La segunda vuelta electoral para la presidencia de Bolivia, entre el Partido Demócrata Cristiano (PDC) de Rodrigo Paz y la Alianza Libre de Jorge Tuto Quiroga, se caracteriza por promesas de transparencia y lucha contra la corrupción. Esta temática está estrechamente ligada al acceso a la información, pero Bolivia destaca en la región por ser el único país sin una ley específica para ejercer este derecho universal. Analistas coinciden en que se debe pasar del discurso a la práctica.
Desde el 2001 a la fecha, en diez oportunidades se plantearon diferentes proyectos de ley de acceso a la información que nacieron de la sociedad civil, poder ejecutivo y legislativo; pero ninguno llegó a aprobarse. Para Raúl Velásquez, investigador de la Fundación Jubileo, si el próximo gobierno quiere tener el respaldo de la sociedad sobre las políticas que pretenda implementar, lo primero que debe hacer es transparentar toda la información del Estado, para mostrar la verdadera situación del país. Además debe crear los mecanismos legales para que el derecho a la información se cumpla, y se sancione a quienes vulneren el mismo.
Para Ramiro Orias, presidente del Tribunal Nacional de Ética Periodística, no sólo se trata de discursos en tiempos electorales, sino que los candidatos deben especificar el cómo lo harán. Para él, la prioridad del Legislativo debe ser la aprobación de una ley de acceso a la información, mientras que el Ejecutivo debe respaldarla y promoverla, porque constituye una poderosa herramienta de transparencia y lucha contra la corrupción. Advierte que no debe ser una normativa de generalidades, sino una que responda a los estándares internacionales que ha generado la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre esta temática.
¿Qué ofrecen los candidatos?
A la fecha, en el país se tienen normativas aisladas que incluyeron algún artículo sobre la materia, como el 93 de la Ley de Medio Ambiente, el 34 de Ley de Control Social, el 10 de la Ley de Unidades de Transparencia o el artículo 6 de la Ley de Desarrollo Sostenible. En la práctica esto no fue suficiente para un Estado de información abierta, no por nada en el índice de percepción sobre la corrupción, Bolivia destaca como el país más corrupto de la región, según el World Justice Project (2024). Además, de 1.229 casos de corrupción registrados en los últimos siete años, sólo en uno se logró la reparación del daño, según el Ministerio de Justicia.
Con esos antecedentes, las fuerzas políticas que buscan la silla presidencial muestran seguir ese mismo camino, de iniciativas o esfuerzos dispersos. En su programa de gobierno, la Alianza Libre reconoce que Bolivia no tiene una ley de acceso a la información, pero no especifica si promoverá o priorizará una normativa de este tipo. Sin embargo, menciona que creará espacios como el Observatorio de Finanzas Públicas, por donde darán informes periódicos sobre esa área. El PDC, por otro lado, propone sistemas integrados de información y vigilancia social, pero no profundiza en los detalles.
Por otro lado, Libre pone en el centro al Instituto Nacional de Estadística (INE), como una institución que certifique la calidad de información que producen distintas entidades públicas.
Esta fuerza política plantea que todas las transacciones del Gobierno quedarán registradas con Block Chains (sistema tecnológico a prueba de alteraciones), de manera que nadie pueda modificar o borrar la información, como una manera efectiva para auditorías. El PDC también propone la misma tecnología para las contrataciones estatales.
El debate vicepresidencial del 5 de octubre tampoco fue un escenario donde se profundizó esta temática. Edman Lara del PDC propuso que las respuestas de Peticiones de Información Escrita (PIE) estén disponibles en una página web. Y es que, a la fecha, esto no ocurre en la Cámara de Diputados, donde sólo transparentan las preguntas realizadas a determinada autoridad o entidad, pero no las respuestas. Además, no se encuentra documentación anterior al 2020.
Juan Pablo Velasco propuso un ranking legislativo público, de manera que cualquier persona acceda a información el desempeño de cualquier senador o diputado, con indicadores de asistencia, de propuestas de leyes impulsadas, abrogadas o derogadas.
Acciones más que discursos
Para Ramiro Orias, el discurso de lucha contra la corrupción, de transparencia y de gestión pública que aparecen como publicidad de los actos políticos, requiere mecanismos expresos y específicos. Advierte que pretender que el acceso a la información esté supeditado a la voluntad del mismo órgano del Estado, es permitir que el Gobierno sea juez y parte. “Se necesita de una agencia independiente encargada de implementarla, monitorear el cumplimiento del acceso a la información conforme a los compromisos internacionales que el país ha suscrito”.
El proyecto de Ley 160/2023-2024 de Acceso a la Información y Documentación Pública, presentado por la senadora Silvia Salame, establecía una comisión bajo la dependencia de la Defensoría del Pueblo conformada por cuatro miembros externos de alta probidad ética. Si bien fue aprobada en la Cámara de Senadores, se estancó en la de Diputados.
Para evitar depender de la voluntad de la autoridad de turno en el acceso a la información, Velásquez reiteró la importancia de una normativa con sanciones para los que no la cumplan. Puso como ejemplo al sector energético, porque en una investigación se estableció que solamente un 21% de la información mínima que se requiere es pública, el 63% no se publica, un 11% es parcialmente publicada, y un 5% no existe. Lo que demuestra la opacidad en este sector que además está en crisis.
El investigador puso como ejemplo a Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que desde 2015 no publica información que el artículo 6 de la Ley de Desarrollo Sostenible del Sector Hidrocarburos demanda.
Es así que el próximo Gobierno boliviano, sea del PDC o Alianza Libre, enfrenta el reto de transformar promesas de transparencia en una acción legal: aprobar una ley de acceso a la información. Sin esta norma fundamental y esencial contra la corrupción, los expertos advierten que las propuestas tecnológicas o mecanismos aislados son insuficientes para fortalecer un pilar indispensable en la confianza ciudadana.
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