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martes, 5 de mayo de 2026

Segip se consolida como la institución pionera en la aplicación de la política Tranca Cero


El Servicio General de Identificación Personal (Segip) es la institución pública pionera en iniciar la aplicación de la política nacional “Tranca Cero”, luego de oficializar, en un acto este lunes, la eliminación de las fotocopias de la cédula de identidad por el documento digital.

“El Segip es la primera institución que está dando paso a la no solicitud de la fotocopia de la cédula de identidad. Vamos a facilitarle la vida al ciudadano y esta vez, desde el Segip”, afirmó el viceministro de Coordinación y Modernización del Estado, Julio Linares, durante el acto realizado.

Por su parte, el director ejecutivo general del Segip, Diego Tejerina, reconoció que, en una era en la que la digitalización “es punta de lanza”, la eliminación de la fotocopia de la cédula se materializa con la cédula de identidad digital, que ahora la población podrá tener a su alcance en el teléfono móvil, a través de Segip Digital.

Tejerina adelantó que ya se realizan gestiones avanzadas con el sector privado para garantizar la interoperabilidad.

“Hemos llegado a muchas entidades bancarias para que la presentación de la cédula de identidad digital, con la contrastación de datos, sea una realidad. La normativa es clara: el documento digital tiene la misma validez legal que la cédula física”, precisó.

La implementación de la cédula digital responde al Decreto Supremo 5595, promulgado por el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. La norma instruye, en su Artículo 1, establecer el Programa “Tranca Cero” para la desregulación, simplificación administrativa y optimización normativa en el aparato estatal.

“Con este hito, el Segip reafirma su compromiso con una gestión eficiente, transparente y volcada al servicio del ciudadano, liderando el camino hacia una Bolivia libre de burocracia”, resaltaron desde la institución.

Fuente: Oxigeno

lunes, 30 de marzo de 2026

Gobierno lanza plan para eliminar la burocracia y digitalizar trámites en el país


El Gobierno nacional puso en marcha el Programa “Tranca Cero”, una política pública orientada a reducir la burocracia y modernizar la gestión estatal mediante la digitalización de trámites y la eliminación de requisitos innecesarios. La iniciativa fue oficializada este lunes con la promulgación del Decreto Supremo 5595, que marca el inicio de una transformación gradual del aparato público. 

El presidente Rodrigo Paz señaló que el objetivo es cambiar la lógica de funcionamiento del Estado, al que calificó como un sistema que históricamente ha generado trabas para la ciudadanía. En ese sentido, apuntó a simplificar procesos y mejorar la eficiencia en la atención pública.

Entre las primeras acciones se encuentra la creación del Catálogo Nacional de Trámites, un registro único que establecerá qué procedimientos son válidos. Bajo esta normativa, cualquier trámite que no esté incluido será considerado nulo, con el fin de eliminar exigencias informales o discrecionales dentro de las instituciones.

Asimismo, se habilitará la plataforma digital “Reporta tu Tranca”, donde los ciudadanos podrán denunciar cobros indebidos, requisitos no autorizados o demoras injustificadas. Esta herramienta permitirá evaluar el desempeño institucional y fortalecer la transparencia en la administración pública.

El programa también contempla incentivos para gobiernos subnacionales mediante la Certificación ETA Tranca Cero, además de la implementación de un ranking semestral que medirá los avances en simplificación administrativa. La política será ejecutada por un comité interministerial y monitoreada por el Centro de Gobierno, en un proceso que busca desmontar progresivamente la burocracia acumulada y avanzar hacia un Estado más eficiente y cercano a la ciudadanía.

Fuente: Bolivia TV

jueves, 5 de marzo de 2026

Gobierno crea unidad estatal de comunicación con 22 funciones


El gobierno de Rodrigo Paz aprobó la creación de la Unidad de Comunicación Estratégica del Estado Plurinacional de Bolivia. De esta manera, se busca centralizar la política comunicacional estatal mediante 22 funciones técnicas y operativas.

Asimismo, la entidad fue establecida mediante el Decreto Supremo 5566 y dependerá directamente de la Presidencia en Bolivia. En este sentido, la medida reorganiza estructuras previas con el propósito de fortalecer la gestión de información pública y mejorar la interacción con la ciudadanía.

¿Qué es la nueva Unidad de Comunicación del Estado?

La unidad integrará las funciones que antes desarrollaban las áreas de comunicación estratégica y medios estatales. Por consiguiente, el objetivo es consolidar una política comunicacional coordinada a nivel gubernamental.

Según el decreto, la institución operará con una estructura flexible y especializada. Esto permitirá responder tanto a necesidades estructurales como a escenarios de coyuntura política o social.

Coordinación publicitaria y vocerías institucionales

Entre las tareas prioritarias figuran la coordinación de la publicidad estatal. Además, se fortalecerá la formación de vocerías nacionales y regionales.

Por otra parte, la capacitación de portavoces oficiales formará parte de la estrategia de comunicación pública. El Estado también impulsará el posicionamiento de temas estratégicos de gestión y la relación informativa con los medios.

Sistema de análisis social y monitoreo informativo

La nueva unidad desarrollará un sistema de investigación y sistematización de demandas sociales. Con este mecanismo, se buscará recoger percepciones ciudadanas sobre la gestión pública.

Asimismo, el modelo incorporará herramientas de social listening o escucha social digital. El análisis de redes sociales servirá para evaluar tendencias de opinión pública.

Del mismo modo, la unidad coordinará con los ministerios tareas de monitoreo de información. Así, se pretende anticipar riesgos comunicacionales y mejorar la toma de decisiones estatales.

Directorio para fortalecer Bolivia Tv

El decreto también redefine la administración de Bolivia Tv. En consecuencia, el canal estatal contará con un directorio multisectorial.

El directorio estará integrado por representantes de varios ministerios. Entre ellos figuran las carteras de Presidencia, Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente.

Igualmente, participarán los ministerios de Economía y Finanzas Públicas, Obras Públicas, Educación y Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía. Con ello, se busca mejorar la coordinación interinstitucional en la gestión audiovisual pública.

Financiamiento y aplicación del decreto

El gobierno afirmó que la implementación del decreto no generará recursos adicionales del Tesoro General de la Nación (TGN) en Tesoro General de la Nación – Bolivia.

Por lo tanto, la normativa plantea optimizar los recursos existentes para sostener la operación de la nueva unidad comunicacional.

Alcances de las 22 funciones estratégicas

Las 22 funciones de la unidad se organizan en tres ejes principales.

En primer lugar, abarcan la gestión estratégica de comunicación gubernamental. En segundo lugar, incluyen la investigación social y el análisis de opinión pública. Finalmente, contemplan la formación y coordinación de vocerías oficiales para la difusión de información pública.

Perspectiva de la reforma comunicacional

La creación de esta unidad representa un avance hacia la centralización técnica de la comunicación estatal. Al mismo tiempo, el gobierno enfatiza la necesidad de adaptarse a las dinámicas actuales del ecosistema informativo.

De acuerdo con analistas, el modelo se alinea con tendencias internacionales de gobernanza digital y monitoreo social.

Imagen: Eju

Fuente: Enfoque News

miércoles, 14 de enero de 2026

Paz cierra Agencia de la Información que dependía de Lara y la traslada a la AGETIC


El presidente Rodrigo Paz decidió cerrar la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia (ADSIB) mediante el Decreto Supremo 5519. La entidad, que hasta la fecha dependía de la Vicepresidencia a cargo de Edmand Lara, concluirá funciones este miércoles 14 de enero, transfiriendo todas sus atribuciones a la AGETIC.

El decreto establece que, a partir del 15 de enero de 2026, la AGETIC asumirá las funciones de la ADSIB, incluyendo la administración de los servicios de certificación digital, el registro del dominio ‘.bo’ y la custodia del repositorio estatal de software libre. La AGETIC depende del Ministerio de la Presidencia, liderado por José Luis Lupo.

La medida administrativa centraliza en una sola entidad, bajo control del Ejecutivo, servicios críticos de tecnología y gobierno digital. La ADSIB era responsable del registro exclusivo de dominios ‘.bo’, la emisión de certificados y firmas digitales con validez legal, y el desarrollo de políticas públicas en Tecnologías de la Información.

El traslado de funciones incluye también la absorción de todos los procesos administrativos y judiciales en los que la ADSIB fuera parte. La AGETIC deberá garantizar la continuidad operativa de los servicios sin interrupciones para los usuarios.

Fuente: Go Communication

domingo, 16 de noviembre de 2025

Rodrigo Paz concretará la digitalización de expedientes como un paso para superar la crisis judicial


El presidente Rodrigo Paz al inaugurar el Diálogo Interinstitucional para la Reforma Judicial en el Centro Internacional de Convenciones (CIC) de Sucre avisó este viernes la creación del Sistema Nacional de Expedientes Digitales, una plataforma que permitirá digitalizar todos los procesos judiciales, eliminando el uso de archivos físicos y garantizando transparencia, trazabilidad y seguridad documental.

“Vamos a digitalizar todos los procesos judiciales y vamos a crear un sistema nacional de expedientes. No habrá archivos que desaparecen. Les vamos a dar recursos económicos para apoyar a nuestra justicia. Siéntanse respaldados para las mejores soluciones”, asentó.

Aseguró que esta transformación judicial será acompañada por una inversión de forma directa, capacitación y soporte técnico para todas las instancias judiciales, con el objetivo de combatir la retardación de justicia y evitar manipulaciones.

Ponderó que el fortalecimiento del sistema judicial es esencial para el futuro del país. “Un Poder Judicial respetado no es un detalle de cualquier Estado; es la roca sobre la que descansa la democracia”.

También enfatizó que esta reforma responde a un mandato colectivo, surgido de la voluntad popular.

“Este es el momento de la transformación, este es el momento que tenemos, si bien ha habido un daño profundo no es irreparable, hoy quiero reconocer con honestidad y con gratitud los primeros pasos valientes que ha dado la nueva Corte Suprema de Justicia, presidente yo lo felicito, porque como boliviano, no como presidente, como boliviano ante este nuevo escenario del sistema judicial digo: hay futuro, hay esperanza”, manifestó Paz en referencia a la iniciativa del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo.

Indicó que es el momento de recuperar lo que se tenía, porque el Estado que dejó el MAS en 20 años debe ser reconstruido y abogó por que haya unidad de todas las instancias que son las que deben trabajar en transformar la Justicia.

“Nosotros nos vamos a sumar a esa transformación de todos los ámbitos, todos requieren un respaldo, nosotros también somos los primeros en reconocer que, sumando junto al esfuerzo de cada una de las instancias, de los tres poderes restantes y de cada una de las organizaciones sociales, tenemos que transformar bajo un concepto claro de unidad”, añadió.

También apuntó que las reformas que se vayan a plasmar ahora estarán vigentes durante la centuria, pues ya no se trabajará para el Bicentenario, sino para el Tricentenario y adelantó que el Gobierno organiza un evento nacional el 19 de noviembre que dará fundamento a su Gobierno. 

“La responsabilidad no es solo una reforma de la Justicia, es la reforma de todo este Estado y acabar con este Estado tranca y hacer un Estado facilitador, donde la gente no tenga que trabajar para el Estado, sino que el Estado trabaje para la gente, donde una sentencia no tenga precio. Eso es fundamental”, remató el jefe de Estado.

La Cumbre de la Justicia es una iniciativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que convocó a una sala plena ampliada para diseñar las tareas de cara a una reforma judicial.

La intención del encuentro es lograr el compromiso de las entidades nacionales, de los cuatro poderes del Estado para adelante una reforma estructural judicial.

Fuente: Innovapress

viernes, 7 de noviembre de 2025

Superando la burocracia con inteligencia artificial


El exceso de regulación, la burocracia administrativa y otros obstáculos institucionales están asfixiando la economía y la vida cotidiana. Ante la falta de voluntad política para solucionar estos problemas, la inteligencia artificial puede ser nuestra mejor oportunidad para acabar con la burocracia.

El comercio electrónico está atrapado en el fango de las políticas. Las fricciones institucionales se acumulan en todos los mercados e industrias, lo que aumenta los costos, retrasa los proyectos y, a menudo, detiene por completo el progreso. La construcción se ve estrangulada por las evaluaciones medioambientales, que pueden tardar seis años en completarse. Las reservas de talento se ven frenadas por la lentitud en la tramitación de los visados, hasta el punto de que actualmente hay 11,3 millones de solicitudes en suspenso. Mientras tanto, el comercio internacional se ve obstaculizado por el mayor retraso en la concesión de licencias de exportación de la historia.

Los bloqueos institucionales están frenando la abundancia que necesitamos para resolver nuestros mayores retos. La mejor respuesta a estos retos es una respuesta del mercado, que requiere eliminar los cuellos de botella que asfixian el comercio para liberar la productividad en el país y desbloquear nuestra ventaja competitiva en el extranjero.

Es difícil exagerar lo que está en juego con estas fricciones, mientras que la voluntad política para solucionarlas es débil y no hay soluciones mágicas en materia de políticas. Por lo tanto, más que una simple elaboración de políticas incrementales, el progreso exige un catalizador para una rápida transformación: la inteligencia artificial (IA).

La invocación de la IA puede hacer que algunos lectores se detengan. Desde la revolución de ChatGPT, el entusiasmo por la IA a menudo se ha adelantado a la realidad. Los fantasiosos de ciencia ficción con demasiada imaginación y los vendedores oportunistas confunden aún más el panorama. Aun así, la IA actual es real y notable. Su velocidad y capacidad para trabajar a gran escala se ajustan bien al enorme alcance de nuestro reto de reforma institucional. Si se aplica con cuidado, la IA podría ayudar a eliminar los retrasos, las demoras y las ineficiencias que frenan el comercio.

Para poner en perspectiva el potencial de la IA para transformar las fricciones institucionales, consideremos tres oportunidades de gran impacto en las que la IA actual podría producir un progreso inmediato y significativo: la reforma regulatoria, la reforma de los procesos y la reforma del papeleo.

Reforma normativa

Una economía bien engrasada depende de un reglamento adecuado. Cuando se acumulan las restricciones, el dinamismo del mercado se reduce. Las empresas que se ven obligadas a cumplir requisitos excesivos se ven obligadas a subir los precios, recortar la I+D y redirigir el capital de la innovación hacia el cumplimiento normativo. Según QuantGov, la normativa federal contiene más de un millón de restricciones, redactadas de forma tan densa que leer el código federal llevaría tres años y medio. A esa escala, una reforma integral resulta casi imposible.

Aquí es donde la IA puede ayudar. Si hay algo en lo que destaca la IA moderna es en el análisis de textos. Mientras que los analistas humanos se esfuerzan por analizar incluso unas pocas páginas de normativa densa, la IA puede revisar miles de ellas, identificando conexiones, detectando redundancias y señalando los requisitos que deben revisarse o eliminarse.

Esta posibilidad no es una quimera. A principios de este año, la ciudad de San Francisco se asoció con el Laboratorio de Regulación, Evaluación y Gobernanza (RegLab) de Stanford para crear una herramienta de IA que peinara los casi 16 millones de palabras del extenso código municipal de la ciudad con el fin de identificar requisitos de información obsoletos, es decir, memorandos escritos que requieren mucho tiempo, son a menudo redundantes e inútiles, pero que siguen siendo obligatorios por ley. El resultado: de los 528 informes obligatorios que se detectaron, 140 fueron seleccionados para su eliminación.

El Código de Regulaciones Federales tiene más de 100 millones de palabras, unas seis veces más que el código de San Francisco, pero lo que funcionó en el Área de la Bahía puede funcionar en Washington. Aplicada a nivel federal, la IA podría ayudar a las agencias a generar listas de tareas pendientes para la reforma, señalando mandatos obsoletos, solapamientos normativos, lenguaje confuso y excesos susceptibles de ser eliminados. La reforma seguiría dependiendo de la aprobación humana y la voluntad política, pero con la IA el esfuerzo necesario podría reducirse drásticamente, abriendo la puerta a las medidas decisivas necesarias para aliviar la carga del comercio estadounidense.

Reforma del proceso

Más allá de reducir el alcance de las propias normas, la IA tiene un inmenso potencial para reducir la carga de la aplicación de las normas al acelerar el proceso regulatorio. Los retrasos en la tramitación son una de las cargas más pesadas del sector público, y las más comunes. Cualquiera que haya intentado pasar al Real ID sin duda ha sentido este dolor. Cuando el gobierno federal decidió inesperadamente aplicar el programa, que llevaba décadas en vigor, una avalancha de solicitudes inundó instantáneamente las oficinas de tráfico. Los plazos de aprobación se alargaron de semanas a meses, lo que impidió a los ciudadanos volar o incluso conducir. Lamentablemente, estos retrasos no son una excepción, sino que a menudo son habituales en las instituciones.

La IA puede aliviar estas cargas en todos los organismos y procesos. Una oportunidad reside en facilitar el análisis rutinario común en los procesos de aprobación estatales. Para ayudar a acelerar las cosas, existen sistemas de "investigación profunda", nuevas y prometedoras herramientas de IA que pueden automatizar el descubrimiento, la síntesis y el análisis de información. La Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) ya está explorando cómo estas herramientas podrían acelerar sus retrasos en las aprobaciones, que son esenciales para el comercio. Para agilizar la revisión de las solicitudes de registro de obras de arte, la USPTO ha implementado una herramienta de búsqueda "más como esta" que muestra automáticamente obras de arte similares y documentación relevante. Con la información adecuada proporcionada por la IA, no hay duda de que el tiempo de aprobación se reducirá.

La IA actual es real y notable. Su velocidad y capacidad para trabajar a gran escala se ajustan bien al enorme alcance de nuestro reto de reforma institucional. Si se aplica con cuidado, la IA podría ayudar a reducir los retrasos, las demoras y las ineficiencias que frenan el comercio.

Una mejora quizás más importante radica en el manejo de los errores de documentación. Los errores simples se encuentran entre las causas más comunes de los retrasos burocráticos: los formularios confusos se archivan incorrectamente, se rellenan de forma errónea o se dejan incompletos. Estos errores suelen relegar las solicitudes al final de la cola, lo que agrava los retrasos. En el Departamento de Energía, los funcionarios están probando un nuevo programa llamado AI4IX que implementa un asistente de IA para la concesión de permisos que señala automáticamente las omisiones en el papeleo, detecta los errores e incluso gestiona la comunicación necesaria para su resolución. Aunque este tipo de tecnología puede parecer engañosamente incremental, a gran escala los beneficios pueden ser espectaculares. En Honolulu se implementó un sistema similar para agilizar el proceso de concesión de permisos residenciales de la ciudad. El resultado: los tiempos de tramitación de los permisos se redujeron en un notable 70%. Replicar ese nivel de eficiencia en todo nuestro lamentablemente atrasado sistema de concesión de permisos energéticos podría desbloquear proyectos que actualmente están estancados por la burocracia.

Debemos apoyarnos en nuestro sistema de mercado y eliminar rápidamente los cuellos de botella institucionales indebidos que impiden la innovación y el crecimiento. La IA ofrece quizás la herramienta más poderosa a nuestra disposición.

Estos ejemplos solo insinúan el potencial de la IA para reducir los retrasos en el procesamiento. Si bien las herramientas actuales ayudan principalmente a los procesos dirigidos por humanos, es fácil imaginar que la IA reduzca aún más las fricciones en un futuro próximo mediante flujos de trabajo burocráticos optimizados de principio a fin. Sin embargo, para llegar a ese punto es necesario sentar las bases para digitalizar los formularios y procesos gubernamentales, algo que, casualmente, se adapta perfectamente a las capacidades de la IA.

Reforma del papeleo

Según un análisis de la Cámara de Comercio de 2022, los estadounidenses dedican alrededor de 10.500 millones de horas al año a rellenar 106.000 millones de formularios gubernamentales. Un factor importante que contribuye a esta carga es que el papeleo gubernamental sigue siendo, precisamente, papel. Según la Administración de Servicios Generales, solo el 2% de los formularios federales se han digitalizado. Mientras que el sector privado lleva mucho tiempo utilizando flujos de trabajo digitales, los procesos federales siguen estancados en la década de 1980.

Se trata de una carga innecesaria abrumadora. Cuando los formularios solo existen en papel, todas las interacciones con la administración pública se ralentizan considerablemente. La información requerida debe escribirse a mano en los formularios designados. Hay que dedicar tiempo a enviar por correo o incluso a llevar esos formularios a la oficina correspondiente. Por último, para ser revisado, cada formulario debe ser manejado individualmente y, a menudo, introducido manualmente en bases de datos digitales.

Una vez más, la IA podría ayudar, esta vez traduciendo lo físico a lo digital. Consideremos Mistral OCR, un sistema de "comprensión de documentos" de última generación que puede convertir formularios en papel escaneados en formatos digitales dinámicos. Más allá del texto, también puede digitalizar diagramas, formatos e incluso gráficos. Lo más importante es que lo hace con una precisión del 95%. Con solo un poco de revisión humana, la IA actual podría finalmente cambiar el papeleo federal a un formato digital de baja fricción.

Las posibilidades que se derivan de ello son las que hacen que esta oportunidad de digitalización sea tan importante. Hoy en día, existe un gran interés en los sistemas de cumplimiento normativo basados en la IA que pueden verificar el cumplimiento de la normativa por parte de una empresa, al tiempo que completan y envían de forma autónoma cualquier documentación necesaria. Para sectores muy regulados como la ciberseguridad, donde las encuestas muestran que el cumplimiento normativo consume hasta el 50% de las horas de los ingenieros, esta tecnología podría ser una bendición. Imagínese lo que nuestra economía podría producir si la IA liberara un 50% más de tiempo de ingeniería. Sin embargo, este futuro depende de un requisito previo: los documentos federales deben estar en un formato que la IA pueda analizar e interactuar con ellos. Si el gobierno funciona con papel, esta automatización que elimina obstáculos es imposible.

Racionalización del Estado

Las fricciones institucionales deben tomarse en serio. Según el American Action Forum, solo la carga burocrática federal cuesta entre 276.000 y 422.000 millones de dólares al año, lo que supone una pérdida de capital, tiempo y oportunidades. No se puede permitir que estos costos persistan. Debemos apoyarnos en nuestro sistema de mercado y eliminar rápidamente los cuellos de botella institucionales indebidos que impiden la innovación y el crecimiento.

La IA ofrece quizás la herramienta más poderosa a nuestra disposición. Pero esta tecnología requiere su adopción, un proceso político. Es alentador que el Plan de Acción de IA de la Casa Blanca ya haya identificado dicha adopción como una prioridad. Lo que se necesita ahora es seguir adelante: se debe empoderar y alentar a las agencias para que experimenten, apliquen y amplíen estas herramientas, de modo que las soluciones puedan pasar de ser programas piloto a una realidad de gran impacto.

La elección es clara: seguir permitiendo que los procesos obsoletos frenen las ganancias potenciales o aprovechar la IA para desbloquear mejoras en la productividad. Si Estados Unidos adopta reformas impulsadas por la IA, podría eliminar las barreras para lograr procesos gubernamentales más ágiles. Al mismo tiempo, estas reformas crearían un entorno que ayudaría a liberar la economía real, fomentando la innovación necesaria para impulsar la productividad nacional que impulsa el crecimiento.

Fuente: El Cato

miércoles, 4 de junio de 2025

Mencargo, la app que revoluciona la administración de condominios


En un contexto donde la eficiencia, la transparencia y la convivencia armónica en los condominios son más necesarias que nunca, Mencargo se posiciona como una aplicación innovadora que está revolucionando la forma en que se gestionan los espacios compartidos.

Andrei Dueri, CEO de Mencargo, presentó oficialmente esta herramienta digital que ya se encuentra operando en varios condominios de Bolivia, con cerca de 4.000 viviendas registradas en ciudades como Santa Cruz, Tarija y La Paz, y con expansión prevista hacia Asunción, Paraguay.

“Nos cuesta mucho a todos adaptarnos a nuevas tecnologías, nuevas formas de hacer las cosas, aunque sean para nuestro propio beneficio. Y eso es justamente lo que buscamos con Mencargo: ofrecer a los administradores, guardias y propietarios de condominios, una forma diferente y mejor de hacer las cosas”, señaló Dueri en entrevista con La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

El CEO explicó que la aplicación permite una gestión integral del condominio: envío de comunicados automáticos, control de tareas, estados financieros transparentes, reservas de áreas comunes, y sistemas de pago digital para expensas, en alianza con plataformas como Libélula y Pago al Paso. También cuenta con integración a puntos físicos de pago como Farmacorp y Fidalga.

Uno de los puntos más destacados por Dueri fue el tema de la mora. “Tenemos funcionalidades que ayudan a disminuir la morosidad, lo cual es fundamental para que el condominio cuente con liquidez y pueda mantener en condiciones adecuadas áreas como jardines o piscinas. Esto, además, ayuda a preservar el valor de la propiedad, especialmente en momentos de crisis”, explicó.

Asimismo, dijo que la app también implementa sistemas avanzados de seguridad como el acceso mediante llaves QR, reconocimiento facial y alarmas inteligentes para casos de emergencia o extravío de mascotas. En cuanto a visitas, el usuario puede generar invitaciones digitales que facilitan el ingreso sin necesidad de llamadas o tarjetas físicas.

“Una visita puede recibir una invitación QR, la muestra en la portería y entra directamente. También contamos con invitaciones recurrentes y accesos programados. Todo esto agiliza el proceso y evita contratiempos innecesarios”, explicó el CEO.

Mencargo permite también a los propietarios acceder en tiempo real a sus estados de cuenta, historial de pagos y a toda la documentación financiera del condominio. Administradores y directores pueden emitir notas de cobranza, controlar presupuestos, revisar estados de resultados y gestionar el flujo de caja desde la misma plataforma.

“Nuestra consigna es simple: si algún cliente necesita un informe o función adicional, lo desarrollamos. La herramienta se va construyendo con las necesidades reales de los usuarios”, afirmó Dueri.

Por otro lado, sostuvo que reservar una churrasquera, convocar a una reunión virtual, o activar una alarma desde el celular son solo algunas de las funcionalidades que ofrece esta aplicación, pensada para modernizar la administración sin importar quién sea la empresa a cargo de la gestión o seguridad.

Para acceder al servicio, los interesados pueden visitar la página web www.mencargo.net o seguir a la app en redes sociales como Mencargo App (Instagram y Facebook). El proceso de implementación toma menos de una semana y está diseñado para facilitar una mejor convivencia en comunidad, basada en la eficiencia, el control y la transparencia.

Fuente: Eju

jueves, 15 de mayo de 2025

Sistema de digitalización de causas penales sigue en trámite


La implementación del Sistema Único de Gestión de Causas Penales anunciada por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, el pasado mes de febrero, está a la espera de que el Consejo de la Magistratura proceda con la migración de datos del antiguo al nuevo sistema, informó ayer la decana en ejercicio de la presidencia de este alto tribunal de justicia, Rosmery Ruiz. El TSJ anunció que este sistema, que permitirá interoperar de manera oportuna con el manejo y tramitación de procesos en materia penal, entrará en funcionamiento, como piloto, el 25 de mayo en Chuquisaca y antes del 6 de agosto en toda Bolivia.

El marzo pasado, el Consejo de la Magistratura y el TSJ firmaron un convenio para modernizar y optimizar el Sistema Único de Gestión de Causas (Sugcp) a nivel nacional, utilizando tecnología avanzada para fortalecer la administración de justicia en el país.

Ruiz dijo este martes que el TSJ tiene información de que durante esta semana se concretará la migración de estos datos por parte del Consejo de la Magistratura.

“Esperamos entregar el 25 de mayo, es una decisión institucional tanto del TSJ como del Consejo de la Magistratura. Pero esa migración de datos depende expresamente y solamente del Consejo de la Magistratura; entonces, estamos a la espera de que eso se efectivice”, afirmó la autoridad.

Fuente: Visor 21

martes, 13 de septiembre de 2022

Gestora habilita plataforma informática Ge-SIP para el registro de nuevos trabajadores


La Gestora Pública de la Seguridad Social de largo Plazo habilitó una plataforma informática denominada Ge-Sip (Gestión Electrónica del Sistema Integral de Pensiones) para el registro de los nuevos trabajadores, proceso que comenzó este viernes 9 de septiembre.

“Se aclara a la población que los nuevos trabajadores dependientes, consultores, independientes y empresas, deberán registrarse al SIP, a través de la plataforma informática Ge-Sip (Gestión Electrónica del Sistema Integral de Pensiones), mediante la página web: https://www.gestora.bo/”, señala un comunicado de la Gestora.

También detalla que los registros se pueden hacer en las 31 oficinas de atención a la ciudadanía, distribuidas en los nueve departamentos del país.

En un comunicado dirigido a la población señala que la Gestora Pública de la Seguridad Social de largo Plazo, en cumplimiento a la Ley 065 de Pensiones (...), dará inicio parcial de actividades en los Regímenes Contributivo y Semicontributivo del Sistema Integral de Pensiones a partir de este viernes 9 de septiembre.

Aclara que los pagos de contribuciones por los asegurados que actualmente cuentan con el Código Único de Asegurado (CUA) y, que se encuentran aportando a las Administradoras de Fondos de Pensiones (Futuro de Bolivia y BBVA Previsión), deben seguir realizándose en dichas entidades de forma regular, hasta mayo de 2023, periodo en el cual, sus datos serán migrados a la Gestora, en coordinación con ambas administradoras.

La estatal menciona que, por ejemplo, los empleadores que contratan a una o mas personas bajo la dependencia laboral, pueden registrarse llenando el formulario de Registro del Empleador, vía oficina virtual ingresando a la página web: www.gestora.bo o mediante la plataforma de atención al cliente, que tienen en sus oficinas.

Para ello, deben adjuntar ya sea en forma física o digital: el documento de identidad del representante legal de la empresa; poder del representante legal de la empresa; documentos que respalden el tipo de identificación del empleador y el croquis de la ubicación de la empresa.

En el caso de que sean trabajadores dependientes e independientes se pueden registrar llenando el formulario de registro tanto por la vía de oficina virtual o plataformas de atención al cliente.

Especifica que los trabajadores dependientes deben registrarse al SIP en un plazo máximo de 10 días hábiles, iniciada la relación laboral. Pasado ese periodo, el empleador está obligado a hacerlo en un lapso de 15 días.

Fuente: Pagina 7

lunes, 12 de septiembre de 2022

Hay al menos 8 deficiencias en la accesibilidad al portal del Sicoes


Bolivia es uno de los pocos países de América Latina que no tiene una ley de acceso a la información pública. Esto impide fiscalizar de manera óptima las acciones de la administración del Estado. En el caso de las compras públicas que se registran en el Sicoes de Bolivia, si bien hubo avances en el último tiempo, este sistema presenta al menos ocho deficiencias de accesibilidad a sus datos.

Así lo comprobó un equipo de informáticos del Lab TecnoSocial que bajo la dirección de Álex Ojeda armó la plataforma Contratos Abiertos Bolivia. Allá volcó la información del Sicoes sobre la adquisición de insumos para la atención de Covid-19 y al hacerlo se encontró con una serie de deficiencias que luego fueron corroboradas por especialistas y usuarios, tal el caso de periodistas con los que habló Guardiana.  

“Es un sistema muy difícil de usar y la mayoría de las compras públicas no están en el Sicoes porque las adquisiciones por debajo de los 20 mil bolivianos no entran en ese sistema. Entonces, no se las puede ver y es ahí donde está ocurriendo la corrupción más menuda”, dice Cristian León, director ejecutivo de la Fundación Internet Bolivia, que trabaja en la defensa de derechos digitales, entre estos el acceso a la información pública. Pero hay avances como el Mercado Virtual, afirma el abogado y administrador de empresas Álvaro Fernando Arandia Davezies, experto en contrataciones y compras estatales.

Compras abiertas

En los últimos años, Álex Ojeda, coordinador del Lab TecnoSocial, junto a la comunidad boliviana de datos abiertos, compuesta por cientistas de datos, periodistas, investigadoras y activistas, tuvo que ver cómo sortear al menos ocho deficiencias al buscar y descargar información del Sicoes.

Esta comunidad tomó impulso hace más de cinco años, incidiendo en que el Estado avance hacia un gobierno abierto. Es en lo que trabajó hasta 2019 la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic), señala Cristian León.

Paralelamente, la sociedad civil comenzó a trabajar en el tema. Una de las primeras aperturas de datos es el reportaje publicado en enero de 2016 en El Deber Data “El patrimonio del gabinete de Evo”, con base en las declaraciones juradas de los ministros de entonces.

A fin de mejorar la accesibilidad y transparencia de las contrataciones estatales en Bolivia, Ojeda creó la Plataforma Contratos Abiertos que actualmente contiene datos sobre contratos de Covid-19, de marzo de 2020 a enero de 2022.

Ojeda cuenta que esa plataforma nació de la necesidad que había en la comunidad datera de acceder a la información publicada del Sicoes. Es un espacio digital para conectar a ciudadanas y ciudadanos interesados en la transparencia gubernamental de los contratos.

Incluye dos herramientas para extraer datos procesables de ese sistema: una llamada Recupera Sicoes que rescata automáticamente las tablas HTML que genera el buscador del Sicoes. Es una herramienta amigable para cualquier persona que use esa plataforma estatal. La otra herramienta sirve para extraer datos de fichas de PDF, como tablas de ítems, adjudicados y montos totales de las fichas en PDF de las convocatorias.

Álex Ojeda y el grupo con el que trabaja pretenden que Contratos Abiertos sirva como ejemplo de buenas prácticas de accesibilidad de la información en temas de contrataciones estatales.

La plataforma también cuenta con un espacio para publicar notas, datos y herramientas que servirán para fomentar la transparencia digital del Estado.

Deficiencias en la accesibilidad a los datos

Actualmente, las barreras más comunes con las que se enfrentan los usuarios de los datos del Sicoes son por lo menos ocho:

1. Los datos no son procesables: Esa información que está en HTML y PDF no puede ser analizada directamente en algún programa estadístico como Excel, Google Sheets, SPSS y analizar los datos para conocer, por ejemplo, la variación en el precio de una contratación.

Esta deficiencia podría solucionarse si publicaran la información en formatos procesables como Excel, CSV, JSON, menciona Ojeda. En otros países, los programadores y analistas pueden obtener la base de datos de las compras públicas con un código de acceso. Eso no sucede en Bolivia, el Sicoes no da la posibilidad de descargar su base de datos de formas programáticas.

2. La información mostrada en las tablas es superficial porque no está el dato del precio con el que se adjudicó la compra, ni los adjudicados y otros detalles, para lo cual es necesario ingresar a las fichas o a documentos escaneados que, por lo general, no son todos legibles y se los tiene que descargar para extraer la información.

El periodista Daniel Rivera ha realizado varias investigaciones con información del Sicoes, entre ellas “Los rastros de la corrupción de Olympus en la salud boliviana” publicada en 2020 en el periódico tarijeño El País. Tras el rastreo en el Sicoes, halló 24 contratos adjudicados a la empresa Olympus, señalada por hechos de corrupción en América Central y del Sur.

El periodista explica que en el Sicoes no están los contratos anteriores al 2015, lo que impide saber si una adjudicación ha sido transparente. Después de 2016, ya se tiene esa información; aunque no todas las instituciones estatales suben esos documentos.

3. El sistema es lento y en plena descarga la plataforma saca del sistema al usuario, sobre todo cuando realiza numerosas consultas.

Ojeda cree que posiblemente el Sicoes tenga que ampliar la capacidad de sus servidores, para atender más consultas ciudadanas.

La periodista Fabiola Chambi, creadora de Los Tiempos Data, cuenta que para la investigación realizada para el medio Salud con Lupa “Los hospitales de Evo Morales que no han servido en la pandemia”, publicado en octubre de 2020, elaboraron una base de datos con la información del Sicoes.

“Hace cinco años (2015), el gobierno inició un millonario plan de inversiones para la construcción de 54 hospitales en Bolivia. Sin embargo, la mayoría no estuvo listo cuando llegó el coronavirus al país. Diez de los hospitales terminados y en los que se invirtió US$ 61 millones son ahora infraestructura inoperativa porque no tienen presupuesto para equipos y contrataciones de personal médico”, publicó el portal con esos datos.

Designaron a una persona exclusivamente para la búsqueda de información en el Sicoes. “Tuvimos que apoyarnos en una persona que solo se dedique desde la mañana hasta la noche a bajar la información. La página se caía en determinadas horas. Justo cuando estás haciendo una búsqueda o bajando información”, recordó la periodista de datos.

Este año, la plataforma del Sicoes tuvo varias caídas por mantenimiento y actualizaciones como señalan los comunicados de su página web. Incluso hubo un apagón no planificado el 17 de julio.

4. Se tiene que responder un Captcha (test para comprobar si el usuario es un internauta humano y no un robot), para descargar cualquier documento del Sicoes, que hace muy dificultoso analizar la información.

Para Chambi es importante la banda ancha del internet que se usa para descargar uno a uno los documentos en PDF. “Aunque llevarte de una pestaña a otra para descargar un documento no va con la lógica de gobierno abierto o datos abiertos”.

Se tendría que encontrar otros métodos para que no se sobrecargue su sistema (del Sicoes), por ejemplo, número de peticiones máximas por minuto. “Aun así, la accesibilidad debería estar primero”, reclama el coordinador del Lab TecnoSocial.

5. Hasta hace dos años, las fichas (donde está el resumen del proceso de contratación) se descargaban con un enlace que se podía consultar desde cualquier navegador, hoy solo es posible desde la plataforma del Sicoes. Esto ralentiza el proceso de descarga cuando se requiere más de un dato.

6. La mezcla de rubros en una sola compra dificulta la búsqueda de información. Si bien están divididos los tipos de contrataciones por Bienes, Obras, Servicios Generales y Servicios de Consultoría, se mezclan los rubros.

Por ejemplo, en Bienes, una sola convocatoria puede contener compras de alimentos, medicamentos y equipos. “No deberías mezclar rubros en las compras, porque en realidad lo que se busca es la especialización, contratar a una empresa que sea especialista en insumos médicos, por ejemplo, pero si colocas fideos más, no estás buscando especialización sino una empresa que te venda todo”, explica León.

Por tanto, para este especialista lo que se genera en torno a las licitaciones públicas “son negociados y eso es un problema”.

7. La escritura de los nombres de los adjudicatarios no es uniforme como tampoco de los insumos o bienes que se registran en las convocatorias. En la búsqueda se puede encontrar el nombre de un proponente escrito de diferentes maneras: un solo nombre y un solo apellido o los dos nombres y un solo apellido, o dos nombres y dos apellidos. Esto podría generar errores al analizar la información, lo que demanda más tiempo al verificar los datos.

El periodista Rivera considera importante que el Sicoes cuente con una base de datos de las grandes empresas que venden productos y servicios al Estado, de manera que las entidades estatales escribirían los nombres de una sola forma y no como ahora: la escritura difiere de una a otra repartición del Estado.

Lo mismo pasa con los nombres de los productos. En su investigación, que plasmó en el reportaje especial “Carmelo, el monopolio que movió millones en Bolivia”, publicado en Connectas y El País en noviembre de 2020, encontró que el producto también estaba registrado como “suplemento Carmelo” o “alimento complementario para el adulto mayor”.  Si no se cuenta con el dato preciso, el análisis de la información puede dar un resultado erróneo.

Para ese trabajo revisó 1.372 contratos públicos firmados en los últimos ocho años por la Caja Nacional de Salud y los municipios de todo el país para la adquisición de estos productos. Más de la mitad de las compras públicas fueron hechas por contrataciones directas y a través de mecanismos de excepción, es decir, sin licitaciones públicas. La investigación develó que una sola empresa, Sigma, se adjudicó el 91,2% de las compras.

León considera que este problema persistirá mientras no haya una ley de acceso a la información, porque no hay una reglamentación sobre cómo tiene que estar escrita la información. “Hay enormes vacíos que pueden ser mal aprovechados o también puede deberse a un desconocimiento. Es decir, no se sabe cómo publicar porque no hay una guía”, puntualiza.

La administración pública requiere de procedimientos claros, de manuales y protocolos, para que no se presenten estos vacíos.

8. La plataforma del Sicoes no es amigable y si no se tiene conocimiento avanzado cuesta hacer una búsqueda, rastrear la información, peor cuando se trata de una investigación de largo aliento, afirma Chambi.

Si la búsqueda es de dos contratos o compras, se puede obtener la información. Pero si se trata de una investigación más profunda, donde se requiere obtener gran cantidad de datos o rangos de tiempos amplios, como 10 o más, la búsqueda se complica.

En países donde trabajan con gobierno abierto, está disponible un mapa del sitio que orienta al usuario, cualquier persona sin tener mucho conocimiento podría acceder y encontrar la información que busca.

Chambi, junto a otros periodistas, participó en un taller donde aprendió a navegar en el Sicoes, eso le facilitó su trabajo. “Si no hubiera tomado el curso hubiera perdido mucho tiempo en la búsqueda de la información. Pero el problema es que la página cambia. Esa metodología cambia, para otra experiencia cambia y es como volver a empezar”.

Los avances

En opinión del abogado y administrador de empresas Álvaro Fernando Arandia Davezies, experto en contrataciones públicas, el Sicoes ha contribuido a la transparencia de los procesos de compras estatales. Aunque, la exautoridad de Compras y Contrataciones reconoce que a pesar de los avances existen algunos vacíos, que “siempre han existido”, pero ve que constantemente se hacen mejoras.

Menciona que en los dos últimos años hubo “bastantes cambios en la normativa”, por ejemplo ahora las contrataciones se hacen con medios electrónicos. Esto es fruto de las adecuaciones que se tuvo que hacer debido a la pandemia del Covid-19.

La Resolución Ministerial 021, de febrero de 2022, puso en vigencia esa modalidad. Aprobó el Reglamento de Contrataciones con Apoyo de Medios Electrónicos, el Manual de Operaciones del Sicoes y Modelos de Documentos Base de Contratación modalidades Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE) y Licitación Pública.

Antes, las empresas presentaban en sobres toda la documentación requerida para participar en alguna contratación, ahora esos documentos son escaneados y los presentan de manera virtual.

Incluso las reuniones y la inspección previa son en esa modalidad. “Uno puede participar de manera virtual en una propuesta. Al ser las propuestas electrónicas, tampoco hay contacto y eso contribuye a la transparencia, porque el proveedor no sabe quiénes son los otros proponentes”, resalta el experto.

Lo importante es conocer las modalidades de compras y contrataciones para hacer una búsqueda, dice Arandia. Saber que aquellas de 1 a 20 mil bolivianos no se encontrarán en el Sicoes y qué corresponde cuando son Compras Menores, o cuándo corresponde hacer una licitación, así como en qué ficha buscar los precios, saber qué tipo de información hay en los formularios 400, 900 o 600, por ejemplo.

El Mercado virtual de bienes de 1 a 20 mil bolivianos que está en vigencia por el Decreto Supremo 4505, para que las entidades públicas adquieran productos nacionales registrados en el catálogo electrónico denominado "Compra Hecho en Bolivia".

Para Arandia, esto es positivo ya que las contrataciones menores son muy libres, muy directas, pero con este decreto las entidades estatales están obligadas a consultar las ofertas del Mercado Virtual en primera instancia.

Rivera piensa que es un avance para fiscalizar las compras menores, sobre todo porque las entidades fraccionan las compras públicas para evitar publicar en el Sicoes.

El Decreto Supremo 4453 pone en vigencia la Subasta Electrónica y el Mercado Virtual estatal “en el marco de la transparencia y la lucha contra la corrupción en las contrataciones estatales”, señala el decreto.

Estas modificaciones son positivas, son instrumentos que facilitan los procedimientos de las compras y contrataciones estatales. La información que se publica en Sicoes es fiel, dice el abogado.

Cristian León menciona que hubo otros avances en temas de transparencia y acceso a la información realizados desde la Agetic, entre 2016 y 2019.

Entre ellos están el Decreto Supremo Nº 3525 que crea la plataforma “Bolivia a tu servicio”, donde están los trámites públicos (con los requisitos, costos, tiempos); la Plataforma de Datos Abiertos con información en estándares abiertos como es el caso de Geo Bolivia en estándares abiertos, y los seis estándares que son como un manual de cómo tiene que funcionar el Estado en términos de gobierno electrónico. “La Agetic avanzó mucho en esos temas, pero fue descontinuado y esas plataformas están desactualizadas”, lamenta.

Actualmente, la Agetic está impulsando la ciudadanía digital, está estandarizando varios procesos como el Seguro Universal de Salud, entre otros, pero descontinuó lo trabajado hasta 2019.

Fuente: Guardiana

martes, 23 de agosto de 2022

La función de WhatsApp que pondrá patas arriba los grupos


Que levante la mano quien no esté en un grupo de WhatsApp. Como sabemos, en ellos siempre existe la polémica, y lo escrito, escrito queda a no ser que seas capaz de borrar antes de que los demás lo vean. Sin embargo, ya se está preparando una funcionalidad que va a salir en breve promete poner patas arriba a los grupos. Esta no es otra que el borrado de mensajes en grupos de WhatsApp por parte de los administradores.

La nueva función polémica

Hasta ahora, los administradores del grupo no tienen potestad sobre el contenido que se publica. Es decir, no pueden eliminar algo que haya escrito algún miembro. Sin embargo, tal y como hemos conocido a través del perfil de WABetaInfo, esta nueva funcionalidad estará disponible en breve tanto para dispositivos Android como iOS.

Ya es algo que puede disfrutarse en la versión beta de WhatsApp para Android, y ha comenzado ya también a testearse en la de iOS. Por tanto, será cuestión de poco tiempo cuando se lance esta nueva función que va a suponer un punto de inflexión en la manera de administrar los grupos.

Se abre así la posibilidad de eliminar cualquier tipo de contenido que no se ajuste a la temática de un grupo. Es algo también bastante esperado, ya que quienes realizan la función de administración también son quienes lo modera. Y en grupos numerosos, no todos saben guardar las normas de buen uso de la aplicación.

Podemos encontrarnos con contenido de mal gusto o que está totalmente fuera de lugar. A partir de ese momento, los administradores podrán eliminar esos mensajes y todos los demás miembros de este grupo sabrán que el administrador ha sido quién lo ha eliminado.

Quizás los grupos más candentes son los de las clases de nuestros hijos. Se termina convirtiendo en una agenda, algo que no es nada recomendable. Algunos padres, además, utilizan el grupo para enviar contenido que no tiene nada que ver con el cometido con el que se formó ese grupo, ya sea publicando chistes de dudoso gusto o polémico.

No cabe duda de que los administradores ahora se encuentran con un arma de doble filo, ya que la eliminación de ese contenido no deja de ser una ventaja, pero puede suponer para muchos miembros como un arma de censura.

En todo caso, se valora como algo muy positivo y que puede ayudar al buen mantenimiento del ambiente. El borrado de mensajes en grupos de WhatsApp es algo que ya tenemos a la vuelta de la esquina.

Fuente: OkDiario

lunes, 18 de julio de 2022

Guía sobre el funcionamiento de los grupos de WhatsApp


Como ya sabes, WhatsApp es la aplicación por excelencia para el intercambio de mensajes en línea. Y, no solo eso, también tienes la opción de realizar llamadas y videollamadas y, encontrarás los mejores grupos de WhatsApp. Actualmente es prácticamente imposible que alguien no conozca y utilice esta aplicación. Sin embargo, algunas de sus funciones son todavía un misterio para ciertos usuarios. Y, por ejemplo, hay quienes desconocen el funcionamiento de los grupos. La verdad es que a lo largo de sus actualizaciones, WhatsApp ha ido añadiendo cada vez más funciones y, es posible, que algunas de ellas pasen desapercibidas para algunas personas. Podemos archivar los chats, eliminar mensajes enviados, compartir estados, desactivar la opción de mensajes leídos u ocultar nuestra última conexión, entre muchas otras opciones.

Una de las características de la aplicación es la posibilidad de crear grupos de chat. Esta opción puede tener muchas utilidades y ofrecer bastantes ventajas. Sin embargo, como acabamos de comentar antes, no todo el mundo conoce su funcionamiento. Por tanto, a lo largo del artículo hablaremos sobre esta funcionalidad, sus características, aprenderás cómo crear un grupo, cómo funciona y todas sus posibilidades.

Cómo funcionan los grupos de WhatsApp

A continuación, hablaremos sobre el funcionamiento de los grupos y cómo utilizarlos, paso a paso.

Para crear un grupo de WhatsApp, ya sea mediante la plataforma Android o iOS, lo primero que debes hacer es acceder a la aplicación de WhatsApp en tu dispositivo. Una vez que se inicie la aplicación, te encontrarás en la pantalla Chats. Desde ahí, si utilizas Android, solo tienes que pulsar en el icono de los tres puntos en la parte superior derecha. Mientras que si estás usando la plataforma iOS deberás tocar un icono en forma de nota que está en la parte superior derecha. Aparecerán varias opciones, una de ellas será Nuevo grupo. En ambos casos, una vez que accedas a la creación del nuevo grupo, solo tienes que añadir los nombres de los participantes que desees y pulsar la flecha de continuar. A continuación, debes introducir el nombre del grupo y también cuentas con la opción de añadir una foto. Después de este paso, solo te quedará marcar el botón de verificación si es Android o el de Crear si se trata de iOS. Tu grupo de WhatsApp se habrá creado y cada uno de los participantes recibirá una notificación y se añadirán de forma automática.

Administrar un grupo de WhatsApp

Cuando creas un grupo o eres participante, podrás enviar mensajes para todas las personas que integren el grupo. Las funciones de mensajería son las mismas que para un chat normal. Sin embargo, lo que sí puedes hacer es abandonar el grupo si ya no deseas participar más en él o, invitar más amigos al grupo si eres el administrador o creador. Para abandonar el grupo solo debes pulsar el nombre del grupo y seleccionar la opción Salir del grupo. En el caso de que el grupo sea muy activo y desees librarte de las notificaciones de nuevos mensajes, podrás hacerlo mediante la opción Silenciar grupo.

Una vez que conoces el funcionamiento de los grupos de WhatsApp podrás crear tantos como quieras. Recuerda que son muy útiles a la hora de intercambiar mensajes con varias personas sin tener que chatear con cada una por separado. Puedes crear grupos de WhatsApp con amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.

Fuente: Soft y Apps

lunes, 22 de noviembre de 2021

En el paro, unos 60 sitios de Facebook dieron contenido falso, varios desde el exterior


Entre el 6 y el 14 de noviembre, punto alto del conflicto por la abrogación de la Ley 1386, al menos 60 cuentas y páginas de Facebook emitieron noticias falsas, además de mensajes polarizadores. Varias son administradas desde el extranjero, tienen hasta 19 administradores o hacen pagos para promocionar sus publicaciones.

Muchos de los mensajes eran favorables al Movimiento Al Socialismo (MAS). Los mensajes que atacaban a ese partido circulaban más por WhatsApp y páginas de Facebook menos activas.

“Cuando hay conflictividad social, se radicaliza la polarización y ésta –en gran medida– se alimenta de desinformación. Este tipo de contenido reafirma los sesgos. Es decir que reafirma lo que creo y quiero creer que es verdadero y entonces lo comparto. Esto hizo que las redes sociales fueran tan importantes durante esos días”, indicó la editora en jefe de Bolivia Verifica, Carolina Méndez.

Explicó que, durante los días de tensión, en el país hubo una especie de bombardeo de desinformación más intenso de lo habitual. Entiende que sucedió porque la ciudadanía pasaba mucho tiempo en sus redes sociales, debido a que querían saber qué sucedía y estas plataformas son una forma de estar conectados con lo que pasa minuto a minuto.

De acuerdo a un reporte emitido por Bolivia Verifica, en esos nueve días de conflicto, se identificaron 37 noticias o contenidos falsos. De ellos, 26 salieron de 20 páginas y cuentas de Facebook. El restante circuló por servicios de mensajería como WhatsApp.

En una revisión de Facebook, además de las ya cuentas mencionadas, Página Siete identificó otras 40 páginas y grupos que difundían memes y videos con mensajes polarizadores que amplificaban la desinformación.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, indicó que “las redes sociales ya están aquí y no se irán”, por lo que debemos aprender a convivir con ellas.

“La desinformación afecta a la población. Por ejemplo, si recuerdan, en el tema de la vacunación, surgieron varias noticias falsas que generaron miedo, zozobra y hasta polarización por las vacunas”, mencionó. Dijo que se debe trabajar de forma conjunta contra este problema, que no sólo se da en el país, sino en el mundo.

Industria de noticias falsas

El 8 de noviembre, en las redes circuló un video en el que presuntamente una niña murió al no poder llegar al hospital por el paro cívico que empezó ese día. La información, difundida por la página La Resistencia Audiovisual 2.0, era falsa, pues las imágenes se referían a un accidente de tránsito ocurrido un día antes. 

Como ésta hay muchas otras emitieron contenidos similares, como El Renegado, Bolivia Like, Rueda Chapaca, Bolivia TV del Pueblo (que se hace pasar por el canal estatal), Beni Noticias, La Paz de mis Amores, Adriana Salvatierra (cuenta falsa), Kokodrilonews, Whipala, La Zurda Radio, Periódico Cambio (falsa), P10j0 (Piojo) Bolivia, Policía cibernética (falsa), Colectivo Urbano Rural Wiphala, El Choclo y Somos Bolivia.

“Hay cuentas y páginas en Facebook que son creadas para divulgar desinformación. Algunas tienen apariencia de medios de comunicación ya establecidos, se roban sus nombres o aparentan ser medios buscando revestirse de veracidad”, explicó Méndez.

Algunas de estas páginas y cuentas comparten sólo contenido falso creado para desinformar. Otras comparten un poco de todo de lo que circula en redes. Se cuelgan de lo viral y comparten noticias verdaderas que alimentan su postura política. En medio de todo eso, incluyen la desinformación  y otros contenidos.

Al ver  los contenidos, Bolivia Verifica notó que  pareciera operar  una industria de la desinformación que va en  avanzada. Esta produce y difunde  material cada vez más elaborado que es de difícil identificación  incluso para los periodistas  entrenados.

“Nos cuesta a primera vista detectar  si el contenido es falso o no, tenemos que constatar  en múltiples  fuentes  que lo que estamos  viendo no es verdad. Están muy bien hechos”, señaló Méndez,

No son imágenes, videos o noticias improvisados o hechos a la rápida, al contrario, son pensados y creados casi a detalle.  Usan los logos de  los medios, la tipografía, colores, en sí, toda la línea gráfica. En muchos casos, se imita hasta el estilo de redacción o locución, lo que hace que la población los pase como verdaderos.

“En estos más de dos años  de trabajo, hemos notado que, cuando hay cierta tensión social, la desinformación crece exponencialmente. También coincide, un poco, con la desconfianza de la ciudadanía con los medios tradicionales. La gente trata de  ubicarlos  en  posiciones políticas y desconfía, lo que hace que crea en las redes. Es un poco la respuesta al trabajo de los medios y periodistas en general”, reflexionó Méndez.

Reconocer las noticias falsas
  • Reconocer la trascendencia del tema. Hay temas que son de interés de la ciudadanía y otros que, por su misma naturaleza, no son importantes ni interesantes.
  • Revisar la fuente de publicación. ¿Quién la publicó? ¿Cuándo? ¿Menciona supuesta fecha, lugar de los hechos?
  • Contrastar la información con datos y hechos. Si se trata de un video o una imagen, buscar las originales y preguntarse: ¿De cuándo es esa imagen? ¿Está manipulada?
  • Confirmar la información publicada con el protagonista de la noticia. ¿Estuvo ahí? ¿Qué dijo en su discurso?
  • Buscar otras fuentes: testigos, anfitriones o asistentes a los eventos y revisar información estadística y académica vinculada al tema; además, consultar  con especialistas.
  • Visualizar el impacto y trascendencia que logró en los medios tradicionales. Luego, analiza qué medios replicaron la información y con qué intensidad.

Administradores en el extranjero y pagos por las publicaciones

Entre casi 40 páginas y grupos identificados como generadores,  emisores y difusores de mensajes polarizadores,  10 llamaron la atención. Cuentan con varios administradores y todas tienen por lo menos uno fuera de Bolivia. Argentina es el que más se repite.

Los Choklitos de Hierro Oruro, Periódico Cambio, Evo Es Pueblo,  Columna Sur, La Zurda Radio, y una página que se identifica como medio de comunicación digital tienen administradores en  España,  Estados Unidos, Ecuador, Vietnam, Alemania, Perú y los Países Bajos.

Asimismo, El Golpista, Revolucionarios Bolivia, Juventudes MAS-IPSP Oruro y otra cuenta identificada como medio virtual tienen varios administradores en Argentina. 

La mitad de estas páginas pagan a Facebook por promocionar sus publicaciones. Pueden hacer gastos desde los 100 bolivianos hasta los 800 por cada contenido. Durante los días de conflicto, tenían varias publicaciones pagadas al día.  

Entre las páginas que generan mensajes polarizadores y con tendencias políticas  están: MAS-IPSP juventudes, Feria 16 de julio, 100% orureño de corazón, Luis Arce Catacora y David Choquehuanca  2025, Sectores sociales unidos, MAS IPSP Oruro, Bolivianos unidos en el mundo, Andrónico Rodríguez 2020-2025, Volvimos y somos MAS, Apoyando a Andrónico Rodríguez, Noticias El alto, Tarija con Evo, Democracia SC, El piojo cabrón, Primera Línea Noticias, Volveremos, Revolución Wayna Sacaba, Colectivo Político Wilas, G7, La Resistencia Bolivia, Democracia sí Dictadura no, Bolivianos Unidos, PititaNews, Palabra de la Resistencia, Generación Pitita.

De estas, cerca de una treintena producen mensajes favorables al MAS. Eso no quiere decir que no haya  ataques al partido de Gobierno, pero estas son  menos activas y  tienen menos administradores.

Rómulo Calvo, un muerto y la violencia en el centro de atención
 
De las 37 noticias falsas identificadas, 10 estaban relacionadas con el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo. En ellas, se tergiversó sus discursos o se le atribuyeron declaraciones falsas, en la que se mencionaba su poder sobre ciertos sectores sociales o se refería a los bolivianos con términos peyorativos.
También se le acusó de ofrecer 100% de la jubilación a los policías y de haber anunciado muertes en Potosí, cuando esto no era verdad.

Asimismo, estas noticias desinformaron sobre las presuntas muertes  producto del paro. Durante la primera jornada, La Resistencia Audiovisual desinformó al indicar que una niña había perdido la vida al no poder llegar al hospital. Para ello, se usaron  imágenes de un accidente de tránsito.

Esta misma página publicó que un niño del Plan 3000 falleció a causa de los enfrentamientos en la zona, cuando la causa real fue una cardiopatía.

En el caso de la muerte en Potosí, la página Somos Bolivia afirmó que el diputado Erwin Bazán informó que el joven potosino murió por un “bolo de coca del Chapare”. Esta declaración es falsa.

En otras páginas se hicieron pasar como actuales imágenes de la violencia ejercida durante  los conflictos de 2019 para provocar temor y llamar a la movilización de las personas. Fueron viralizadas en minutos.

Control de las redes

Desde 2016, hubo  varios intentos de regular las redes en Bolivia, con el fin de “frenar la desinformación”. Causaron rechazo, pues rayaban en la censura y el control.

2016.- El 22 de mayo de 2016, surgió la primera propuesta de regular las RRSS. Fue planteada por el gobierno de Evo Morales luego de su derrota en el referéndum del 21 de febrero, atribuido a las plataformas virtuales.

Control.- Poco después, se creó la Dirección General de Redes Sociales, para controlar las cibercomunidades. El gobierno del MAS dispuso para ello un presupuesto anual que osciló entre 5 y 7 millones de bolivianos.

Trópico.- Una segunda petición de control llegó con un anteproyecto de ley elaborado por las Seis Federaciones del Trópico. El entonces diputado Víctor Borda sumó una tercera.

2018.- El entonces ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, censuró la circulación de mensajes ofensivos y un día después una cuarta petición llegó de la mano del diputado del MAS Julio Huaraya.

2019.- Tras las críticas hechas en las RRSS al entonces ministro Carlos Romero –por el caso Montenegro–, la autoridad interpuso una demanda penal. La Fiscalía inició una investigación, pero un día después la autoridad desistió de su denuncia.

2020.- No fue hasta el decreto 4231, firmado por la presidenta Jeanine Añez, que hubo un nuevo intento de regular la “desinformación”. La norma fue rechazada por varios sectores –incluida la prensa– y se anuló.

Fuente: Pagina 7

lunes, 24 de mayo de 2021

Ningún ministerio cumple con los criterios de transparencia en su web


Ningún ministerio en Bolivia incluye en su página web todos los estándares de transparencia previstos en una guía elaborada por el Gobierno hace casi diez años. 

En 2012, el Ministerio de Transparencia junto con la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (Adsib) publicaron el primer documento que buscaba estandarizar los sitios web del Estado estableciendo aspectos técnicos y criterios mínimos de transparencia, como publicar las escalas salariales, informes de los viajes al exterior o auditorías. La guía se aprobó con los jefes de transparencia de todos los ministerios y era de cumplimiento obligatorio, explica Nardi Suxo, exministra de Transparencia en cuya gestión se elaboró el documento; pero no había una ley que establezca plazos o sanciones. 

Luego surgieron otras iniciativas, una de ellas es un manual elaborado en 2015 por el Ministerio de Justicia que recoge ideas similares al documento anterior. Sin embargo, la información disponible en los sitios web sigue siendo escasa, dispersa y en muchos casos desactualizada. 

Para realizar este diagnóstico se analizó en una base de datos lo que fue publicado en las páginas de los ministerios entre el 11 y el 18 de mayo de 2021. Se examinó la información con base en criterios de transparencia, la mayoría de ellos establecidos en la Guía de Estandarización de Sitios Web de 2012. Desde ese primer intento por regular la transparencia en la gestión pública desde lo digital, se constata que ningún ministerio cumple todos los parámetros.

Los que más criterios de transparencia incluyen en sus portales son los ministerios de Economía, Planificación, Educación y Medioambiente, que cumplen con más del 70% de los estándares. En el lado opuesto están Desarrollo Rural, Culturas, Minería y Trabajo, que en casi una década no logran implementar ni el 40% de lo establecido y la información disponible es poco relevante para el control de la gestión pública 

Basado en el cumplimiento de esos criterios, se determinó cuáles son las páginas web ministeriales más y menos transparentes, según lo que tenían publicado entre el 11 y 18 de mayo de 2021.

Lo que no se ve

Entre los parámetros hay cuestiones financieras y de planificación, como el Programa Operativo Anual o el presupuesto ministerial, pero solo la mitad de las instituciones tiene la información actualizada.

Cuatro ministerios tienen disponible su nómina de personal, tres difunden las convocatorias en su página y la mitad del gabinete transparenta la escala salarial. Los vacíos informativos llegan incluso al perfil de las autoridades: solo nueve de 17 instituciones tienen información sobre el ministro en funciones.

Con excepción de un ministerio, ninguno tiene publicadas investigaciones y solo cuatro tienen información estadística disponible, aunque no toda es de acceso abierto. Por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene estudios estadísticos que únicamente se pueden descargar en formatos como jpg o pdf, es decir que no pueden ser procesados, a diferencia por ejemplo del Ministerio de Desarrollo Productivo que ofrece algunos datos abiertos.

En la página del Ministerio de Defensa la mayor parte de la información fue actualizada hasta 2017, en la nómina de personal de la página de Desarrollo Rural se menciona como actual al ministro de hace dos gestiones (seis personas pasaron por el cargo en ese periodo) y a más de un año de la pandemia el Ministerio de Salud no centraliza la información sobre el coronavirus.

Tampoco existe en todas las páginas información de archivo, lo que impide hacer seguimiento a las gestiones. Algunos tienen publicaciones de años anteriores pero no están completas o no son correlativas.

Una falencia común es que existen documentos sin fecha, por lo que no se puede saber si están en vigencia. Algunos sitios tampoco tienen buscador ni forma de contactarse a través de la página. En un intento por probar cuán efectivo es el nivel de respuesta, se envió consultas a nueve ministerios pero solo dos respondieron.

Por otro lado, hay algunos elementos menos relevantes para la participación ciudadana que están presentes en todas las páginas: el logo del gobierno, la misión y visión de la institución, notas de prensa y galería de imágenes.

Al margen de las omisiones en cuanto a criterios de transparencia, hay servicios digitales destacables en algunas instituciones, como los cursos que ofrece el Ministerio de Minería, la oficina de trámites del Ministerio de Trabajo o la apostilla digital de Cancillería, entre otros.

¿Quién controla?

Bladimir Magne, director de Adsib, y Martín Lamar, jefe de unidad de gestión y transformación digital de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación (Agetic), explica que las páginas web deben ser fiscalizadas periódicamente por las unidades de transparencia de cada institución, lo que luego se traduce en un informe que incluye sugerencias.

La viceministra de Transparencia, Susana Ríos, añade que a este proceso se suma un monitoreo trimestral de parte del Viceministerio pero que no existe ninguna medida coercitiva que obligue a las entidades a publicar determinada información o actualizarla. Pese a los retrasos en algunos sitios, Ríos destaca otras medidas en favor de la transparencia como el formulario de denuncias de corrupción en línea recientemente habilitado.

¿Secretismo, desinterés o falta de capacidades?

El estado de la digitalización del Gobierno en los principios de transparencia “aún es incipiente, el problema es que lleva casi una década siendo incipiente”, sostiene el experto en Gobierno Digital Cristián León.

Para León existen al menos tres causas, la primera es de carácter político. “El tema de la transparencia no les gusta mucho a algunas personas en el gobierno y no es un asunto prioritario”, sostiene. La segunda es la falta de capacidades de los equipos que deben transparentar la información por medios digitales y finalmente la falta de tiempo, algunos proyectos quedaron sin continuidad por la crisis política y sanitaria.

Con él coincide en parte Eliana Quiroz, directora ejecutiva de la Fundación Internet Bolivia, quien observa que hay falta de capacidades y que no existe noción de la transparencia en las instituciones públicas, por lo que el interés que le dan al tema varía entre ellas. Aunque no descarta que puede haber una decisión política de ocultar información en algunos casos, apunta más a la falta de formación de quienes gestionan la información y también de la sociedad civil, que debería generar valor con los datos disponibles.

Desde el Estado, las miradas son más alentadoras. Magne, director de Adsib, sostiene que se está avanzando en la digitalización del Gobierno y que el hecho de que en el futuro se podrá hacer trámites en línea y revisar su avance, evitará la corrupción y promoverá una mayor transparencia. Pero eso es aún proyecto.

Martín Lamar, de Agetic, señala que hay avances significativos que constan en los reportes de las unidades de transparencia, pero que el problema era que no había una ley que acompañe las iniciativas. Otra dificultad, sostiene, es la ausencia de estándares técnicos para mostrar la información.

Para subsanar esto último, Agetic tiene listo un nuevo proyecto para estandarizar las páginas web que incluye los contenidos que deben ser publicados, además de las características gráficas. Una vez que este plan sea aprobado deberá ser implementado por todas las entidades públicas.

“El acceso a la información y la transparencia es la base de una pagina web. No es un instrumento para mostrar la gestión de un servidor público. A veces hay miles fotos de un alcalde entregando obras, parecen plataformas para posicionar una autoridad”, dice Lamar y subraya que éstas deben estar al servicio de la ciudadanía.

Una ley que obligue y sancione

Si en algo coinciden los entrevistados es en la urgencia de contar con una ley de acceso a la información para transparentar la gestión pública. Si bien está normado como derecho en la Constitución Política y existe un decreto supremo, promulgado en 2004 en el gobierno de Carlos Mesa, no existe una ley coercitiva que obligue a los funcionarios públicos a entregar información ni que establezca estándares, plazos y sanciones. Bolivia, junto con Venezuela, son los únicos países sudamericanos que no cuentan con una ley. 

En los últimos 15 años hubo algunas intenciones para normar el acceso a la información pero todas quedaron truncas. En 2007, un proyecto liderado por el Ministerio de Transparencia avanzó hasta ser consensuado con varios sectores pero se trabó en la definición del tiempo sobre lo que se consideraría información reservada o confidencial, explicó la exministra Suxo. Luego hubo al menos dos proyectos más que tampoco prosperaron.

Las iniciativas más recientes surgieron en febrero de 2021. Una del ministro de Justicia, Iván Lima, que anunció que se elaboraría una propuesta, y otra de la oposición, que presentó un anteproyecto de ley. De momento, ninguna de las dos ha avanzado. El plan del Ministerio de Justicia todavía está en elaboración y el anteproyecto presentado por Comunidad Ciudadana, que según el diputado Carlos Alarcón recoge los lineamientos del Decreto Supremo de 2004, fue derivado a la Comisión de Control Constitucional.

“No veo una política clara en ese sentido (abrir la información pública). En el Gobierno están de moda las cláusulas de confidencialidad y veo una tendencia hacia el secretismo”, sostiene Alarcón, proyectista de la ley. En todo caso, insistirán para que el proyecto avance.

La importancia de la transparencia de la gestión pública

El interés por transparentar la gestión a través del acceso informativo es parte de un movimiento global y está normado en varios países y convenios internacionales. Las guías, manuales o proyectos que se gestan en Bolivia no son una novedad ni un favor de los gobernantes de turno, sino parte de esta corriente que aboga por los gobiernos abiertos y la digitalización del Estado.

Los documentos públicos se entienden como propiedad de los ciudadanos y deben estar a su disposición, siempre y cuando no sean información estratégica, violen la privacidad de las personas o comprometan la seguridad del Estado. 

El investigador mexicano José Antonio Aguilar, doctor en ciencias políticas y autor del libro Transparencia y Democracia: claves para un concierto (2008), sostiene que la opacidad en la administración pública no afecta solo en el ejercicio de la ciudadanía, sino también a los gobiernos porque les resta legitimidad y confianza en las políticas públicas. Al contrario, ofrecer información transparente permite reducir las sospechas de corrupción, lo cual fortalece la autoridad y legitimidad. 

“El Estado garantiza el derecho a la información”, dice la Constitución boliviana pero en la práctica, los procesos para abrir la documentación pública no han sido del todo exitosos. Sin una ley, el derecho al acceso a la información en Bolivia todavía es vulnerable a la voluntad del poder de turno. 

Esta investigación fue realizada en el marco del Fondo Concursable Spotlight X de Apoyo a la Investigación Periodística en Medios de Comunicación que impulsa la Fundación Para el Periodismo con apoyo de National Endowment for Democracy (NED).

Fuente: Pagina Siete

domingo, 14 de marzo de 2021

¿Cuál acceso a la información pública?


Hace un mes, el Ministro de Justicia Iván Lima anunció que tenía redactado un proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública; Bolivia y Venezuela son los únicos países de la región que no cuentan con ese instrumento de prevención de la corrupción. Hasta este año, sólo existe un decreto aprobado en 2005 y algunas normas fragmentadas, el proyecto presentado por la Asociación de Periodistas ante la Asamblea Legislativa y un nuevo proyecto propuesto por la bancada de Comunidad Ciudadana. Lima anunció plazos que no pudo cumplir.

La única instancia estatal que cuenta en el país con una ley aprobada, reglamentos, y acciones es el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz que durante la administración de Luis Revilla creó y alentó un gobierno electrónico accesible al ciudadano y con gran cantidad de información sobre la gestión pública. Otros municipios también avanzaron en la apertura de la información al público. Félix Patzi instruyó a su equipo preparar los necesarios protocolos para el pleno acceso público a la información interna en la gobernación paceña, aún sin completar.

El gobierno central del Estado Plurinacional de Bolivia no se interesó por alentar la normativa para acceder a la información pública, más allá de discursos y de mal uso de propuestas de la sociedad civil. En 14 años, a través de la verificación de portales oficiales, las entidades de la prensa comprobaron que el acceso a la información era escaso o nulo, retrasado e incompleto. Esta situación empeoró a medida que el régimen se volvía más opaco y optaba por salidas no democráticas.

En esta semana de marzo 2021, al revisar las páginas oficiales se detecta más retroceso en el gobierno electrónico y en las iniciativas de transparencia institucional que comenzaron hace dos décadas.

El Ministerio de la Presidencia se abre con la imagen de una deformada cruz chacana y noticias de esa cartera y de su autoridad. No existe información sobre sus planes estratégicos, su plan anual, las convocatorias para recursos humanos o servicios, las auditorías realizadas. Hay enlaces a la UPRE que tiene información pasada o a AGETIC que contiene generalidades; esa instancia fue denunciada como parte de las irregularidades en las elecciones de 2019 pero no existe ningún proceso a su ejecutivo. El Organigrama y otra documentación datan de marzo de 2020.

El Ministerio de Gobierno tiene algunas noticias, una gran foto de su titular, pero el resto está vacío, por ejemplo, la escala salarial. El Ministerio de Educación presenta convocatorias de hace un año y la escala salarial firmada en 2018 por el anterior ministro; también el presupuesto es del 2020. El Ministerio de Justicia presenta un portal más ordenado, pero las convocatorias son caducas y el Plan Estratégico es de 2019. Es decir, ni siquiera se cumple con la Ley SAFCO y la CPE. Desde octubre de 2020 no se incluye información de interés para el ciudadano. Piedra libre.

La Contraloría General del Estado ofrece un portal institucionalizado, mantiene el escudo nacional como entidad oficial y tiene una amplia oferta. Sin embargo, ha retrocedido de la apertura que tuvo hace 20 años- cuando era independiente- y no existe la facilidad de años pasados para rastrear auditorías realizadas.

El Ministerio de Cultura, Descolonización y Despatriarcalización, tres meses después de la posesión de su titular, no tiene página web más que la foto de la ministra. No existe posibilidad de conocer sus planes, proyectos, cómo contratar al personal.   

Otra señal de la ausencia de institucionalización en el extraviado gobierno de Luis Arce Catacora.

Fuente: Inmediaciones

miércoles, 14 de agosto de 2019

Conoce Gobierto, un proyecto sostenible de software libre para administraciones públicas

Gobierto es una plataforma de gobierno abierto desarrollada por Populate y que participa en Código para el Desarrollo. En este artículo, los co-fundadores de Populate cuentan sobre el modelo que han creado para que el desarrollo software público sea sostenible y abierto a la vez.

¿Es posible conseguir la sostenibilidad de un producto de software libre enfocado a administraciones públicas? Esto es lo que nos hemos propuesto en Populate al lanzar Gobierto. Y de momento, lo estamos consiguiendo.

Gobierto es una plataforma de gobierno abierto de código libre. Permite a administraciones públicas poner en marcha iniciativas de transparencia, participación y rendición de cuentas de forma sencilla y efectiva para explicar a través de visualizaciones y datos que hace un gobierno con el propósito de que una organización pública pueda conectarse mejor con sus ciudadanos.

Como los fundadores de Populate, hemos participado en el pasado en diversas iniciativas activistas. Fuimos cofundadores de Actuable, adquirido por Change.org tras conseguir más de 1 millón de usuarios registrados en menos de 1 año, además de tener una larga experiencia en la creación de productos digitales. Con este bagaje, nos propusimos conciliar varios de nuestros intereses: el software libre, los productos digitales, y la involucración ciudadana en los asuntos públicos.

Abierto, modular y sostenible

Cuando pensamos en crear Gobierto, marcamos algunas líneas de trabajo:
  • Software libre: Cuando se trata de crear software para una administración pública no concebimos que el código generado no sea libre. Es nuestra opinión que el código realizado con dinero público debería estar disponible para que otras organizaciones o cualquier ciudadano pueda reutilizarlo, mejorarlo o auditarlo. En la actualidad hay muy pocos ejemplos de código público abierto, pero confiamos en que la tendencia cambie. Nuestra experiencia colaborando con el Ayuntamiento de Barcelona es una que nos motiva sobre este cambio.
  • Transparencia efectiva vs. transparencia legalista: en distintos países se va implantando legislación sobre transparencia. Si bien las normas se cumplen el espíritu de las mismas, muchas veces en la práctica falta el sentido complementario de la accesibilidad, al publicarse documentación con formatos no usables por ciudadanos de a pie (ejemplo: proyecto de presupuesto de 300 páginas). Gobierto proporciona transparencia efectiva más allá de la transparencia legalista.
  • Involucración progresiva: la información pública es en muchas ocasiones difícil de procesar por su extensión y complejidad. Uno de los retos de Gobierto es proporcionar un diseño de la información que ofrezca una experiencia de involucración progresiva en el contenido, con resúmenes, visualizaciones, guías, e interactivos, que den paso a información detallada y datos abiertos para aquellos ciudadanos que deseen todo el detalle.
  • Modular: uno de los objetivos de Gobierto es conseguir una implementación eficiente con el software. Puedes arrancar con el sistema usando un solo módulo, e ir activando y personalizando nuevos módulos poco a poco. No es necesario instalar una aplicación diferente para cada servicio. Así el diseño modular permite el consiguiente ahorro de tiempo y dinero y la mejora de la experiencia del usuario.
  • Sostenible: tal vez parece sorprendente pero es la verdad – hemos logrado crear un proyecto de software libre con un modelo de negocio que garantiza un producto de calidad y un servicio profesional con duración y en el tiempo. Nuestro modelo de trabajo abierto y de colaboración entre administraciones permite que paguen precios más bajos por el software, al tiempo que sus contribuciones impactan en una mejora del producto de la que se benefician todos los usuarios presentes y futuros. Y lo más importante: el código queda como público y abierto.

Un modelo de negocio sostenible basado en la expansión colaborativa y el servicio

El modelo de negocio de Gobierto es simple: cobrar por los servicios de implementación, personalización, integración de datos, y mejora del producto. Gracias a estos servicios podemos financiar el desarrollo de Gobierto, de modo que se establece una colaboración implícita entre las organizaciones que lo contratan creando un círculo virtuoso.

Gobierto está implantado en la actualidad en diversos clientes en España: ayuntamientos (municipios), diputaciones, y comunidades autónomas. Cuando una organización solicita un nuevo módulo o modificación, estos trabajos quedan disponibles en el código del software para todos. Cualquier persona u organización puede descargar el código de Gobierto para probarlo, adaptarlo e implantarlo, así como enviar propuestas de cambios, mejoras y correcciones en el código.

Además, en el perfil de Github de Populate, publicamos los otros proyectos de software libre que desarrollamos.

Con esta forma de trabajo, hasta ahora hemos desarrollado los siguientes módulos:
  • Visualización de presupuestos
  • Altos Cargos y Agendas
  • Planificación
  • Catálogo/Cartas de Servicios: Indicadores de cumplimiento…
  • Observatorio Estadístico
  • Datos Abiertos
  • El futuro de Gobierto
Continuamos trabajando con diversas administraciones para ampliar el conjunto de herramientas de transparencia para facilitar que los ciudadanos puedan consultar con efectividad la información que generar sus administraciones.

En el contexto de Código para el Desarrollo, esperamos encontrar organizaciones públicas que se puedan beneficiar del uso de Gobierto y colaborar con ellas para ponerlo en marcha y mejorar los servicios que proporcionan a sus ciudadanos.

Fuente: Abierto al Publico