martes, 26 de mayo de 2026

El trabajo remoto se consolida en Bolivia, pero persisten brechas digitales y precarización laboral


El trabajo remoto dejó de ser una medida excepcional impulsada por la pandemia para consolidarse como una modalidad cada vez más estable dentro del mercado laboral boliviano. Sin embargo, su expansión todavía enfrenta obstáculos relacionados con la informalidad, la desigualdad tecnológica y la falta de regulación específica. Así lo establece el “II Estudio sobre la demanda de empleo remoto en Bolivia”, elaborado por el Observatorio Nacional del Trabajo (ONT) de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz).

La investigación, desarrollada entre agosto y octubre de 2025, evidencia que el teletrabajo atraviesa una etapa de estabilización y transición hacia modelos híbridos, donde la presencialidad y la virtualidad comienzan a complementarse en distintas actividades económicas.

“Los cambios principales tienen que ver con una estabilización relativa como modalidad complementaria dentro del mercado laboral. También con un ajuste organizacional y una racionalización del uso del teletrabajo”, explica Mauricio Rojas, investigador asociado del Observatorio Nacional del Trabajo.

El estudio, realizado mediante técnicas de minería de datos, procesamiento de lenguaje natural e inteligencia artificial, analizó cientos de ofertas laborales publicadas en plataformas digitales como LinkedIn, Computrabajo y Bumeran para identificar tendencias, perfiles requeridos y sectores con mayor demanda de empleo remoto.

Uno de los hallazgos centrales es que las empresas comenzaron a formalizar con mayor claridad las condiciones del teletrabajo. Horarios, productos entregables, modalidades híbridas y mecanismos de supervisión aparecen ahora de forma más explícita en las convocatorias laborales.

“Esto ha llevado hacia una transición que nos permite pensar que el empleo remoto se ha convertido en una modalidad híbrida que se desarrolla cada vez con más fuerza”, sostiene Rojas. Según el investigador, la participación del empleo remoto en las ofertas analizadas pasó del 17% al 22,1% en el último periodo evaluado.

La investigación muestra además que el trabajo remoto en Bolivia se concentra principalmente en actividades intensivas en conocimiento y servicios digitales. Educación virtual, desarrollo de software, consultorías profesionales, servicios tecnológicos, ventas digitales y diseño multimedia lideran actualmente la demanda.

“El empleo remoto está exigiendo cada vez más una tecnificación, es decir, perfiles profesionales y técnicos también a nivel de maestría”, señala Rojas.

La transformación digital también modificó las competencias más valoradas por las empresas. El informe identifica un aumento en la demanda de habilidades técnicas relacionadas con análisis de datos, programación, plataformas digitales e idiomas, especialmente inglés.

“Es un tipo de empleo que demanda un capital humano bastante especializado, ya sea técnico o profesional”, explica el investigador. Entre las competencias técnicas más requeridas aparecen el manejo avanzado de Excel, herramientas de análisis de datos y programación.

Sin embargo, el estudio concluye que las habilidades blandas continúan siendo determinantes para acceder y mantenerse en entornos virtuales de trabajo. Responsabilidad, liderazgo, productividad, trabajo en equipo y orientación al cliente aparecen entre las capacidades más solicitadas.

“La virtualización del trabajo no le resta importancia al componente humano, sino más bien hay que pensar en fortalecerlo y protegerlo”, enfatiza Rojas.

El informe del Observatorio Nacional del Trabajo también advierte que el crecimiento del empleo remoto no ocurre de manera homogénea en el país. Las oportunidades continúan concentrándose en áreas urbanas con mayor conectividad y acceso tecnológico, mientras las regiones rurales mantienen fuertes limitaciones de infraestructura digital.

“Hay algunos problemas estructurales que tienen que ver con la distribución de la demanda de empleo remoto a nivel nacional”, advierte el investigador.

La investigación identifica además un problema persistente de informalidad. Aunque algunas empresas comenzaron a establecer reglas más claras sobre horarios y productos entregables, todavía existen vacíos relacionados con seguridad social, derechos laborales y compensación de gastos operativos.

“Hay una baja aplicación de la normativa en cuanto a condiciones laborales y el empleo remoto todavía se desarrolla en un contexto de alta informalidad”, sostiene Rojas.

Frente a este escenario, el estudio plantea la necesidad de fortalecer políticas públicas orientadas a mejorar capacidades digitales, ampliar la conectividad y generar marcos regulatorios específicos para el teletrabajo.

Entre las recomendaciones destacan la formación en competencias digitales y habilidades blandas, el fortalecimiento de la enseñanza de idiomas orientados al mercado laboral y el diseño de políticas para impulsar la exportación de servicios digitales desde Bolivia.

“Es importante fortalecer la adopción de un enfoque de competencias alineado con estándares internacionales”, afirma Rojas.

A nivel regional, organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la CEPAL coinciden en que el teletrabajo continuará expandiéndose en América Latina, especialmente en actividades vinculadas a la economía digital y servicios globales. No obstante, advierten que el desafío principal será evitar que la virtualización del empleo profundice las desigualdades existentes.

En Bolivia, el teletrabajo parece haber superado su fase experimental. El reto ahora será consolidarlo como una herramienta de desarrollo económico y generación de oportunidades, sin descuidar los derechos laborales ni la inclusión digital.

Fuente: Unifranz

lunes, 25 de mayo de 2026

Policía activa alerta preventiva ante desinformación en redes sociales


La Policía Boliviana declaró alerta preventiva ante la difusión de mensajes, audios e imágenes en redes sociales que, según informó la institución, generan desinformación e incertidumbre en la población. El pronunciamiento busca reforzar la seguridad ciudadana y frenar la circulación de contenido no verificado.

El Comando General de la Policía Boliviana emitió un comunicado oficial tras detectar la circulación de contenido en redes sociales que, según declaró, provoca malestar en la opinión pública.

De acuerdo con el pronunciamiento, las servidoras y servidores policiales permanecen en alerta preventiva en distintas unidades del país. La medida busca garantizar la seguridad ciudadana, preservar el orden público y responder de forma oportuna ante posibles contingencias.

Equipamiento policial y respuesta institucional

Según informó la institución, cuenta con equipamiento policial y medios antidisturbios para actuar bajo procedimientos establecidos. La Policía señaló que su intervención se desarrollará de manera profesional, preventiva y proporcional.

El comunicado precisa que cualquier acción se ejecutará en estricto respeto a la Constitución Política del Estado, las leyes vigentes, los derechos humanos y los principios que regulan el uso legítimo de la fuerza.

Llamado a evitar la difusión de información no verificada

La Policía Boliviana exhortó a la ciudadanía a mantener la calma y evitar compartir información cuya veracidad no haya sido confirmada. Además, pidió acudir únicamente a canales oficiales para conocer el desarrollo real de los hechos.

En la parte final del comunicado, la institución reafirmó su compromiso de actuar con legalidad, prudencia y respeto irrestricto a la vida, la integridad y los derechos fundamentales, en cumplimiento de su misión constitucional de defensa de la sociedad y conservación del orden público.

Fuente: Enfoque

Economista advierte que bloqueos agravarán la inflación y provocarán una contracción superior al 3% del PIB


El 1 de mayo, la COB convocó a un paro indefinido y al bloqueo de carreteras ante la falta de atención a su pliego petitorio por parte del Gobierno. Sin embargo, posteriormente dejaron de lado esas demandas y ahora exigen la renuncia del presidente Paz.

El bloqueo de caminos y los conflictos sociales que se registran desde hace tres semanas causarán una mayor inflación en el país debido al encarecimiento de los productos de la canasta familiar. Además, incidirán en una contracción económica superior al 3% del Producto Interno Bruto (PIB).

«Veo que esa realidad está más cercana: un decrecimiento o una contracción económica superior al 3 por ciento. Creo que algo se puede revertir, pero en el semestre que queda será bastante complejo», advirtió el economista Fernando Romero en declaraciones a la ANF.

En el Presupuesto General del Estado (PGE) reformulado 2026, presentado por el gobierno de Rodrigo Paz, se plantea una caída económica del 1,28% y una inflación del 14%. En tanto, organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectaron una contracción del 3,3% y una inflación del 20,7%.

El experto estimó que las pérdidas económicas del sector público y privado alcanzan los 1.000 millones de dólares, tomando en cuenta que toda la cadena productiva reportó afectaciones.

“Afecta al comercio exterior, a las importaciones y exportaciones; afecta al turismo y al transporte de personas y mercancías. Lamentablemente, también limita las cadenas de producción y comercialización. Consecuentemente, generará una mayor inflación, pérdida del poder adquisitivo del boliviano y posiblemente una presión cambiaria”, añadió.

A la vez, sostuvo que la conflictividad genera un mal precedente para las inversiones extranjeras, ya que resulta complejo invertir en un país donde no se garantiza la libre transitabilidad, existe inseguridad jurídica para las empresas privadas y persiste una incertidumbre política.

Señaló que esos factores ubicaron a Bolivia entre los 10 países más complejos para hacer negocios a nivel mundial, según un estudio realizado por la firma TMF Group, dedicada a servicios administrativos que apoyan la inversión y operación segura de empresas en todo el mundo.

Medidas no estructurales

Por otra parte, afirmó que la conformación del Consejo Económico y Social, instancia destinada a socializar las reformas que prevé impulsar el Gobierno e incorporar a “todos los sectores” en su gestión, así como el cambio de ministros, no garantizan la gobernabilidad.

Consideró que esos anuncios son medidas coyunturales y no de fondo, aplicadas sin continuidad ni capacidad de garantizar estabilidad política. En su criterio, el Gobierno se equivocó al no tomar en cuenta a los sectores sociales para la aprobación de ciertos proyectos normativos que posteriormente fueron cuestionados.

“El Gobierno, en estas condiciones, no puede garantizar ni gobernabilidad ni recuperación económica. En seis meses ha cedido en dos o tres momentos clave; eso no significa que sea un gobierno fuerte, sino que muestra debilidad, fragilidad y condicionamiento”, puntualizó.

Fuente: Eju