Bolivia se mantiene entre los países con menor libertad económica en América, según el Índice de Libertad Económica 2025, publicado por The Heritage Foundation. Con una puntuación de 44,1 puntos, el país se posiciona en el puesto 30 de 32 dentro del continente y 164 de 176 a nivel global.
Aunque experimentó un leve aumento de 0,6 puntos respecto al año pasado, continúa dentro de la categoría de economías reprimidas, debido a múltiples factores que afectan el clima de inversión y la estabilidad macroeconómica.
Fernando Romero, presidente del Colegio de Economistas de Tarija, analizó el informe y destacó que la calificación de Bolivia sigue estando por debajo del promedio mundial de 59,7 puntos y del promedio regional de 59,4 puntos.
En la región, los países con mayor libertad económica son Canadá (75,5 puntos), Chile (73,2) y Estados Unidos (70,2), mientras que en el otro extremo se encuentran Cuba (25,4), Venezuela (27,4) y Bolivia (44,1), lo que posiciona al país como una de las economías con mayores restricciones en América.
Un retroceso de 27 años en libertad económica
Romero advierte que la libertad económica en Bolivia ha caído de manera sostenida durante los últimos 27 años. En 1998, el país alcanzó su mayor puntaje histórico con 68,8 puntos, lo que lo posicionaba como una de las economías más libres de la región. Sin embargo, desde el año 2000, con la implementación de modelos de corte socialista, la economía boliviana comenzó un proceso de deterioro en sus niveles de apertura y libertad.
“Aunque el informe refleja que los gobiernos socialistas han reducido la libertad económica en Bolivia, también es cierto que otros países con modelos similares han logrado mantener cierto grado de equilibrio. Países como Uruguay, Costa Rica y Argentina han diferenciado ideología de pragmatismo económico, evitando un colapso en sus índices de inversión y competitividad", explicó el economista.
Factores que limitan la libertad económica en Bolivia
El informe identifica varios factores que obstaculizan la libertad económica del país. Entre ellos, Romero destaca:
- Sistema judicial vulnerable a injerencias políticas: La falta de independencia del poder judicial y la existencia de normas que favorecen la discrecionalidad del Estado afectan la seguridad jurídica y desincentivan la inversión.
- Corrupción y debilidad del Estado de derecho: La ineficiencia en la administración pública y los constantes casos de corrupción afectan la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros.
- Presencia estatal en la actividad económica: El creciente rol del Estado en sectores estratégicos ha reducido la participación del sector privado, dificultando la competitividad y el desarrollo empresarial.
- Código laboral anticuado y restrictivo: Bolivia mantiene un marco regulatorio rígido que dificulta la contratación y retención de talento, afectando la productividad y la creación de empleo formal.
- Controles de precios y tipo de cambio fijo: La fijación de precios en productos básicos como el maíz, el azúcar y el pan ha generado distorsiones en el mercado, mientras que el tipo de cambio fijo ha afectado la disponibilidad de dólares en la economía.
Indicadores clave del informe
Bolivia obtuvo puntajes negativos en varios indicadores clave del índice:
- Derechos de propiedad: 19,9 puntos
- Libertad de inversión: 15 puntos
- Salud fiscal: 4,4 puntos
Estos resultados reflejan la falta de garantías para la inversión privada y la debilidad del sistema financiero.
No obstante, el país obtuvo un puntaje alto en carga fiscal (88,8 puntos), lo que indica que el sistema tributario sigue siendo una fuente importante de ingresos para el Estado. Además, el índice destaca que Bolivia tiene una relativa libertad monetaria (70,6 puntos), aunque esto se contradice con la escasez de dólares y las restricciones al sistema bancario en la actualidad.
Un desafío para el próximo Gobierno
El informe concluye que la economía boliviana enfrenta grandes desafíos para mejorar su libertad económica y atraer inversiones. La falta de estabilidad política, los conflictos sociales recurrentes y la falta de incentivos para el sector privado han debilitado la competitividad del país en el contexto regional.
Para revertir esta situación, se sugiere reformas estructurales en el ámbito laboral, financiero y tributario, así como una mayor seguridad jurídica para atraer capital extranjero. Romero enfatiza que modernizar el sistema judicial, flexibilizar la normativa empresarial y abrir sectores estratégicos a la inversión privada serán claves para mejorar la posición del país en futuros índices de libertad económica.
Fuente: Economy
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