La transformación digital está redefiniendo la manera en que las personas estudian, trabajan, emprenden, se relacionan y participan en la vida pública. En este escenario, la ciudadanía digital emerge como un concepto clave para comprender cómo los individuos ejercen sus derechos y responsabilidades en entornos conectados. Más allá del acceso a internet, implica desarrollar competencias, valores y conocimientos que permitan una participación segura, ética y crítica en el mundo digital.
La expansión de las tecnologías de la información y la comunicación ha abierto nuevas posibilidades para la educación, el comercio, la gestión pública y la interacción social. Hoy es posible realizar trámites desde un teléfono móvil, acceder a servicios financieros en línea, estudiar a distancia o participar en debates ciudadanos a través de plataformas digitales. Sin embargo, estos avances también plantean desafíos relacionados con la privacidad, la seguridad y la desinformación.
En este contexto, la ciudadanía digital se ha convertido en una herramienta fundamental para fortalecer la participación ciudadana y modernizar los servicios. Como explica Fabricio Góngora, docente de la carrera de Derecho de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), “es decir, en la interacción de lo legal, hace bastante tiempo y a partir del Derecho Informático, hemos empezado en Bolivia con la generación de distintos programas o softwares que nos sirven para la gestión jurídica y judicial. Por ejemplo, tenemos lo que es ciudadanía digital, que permite a los abogados estar en contacto a través de plataformas digitales con las autoridades judiciales, Ministerio Público, juzgados, pero también con Impuestos, SEPREC o la Gestora Pública”.
La innovación tecnológica ha democratizado el acceso a la información y ha facilitado la participación ciudadana. Entre las principales ventajas de la ciudadanía digital se encuentra la posibilidad de acceder a servicios y oportunidades sin limitaciones geográficas. Los ciudadanos pueden realizar trámites gubernamentales, acceder a contenidos educativos, desarrollar emprendimientos digitales y establecer redes de colaboración a escala global. Asimismo, la digitalización contribuye a la transparencia institucional y fortalece mecanismos de participación democrática mediante consultas públicas, plataformas de gobierno electrónico y espacios de interacción ciudadana.
Sin embargo, el crecimiento del ecosistema digital también trae consigo riesgos significativos. La circulación masiva de información ha facilitado la propagación de noticias falsas, mientras que la exposición de datos personales incrementa las posibilidades de fraude, robo de identidad y delitos informáticos. A ello se suma la brecha digital, que limita el acceso y la participación de sectores que carecen de conectividad o de competencias tecnológicas suficientes.
La consolidación de una ciudadanía digital efectiva también requiere cambios culturales y educativos. No basta con disponer de herramientas tecnológicas; es necesario que las personas desarrollen competencias para utilizarlas de manera adecuada y responsable. En ese sentido, Góngora advierte que “estamos frente a un choque de generaciones, una generación que es nativa digital, que no concibe un cuaderno de investigaciones en fojas, sino que concibe la nube o el drive y otra que no concibe lo contrario”.
La alfabetización digital se ha convertido, por tanto, en una condición indispensable para aprovechar plenamente los beneficios de la innovación. Organismos internacionales coinciden en que las competencias digitales son hoy tan importantes como las habilidades de lectura y escritura, ya que permiten evaluar información, proteger datos personales y participar activamente en la sociedad digital.
El contexto boliviano
En Bolivia, la ciudadanía digital ha ganado relevancia durante los últimos años como parte de los procesos de modernización del Estado. La promulgación de la Ley N.° 1080, en 2018, permitió reconocer la ciudadanía digital como un mecanismo para realizar trámites y ejercer derechos mediante plataformas electrónicas con validez jurídica. Desde entonces, diversas instituciones han incorporado servicios digitales que buscan reducir la burocracia y facilitar el acceso ciudadano a la administración pública.
Los avances han permitido que numerosos procedimientos puedan realizarse sin necesidad de acudir físicamente a oficinas estatales. Góngora destaca que “el Estado ha generado un sistema informático denominado Ciudadanía Digital, a través del cual toda la ciudadanía y población boliviana con el sólo registro recibirá información del Estado por este medio; además de gestionar distintos tipos de trámites”.
No obstante, el país todavía enfrenta desafíos importantes. La conectividad desigual entre áreas urbanas y rurales, la necesidad de fortalecer la alfabetización digital y la limitada interconexión entre sistemas públicos continúan siendo barreras para consolidar una ciudadanía digital plenamente inclusiva. Expertos coinciden en que la transformación tecnológica debe ir acompañada de políticas que garanticen acceso equitativo, capacitación y seguridad digital.
A pesar de estas limitaciones, la ciudadanía digital representa una oportunidad estratégica para impulsar la innovación, mejorar la calidad de los servicios públicos y fortalecer la inclusión social. La Agenda Digital 2030 busca precisamente avanzar en infraestructura tecnológica, gobierno digital y economía digital para consolidar un ecosistema más conectado y participativo.
Formar ciudadanos digitales para el futuro
Ante este escenario, las universidades desempeñan un papel fundamental en la preparación de profesionales capaces de desenvolverse de manera ética y eficiente en entornos digitales. En Unifranz, la ciudadanía digital es entendida como una competencia transversal que forma parte de la preparación académica en distintas áreas del conocimiento.
La institución impulsa iniciativas orientadas al desarrollo de habilidades digitales, el pensamiento crítico, la innovación y el uso responsable de la tecnología. A través de alianzas estratégicas, investigaciones y programas de capacitación, promueve el empoderamiento digital de estudiantes, emprendedores y profesionales, contribuyendo a cerrar brechas de acceso y conocimiento tecnológico.
Uno de los ejemplos más destacados es la colaboración entre Unifranz y la Fundación Kodea de Chile, destinada a fortalecer competencias digitales y fomentar una ciudadanía activa e inclusiva. El convenio contempla acciones relacionadas con educación digital, empoderamiento tecnológico, ciudadanía digital y preparación para los desafíos del futuro laboral.
En esa línea, Góngora considera que la transformación digital también requiere un cambio de mentalidad. “También es muy importante generar desapegos de las formas tradicionales y motivar a mayor apertura por las facilidades que brinda la tecnología, con amplias e importantes capacitaciones”, sostiene.
A través de este enfoque, Unifranz incorpora la ciudadanía digital en sus distintas carreras, preparando a los futuros profesionales para desenvolverse en entornos cada vez más tecnológicos, donde la innovación, la ética digital, la gestión de datos y las competencias digitales serán determinantes para el desarrollo económico y social. En una sociedad cada vez más conectada, formar ciudadanos digitales no solo significa enseñar a utilizar herramientas tecnológicas, sino también desarrollar líderes capaces de participar responsablemente en la construcción del futuro.
Fuente: Unifranz
