La propuesta de una ley de inversiones, la regulación de operaciones con criptomonedas y la simplificación de procedimientos para exportar servicios forman parte de los cambios planteados por representantes empresariales y del sector tecnológico para dinamizar la economía, atraer capitales y ampliar los ingresos externos.
Bolivia enfrenta el desafío de establecer condiciones normativas que faciliten la actividad empresarial y permitan diversificar las fuentes de generación de divisas. En ese escenario, la seguridad jurídica, la estabilidad de las reglas, los incentivos tributarios y la digitalización de trámites aparecen entre los elementos centrales de las propuestas expuestas por representantes de distintos sectores.
Como parte de las iniciativas para abordar este proceso de transición económica e innovación, la Cámara Boliviana de Empresas de Contacto e Interacción con Clientes (CBECIC) convocó al Networking CBECIC 2026 bajo la premisa “Bolivia se reinventa: empresas, tecnología y talento frente al nuevo escenario”. Este encuentro está concebido como un espacio de diálogo estratégico entre el sector público y privado enfocado en analizar la competitividad, los desafíos económicos y las oportunidades de crecimiento para el tejido empresarial del país. La mesa de debate contará con la participación de delegados institucionales de CAINCO, CADEX, la Cámara Boliviana de Blockchain (CABLOCK) y el Viceministerio de Política Tributaria.
Una ley como punto de partida
La elaboración de una ley de inversiones fue planteada como una medida prioritaria ante la dificultad de avanzar primero con reformas constitucionales. La propuesta busca establecer un marco general que permita desarrollar posteriormente otras normas estratégicas vinculadas con la minería, la exportación de servicios y el régimen laboral.
El representante que expuso la iniciativa explicó que el país tiene cerca de 60 normas, entre leyes, decretos y resoluciones, identificadas como necesarias para impulsar cambios económicos. En su criterio, una reforma constitucional demandaría más tiempo, por lo que consideró necesario avanzar con las medidas que puedan implementarse en el corto plazo.
Entre los principios que debería contemplar una ley de inversiones mencionó la seguridad jurídica, la estabilidad normativa y la libertad económica, entendida como la posibilidad de que las empresas movilicen sus capitales y dividendos. También destacó la importancia de contar con mecanismos imparciales para resolver controversias entre inversionistas y el Estado, incluido el arbitraje internacional.
El representante advirtió que las condiciones ofrecidas deben ser competitivas frente a las de otros países de la región, como Argentina y Chile. Aunque identificó coincidencias entre cámaras empresariales, bancadas legislativas y otros actores respecto a los ejes centrales de la propuesta, señaló que persisten diferencias sobre los incentivos que deberían otorgarse, especialmente por sus implicaciones tributarias y fiscales.
El objetivo, sostuvo, es alcanzar una normativa que contribuya a atraer inversiones, generar empleo formal y aumentar las exportaciones.
Incentivos y coordinación institucional
Álvaro Tapia Menestro informó que el Gobierno nacional presentó un proyecto de ley de inversiones a la Asamblea Legislativa el 10 de agosto, documento que, según explicó, se encontraba en análisis en la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados.
La propuesta gubernamental contempla una instancia denominada Agencia Nacional de Inversiones, concebida para centralizar trámites que actualmente requieren gestiones ante distintas instituciones. De acuerdo con Tapia Menestro, esta entidad no tendría funciones reguladoras, sino que facilitaría los procedimientos administrativos para los inversionistas.
El proyecto también incluye incentivos tributarios, entre ellos exenciones y reducciones que pueden alcanzar el 80%, dependiendo de las características de la inversión y del sector estratégico al que pertenezca.
Respecto al arbitraje internacional, Tapia Menestro señaló que existen diferentes interpretaciones sobre sus alcances constitucionales. Añadió que las cámaras empresariales analizaron las propuestas y que el avance legislativo dependerá de la evaluación de las observaciones y de la consideración de los distintos proyectos por parte de la comisión correspondiente.
Blockchain para pagos y operaciones internacionales
La innovación tecnológica también fue expuesta como una alternativa para facilitar las transacciones empresariales. Un representante de la Cámara Boliviana de Blockchain explicó que la organización busca democratizar el conocimiento y promover herramientas que permitan reducir costos y mejorar la eficiencia de las operaciones.
El 24 de julio de 2024, el Banco Central de Bolivia aprobó la Resolución de Directorio 082/2024, que habilitó el uso de activos virtuales mediante canales e instrumentos autorizados. El representante identificó esa decisión como un punto de inflexión para el desarrollo del sector en el país.
Según los datos citados durante su intervención, Bolivia alcanzó un crecimiento de 355,11% en la adopción de criptomonedas, por encima de Guatemala, que registró una cifra de 87,6%. El expositor presentó esos porcentajes como evidencia del avance de estas herramientas en el mercado nacional.
La cámara trabaja en la integración de servicios financieros y plataformas de activos virtuales. El representante mencionó al Banco Mercantil Santa Cruz, Banco Ganadero, Banco de Crédito, Banco Unión y Banco FIE, además de otra entidad cuyo nombre no se pudo precisar en la transcripción, entre las instituciones que, según indicó, adoptaron soluciones de este tipo.
Estas herramientas permiten realizar determinadas operaciones internacionales sin recurrir directamente al dólar como moneda intermediaria. Como ejemplo, describió mecanismos para que una empresa pague en bolivianos desde Bolivia mientras su proveedor en Brasil recibe reales.
El sector también promueve plataformas para integrar cobros mediante tarjetas y criptomonedas. El expositor remarcó la importancia de verificar que los proveedores de servicios de pago con activos virtuales estén debidamente regulados por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), con el propósito de reducir los riesgos en las transacciones.
Exportación de servicios y digitalización
La ampliación de las exportaciones de servicios constituye otro frente para diversificar los ingresos externos. Desde la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex), su gerente, Martínez Arce, planteó la necesidad de establecer un marco normativo general que ordene la actividad, facilite la coordinación institucional y permita contar con registros y estadísticas sectoriales.
El representante señaló que Bolivia todavía enfrenta dificultades logísticas para exportar bienes, entre ellas los bloqueos internos y los problemas de integración con mercados vecinos. A diferencia de esas operaciones, la exportación de servicios puede desarrollarse sin requerir necesariamente infraestructura física para el traslado de mercancías, aunque sí necesita procedimientos administrativos ágiles.
Por ello, propuso priorizar la digitalización y simplificación de trámites, además de coordinar las funciones de entidades como el Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones (Senavex), el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) y la Aduana Nacional, según corresponda a cada operación.
Martínez Arce recomendó aprovechar las experiencias de Argentina y Uruguay en el desarrollo de este mercado y señaló que Bolivia tiene oportunidades en actividades tecnológicas, entre ellas la programación y el desarrollo de software. También mencionó el potencial de la variedad del español hablado en el país como un atractivo para empresas interesadas en instalar operaciones.
Fuente: Economy
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