Atlantic Council lanzó una advertencia clara: el Estado de Derecho es el principal motor de la prosperidad y el bienestar social a largo plazo. Un análisis que abarca tres décadas y comprende datos globales muestra que el deterioro de este pilar amenaza el desarrollo económico y social en todas las regiones, incluso en democracias establecidas. El informe, divulgado en el trigésimo aniversario del Índice de Libertad y Prosperidad, destaca que la erosión del Estado de derecho afecta tanto a los países avanzados como a los emergentes, y que revertir esta tendencia demanda reformas coordinadas y una inversión significativa en la capacidad judicial.
El estudio de Atlantic Council, a través de su Freedom and Prosperity Center, emplea el Índice de Libertad y Prosperidad, una herramienta que evalúa la calidad institucional de 164 países desde 1995 hasta 2024. El análisis se fundamenta en tres dimensiones: política, legal y económica. El componente político analiza el acceso y la limitación de la autoridad ejecutiva; el legal, la sujeción a la ley, incluida la independencia judicial; y el económico, en qué medida los mercados, y no el Estado, asignan los recursos. Esta estructura convierte la complejidad institucional en componentes medibles y comparables, permitiendo observar cómo cada dimensión incide en el desarrollo y la prosperidad nacional.
Estado de derecho y prosperidad: evidencia y casos comparativos
Los datos recolectados por Atlantic Council son concluyentes: el Estado de derecho es el factor institucional que más impacta en la prosperidad. Su influencia supera a la de la libertad política y económica tanto en el crecimiento del ingreso, como en la esperanza de vida y la protección de las minorías. Un sistema donde la ley es clara, predecible y aplicada de forma uniforme favorece la inversión, la innovación y el crecimiento sostenido. Más allá de impulsar el desarrollo económico, el Estado de derecho facilita reformas políticas y de mercado, al proporcionar la base para la gobernanza democrática y la apertura económica.
El informe resalta casos concretos. Rwanda y Nigeria, con niveles institucionales similares en 1995, siguieron caminos muy distintos. Rwanda optó por la estabilidad, la legalidad y la liberalización económica, obteniendo avances notorios en prosperidad y un aumento de 19 puntos en el Índice de Prosperidad en tres décadas. Sin embargo, la falta de una democratización plena podría limitar su potencial a futuro. Nigeria, en cambio, apostó por la liberalización política tras el fin de la dictadura militar en 1999, pero no logró fortalecer las instituciones legales y económicas. El progreso en libertad política fue notable, pero la persistencia de la corrupción, la inseguridad y la debilidad institucional redujo su desarrollo, con un aumento de casi 13 puntos en el mismo periodo.
Chile ofrece otro ángulo sobre la resiliencia y vulnerabilidad institucional. Entre 2019 y 2022, el país afrontó protestas sociales que provocaron una baja significativa en el indicador de “claridad de la ley”, reflejando incertidumbre entre la ciudadanía frente a normas y medidas de emergencia. Ante esto, Chile emprendió una reforma constitucional y promulgó en 2023 una nueva Ley de Delitos Económicos, que potenció la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Aunque las reformas constitucionales fueron rechazadas en referendos, el proceso amplió la participación ciudadana y el debate sobre el Estado de derecho. Estas medidas permitieron una recuperación parcial en los indicadores legales, demostrando que la movilización social y las reformas bien orientadas pueden revertir el deterioro institucional, a pesar de la gradualidad y los desafíos de polarización política.
Deterioro global del estado de derecho y recomendaciones
Pese a avances en algunos países, el informe de Atlantic Council alerta sobre el retroceso global del Estado de derecho durante los últimos once años, llegando hasta su punto más bajo en casi dos décadas. Esta erosión afecta varios componentes legales así como claridad de la ley, independencia judicial, seguridad, informalidad, burocracia y corrupción, siendo la “claridad de la ley” la dimensión más dañada. Los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), han registrado las caídas más abruptas, con descensos de 6,6 puntos en promedio. Dentro del grupo, lideran los retrocesos Reino Unido (-18,20), Corea del Sur (-18), Canadá (-17,70), México (-16,80) y Francia (-14,60). Entre los países fuera de la OCDE, Nicaragua (-35,60), Afganistán (-33,50), El Salvador (-26,30), Myanmar (-24,60) y Benín (-24,50) muestran los descensos más drásticos.
La “claridad de la ley” mide la coherencia, la publicidad y la aplicación predecible de las normas legales. Cuando esta dimensión se debilita, los sistemas jurídicos pierden consistencia y las leyes se aplican de modo desigual, lo que genera incertidumbre y disminuye la confianza en las instituciones. El impacto, además, desalienta la inversión, restringe el emprendimiento y amplía el margen para la corrupción y la informalidad. Según Atlantic Council, la erosión de la confianza en el Estado de derecho debilita la eficacia de las reformas políticas y económicas, limita el desarrollo y reduce las posibilidades de prosperidad compartida.
Frente a este diagnóstico, Atlantic Council presenta una serie de recomendaciones para gobiernos, donantes y sector privado. Exhorta a los gobiernos a convertir la reforma del Estado de derecho en prioridad estratégica, enfocándose en la claridad legal, la igualdad ante la ley y la independencia judicial. Recomienda invertir en la capacidad de los sistemas judiciales, combatir la corrupción y la informalidad mediante políticas como la digitalización y la simplificación de trámites, y fortalecer la legitimidad institucional a través de mayor rendición de cuentas y participación ciudadana. A donantes y organismos financieros internacionales, les sugiere condicionar la ayuda a mejoras objetivas en la efectividad judicial, así como apoyar a la sociedad civil y a medios independientes. Para el sector privado, plantea la importancia de la transparencia en los contratos, la cooperación en buenas prácticas regulatorias y la defensa de marcos legales estables y predecibles.
En su conclusión, Atlantic Council sostiene que la prosperidad sostenible requiere algo más que ajustes técnicos o reformas aisladas. Es imprescindible un esfuerzo estratégico y coordinado para fortalecer los tres pilares institucionales —político, legal y económico—, otorgando especial protagonismo al poder habilitador del Estado de derecho. Aprovechar la experiencia acumulada en treinta años de datos y casos nacionales permitirá a responsables de políticas y actores sociales priorizar las intervenciones más eficaces y construir resiliencia frente a futuras crisis.
En definitiva, el informe afirma que la libertad, en sus dimensiones política, legal y económica, constituye no solo un valor ético, sino también el camino más efectivo y pragmático hacia la prosperidad colectiva.
Fuente: Infobae
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