Informe ubica a Bolivia entre los peores países del mundo en el índice de Estado de Derecho

Bolivia ocupa el puesto 130 de 143 en el Índice Mundial de Estado de Derecho, el 29 de 32 en la región, y aunque este año avanzó un puesto, sigue a la cola en justicia, transparencia, límites al poder gubernamental y derechos fundamentales.

En el ranking difundido en 2025, el país ocupaba el puesto 131 de 143, mientras que en 2024, el puesto 131 de 142.

Este 2026, Bolivia está solo por encima de Nicaragua, Haití y Venezuela, estados cuestionados por la violación a derechos fundamentales por la comunidad internacional.

Ocho factores constituyen el Índice Mundial de Estado de Derecho.

Bolivia está peor situada en justicia penal, justicia civil y corrupción.

En justicia penal, el país ocupa el puesto 141 de 142 en el mundo y el puesto 31 de 32 en la región; es decir, tiene el segundo peor sistema penal del planeta debido a fallas de investigación e ineficiencia procesal.

En justicia civil, el país se ubica en el puesto 140 de 143 en el mundo y en el 30 de 32 en la región.

Finalmente, en transparencia o ausencia de corrupción, Bolivia se ubica en el puesto 140 de 143 en el mundo y en el 31 de 32 debido a altos niveles de percepción de impunidad e injerencia política. 

¿Cuáles son el resto de los factores que componen el Índice Mundial de Estado de Derecho?

Límites a los poderes gubernamentales, derechos fundamentales, orden y seguridad, aplicación de la normativa y gobierno abierto; en este último, el país tiene su mejor posición: 87 de 143 a nivel global y 23 de 32 en la región.

Desde 2015 a la fecha, el país ha registrado retrocesos, estancamientos y mejoras mínimas que no le han permitido dejar la cola del ranking elaborado por el prestigioso World Justice Project (WJP).

Fuente: Correo del Sur

Bolivia registra su mayor avance en el Índice de Inclusión Financiera impulsado por las billeteras móviles

La inclusión financiera avanzó fuertemente en Bolivia en 2026, acompañado por un mayor uso de medios digitales de pago y una mejor percepción del sistema financiero. Así lo revela el Índice de Inclusión Financiera (IIF) 2026, presentado este lunes en Lima (Perú).

El estudio es realizado de manera anual por Credicorp desde el 2021 para medir la evolución de la inclusión financiera en ocho países de la región. En esta edición, el país logró 47,5 puntos sobre 100, creció 4,5 puntos en comparación con el año anterior y salió del último lugar del ranking, que ahora ocupa México.

“La mejora de Bolivia fue generalizada”, señala el informe, haciendo referencia a que el acceso a productos financieros incrementó, como también su uso y frecuencia. Una de las principales buenas noticias en la calidad percibida del sistema fue el aumento de la utilidad que los bolivianos perciben de los medios de pago digitales, entre los cuales priman las billeteras móviles o apps de pagos.

“Desde Credicorp impulsamos este estudio con la convicción de que contar con evidencia es clave para entender los avances y desafíos que existen en materia de inclusión financiera. Los hallazgos de esta edición permiten identificar tendencias, monitorear brechas y aportar información útil para la toma de decisiones, con el objetivo de desarrollar soluciones que respondan mejor a las necesidades de las personas”, señaló Gianfranco Ferrari, CEO de Credicorp, en el marco del IV Encuentro Regional de Desarrollo, realizado en el centro de convenciones del hotel Westin Lima.

Este año, el promedio general de los ocho países evaluados supera por primera vez la barrera de los 50 puntos.

Este crecimiento se debe, en buena cuenta, al uso de la billetera móvil, que registra en Bolivia algunas de sus mejores mediciones. Hoy, el 58% de los bolivianos ya cuenta con este producto; esto es, nueve puntos por encima del promedio regional y 43 puntos más que en el 2021, cuando dicho porcentaje era de apenas 15%. Además, el 37% de usuarios utiliza las billeteras móviles a diario, una señal de que estos medios de pago se vienen integrando a la rutina de los bolivianos.

Para el Gerente de Sostenibilidad del Banco de Crédito del Perú (BCP), Jorge Arrunátegui, una de las principales razones del  salto de Bolivia en el Índice se esto se debe a la confianza y el uso que se viene teniendo de los canales digitales o billeteras digitales. “Estuve en Bolivia hace algunos meses y me quedé impresionado, porque hay una diversidad muy grande de billeteras digitales y es muy común usar el QR para pagar el transporte, en los comercios o servicios. Esa cotidianidad se ve bastante reflejada en esta mejora del índice para el caso boliviano”, expresó.

La mejora en la percepción de la calidad del sistema financiero boliviano también impulsó el resultado general de la país en el IIF 2026. En particular, mejoró notablemente la percepción de la utilidad que los bolivianos atribuyen a las billeteras móviles: según el estudio, el 71% considera que los medios de pago digitales son útiles, frente al 53% que pensaba lo mismo en el 2025. Esta proporción supera el promedio regional y se acerca al de Argentina, uno de los países con mayor inclusión financiera del IIF. “La confianza que hoy generan los medios de pago digitales es una base valiosa que puede traducirse en ahorro, crédito y seguros formales, en especial para mujeres, emprendedores y familias del área rural”, agregó Ferrari.

Arrunátegui agregó que la mejora en la calidad percibida también está movida por la confianza que se tiene en el sistema bancario y en cada uno de sus productos. “Y eso es bien importante porque en la medida que usas cotidianamente estos productos, confías en ellos y sabes que estás recibiendo lo que tu requieres”, señaló.

El Índice de Inclusión Financiera (IIF) es un estudio elaborado por el Banco de Ideas, el think tank de Credicorp. Lanzado en el 2021, el IIF mide el avance de la inclusión financiera en ocho países de Latinoamérica: Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá y Perú, además de Bolivia. Este año se encuestó a más de 13.000 mayores de 18 años durante el mes de junio. A través de sus distintas ediciones, el IIF permite entender cómo evoluciona la relación de las personas con el sistema financiero.

Fuente: Economy

Empresas bolivianas avanzan en transparencia, pero aún deben demostrar resultados

Las empresas bolivianas han avanzado en la adopción de políticas de transparencia, gobierno corporativo y mecanismos de control. Sin embargo, todavía enfrentan el desafío de demostrar que estas herramientas funcionan y producen resultados verificables.

Esta es una de las principales conclusiones del Índice de Capital Constructivo (ICC) Bolivia 2026, presentado por la Fundación Milenio, con el apoyo del Center for International Private Enterprise (CIPE) y la colaboración académica y técnica de la Universidad Privada Boliviana (UPB).

El estudio evaluó a 37 empresas de distintos sectores económicos, a partir de tres pilares y 13 indicadores. La medición combinó información financiera, documentos institucionales, fuentes públicas y datos proporcionados por las propias compañías.

Los resultados muestran que 29 de las 37 empresas alcanzaron 80 puntos o más, mientras que 23 se ubicaron en las tres categorías superiores de calificación: AAA+, AAA y AA+.

La evaluación identificó que muchas empresas ya cuentan con códigos de conducta, políticas internas, canales de denuncia y estructuras de gobierno corporativo. No obstante, persisten diferencias en su aplicación, supervisión y capacidad para demostrar resultados.

“Las empresas bolivianas tienen capacidad para invertir, crecer y generar empleo, pero también necesitan fortalecer la confianza de la sociedad. Y esa confianza se construye con transparencia, controles efectivos y resultados verificables”, afirmó Henry Oporto, director ejecutivo de la Fundación Milenio.

El informe sostiene que el principal desafío no es crear más políticas, sino asegurar que las existentes se cumplan. También distingue entre hacer, documentar y demostrar, y advierte que la existencia de una política no garantiza su aplicación. “Empresas mejores contribuyen a la recuperación y el crecimiento de la economía”, subrayó oporto.

Inversión, integridad e impacto

El ICC mide tres dimensiones del desempeño empresarial. Inversión considera la permanencia del capital, la reinversión y la sostenibilidad económica. Integridad evalúa las prácticas de transparencia, gobierno corporativo y mecanismos de control. Impacto analiza los resultados económicos, sociales, laborales, ambientales y reputacionales.

En la mayoría de las empresas evaluadas, la dimensión de inversión obtuvo las mejores calificaciones.

El estudio incluyó compañías de banca, seguros, telecomunicaciones, alimentos y bebidas, manufactura, cemento, minería, industria farmacéutica, salud, hotelería y comercio.

Entre las principales oportunidades de mejora, el informe identifica la necesidad de fortalecer la documentación de los procesos, establecer responsabilidades claras y garantizar una supervisión efectiva. También recomienda evaluar resultados concretos, en lugar de limitarse a registrar actividades o políticas institucionales.

“El ICC busca aportar información más comparable sobre inversión, integridad e impacto, y contribuir a una conversación pública más informada sobre el papel de las empresas en el desarrollo”, agregó Oporto.

La coordinación del estudio estuvo a cargo de Pablo Mendieta, con el trabajo técnico y académico de Carlos Foronda e Isabel Escobar, de la UPB.

La Fundación Milenio espera ampliar la participación empresarial en futuras ediciones y consolidar el índice como una herramienta para fortalecer la transparencia y mejorar la gestión de las empresas.

Fuente: Negocios Press

Índice Fractal: La variable que ninguna hoja de cálculo aborda

Un análisis de una empresa minera centrada en Bolivia, publicado esta semana, describió el riesgo político y legislativo como "la única variable que ninguna hoja de cálculo contempla": la brecha sustancial entre un modelo de valoración de 2.650 millones de dólares y el trabajo operativo que separa ese modelo de una mina real.

El planteamiento es preciso. Además, capta, sin mencionarlo explícitamente, la razón exacta de la existencia del Índice Fractal.

Cabe destacar un aspecto adicional. El análisis no fue realizado por un analista humano, sino generado por un sistema de IA basado en un motor analítico de cinco factores (valoración relativa, crecimiento, rentabilidad, impulso y revisiones de estimaciones), y revisado por un equipo editorial. Esto tiene implicaciones significativas: incluso los sistemas automatizados de análisis de mercado ahora señalan el riesgo político en Bolivia como la variable clave, pero sin la capacidad de cuantificarlo. La IA detecta correctamente esta brecha, pero no puede subsanarla.

Ahí es donde entra en juego el Índice Fractal

Durante décadas, el sector financiero trató el riesgo político e institucional como un residuo: algo contextual, algo que se debía cubrir, algo que se debía describir en una nota a pie de página. Este enfoque funcionaba cuando la estabilidad era la base y la excepción la excepción. Ya no funciona. En América Latina, la dinámica política e institucional ya no es la excepción, sino la base. La excepción es el ajuste fiscal ejecutado según lo previsto, la ratificación legislativa otorgada sin enmiendas, la transición de gobierno completada sin que se erosione la confianza de los inversionistas.

El Índice FRACTAL cuantifica ese escenario base semana a semana. Utiliza ocho variables ponderadas, una puntuación compuesta ajustada según la resiliencia institucional de cada país y un análisis sistemático de Bolivia, Argentina, Colombia y Perú. No reemplaza el modelo financiero, sino que subsana las deficiencias que este deja sin cubrir.

Mayor puntuación, mayor peligro. Todos los lunes por la mañana.

(Traducción Google del ingles)

Fuente: Blog Mauricio Ríos García

Índice de Empoderamiento Digital del IME se lanza para medir competencias y brechas en la era digital

La transformación digital está redefiniendo la forma en que las personas estudian, trabajan, emprenden y se relacionan. Sin embargo, el acceso a internet o a dispositivos tecnológicos ya no es suficiente para garantizar una participación plena en la economía digital. En ese contexto, el Instituto de la Mujer & Empresa (IME) presentará el próximo 30 de junio en La Paz el Estudio del Índice de Empoderamiento Digital (IED), una herramienta pionera en Bolivia que busca medir las competencias digitales de la población y su nivel de apropiación tecnológica.

El lanzamiento se realizará en el Auditorio de la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, ubicado en la Av. Arce 2915, de 9:00 a 11:00 de la mañana, con la participación de especialistas, instituciones aliadas, academia y actores del ecosistema de innovación.

Un índice para entender la brecha digital más allá del acceso

El IED surge como una respuesta a un cambio de paradigma: la brecha digital ya no se explica únicamente por la conectividad, sino por las habilidades, actitudes y capacidades que permiten usar la tecnología de manera efectiva, segura y productiva.

El estudio es impulsado por el IME junto al Observatorio Nacional del Trabajo (ONT) y el Centro de Investigación, Innovación y Transformación Digital en Turismo (CIINTUR), y se basa en una metodología adaptada a la realidad boliviana a partir de referentes regionales como la Fundación Kodea de Chile.

En ese marco, la directora nacional del IME, Xiomara Zambrana, destaca el enfoque práctico del instrumento: “Este es un instrumento diseñado para proporcionarte información valiosa sobre tus hábitos, tu percepción de la tecnología y tus competencias digitales, con el objetivo de que los participantes puedan fortalecerlas”, explicó.

Las siete dimensiones del empoderamiento digital

El Índice de Empoderamiento Digital mide siete dimensiones fundamentales que permiten construir una visión integral de la relación entre las personas y la tecnología:

• Valoración digital, que analiza la importancia atribuida a la tecnología en la vida cotidiana.
• Autoeficacia digital, vinculada a la confianza para usar herramientas tecnológicas y resolver problemas en entornos digitales.
• Templanza digital, relacionada con el uso equilibrado y consciente de la tecnología.
• Resiliencia digital, que evalúa la capacidad de adaptación frente a cambios tecnológicos.
• Responsabilidad digital, enfocada en prácticas seguras, éticas y conscientes en internet.
• Efectividad digital, que mide la capacidad de lograr objetivos concretos mediante herramientas digitales.
• Curiosidad digital, que refleja el interés por aprender y actualizarse frente a nuevas tecnologías.

Estas dimensiones permiten ir más allá del acceso y comprender qué tan preparada está la población para desenvolverse en una economía cada vez más digitalizada.

Una herramienta estratégica para decisiones públicas y privadas

Los resultados del IED ofrecerán una radiografía inédita sobre el nivel de empoderamiento digital en Bolivia, con potencial impacto en políticas públicas, educación, empleabilidad y desarrollo productivo.

Zambrana subraya la importancia de convertir esta información en acción:

“Es importante estar actualizados y usar esto para mejorar en la vida profesional, laboral, como emprendedor o estudiante. Es vital para no ahondar en la brecha digital y en la brecha digital de género. Queremos que el acceso sea para todos y todas”, enfatizó.

En esa línea, el índice permitirá identificar brechas entre distintos grupos poblacionales, especialmente por género, edad y nivel socioeconómico, además de orientar programas de formación y estrategias de inclusión digital basadas en evidencia.

Un aporte clave para la nueva economía digital

En un contexto marcado por la inteligencia artificial, la automatización y la transformación de los empleos, el empoderamiento digital se vuelve un factor determinante para la competitividad y la inclusión social.

El IED busca convertirse en una herramienta de referencia para instituciones educativas, empresas y tomadores de decisión, al ofrecer información detallada sobre habilidades, hábitos y actitudes digitales en Bolivia.

Invitación al evento de lanzamiento

El IME invita a profesionales, estudiantes, instituciones y público en general a participar del lanzamiento del Índice de Empoderamiento Digital, que se realizará el 30 de junio, de 9:00 a 11:00 horas, en el Auditorio CAF (Av. Arce 2915, La Paz).

El evento será un espacio de diálogo para conocer los resultados del estudio, sus dimensiones metodológicas y su potencial impacto en la construcción de una sociedad más inclusiva, conectada y preparada para los desafíos del futuro digital.

Fuente: Unifranz

Panorama del Internet en Bolivia

Bolivia enfrenta en 2026 un punto de inflexión en su desarrollo digital. La evidencia disponible —el Censo TIC 2024 del INE, el Network Readiness Index 2026 y el estudio de FUNDETIC Bolivia 2025— revela un país que ha avanzado en conectividad, pero que aún no logra transformar esa conectividad en competitividad, inclusión y productividad.

El Censo TIC muestra que solo el 55% de los hogares bolivianos tiene acceso a Internet, con una brecha que sigue siendo estructural: más del 70% de los hogares urbanos están conectados, mientras que en el área rural la cifra cae por debajo del 30%. Aunque el smartphone está presente en el 85% de los hogares, apenas uno de cada cuatro cuenta con una computadora. Esto condiciona el tipo de uso: predominan la mensajería y el entretenimiento, mientras que actividades educativas, productivas, financieras o de gobierno digital siguen siendo marginales. El país está conectado, pero no preparado para un salto digital profundo.

El Network Readiness Index 2026 confirma esta realidad. Bolivia ocupa el puesto 104 de 134 países, con debilidades en tecnología, capital humano y gobernanza digital. El problema no es únicamente la infraestructura: es la falta de capacidad institucional para convertir la conectividad en desarrollo económico y social. Sin políticas públicas claras, sin estándares, sin interoperabilidad y sin una visión nacional, la infraestructura por sí sola no genera progreso.

El estudio de FUNDETIC Bolivia aporta la dimensión estructural: el país cuenta con 26.587 kilómetros de fibra óptica troncal, más de 16.600 radio bases y un ecosistema emprendedor de 167 startups. Sin embargo, el “último kilómetro” rural sigue siendo débil, la asequibilidad continúa siendo una barrera y el marco regulatorio no acompaña la velocidad de la economía digital. La infraestructura existe, pero no está articulada con una estrategia país.

El diagnóstico es claro: Bolivia no está frenada por falta de tecnología, sino por falta de gobernanza, articulación y visión estratégica. Persisten brechas urbano–rurales, baja disponibilidad de dispositivos, escasa digitalización del Estado y ausencia de una Agenda Digital Nacional vinculante.

Para revertir esta situación, Bolivia necesita una propuesta país que permita construir un Internet más inclusivo, más participativo y, sobre todo, más competitivo. FUNDETIC plantea cinco ejes estratégicos:

• Agenda Digital Bolivia 2030. Un marco vinculante con metas verificables en conectividad, identidad digital, ciberseguridad, gobierno digital e innovación.
• Conectividad inclusiva con enfoque territorial. Uso eficiente del fondo de servicio universal, priorización de municipios críticos y despliegue de soluciones híbridas: fibra, inalámbrico y satélite.
• Asequibilidad y acceso a dispositivos. Reducción de impuestos, programas de dispositivos educativos y planes sociales de banda ancha que permitan que la conectividad sea realmente útil.
• Estado digital interoperable. Tres plataformas obligatorias antes de 2028: historia clínica electrónica, plataforma única de trámites y red digital integrada para servicios públicos.
• Capital humano y ecosistema innovador. Un plan nacional de habilidades digitales y un programa GOVTECH que conecte startups con desafíos públicos.

Bolivia tiene talento, infraestructura troncal y un ecosistema emprendedor emergente. Lo que falta es dirección estratégica y decisión política. Si el país adopta una visión digital de largo plazo, podrá transformar su conectividad en desarrollo, productividad y oportunidades reales para su población.

El futuro digital de Bolivia no depende de la tecnología, sino de la capacidad de construir un proyecto nacional que la ponga al servicio del desarrollo.

Desde FUNDETIC Bolivia reafirmamos nuestro compromiso con un país donde la tecnología no sea un privilegio, sino un derecho habilitador para todos. La evidencia está sobre la mesa. El momento de actuar es ahora.

Fuente: Urgente

Libertad en Internet en todo el mundo en 2026

Este mapa clasifica a 171 países según la libertad de acceso a internet. Los resultados revelan marcadas diferencias globales, desde sistemas muy abiertos en algunas partes de Europa y Latinoamérica hasta redes estrictamente controladas en países como Corea del Norte y China.

Los datos provienen de un índice de libertad en internet de 2026 elaborado por Cloudwards, que evalúa las políticas nacionales en cuatro áreas: descargas por torrent, disponibilidad de VPN, contenido para adultos y expresión política y cívica.

¿En qué puesto se encuentra República Dominicana?

República Dominicana, según el ranking de Cloudwards, posee una puntuación de 84 sobre 100, lo que lo sitúa en un punto alto de la tabla a nivel mundial, con países como Noruega (92) y Canadá (84). Incluso, mejor que países como Estados Unidos, Japón y Australia, las tres con un porcentaje de 64.

Conclusiones clave

• Once países comparten el primer puesto en cuanto a libertad en internet a nivel mundial (puntuación: 92), abarcando Europa, Latinoamérica y Asia.
• República Dominicana aparece con una puntuación de 84.
• Corea del Norte ocupa el último lugar (0), seguida de cerca por China, Rusia, Irán y Pakistán (4).
• Estados Unidos (64) y Reino Unido (52) se sitúan en la mitad de la tabla, por detrás de líderes como Noruega y Costa Rica.

El acceso a Internet más libre del mundo

Ningún país logra una puntuación perfecta, pero 11 países de cuatro continentes comparten el primer puesto con 92 puntos. Estos países son Bélgica, Costa Rica, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Liechtenstein, Nueva Zelanda, Noruega, Eslovaquia, Surinam y Timor Oriental.

Los países europeos representan más de la mitad de este selecto grupo y se concentran especialmente en los países nórdicos, donde Suecia (80) es la única excepción. Los países nórdicos son ampliamente conocidos por sus gobiernos y sociedades liberales y tolerantes.Noticias República Dominicana

Quizás lo más sorprendente sea la alta posición que ocupan países como Surinam y Timor Oriental, naciones en desarrollo de Sudamérica y Asia que, sin embargo, han impuesto restricciones mínimas al uso de las redes sociales y al acceso a internet.

Los países europeos representan más de la mitad de este selecto grupo y se concentran especialmente en los países nórdicos, donde Suecia (80) es la única excepción. Los países nórdicos son ampliamente conocidos por sus gobiernos y sociedades liberales y tolerantes.

Quizás lo más sorprendente sea la alta posición que ocupan países como Surinam y Timor Oriental, naciones en desarrollo de Sudamérica y Asia que, sin embargo, han impuesto restricciones mínimas al uso de las redes sociales y al acceso a internet.

La parte inferior del marcador

En el otro extremo del espectro se encuentra Corea del Norte (0), donde muy pocos ciudadanos tienen acceso a internet a nivel mundial. En cambio, la mayoría depende del servicio de intranet nacional, Kwangmyong, que filtra la información externa.

Justo detrás de Corea del Norte se encuentran China y Rusia, que empatan con Irán y Pakistán en los siguientes puntajes más bajos a nivel mundial (4).

El Gran Cortafuegos de China es quizás el sistema de censura más conocido del mundo, utilizado para reprimir las críticas a los líderes del país o el contenido relacionado con temas políticamente delicados, como las protestas de la Plaza de Tiananmen. También bloquea el acceso a plataformas extranjeras como Facebook y YouTube.

Fuente: El Caribe

El Índice Chapultepec registra grave declive de la libertad de prensa en las Américas

La sexta edición del Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa difundida hoy en un evento virtual de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) plantea un escenario particularmente preocupante para el periodismo en las Américas: el promedio global alcanzó su nivel más bajo desde la creación del indicador con una cifra de 47,13 puntos sobre un máximo de 100.

Durante la presentación del estudio, el director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) Carlos Lauría advirtió que los resultados confirman “un deterioro significativo tanto en regímenes autoritarios como en democracias consolidadas”, reflejo de una tendencia regional marcada por presiones políticas, violencia, acoso judicial y crecientes riesgos para el ejercicio del periodismo.

Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora de la Organización Editorial Mexica (OEM) subrayó la proliferación de discursos y prácticas de corte autoritario que buscan presentar a la prensa como “enemigo número uno” con el objetivo de evadir la rendición de cuentas y debilitar el escrutinio público.

León Hernández, coordinador académico del índice e investigador de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), presentó los resultados elaborados a partir de la evaluación de 195 expertos sobre libertad de expresión en 23 países. Entre los hallazgos más relevantes destacan:

• Liderazgo precario: República Dominicana se mantiene en el primer lugar con 82,17 puntos, siendo la única nación ubicada en la categoría “Con Libertad de Expresión”. Sin embargo, Hernández advirtió sobre la presencia de una “mordaza sigilosa”, caracterizada por el uso discrecional de la publicidad oficial y por la vulnerabilidad económica que afecta a numerosos medios de comunicación.

• Caídas alarmantes: Estados Unidos registró el descenso más pronunciado del índice al perder 22,65 puntos, pasando del cuarto al undécimo lugar. El informe atribuye este retroceso a un entorno marcado por la retórica hostil hacia la prensa durante el gobierno del presidente Donald Trump, la eliminación de ciertas salvaguardas institucionales y episodios de agresiones contra periodistas durante coberturas informativas.

• La franja roja: Venezuela (7,02 puntos) y Nicaragua (18,22 puntos) continúan ubicándose en la categoría “Sin Libertad de Expresión”. En el caso venezolano, la SIP denunció la consolidación de una estructura sistemática de censura que ha derivado en el cierre de más de 400 emisoras de radio y en la detención de 25 periodistas tras los acontecimientos electorales de 2024.

El caso de El Salvador

Sergio Arauz, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), profundizó en la situación de su país, que se ubica junto a Cuba, Venezuela y Nicaragua en los niveles más críticos del índice.

Arauz denunció una “escalada represiva” en el contexto del régimen de excepción impulsado por el gobierno de Nayib Bukele. Según explicó, el uso de la Ley de Agentes Extranjeros, sumado al hostigamiento judicial contra medios y periodistas, ha obligado al exilio a alrededor de cincuenta periodistas salvadoreños en el último año.

“No hay posibilidades de ejercer el periodismo plenamente sin enfrentar consecuencias cuando existe un Poder Ejecutivo con facultades prácticamente ilimitadas y sin controles efectivos”, afirmó Arauz, subjefe de redacción de El Faro, cuya redacción opera actualmente desde el exterior. Además, alertó sobre el crecimiento de la autocensura entre la población salvadoreña, impulsada por el temor a represalias.

El período analizado se consolida como uno de los más difíciles para el ejercicio del periodismo en la región, marcado por homicidios, detenciones arbitrarias, procesos judiciales y exilios forzados que afectan a periodistas desde México y Centroamérica hasta varios países del Cono Sur.

Entre los mecanismos más frecuentes de restricción figuran la criminalización del periodismo independiente, el uso de discursos estigmatizantes contra la prensa y diversas formas de asfixia económica deliberada contra medios críticos.

Mientras República Dominicana se mantiene como el único país con una puntuación superior a los 80 puntos, seguida por Chile, Canadá, Brasil, Uruguay y Jamaica, gran parte del hemisferio enfrenta el desafío de fortalecer mecanismos de protección para periodistas y revisar marcos legales que restringen o desincentivan la libre expresión.

De cara a 2026, la región se encamina hacia una etapa marcada por procesos electorales y cambios geopolíticos que podrían redefinir el entorno informativo, planteando nuevos dilemas, desafíos y responsabilidades para la defensa de la libertad de prensa.

El Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa puede consultarse en el siguiente enlace.

Fuente: SIP

Bolivia da sus primeros pasos en Inteligencia Artificial

Bolivia aún ocupa los últimos lugares en el mapa regional de la Inteligencia Artificial (IA), pero ya da dio sus primeros pasos en la adopción de esta tecnología que redefine economías y Estados.

Así lo refleja el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) 2025, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que sitúa al país en el puesto 18 de 19 economías evaluadas. El resultado confirma un rezago evidente, aunque también deja ver señales tempranas de incorporación social de la IA que podrían convertirse en una base para avanzar.

Estudio

El ILIA es un indicador regional que evalúa el grado de preparación de los países para desarrollar, implementar y gobernar la inteligencia artificial. Para ello, analiza dimensiones como infraestructura digital, talento humano, capacidades institucionales, uso de IA —incluida la generativa— y marcos normativos. Los datos provienen de fuentes que brindan los propios gobiernos, estadísticas internacionales y bases comparables, lo que permite contrastar realidades nacionales bajo criterios homogéneos.

Uno de los aspectos más llamativos del caso boliviano es que, pese a su bajo puntaje global, el país muestra un uso relativamente extendido de herramientas de IA generativa. De acuerdo con dos expertos, esto sugiere que la tecnología ya forma parte de la vida cotidiana de ciudadanos, estudiantes y emprendedores, aunque todavía sin un ecosistema nacional que la transforme en innovación productiva, investigación científica o mejoras estructurales derivadas del propio Estado.

Inteligencia Artificial

Para Cristian León, director ejecutivo de la Fundación Internet Bolivia, este fenómeno refleja un avance bastante desigual.

“Para avanzar en un desarrollo de inteligencia artificial responsable, Bolivia necesita generar una política pública específica para una transformación digital inclusiva”, dijo en contacto con La Razón.

En su criterio, Bolivia necesita una política pública integral de transformación digital que priorice el cierre de la brecha de conectividad y establezca una visión estratégica sobre cómo implementar la inteligencia artificial de forma responsable y con claridad.

León recuerda que Bolivia tuvo avances importantes en infraestructura, como el despliegue de fibra óptica que llegó a la mayoría de los municipios, pero señala que ese esfuerzo quedó incompleto por un problema de diseño institucional. La conectividad llegó a las capitales municipales, pero no a las escuelas, hogares ni edificios públicos, porque los gobiernos locales no tenían competencias ni recursos para extender la red. Esa atribución seguía concentrada en el nivel central, a través de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel). “Ahí hubo un mal diseño competencial que ha evitado que se cierre la brecha digital”, afirmó el especialista.

Ese rezago en conectividad tiene un impacto directo en la inteligencia artificial. Sin acceso estable y de calidad a internet, hablar de IA resulta abstracto para una parte importante de la población. A ello se suma la falta de infraestructura crítica: centros de datos, capacidad de cómputo y servidores capaces de procesar grandes volúmenes de información. León señala que Bolivia tiene menos de ocho datacenters registrados, la mayoría de pequeña escala y privados, insuficientes para las demandas que implica la IA.

“Al haber pocos actores, tampoco hay mayor desarrollo. Es algo que debe nutrirse, debe incentivarse”, explicó León.

Estrategia nacional

Una lectura similar plantea Mario Durán Chuquimia, experto en derecho y tecnología, quien coincide en que el país se encuentra en una fase inicial, pero advierte que el principal cuello de botella no es solo técnico, sino normativo y estratégico.

“Bolivia carece de una estrategia nacional integral de inteligencia artificial, así como de políticas de ciberseguridad y de protección de datos personales alineadas a estándares internacionales”, afirmó en entrevista con este medio.

Esa ausencia, explicó, limita tanto la inversión como la adopción responsable de la tecnología.

Durán señaló que existen iniciativas aisladas, principalmente en universidades públicas y privadas, pero que estas no logran articularse en una visión de Estado. “No existen políticas públicas consolidadas de gobernanza respecto a la IA ni inversión estatal suficiente para fomentar su adopción”, sostuvo. En ese escenario, la inteligencia artificial avanza de manera fragmentada, dependiendo del esfuerzo individual de académicos, empresas o organizaciones de la sociedad civil.

Un claro ejemplo de iniciativas aisladas y que provienen del sector privado son Arien, un chatbot dedicado al micro aprendizaje y al acompañamiento empresarial, impulsado por la Fundación Emprender Futuro, y MIA, una inteligencia artificial aplicada a la educación y los negocios, impulsada por la organización Lacademy.

Sin embargo, tanto Durán como León coinciden en que la falta de una visión estratégica provoca que la IA no sea una prioridad real en la agenda pública. León observa que, mientras no exista una política clara, las acciones seguirán siendo dispersas: cursos aislados, manuales puntuales o proyectos piloto que no escalan. “Mientras haya iniciativas aisladas, no se van a generar soluciones estructurales”, advirtió.

En su criterio, es el Estado el que debe marcar el rumbo y permitir que universidades, empresas y organizaciones se articulen a partir de una política común.

Aprovechamiento

Durán complementa esta idea desde el plano jurídico. Subraya que sin reglas claras sobre uso de datos, responsabilidad y protección de derechos, la inteligencia artificial se convierte en un terreno de incertidumbre. Bolivia, recuerda, no cuenta con una ley de protección de datos personales ni con una normativa robusta de acceso a la información. Esto no solo afecta a la ciudadanía, sino que también limita a las empresas que podrían desarrollar soluciones basadas en datos públicos.

Pese a este diagnóstico crítico, ambos coinciden en que la inteligencia artificial representa una oportunidad estratégica para el país. León destaca su potencial para mejorar la eficiencia del Estado, optimizar servicios públicos en salud, educación y transporte, y fortalecer la transparencia. En el ámbito productivo, señala que puede aumentar la competitividad al automatizar procesos, optimizar cadenas de suministro y facilitar decisiones basadas en datos.

Durán, por su parte, remarca que la IA puede generar impactos concretos en sectores clave como la agricultura, mediante el monitoreo inteligente de cultivos; la salud, a través del análisis de datos clínicos; y la educación, con servicios más personalizados y accesibles para las personas.

“Su aprovechamiento es crucial para el desarrollo, ya que podría mejorar la productividad y atraer innovación privada”, dijo.

En el mediano plazo, añadió, permitiría posicionar mejor a Bolivia en la economía digital global.

Sin embargo, ambos advirtieron que estos beneficios solo serán posibles si la IA se implementa desde una perspectiva ética, inclusiva y de derechos humanos. León alertó sobre los riesgos del uso indebido de estas tecnologías, como la generación de imágenes y videos falsos, la suplantación de identidades o la amplificación de desigualdades. “No tenemos políticas en temas de ciberseguridad, más allá de algunas políticas muy específicas de ciertos sectores, como el sector financiero, pero en general no tenemos una política nacional de ciberseguridad”, dijo.

Durán coincide y subraya la necesidad de regulaciones específicas en tratamiento de datos y ciberseguridad.

En cuanto a las soluciones, León insiste en que todo debe partir de una política pública integral de transformación digital. Esta debería definir cómo se incorpora la IA en el sistema educativo, cómo se actualizan las currículas, qué salvaguardas se adoptan y cómo se canalizan los recursos. Durán añade que esta estrategia debe incluir inversión en centros de datos, formación de talento humano desde la educación básica hasta el posgrado, apertura de datos públicos y alianzas entre universidades y empresas y otras iniciativas.

Talento humano y avances

Justamente, este es uno de los puntos más importantes para el estudio de la Cepal: el talento humano en desarrollo de IA.

Nuevamente, pese a que el país muestra un avance e incluso supera a otros países, todavía está lejos de Estados donde los estudios sobre esta nueva tecnología son una prioridad real. Sin embargo, el número de usuarios que utilizan inteligencia artificial generativa (ChatGPT, DeepSeek, Gemini, entre las más conocidas, aquellas que crean textos e imágenes) está en un aumento constante.

León recuerda que en la anterior Asamblea Legislativa dos proyectos de ley intentaron impulsar y normar el uso de la inteligencia artificial, pero no llegaron a ser tratados por el pleno. Además, la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) recién presentó su programa de digitalización, que contemplaba el uso de la IA, a finales de su gestión.

Mientras tanto, las nuevas autoridades no han tratado el tema de una tecnología tan importante como la inteligencia artificial. De hecho, el tema estuvo ausente durante toda la campaña electoral.

“Se espera que la actual Asamblea Legislativa Plurinacional tengo un rol activo respecto al desarrollo tecnológico de Bolivia”, afirmó Durán, pero, por ahora, ningún diputado o senador impulsa algún proyecto de ley relacionado con impulsar la IA.

Ambos expertos insisten en que Bolivia aún está a tiempo de subirse al tren de la inteligencia artificial, pero el margen se reduce. Sin decisiones políticas claras, inversión sostenida y marcos normativos modernos, el país corre el riesgo de quedar relegado como simple consumidor de tecnología extranjera, como ocurre con otros sectores donde hay dependencia.

Con una estrategia nacional bien diseñada, en cambio, la IA podría convertirse en una palanca para transitar de una economía basada en materias primas hacia una economía del conocimiento, pues se puede aprovechar esta tecnología como una herramienta aplicada, como sucede con Arien con su chatbot para guiar a emprendedores, y con MIA, para enseñar en diferentes niveles. Ambas iniciativas bolivianas podrían potenciarse si hay las condiciones.

Fuente: ATB

Índice de Libertad Humana 2025

Esta semana salió la última edición del índice de Libertad Humana, publicado por el Instituto Cato y el Instituto Fraser.

El Índice de Libertad Humana presenta el estado de la libertad humana en el mundo basándose en una amplia medida que abarca la libertad personal, civil y económica. La libertad humana es un concepto social que reconoce la dignidad de las personas y se define aquí como libertad negativa o ausencia de restricciones coercitivas. Dado que la libertad es intrínsecamente valiosa y desempeña un papel importante en el progreso humano, merece la pena medirla con cuidado. El Índice de Libertad Humana es un recurso que puede ayudar a observar de forma más objetiva las relaciones entre la libertad y otros fenómenos sociales y económicos, así como las formas en que las diversas dimensiones de la libertad interactúan entre sí.

El informe es una publicación conjunta del Instituto Cato y el Instituto Fraser.

El Índice de 2025

El Índice de Libertad Humana (ILH) presenta una medida amplia de la libertad humana, entendida como la ausencia de restricciones coercitivas. Este undécimo índice anual utiliza 87 indicadores distintos de libertad personal y económica en las siguientes áreas:

• Estado de derecho
• Seguridad y protección
• Movilidad
• Religión
• Asociación, reunión y sociedad civil
• Expresión e información
• Relaciones
• Tamaño del gobierno
• Sistema legal y derechos de propiedad
• Moneda sólida
• Libertad para comerciar internacionalmente
• Regulación

El HFI es el índice de libertad más completo creado hasta la fecha para un conjunto de países y jurisdicciones de importancia mundial, que representan el 98% de la población mundial. El HFI abarca 165 jurisdicciones para 2023, el año más reciente para el que se dispone de datos suficientes. El índice clasifica las jurisdicciones a lo largo de más de dos décadas, a partir del año 2000, el año más antiguo para el que se pudo elaborar un índice lo suficientemente sólido.

La libertad humana se deterioró gravemente a raíz de la pandemia de coronavirus y se mantuvo baja cuatro años después del brote de la enfermedad. La mayoría de los ámbitos de libertad registraron descensos, entre ellos descensos significativos y continuados en la libertad de expresión y la libertad de asociación y reunión, y descensos significativos en la libertad de movimiento y la solidez monetaria. Tras haber descendido significativamente en 2020 y aún más en 2021, la libertad humana global aumentó ligeramente en 2022, pero se mantuvo sin cambios en 2023 y seguía estando muy por debajo de su nivel anterior a la pandemia. En una escala de 0 a 10, en la que 10 representa una mayor libertad, la puntuación promedio de libertad humana de 165 jurisdicciones cayó de 6,97 en 2019 a 6,75 en 2020 y 6,72 en 2021, para luego aumentar a 6,81 en 2022 y mantenerse en ese nivel en 2023.

Los datos muestran que existe una distribución desigual de la libertad en el mundo, ya que solo el 13,8% de la población mundial vive en el cuartil superior de jurisdicciones del ILH y el 39,4% vive en el cuartil inferior.

Los países que ocuparon los 10 primeros puestos, por orden, fueron Suiza, Dinamarca, Nueva Zelanda, Irlanda, Luxemburgo, Estonia, Finlandia, Chequia, Países Bajos y Australia. Las jurisdicciones seleccionadas se clasifican de la siguiente manera: Canadá (12), Taiwán (14), Estados Unidos (15), Alemania (17), Japón y Reino Unido (empatados en el 19), Chile (25), Francia (33), Corea del Sur (35), Brasil (66), Sudáfrica (71), Argentina (81), Bolivia (87), México (91), India (110), Ucrania (119), Nigeria (123), Turquía (144), Arabia Saudita (148), China (149), Rusia (152), Venezuela (159) e Irán (164). De las diez regiones, las que tienen los niveles más altos de libertad son América del Norte (Canadá y Estados Unidos), Europa Occidental y Oceanía. Los niveles más bajos se encuentran en Oriente Medio y África del Norte, África subsahariana y Asia meridional. Las libertades específicas de las mujeres, medidas por cinco indicadores del índice, son más fuertes en América del Norte, Europa Occidental y Europa Oriental, y están menos protegidas en Oriente Medio y África del Norte, África Subsahariana y Asia Meridional.

Existe una fuerte relación entre la libertad y la renta per cápita media. Las jurisdicciones que se encuentran en el cuartil superior de libertad disfrutan de una renta per cápita media significativamente más alta (53.635 dólares) que las de otros cuartiles; la renta per cápita media en el cuartil menos libre es de 14.201 dólares. El ILH también encuentra una fuerte relación positiva entre la libertad humana y la democracia, y entre la libertad humana y una serie de indicadores de bienestar humano, entre los que se incluyen la tolerancia, las donaciones benéficas, la esperanza de vida y la salud medioambiental, entre otras medidas.

Las conclusiones del HFI sugieren que la libertad desempeña un papel importante en el bienestar humano y ofrecen oportunidades para seguir investigando las complejas formas en que la libertad influye y puede verse influida por los regímenes políticos, el desarrollo económico y toda la gama de indicadores del bienestar humano.

Fuente: El Cato

Sistema judicial de Bolivia, entre los peores de la región y del mundo

Bolivia se ubicó entre los países peor clasificados del mundo en el Índice de Estado de Derecho 2025 del Proyecto Mundial de Justicia (WJP), ocupando el puesto 131 de 143 naciones evaluadas. Este desempeño se debe a graves deficiencias en la independencia judicial, la corrupción y la falta de rendición de cuentas del gobierno.

El estudio consolidó la posición de Bolivia como uno de los países con mayores desafíos institucionales en América Latina, con una puntuación general de 0,37 sobre una escala de 0 a 1, situándose por debajo del promedio regional y mundial en los ocho factores evaluados por el WJP.

La corrupción es uno de los problemas más graves, donde el país obtuvo una baja puntuación de aproximadamente 0,23. El WJP constató que está generalizada y afecta a las instituciones judiciales, policiales y administrativas en diversos niveles del aparato estatal.

Además, el estudio advirtió sobre un marcado deterioro de la independencia judicial y la falta de control efectivo sobre el poder ejecutivo. El índice también constató que las instituciones responsables de supervisar el poder político presentan vulnerabilidades estructurales que limitan su capacidad para aplicar sanciones efectivas y garantizar la rendición de cuentas. Estas debilidades comprometen directamente el estado de derecho al limitar la capacidad de supervisión de los organismos diseñados para tal función.

Por otra parte, se detectaron deficiencias significativas en el acceso a la justicia y la protección de los derechos fundamentales, incluyendo deficiencias en el sistema de justicia penal, retrasos en los procesos judiciales y una extendida falta de confianza pública en los tribunales del país.

El desempeño de Bolivia se sitúa por debajo del de casi todos sus pares, obteniendo puntuaciones inferiores al promedio latinoamericano en prácticamente todos los indicadores. En contraste, líderes regionales como Uruguay, Chile y Costa Rica mantienen los niveles más altos de estado de derecho.

El informe WJP 2025 constituye una llamada de atención crucial para el gobierno y las instituciones estatales, enfatizando la urgente necesidad de reconstruir la confianza pública y fortalecer la gobernanza democrática.

Fuente: MercoPress

Bolivia registra el mayor crecimiento en el uso de billeteras móviles entre ocho países de la región

Los países donde se reporta un mayor uso de las billeteras móviles para realizar pagos son Argentina (55%), Panamá (49%) y Perú (48%), pero en Bolivia, el uso de este medio de pago pasó de 13% a 27% en el último año, siendo el incremento más grande entre los países evaluados, destaca uno de los resultados de la quinta edición del Índice de Inclusión Financiera 2025 (IIF), un estudio de Credicorp que mide desde 2021 los niveles de acceso, uso y calidad percibida del sistema financiero en ocho países de Latinoamérica. 

La presentación de este informe se realizó en el marco del III Encuentro Regional de Desarrollo, que se desarrolló este lunes 27 de octubre en Lima (Perú), evento al que fue invitado Economy, junto a otros medios de la región. 

El IIF señala que el uso de las billeteras digitales o aplicaciones de pago digital en Bolivia se ha triplicado entre 2021 y 2025. Revela que el 27% de los ciudadanos ya utiliza estas billeteras para realizar pagos y compras, una cifra superior al promedio regional (22%) y que también es el medio más utilizado para realizar transferencias (47%) superando a otras herramientas digitales como las aplicaciones de banca móvil (37%) o la banca por internet (12%). 

"Esto es muy importante, porque da cuenta de algo que no solamente tiene cada vez más demanda, sino de que la gente cada vez lo usa más de manera cotidiana, que es parte de su vida diaria. Además, permite tener mayor información para poder saber cómo más adaptar este producto y otros productos a la vida de los bolivianos", destacó Jorge Arrunátegui, Gerente de Sostenibilidad del Banco de Crédito del Perú BCP. 

La inclusión financiera y sus dimensiones

El Índice de Inclusión Financiera 2025 muestra que el país vuelve a caer en el último puesto en el ranking de inclusión financiera con 43 puntos, listado que es liderado por Argentina (57,3), Chile y Panamá (ver Cuadro 3). El informe señala que Bolivia muestra un crecimiento todavía lento, con respecto a los demás países de la región, lo cual muestra ser uno de los principales desafíos del sistema financiero nacional. 

Sin embargo, si tomamos en cuenta el periodo 2021-2025, Bolivia subió cuatro puntos de (de 39 a 43) en su nivel de inclusión financiera. 

En los últimos cinco años, Bolivia ha registrado un crecimiento en el acceso a servicios financieros, pasando de 39.3 a 46.1 puntos, impulsado principalmente por el mayor conocimiento y adopción de productos digitales como las billeteras móviles, así como por la reducción de la población sin productos de ahorro o crédito.

El uso también aumentó, de 21.1 a 25.6 puntos, gracias a la digitalización y a una mayor frecuencia de operaciones formales; mientras que la calidad percibida se mantuvo relativamente estable, cerrando en 57.4 puntos, con avances en la percepción de utilidad de los medios digitales.

“El Índice de Inclusión Financiera nos permite ver cómo la digitalización está transformando la forma en que los latinoamericanos acceden y utilizan los servicios financieros. La tendencia es clara: cada año más personas incorporan herramientas digitales a su vida financiera”, afirmó Christian Hausherr, CEO del BCP Bolivia.

Acceso elevado a productos financieros

Arrunátegui también indicó que en Bolivia, solamente el 9% de los encuestados manifestó que no tenían ningún producto o servicio financiero. "Eso está por encima incluso del registro de la región. Para ponerlo en términos positivos, el 92% de los bolivianos y bolivianas tienen acceso, por lo menos, a un producto o servicio financiero", destacó, al agregar que el promedio de la región de los países encuestados es 87%.

Además, el 46% de la población de Bolivia posee una cuenta de ahorros o tarjeta de débito. Esto constituye en una base sólida para el avance de la bancarización; y pone a Bolivia por encima de Colombia (38%) y cerca de Perú (47%). En términos de comparación regional, si bien Bolivia aún presenta oportunidades de expansión en cuanto al acceso a tarjetas de crédito (14%), la fortaleza está en la rápida adopción de canales digitales, que ya compiten en importancia con los productos financieros tradicionales.

Para la construcción del IIF 2025 fueron entrevistados, en mayo de este año, 13.455 habitantes de los países de Colombia, Chile, Bolivia, Panamá, Argentina, Ecuador y México. 

Fuente: Economy

CEPAL publica el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2025

En su tercera edición, el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA 2025) revela un retrato actualizado del estado del ecosistema de IA en 19 países de América Latina y el Caribe, midiendo avances y brechas en infraestructura, talento, políticas, adopción e innovación. El informe fue presentado por la CEPAL junto con instituciones clave regionales y consolida una herramienta estratégica para orientar políticas públicas, inversión privada y cooperación regional.

Este índice se estructura en tres dimensiones esenciales:

• Factores Habilitantes: infraestructura digital, datos y talento humano
• Investigación, Desarrollo y Adopción: producción académica, innovación, uso empresarial
• Gobernanza: políticas, ética, regulación e inclusión social

Principales Hallazgos

Liderazgo relativo y heterogeneidad regional

Chile encabeza el ranking latinoamericano con 70,5 puntos, seguido por Brasil (67,3) y Uruguay (62,3); estos países integran la categoría de “pioneros”. En el grupo de “adoptantes” aparecen naciones como Colombia, México, Costa Rica, Argentina y Perú, mientras que Bolivia, junto a Guatemala, Honduras y Venezuela, figura entre los “exploradores”, con retos significativos en infraestructura, talento y gobernanza.

Expansión del ecosistema académico

La comunidad de investigación en IA creció notablemente: de 20.082 investigadores en la edición anterior a 23.191 en esta versión. El número de autores que publican de forma consistente en IA también aumentó de 3.356 a 3.446.

La producción de software, patentes y proyectos de código abierto se consolidan como ejes de innovación regional, y las naciones con mejor desempeño muestran un crecimiento destacado en esos subindicadores.

Brechas urgentes en infraestructura y capacidad de cómputo

Brasil concentra más del 90 % de la capacidad de cómputo de la región, superando en 17 veces al país con menor potencia medida en teraflops por segundo. Más de la mitad de los países aún carecen de infraestructura de alto rendimiento (GPU, centros de datos avanzados).

En cuanto al despliegue de IA generativa, algunas naciones como Chile, Perú, Uruguay, Panamá y República Dominicana destacan por su uso acelerado, lo que sugiere que la adopción de herramientas accesibles puede ser un punto de partida para acortar distancias en el ecosistema regional.

Gobernanza, datos y transparencia: el talón de Aquiles

Aunque América Latina produce grandes volúmenes de datos públicos, privados y sociales, el acceso y la apertura de esos datos para el desarrollo de IA están lejos de ser homogéneos. Esa disparidad limita la transparencia, la equidad en políticas algorítmicas y el progreso de la ciencia abierta.

Muchas naciones aún no integran formación en IA en currículos escolares tempranos (13 de 19) ni ofrecen programas de doctorado en IA (11 de 19), lo que debilita la acumulación de talento local.

La gobernanza también enfrenta desafíos críticos: equilibrar la regulación responsable con la promoción de innovación, mitigar sesgos algorítmicos, garantizar rendición de cuentas e inclusión social.

Auge de la IA generativa en América Latina

Las descargas de aplicaciones basadas en IA generativa en la región superaron los 280 millones en el primer semestre de 2025, acompañadas de un crecimiento notable en monetización y uso intensivo. Este fenómeno marca un punto de inflexión en la adopción masiva de IA en el día a día de ciudadanos.

Oportunidades para América Latina

• El software libre permite construir soluciones locales con menor costo de licencias y fortalecer comunidades colaborativas de desarrolladores.
• Herramientas accesibles actúan como catalizadoras: democratizan el acceso, fomentan la experimentación y ayudan a cerrar la brecha con países más avanzados.
• Incentivar programas educativos desde la escuela básica hasta el posgrado, apoyar la retención de profesionales especializados y promover la formación continua.
• Crear legislación, estándares éticos y mecanismos de supervisión que garanticen el uso responsable sin asfixiar la innovación.
• Unir esfuerzos entre países puede facilitar el acceso compartido a infraestructura, datos, recursos e inversión en IA.

El ILIA 2025 ofrece una radiografía clara: América Latina juega una partida clave en la carrera global de la inteligencia artificial. La región tiene talento, creatividad y datos, pero necesita visión estratégica, inversión focalizada y voluntad política para convertir ese potencial en transformación real.

Descarga de documentos

Descarga el informe completo del Índice Latinoamericano de IA 2025 aquí

Fuente: Bolivia Emprende

Atlantic Council alerta sobre el retroceso del Estado de Derecho en el mundo

Atlantic Council lanzó una advertencia clara: el Estado de Derecho es el principal motor de la prosperidad y el bienestar social a largo plazo. Un análisis que abarca tres décadas y comprende datos globales muestra que el deterioro de este pilar amenaza el desarrollo económico y social en todas las regiones, incluso en democracias establecidas. El informe, divulgado en el trigésimo aniversario del Índice de Libertad y Prosperidad, destaca que la erosión del Estado de derecho afecta tanto a los países avanzados como a los emergentes, y que revertir esta tendencia demanda reformas coordinadas y una inversión significativa en la capacidad judicial.

El estudio de Atlantic Council, a través de su Freedom and Prosperity Center, emplea el Índice de Libertad y Prosperidad, una herramienta que evalúa la calidad institucional de 164 países desde 1995 hasta 2024. El análisis se fundamenta en tres dimensiones: política, legal y económica. El componente político analiza el acceso y la limitación de la autoridad ejecutiva; el legal, la sujeción a la ley, incluida la independencia judicial; y el económico, en qué medida los mercados, y no el Estado, asignan los recursos. Esta estructura convierte la complejidad institucional en componentes medibles y comparables, permitiendo observar cómo cada dimensión incide en el desarrollo y la prosperidad nacional.

Estado de derecho y prosperidad: evidencia y casos comparativos

Los datos recolectados por Atlantic Council son concluyentes: el Estado de derecho es el factor institucional que más impacta en la prosperidad. Su influencia supera a la de la libertad política y económica tanto en el crecimiento del ingreso, como en la esperanza de vida y la protección de las minorías. Un sistema donde la ley es clara, predecible y aplicada de forma uniforme favorece la inversión, la innovación y el crecimiento sostenido. Más allá de impulsar el desarrollo económico, el Estado de derecho facilita reformas políticas y de mercado, al proporcionar la base para la gobernanza democrática y la apertura económica.

El informe resalta casos concretos. Rwanda y Nigeria, con niveles institucionales similares en 1995, siguieron caminos muy distintos. Rwanda optó por la estabilidad, la legalidad y la liberalización económica, obteniendo avances notorios en prosperidad y un aumento de 19 puntos en el Índice de Prosperidad en tres décadas. Sin embargo, la falta de una democratización plena podría limitar su potencial a futuro. Nigeria, en cambio, apostó por la liberalización política tras el fin de la dictadura militar en 1999, pero no logró fortalecer las instituciones legales y económicas. El progreso en libertad política fue notable, pero la persistencia de la corrupción, la inseguridad y la debilidad institucional redujo su desarrollo, con un aumento de casi 13 puntos en el mismo periodo.

Chile ofrece otro ángulo sobre la resiliencia y vulnerabilidad institucional. Entre 2019 y 2022, el país afrontó protestas sociales que provocaron una baja significativa en el indicador de “claridad de la ley”, reflejando incertidumbre entre la ciudadanía frente a normas y medidas de emergencia. Ante esto, Chile emprendió una reforma constitucional y promulgó en 2023 una nueva Ley de Delitos Económicos, que potenció la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Aunque las reformas constitucionales fueron rechazadas en referendos, el proceso amplió la participación ciudadana y el debate sobre el Estado de derecho. Estas medidas permitieron una recuperación parcial en los indicadores legales, demostrando que la movilización social y las reformas bien orientadas pueden revertir el deterioro institucional, a pesar de la gradualidad y los desafíos de polarización política.

Deterioro global del estado de derecho y recomendaciones

Pese a avances en algunos países, el informe de Atlantic Council alerta sobre el retroceso global del Estado de derecho durante los últimos once años, llegando hasta su punto más bajo en casi dos décadas. Esta erosión afecta varios componentes legales así como claridad de la ley, independencia judicial, seguridad, informalidad, burocracia y corrupción, siendo la “claridad de la ley” la dimensión más dañada. Los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), han registrado las caídas más abruptas, con descensos de 6,6 puntos en promedio. Dentro del grupo, lideran los retrocesos Reino Unido (-18,20), Corea del Sur (-18), Canadá (-17,70), México (-16,80) y Francia (-14,60). Entre los países fuera de la OCDE, Nicaragua (-35,60), Afganistán (-33,50), El Salvador (-26,30), Myanmar (-24,60) y Benín (-24,50) muestran los descensos más drásticos.

La “claridad de la ley” mide la coherencia, la publicidad y la aplicación predecible de las normas legales. Cuando esta dimensión se debilita, los sistemas jurídicos pierden consistencia y las leyes se aplican de modo desigual, lo que genera incertidumbre y disminuye la confianza en las instituciones. El impacto, además, desalienta la inversión, restringe el emprendimiento y amplía el margen para la corrupción y la informalidad. Según Atlantic Council, la erosión de la confianza en el Estado de derecho debilita la eficacia de las reformas políticas y económicas, limita el desarrollo y reduce las posibilidades de prosperidad compartida.

Frente a este diagnóstico, Atlantic Council presenta una serie de recomendaciones para gobiernos, donantes y sector privado. Exhorta a los gobiernos a convertir la reforma del Estado de derecho en prioridad estratégica, enfocándose en la claridad legal, la igualdad ante la ley y la independencia judicial. Recomienda invertir en la capacidad de los sistemas judiciales, combatir la corrupción y la informalidad mediante políticas como la digitalización y la simplificación de trámites, y fortalecer la legitimidad institucional a través de mayor rendición de cuentas y participación ciudadana. A donantes y organismos financieros internacionales, les sugiere condicionar la ayuda a mejoras objetivas en la efectividad judicial, así como apoyar a la sociedad civil y a medios independientes. Para el sector privado, plantea la importancia de la transparencia en los contratos, la cooperación en buenas prácticas regulatorias y la defensa de marcos legales estables y predecibles.

En su conclusión, Atlantic Council sostiene que la prosperidad sostenible requiere algo más que ajustes técnicos o reformas aisladas. Es imprescindible un esfuerzo estratégico y coordinado para fortalecer los tres pilares institucionales —político, legal y económico—, otorgando especial protagonismo al poder habilitador del Estado de derecho. Aprovechar la experiencia acumulada en treinta años de datos y casos nacionales permitirá a responsables de políticas y actores sociales priorizar las intervenciones más eficaces y construir resiliencia frente a futuras crisis.

En definitiva, el informe afirma que la libertad, en sus dimensiones política, legal y económica, constituye no solo un valor ético, sino también el camino más efectivo y pragmático hacia la prosperidad colectiva.

Fuente: Infobae

Bolivia, el país más corrupto de América Latina

Bolivia ha sido ubicada como el país más corrupto de América Latina y el segundo con peor desempeño a nivel global en materia de corrupción, de acuerdo con el informe 2024 del World Justice Project (WJP), una organización internacional que evalúa el estado de derecho en 142 países.

El índice de “Ausencia de corrupción” elaborado por el WJP mide la percepción y experiencia de corrupción en cuatro ámbitos clave: el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Legislativo y las fuerzas de seguridad (Policía y Fuerzas Armadas). En todos ellos, Bolivia registra puntajes alarmantemente bajos.

El país se ubica en el puesto 141 de 142, superando únicamente a la República Democrática del Congo. El informe revela que el Poder Judicial boliviano es el que presenta el mayor nivel de corrupción, con un puesto 140, seguido por la Policía y las Fuerzas Armadas (137), el Ejecutivo (131) y el Legislativo (120).

A nivel regional, Bolivia ocupa el puesto 29 entre 32 países de América Latina, solo por encima de Nicaragua, Haití y Venezuela, los tres últimos del ranking.

Además, el informe muestra un deterioro sostenido en el Estado de derecho en Bolivia. El puntaje global del país cayó de 0,41 en 2015 a 0,24 en 2024, ubicándose en el lugar 131 de 142 en el índice general del WJP.

En contraste, países como Uruguay (puesto 23) y Chile (29) se mantienen como los mejores evaluados de la región. En el otro extremo, México (135), Paraguay (128), Perú (118) y Brasil (77) también muestran desempeños deficientes.

A nivel mundial, los países que lideran el ranking con los niveles más bajos de corrupción percibida son Dinamarca, Noruega y Singapur, mientras que Bolivia comparte las últimas posiciones con Estados en situación de fragilidad institucional.

El WJP utiliza encuestas a ciudadanos y expertos para medir el cumplimiento de normas, la transparencia, la imparcialidad de las instituciones y el respeto por los derechos fundamentales.

El informe de 2024 pone en evidencia las debilidades estructurales del sistema boliviano, especialmente en la independencia judicial y el uso indebido del poder público, y plantea un llamado urgente a las autoridades para fortalecer las instituciones, promover la transparencia y restaurar la confianza ciudadana.

Fuente: Asuntos Centrales

El Índice Simon de Abundancia 2025

El Índice Simon de Abundancia (ISA) mide la relación entre la abundancia de recursos y la población. Convierte en un único valor la abundancia per cápita de 50 productos básicos y el tamaño de la población mundial. El índice comenzó en 1980 con un valor base de 100. En 2024, el IAS se situó en 618,4, lo que indica que los recursos se han vuelto un 518,4 por ciento más abundantes en los últimos 44 años. Los 50 productos básicos del conjunto de datos eran más abundantes en 2024 que en 1980. La abundancia mundial de recursos aumentó a una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,22%, es decir, se duplicó cada 17 años.

El ISA se basa en las ideas de Julian Simon, economista de la Universidad de Maryland y académico del Instituto Cato, pionero en la investigación y el análisis de la relación entre el crecimiento de la población y la abundancia de recursos. Si los recursos fueran realmente finitos, como cree mucha gente, se esperaría que un aumento de la población provocara escasez y precios más altos. Sin embargo, como descubrió Simon a través de una investigación exhaustiva que duró décadas, ocurría lo contrario. A medida que aumentaba la población mundial, los recursos tendían a ser más abundantes.

¿Cómo es posible? Simon reconoció que los átomos, sin conocimiento, no tienen valor económico. El conocimiento transforma los átomos en recursos, y la oferta de conocimientos por descubrir es ilimitada. También comprendió que sólo los seres humanos pueden descubrir y crear nuevos conocimientos. Por lo tanto, los recursos pueden ser efectivamente infinitos, y los seres humanos son el recurso por excelencia.

Veamos un ejemplo. Antes del siglo XIX, la agricultura dependía en gran medida del estiércol para la fertilización, lo que limitaba el rendimiento de los cultivos debido a su bajo contenido en nitrógeno. A medida que la población crecía, los agricultores buscaban alternativas más potentes. A principios del siglo XIX, se descubrió el guano –excrementos de aves ricos en nitrógeno, fósforo y potasio– en unas islas de la costa peruana. Su extraordinaria eficacia dio lugar a un auge mundial del comercio de guano, que impulsó la agricultura industrial en Europa y América. A finales del siglo XIX, sin embargo, las reservas empezaron a disminuir.

El gran avance llegó a principios del siglo XX con el proceso Haber-Bosch, desarrollado por los químicos alemanes Fritz Haber y Carl Bosch. Este método permitió la fijación sintética del nitrógeno atmosférico en amoníaco, produciendo fertilizantes a escala industrial. Desvinculó la producción de alimentos de las fuentes naturales de nitrógeno, revolucionando la agricultura y permitiendo la rápida expansión de la población mundial. Se calcula que sin fertilizantes sintéticos, la producción alimentaria del planeta sólo podría mantener a 4.000 millones de personas en lugar de a 8.000 millones.

El ISA utiliza los "precios en el tiempo" para medir los cambios en la abundancia relativa. Los precios en tiempo indican cuánto tiempo hay que trabajar para ganar el dinero suficiente para comprar algo. Si este año trabaja menos tiempo que el año pasado para poder comprar algo, su nivel de vida está aumentando. Los precios en el tiempo son una forma sencilla e intuitiva de comparar el costo real de las cosas.

Los precios en el tiempo de los distintos productos básicos disminuyeron, por término medio, un 70,4% entre 1980 y 2024, oscilando entre el -2,9% de las naranjas y el -85,2% del cordero. Eso significa que el habitante medio del planeta vio aumentar su abundancia personal de recursos en un 238,1 por ciento, desde el 2,9 por ciento de las naranjas hasta el 573,6 por ciento del cordero. Dicho de otro modo, el mismo tiempo de trabajo que permitió al habitante medio del planeta comprar 1 unidad de nuestra cesta de 50 productos básicos en 1980 le permitió comprar 3,381 unidades en 2024.

Sigamos con nuestro ejemplo de los fertilizantes: desde 1980, el precio en tiempo del fertilizante ha bajado un 56,4%. El mismo tiempo de trabajo que permitía al habitante medio del planeta comprar 1 unidad de fertilizante en 1980 le permitía comprar 2,2 unidades en 2024, un aumento del 120 por ciento.

Por último, el ISA se calcula multiplicando la abundancia de recursos personales por el tamaño de la población. Como se ha señalado, entre 1980 y 2024, la abundancia de recursos personales aumentó un 238,1%. Durante este mismo periodo, la población mundial aumentó un 82,9%, pasando de 4.444 millones a 8.126 millones. La ecuación pertinente es:

ISA = (1 + cambio porcentual en la población) x (1 + cambio porcentual en la abundancia de recursos personales) x 100

ISA = 1,829 x 3,381 x 100

ISA = 618,4

Cambios en los recursos personales de 2023 a 2024

El ISA aumentó un 1,48 por ciento, de 609,4 en 2023 a 618,4 en 2024. Durante ese periodo, 30 de los 50 productos del conjunto de datos se hicieron más abundantes, mientras que 20 se hicieron menos abundantes. El cambio anual en la abundancia osciló entre un aumento del 68,9% para el carbón y un descenso del 53,7% para el cacao.

Naranjas

La abundancia de naranjas no ha cambiado mucho desde 1980. El precio en tiempo más bajo registrado para las naranjas se produjo en 2019, cuando se podían obtener 3,64 naranjas por el precio en tiempo de 1 naranja en 1980. Sin embargo, incluso con el reciente repunte del precio nominal, el precio en tiempo de las naranjas ha estado disminuyendo a una tasa promedio del 1,56 por ciento anual.

Julian Simon señaló que los picos de precios a corto plazo son esperables debido a las condiciones temporales del mercado. También señaló que estos precios más altos crean incentivos para que la gente se centre en descubrir nuevos conocimientos que hagan que ese producto específico sea más abundante a largo plazo.

Estos nuevos conocimientos acaban por traducirse en precios aún más bajos. Esto se puede ver en el gráfico de las naranjas, ya que la tendencia subyacente apunta a precios más bajos y a una mayor abundancia a largo plazo. Debido a ese factor y a la línea de tendencia de 44 años, podemos esperar que el precio en tiempo de las naranjas sea probablemente más bajo en 2025. El tiempo lo dirá.

Conclusión

El ISA comenzó a recuperarse en 2023 de los efectos de las políticas de bloqueo del gobierno relacionadas con COVID-19 y la expansión monetaria. A pesar de los desastres naturales, la agitación política y las guerras desde 1980, la abundancia de recursos ha seguido aumentando más de seis veces más rápido que el crecimiento de la población, un fenómeno que llamamos "superabundancia".

Siguiendo con nuestro ejemplo de los fertilizantes: la abundancia de fertilizantes ha crecido a una tasa anual compuesta del 1,81%. La población mundial creció un 1,38% al año. Por tanto, podemos decir que el fertilizante, al crecer un 31% más rápido que la población, es superabundante.

Exploramos estos temas en nuestro libro Superabundancia: La historia del crecimiento demográfico, la innovación y el florecimiento humano en un planeta infinitamente pródigo.

Información adicional: Por qué el tiempo es mejor que el dinero para medir la abundancia de recursos

Para comprender mejor los cambios en nuestro nivel de vida, debemos pasar de pensar en términos de cantidades a pensar en términos de precios. Aunque la cantidad de un recurso es importante, los economistas se centran en los precios porque éstos contienen más información. Los precios indican si un producto es más o menos abundante. Sin embargo, la inflación puede distorsionar los precios. Para evitarlo, los economistas suelen convertir los precios nominales actuales en precios reales o constantes, un proceso que puede ser subjetivo y polémico.

Para superar estas dificultades, podemos utilizar los precios en tiempo. La consideración más importante desde la perspectiva de un consumidor individual es cuánto tiempo se tarda en ganar el dinero necesario para comprar un producto. El precio en tiempo es simplemente el precio del dinero dividido por los ingresos por hora. Mientras que los precios monetarios se expresan en dólares y céntimos, los precios en tiempo se expresan en horas y minutos. Hay al menos siete razones por las que el tiempo es una herramienta de medición mejor que el dinero:

• Los precios en tiempo contienen más información que los precios del dinero: Dado que la innovación tiende a bajar los precios y a aumentar los salarios, los precios en tiempo captan mejor los beneficios de los nuevos conocimientos y el crecimiento del capital humano. Mirar sólo los precios sin tener en cuenta los salarios sólo cuenta la mitad de la historia. Los precios en tiempo ofrecen una visión más clara del panorama económico completo.
• Los precios en tiempo evitan las complicaciones de los ajustes por inflación: los precios en tiempo superan todas las complicaciones asociadas al intento de convertir los precios nominales en precios reales. Los precios en tiempo evitan los ajustes subjetivos y controvertidos, como el Índice de Precios de Consumo (IPC), el deflactor del PIB o deflactor implícito de precios (IPD), el Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal (PCE) y la paridad del poder adquisitivo (PPA). Los precios en tiempo se basan únicamente en los precios nominales y los ingresos nominales por hora en cada momento.
• Los precios en tiempo son de aplicación universal: Los precios en tiempo pueden calcularse sobre cualquier producto con cualquier moneda, en cualquier momento y desde cualquier lugar. Esto significa que se puede comparar el precio horario de las naranjas en Francia en 1850 con el precio horario de las naranjas en Nueva York en 2024. Los investigadores también pueden elegir entre varias medidas de ingresos por hora como denominador.
• El tiempo es una constante objetiva y universal : como ha señalado el economista estadounidense George Gilder, el Sistema Internacional de Unidades (SI) ha establecido siete métricas clave, de las cuales seis están delimitadas de un modo u otro por el paso del tiempo. Como único elemento irreversible del universo, con la direccionalidad que le confiere la entropía termodinámica, el tiempo es el marco de referencia último de todos los valores medidos.
• El tiempo no puede inflarse ni falsificarse: El tiempo es fijo y continuo.
• Debemos medir la desigualdad de tiempo, no la de ingresos: Puesto que todo el mundo tiene exactamente 24 horas al día, el examen de las diferencias en la forma en que se emplea el tiempo ofrece una perspectiva más significativa de los niveles de vida que la mera comparación de los ingresos. Este enfoque ofrece una imagen menos negativa –y quizá más precisa– de la desigualdad.
• El tiempo no se puede comprar ni vender: Si pudiera, los ricos nunca morirían.

Estas siete razones hacen que los precios en tiempo sean superiores a los precios del dinero a la hora de medir la abundancia de recursos. Los precios en tiempo son elegantes, intuitivos y sencillos. Representan el verdadero costo que pagamos por las cosas que compramos. Los precios en tiempo son los verdaderos precios.

Fuente: El Cato

Bolivia, entre las economías más reprimidas de América según el Índice de Libertad Económica 2025

Bolivia se mantiene entre los países con menor libertad económica en América, según el Índice de Libertad Económica 2025, publicado por The Heritage Foundation. Con una puntuación de 44,1 puntos, el país se posiciona en el puesto 30 de 32 dentro del continente y 164 de 176 a nivel global.

Aunque experimentó un leve aumento de 0,6 puntos respecto al año pasado, continúa dentro de la categoría de economías reprimidas, debido a múltiples factores que afectan el clima de inversión y la estabilidad macroeconómica.

Fernando Romero, presidente del Colegio de Economistas de Tarija, analizó el informe y destacó que la calificación de Bolivia sigue estando por debajo del promedio mundial de 59,7 puntos y del promedio regional de 59,4 puntos.

En la región, los países con mayor libertad económica son Canadá (75,5 puntos), Chile (73,2) y Estados Unidos (70,2), mientras que en el otro extremo se encuentran Cuba (25,4), Venezuela (27,4) y Bolivia (44,1), lo que posiciona al país como una de las economías con mayores restricciones en América.

Un retroceso de 27 años en libertad económica

Romero advierte que la libertad económica en Bolivia ha caído de manera sostenida durante los últimos 27 años. En 1998, el país alcanzó su mayor puntaje histórico con 68,8 puntos, lo que lo posicionaba como una de las economías más libres de la región. Sin embargo, desde el año 2000, con la implementación de modelos de corte socialista, la economía boliviana comenzó un proceso de deterioro en sus niveles de apertura y libertad.

“Aunque el informe refleja que los gobiernos socialistas han reducido la libertad económica en Bolivia, también es cierto que otros países con modelos similares han logrado mantener cierto grado de equilibrio. Países como Uruguay, Costa Rica y Argentina han diferenciado ideología de pragmatismo económico, evitando un colapso en sus índices de inversión y competitividad", explicó el economista.

Factores que limitan la libertad económica en Bolivia

El informe identifica varios factores que obstaculizan la libertad económica del país. Entre ellos, Romero destaca:

• Sistema judicial vulnerable a injerencias políticas: La falta de independencia del poder judicial y la existencia de normas que favorecen la discrecionalidad del Estado afectan la seguridad jurídica y desincentivan la inversión.
• Corrupción y debilidad del Estado de derecho: La ineficiencia en la administración pública y los constantes casos de corrupción afectan la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros.
• Presencia estatal en la actividad económica: El creciente rol del Estado en sectores estratégicos ha reducido la participación del sector privado, dificultando la competitividad y el desarrollo empresarial.
• Código laboral anticuado y restrictivo: Bolivia mantiene un marco regulatorio rígido que dificulta la contratación y retención de talento, afectando la productividad y la creación de empleo formal.
• Controles de precios y tipo de cambio fijo: La fijación de precios en productos básicos como el maíz, el azúcar y el pan ha generado distorsiones en el mercado, mientras que el tipo de cambio fijo ha afectado la disponibilidad de dólares en la economía.

Indicadores clave del informe

Bolivia obtuvo puntajes negativos en varios indicadores clave del índice:

• Derechos de propiedad: 19,9 puntos
• Libertad de inversión: 15 puntos
• Salud fiscal: 4,4 puntos

Estos resultados reflejan la falta de garantías para la inversión privada y la debilidad del sistema financiero.

No obstante, el país obtuvo un puntaje alto en carga fiscal (88,8 puntos), lo que indica que el sistema tributario sigue siendo una fuente importante de ingresos para el Estado. Además, el índice destaca que Bolivia tiene una relativa libertad monetaria (70,6 puntos), aunque esto se contradice con la escasez de dólares y las restricciones al sistema bancario en la actualidad.

Un desafío para el próximo Gobierno

El informe concluye que la economía boliviana enfrenta grandes desafíos para mejorar su libertad económica y atraer inversiones. La falta de estabilidad política, los conflictos sociales recurrentes y la falta de incentivos para el sector privado han debilitado la competitividad del país en el contexto regional.

Para revertir esta situación, se sugiere reformas estructurales en el ámbito laboral, financiero y tributario, así como una mayor seguridad jurídica para atraer capital extranjero. Romero enfatiza que modernizar el sistema judicial, flexibilizar la normativa empresarial y abrir sectores estratégicos a la inversión privada serán claves para mejorar la posición del país en futuros índices de libertad económica.

“El próximo Gobierno tendrá la tarea de implementar cambios significativos para recuperar la confianza en la economía boliviana y generar condiciones más favorables para el desarrollo empresarial y la inversión. Sin estos ajustes, Bolivia seguirá perdiendo competitividad en la región y alejando las oportunidades de crecimiento", concluyó Romero.

Fuente: Economy