jueves, 14 de mayo de 2026

Reportan corte de Internet en La Habana durante las protestas


El régimen castrista ejecutó nuevamente un corte de Internet en La Habana en medio de las protestas que sacuden a una dictadura que se ve cada vez más débil, la cual ya no encuentra otra salida que el silencio forzado y la represión digital.

Esta maniobra de censura ocurrió durante la madrugada de este jueves, mientras miles de habaneros desafiaban el miedo para gritar su miseria en las calles.

Al apagar los servidores y desconectar a la población del mundo exterior, la tiranía busca ocultar la magnitud del descontento popular y frenar el efecto contagio que las redes sociales suelen potenciar en momentos de alta tensión.

El silencio impuesto por la dictadura ante el caos social

Los reportes que confirmaron este cobarde corte de Internet en La Habana llegaron a través de periodistas y activistas que mantienen el pulso de la realidad cubana. Mag Jorge Castro fue uno de los primeros en alertar sobre la situación desde su cuenta en X, donde sentenció: “El régimen apaga las comunicaciones en medio de las protestas en la capital”.

De igual forma, el comunicador Mario J. Pentón utilizó sus plataformas para difundir la gravedad de este apagón digital masivo que dejó a millones de ciudadanos en la oscuridad informativa mientras la policía  política desplegaba sus operativos de control.

La estrategia del castrismo es tan predecible como criminal. Cada vez que el pueblo pierde la paciencia ante el hambre y la falta de servicios básicos, la respuesta institucional es el aislamiento absoluto. Este reciente corte de Internet en La Habana responde directamente a una oleada de manifestaciones que estallaron en múltiples municipios de la capital entre el 12 y el 13 de mayo.

Los vecinos de Luyanó, por ejemplo, decidieron bloquear la Calzada de Concha en un cacerolazo, mientras que en el reparto Bahía la consigna de abajo la dictadura retumbó contra las paredes.

Represión en las calles y corte de Internet en La Habana

En San Miguel del Padrón, la furia contenida de décadas se concentró frente a la sede municipal del castrismo, donde los manifestantes exigieron corriente y comida.

Mientras tanto, en Nuevo Vedado, el cansancio acumulado tras 24 horas sin electricidad sacó a los residentes a las calles. La dictadura, consciente de que estas imágenes recorrían el planeta en tiempo real, decidió que el corte de Internet en La Habana era la única vía para evitar que el descontento se transformara en un levantamiento nacional incontenible.

La violencia no se limitó al entorno digital, pues se registraron escenas de brutalidad policial en el municipio Playa, donde las fuerzas represivas golpearon a manifestantes desarmados.

Gracias a que algunos videos lograron filtrarse antes de que se consolidara el corte de Internet en La Habana, el mundo pudo observar cómo los esbirros del régimen arremeten contra el pueblo que juraron proteger. El colapso es total: no hay comida, no hay luz y, por orden de la cúpula, tampoco hay derecho a la información ni a la libre expresión en ningún rincón de la isla.

La crisis energética como detonante del colapso

Este patrón de censura no es una anomalía, sino una decisión criminal consolidada por el monopolio estatal ETECSA. La empresa, que funciona como un brazo más la cúpula castrista, facilita estos bloqueos centralizados de manera inmediata.

Ya lo hicieron durante el histórico 11 de julio de 2021 y nuevamente en 2022 tras el paso del huracán Ian. En marzo de 2026, cuando el SEN colapsó por completo, organizaciones internacionales detectaron una reducción drástica del tráfico de datos. El corte de Internet en La Habana de esta ocasión es simplemente otro capítulo de una larga historia de violaciones a los derechos humanos.

Un régimen que teme a la verdad

La tiranía sabe que su fin se acerca y que la conectividad es su peor enemiga en la era de la información. Al imponer un corte de Internet en La Habana, intentan ganar un tiempo que ya no tienen, pero la realidad de los estómagos vacíos y las casas a oscuras no se soluciona bloqueando Facebook o WhatsApp.

El pueblo cubano ya identificó al culpable de su desgracia, y ni mil cortes podrán detener el grito de libertad que hoy recorre cada hogar y cada avenida de la capital. La dictadura está sola, desnuda en su ineficiencia y cada vez más cercada por la verdad que intenta amordazar con cables cortados.

Fuente: Cubanos por el Mundo

Grecia quiere acabar con el anonimato en internet


El gobierno griego ultima una ley que prohibiría el anonimato en redes sociales y obligaría a las plataformas a verificar la identidad real de cada perfil. Lo cuenta Javier Pastor en Xataka a partir de declaraciones del ministro de gobernanza digital griego Dimitris Papastergiou a Euractiv. El catalizador es claro: las elecciones generales que Grecia celebrará a principios de 2027 y la preocupación creciente del primer ministro Kyriakos Mitsotakis por deepfakes, desinformación y discursos tóxicos durante el proceso electoral. Los pseudónimos seguirían permitidos, pero solo asociados a una identidad real verificable por las autoridades.

La medida iría más allá que cualquier sistema de verificación de edad existente actualmente en Europa. No regula qué pueden hacer los menores en internet sino quién puede usar internet. Y plantea un debate fundamental: si el coste de combatir desinformación es eliminar el anonimato como herramienta legítima de protección de la privacidad y la disidencia.

El argumento del gobierno: democracia ateniense 2.0

Papastergiou recurrió a una analogía histórica para justificar la propuesta. «En la antigua Grecia, todo el mundo podía expresar su opinión de forma abierta y con su nombre. Levantaban la mano y compartían su perspectiva. Esto debería inspirarnos ahora que queremos perfilar una nueva democracia digital», declaró a Euractiv. La analogía es retóricamente potente pero técnicamente cuestionable: en la antigua Atenas, solo el 10-15 por ciento de la población (varones libres, ciudadanos atenienses) tenía derecho a hablar en la asamblea. Las mujeres, esclavos y metecos no participaban. La identidad pública era tanto un privilegio como una herramienta de control social.

El argumento operativo es más concreto. El ministro destaca cómo el anonimato se ha convertido en escudo perfecto para acoso coordinado y difamación. La policía helena ha intentado investigar este tipo de casos sin éxito por la opacidad de las plataformas. Si una cuenta queda vinculada criptográficamente a una persona, el gobierno argumenta que el coste social de la difamación pasa a ser equivalente al de la vida real.

La estructura prevista: pseudónimos sí, anonimato no

La medida no busca prohibir avatares ni pseudónimos en sí. Lo que pretende es garantizar que el sistema sepa exactamente qué ciudadano está detrás de cada etiqueta. La opinión pública seguiría siendo válida (incluso bajo nombres ficticios), siempre que quien la exprese sea rastreable por las autoridades en caso de infracción legal. En la práctica, eso significa que las plataformas tendrían que verificar identidad real de cada cuenta y compartir esa información con el gobierno cuando se solicite legalmente.

Eso afectaría a Facebook, X, TikTok, Instagram, YouTube y cualquier plataforma que opere en Grecia, incluidas redes y foros menores. Todas estas plataformas se construyeron asumiendo perfiles potencialmente anónimos como base de su crecimiento de usuarios. Cualquier sistema de verificación obligatoria erosiona esa base.

La conexión con el ecosistema regulatorio europeo es clara. La UE acaba de dejar lista su app de verificación de edad y Ursula von der Leyen ha avisado que «ya no hay más excusas». El movimiento griego es la siguiente escalada: pasar de verificar la edad a verificar la identidad completa, una transición conceptual significativa pero que se construye sobre la misma infraestructura técnica.

El precedente preocupante

Reddit ya empezó este camino en marzo de 2026 al explorar métodos de verificación de identidad para combatir bots de IA. Apple introdujo verificación de edad obligatoria para cuentas de iCloud británicas con iOS 26.4. La Comisión Europea ha investigado a Snapchat, Pornhub y otras plataformas por verificación de edad insuficiente. Cada uno de estos pasos ha sido justificado por un objetivo concreto (combatir bots, proteger menores, evitar contenido para adultos), pero el efecto acumulado es la construcción de una infraestructura regulatoria y técnica que habilita exactamente el tipo de control que Grecia ahora propone llevar al límite.

El debate sobre verificación de edad ya ha mostrado las tensiones. Apple no estaba legalmente obligada a verificar edad en Reino Unido, pero lo hizo anticipándose a la regulación. Reddit, fundada sobre una promesa implícita de anonimato, está explorando Face ID y servicios de verificación de terceros bajo la presión de bots de IA y reguladores. La trayectoria del sector apunta consistentemente hacia menos anonimato.

Los riesgos: privacidad, disidencia, vulnerabilidad de bases de datos

Hay tres categorías de problemas con la propuesta griega.

Primero, privacidad y derechos digitales europeos. La GDPR establece principios de minimización de datos: las plataformas solo deberían recoger información estrictamente necesaria para sus servicios. Verificar identidad real para uso de redes sociales va en dirección opuesta. La Comisión Europea ha pasado años haciendo auditorías a plataformas para que reduzcan recolección de datos; una ley que las obligue a recoger más datos por mandato gubernamental es un giro regulatorio significativo.

Segundo, efectos sobre disidencia política. El anonimato en redes sociales protege a personas que critican al gobierno, denunciantes corporativos, víctimas de violencia doméstica que mantienen presencia online sin que los agresores las localicen, personas LGBT en familias o entornos hostiles, periodistas que investigan grupos extremistas. Eliminar el anonimato significa que todos estos casos enfrentan riesgos significativamente mayores. El argumento del gobierno griego es que las autoridades solo accederán a la identidad real con orden judicial, pero ese argumento depende de que las autoridades sean confiables (un supuesto que los hechos históricos cuestionan en cualquier país).

Tercero, vulnerabilidad de bases de datos centralizadas. Si las plataformas mantienen registros de identidad real de cada usuario griego, esas bases de datos son objetivos extraordinariamente valiosos para hackers, gobiernos extranjeros y grupos de cibercriminales. Las filtraciones de identidad ya son un problema con datos parciales; con identidad completa vinculada a perfiles sociales, una sola filtración masiva podría exponer a millones de griegos a robo de identidad, doxxing coordinado y consecuencias mucho más serias que las filtraciones que conocemos hasta ahora.

El debate sobre verificación se ha vuelto recurrente en Europa con lecciones que Grecia ignora. El internet «pide carnet» cada vez en más contextos: redes sociales, plataformas de vídeo, servicios de IA, videojuegos. Pero los mismos sistemas de verificación que protegen a menores crean infraestructuras de vigilancia que pueden usarse para mucho más. Y las filtraciones de identificaciones escaneadas ya son un problema documentado en sistemas existentes.

Mi valoración

La propuesta griega es uno de esos casos donde la ambición política sobrepasa con creces lo que la realidad operativa permite, y donde el coste para los derechos digitales europeos puede ser desproporcionado al beneficio prometido. Lo que más me preocupa es el efecto en cascada que esto tendría en el resto de Europa. Grecia es estado miembro de la UE; cualquier ley que apruebe operará dentro del marco europeo, y crear un precedente de «verificación de identidad obligatoria para redes sociales» en un país europeo sienta una base que otros gobiernos pueden invocar. Hungría, Polonia, Italia con su gobierno actual: todos tendrían razones internas para seguir el ejemplo. La excepción se vuelve estándar regional con velocidad sorprendente. Lo que más me convence (en términos de honestidad sobre el problema, no la solución propuesta) es que el gobierno griego está reconociendo algo real. Las elecciones europeas de los últimos años han sido contaminadas por bots, deepfakes y campañas de desinformación organizadas. La policía no tiene herramientas efectivas contra el acoso coordinado online. Las plataformas son lentas, opacas y a menudo deliberadamente poco cooperativas con investigaciones legítimas. El problema existe. La pregunta es si la solución propuesta es proporcional o si crea daños mayores que los que pretende resolver. La proporcionalidad fracasa, en mi lectura. Hay alternativas menos intrusivas: verificación de edad mínima sin identidad completa (la EUDI Wallet permite probar mayoría de edad sin revelar nombre); regulación específica de bots y cuentas automatizadas (sin afectar usuarios humanos anónimos legítimos); cooperación obligatoria de plataformas con investigaciones judiciales sin acceso administrativo abierto. Cualquiera de estas medidas atacaría el 80 por ciento del problema con el 20 por ciento del coste para derechos digitales. La solución de eliminación total de anonimato es la más maximalista posible y parece pensada más para enviar señal política antes de las elecciones de 2027 que para resolver el problema concreto. La pregunta a 12 meses es si la ley se aprueba con la formulación maximalista o si la presión de la Comisión Europea, organismos de derechos digitales y la propia oposición griega logra suavizarla. Mi predicción es que la versión final será más limitada que la propuesta inicial (probablemente reducida a «cooperación reforzada» entre plataformas y autoridades en lugar de «eliminación de anonimato») pero que el daño narrativo ya está hecho: el debate europeo sobre verificación se ha movido un escalón en dirección autoritaria.

Fuente: WWWhat's New

La tokenización a través de una S.R.L.


Bolivia ha dejado de ser un espectador pasivo en la economía digital. Tras el reconocimiento de los activos virtuales en la normativa nacional, nos situamos frente a una oportunidad histórica: democratizar la inversión mediante la tokenización de activos reales.

¿Cómo aterrizamos esta tecnología a nuestra realidad jurídica sin caer en un vacío legal? La respuesta está en hacer evolucionar las figuras que ya conocemos, específicamente la Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.).

El Código de Comercio establece que el capital de las S.R.L. se divide en cuotas de capital. A diferencia de las acciones de una Sociedad Anónima, estas cuotas no son títulos valores; sin embargo, representan un derecho de participación que puede ser vinculado a un token digital para representar propiedad o derechos económicos.

El desafío —y la clave de la ingeniería jurídica— reside en utilizar la blockchain no para reemplazar al registro público, sino para dinamizarlo.

La tokenización permite transformar activos tradicionalmente ilíquidos en fracciones digitales transables. Veamos dos escenarios que ya son posibles bajo nuestra legislación:
  • Inmueble democratizado: Imaginemos un edificio en Cochabamba valorado en un millón de dólares. Tradicionalmente, solo unos pocos inversores podrían participar. Mediante una S.R.L. tokenizada, la empresa puede emitir tokens que representen fracciones de los derechos económicos derivados de las cuotas de capital. Así, un ciudadano puede invertir montos menores y recibir automáticamente su parte proporcional de los alquileres mediante un smart contract (contrato inteligente), eliminando trámites notariales por cada transferencia de beneficio.
  • Startups y capital de riesgo: Para los emprendedores tecnológicos en Bolivia, levantar capital es un calvario burocrático. Una startup puede tokenizar sus cuotas de capital para atraer angel investors globales. En lugar de complejos contratos de inversión que duermen en carpetas, el inversor recibe tokens que representan su participación futura o sus derechos sobre el éxito de la empresa. Esto permite que el talento boliviano acceda a financiamiento con la agilidad que el ecosistema global exige, pero con el respaldo de una sociedad constituida legalmente en el país.
Para que este modelo sea sólido y oponible ante terceros, la arquitectura jurídica requiere tres condiciones mínimas que ya son construibles dentro del marco legal boliviano:
  • Constitución con propósito tecnológico: Las nuevas S.R.L. deben inscribirse en el SEPREC con un objeto social que incluya explícitamente la administración de activos digitales y servicios tecnológicos.
  • El protocolo de enlace: Es fundamental elevar a escritura pública un reglamento de emisión donde la sociedad vincule sus derechos económicos a una serie de tokens en una blockchain específica. El token actúa, así, como un certificado digital de derechos.
  • Gobernanza programable: La Ley 164 (Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación) ya otorga validez a los documentos y firmas digitales. Esto permite que la distribución de utilidades se gestione de forma automatizada, eliminando la burocracia que solo añade fricción y costos.
La tokenización no es una invitación a la anarquía financiera; requiere un cumplimiento estricto de las normativas de la ASFI y la UIF para la identificación de beneficiarios finales (KYC). No buscamos el anonimato, sino la eficiencia y la transparencia que la inmutabilidad de la blockchain ofrece.

Bolivia está lista para transitar de una economía de sellos de goma a una de algoritmos de confianza. Tokenizar una S.R.L. es, en esencia, permitir que el capital boliviano se movilice a la velocidad del bit, manteniendo los pies firmes sobre la seguridad jurídica. La pregunta no es si es posible; la pregunta es quién lo hará primero.

Imagen: Ambito

Fuente: Enfoque