En marzo de 2022, poco más de un año después del golpe de Estado militar en Myanmar, Telenor, el gigante noruego de las telecomunicaciones, vendió su filial en el país al Grupo M1, con lo que puso fin a casi ocho años de operaciones. Sin embargo, el retiro de Myanmar no acabó con la polémica en torno a su marcha. Al contrario, esa salida precipitada le pasó factura a la empresa durante los cuatro años siguientes.
Desde entonces, las críticas, las demandas y los litigios de la sociedad civil y las personas afectadas no han dejado de perseguir a la empresa. El escrutinio alcanzó su punto álgido en septiembre de 2026, cuando las autoridades noruegas abrieron investigaciones penales contra Telenor por acusaciones de complicidad en crímenes contra la humanidad en el país y por transferir equipos de vigilancia sujetos a sanciones durante la venta. A los pocos días, un tribunal en Noruega también dio luz verde a una demanda colectiva presentada en nombre de un grupo de antiguos clientes de Telenor en Myanmar.
Telenor reiteró su postura respecto a la investigación, alega que cualquier alternativa habría puesto en peligro la vida de los empleados. Sin embargo, los problemas de la empresa plantean una pregunta más amplia que muchas multinacionales de telecomunicaciones podrían tener que enfrentar algún día: cuando una empresa decide retirarse de un «mercado de alto riesgo», ¿dónde termina su responsabilidad?
Abandonar el país no es solo una decisión de negocios
Bajo el régimen militar, Telenor enfrentó exigencias del Gobierno para facilitar la vigilancia, entregar datos personales de disidentes y activistas, y restringir el acceso a la información. En un mercado así, quedarse puede dejar de ser viable. Para un operador de telecomunicaciones, la cuestión no es simplemente elegir entre permanecer en el mercado o marcharse, sino si se puede salir de una forma que minimice el daño adicional a los usuarios, sin dejarlos más vulnerables. Lamentablemente, Telenor no lo logró.
En una venta convencional de activos en la que participan empresas multinacionales, la transacción suele centrarse principalmente en activos físicos y comerciales, como fábricas, equipo e inventario. La venta de una filial de telecomunicaciones es otra historia.
Como guardianes del acceso a internet y de la información digital, las empresas de telecomunicaciones controlan datos sensibles de los usuarios, incluidos los registros de ubicación y los registros de los dispositivos. Además, actúan como intermediarios importantes para los sistemas de interceptación y tienen la capacidad técnica para cortar el acceso a la red. En una venta, la empresa cede la infraestructura y los activos comerciales, y también sistemas y datos que pueden exponer los movimientos y el rastro digital de millones de usuarios.
Sin un escrutinio riguroso del comprador ni una evaluación de los riesgos asociados a la transferencia, la venta de una empresa puede acarrear graves perjuicios para los usuarios, a quienes podrían vigilar, rastrear o incluso silenciar en contextos autoritarios.
Lo que ocurrió después en Myanmar demostró que el riesgo no era en absoluto hipotético. También reveló por qué las empresas poderosas no pueden simplemente eludir sus responsabilidades vendiendo sus negocios, cuando son las personas que dependen de sus servicios quienes cargan con las consecuencias.
Hay una retirada global
Esto es importante porque la retirada de Telenor de Myanmar no es, ni mucho menos, un caso aislado. Tras la debacle, el gigante de las telecomunicaciones comenzó a retirarse sistemáticamente de sus mercados asiáticos. En 2022, la empresa fusionó su filial malasia Digi con el operador local de telecomunicaciones Celcom. Al año siguiente, fusionó en Tailandia su negocio local dtac con True Corporation, para luego vender la mayor parte de su participación en la entidad. También completó la venta de Telenor Pakistán a PTCL a finales de 2025, con planes adicionales para desprenderse de sus activos asiáticos restantes.
Ampliando la perspectiva, los operadoras multinacionales de telecomunicaciones están reduciendo la presencia internacional que tardaron décadas en construir. En 2020, MTN, el mayor operador de telecomunicaciones de África, anunció su plan de «salida ordenada» de Medio Oriente por riesgo geopolítico. Para 2025, la empresa había puesto fin a sus operaciones en Siria, Yemen y Afganistán. MTN también completó la venta de sus operaciones en Guinea Bisáu y Guinea Conakry en 2024, por costos insostenibles.
Con el objetivo de volver a centrarse en un pequeño grupo de mercados fundamentales más rentables (Reino Unido, Brasil, Alemania y España), el gigante español de las telecomunicaciones Telefónica también aceleró su retirada de Latinoamérica hispanohablante. Solo en 2025, vendió sus filiales en Argentina, Perú, Uruguay y Ecuador, a lo que siguió su salida de Colombia, Chile y México a principios de 2026.
Las razones por las que las empresas de telecomunicaciones se van abarcan desde tensiones geopolíticas hasta costos elevados. Sin embargo, debemos plantearnos la pregunta fundamental: ¿qué cambia para los clientes cuando un operador de telecomunicaciones se va?
Lo que se pierde en el traspaso
Aunque la red seguirá prestando servicio a los usuarios, las prácticas de transparencia y los procedimientos y protocolos internos de salvaguarda de datos podrían cambiar tras una venta. Ahí es donde los riesgos de la salida del mercado son menos visibles. Telenor, MTN y Telefónica han desarrollado sofisticados sistemas de gobernanza, que incluyen políticas formales sobre derechos humanos, procedimientos de protección y seguridad de datos, e informes periódicos sobre transparencia. Las investigaciones muestran que están entre las empresas con mejor desempeño en cuanto a transparencia y responsabilidad en el sector de las telecomunicaciones.
Esos informes de transparencia dan una visión útil de cómo gestionan las empresas de telecomunicaciones las exigencias gubernamentales. Los informes describen los procedimientos establecidos para responder a las solicitudes gubernamentales de datos de usuarios, restricción de contenido e interrupciones de la red, y publican datos sobre esas solicitudes en distintos mercados. Aunque la transparencia por sí sola no puede evitar los abusos, crea un registro público de cómo los Gobiernos ejercen presión sobre las empresas.
Sin embargo, hemos constatado que, en la mayoría de los casos, los informes de transparencia no sobreviven a los cambios de titularidad. Cuando un operador multinacional abandona un mercado, resulta lógico que deje de presentar informes en ese país. Lamentablemente, en la gran mayoría de los casos, sus sucesores no logran mantener el mismo nivel de transparencia.
Millicom, comprador habitual de los activos latinoamericanos de Telefónica, adquirió sus operaciones en Uruguay y Ecuador, y una participación mayoritaria en Colombia. Millicom sí publica informes sobre la entrega de datos a las autoridades, pero los datos se presentan de forma agregada por región, y no por país. Además, a fecha de septiembre de 2026, solo está disponible públicamente el informe de 2024. En el resto de los mercados, el panorama es aún más sombrío: ninguno de los demás compradores recientes parece haber publicado informes de transparencia ni haberse comprometido a mantener las prácticas de transparencia de sus predecesores.
La descontinuación de informes de transparencia priva al público de la oportunidad de comprobar si el volumen de las exigencias gubernamentales ha variado tras cada cambio de titularidad. Además, oculta cómo se gestionan esas exigencias a nivel interno.
Sin embargo, los informes de transparencia son solo la punta del iceberg. Por debajo se esconde un mecanismo mucho más amplio de protección de datos de los usuarios, normas institucionales y salvaguardas de gobernanza, tales como los canales de escalamiento de riesgos, controles legales y de derechos humanos, entre muchos otros.
En los Estados autoritarios, las empresas multinacionales de telecomunicaciones son igualmente propensas a sufrir presiones gubernamentales para que corten el acceso a la red, bloqueen sitios web o entreguen datos de los usuarios. Aunque estas empresas también disponen de un margen limitado de resistencia, suelen operar bajo una supervisión institucional mayor que las empresas controladas por el Estado. Asimismo, están expuestas a un escrutinio más riguroso de la prensa internacional y la sociedad civil, a un mayor riesgo reputacional y, a menudo, a marcos regulatorios más estrictos impuestos por sus países de origen.
Por el contrario, es posible que muchos de los operadores que sucedieron a estas empresas estén más vinculados a los Gobiernos y más arraigados en el entorno político y regulatorio local. Al enfrentar menos restricciones externas de la sociedad, los medios y las ONG, también tienen menos disposición y menos recursos para hacer frente a los Gobiernos.
Cómo sería una salida más responsable
Dado que las salvaguardas pueden debilitarse o incluso desaparecer con el cambio de titularidad, la obligación fundamental de proteger los derechos de los usuarios no debe considerarse un aspecto secundario de la salida del mercado. Debe constituir un elemento fundamental de la transacción.
Para las empresas de telecomunicaciones, una salida responsable debería comenzar mucho antes incluso de que se seleccione a un comprador. Antes de entrar en Myanmar en 2014, Telenor encargó una evaluación del impacto en los derechos humanos (HRIA) para su prevista entrada en el mercado. La empresa también afirma que tuvo en cuenta los derechos humanos y la privacidad de los datos mientras preparaba su salida. Sin embargo, no hay constancia pública de que Telenor llevara a cabo una evaluación independiente de los riesgos para los derechos humanos que planteaba la propia salida.
Las empresas deberían encargar una evaluación obligatoria del impacto en derechos humanos y específica para la salida del mercado, en la que se analicen los riesgos que la propia venta podría suponer para los usuarios, las preocupaciones de las partes interesadas y los usuarios, cómo podrían utilizarse o transferirse los datos en el futuro, y qué grupos de usuarios estarían más expuestos a los riesgos identificados.
La diligencia debida del comprador debería ir más allá de la estabilidad financiera para examinar el historial del comprador en materia de derechos humanos, su capacidad para gestionar datos sensibles y si las salvaguardas existentes podrán mantenerse bajo la nueva titularidad.
Además, una salida responsable de cualquier mercado políticamente arriesgado también debería plantear una pregunta fundamental: ¿qué es lo que no debería transferirse en una venta? ¿Deberían cederse todos los datos de los usuarios al nuevo propietario? Las empresas de telecomunicaciones deberían evaluar si es posible segregar, anonimizar o incluso eliminar cualquier dato sensible siempre que sea factible, especialmente cuando la transferencia de dichos datos pudiera poner en riesgo a usuarios de alto riesgo.
Del mismo modo, algunas infraestructuras técnicas, como equipos de vigilancia, sistemas de interceptación y otras capacidades de control de redes, no deberían incluirse automáticamente en una venta como si se tratara de infraestructura ordinaria. Las autoridades noruegas están investigando actualmente si Telenor transfirió equipos de vigilancia sujetos a sanciones como parte de la venta de Telenor Myanmar sin la autorización necesaria del Gobierno noruego.
Una nueva prueba para la próxima salida
Si Telenor nos ofrece una lección a todos sobre lo que puede salir mal al abandonar de forma imprudente un mercado de alto riesgo, la salida inconclusa de MTN de Irán podría servir para poner a prueba si las empresas pueden plantear su próxima retirada de un modo diferente.
Fuente: Global Voices
