El pdf me llegó por WhatsApp una mañana de domingo. Una amiga, simpatizante obradorista, tuvo a bien enviarme el último libro de López Obrador, Grandeza. Confieso que ignoré el archivo durante días, hasta que el inevitable circo mediático en torno al libro terminó por despertar mi curiosidad. El dichoso libro es un texto sorprendentemente pobre, tedioso, reiterativo y más cercano a un manifiesto que a una obra historiográfica.
Entre las muchas afirmaciones que desfilan por sus páginas, la que suscitó más controversia es que los sacrificios humanos en el México prehispánico no existieron: “iremos argumentando y demostrando poco a poco hasta llegar a la conclusión de que los sacrificios humanos y el canibalismo no existieron en el México prehispánico y que su invención correspondió más al fanatismo y a la perversa estrategia de justificar con ello la esclavitud y la crueldad en aras de la avaricia, y el despojo de bienes y riquezas […]” (pp. 54-55). La afirmación no es menor. Después de todo, literalmente toneladas de evidencia arqueológica, documental y etnohistórica han sido examinadas por generaciones de especialistas. Pero el punto más interesante del episodio no es si el expresidente, ahora convertido en historiador, tiene razón o no, sino lo que revela sobre la relación entre el populismo y el conocimiento experto.
En apariencia, Grandeza es un libro de historia. La reacción de los especialistas fue, por tanto, la esperable. Eduardo Matos Moctezuma recordó la abundante evidencia arqueológica y documental. Leonardo López Luján remitió a décadas de investigación acumulada. Otros historiadores y arqueólogos fueron más directos y calificaron el libro de una apropiación y distorsión del pasado. En suma, el veredicto académico fue el mismo que han recibido otros tantos malos libros de historia: la hipótesis carece de sustento empírico. Pero esa respuesta, aunque científicamente impecable, termina por errar el punto.
Bien visto, Grandeza es un libro sobre legitimidad. Su propósito no es simplemente reinterpretar el pasado, sino integrarlo en una narrativa política. Al presentar a las civilizaciones mesoamericanas como moralmente superiores, austeras, solidarias y fraternas, el texto construye una continuidad ética entre ese pasado idealizado y el presente político que López Obrador y sus seguidores denominan la Cuarta Transformación.
Se dirá que nada de esto es, en sí mismo, nuevo. A fin de cuentas, los Estados nacionales siempre han recurrido al pasado para legitimarse, y otros tantos políticos, incluido el mismísimo Winston Churchill, han escrito libros de historia. Pero lo que distingue al gesto populista es que no solo instrumentaliza episodios o figuras históricas, sino que intenta reconfigurar el criterio mismo de la verdad histórica. En la historiografía profesional, las afirmaciones deben someterse a reglas disciplinarias: evidencia, coherencia interpretativa, escrutinio crítico y posibilidad de refutación. Ninguna conclusión es definitiva y toda interpretación es provisional. Como argumentó Robert K. Merton, la autoridad del conocimiento científico no descansa en la verdad de sus conclusiones, sino en el carácter institucionalizado del escepticismo que las produce. La ciencia no es creíble porque acierte siempre, sino porque organiza sistemáticamente la duda.
El populismo introduce un principio distinto, anclado no en la verificación empírica, sino en la plausibilidad moral y política. Bajo esta lógica, una narrativa puede considerarse legítima no porque esté corroborada por la evidencia, sino porque corrige una injusticia histórica o reafirma la dignidad de una comunidad o de un movimiento. En ese sentido, el pasado deja de ser un objeto de investigación y se convierte en un recurso de reivindicación.
Por ende, el desafío populista frente a la historia y, en realidad, frente a cualquier forma de conocimiento experto, desde la epidemiología hasta la administración pública, no consiste simplemente en disputar hechos. Consiste en disputar los criterios que permiten establecerlos.
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En el modelo de democracia liberal moderno, el conocimiento experto ocupa una posición peculiar. Su función no es decidir, sino introducir restricciones empíricas sobre lo que puede afirmarse razonablemente y, por tanto, sobre lo que puede hacerse responsablemente desde el poder. Una epidemióloga no decide si debe imponerse una cuarentena, pero sí puede advertir que, sin ella, el contagio muy probablemente se acelerará. Un economista no determina si debe aumentarse el salario mínimo, pero sí puede estimar sus posibles efectos sobre el empleo o la inflación. Un arqueólogo no define el significado político del pasado, pero puede establecer, con base en la evidencia disponible, qué interpretaciones son sostenibles y cuáles no. En todos estos casos, los expertos no eligen el rumbo, sino que delimitan el terreno. Su autoridad no es política, sino epistemológica; es decir, no les corresponde decidir qué queremos hacer, sino esclarecer qué es posible, probable o falso.
Este arreglo institucional es inherentemente frágil. Descansa en una división del trabajo que mantiene separadas, sin desconectarlas, la autoridad epistemológica y la autoridad política. Sin embargo, esa distinción puede erosionarse en dos direcciones opuestas y, a la vez, simétricas.
La primera es la deformación tecnocrática. Parte de una premisa en apariencia sensata: si ciertos problemas son complejos, lo razonable es confiar su solución a quienes mejor los comprenden. Sin embargo, cuando esta intuición se traslada sin matices al ámbito del gobierno, la expertise deja de informar las decisiones y pasa a sustituirlas. Las elecciones colectivas comienzan a presentarse como consecuencias inevitables de la evidencia, y el lenguaje de la política, necesariamente atravesado por valores, conflictos y convenios, es reemplazado por el lenguaje de la suficiencia técnica: eficiencia, optimización, restricciones. La tecnocracia no solo incorpora conocimiento experto en la toma de decisiones, sino que lo convierte en un mandato.
Este desplazamiento tiene dos efectos corrosivos. El primero es político. Cuando las decisiones se justifican como técnicamente inevitables, se sustraen al escrutinio democrático y dejan de aparecer como elecciones por las que alguien deba responder. El segundo es epistemológico. La ciencia opera mediante la duda, la revisión y la apertura a la refutación. Al convertir el conocimiento experto en fundamento directo de la acción de gobierno, la tecnocracia presiona a los expertos para que hablen con una certeza que su propio método no autoriza. Así, la autoridad epistemológica se desliza hacia una forma de autoridad política, y el conocimiento pierde parte de su independencia frente al poder.
La otra deformación, la populista, puede entenderse como el movimiento inverso. De hecho, en no pocos casos, esta reacción ha surgido precisamente como respuesta a experiencias previas de despolitización tecnocrática. Y es que, mientras la tecnocracia absorbe la decisión política en la verdad experta, el populismo absorbe la verdad en la decisión política. No rechaza necesariamente el conocimiento especializado en su totalidad, pero sí cuestiona su autonomía. Bajo esta lógica, la legitimidad de una afirmación no depende de los procedimientos institucionalizados de verificación, sino de su consonancia con la voluntad o la identidad del pueblo como sujeto moral. La verdad deja de emerger de las prácticas disciplinarias y pasa a ser algo que puede afirmarse desde la soberanía política, una especie de soberana verdad.
En este contexto, el líder populista no es solo un entendido de la política, sino también un intérprete privilegiado de la historia, la economía, la ingeniería o la salud pública. Su autoridad no deriva de la adhesión a reglas metodológicas, sino de su identificación con la comunidad que dice representar. Así como la tecnocracia transforma la evidencia en imperativo político, el populismo transforma la voluntad política en criterio de verdad. Ambas dinámicas, aunque aparentemente opuestas, comparten una consecuencia común: debilitan la capacidad institucional de distinguir entre lo que es y lo que se desea que sea.
Por ello, las refutaciones expertas, aunque necesarias, no siempre logran desactivar el discurso populista. En ciertos contextos, incluso pueden reforzarlo, al ser interpretadas como intervenciones de una élite que pretende imponer su propia definición de la realidad. La intervención del experto, lejos de cerrar la controversia, puede convertirse en una confirmación de la hipótesis que intenta refutar.
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La respuesta de expertos como Matos Moctezuma o López Luján al libro de López Obrador ilustra una paradoja importante. La ciencia está diseñada para ser cautelosa, evitar afirmaciones absolutas y reconocer incertidumbres. Estas virtudes, que constituyen la base de su credibilidad, pueden convertirse en desventajas en el terreno político. Frente a afirmaciones tentativas, hipótesis provisionales y conclusiones siempre abiertas a la revisión, el discurso populista ofrece certezas. Allí donde el experto dice “la evidencia sugiere”, el populista dice “la verdad es esta”. La prudencia metodológica, que en el ámbito científico es signo de rigor, puede aparecer en el ámbito político como vacilación, debilidad o incluso complicidad.
Esta no es solo una diferencia de estilo, sino de principio. Mientras los expertos apelan a procedimientos, métodos y evidencia, el populista apela a la identidad. Más aún, en la narrativa populista, los expertos no son simplemente profesionales que operan bajo reglas disciplinarias específicas, sino miembros de una élite beneficiaria de privilegios institucionales y desconectada de la experiencia del pueblo. Universidades, centros de investigación y publicaciones académicas con frecuencia dejan de aparecer como espacios de producción de conocimiento y pasan a ser presentados como enclaves de poder, donde una minoría define la realidad en nombre de todos. El experto pasa a ser visto como otro actor de poder, otro miembro de una élite que, desde laboratorios o universidades, pretende decirle al pueblo cuál es la realidad. En ese momento, la evidencia pasa a ser lo de menos. Es decir, lo que importa no es si el experto tiene razón, sino si tiene derecho a decirla. Y ese derecho es justamente lo que el populismo pone en cuestión.
La autoridad del experto depende, en última instancia, de la confianza en las instituciones: protocolos metodológicos, mecanismos de revisión por pares, estándares de evidencia. La autoridad del líder populista, en cambio, descansa en su relación directa con el pueblo como sujeto moral. Cuando esta relación adquiere primacía, las instituciones que sustentan el conocimiento experto no necesitan ser refutadas para debilitarse, basta con presentarlas como irrelevantes, parciales o moralmente cuestionables. El conocimiento que producen podrá mantener su validez empírica, pero, ciertamente, puede perder su fuerza pública no porque haya dejado de ser verdadero, sino porque ha dejado de ser reconocido como tal.
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El principio de Hanlon advierte que no se debe atribuir a la maldad lo que puede explicarse por la estupidez. Pero sería un error interpretar este fenómeno simplemente como ignorancia o desinformación. Si se mira con cuidado, el populismo no representa la ausencia de epistemología, sino la afirmación de una epistemología distinta. No sostiene que la verdad no existe, más bien, considera que su fuente última no radica en las disciplinas especializadas ni en sus instituciones y procedimientos, sino en el pueblo como sujeto soberano. Bajo esta lógica, el conocimiento experto puede ser técnicamente válido, pero no es necesariamente legítimo.
Lo anterior tiene implicaciones que vale la pena sopesar. Significa, para empezar, que el desacuerdo entre expertos y políticos populistas no es solo una divergencia sobre hechos específicos, sino también sobre las reglas mismas que permiten establecerlos. Cada parte apela a un criterio distinto de verdad. Esto plantea un desafío muy serio para la democracia liberal, que se basa en la igualdad política, mas no en la igualdad epistemológica. Todos los ciudadanos tienen el mismo derecho a votar, pero no todos tienen el mismo derecho a definir sus hechos históricos, epidemiológicos o geográficos. Puesto así, los “otros datos”, para usar una frase de López Obrador, constituyen algo más que una ocurrencia retórica: son una impugnación frontal a la autoridad institucional del conocimiento experto.
La solución liberal a esta tensión ha sido una suerte de división del trabajo: los expertos producen conocimiento, los representantes electos toman decisiones y los ciudadanos evalúan políticamente dichas decisiones. Este arreglo no elimina el conflicto, pero sí lo estructura. El populismo, en cambio, colapsa esta división. Al hacerlo, no solo politiza el conocimiento, sino que también debilita uno de los mecanismos capaces de imponer límites al poder. La verdad deja de ser algo que se descubre paso a paso mediante procedimientos verificables y se convierte en algo que puede afirmarse desde la soberanía política. Cuando esto ocurre, el desacuerdo deja de poder resolverse con base en la evidencia y, liberado de esas restricciones, el poder político puede redefinir la realidad sin necesidad de refutarla.
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El episodio de Grandeza es significativo para entender la relación entre el populismo y el conocimiento experto. Ilustra cómo el conocimiento puede convertirse en un campo de batalla simbólico y cómo la autoridad experta, que durante décadas operó como un punto de referencia relativamente estable, puede volverse objeto de disputa y deslegitimación.
Este fenómeno, por supuesto, no es exclusivo de México. Lo hemos visto en debates globales y regionales sobre el cambio climático, las vacunas o la migración. En cada caso, el conflicto no se ha limitado a desacuerdos sobre hechos específicos, sino a quién tiene derecho a establecerlos. En ese sentido, el desafío que el populismo plantea a la democracia y a la ciencia es un asunto global.
Evidentemente, la ciencia real no ocurre en el vacío. Las agendas de investigación, las prioridades institucionales e incluso los temas que reciben financiamiento están inevitablemente influidos por factores políticos, económicos y sociales. La ciencia, como cualquier otra empresa humana, está inserta en relaciones de poder. Más aún, la historia de la ciencia está llena de errores, sesgos y revisiones. Pero precisamente por ello ha desarrollado instituciones y procedimientos diseñados para someter el conocimiento a formas de escrutinio distintas de las que operan en el ámbito político. La autoridad del conocimiento experto no radica en su pureza ni en su infalibilidad, sino en la existencia de mecanismos institucionalizados que permiten distinguir, imperfectamente, pero de manera sistemática, entre lo que es plausible y lo que no lo es. El meollo es que cuando esos procedimientos pierden legitimidad o son ignorados, no solo pierden los expertos, sino que pierde la sociedad en su conjunto.
La democracia necesita expertos no para que gobiernen, sino para que establezcan límites en torno a lo que el poder puede afirmar sobre la realidad. Sin esos límites, la política deja de responder al mundo como es y comienza a imponer el mundo como conviene que sea. Ese es el riesgo más profundo del momento populista: que absorba la verdad en el poder mismo. Que el conocimiento deje de ser algo que el poder debe afrontar y pase a ser algo que el poder puede declarar. Que deje de ser una restricción y se convierta en una prerrogativa.
Si las refutaciones expertas no bastan para contener este desplazamiento, la pregunta que queda abierta es entonces qué puede hacerlo. La respuesta, me temo, no reside en una mayor contundencia discursiva de los científicos y académicos, sino en la reconstrucción de las condiciones institucionales que hacen creíble el conocimiento experto.
Fuente: Letras Libres
