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sábado, 4 de julio de 2026

250 años de la Declaración de Independencia de Estados Unidos: fruto de Occidente


El 4 de julio de 2026 se cumplen 250 años de un documento que cambió la historia de la humanidad más que casi ningún otro: la Declaración de Independencia de Estados Unidos. La conmemoración, previsiblemente, se va a quedar corta. Se hablará de fuegos artificiales, de Filadelfia, de Jefferson, quizás de la guerra contra Gran Bretaña. Lo que casi nadie va a decir —porque casi nadie lo sabe, o porque a casi nadie le conviene saberlo— es que ese texto no es un invento exclusivamente anglosajón, y que su impacto no se limitó a las trece colonias. Fue, y sigue siendo, el acontecimiento más importante de todo el Hemisferio Occidental, y probablemente del mundo entero. Y fue, sobre todo, el punto en que confluyeron tradiciones de libertad individual que venían gestándose en distintos rincones de Occidente desde hacía siglos, y además con un protagonismo hispano que la historiografía dominante prefiere no subrayar.

Empecemos por lo evidente. Ningún otro experimento político en la historia ha producido un nivel de prosperidad, innovación y libertad individual comparable al de Estados Unidos en estos 250 años. Eso no es casualidad ni superioridad racial ni geográfica, sino el resultado directo de haber institucionalizado, mejor que nadie antes, un conjunto de principios —límite al poder, propiedad privada, imperio de la ley, soberanía popular— que tardaron siglos en madurar. El impacto de esa institucionalización no se quedó dentro de las fronteras norteamericanas. Se exportó, se imitó, se tradujo en constituciones de medio mundo, incluida la propia América Latina. Sin el 4 de julio de 1776 el siglo XX habría sido distinto, y probablemente mucho peor, para todo Occidente. Eso hay que decirlo sin complejos.

Ahora vayamos a lo que casi nadie dice. La Declaración de Independencia no nació de la nada ni es un producto exclusivamente anglosajón con algún condimento francés. Antes de Locke, antes de Smith, antes de Jefferson, hubo una escuela de pensamiento que llevaba dos siglos de ventaja: la Escuela de Salamanca. Entre sus pensadores se destacan Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Juan de Mariana, Luis de Molina, entre otros. No fueron teólogos oscurantistas haciendo filosofía de salón. Fueron los primeros en defender con rigor la propiedad privada como institución necesaria, la teoría subjetiva del valor —tres siglos antes de que la Escuela Austríaca la reivindicara como propia—, la legitimidad moral del comercio voluntario, y algo todavía más radical: el derecho de resistencia frente al tirano, incluido el tiranicidio, que Mariana desarrolló en De rege et regis institutione (1599) con una contundencia que ningún ilustrado escocés se atrevió a igualar.

Esas ideas no se quedaron en España. John Locke las heredó, las secularizó y les dio el giro individualista que las hizo aptas para la modernidad política. Y de Locke pasaron directamente a Filadelfia. Thomas Jefferson tenía la Historia General de España de Mariana en su biblioteca y la recomendaba a sus amigos; llegó a comprar ejemplares para James Madison. John Adams estudió De rege et regis institutione con atención. La igualdad natural de los hombres, la soberanía originaria del pueblo, el consentimiento como fuente del poder político, el derecho a resistir al tirano; todo eso que leemos en el preámbulo de la Declaración tiene una genealogía que pasa por Salamanca antes de pasar por Edimburgo. No es una curiosidad erudita, sino el dato que cambia la historia que nos contaron.

Y todavía hay más, porque la contribución hispana a la independencia americana no fue solo intelectual. Fue militar, logística y de sangre. Cuando España le declaró la guerra a Gran Bretaña en 1779, la causa americana llevaba cuatro años de estancamiento. Bernardo de Gálvez, gobernador de Luisiana, tomó Baton Rouge, Mobile y Pensacola entre 1779 y 1781, expulsó a los británicos del sur y le cerró a Cornwallis la retaguardia que necesitaba para abastecerse. Sin esas campañas, Yorktown —el momento que selló la independencia— habría sido, en el mejor de los casos, mucho más difícil. España aportó además préstamos, armas, uniformes y soldados venidos de Cuba, México y Puerto Rico. La independencia de Estados Unidos no fue una gesta exclusivamente anglosajona con ayuda ocasional española. Fue una empresa atlántica compartida, y el escudo de Gálvez —Yo solo— sigue siendo, sin que casi nadie lo sepa, el emblema oficial de Los Ángeles.

¿Por qué importa todo esto en 2026, y no solo como anécdota histórica? Porque la conclusión correcta no es que Estados Unidos le deba algo a España, ni que haya que reescribir la historia para repartir méritos como en una premiación. La conclusión correcta, y mucho más potente, es que Estados Unidos se convirtió en el crisol donde confluyeron las tradiciones de libertad individual de todo el Hemisferio Occidental: la hispana, con su reflexión sobre los límites morales del poder; la anglosajona, con su imperio de la ley y su genio institucional; y la francesa, con Cantillon y Turgot afinando la teoría del valor y de la función empresarial antes de que Smith lo sistematizara todo en 1776. Estados Unidos no inventó la libertad occidental. La recibió de varias tradiciones a la vez, y tuvo el mérito —que nadie le puede quitar— de traducirla en instituciones que perduraron.

Esto tiene una implicación que en Hispanoamérica seguimos sin asumir con la naturalidad que merece, pues no somos espectadores de la gesta de 1776. Somos, en buena medida, coautores intelectuales y militares de ella. La libertad que se institucionalizó en Filadelfia tiene raíces hispanas tan profundas como las anglosajonas, y celebrar el 4 de julio sin reconocerlo es aceptar, una vez más, la Leyenda Negra que nos enseñaron a internalizar, la idea de que lo único que aportamos a Occidente fue el atraso, mientras los anglosajones aportaban el progreso. Es mentira, y es una mentira costosa, porque nos priva de la autoestima necesaria para reconocernos herederos legítimos de la misma tradición que hoy se celebra en Washington.

Y aquí está lo verdaderamente urgente del aniversario. Occidente —entendido no como un bloque étnico ni como propiedad de un solo país, sino como esa conversación intelectual compartida entre España, Inglaterra, Francia y América— está siendo cuestionado hoy con una agresividad que no tiene precedentes recientes, y no principalmente desde afuera, sino desde adentro, desde las universidades, las instituciones y los discursos públicos de las propias sociedades que esa tradición construyó. La erosión no avanza con ejércitos, sino con narrativa, con culpa retroactiva, con la pretensión de que reconocer los logros de esa civilización equivale a blanquear sus errores. Es simplemente falso. Se puede —se debe— reconocer la esclavitud como el pecado original de la fundación americana, y al mismo tiempo reconocer sin complejos que ningún otro proyecto político ha sido capaz de corregirse a sí mismo con la consistencia con que lo hizo Estados Unidos.

Esa es la tradición espontánea conjunta que tenemos en Occidente, y que deberíamos reivindicar precisamente porque está siendo atacada como nunca antes, la de la limitación del poder, la propiedad privada, el comercio voluntario, la dignidad individual como fundamento de todo orden político. No son patrimonio exclusivamente anglosajón, sino también nuestro, de Hispanoamérica, porque salieron en parte de nuestra propia tradición intelectual antes de cristalizarse en Filadelfia. Si esos valores se deterioran o se destruyen —y se están deteriorando, no hace falta exagerar para verlo— el costo no lo va a pagar solo Estados Unidos, sino todo el hemisferio, y probablemente el mundo entero, porque no existe hoy una alternativa institucional remotamente comparable que pueda sostener la prosperidad y la libertad que esa tradición hizo posible.

A los 250 años de 1776, lo que toca no es nostalgia ni hagiografía. Toca reconocer, sin complejos, que Estados Unidos es el fruto institucional mejor logrado de una tradición que es nuestra tanto como suya, y defenderla con la misma convicción intelectual con la que Vitoria, Mariana, Locke y Jefferson la construyeron. Varios países, una sola nación. Esa nación cumple 250 años. Y todavía tenemos mucho que perder si dejamos que se la sigan apropiando quienes solo quieren destruirla.

Fuente: El Cato

lunes, 11 de mayo de 2026

Minerales críticos: por qué América Latina es clave para Occidente


Los minerales críticos son esenciales para la transición energética y digital a nivel mundial. Se utilizan en la fabricación de sistemas fotovoltaicos, aerogeneradores, baterías y semiconductores. Los yacimientos y el procesamiento de recursos como el litio, el cobre y las tierras raras se concentran geográficamente en unas pocas regiones del mundo.

Es por esto que América Latina está adquiriendo una creciente importancia geopolítica. La región cuenta con las mayores reservas mundiales de estos recursos clave. Por lo tanto, tiene el potencial de convertirse en un socio decisivo para EEUU y la UE, que desean diversificar sus cadenas de suministro y asegurar el acceso a estas materias primas a largo plazo.

Reservas y distribución de materias primas

América Latina alberga enormes reservas que son fundamentales para la seguridad nacional y la independencia geoestratégica de Occidente. Los países más destacados son Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, Perú y México.

El llamado triángulo del litio (Argentina, Chile, Bolivia) alberga más del 50% de los recursos mundiales. Mientras que Chile y Argentina ya son productores consolidados, Bolivia cuenta con el mayor potencial, en parte sin explotar, con alrededor de 28 millones de toneladas. Hasta ahora, los obstáculos técnicos y la inestabilidad política han dificultado la extracción en ese país.

El cobre, indispensable para la infraestructura eléctrica, es clasificado como crítico por la UE y EEUU. Chile y Perú cubren juntos casi el 35% de la producción mundial y poseen más de una cuarta parte de las reservas mundiales.

Con una producción de casi 30 materias primas críticas, Brasil ocupa un lugar especial. Controla el 93% de la producción mundial de niobio, que es decisivo para el endurecimiento del acero y los superconductores. Además, Brasil posee importantes yacimientos de tierras raras, níquel (11% de las reservas mundiales) y grafito (24% de las reservas).

México y Perú lideran la producción mundial. En total, más del 50% de la producción mundial de plata se encuentra en América Latina, lo cual es de gran relevancia para la industria electrónica y solar.

Sin embargo, la estructura actual del mercado está fuertemente marcada por los intereses de China. En las últimas décadas ha realizado inversiones masivas en minas e infraestructura, lo que hoy en día dificulta la competencia para los actores occidentales.

Agenda estadounidense

EEUU se esfuerza por romper el dominio de China, que no solo controla la producción nacional de minerales críticos, sino también la transformación a nivel mundial. En el caso del grafito, las tierras raras y otros minerales, la dependencia de EEUU de las importaciones chinas supera en algunos casos el 70%. América Latina se presenta aquí como una alternativa estratégica.

En la actualidad, EEUU ya obtiene casi todo su litio de Chile y Argentina, y el 80% de su cobre. Para consolidar este suministro, EEUU apuesta por acuerdos bilaterales sobre materias primas. El Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina (2026) tiene como objetivo otorgar a las empresas estadounidenses acceso privilegiado a los minerales en el distrito minero de Vicuña. También se firmaron memorandos de entendimiento con Paraguay, Perú y Ecuador.

El giro hacia la derecha en la región benefician a la estrategia estadounidense. Además, EEUU deja claro su interés estratégico directo al promover específicamente a las empresas estadounidenses. Un ejemplo es el reciente apoyo a USA Rare Earth mediante un generoso préstamo de la Casa Blanca para la adquisición de la empresa minera brasileña Serra Verde.

Importancia para la Unión Europea

Con la Ley de Materias Primas Críticas, la UE pretende garantizar que para 2030 un máximo del 65% de sus necesidades provenga de un único país tercero. Dado que la UE depende casi por completo de China en lo que respecta al magnesio y las tierras raras, América Latina es el socio más importante para la diversificación.

Esto también quedó claro en las consultas gubernamentales entre Alemania y Brasil celebradas a finales de abril en Hannover. El canciller Merz destacó el potencial del país en materia de tierras raras, mientras que el presidente Lula promocionó la región como socio gracias a yacimientos de niobio, grafito y níquel. A cambio exigió una mayor transferencia de tecnología y la creación de valor local.

La UE apuesta principalmente por los acuerdos comerciales. El acuerdo con el Mercosur, que entra en vigor en mayo de 2026, ofrece nuevas oportunidades de inversión en la transformación local, así como normas ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza) para construir cadenas de valor sostenibles. Paralelamente, la UE consolida la cooperación con Chile mediante un acuerdo comercial que aborda específicamente el suministro sostenible de cobre y litio.

Lo que falta para tener la oportunidad

América Latina tiene el potencial de convertirse en un territorio clave en la carrera por las materias primas a nivel mundial. China tiene una ventaja estructural gracias a la Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda, así como a inversiones tempranas y cuantiosas (aproximadamente 14.200 millones de dólares al año entre 2010 y 2019). Los actores occidentales intentan recuperar este retraso mediante nuevas alianzas.

Sin embargo, cada vez son más evidentes los conflictos de intereses: por ejemplo, Argentina firmó un acuerdo bilateral de materias primas con EEUU poco después del acuerdo entre la UE y el Mercosur. Además, las orientaciones políticas divergentes, como la pertenencia de Brasil a los BRICS o la inestabilidad en Venezuela y Bolivia, dificultan una estrategia occidental coherente.

Por lo tanto, la seguridad del abastecimiento a largo plazo de Occidente solo será posible si las asociaciones en materia de materias primas van más allá de los meros intereses de exportación y contribuyen al mismo tiempo al desarrollo industrial y a la estabilidad política y económica de América Latina. Si esto se logra, América Latina puede convertirse en un socio estratégico confiable de Occidente en el ámbito de las materias primas críticas.

Fuente: Dialogo Politico

martes, 11 de marzo de 2025

Doblar la apuesta: una estrategia de Occidente para Ucrania y para sí mismo


Tres años después del 24 de febrero de 2022, los europeos aún no han comprendido el significado profundo de la agresión rusa contra Ucrania, ni sus implicaciones dentro de Ucrania y más allá de sus fronteras. Los estadounidenses, conscientes de los desafíos en términos de seguridad mundial que se juegan en el Lejano Oriente, se aferran a la ilusión de una alianza secundaria, ignorando las consecuencias nefastas de cualquier compromiso con el régimen de Putin, incluso para Rusia misma. Basándose en estos principios fundamentales, más de 600 líderes políticos, parlamentarios y académicos consideran que los estadounidenses y los europeos no tienen otro camino que asignar finalmente a Ucrania todos los recursos que le permitan derrotar militarmente a Rusia.

Con los ataques híbridos de Rusia en el mar Báltico, Rumania, Dinamarca, Alemania, Moldavia y Georgia aumentando en número y fuerza, hemos llegado a un punto crítico. Es momento de reconocer que la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania es solo un componente de un proyecto más amplio destinado a fragmentar y debilitar de manera permanente a Occidente.

En este contexto, cualquier escenario que implique el congelamiento del conflicto –especialmente si conlleva el despliegue de tropas europeas a lo largo de una línea de demarcación– equivaldría a sancionar de facto la partición de Ucrania.

Esto no solo condenaría a millones de ucranianos a la servidumbre bajo el yugo de Putin y traicionaría la memoria de decenas de miles de soldados y civiles ucranianos asesinados, sino que también sentaría un peligroso precedente.

Cualquier Estado podría entonces sentirse legitimado para usar la fuerza con el fin de anexar nuevos territorios, incluidos algunos extremadamente vulnerables en el Lejano Oriente ruso, como Manchuria Exterior, que Rusia anexó en el siglo XIX.

El argumento de que solo los ucranianos deben decidir las condiciones de paz con Rusia parece cada vez más una cortina de humo que utilizan ciertos Estados occidentales que buscan eludir sus responsabilidades.

Sin embargo, los valores e intereses que defienden los ucranianos coinciden plenamente con los que todo Occidente tiene la obligación de proteger. La seguridad, estabilidad y supervivencia de Occidente dependen directamente de la seguridad, estabilidad y supervivencia de Ucrania. De la misma manera, la seguridad de Estados Unidos es inseparable de la de Europa.

Ha llegado, por lo tanto, el momento de que Occidente en su conjunto responda a la agresión total de Rusia con una estrategia integral. Para ello, debe definir claramente los objetivos políticos y militares que permitan eliminar la amenaza que Rusia representa hoy. Al mismo tiempo, debe enviar una señal clara a todos aquellos dentro de la oligarquía rusa que reconocen la catástrofe que el círculo de guerra de Putin está preparando para Rusia.

Occidente debería exigir a Rusia:
  • La retirada de sus tropas de todos los territorios ucranianos actualmente ocupados.
  • La liberación de todos los ucranianos encarcelados, incluidos soldados, civiles, niños secuestrados y adultos “condenados” por cualquier motivo.
  • El pago de compensaciones a todas las familias de soldados y civiles ucranianos asesinados y heridos, así como por toda la infraestructura destruida.
  • El desmantelamiento de sus bases militares en Abjasia, Osetia del Sur, Transnistria y Armenia.
Occidente también debería:
  • Garantizar la celebración de elecciones libres en Georgia y Bielorrusia bajo estricta supervisión internacional.
  • Apoyar el legítimo reclamo de Japón sobre las islas Kuriles de Kunashir, Iturup, Shikotan y Habomai, ocupadas por Rusia desde 1945.
  • Aprobar la membresía de Ucrania, Moldavia, Georgia y Armenia en la OTAN.
La implementación de estas medidas debería incluir al menos las siguientes acciones:
  • Crear dentro de la OTAN un fondo especial de 300,000 millones de euros, sin contar los fondos rusos congelados, para suministrar a Ucrania armamento moderno por un valor de 100,000 millones de euros anuales durante los próximos tres años, con contribuciones de los Estados miembros en proporción a su PIB.
  • Desplegar permanentemente, bajo el mando de la OTAN (como en Alemania durante la Guerra Fría), 300,000 soldados europeos en todos los países de primera línea dispuestos a participar –Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y Rumania–, posicionados para intervenir rápidamente en caso de necesidad.
  • Establecer dentro de la OTAN una estructura similar al COCOM de la Guerra Fría para garantizar el cumplimiento de la prohibición total de exportaciones de armas y tecnologías de doble uso a países totalitarios, especialmente China, Rusia, Irán y Corea del Norte.
  • Imponer sanciones en todos los países miembros de la OTAN contra Bidzina Ivanishvili, líder del partido Sueño Georgiano y el caballo de Troya de Putin en Georgia, así como contra todos los individuos georgianos implicados en el fraude de las recientes elecciones en Georgia.
Además de las urgentes razones políticas, de seguridad y morales ya mencionadas, esta extraordinaria ayuda militar de 300,000 millones de euros o 300,000 millones de dólares para Ucrania representaría apenas el 0.25 % del gasto anual de los Estados miembros de la OTAN. Sería la mejor garantía de que estos países no tendrán que gastar en el futuro un 3 % o más de su PIB en defensa.

¿Acaso la libertad del pueblo ucraniano y nuestra seguridad no valen un esfuerzo presupuestario de unas pocas décimas de punto porcentual?

Firmantes:

Viktor Yushchenko, expresidente de Ucrania
Indulis Berzins, historiador, diplomático, exministro de Relaciones Exteriores, Letonia
Carlo Calenda, senador, exministro, Italia
Walter Clemens, asociado del Davis Center for Russian and Eurasian Studies, Universidad de Harvard; profesor emérito de Ciencia Política, Universidad de Boston, EE. UU.
... (600 firmantes)

Fuente: Letras Libres

viernes, 2 de agosto de 2024

El acuerdo que liberó a Evan Gershkovich fue más que un intercambio de prisioneros


Éste es el mayor intercambio de prisioneros entre Rusia y Occidente desde la Guerra Fría. En él participaron 26 prisioneros retenidos en siete países diferentes, entre ellos disidentes rusos, espías al servicio del Kremlin, periodistas estadounidenses y un mercenario alemán. Parecía una nueva versión de una película de espías ambientada en los años 80, cuando Vladimir Putin servía como oficial de la KGB en Dresde.

El 1 de agosto por la tarde, siete aviones de seis países aterrizaron en Ankara, dando por finalizadas meses de negociaciones secretas. Entre los liberados por los rusos se encontraba Evan Gershkovich, un periodista del Wall Street Journal encarcelado por Rusia desde marzo de 2023 por falsos cargos de espionaje. Otro fue Paul Whelan, un ex marine estadounidense que había sido arrestado a fines de 2018 mientras asistía a la boda de un amigo. El prisionero más joven, Kevin Lick, de 19 años, es un ciudadano ruso-alemán que fue encarcelado por tomar fotografías de una base militar rusa. El mayor, Oleg Orlov, de 71 años, ha sido un disidente y activista desde la era soviética y fue copresidente de Memorial, una organización de derechos humanos prohibida.

Especialmente dignos de mención fueron Vladimir Kara-Murza e Ilya Yashin, dos políticos de la oposición. Ambos han sido las voces disidentes más prominentes en Rusia desde la muerte bajo custodia de Alexei Navalny en febrero. Ambos habían elegido la prisión en lugar del silencio.

A cambio, Putin recuperó a personas esenciales para su guerra híbrida contra Occidente: asesinos, contrabandistas, piratas informáticos y agentes encubiertos conocidos como “ilegales”. El activo más valioso fue Vadim Krasikov, coronel del FSB, la principal agencia de seguridad rusa. Había estado encarcelado en Alemania, donde había asesinado a un ex rebelde checheno a plena luz del día en el centro de Berlín en 2019. Garantizar la liberación de esas personas ayuda a Putin a ganarse la lealtad de sus servicios de seguridad.

Según Christo Grozev, de Bellingcat, un servicio de inteligencia de código abierto, Putin inicialmente esperaba negociar directamente con Estados Unidos el intercambio de Gershkovich por Krasikov. Grozev, que anteriormente ayudó a identificar a los agentes rusos responsables del envenenamiento de Navalny y Kara-Murza, participó en las negociaciones sobre el intercambio de prisioneros, que comenzó hace más de dos años. Alemania, afirma, insistió en incluir a Navalny en el intercambio.

El asesinato de Navalny en una prisión siberiana en febrero puso en suspenso las negociaciones, dice Grozev. Los alemanes se enfrentaban a un dilema: liberar al asesino sería “una recompensa para Putin… a pesar de la muerte de Navalny”, pero era necesario para conseguir la libertad de “docenas de rusos y estadounidenses encarcelados injustamente”. En abril, Alemania indicó que para conseguir la libertad de Krasikov, Putin tendría que liberar a varios presos políticos. Las negociaciones se aceleraron después de que Rico Krieger, un alemán de 30 años, fuera tomado como rehén en circunstancias poco claras en Bielorrusia (un estado satélite de Rusia) y condenado a muerte.

A principios de esta semana, Aleksander Lukashenko, el presidente autocrático de Bielorrusia, indultó a Krieger, lo que sugería que podría haber un intercambio más amplio. Otras pistas de un intercambio inminente fueron la sentencia de Gershkovich el 19 de julio, antes de lo esperado, y la repentina desaparición de los presos políticos rusos de alto perfil de sus colonias penales una semana después. Las partes interesadas rastrearon las rutas de vuelo de los aviones rusos entre los aeropuertos cercanos a los campos. Los familiares, amigos y abogados contenían la respiración.

Todo parecía un regreso a la Guerra Fría, no solo en el estilo sino también en el fondo. Una vez más, Occidente estaba reivindicando la superioridad moral al defender a los disidentes y tratar los derechos humanos como una condición esencial para la paz en Europa.

Sin duda, en los últimos tiempos se han producido grandes intercambios de prisioneros. En 2010, el Kremlin recuperó a 11 de sus agentes encubiertos a cambio de 11 ciudadanos condenados por espiar para países occidentales (entre los enviados a Occidente se encontraba Sergei Skripal, un agente doble al que Rusia intentó matar con Novichok, un veneno nervioso, en Gran Bretaña ocho años después). Pero el intercambio actual es diferente: también incluye a políticos y presos de conciencia rusos que habían optado por ir a la cárcel en protesta contra la guerra de Putin contra Ucrania.

Kara-Murza también es víctima de un supuesto envenenamiento con Novichok, en 2015 y de nuevo en 2017. Regresó a Rusia tras la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. A su regreso, atacó al régimen de Putin como “no solo corrupto” sino “un régimen de asesinos”, y pronto fue arrestado y condenado a 25 años de cárcel por traición. Pasó gran parte de su tiempo en régimen de aislamiento. Yashin, un político carismático y aliado de Navalny, habló sobre las atrocidades rusas en Ucrania. Fue condenado a ocho años y medio por desacreditar al ejército, y dijo al tribunal que preferiría “pasar diez años tras las rejas” que “arder en vergüenza silenciosa por la sangre que derrama su gobierno”.

Desde hace tiempo se considera que Alemania adopta una actitud demasiado transaccional con Rusia. Al insistir en la inclusión de presos políticos y activistas en el canje, reafirmó el valor de los derechos humanos como elemento central de la seguridad internacional. Para Natan Sharansky, político israelí y ex prisionero de conciencia soviético, el canje le recordó viejas luchas. “Es como si estuviera reviviendo mi liberación”, dijo a este periódico. Aunque intercambiar activistas políticos por asesinos y espías puede parecer injusto, “cada vez que una persona más es liberada del control de un régimen totalitario, el poder de ese régimen se debilita”.

Los activistas de derechos humanos y los abogados rusos se apresuraron a señalar que el régimen de Putin todavía mantiene a cientos de prisioneros de conciencia, entre ellos Ivan Safronov, un periodista encarcelado por escribir sobre la corrupción; Dmitry Ivanov, un estudiante de matemáticas y bloguero pacifista que cumple ocho años y medio de prisión; Evgeniya Berkovich, sentenciada a seis años de prisión por sus producciones de poesía y teatro; y Alexei Gorinov, un miembro del consejo de Moscú sentenciado a siete años por criticar la guerra. La liberación de algunos prisioneros destacados el 1 de agosto no debería oscurecer la difícil situación de los muchos que aún se encuentran en cautiverio.

Fuente: The Economist

martes, 16 de abril de 2024

El dilema woke


Según la definición del diccionario de Cambridge, ser woke implica ser consciente de los problemas sociales y políticos, especialmente en lo que respecta al racismo. Desde esta perspectiva, el concepto no debería llevar consigo connotaciones negativas, ya que implica una mayor conciencia del entorno y una disposición a adoptar perspectivas diferentes. Ser woke puede ser visto como un camino hacia la reflexión sobre temas serios como las desigualdades arraigadas en la sociedad. En un sentido más amplio, implica estar alerta y comprometido con la búsqueda de la justicia social y la equidad.

Sin embargo, en los últimos años, hemos observado que el #staywoke está acompañado de una creciente polarización, incomprensión y, en algunos casos, de odio hacia los demás. Esta paradoja plantea una pregunta: ¿por qué un concepto que debería fomentar empatía y comprensión se envuelve en controversias y divisiones?

Un adjetivo debatido

Para algunos, la percepción de esta palabra describe a personas que se consideran moralmente superiores, convencidas de tener un entendimiento más profundo de la sociedad. El término woke refiere al despertar ideológico.

Sin embargo, esta percepción puede radicalizarse, convirtiéndose en una actitud que rechaza todo lo que difiere de sus propias convicciones. En este sentido, ser woke se asocia con la cultura de la cancelación, en la que aquellos que no se expresan de manera políticamente correcta, o que no consideran todas las posibles interpretaciones que un mensaje público puede tener, son objeto de cancelación. A pesar de defender el discurso antirracial y antisexista, para algunas personas ser etiquetado como woke es uno de los insultos más despectivos en la actualidad. Esto refleja una percepción negativa hacia aquellos que abogan por una igualdad de derechos. Sugiere que ser consciente de las injusticias y luchar por cambiarlas es motivo de burla o menosprecio.  

Nueva interpretación de lo woke

La palabra woke ha experimentado una transformación en su significado, desviándose de su sentido original. Antes, se refería a personas informadas y conscientes de las injusticias y tensiones raciales. Ahora implica una inclinación hacia la acción política asociada a la izquierda identitaria. El politólogo Francis Fukuyama, crítico destacado de la ideología, argumenta que la izquierda liberal, especialmente en los Estados Unidos, contribuyó a fragmentar aún más la sociedad en vez de unirla en torno a metas comunes. En lugar de promover la solidaridad entre amplias comunidades, se ha centrado en grupos cada vez más pequeños y específicamente marginados. Esto alimentó una guerra cultural e identitaria que está dividiendo la sociedad. La polarización extrema también se manifiesta en América Latina y se refleja en la fragmentación social y política de la región.

La división en particular toca la izquierda identitaria y progresista contra los conservadores. Ambos grupos se acusan mutuamente de ser excluyentes, agresivos e intolerantes, y de querer imponer una dictadura del pensamiento.

Según la autora Susan Neiman, en su libro La izquierda no es woke, el enfoque exclusivo en ser y actuar woke llevó a una política de símbolos en lugar de promover un cambio social real. Esta tendencia ha marginado los principios universales de justicia y la confianza en el progreso, que solían ser fundamentales en los objetivos progresistas.

Si la corriente política de izquierda persiste en este curso actual identitario, existe el riesgo de que los electores, desencantados con lo que perciben como excesos antirepublicanos y antidemocráticos, opten por apoyar al campo político opuesto. Esta reacción podría llevar a las derechas radicales al poder. No solo buscarían desmantelar el wokeismo y sus ideales, sino que también podrían suprimir otras luchas legítimas por la igualdad y contra la discriminación. Esta situación representaría un peligro para los avances logrados en términos de justicia social y derechos civiles. Las políticas de derecha populista podrían revertir los progresos alcanzados en estos ámbitos, dejando a ciertos grupos marginados y vulnerables frente a la discriminación y la desigualdad.

Cultura popular

Una crítica significativa en las redes sociales hacia los representantes del wokeismo es la inconsistencia en las posturas que a veces adoptan. Un ejemplo superficial pero ilustrativo es la etiqueta #shutupgringo. La campaña surgió en 2022 en las redes sociales latinoamericanas para contraatacar a los estadounidenses que criticaron a un artista japonés por representar a los protagonistas (latinoamericanos) de la película Encanto con un tono de piel demasiado claro. El mensaje (cállate gringo) busca responder a esos críticos que, desde una supuesta superioridad moral, sienten el derecho de juzgar una obra de arte. Este ejemplo ejemplifica la ironía de aquellos que abogan por la inclusión y la justicia social, pero a veces terminan adoptando posturas excluyentes y contradictorias.

El fenómeno del wokeismo también fue objeto de críticas en el arte y en el entretenimiento. Un ejemplo notable es el gigante Disney. Acompañó a generaciones durante su infancia con historias que, si bien pueden ser criticadas por algunos mensajes obsoletos, perduraron como clásicos. Sin embargo, desde que adoptó una postura más woke, parece haber perdido su capacidad de hacer contenido de calidad y de generar nuevos clásicos. En lugar de centrarse en la pura narrativa y en la capacidad de contar historias, ahora prioriza un mensaje evidente y forzado por encima del arte de la narración.

El wokeismo dicta qué es lo mejor para contar y recibir. Pero, en realidad, puede resultar en una lección moral que nadie desea y que arruina la experiencia de la obra que se presencia. No es la razón por la que el público acude al cine para ver una película de entretenimiento de Disney. Especialmente si dicha lección es simplemente un cambio de dirección que Disney intentó realizar únicamente con el fin de vender más. El efecto que se obtiene es precisamente el contrario.

Complejidad woke

El fenómeno del wokeismo presenta un complejo panorama donde se entrelazan percepciones y contradicciones con consecuencias políticas y culturales. La etiqueta de “woke” ha sido tanto un llamado a la inclusión como un arma de división. La transformación del arte y la cultura bajo la influencia del wokeismo plantea desafíos sobre cómo abordar temas actuales manteniendo la esencia artística sin comprometer la libertad creativa y la calidad del contenido.

Los conservadores ven a los wokes como una amenaza para la tradición y la moralidad, mientras que los wokes ven a los conservadores como una amenaza para la igualdad y la justicia social. Disentir con la postura woke no implica automáticamente ser racista, sexista o clasista. Del mismo modo, aquellos que se oponen al wokeismo no deberían generalizar, considerando a todos los defensores de causas sociales como radicales.

Es importante recordar que la justicia no se logra persiguiendo a aquellos que son diferentes y que el odio en las redes sociales obstaculiza cualquier intento de diálogo constructivo.

Fuente: Dialogo Politico

domingo, 17 de marzo de 2024

Nuevos enemigos de la sociedad abierta


Acaso el gran problema de la sociedad abierta consista en que pocos quieren vivir en una sociedad abierta. Es difícil llegar a una conclusión diferente a la vista de la realidad política contemporánea: las democracias liberales sufren el embate de los viejos nacionalismos y del nuevo populismo, mientras se dibujan en el exterior los contornos de una nueva Guerra Fría que esta vez enfrenta a las democracias contra los autoritarismos. Todo ello en un mundo donde, según, el índice de la revista The Economist, apenas el 8% de la población vive en una «democracia plena» y solo un 7% lo hace en «democracias defectuosas»; en total, solo el 15% de la población mundial está constituida por ciudadanos y no por súbditos, que es como el eminente jurista austríaco Hans Kelsen llamaba a quienes carecían de derechos políticos. Para quienes esperábamos algo más del fin de la Historia en su versión finisecular, se trata de un resultado decepcionante; las olas democratizadoras parecen morir hoy en la orilla. Pero así funcionan los ideales: sufren en contacto con la realidad. Máxime cuando son tan exigentes como el que aquí nos ocupa.

¿Y qué es una sociedad abierta? El concepto es de Karl Popper, quien lo presenta en La sociedad abierta y sus enemigos, historia del pensamiento político en dos volúmenes que aparece en 1945. Es el año que conoce la derrota del imperialismo japonés y del totalitarismo nazi; el soviético estaba sin embargo a punto de cerrar su puño de hierro sobre Europa Oriental y los comunistas chinos no tardarían en llegar al poder. Aunque el historiador Samuel Moyn incluye a Popper entre los representantes del «liberalismo de la Guerra Fría» en su reciente Liberalism Against Itself, en compañía de Judith Shklar o Isaiah Berlin, el pensador vienés se adelanta a la contienda entre los bloques liberal y comunista; su genealogía del pensamiento totalitario –distinta a la que Hannah Arendt publicaría seis años más tarde– se alimenta de la amarga experiencia política suministrada por el periodo de entreguerras. Su tesis central es que una sociedad en la que se ejercita pacíficamente la razón crítica se distingue de aquellas que se organizan alrededor de la reverencia a la autoridad, el respeto al tradicionalismo o el rechazo del pensamiento científico.

Persuadido como su conciudadano Friedrich Hayek de la falibilidad humana y de las limitaciones de nuestro conocimiento, Popper es escéptico acerca de la posibilidad de alcanzar la verdad: porque lo irrefutable no es necesariamente lo verdadero. De ahí que la búsqueda de la verdad sea compatible con la oposición feroz contra el dogmatismo intelectual. Popper establecía un vínculo entre este último y el autoritarismo político; quien busca imponer una cosmovisión o ideología termina recurriendo a la coerción violenta y al gobierno autoritario, ya que de otro modo no logrará reprimir la natural tendencia del ser humano a producir nuevas ideas. Es natural que tales premisas desembocasen en la vindicación de la democracia liberal como única forma de gobierno posible para la sociedad abierta: aquella que permite expulsar pacíficamente del poder a los malos gobernantes y antepone la reforma gradual a la gran ingeniería social. Justo es subrayar, en todo caso, que el realismo político de Popper no le impedía reconocer la importancia de las condiciones materiales que permiten al ciudadano desarrollar su plan de vida: las políticas sociales no son un capricho de los colectivistas.

En cualquier caso, Popper conceptualiza una sociedad que es gobernada por medio de una democracia representativa; el énfasis no recae en la morfología del régimen político, sino en el tipo de sociedad que ese régimen político hace posible. Dicho de otro modo, la democracia liberal sería la forma política natural de la sociedad abierta; ninguna otra cumple con los requisitos que esta última exige. Entre ellos, el principio del gobierno limitado que establece restricciones a lo que el poder público está autorizado a decidir; el reconocimiento de los derechos fundamentales que proporciona al individuo una esfera de libre disposición; el mantenimiento del imperio de la ley y la separación de los poderes del Estado; la existencia de una esfera pública donde operan medios de comunicación independientes y los ciudadanos expresan sus opiniones de distintas maneras; el funcionamiento de un mercado libre donde individuos y empresas operan bajo la supervisión de los poderes públicos. Es evidente que no tiene sentido separar sociedad abierta y democracia liberal: cada una es condición de la otra.

Ahora bien: la sociedad abierta requiere una cultura política capaz de producir ciudadanos que ejerzan la tolerancia cívica y renuncien al tribalismo. Aceptar el pluralismo es renunciar a imponer a los demás nuestra cosmovisión, y hacerlo por las razones correctas: por entender que la cualidad «abierta» de la sociedad tiene un fundamento a la vez moral (derecho igual de todos a atesorar sus ideas) y epistemológico (no existe el conocimiento perfecto). Las sociedades cerradas no son capaces de progresar al mismo ritmo que las sociedades abiertas; no son justas, ni pueden serlo. Si Popper definía la sociedad abierta como aquella en la que el individuo es responsable de sus decisiones personales, por oposición a una de carácter tribal o colectivista, podemos ampliar el concepto y designar con ese término a la sociedad que pone en su centro la libertad personal y se mantiene abierta al resultado de los intercambios que tienen lugar en su interior. Y aunque renuncia a fijar su forma definitiva, la sociedad abierta solo puede mantenerse abierta –a nuevas ideas, tecnologías, moralidades– si conserva la estructura institucional del Estado de derecho y la democracia liberal. Cuando estas se debilitan, la sociedad se vuelve más «cerrada».

Huelga decir que Popper no pensaba que los occidentales vivieran ya en sociedades abiertas. Al igual que sucede con la Ilustración tal como la define Kant en su momento, estamos ante ideales regulatorios que fijan un objetivo digno de ser perseguido. La pregunta es si hoy estamos más lejos de alcanzarlo que ayer; si el mundo ha retrocedido en su lento progreso hacia la sociedad abierta. Y la respuesta, de nuevo, depende de las expectativas. A comienzos de la década de los 90, se esperaba que las sociedades post-soviéticas –incluida la propia Rusia– se democratizasen sin excepción; lo mismo valía para una China que estaba llamada –Tiananmén dejó ver a una juventud descontenta– a sustituir el régimen de partido único por un gobierno multipartidista. Pero es evidente que la sociedad abierta no ejerció la fuerza centrípeta necesaria para que aquellas esperanzas se hicieran realidad.

Ahora sabemos que aquel fue un momento excepcional, malinterpretado por quienes lo vivieron como el comienzo de una nueva era; la derrota del comunismo soviético se confundió con el abrazo global de la democracia liberal. Breve primavera: los atentados del 11-S y la crisis de 2008 acabaron con la complacencia occidental. El panorama es hoy desalentador: tenemos delante una China más alejada que nunca de la democracia (el caso de Hong Kong es elocuente) y una teocracia iraní que no ha concedido terreno a sus reformistas. Hay pocos avances en Latinoamérica, donde alguna democracia ha dejado de serlo (Venezuela) y otras han perdido estabilidad (Chile, Perú) o sucumbido a los encantos del liderazgo populista (México, Brasil); no terminan de completar su tránsito a la democracia países asiáticos tan poblados como Indonesia o Tailandia, si bien Malasia conserva su estabilidad y Filipinas no termina de desestabilizarse. Y mientras, África ha recuperado la tradición del golpe de Estado militar (Níger, Gabón, Burkina Faso), algunas de sus sociedades parecen estar aprendiendo a cambiar de gobierno sin violencia (Sierra Leona, Liberia). Puede decirse que la democracia liberal, aun sufriendo, resiste; lo que no se puede decir es que avance.

Si volvemos la mirada al interior de las democracias, hay poco que celebrar; el ideal de la sociedad abierta no está precisamente de moda. ¿Y cuándo lo estuvo? Es conveniente abrir los ojos: en las décadas posteriores al fin de la Segunda Guerra Mundial, los partidos comunistas europeos mantuvieron una considerable fuerza en las sociedades europeas y la juventud que se movilizó a finales de los 60 enarbolaba con alegría el Libro Rojo de Mao. Se produjo un auge de la violencia política en los años 70; hubo terrorismo de extrema izquierda, como lo hubo anarquista y de extrema derecha e incluso –ahí están ETA o el IRA– nacionalista. Francia vivió un turbulento proceso de descolonización y hubo disturbios raciales en Estados Unidos. O sea: los Treinta Gloriosos tuvieron su miga. Claro que no se trata de comparar la contenciosidad de dos momentos históricos separados entre sí ya más de medio siglo, sino de ahorrarnos un espejismo: aquel que dibuja en el horizonte del pasado un apoyo masivo a la causa de la sociedad abierta.

Flash forward

Las democracias liberales vienen sufriendo fuertes turbulencias desde el estallido de la crisis financiera de 2008. Allí donde pierde credibilidad la promesa del crecimiento económico indefinido –confrontadas como están las sociedades desarrolladas con los efectos indeseados de la modernización y la globalización: cambio climático, desigualdad económica, tensiones migratorias– aparecen movimientos ideológicos y fuerzas políticas que empujan en dirección opuesta a la sociedad abierta. Es una lista larga: el populismo que explota el ideal democrático del gobierno popular para estimular el malestar social y, si llega al poder, desactiva los controles liberales e impone una visión antipluralista de la sociedad; el nacionalismo etnocéntrico que actúa en su propio nombre o permea el discurso populista, reclamando el derecho a la autodeterminación o el abandono de entidades supranacionales como la UE; las políticas de la identidad que cuestionan el universalismo ilustrado y perturban la conversación pública mediante la aplicación de la cultura de la cancelación en el marco de las guerras culturales; el despliegue de versiones extremas de doctrinas políticas conocidas (conservadurismo, feminismo, ecologismo) y la difusión de nuevos discursos (teoría decolonial, ideología woke, decrecimiento), siendo rasgo común a todos ellos el rechazo del pluralismo en nombre del bien superior –dogma– que sus defensores dicen representar.

Estos fenómenos no se producen en el vacío. El estilo político del populismo ha contaminado las democracias liberales y son pocos los partidos que renuncian a usar sus herramientas para competir por el poder. Ahí tenemos la personalización creciente de la política, con el renovado protagonismo de los hombres fuertes y los líderes cesaristas de orientación providencial; la importación del método norteamericano de las elecciones primarias a los partidos europeos ha reforzado esta funesta tendencia plebiscitaria. Tampoco los ciudadanos que participan en la esfera pública a través de las redes sociales se privan de manifestar el deseo de que su tribu política prevalezca sobre el resto: ni la tolerancia ni la deliberación pasan por su mejor momento. Es así razonable preguntarse cuántos ciudadanos son realmente demócratas. O lo que es igual: ¿cuántos aceptarían sin pestañear vivir en un régimen político iliberal –una democracia aclamativa– donde los suyos gobernasen para siempre? Súmense el regreso del estatalismo y la nueva legitimación del intervencionismo público, que a la vista de lo sucedido durante la pandemia no tendrá dificultades para llevarse a la práctica.

Se diría entonces que la causa de la sociedad abierta se debilita a ojos vista. Eso no quiere decir que vaya a desaparecer: sigue siendo la mejor forma de organizar políticamente la convivencia pacífica de grupos humanos heterogéneos sin renunciar al ejercicio de la libertad personal y el autogobierno colectivo. Pero sus nuevos enemigos ya están aquí. Y no dan tregua.

Fuente: Ethic

jueves, 2 de febrero de 2023

Los detractores de la libertad de expresión ganan terreno


La libertad de expresión solía considerarse una de las principales instituciones estadounidenses. Se consagró en la Primera Enmienda de la Carta de Derechos por una razón: aunque otros países también han adoptado la libertad de expresión, es una tradición fundamentalmente estadounidense.

Más que eso, la libertad de expresión es esencial en sus propios términos. Es la mejor forma que tiene el ser humano de progresar. Ninguno de nosotros es perfecto y ninguno conoce toda la verdad. Por lo tanto, todos necesitamos participar en el mercado de ideas para encontrar la verdad y desarrollar el mejor camino a seguir.

Pero la libertad de expresión lleva décadas siendo atacada.

Herbert Marcuse

Uno de los primeros críticos, y de los más influyentes, fue Herbert Marcuse, profesor universitario y padre de la Nueva Izquierda. En un ensayo titulado Tolerancia Represiva, publicado en 1969, Marcuse recomendaba eliminar derechos (incluido el derecho a la libertad de expresión) a los conservadores. Marcuse no veía el mundo en términos de seres humanos que tienen todos el mismo valor; veía el mundo en términos de poder. Los que tienen poder deben ser silenciados por la fuerza (al menos, aquellos con los que él no estaba de acuerdo) para que los de abajo puedan tener más libertad. Para Marcuse, si se reprime a una mayoría, lo que hace falta es «reprimir y adoctrinar» a los poderosos para que los débiles obtengan el poder que merecen.

En los últimos años, los ataques a la libertad de expresión al estilo de Marcuse se han filtrado desde las instituciones académicas a la corriente dominante.

Normas subjetivas centradas en el impacto (real o pretendido)

Ilya Shapiro, profesor adjunto de Derecho en la Universidad George Washington y en la Universidad de Mississippi, ofrece un estudio de caso sobre las nuevas normas en torno a quién puede hablar y qué puede decir. A principios de 2022, la Facultad de Derecho de Georgetown le contrató para dar clases. Cuando el Presidente Biden dijo que sólo nominaría a una mujer negra para el Tribunal Supremo, Shapiro expresó su consternación ante esta forma de flagrante discriminación positiva. Al expresar esta heterodoxa opinión, el cielo se le vino encima.

Georgetown puso rápidamente a Shapiro en excedencia administrativa, donde languideció durante meses sin saber si sería despedido o no. Una investigación administrativa sobre los tuits ofensivos duró 122 días.

Georgetown finalmente reincorporó a Shapiro, pero sólo por el tecnicismo de que no había empezado oficialmente en Georgetown en el momento en que envió sus tuits. La Oficina de Diversidad Institucional, Equidad y Acción Afirmativa (IDEAA) dijo que sus comentarios eran «objetivamente ofensivos» y que decir algo similar en el futuro podría ser suficiente para que lo despidieran.

Y lo que es aún más inquietante, la IDEAA adoptó un criterio manifiestamente subjetivo para decidir si una expresión del profesorado es punible o no. «La política contra el acoso de la Universidad no exige que el encuestado tenga intención de denigrar», según el informe. «En su lugar, la política requiere que se considere el ‘propósito o efecto’ de la conducta del demandado».

En palabras de Shapiro «Que la gente se sintiera ofendida, o afirme haberse sentido ofendida, es suficiente para que yo haya infringido las normas».

Este castigo al discurso heterodoxo no es un hecho aislado. Una encuesta realizada en 2017 por el Instituto Cato y YouGov reveló que más de un tercio de los encuestados demócratas dijo que un ejecutivo de empresa debería ser despedido si «cree que las diferencias psicológicas explican por qué hay más ingenieros hombres.» Un número considerable de encuestados abogaba así por despojar a alguien de su trabajo por el delito de decir lo que muchos psicólogos saben que es cierto.

Caminar sobre cáscaras de huevo

Las nuevas normas culturales en torno a la libertad de expresión no son sólo un problema para los derechistas. En un detallado artículo sobre la cultura de la cancelación, Julian explica el alcance del problema:

Heterodox Academy encuestó a 445 académicos sobre el estado de la libertad de investigación en el campus, preguntándoles: «Imagínese que expresa su opinión sobre un tema controvertido en el trabajo, en un momento en el que el profesorado, el personal y/u otros colegas están presentes. ¿Hasta qué punto le preocuparían las siguientes consecuencias?

Una de las consecuencias hipotéticas que enumeró la Academia Heterodoxa fue que «mi carrera se vería perjudicada». ¿Cuántos académicos dijeron que estarían «muy preocupados» o «extremadamente preocupados» por esta consecuencia? 53,43 %.

Dicho de otro modo: a más de la mitad de los académicos del campus les preocupaba que expresar opiniones no ortodoxas sobre temas controvertidos pudiera ser peligroso para sus carreras.

Vemos el mismo fenómeno de autocensura entre los estudiantes universitarios. En 2021, College Pulse encuestó a 37.000 estudiantes de 159 universidades. Descubrieron que el 80 % de los estudiantes se autocensuraban al menos en cierta medida. El 48 % de los estudiantes universitarios afirmaron sentirse «algo incómodos» o «muy incómodos» al expresar sus opiniones sobre un tema controvertido en el aula.

En un panel sobre libertad de expresión y cultura de la cancelación, la ex presidenta de la ACLU, Nadine Strossen, afirmó: «Constantemente me encuentro con estudiantes que temen tanto ser sometidos a la turba de Twitter que se autocensuran».

No se trata sólo de estudiantes y profesores. En un artículo titulado «América tiene un problema de libertad de expresión«, el consejo editorial del New York Times señalaba que el 55 % de los estadounidenses se han mordido la lengua en el último año porque les preocupaban «las represalias o las duras críticas».

Los extremistas de ambos bandos ejercen cada vez más su poder para avergonzar o rechazar a los estadounidenses que dicen lo que piensan o tienen la temeridad de expresar sus opiniones en público. Este problema es más evidente en las redes sociales, pero también se está extendiendo a las conversaciones fuera de ellas. Los ciudadanos de un país libre no deberían vivir con el temor de que una turba woke o de extrema derecha vaya a por ellos porque expresan una idea que no está suficientemente en boga.

Pretender que la expresión es violencia

El concepto mismo de libertad de expresión se asocia cada vez más con la violencia. Cuando el exvicepresidente Mike Pence planeaba hablar en la Universidad de Virginia, el periódico estudiantil Cavalier Daily publicó un furioso editorial diciendo que a Pence no se le debería permitir hablar. ¿Por qué no? «Un discurso que amenaza la vida de los que están en Grounds es injustificable». Hay que tener muchas contusiones mentales para concluir que dejar que Pence dé su opinión podría amenazar la vida de cualquiera.

No son sólo los estudiantes. La psicóloga Lisa Feldman Barrett publicó un artículo de opinión en el New York Times titulado «¿Cuándo el discurso es violencia?«.

Según Barrett, «si las palabras pueden causar estrés, y si el estrés prolongado puede causar daño físico, entonces parece que el discurso -al menos ciertos tipos de discurso- puede ser una forma de violencia».

Y continuó: «Es por eso que es razonable, científicamente hablando, no permitir que un provocador y hatemonger como Milo Yiannopoulos hable en su escuela. Forma parte de algo nocivo, de una campaña de abusos. No se gana nada debatiendo con él, porque debate no es lo que él ofrece.»

El hecho de que los psicólogos estén prestando el barniz de la ciencia a la idea de que el discurso es violencia debería preocupar profundamente a todos los estadounidenses.

¿Por qué es esencial la libertad de expresión?

Cuando debilitamos la institución básica de la libertad de expresión, perdemos gran parte de lo que hizo que Estados Unidos tuviera tanto éxito en primer lugar. Las sólidas normas de la libertad de expresión ayudaron a las personas a desarrollar la resistencia emocional y mental necesaria para hacer frente a las ideas con las que no estaban de acuerdo. Nos ayudó a estrechar lazos con personas que creían cosas distintas, porque podíamos escuchar y entender su postura.

La libertad de expresión también permitió a varias partes argumentar desde visiones del mundo opuestas y encontrar una solución que era mejor que la que cualquiera de las partes había formulado al iniciar el debate.

El lado positivo es el siguiente: Los estadounidenses reconocen cada vez más que la libertad de expresión es un valor cuya preservación es esencial. El consejo editorial del New York Times señala que «el 84 % de los adultos dijo que es un problema ‘muy grave’ o ‘algo grave’ que algunos estadounidenses no hablen libremente en situaciones cotidianas por miedo a represalias o críticas duras».

¿Qué puede hacer usted?

Como persona fuerte e íntegra, ¿qué puede hacer para limitar el impacto de la degradación de la libertad de expresión en su propia vida?

En primer lugar, di lo que sabes que es verdad, aunque nadie lo diga, aunque corras riesgos. Ten el valor de llamar a las cosas por su nombre. Si ves una locura en tu lugar de trabajo, en la política, en tu casa, denúnciala abierta y honestamente. Dormirás mejor por la noche. También te harás más fuerte al denunciarlo. Hablar requiere valor, pero también crea valor.

En segundo lugar, busca a personas que no estén de acuerdo contigo. Escúchales. Ve más allá, intenta que te convenzan. Destruye tus vacas sagradas y abandona tu ideología. Ninguna de las dos te sirve.

En tercer lugar, destierra para siempre (si aún no lo has hecho) la noción infantil de que las palabras son violencia. Esta noción es profundamente perjudicial, porque te hace débil. Si el mero desacuerdo puede herirte, después de todo, también puede hacerlo todo lo demás en la vida. Lo mismo ocurrirá con todo lo demás en tu vida. En lugar de eso, adopta el adagio de los estoicos: los demás son responsables de sus actos, tú eres responsable de tu respuesta. Una vez que aceptes la idea de que las meras palabras -viciosas o meramente heterodoxas- no pueden hacerte daño, estarás en el camino de la fortaleza emocional y el arraigo.

En cuarto lugar, no te dejes convertir en una «tribu de uno». Es fácil, en este entorno de discurso enfriado, sentir siempre miedo a hablar. Encuentra un grupo de amigos que te animen a decir tu verdad y que te digan la suya. Encuentra personas que no tengan miedo de compartir ideas heterodoxas y de desafiar a tus vacas sagradas, ni de que las suyas sean desafiadas a su vez.

Encuentra un grupo en el que confiarías para que te cubriera las espaldas en un tiroteo, y que te amara y esperara que tú les cubrieras las suyas a su vez.

Imagen: liberties.eu

Fuente: publico.bo

domingo, 21 de agosto de 2022

Woke contra woke: la dictadura de lo políticamente correcto


La enésima polémica del verano les ha tocado en suerte a Carolina Iglesias y Victoria Martín, cómicas y artífices del podcast «Estirando el chicle». La historia es simple: Iglesias y Martín invitan a su programa a la cómica Patricia Sornosa, feminista acusada de tránsfoba. Inmediatamente les llueven las críticas en redes de los mismos que ayer les aplaudían. Crecen los llamamientos al boicot, las amenazas e improperios, se revisan sus publicaciones para rescatar cualquier posible ofensa, por pequeña que sea. Ahora mismo ya las acusan hasta de racistas. El incidente, en realidad, no tiene de momento ni punto de comparación con lo sufrido por el humorista David Suárez por un chiste en twitter o por los profesores Jose Manuel Errasti y Marino Pérez por su libro «Nadie nace en un cuerpo equivocado», por poner solo dos preocupantes ejemplos de esa cultura de la cancelación cuya existencia algunos niegan. Lo curioso de este caso es que, si por algo se caracteriza el podcast en cuestión, es por su marcada línea reivindicativa del feminismo y el colectivo LGTBIQ+. De hecho, paradójicamente, sus protagonistas participaron hace poco en un programa de televisión que consistía en revisitar antiguos sketches de cómicos y señalarlos como intolerables, por machistas y homófobos (cuando menos), obviando todo contexto. Demostraría esto que la línea que separa la permanencia en el lado bueno de la condena al lado oscuro es extremadamente tenue. O, dicho de otro modo, que alimentar al cocodrilo del «pielfinismo identitario» solo sirve para aspirar, como mucho y con suerte, a ser devorado en último lugar. Pero nunca para salvarse. ¿Woke come a woke? Eso parece.

Las represalias

Lo cierto es que esta extendida cultura woke, que sienta sus bases sobre el marco ideológico de los movimientos identitarios, no duda en promover a su vez una cultura de la cancelación que parece empezar a alcanzarles. El escritor y periodista Andrew Doyle, creador del que es quizá el personaje woke más icónico, Titania McGrath, en su libro «La libertad de expresión y por qué es tan importante» define la cultura de la cancelación como la «metáfora que sirve para sintetizar un método de represalia» que consiste en «avergonzar públicamente y en boicotear a alguien» por sus opiniones o manifestaciones, habitualmente en redes sociales. Pero sus consecuencias, como bien señala el autor, «son enormemente desproporcionadas respecto a lo que se percibe como afrenta».

Para Miguel Ángel Quintana Paz, Doctor en filosofía, director académico del Instituto Superior de Sociología, Economía y Política (ISSEP) de Madrid y articulista, esta cultura de la cancelación sería el modelo de civilización alternativo (mucho más reciente que los otros dos) que compite hoy en día, junto (o, mejor dicho, contra) a la tradición occidental y a la islámica por la hegemonía. «Se trata de un modelo de civilización alternativo», reflexionaba Quintana Paz en un reciente y lúcido artículo al respecto en «The Objective», «porque desea deconstruir nuestra herencia civilizadora. ¿Con qué fin? Sustituirla por otra más ‘’inclusiva’', nada opresiva, más ‘’diversa’', menos «heteropatriarcal-colonialista-racista-homófoba-especista-antiecológica». ¿Pero cómo alcanzan a conseguir tal cuota de influencia, de presencia tanto en el debate público como en las instituciones mismas, movimientos que basan su discurso, precisamente, en la opresión a la que se ven sometidos y a la discriminación sufrida? ¿Qué hay de la mayoría? Quintana Paz entiende que una minoría «muy intolerante» puede llegar a obtener mucho poder porque «la masa, que no se quiere meter en líos por definición, hará lo posible por no tocar las narices a gente muy, muy intransigente» y evitar las posibles consecuencias.

Dictadura de la minoría

Es lo que el ensayista Nassim Taleb, en su libro «Jugarse la piel: Asimetrías ocultas en la vida cotidiana», llama la dictadura de la pequeña minoría y que el autor enuncia de la siguiente manera: «basta que una minoría intransigente –cierto tipo de minorías intransigentes– alcance un nivel minúsculo, digamos el tres o el cuatro por ciento de la población total, para que toda la población tenga que someterse a sus preferencias. Además, una ilusión óptica viene con el dominio de la minoría: un observador ingenuo tendría la impresión de que las elecciones y preferencias son las de la mayoría». Esto se debe, como explica Taleb, a que «el conjunto se comporta de una manera no prevista por los componentes. Las interacciones importan más que la naturaleza de las unidades». Y, en este caso, las unidades son crueles e intransigentes, revanchistas y vengativas. No es de extrañar, pues, que el cantante Nick Cave haya definido a la cultura de la cancelación como «la antítesis de la clemencia». O que personalidades destacadas como Margaret Atwood, Noam Chomsky o el recientemente atacado Salman Rushdie publicaran hace un tiempo una carta abierta en «Harper’s Magazine» en la que se manifestaban explícitamente en contra de las cancelaciones y de este clima de intolerancia. La reacción en redes, como no podía ser de otro modo, fue furibunda y aludía a los supuestos privilegios de estos intelectuales y a concluir, paradójicamente, que no consentían que se pusieran en cuestión sus ideas.

Pero, como explica Doyle en su libro, son en realidad los que exigen respeto (cuando este respeto pasa por la censura) los que, a todos los efectos, insisten en la deferencia: «la idea de que sería necesario vallar determinadas creencias para aislarlas de las críticas y el ridículo es la antítesis misma del liberalismo. En cualquier caso, cómo determinamos quién cumple los requisitos para gozar de una protección tan especial dependerá en gran medida de la valoración subjetiva de quienes detenta el poder en un momento dado. Por ejemplo, hay muchos que argumentan que lo que ellos perciben como un aumento de la islamofobia podría solventarse con la prohibición de criticar el islam. Han olvidado que, en un futuro, los gobiernos con pocos escrúpulos podrían aplicar esa misma lógica cuando deseen evitar rendir cuentas. Deberíamos desconfiar de los remedios a corto plazo que podrían proporcionar un instrumento al uso para que los Estados impongan la censura».

Y es precisamente esa subjetividad a la hora de valorar la ofensa y exigir la reparación, vía boicot o cancelación, la que convierte a quien se alza en patrullero de la moralidad también en susceptible de sufrir las iras de la masa enfurecida. De experimentar de igual modo y en cualquier momento el mismo fenómeno, ser finado y sepulturero. O, por remitirnos a la actualidad, hoy puedes estar señalando a Gila, gloriosa, entre aplausos y vítores, y mañana ser tú la arrastrada por el barro por los mismos enfervorecidos hinchas de lo políticamente correcto.

Y es que no hay posibilidad de perdón ni de redención en la religión woke, como señala atinadamente Quintana Paz. «Y precisamente ahí está su talón de Aquiles», indica, «pues al final es la grieta por donde puede acabar su autodestrucción. Al olvidar la idea cristiana de que todos somos, al final, pecadores, ese esfuerzo de perfección (como en todos los puritanos) acabará, con el mero paso del tiempo, por no dejar a ninguno de ellos presentable. No tendrán más posibilidad que recurrir al ridículo y cicatero “es que no es lo mismo cuando lo hago yo”. O dicho de otro modo», concluye, «nuestra vieja civilización es mucho más resistente pues, al reconocer el pecado de todos, cuando este se pone de manifiesto no anula ninguno de sus fundamentos».

Imagen: El Debate

Fuente: La Razon

lunes, 15 de agosto de 2022

Del lado de Salman Rushdie, una vez más


El 14 de febrero –el día de los corazones acompañados– de 1989, Salman Rushdie dejó de ser un nombre conocido solo por el mundo literario y se convirtió en una celebridad, al tiempo que el iracundo Ayatola Jomeini le puso precio a su cabeza.

¿Cuál fue la razón? De entrada, la publicación de su cuarta novela, Los versos satánicos, una historia en clave de realismo mágico inspirada en la vida del profeta Mahoma. El episodio puede verse como el principio de un nuevo momento en la relación entre el Medio Oriente y lo que no tengo más remedio que llamar el mundo occidental.

Después vinieron los ataques terroristas a las Torres gemelas y el Pentágono en 2001, la intervención militar de la alianza angloamericana en Afganistán e Irak, la Primavera árabe en 2011 y la gran diáspora islámica a la Europa unida, que transformará el destino de nuestro mundo.

Pero todo comenzó con Rushdie. En el origen de este desaguisado se encuentra el choque de dos versiones antitéticas del mundo: por un lado, la idea teocrática, en la que ciertas escrituras no pueden criticarse y mucho menos ser objeto de burla, ya que hacerlo pondría en duda una concepción cerrada de la realidad. Por el otro, la idea liberal y secular, según la cual existe un mercado de las ideas donde ninguna de ellas puede imponerse a no ser por medio de la razón. No hay puntos de vista sagrados y todo puede ser materia de sorna.

Esta es la fuente y origen de la civilización liberal, sin la cual no puede existir. Sobra decir que el orbe islámico se encuentra en una batalla que decidirá su destino entre el orden teocrático y el orden liberal, tertium non datum.

Salman Rushdie, por supuesto, ha tomado partido –salvo en un momento de vacilación que lo honra– por la causa liberal en la batalla por el alma islámica. Y es esta decisión la que hizo que tuviera que vivir escondido y protegido por una guardia policíaca, cortesía del gobierno británico, durante el período inmediato a la publicación de la fetua.

Arduas negociaciones de orden diplomático parecieron haber resultado en una tregua que permitió a Rushdie continuar con una vida más o menos normal en las últimas dos décadas, aun si existe una recompensa millonaria por su vida. Puso su casa en Nueva York, se ha seguido dedicando a las letras y cada tanto nos regala nuevas novelas para leer y analizar: de la tragicómica Furia, donde un plutócrata indio descubre Nueva York, a la investigación en clave de ficción de cómo se produce a un fundamentalista islámico de Shalimar el payaso. De la historia de entrecruzamientos históricos entre la Florencia de Maquiavelo y la Corte de Akbar en el imperio persa que es La encantadora de Florencia a la reconstrucción contemporánea de la saga de Cervantes que es Quijote.

Conocí brevemente a Salman Rushdie en el departamento de Christopher Hitchens en Kalorama. Me pareció muy amable y me comentó que admiraba a Gabriel García Márquez. Le dije que yo también creía que eran grandes autores y le pregunté si había leído a Octavio Paz. Por supuesto que lo había leído. Quienquiera que haya seguido, aunque sea superficialmente, su obra no podrá negar que estamos ante un polímata.  A esta calidad de conocedor de varios saberes se debe agregar una elocuencia pocas veces vista: Rushdie te puede hablar de corrido por horas y con un inglés impecable sobre el polvorín del Medio Oriente, Bollywood, Shakespeare o el Quijote.

El mapa de Rushdie es uno que vale la pena recorrer. En él se entrecruzan la ronda de las civilizaciones y el valiente mundo de la imaginación humana.

Este acaudalado mapa pudiera llegar a su fin ahora, dependiendo de la manera en que Salman Rushdie se recupere del ataque artero perpetrado contra él cuando iba a dictar una conferencia en Nueva York. Es necesario conocer los motivos de quien intentó asesinarlo y, si es posible, establecer si tuvo el apoyo de algún gobierno del planeta. El mundo occidental ha salido una vez más en defensa del escritor, ya que él encarna el valor supremo de la libertad en estos tiempos de déspotas.

Fuente: Letras Libres

sábado, 1 de enero de 2022

La estrategia de vigilancia y monitoreo de China para recopilar datos de objetivos occidentales


China está volcando una parte importante de su red interna de vigilancia de datos de Internet hacia afuera, minando las redes sociales occidentales, incluidos Facebook y Twitter, para equipar a sus agencias gubernamentales, militares y policías con información sobre objetivos extranjeros, según una revisión del Washington Post de cientos de documentos chinos de licitación, contratos y presentaciones de empresas.

China mantiene una red nacional de servicios gubernamentales de vigilancia de datos, denominada software de análisis de la opinión pública, que se desarrolló durante la última década y se utiliza a nivel nacional para advertir a los funcionarios sobre información políticamente sensible en línea.

El software se dirige principalmente a los medios y usuarios de Internet nacionales de China, pero una revisión del Washington Post de los documentos de licitación y contratos para más de 300 proyectos del gobierno chino desde principios de 2020 incluye pedidos de software diseñado para recopilar datos sobre objetivos extranjeros de fuentes como Twitter, Facebook y otras redes sociales occidentales.

Los documentos, de acceso público a través de las plataformas de licitación del gobierno nacional, también muestran que las agencias, incluidos los medios estatales, los departamentos de propaganda, la policía, el ejército y los reguladores cibernéticos, están comprando sistemas nuevos o más sofisticados para recopilar datos.

Estos incluyen un programa de software de medios estatales chino de 320.000 dólares que explota Twitter y Facebook para crear una base de datos de periodistas y académicos extranjeros; un programa de inteligencia de la policía de Beijing de 216.000 dólares que analiza la charla occidental sobre Hong Kong y Taiwán; y un cibercentro de Xinjiang que cataloga contenido en idioma uigur en el extranjero.

“Ahora podemos comprender mejor la red clandestina del personal anti-China”, dijo un analista con sede en Beijing que trabaja para una unidad que depende del Departamento Central de Propaganda de China. La persona, que habló bajo condición de anonimato para discutir su trabajo, dijo que una vez se le encomendó la tarea de producir un informe de datos sobre cómo se difunde en Twitter el contenido negativo relacionado con los altos cargos de Beijing, incluidos los perfiles de académicos, políticos y periodistas individuales.

Estas redes de vigilancia son parte de un impulso más amplio de Beijing para refinar sus esfuerzos de propaganda extranjera a través de big data e inteligencia artificial.

También forman una red de sistemas de alerta diseñados para hacer sonar alarmas en tiempo real sobre tendencias que socavan los intereses de Beijing.

“Ahora están reorientando parte de ese esfuerzo hacia afuera, y creo que eso es francamente aterrador, al ver las cifras y la magnitud que esto ha tenido dentro de China”, dijo Mareike Ohlberg, investigadora principal del German Marshall Fund que ha realizado extensos investigación sobre la red de opinión pública nacional de China.

“Realmente muestra que ahora sienten que es su responsabilidad defender a China en el extranjero y luchar contra la guerra de la opinión pública en el extranjero”, dijo.

Algunos de los presupuestos del gobierno chino incluyen la compra y el mantenimiento de cuentas de redes sociales extranjeras en nombre de los departamentos de policía y propaganda. Sin embargo, otros describen el uso del análisis dirigido para refinar la cobertura de los medios estatales de Beijing en el extranjero.

Las compras varían en tamaño, desde pequeños programas automatizados hasta proyectos que cuestan cientos de miles de dólares y que cuentan con personal las 24 horas del día por equipos que incluyen angloparlantes y especialistas en política exterior.

Los documentos describen programas altamente personalizables que pueden recopilar datos de redes sociales en tiempo real de usuarios individuales de redes sociales. Algunos describen el seguimiento de tendencias generales en temas que incluyen las elecciones de EE. UU.

El Post no pudo revisar los datos recopilados por los sistemas, pero habló con cuatro personas con sede en Beijing que están directamente involucradas en el análisis de la opinión pública del gobierno y describieron sistemas de software separados que recopilan y almacenan automáticamente datos de Facebook y Twitter en tiempo real en servidores nacionales chinos para analizar.

Twitter y Facebook prohíben la recopilación automatizada de datos sobre sus servicios sin autorización previa. La política de Twitter también prohíbe expresamente a los desarrolladores recopilar datos utilizados para inferir la afiliación política o el origen étnico y racial de un usuario.

“Nuestra API proporciona acceso en tiempo real a datos públicos y tweets únicamente, no a información privada. Prohibimos el uso de nuestra API con fines de vigilancia, según nuestra política y términos para desarrolladores“, dijo Katie Rosborough, portavoz de Twitter, refiriéndose a la Interfaz de programación de aplicaciones (API) de la empresa, que permite a los desarrolladores recuperar datos públicos de la plataforma, entre otros. funciones.

Facebook no respondió a las solicitudes de comentarios sobre si está al tanto del monitoreo o si varias empresas, universidades y empresas de medios estatales que figuran como proveedores del software estaban autorizadas a recopilar datos en su plataforma.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China no respondió a una solicitud de comentarios.

‘Orientación de la opinión pública’

Los sistemas de China para analizar la opinión pública nacional en línea son un pilar poderoso, pero en gran parte invisible, del programa del presidente Xi Jinping para modernizar el aparato de propaganda de China y mantener el control sobre Internet.

La gran recopilación de datos y los esfuerzos de monitoreo brindan a los funcionarios una idea de la opinión pública, un desafío en un país que no realiza elecciones públicas ni permite medios independientes.

Los servicios también proporcionan una vigilancia cada vez más técnica para el aparato de censura de China. Y la mayoría de los sistemas incluyen funciones de alarma diseñadas para alertar a los funcionarios y a la policía sobre contenido negativo en tiempo real.

Estas operaciones son una función importante de lo que Beijing llama “trabajo de orientación de la opinión pública”: una política de moldear el sentimiento público a favor del gobierno a través de la censura y la propaganda dirigida.

La frase saltó a la fama por primera vez en la formulación de políticas después de las manifestaciones a favor de la democracia en la Plaza de Tiananmen de 1989, cuando los funcionarios comenzaron a explorar nuevas formas de adelantarse a los desafíos populares al poder del Partido Comunista, y desde entonces se ha convertido en parte integral de la arquitectura subyacente de Internet en China, donde los usuarios son vinculados por ID de nombre real, y los servicios de Internet están obligados por ley a mantener un aparato de censura interna.

El alcance exacto de la industria de monitoreo de la opinión pública del gobierno de China no está claro, pero ha habido algunos indicios sobre su tamaño en los medios estatales chinos. En 2014, el periódico estatal China Daily dijo que más de 2 millones de personas trabajaban como analistas de opinión pública. En 2018, el People’s Daily, otro órgano oficial, dijo que la industria de análisis de opinión en línea del gobierno tenía un valor de “decenas de miles de millones de yuanes”, equivalente a miles de millones de dólares, y estaba creciendo a una tasa del 50 por ciento anual.

Ese sistema de red de vigilancia se está expandiendo para incluir redes sociales extranjeras en un momento en que las percepciones globales de Beijing están en su nivel más bajo en la historia reciente.

Una encuesta de Pew Research publicada en junio mostró que las percepciones de China entre 17 economías avanzadas habían caído a mínimos históricos por segundo año consecutivo a raíz de la guerra comercial de Estados Unidos, la crisis de derechos humanos de Xinjiang, Hong Kong y la pandemia de coronavirus. .

En mayo de este año, Xi pidió a los altos funcionarios que mostraran una imagen más “digna de confianza, adorable y confiable” de China en el extranjero, y pidió el “desarrollo efectivo de la orientación de la opinión pública internacional”.

Sus comentarios reflejan la creciente ansiedad de Beijing sobre cómo controlar la imagen de China en el exterior.

“Tras las conversaciones comerciales entre China y EE. UU. y el incidente de los disturbios en Hong Kong, se está volviendo más claro día a día que la guerra de noticias de la opinión pública es ardua y necesaria”, dijo China Daily en un documento de licitación de julio de 2020,

La invitación a licitar establece las especificaciones de un programa que explora Twitter, Facebook y YouTube en busca de datos sobre “reconocidos periodistas de los medios occidentales” y otro “personal clave de los círculos políticos, empresariales y de los medios de comunicación”.

“Estamos compitiendo con los medios de comunicación estadounidenses y occidentales, la batalla por el derecho a hablar ha comenzado”, dijo.

El software debe funcionar las 24 horas del día, de acuerdo con las especificaciones, y mapear las relaciones entre el personal objetivo y descubrir “facciones” entre el personal, midiendo sus “tendencias de China” y construyendo un sistema de alarma que marque automáticamente “declaraciones e informes falsos sobre China”.

Los sistemas de advertencia como el delineado en el documento China Daily se describen en más del 90 por ciento de las licitaciones que enumeran especificaciones técnicas, según muestra la revisión de los documentos por parte de The Post.

Dos personas que trabajan como analistas en unidades de análisis de opinión pública contratadas por agencias gubernamentales en Beijing dijeron a The Post que reciben alarmas automáticas a través de SMS, correo electrónico y monitores de computadora dedicados cuando se detecta contenido “sensible”. Ambas personas hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a hablar con medios extranjeros.

“Tener la responsabilidad [del monitoreo] es mucha presión”, dijo una de las personas. “Si hacemos mal nuestro trabajo, hay graves repercusiones”.

Las tendencias virales altamente sensibles en línea se informan a una línea directa de 24 horas mantenida por la Administración de Ciberseguridad de China (CAC), el organismo que supervisa el aparato de censura del país, dijo la persona sobre su unidad.

La persona agregó que la mayoría de las alarmas estaban relacionadas con las redes sociales nacionales, pero que las redes sociales extranjeras también se habían incluido en el monitoreo de las unidades desde mediados de 2019.

La cuenta de la persona está respaldada por cuatro documentos de licitación para sistemas no relacionados que mencionan líneas directas al CAC.

“En caso de una opinión pública importante, comuníquese directamente con el personal de servicio del CAC por teléfono para asegurarse de que las notificaciones estén en su lugar a través de varias herramientas de comunicación”, dijo una licitación de diciembre de 2020 por un sistema de USD 236,000 comprado por el departamento de propaganda municipal de la ciudad de Fuzhou para monitorear Facebook y Twitter junto con las redes sociales nacionales.

Especifica que los informes al CAC deben incluir los detalles de los usuarios individuales de las redes sociales.

Minería de datos dirigida por medios estatales

Los proveedores de los sistemas varían. El China Daily otorgó su contrato a la Universidad de Comunicaciones de Beijing, una de la media docena de universidades chinas que han creado departamentos especializados para desarrollar tecnología de análisis de la opinión pública.

Sin embargo, algunos de los servicios de seguimiento de la opinión pública más prolíficos son proporcionados a la policía y las agencias gubernamentales por los propios medios estatales.

Los documentos brindan información sobre el alcance de la recopilación de datos de redes sociales extranjeras realizada por los principales medios de comunicación estatales de China, que mantienen oficinas y servidores en el extranjero, y su papel clave en proporcionar a Beijing una guía publicitaria basada en análisis de minería de datos cada vez más sofisticados.

La creciente influencia de los esfuerzos de propaganda de Beijing en el exterior, encabezados por los medios estatales, ha disparado las alarmas en Washington.

En 2020, el Departamento de Estado reclasificó las operaciones con sede en EE. UU. de los principales medios de comunicación estatales de China como misiones en el extranjero , lo que aumentó los requisitos de presentación de informes y restringió la asignación de visas, lo que enfureció a Beijing.

The People’s Daily Online, una unidad del periódico estatal People’s Daily, que ofrece uno de los servicios de análisis de opinión pública por contrato más grandes del país, ganó docenas de proyectos que incluyen servicios de recopilación de datos de redes sociales en el extranjero para la policía, autoridades judiciales, organizaciones del Partido Comunista y otros clientes.

La unidad, que registró USD 330 millones en ingresos operativos en 2020, un 50 por ciento más que en 2018, dice que atiende a más de 200 agencias gubernamentales, aunque no está claro cuántas solicitan datos de redes sociales extranjeras.

En una licitación ganada por el People’s Daily Online, la Unidad de Comando de Inteligencia de la Policía de Beijing compró un servicio de USD 30.570 para rastrear redes sociales extranjeras y producir informes sobre “personal y organizaciones clave” no especificados, recopilando información sobre sus “circunstancias básicas, antecedentes y relaciones”.

También pide informes de datos semanales sobre las relaciones de Hong Kong, Taiwán y Estados Unidos. Emitido poco antes de que los resultados de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020 fueran ratificados el 6 de enero, también pidió “informes especiales” sobre los “principales puntos de vista de los internautas” relacionados con las elecciones.

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“El equilibrio de poder internacional se ha ajustado profundamente”, decía la solicitud de licitación. “Mediante la recopilación de información pública de Internet podemos vigilar de cerca a la comunidad internacional, analizar sensibilidades y puntos calientes, y mantener la estabilidad de la sociedad china”.

En un artículo de abril de 2020, el analista jefe del Centro de datos de opinión pública en línea del People’s Daily, Liao Canliang, estableció el objetivo final del análisis de la opinión pública.

“El propósito último del análisis y la predicción es orientar e intervenir en la opinión pública”, escribió Canliang“... Los datos públicos de los usuarios de las redes sociales se pueden utilizar para analizar las características y preferencias de los usuarios, y luego guiarlos de manera específica”.

En el artículo, Liao señala el impacto de Cambridge Analytica en las elecciones estadounidenses de 2016 como evidencia de la capacidad de las redes sociales para moldear la opinión pública.

“Occidente utiliza big data para analizar, investigar y juzgar la opinión pública para influir en las actividades políticas... Siempre que haya una comprensión correcta de la situación, la opinión pública también puede ser guiada e interferida“, escribió.

La subsidiaria del People’s Daily Global Times, un periódico de fuego conocido por su mordaz cobertura de los críticos de China, también tiene una unidad que recopila datos de redes sociales extranjeras para el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, la Oficina de Relaciones Exteriores de Beijing y otras agencias gubernamentales.

A fines de 2019, Global Times Online ganó un contrato de tres años por valor de USD 53.000 para proporcionar un “sistema de monitoreo de opinión de periodistas y medios extranjeros relacionados con China” que monitorea las redes sociales en el extranjero en nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores de China y también produce informes completos y regulares como sesiones informativas especiales en “circunstancias urgentes”.

La documentación que acompaña al proyecto dice que cerca del 40 por ciento del personal de la unidad de monitoreo de Global Times son reporteros senior de Global Times y que la publicación mantiene grandes plataformas de monitoreo de redes sociales en el extranjero.

Una descripción en el sitio web del centro de investigación de opinión pública del Global Times dice que el grupo lleva a cabo “servicios de monitoreo e investigación en el extranjero” y proporciona “planes de respuesta integrales” a clientes gubernamentales y privados.

Tanto el People’s Daily como el Global Times se encontraban entre los medios designados como misiones extranjeras en los Estados Unidos.

El aumento en el seguimiento de China de la opinión pública extranjera en las redes sociales coincide con los esfuerzos de Pekín para aumentar su influencia en Twitter y otras plataformas de redes sociales estadounidenses.

En junio de 2020, Twitter suspendió 23.000 cuentas que, según dijo, estaban vinculadas al Partido Comunista de China y difundían propaganda encubierta para socavar las protestas a favor de la democracia en Hong Kong. Este mes, Twitter dijo que eliminó otras 2.048 cuentas vinculadas a Beijing y que produjo contenido coordinado que socava las acusaciones de abusos de derechos en Xinjiang.

Los expertos dicen que esas cuentas representan una pequeña fracción de los esfuerzos de China para impulsar los mensajes a favor de Beijing en las redes sociales extranjeras.

‘Efecto escalofriante extremo’

Poco menos de un tercio de los sistemas de análisis de la opinión pública revisados por The Post fueron adquiridos por la policía china.

En 14 casos, los sistemas de análisis incluyeron una función solicitada por la policía que marcaría automáticamente el contenido “sensible” relacionado con los uigures y otras minorías étnicas chinas. Otros 12 sistemas de análisis incluyeron la capacidad solicitada por la policía de monitorear a los autores de contenido individuales a lo largo del tiempo.

“Debe apoyar el monitoreo de información de las redes sociales en el extranjero ... y proporcionar una colección específica de sitios y autores designados”, dijo una invitación a licitar publicada por la policía de la ciudad de Fuzhou en octubre que enumera la cobertura de Facebook y Twitter como un requisito.

El monitoreo de las redes sociales en el extranjero por parte de la policía local en toda China podría usarse para investigar a los ciudadanos chinos a nivel local y en el extranjero, así como para señalar tendencias que provocan la disidencia interna, dicen los expertos.

“El monitoreo de la seguridad pública tiene mucho que ver con el mantenimiento de la estabilidad, rastrear a las personas y encontrar la identidad de las personas, y cuando monitorean las redes sociales en el extranjero, a menudo también se trata de monitorear qué noticias podrían causar problemas en China”, dijo el alemán Ohlberg de Marshall Fund.

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Las empresas que brindan seguimiento de la opinión pública en el extranjero a la policía incluyen una combinación de empresas privadas y estatales, incluido el People’s Daily Online.

Seis contratos policiales adjudicados desde 2020 indicaron que el People’s Daily fue elegido para realizar el monitoreo sobre la base de su capacidad técnica para recopilar datos en el extranjero.

“Es el único en la industria que implementa servidores en el extranjero. Es una organización de servicio de opinión pública que puede monitorear y recolectar más de 8.000 medios en el extranjero sin ‘derribar el muro’ “, dijo el Departamento de Policía de Guangdong en una oferta de contrato de USD 26.200 publicada en julio de 2020, refiriéndose a la capacidad de la unidad People’s Daily para recopilar datos en el extranjero fuera del Gran Cortafuegos de China.

Los expertos dicen que la tecnología de vigilancia de redes sociales cada vez más avanzada disponible para la policía china podría empeorar el acoso dirigido a los críticos de Beijing.

“El gobierno chino es uno de los peores infractores cuando se trata de atacar a personas fuera del país”, dijo Adrian Shahbaz, director de tecnología y democracia del grupo de expertos Freedom House.

“Tiene un efecto paralizador extremo sobre cómo los ciudadanos chinos fuera de China están usando las herramientas de las redes sociales, porque saben que en casa, su información es monitoreada muy fácilmente por las autoridades chinas”, dijo.

La Oficina de Seguridad Pública de China no respondió a una solicitud de comentarios.

Una oficina de policía en la ciudad de Nanping, en el sur de China, compró un sistema de 42.000 dólares que “admite funciones de recopilación, descubrimiento y advertencia para datos de redes sociales de Twitter y Facebook de acuerdo con diferentes clasificaciones y grupos de palabras clave, así como listas de información en el extranjero”, según documentos de licitación publicados en julio de 2020.

Otras adquisiciones de servicios de opinión pública describen los programas adquiridos por la policía china y los organismos gubernamentales de Xinjiang para rastrear el contenido lingüístico étnico “sensible” en el extranjero. (Los uigures principalmente musulmanes de China se concentran en Xinjiang).

Un sistema de 43.000 dólares comprado por la policía en el condado de Shangnan, en el centro de China, incluía un sistema de recopilación de “información confidencial extranjera” que solicitaba traductores de personal uigur y tibetano, según los contratos.

Los documentos de adquisiciones militares, menos detallados que otros tipos, no ofrecían muchos detalles sobre el propósito de la recopilación de datos extranjeros, pero aludían a categorías vagas de datos, incluido el “personal clave”.

Un contrato de junio de 2020 muy redactado emitido por el Ejército Popular de Liberación describía un sistema que rastrearía sitios extranjeros y categorizaría los datos en función de la afiliación, la geografía y el país.

Source Data Technology, la empresa con sede en Shanghái que ganó el contrato, dice en su sitio web que utiliza “tecnología avanzada de análisis de inteligencia artificial y minería de big data” para cubrir más del 90 por ciento de las redes sociales en los Estados Unidos, Europa y los países vecinos de China.

Fuente: Infobae