural y garantizar que las comunidades, asociaciones y actores culturales sean los principales beneficiarios del desarrollo económico generado en torno al Carnaval.

Con miras al Carnaval de Oruro 2026, que tendrá sus días centrales el 14 y 15 de febrero, el Estado boliviano reafirma su compromiso de proyectar su patrimonio cultural al mundo con respaldo legal, autenticidad y soberanía, consolidando a la propiedad intelectual como una herramienta clave para el desarrollo cultural y económico del país.

Fuente: Qamasa

Los cuellos de botella de la inteligencia artificial

En los últimos cinco años nos acostumbramos a pensar la inteligencia artificial como una carrera de capacidades: mejores modelos, más datos, cómputo más grande, arquitecturas cada vez más eficientes. En 2026, lo decisivo no es quién puede entrenar el mejor sistema, sino quién tiene autorización para hacerlo, en qué territorio, con qué insumos críticos, bajo qué jurisdicción y por cuánto tiempo antes de que las reglas –o el mundo– vuelvan a cambiar. El cuello de botella ya no es técnico, sino geopolítico, energético y normativo.

La inteligencia artificial empieza a parecerse menos a una carrera de innovación y más al tablero propio de la Guerra fría del siglo XXI, donde las reglas no solo cambian, sino que se reescriben mientras la carrera está en curso. Un reciente ejemplo revelador es el comercio del chip H200 de Nvidia con China: ya no se rige únicamente por la lógica de la oferta y la demanda, sino por decisiones estatales tomadas casi en tiempo real. Beijing ha pedido a empresas locales pausar pedidos incluso en un contexto de demanda elevada. No es casual que Jensen Huang, director de Nvidia, subraye que el apetito del mercado sigue siendo “muy alto” y que la cadena de suministro esté activada. Hoy, incluso cuando el mercado quiere comprar y el proveedor quiere vender, la pregunta decisiva ya no es comercial, sino política: si el gobierno chino autoriza la compra o si el gobierno de Estados Unidos permite la exportación.

El problema de negocio que corre por debajo de todo esto se vuelve cada vez más denso y escurridizo, incrustado en esos tejidos invisibles que ningún director general de ninguna empresa puede proyectar ni simular. La pregunta fundamental, ¿se puede?, ya no tiene una respuesta estable: hoy sí, mañana quizá. ¿Se pueden vender chips estadounidenses y, efectivamente, enviarlos? ¿Se puede adquirir una empresa con vínculos con China sin quedar bajo sospecha de espionaje? ¿Se puede entrenar, alojar y desplegar inteligencia artificial a través de fronteras sin despertar un día bajo una nueva definición de lo que ahora “cuenta” como transferencia tecnológica? Las empresas de inteligencia artificial siguen compitiendo en velocidad e innovación, pero la verdadera competencia se ha desplazado a otro plano: la capacidad de diseñar estrategias que no colapsen cuando las reglas cambian a mitad del camino, mientras el juego ya está en marcha.

Incluso China ha ido ampliando el perímetro del conflicto lejos de los reflectores, donde se decide lo verdaderamente importante. La pregunta ya no es “qué chip puedes comprar”, sino algo mucho más decisivo: “sobre qué chip puedes construir la columna vertebral de tu infraestructura nacional”. En noviembre del año pasado, Beijing trazó esa línea con claridad al emitir lineamientos que excluyen chips de inteligencia artificial fabricados en el extranjero de proyectos de centros de datos financiados, aunque sea en parte, por el Estado. De un día para otro, planes que parecían viables tuvieron que reescribirse o desaparecer. La magnitud del giro se volvió evidente en los números: la participación de Nvidia en el mercado chino de chips de inteligencia artificial pasó de dominarlo casi por completo en 2022 a desaparecer prácticamente en 2025.

Del lado estadounidense, el terreno tampoco es estable; los cambios constantes se han convertido, por sí mismos, en una fuente adicional de riesgo. A inicios de diciembre de 2025, el presidente Donald Trump afirmó, no sin polémica, que Estados Unidos permitiría la exportación de los chips H200 de Nvidia a China, imponiendo una tarifa arancelaria del 25% sobre las ventas y bajo supervisión del Departamento de Comercio. La señal parecía clara, pero duró poco. Días después, la propia administración abrió una revisión sobre esas ventas de chips avanzados, dejando en evidencia lo frágil que es la categoría de lo “permitido”. En la práctica, de nuevo, el corredor nunca está simplemente abierto o cerrado: vive en un estado permanente de redefinición, donde cada anuncio puede convertirse, casi de inmediato, en una condición provisional.

Si el frente geopolítico decide quién puede comprar y vender, el cuello de botella energético decide algo más básico: quién puede encender la inteligencia artificial y mantenerla despierta. Este ya no es solo un desafío de software, sino de infraestructura física: electricidad limpia, continua y barata, transmisión, capacidad firme, agua para enfriar servidores que trabajan sin pausa. El centro de datos se ha vuelto la fábrica del siglo, pero su materia prima no es el acero: son los megavatios. Y cuando una región llega al límite de su red, la innovación no se frena por falta de talento, sino por algo más prosaico: subestaciones saturadas, permisos lentos, cuellos de transmisión y contratos de suministro que se cierran con años de anticipación.

Por eso la competencia tecnológica está conduciendo, casi inevitablemente, a una competencia energética. La energía nuclear regresa no como nostalgia industrial, sino como respuesta práctica: entrega densidad, estabilidad y continuidad cuando la demanda crece más rápido que la capacidad de desplegar renovables y líneas de transmisión. Los gigantes tecnológicos ya negocian electricidad como si fuera un activo estratégico, firmando acuerdos de largo plazo para blindar su expansión; los Estados, por su parte, empiezan a tratar la potencia eléctrica como un asunto de seguridad nacional. En este tablero, el liderazgo ya no lo define solo quién construye el mejor modelo, sino quién logra garantizar el flujo constante de energía que lo sostiene: quien controle ese suministro tendrá, literalmente, el interruptor del próximo ciclo tecnológico.

El tercer cuello de botella, el normativo, es el más sutil, porque no se presenta como prohibición frontal, sino como una suma de definiciones, obligaciones y procedimientos que pueden volver inviable un producto sin necesidad de apagar un solo servidor. La Unión Europea empujó este giro con su Reglamento de Inteligencia Artificial, que no regula “la tecnología” en abstracto, sino sus usos por niveles de riesgo, imponiendo desde prohibiciones puntuales hasta cargas de cumplimiento que van de la documentación técnica y la trazabilidad, a evaluaciones, supervisión humana y responsabilidades claras cuando el sistema se despliega en sectores sensibles. Para modelos de propósito general, las obligaciones de transparencia y gestión de riesgos comenzaron a aplicarse en agosto de 2025, con una arquitectura de supervisión que se vuelve más exigente para los modelos considerados de “riesgo sistémico”, incluyendo evaluaciones, mitigación, reportes de incidentes y ciberseguridad.

En paralelo, la fragmentación regulatoria global vuelve la “autorización” un rompecabezas transfronterizo: en Estados Unidos predomina un enfoque más disperso –por estándares y mandatos administrativos– que se apalanca en órdenes ejecutivas y guías técnicas para pruebas, gestión de riesgos y reportes en capacidades avanzadas, con el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología como eje metodológico. China, por su parte, avanza con un esquema más estatal, donde la regulación sobre servicios de inteligencia artificial generativa y normas complementarias sobre algoritmos y “síntesis profunda” operan como un sistema de control: obligaciones de seguridad, etiquetado, gobernanza de contenido y, sobre todo, una lógica de cumplimiento que puede convertirse en condición de acceso al mercado. A esto se suma el combustible jurídico de toda inteligencia artificial moderna: los datos. La legalidad de transferirlos, alojarlos y reutilizarlos entre jurisdicciones se ha vuelto una variable de negocio; basta ver cómo los mecanismos para transferencias de datos entre la Unión Europea y Estados Unidos siguen bajo escrutinio judicial, introduciendo incertidumbre estructural para entrenar y operar sistemas globales.

Todo esto sugiere una conclusión incómoda: la inteligencia artificial difícilmente se estandarizará como se estandarizó internet. Cuando la tecnología se vuelve infraestructura estratégica, cada potencia busca que sus reglas, sus cadenas de suministro y sus definiciones legales sean también una frontera. En vez de un mercado global con una sola gramática, lo más probable es un mundo de ecosistemas: China y sus aliados consolidando un circuito propio de hardware, plataformas, datos y cumplimiento; Estados Unidos y sus aliados haciendo lo mismo; polos como la Unión Europea e India intentando sostener una autonomía regulatoria y productiva que les permita capturar valor sin quedar subordinados. En ese escenario, la ventaja competitiva ya no será solo inventar más rápido, sino construir modelos, empresas y cadenas de suministro capaces de operar en un mapa fragmentado, donde el acceso a mercados, datos y energía dependerá de pertenecer o ser aceptado en cada bloque.

Fuente: Letras Libres