miércoles, 8 de abril de 2026

El corte del tipoy: cómo un fragmento viral activa el clickbait emocional en redes sociales


La entrevista entre Jimena Antelo y María Galindo en el pódcast «Cara a Cara» duró cerca de una hora. Sin embargo, en redes sociales —especialmente en Facebook y Tik Tok— se viralizó principalmente un fragmento de aproximadamente dos minutos y medio: el momento en el que Galindo corta un tipoy en pleno set.

En el desarrollo completo, el gesto no aparece de forma abrupta. Galindo construye previamente un discurso en el que anticipa el impacto de su acción y aclara que no busca herir a las mujeres del oriente.

“Yo sé que muchas mujeres cruceñas (…) llevan el tipoy con orgullo (…) no quiero herirlas. Este tipoy hoy lo han transformado en un emblema de identidad (…)”, indicó Galindo.

Al momento de cortar el tipoy, introduce su argumento central: que esta prenda tiene un origen vinculado a la colonización y a la imposición de normas sobre el cuerpo de las mujeres. En ese marco, sostiene que fue utilizada para “tapar las vergüenzas” y disciplinar los cuerpos.

Después del corte, realiza un gesto de menos de un segundo, casi imperceptible en los fragmentos virales: sostiene la prenda, le da un beso y la presenta como un objeto cargado de significado.

En el contexto completo —de aproximadamente siete minutos— se trata de una intervención argumentada y anticipada. Sin embargo, lo que circula masivamente es solo el momento más impactante, lo que lo convierte en un detonante emocional inmediato.

En otras palabras, no se vuelve viral el contenido completo, sino la parte que genera mayor reacción. Es ahí donde este caso se conecta directamente con el clickbait emocional, y en este explicador analizamos cómo ocurre ese proceso y por qué este tipo de contenidos se amplifica en redes sociales.

¿Qué es el clickbait emocional y cómo se relaciona con el rage bait?

El clickbait es una estrategia digital diseñada para captar la atención mediante contenidos llamativos o sensacionalistas que incentivan la interacción. Según el artículo «El clickbait y su incidencia en el panorama mediático actual en 5 recursos» la práctica clickbait hace referencia a los contenidos de la red que pretenden, a través de su titular e informaciones, generar la máxima interacción posible y número de clics.

Con el tiempo, esta lógica ha evolucionado hacia el clickbait emocional, que no necesariamente implica engaño, pero sí prioriza elementos capaces de activar emociones intensas como indignación, sorpresa o enojo. Dentro de esta dinámica aparece el rage bait, orientado específicamente a provocar ira o conflicto para incentivar la interacción.

La Universidad de Oxford eligió “rage bait” como palabra del año 2025, definiéndolo como contenido diseñado deliberadamente para provocar enojo o indignación.

El consultor tecnológico Marcelo Durán explica que este fenómeno responde a una lógica estructural del entorno digital.

“El rage bait es algo así como una provocación a la ira (…) funciona muy bien porque hay una intersección entre las personas involucradas y el algoritmo. Mientras más provocador sea el mensaje, quien sale ganando es el algoritmo porque te mantiene cautivo alrededor del tema”, señaló Durán.

Durán afirmó también que estas dinámicas se enmarcan en lo que se conoce como economía de la atención, donde las plataformas buscan retener al usuario el mayor tiempo posible. En ese proceso, incorporan estímulos que generan pequeñas recompensas —como reacciones, comentarios o “me gusta”— que activan la liberación de dopamina en el cerebro.

“Tú necesitas opinar, necesitas comentar y le estás alimentando al algoritmo con el negocio”, advierte Durán, en referencia a la liberación de dopamina que generan las interacciones digitales.

Un hecho complejo convertido en detonante emocional

El caso del tipoy muestra cómo un hecho con múltiples dimensiones —histórica, cultural y política— puede reducirse a un solo momento visual. Esto ocurre cuando el contenido se recorta y se elimina o limita el contexto necesario para interpretarlo, lo que condiciona la forma en que la audiencia lo percibe.

Durán explica que ésto responde a cambios en el consumo digital.

“La atención de la gente está en cinco segundos (…) entonces seleccionas el fragmento más polémico”, afirma, señalando que a ésto se suma el rol de editores y creadores de contenido que identifican qué partes tienen mayor potencial de viralización.

Desde el análisis político, Vlady Torrez, abogado, politólogo y docente universitario, complementa esta lectura señalando que “nos hemos acostumbrado a consumir información cortada y editada en formatos ultra cortos”.

A esto se suma un factor estructural del contexto boliviano. “Bolivia es un país históricamente regionalizado (…) cualquier tipo de acción que afecte esas identidades tiende a generar respuestas emocionales, heridas o furibundas”, aseveró Torrez.

Así, el contenido no solo se viraliza por su formato, sino porque activa sensibilidades profundas ya existentes.

Las reacciones: indignación, identidad y amplificación

Tras la viralización, el debate se trasladó rápidamente a redes sociales y espacios mediáticos (aquí, aquí, aquí, aquí y aquí). La discusión dejó de centrarse en el argumento completo y pasó a girar en torno al acto.

Autoridades políticas reaccionaron desde una defensa identitaria. El alcalde electo de Santa Cruz, Manuel “Mamen” Saavedra, afirmó que “lo que vimos no es libertad de expresión, es una falta de respeto”, destacando que el tipoy representa “historia e identidad” (aquí).

Por su parte, la gobernadora electa de Pando, Gabriela de Paiva Padilla, sostuvo que “defender la cultura no implica atacar otras visiones ni negar las luchas feministas o sociales; significa pedir respeto” (aquí).

Desde el ámbito mediático, el periodista José “Pepe” Pomacusi (aquí) cuestionó el contexto en el que se realizó el acto señalando que, al tratarse de una acción que podía “herir tanta sensibilidad”, debió hacerse en un espacio propio.

Por su parte, Jimena Antelo respondió (aquí) a las críticas aclarando que lo dicho y hecho por Maria Galindo corresponde exclusivamente a la entrevistada. Además, defendió la decisión de no editar el contenido, indicando que “editar una entrevista para eliminar lo que incomoda no es hacer periodismo, es distorsionarlo”, y remarcó que “entrevistar no es avalar”.

En redes, el contenido se amplificó con recortes, titulares y posicionamientos. En ese contexto, la influencer Sarah Sanabria (aquí) habló también del tema. Cuestionó el acto, pero también advirtió que la reacción colectiva forma parte del problema, al señalar que “han caído en el juego de María Galindo”, sugiriendo que la indignación colectiva termina alimentando la visibilidad del acto.

Cuando la reacción también amplifica el fenómeno

Más allá del contenido original, el caso evidencia que la viralización depende también de cómo reacciona la audiencia. En entornos digitales, cada comentario, compartido o reacción —incluso negativa— contribuye a aumentar la visibilidad del contenido.

“Mientras más comentas, mientras más hablas del tema, más refuerzas la idea (…) estás agrandando el algoritmo con tu enojo”, explica Durán.

Asimismo, Torrez añade que existen actores interesados en amplificar este tipo de contenidos, ya que pueden ser funcionales a intereses políticos.

“Hay actores políticos regionales y nacionales interesados en que este tipo de narrativas se mantengan y por tanto ponen su esfuerzo para viralizar, para difundir estos contenidos, porque sus propuestas políticas se construyen a partir de ese enfrentamiento”, afirmó.

Polarización, actores y construcción de conflicto

Desde una mirada política, Vlady Torrez advierte que este tipo de fenómenos se inscribe en un contexto de polarización no resuelta en Bolivia. En su análisis, señala que episodios como este reactivan tensiones históricas vinculadas a identidades regionales que siguen presentes en el imaginario social.

“Bolivia no ha superado totalmente la polarización política e ideológica (…) estos discursos reavivan imaginarios sociales que nunca han desaparecido y las redes son medios idóneos para vehiculizar rápidamente ese tipo de contenidos”, enfatizó Torrez.

En ese escenario, el contenido no solo se viraliza por su forma, sino por su capacidad de activar emociones colectivas, desplazando el debate hacia lo emocional.

El politólogo también identifica que estas dinámicas no son neutras. Advierte que existen actores —especialmente en los sectores más radicales del campo político— que encuentran en este tipo de contenidos una oportunidad para reforzar sus posicionamientos, construyendo discursos a partir de visiones simplificadas y confrontativas del país.

En esa línea, aclara que no se trata de un fenómeno atribuible a una sola persona, sino de una dinámica más amplia en la que distintos actores, como algunos políticos, activistas y otros que operan en espacios digitales, participan y se benefician.

Asimismo, Torrez vinculó este fenómeno con el sensacionalismo y la lógica de visibilidad que domina el entorno digital.

“Los emisores encuentran en este tipo de contenidos que generan reacciones emocionales el punto ideal para multiplicar (…) obtener más vistas, más reacciones (…) y aumentar su notoriedad”, sostuvo Torrez.

¿Cómo evitar caer en el clickbait emocional?

Los expertos coinciden en que estas dinámicas no solo dependen de quien emite el contenido, sino también de cómo responde la audiencia.

Desde una mirada tecnológica, Marcelo Durán plantea que el primer paso es entender el sistema en el que operan las redes sociales, donde cada interacción alimenta el algoritmo. En ese sentido recomienda gestionar el consumo digital de forma consciente.

“Deberías seleccionar debidamente el contenido que quieres ver (…) he visto un tema que me enoja, paso de largo y quedarte solo con lo que a ti te interesa”, afirmó al señalar que limitar el tiempo de exposición puede ayudar a reducir el impacto de estos contenidos.

También plantea la idea de “hackear el algoritmo”, es decir, decidir activamente qué consumir y qué ignorar en lugar de reaccionar automáticamente. Desde su perspectiva, esto implica reconocer que las plataformas están diseñadas para generar estímulos constantes y muchos de ellos asociados a emociones intensas y que la exposición prolongada puede afectar la forma en que las personas interpretan la información.

Por su parte, Vlady Torrez es más enfático y dijo que la respuesta social juega un rol central en la amplificación del fenómeno.

“La mejor actitud que podría tener la ciudadanía es no prestarle atención a ese tipo de medidas (…). Porque estas acciones están enfocadas en ganar audiencia y notoriedad”, afirmó.

En esa línea, advierte que reaccionar desde la indignación puede ser contraproducente, ya que termina reforzando la visibilidad del contenido y subrayó también que el pensamiento crítico pasa también por decidir cuándo no reaccionar.

La respuesta de Galindo: provocar, interpelar y asumir el impacto

Frente a la polémica, María Galindo respondió en su programa de radio, que su acción no fue improvisada, sino parte de una forma de comunicar orientada a generar debate, incluso en temas incómodos.

“Yo no comunico para agradar (…) yo comunico para interpelar”, afirmó la activista, dejando claro que su objetivo no es generar consenso, sino cuestionar.

Desde esa lógica, interpretó la reacción social como parte del efecto esperado. Sin embargo, reconoció el impacto generado, especialmente en mujeres indígenas.  “Me ha llegado muy hondo el mensaje de las jóvenes Tacana (…) Nos sentimos heridas. Los mensajes más sinceros hablan de una herida”, señaló Galindo.

Aunque Galindo plantea el conflicto como parte del debate público, su intervención, vista desde la lógica del clickbait o el rage bait, termina insertándose en una dinámica digital donde las reacciones, especialmente la indignación, amplifican su alcance en redes sociales.

Reacciones que se traducen en acciones

El impacto del caso también llegó al plano institucional.

La Secretaria Municipal de Cultura y Turismo del Gobierno Autónomo Departamental de Santas Cruz, Sarita Mansilla señaló (en una entrevista en Fama Poder y Ganas) que este episodio ha reactivado discusiones pendientes sobre el valor del tipoy como símbolo identitario del oriente boliviano.

En ese contexto, reveló que ya se trabaja en una propuesta normativa para su protección. “ Ya tenemos avanzado una propuesta de ley (…) para que el tipoy que es un símbolo de nuestra identidad (…) se plasme en la Constitución Política del Estado”, explicó Mansilla.

Asimismo también explicó, este tipo de hechos no debilitan los símbolos culturales, sino que pueden fortalecerlos y abrir espacios para para generar políticas de protección y valorización cultural.

Un fenómeno que va más allá de este caso

Más allá de las posiciones, este caso evidencia una dinámica estructural del entorno digital, la transformación de hechos complejos en contenidos diseñados para generar reacción inmediata. En este contexto, las emociones intensas —especialmente las negativas— juegan un papel central en la circulación de la información.

Durán lo resume de forma clara: “Si tú mueves emociones negativas, vas a tener mucha más capacidad de reacción”. Esto explica por qué ciertos contenidos se vuelven virales más rápido que otros.

En consecuencia, lo que circula no es el hecho completo, sino su versión más impactante. Y es en ese proceso donde se define el verdadero alcance de lo que vemos y debatimos en redes.

Fuente: Bolivia Verifica

Libertad de expresión y libertad académica


Las universidades de Estados Unidos se encuentran en apuros, enzarzadas en una guerra cultural en múltiples frentes en la que se les acusa de "wokismo", antisemitismo, admisiones discriminatorias, prácticas de contratación preferenciales, adoctrinamiento y rebaja de los estándares académicos. Una encuesta reciente reveló que "solo el 28% de los administradores y el personal de apoyo que trabajan en instituciones privadas de cuatro años están totalmente de acuerdo en que la educación que imparte su institución vale lo que cuesta" (Shaw et al. 2025). Un estudio del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia informa de que hasta 80 universidades podrían cerrar en los próximos cinco años (Kelchen et al. 2024). Las universidades tienen un grave problema con su propuesta de valor, y su propia supervivencia pende de un hilo.

A los problemas de las universidades se suman las serias preocupaciones sobre la libertad académica. Según los informes, alrededor del 80% de los estudiantes universitarios se autocensuran en sus interacciones con compañeros y profesores (Carrasco, 2021). Esos hallazgos coinciden con mi propia experiencia. Habitualmente preguntaba a mis alumnos el primer día de cada semestre si sentían alguna presión a la hora de responder a las preguntas de los debates en clase o de los exámenes para complacer las inclinaciones políticas o sociales de sus profesores. De media, el 85% respondía afirmativamente a esta pregunta. Hay cierta ironía en el hecho de que la libertad académica esté siendo atacada precisamente por los mismos profesores que alegan que se está violando su derecho a la libertad de expresión, amparado por la Primera Enmienda.

Es una práctica habitual que las universidades prohíban la entrada a determinados ponentes en el campus porque se les considera demasiado controvertidos y pueden incitar a la violencia. Esas preocupaciones pueden partir de buenas intenciones, pero existe un riesgo significativo de que se transformen en algo más siniestro: intentos apenas velados de controlar el pensamiento de los estudiantes y sofocar el debate sin restricciones.

Principios

El principio de la libertad académica es la idea consagrada por el tiempo de que tanto los profesores como los estudiantes deben ser libres de dedicarse a la investigación, al discurso intelectual crítico y al debate apasionado y razonado sobre prácticamente cualquier tema o cuestión relevante sin temor a represalias o prejuicios. Se supone que la universidad debe servir como el foro intelectual que promueve una contienda de ideas rigurosa, objetiva y sin tapujos. Existen esencialmente dos tipos de profesores: los que educan para formar líderes intelectuales y los que adoctrinan para crear seguidores acríticos. Los primeros entienden que el aprendizaje es un proceso de destrucción creativa en el que las nuevas ideas desafían y desplazan constantemente a las antiguas. En 1837, Ralph Waldo Emerson subrayó esta idea en un discurso titulado "El erudito americano" ante la Sociedad Phi Beta Kappa del Harvard College:

Los jóvenes dóciles crecen en las bibliotecas, creyendo que es su deber aceptar las opiniones que Cicerón, Locke y Bacon han expuesto, olvidando que Cicerón, Locke y Bacon no eran más que jóvenes en las bibliotecas cuando escribieron esos libros.

La misión educativa no es producir clones intelectuales de los profesores, sino animar a los estudiantes a tener el valor de pensar de forma rigurosa, crítica y objetiva para desafiar la ortodoxia imperante. John Maynard Keynes describió este ejercicio como "una lucha por escapar de los modos habituales de pensamiento y expresión".

Límites difusos

Los profesores a veces hacen declaraciones polémicas y las universidades han tenido dificultades para lidiar con las consecuencias. En una historia que atrajo la atención nacional, la profesora de Derecho de la Universidad de Pensilvania Amy Wax fue relevada de la docencia de una asignatura obligatoria de primer curso, se le redujo la mitad de su salario anual y se le retiró su cátedra dotada porque, supuestamente, hizo declaraciones despectivas sobre la capacidad de los estudiantes negros. En un podcast de octubre de 2017 presentado por el economista de la Universidad de Brown Glenn Loury, dijo: "No creo haber visto nunca a un estudiante negro graduarse entre el primer cuarto de la clase, y muy, muy rara vez, entre la mitad superior".

La cuestión no es si estas declaraciones están protegidas por la Primera Enmienda; lo están. Pero Penn no es una institución estatal; es una entidad privada que, dentro de ciertos parámetros, establece sus propias políticas de empleo. Entre esas políticas se encuentra la concesión de una amplia libertad académica al profesorado. Sin embargo, esas políticas también obligan al profesorado a respetar la libertad académica de los estudiantes. Por lo tanto, la cuestión es si las declaraciones de Wax socavan la misión educativa de Penn al hacer prácticamente imposible que los estudiantes negros participen en un discurso crítico en su aula y sigan creyendo que serán evaluados objetivamente únicamente en función de los méritos de su rendimiento; es decir, si se viola su libertad académica. Si es así, entonces Wax ha traspasado los límites de la libertad académica, y su empleo puede verse en peligro.

En otro ejemplo muy sonado, Larry Summers fue destituido como rector de Harvard después de que se interpretara que unos comentarios que hizo en una conferencia académica sugerían que las mujeres tienen menos aptitudes matemáticas que los hombres (Lo que realmente dijo fue que los hombres están sobrerrepresentados en ambos extremos de la distribución de aptitudes matemáticas, y que esto podría ser una razón por la que los hombres superan en número a las mujeres en los puestos de élite del profesorado de ingeniería y ciencias). La respuesta de la comunidad académica fue rápida y virulenta. Es posible que las declaraciones de Summers estuvieran redactadas de forma poco sensible, pero no fueron maliciosas a propósito. Se le pidió específicamente que abordara por qué el mundo académico ha tenido un éxito limitado a la hora de conceder la titularidad a profesoras de ingeniería y ciencias físicas, a pesar de los esfuerzos por equilibrar la representación de género.

Actualmente hay una falta de un sólido respaldo empírico (lo cual no quiere decir que no haya ningún respaldo en absoluto) para la hipótesis de Summers y, en particular, sobre si las diferencias que puedan existir son de naturaleza biológica o ambiental (Vos et al. 2023). No obstante, la conjetura en sí misma no es descabellada. Los psicólogos educativos han descubierto que hombres y mujeres no aprenden necesariamente de la misma manera, lo que ha dado lugar a experimentos con escuelas y aulas específicas para cada género. Por lo tanto, no es inconcebible que las fortalezas relativas de hombres y mujeres puedan variar según las disciplinas académicas.

Todo esto plantea la pregunta de si Summers fue destituido como rector de Harvard porque su conjetura carecía de un sólido respaldo empírico o porque se consideró de forma instintiva que era herética. Descartar la posibilidad de que existan diferencias porque tal idea pueda "ofender" es contrario al propósito de la academia, que es abordar activamente cuestiones difíciles (y a veces incómodas). La universidad debería ser un lugar sagrado donde ninguna pregunta, independientemente de su potencial para ofender, se considere tabú.

Asumir que no hay diferencias cuando estas existen puede dar lugar a una asignación ineficiente de los recursos de la sociedad. Las universidades tenderían naturalmente a aplicar un porcentaje uniforme de profesorado femenino en todos los departamentos académicos, cuando la eficiencia podría exigir un porcentaje no uniforme. Este es el principio económico de la ventaja comparativa en acción. Esto no quiere decir que la eficiencia estática deba ser determinante, ya que el peso asignado a los modelos a seguir que fomentan un mayor interés por las ciencias entre las mujeres también debería tenerse en cuenta.

Una controversia relacionada con la "libertad de expresión" saltó a la palestra tras el asesinato del activista político Charlie Kirk. Una profesora de psicología de la Universidad Estatal de Fort Hays (Kansas), Nuchelle Chance, fue suspendida después de escribir en Facebook que "los hombres blancos estadounidenses son los animales más peligrosos del planeta". Un profesor de arte de la Universidad de Dakota del Sur, Phillip Michael Hook, fue amenazado con el despido cuando supuestamente se refirió a Kirk como un "nazi que difunde el odio". En una resolución provisional, el juez del caso Hook determinó que el profesor "tiene derecho a la protección de la Primera Enmienda" y que la universidad no presentó "ninguna prueba de perturbación" en respuesta a su publicación en las redes sociales.

En otro caso más, indicativo de un problema creciente de antisemitismo en los campus universitarios, un profesor de Derecho de la Universidad de Kentucky, Ramsi Woodcock, alegó que se habían violado sus derechos amparados por la Primera Enmienda cuando fue expulsado del aula tras pedir públicamente una acción militar para acabar con la existencia de Israel. La universidad replica que tiene la obligación, en virtud del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, de velar por la seguridad y el bienestar de sus estudiantes y personal.

Las universidades no han establecido una prueba de fuego para determinar cuándo el ejercicio de la libertad de expresión por parte de un profesor viola el principio de libertad académica, ni es probable que dicha prueba se establezca en un futuro próximo. No obstante, resulta útil esbozar cuáles podrían ser las líneas generales de dicha prueba. La prueba podría comenzar preguntando si existe una alta probabilidad de que las declaraciones públicas del profesor, incluidas las publicaciones en redes sociales, pongan en riesgo a los miembros de la comunidad universitaria o desalienten el discurso crítico y el libre intercambio de ideas en el aula de una manera que justifique las preocupaciones sobre sesgos, prejuicios o falta de objetividad en la evaluación del rendimiento de los estudiantes. Una respuesta afirmativa a cualquiera de estas condiciones sería, en principio, motivo de descalificación.

Las cortes llevan mucho tiempo luchando por encontrar el equilibrio adecuado entre la protección de la libertad de expresión y la regulación de contenidos considerados dañinos o inapropiados. En Jacobellis v. Ohio (1964), un caso histórico sobre la obscenidad, el juez Potter Stewart admitió en su famosa frase que, aunque tal vez no fuera capaz de definir la obscenidad, "la reconozco cuando la veo". Se plantean retos similares en el contexto de la libertad de expresión protegida constitucionalmente y la expresión que se considera contraria al principio de la libertad académica.

Conclusión

La cuestión fundamental del debate no es si los profesores tienen derecho a la libertad de expresión, sino si el ejercicio sin restricciones de ese derecho corre el riesgo de pisotear la libertad académica de sus estudiantes. Un profesor que abraza el principio de la libertad académica y está plenamente comprometido con la misión educativa en general debería estar dispuesto a autoimponerse ciertos límites a su libertad de expresión. Es cierto que se trata de una pendiente resbaladiza, y la sociedad tendrá que decidir en última instancia de qué lado prefiere equivocarse.

Fuente: El Cato

martes, 7 de abril de 2026

IBU alerta riesgo de desaparición de GeoBolivia y exige su restitución inmediata


El Instituto Boliviano de Urbanismo (IBU) expresó su preocupación por la interrupción del funcionamiento de GeoBolivia, la plataforma estatal de datos geográficos abiertos, y advirtió sobre el riesgo de su desaparición debido a conflictos administrativos internos. La entidad exigió a las autoridades el restablecimiento inmediato del servicio y garantías para su funcionamiento continuo.

“El acceso a datos geográficos es estratégico para el desarrollo nacional y no puede seguir siendo rehén de la burocracia”, señala el pronunciamiento del IBU.

GeoBolivia, fuera de servicio desde hace varios días, es el catálogo oficial de mapas y datos geográficos del Estado boliviano. Durante más de una década, ha centralizado información clave sobre el territorio nacional, como límites municipales, centros de salud, redes de agua, áreas protegidas y mapas de riesgo, disponibles de forma gratuita y sin trámites burocráticos.

Según el IBU, la paralización de la plataforma tiene efectos directos en la gestión pública y la investigación. “Las alcaldías pierden herramientas para gestionar sus municipios, las universidades ven interrumpidas sus investigaciones y el Estado queda sin información para planificar proyectos”, señala el pronunciamiento.

El Instituto recordó que esta no es la primera vez que GeoBolivia enfrenta una crisis similar, ya que en 2021 también dejó de operar por problemas internos. Advirtió que la situación actual representa un retroceso en el acceso a la información pública, reconocido como un derecho constitucional.

Ante este escenario, el IBU planteó tres demandas: la reactivación inmediata de la plataforma, la garantía de su estabilidad operativa para evitar futuras interrupciones y la posibilidad de establecer alianzas con el sector académico o con organismos multilaterales, en caso de que el Estado no pueda asegurar su mantenimiento.

El pronunciamiento también subraya que GeoBolivia es resultado del trabajo conjunto de más de cien instituciones públicas y universidades, y destaca su valor como herramienta de soberanía tecnológica y coordinación estatal.

Fuente: Sumando Voces