jueves, 13 de agosto de 2026

Las universidades privadas se suman a la digitalización del Estado a través de dos convenios


La adhesión a la ciudadanía digital y la instalación de mesas técnicas destinadas a mejorar la educación superior son parte de los convenios firmados por el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Educación, la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC) y la Asociación Nacional de Universidades Privadas (ANUP). Ambos acuerdos buscan contribuir a la eliminación del “Estado tranca”, así como a la modernización y la transformación digital del Estado y de la educación superior.

“La firma de estos convenios llega a las universidades privadas y esto es parte de una política que tiene un objetivo concreto: simplificar la relación entre el Estado y el ciudadano”, subrayó el Ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo Carrasco.

La autoridad destacó los avances en los registros de ciudadanía digital: se inició con 250.000 personas; tras la firma de convenios con las universidades públicas, en febrero de este año, se alcanzaron las 500.000; y con los convenios con las universidades privadas se prevé que se lleguen a 800.000. Además, la meta para fin de año es 1 millón de bolivianos registrados.

El programa Tranca Cero es una iniciativa del Gobierno nacional para eliminar la burocracia en el Estado. Su meta principal es digitalizar el Estado, simplificar los trámites públicos y reducir el tiempo que los ciudadanos pasan en las oficinas estatales. A través de este plan, se prohíben requisitos innecesarios, como las fotocopias de documentos de identidad, y se promueve la digitalización de servicios. Además, incluye la plataforma web “Reporta tu tranca” para que las personas denuncien de forma directa las barreras en el Estado.

Durante la ceremonia, el Ministro de Educación, Ricardo Erick Sanjinés Chávez, destacó el impacto humano de la medida, enfatizando que la modernización digital constituye un compromiso fundamental con el tiempo y el respeto al ciudadano. A su vez, resaltó que el conocimiento generado en las aulas debe trascender a la sociedad como motor de transformación de la gestión pública.

“Si lo hacemos bien y trabajamos bien con este convenio, también vamos a codiseñar diplomados, cursos, programas en tecnologías, que van a definir esta década, que van a permitir que usemos de manera adecuada y responsable la Inteligencia Artificial, que podamos tener ciberseguridad, que accedamos a la analítica de datos, a la gobernanza digital y a muchas tecnologías emergentes”, finalizó la presidente de la Asociación Nacional de Universidades Privadas (ANUP), Verónica Agreda.

Fuente: Eju

IA: menos reglas, más alianzas


La inteligencia artificial ya llegó a una dimensión que quizás hace un año era menos visible: la de los alineamientos globales. En ese marco, ¿es posible regular la IA? Europa aplazó su régimen de alto riesgo, Estados Unidos litiga contra sus propios estados mientras 24 países se vuelven sus aliados y 29 firman por China.

Según el informe del AI Economy Institute de Microsoft, en el segundo semestre de 2025, el 16,3% de la población mundial usó herramientas de IA generativa, mientras que en el semestre anterior la usó un 15,1%. La verdadera clave está en comprender las brechas: mientras la adopción en el Norte creció casi dos puntos en seis meses, en el Sur apenas subió uno. La distancia entre ambas regiones alcanza ya los 10,6 puntos porcentuales. La IA avanza sostenidamente, pero con más velocidad donde hubo inversión previa en infraestructura digital y formación tecnológica.

Y aunque no todo el mundo utilice aún esta herramienta, gran parte de la población mundial está alcanzada por decisiones tomadas con IA. ¿Cómo? La IA está omnipresente en productos y servicios cotidianos. Esto hace que cada persona sea impactada por la tecnología y, a la vez, que se diluya el margen que ciudadanos y gobiernos tienen para controlar ese acceso.

Del chatbot al agente

El imaginario colectivo recuerda la llegada de la IA generativa cuando se lanzó ChatGPT 3.5, en noviembre de 2022. Pero en cuatro años ha sucedido muchísimo. La IA pasó de ser un chatbot de texto básico a combinar distintas formas de comunicación (texto, audio, imágenes y video) y a desplegar agentes autónomos.

El segundo hito fue en enero de 2025, cuando llegó DeepSeek-R1, de una empresa china, y con ella un momento de crisis para Nvidia, una de las mayores empresas tecnológicas estadounidenses. Rompió un paradigma: las decenas de miles de chips avanzados no eran imprescindibles, la eficiencia podía venir del propio modelo. Al liberar su modelo con licencia abierta y ofrecer un chatbot gratuito, DeepSeek removió barreras financieras y técnicas de acceso. La competencia entre potencias dejó de ser solo por quién construye el mejor modelo, ahora es también por quién logra que el mundo adopte el suyo.

El tercer hito está en marcha: la interacción entre agentes de IA. Se trata de un sistema autónomo que además de responder preguntas, planifica y ejecuta acciones. Para hacerlo, se conecta con otros sistemas y con otros agentes. 

Según la Cloud Security Alliance, apenas el 17% de las organizaciones monitorea las interacciones entre agentes, mientras que el consorcio AIUC-1 encontró que el 80% ya observó comportamientos riesgosos de sus agentes como accesos no autorizados o exposición indebida de datos.

Aunque las regulaciones vigentes suponen supervisión humana, ese supuesto se volvió difícil de sostener. Sin registros de auditoría que permitan reconstruir qué hizo un agente, por qué y con quién, el problema es a la vez de seguridad y de cumplimiento.

Nuevas arquitecturas globales

El 2 de agosto debía comenzar la aplicación de las obligaciones para los sistemas de IA considerados de alto riesgo. Pero esa fecha fue postergada antes de llegar. El Reglamento publicado el 24 de julio trasladó a diciembre de 2027 las obligaciones para sistemas utilizados en ámbitos como biometría, contratación laboral, educación, acceso a servicios esenciales y administración de justicia, y a agosto de 2028 las correspondientes a sistemas integrados en productos regulados. El nuevo calendario entró en vigor seis días antes de la fecha originalmente prevista. El motivo no fue político sino administrativo: faltaban autoridades nacionales designadas y estándares armonizados. Faltaba capacidad.

Desde InnovaLab se mira con atención que se debilitó la obligación de alfabetización en IA. Pasó de exigir garantizar un nivel suficiente entre el personal a solo adoptar medidas para apoyarlo. Se pasó de una exigencia sobre los resultados a una sobre los esfuerzos. Mientras aplaza reglas, la UE acelera su infraestructura: el 30 de julio abrió la licitación de hasta siete «gigafábricas» de IA, con 10.000 millones de euros públicos y dieciocho Estados miembros comprando en conjunto.

Estados Unidos ha seguido con su modelo: atraer capital privado. Según el Índice de IA de Stanford, la inversión privada estadounidense en IA alcanzó 285.900 millones de dólares en 2025, 23 veces más que la inversión china. Aunque el propio informe advierte que esa comparación subestima el gasto público chino. 

Si el capital privado dirige las decisiones, la regulación pasa a ser un costo de entrada. Desde enero de 2025 la política federal se orientó a removerlo: se revocó el marco anterior, se condicionaron fondos a los estados con regulación gravosa y se creó capacidad de litigio para impugnar sus leyes de IA. No es que no haya reglas, pero la tensión es evidente: mientras muchos estados regulan, el nivel federal desregula.

Mientras las reglas se aplazan o se frenan, las alianzas se firman. En el encuentro de junio de 2026, Pax Silica, la iniciativa estadounidense para reducir dependencias en minerales críticos, semiconductores e infraestructura de IA, llegó a 24 firmantes, incluida la Unión Europea. Tres semanas más tarde, 29 países firmaron el acta fundacional de la Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial (WAICO), con sede en China. Enfatiza en el código abierto, la transferencia tecnológica, y 5.000 becas prometidas al “Sur global». No participa ni un miembro del G7 ni de la UE; entre los fundadores de la región aparecen Brasil, Cuba, Nicaragua y Venezuela.

América Latina: la norma y el insumo

En este contexto, Latinoamérica aparece en dos roles distintos. En legislación, hay actividad. Según el CELE, entre 2025 y 2026 se presentaron al menos 201 proyectos de ley sobre tecnologías digitales, aunque solo Perú y El Salvador tienen una ley específica vigente. Sin embargo, según el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, los 19 países medidos captaron apenas el 1,12% de la inversión global en IA. A su vez sostiene que las estrategias nacionales de la región carecen de presupuesto, implementación y evaluación, lo que las convierte en declaraciones sin acción.

En el rol de proveedor, la región es central. El triángulo del litio concentra una gran parte de las reservas del mundo, y a él se suman otros minerales críticos concentrados en la región. Sin embargo, el poder y el crecimiento económico no están donde se extrae, sino en la refinación, el procesamiento y la manufactura avanzada. 

La advertencia es clara: las potencias tienen agendas explícitas. Los países de la región deben negociar no solamente la venta de materias primas, sino la construcción de capacidades locales, para construir un camino de desarrollo que nos incluya en la conversación global.

Para prevenir los efectos no deseados de una tecnología hay que conocerlos y hay que poder modificarla. La pregunta que queda no es si es posible regular la IA, sino qué estamos en condiciones de hacer cumplir.

Fuente: Dialogo Politico

miércoles, 12 de agosto de 2026

Gobernación digitaliza el Carnet Sanitario en Santa Cruz


La Gobernación de Santa Cruz puso en funcionamiento un sistema digital para tramitar el Carnet Sanitario y la Autorización Sanitaria de Funcionamiento, una medida con la que busca reducir la burocracia, agilizar los procedimientos y cerrar espacios a la discrecionalidad en la atención al ciudadano.

El gobernador cruceño, Juan Pablo Velasco, afirmó que durante años obtener un Carnet Sanitario implicaba un proceso con múltiples pasos, visitas a oficinas, presentación de fotocopias y otros documentos físicos.

“Durante años, sacar un Carnet Sanitario en Santa Cruz era un calvario”, señaló Velasco en una publicación en sus redes sociales. Según explicó, el antiguo procedimiento contemplaba hasta 12 pasos, la intervención de varios funcionarios y hasta seis visitas a las oficinas.

El gobernador sostuvo que ese modelo generaba condiciones propicias para prácticas irregulares y calificó el sistema anterior como un mecanismo que facilitaba la extorsión. Con la digitalización, aseguró, la administración departamental busca eliminar esos puntos de contacto discrecional.

Del papel al celular

La Unidad de Inocuidad y Control Sanitario del Sedes digitalizó los dos principales permisos requeridos para trabajar con alimentos en el departamento: el Carnet Sanitario y la Autorización Sanitaria de Funcionamiento.

De acuerdo con la Gobernación, ambos trámites ya están operativos y pueden realizarse desde un teléfono celular.

El nuevo sistema reduce de 12 a cuatro los pasos del procedimiento y, según la explicación del gobernador, disminuye de seis a una las visitas presenciales. Además, la emisión del documento se realiza automáticamente una vez efectuado el pago, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

También se reemplazaron algunos requisitos físicos. Las fotografías pueden ser tomadas directamente con el celular, mientras que el croquis del establecimiento es sustituido por su ubicación mediante un mapa digital.

En caso de existir observaciones, estas pueden ser corregidas en línea, evitando que el ciudadano tenga que iniciar nuevamente el proceso o regresar a una oficina para presentar documentación.

Brigadas para empresas

El nuevo sistema también contempla una modalidad dirigida a empresas que necesitan tramitar el Carnet Sanitario para varios trabajadores.

Según Velasco, las brigadas del Sedes pueden desplazarse hasta los centros de trabajo para realizar en una misma jornada la toma de muestras, el procesamiento de los resultados y la emisión de los carnets.

La Gobernación sostiene que este mecanismo permitirá reducir los tiempos que anteriormente se generaban por la acumulación de trámites y la capacidad limitada de procesamiento.

Un sistema con mayor trazabilidad

Uno de los principales cambios, de acuerdo con la administración departamental, está relacionado con el seguimiento de las inspecciones.

La ficha de inspección pasa a ser digital e incorpora información como el nombre del inspector, la fecha, la duración de la inspección y el puntaje obtenido, calculado automáticamente por el sistema.

La Gobernación afirma que esto permitirá dejar un registro de cada actuación y facilitar su posterior consulta.

“Ya no hay carpeta que se pierde. Ya no hay fila que se puede saltear con un favor”, afirmó Velasco al explicar los objetivos del nuevo sistema.

Además, el sistema identificó 15.435 establecimientos con autorizaciones vencidas y otros 925 cuyos permisos vencerán en los próximos 90 días, según los datos proporcionados por la Gobernación.

Un universo de más de 100.000 personas

La administración departamental informó que el padrón sanitario alcanza a 110.084 personas y que anualmente se tramitan cerca de 46.000 carnets.

A esto se suman 99.910 establecimientos registrados, de acuerdo con las cifras difundidas por el gobernador.

Con base en esos datos, la Gobernación estima que la digitalización permitirá generar un ahorro anual de aproximadamente Bs 4,92 millones, considerando gastos de los ciudadanos en transporte y fotocopias, además de horas de trabajo de funcionarios que podrían ser destinadas a tareas de inspección en campo.

Registros antiguos y deuda por infracciones

Velasco también cuestionó la calidad de parte de la información heredada de anteriores gestiones. Afirmó que el 98,8% de una deuda histórica por infracciones de inocuidad, equivalente a Bs 31,8 millones, sería prácticamente incobrable debido a que los registros no contarían con información verificable sobre la identidad de los responsables.

Según la autoridad, el nuevo sistema pretende evitar que esa situación se repita mediante la exigencia de una cédula de identidad real, un NIT válido y las coordenadas del establecimiento.

“Cada trámite digital exige cédula real, NIT válido y coordenadas del local. A partir de ahora, quien incumple, responde”, sostuvo.

Fuente: Red Uno