A pesar de las carencias de los gobiernos, la adopción de IA avanza rápidamente en la región. Veinticuatro países de América Latina y el Caribe ya utilizan herramientas de IA en la administración pública. Un informe del PNUD indica que estas aplicaciones cubren desde servicios al ciudadano (30% de los casos) y funciones económicas (26%), hasta seguridad pública (18%), sanidad (8,5%), educación (8%) y protección social (3%).
Es decir, los gobiernos están experimentando con IA en muchos frentes: chatbots de atención al público, modelos predictivos para políticas económicas, sistemas de vigilancia e incluso algoritmos que asignan recursos en salud o bienestar. El impulso es real pero desigual, con proyectos piloto aislados que conviven con áreas enteras del Estado aún analógicas.
En la práctica, los países incorporan IA sobre bases frágiles. En la región la norma son datos de mala calidad, trámites engorrosos, brechas de conectividad y personal no capacitado. Así, la IA muchas veces se limita a automatizar procesos defectuosos, sin transformarlos en lo esencial.
Oportunidades y riesgos
El estudio “Gobernar con la inteligencia artificial” de la OCDE, si bien destaca beneficios tangibles de la IA para agilizar procesos internos y optimizar decisiones públicas, también advierte obstáculos graves. ¿Cuáles son? Sesgos algorítmicos que amenazan derechos fundamentales, falta de transparencia que erosiona la rendición de cuentas, brechas digitales que pueden ahondar desigualdades, e instituciones poco preparadas para gestionar estos sistemas.
En América Latina, estos problemas no son teóricos, sino la realidad cotidiana de muchos Estados. Dicho esto, una administración 2.0 basada en IA corre el riesgo de acelerar las disfunciones en lugar de resolverlas.
Esta brecha la evidencia el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA), elaborado por CEPAL y CENIA Chile. Su edición de diciembre 2025 evaluó la preparación de 19 países frente a la IA, y los resultados revelan profundas disparidades.
Chile lidera como pionero con 73 puntos sobre 100, seguido de Brasil (69) y Uruguay (65). En un segundo grupo de adoptantes figuran Argentina, Colombia y México (51 a 56 puntos), evidenciando una brecha notable respecto a los líderes. La mayoría del resto de países obtienen calificaciones muy por debajo de 50, lo que los sitúa en niveles incipientes de madurez digital.
Varios países latinoamericanos permanecen en el nivel más bajo de preparación (exploradores), con ecosistemas de IA apenas emergentes y capacidades institucionales muy limitadas.
I+D o la clave de todo
La inversión en ciencia y tecnología es otro talón de Aquiles. América Latina representa cerca del 6,6% del PIB mundial, pero apenas recibe el 1,12% de la inversión global en inteligencia artificial. Esto se refleja en un gasto interno en investigación y desarrollo (I+D) muy bajo.
La mayoría de los países latinoamericanos invierte menos del 0,5% de su PIB en investigación y desarrollo. Esta falta de inversión público-privada se traduce en infraestructura precaria, sistemas gubernamentales obsoletos y pocos profesionales especializados. Intentar gobernar con IA sin invertir primero en capacidades básicas es como construir castillos de arena en la orilla del mar.
La brecha no es solo tecnológica o financiera, también es organizacional. La madurez del gobierno digital en Latinoamérica es baja en términos comparativos. Por ejemplo, el Digital Government Index de la OCDE (2025) promedia apenas 0,60 sobre 1 en América Latina, muy por debajo del promedio 0,70 de los países OCDE o del 0,90 que tienen los líderes. Pocos países superan el umbral de 0,5 (Brasil, Argentina) mientras que la gran mayoría obtiene puntajes bajos que reflejan digitalizaciones incipientes.
Gobiernos que no aprovechan la IA
En cuanto a servicios públicos proactivos (que incluye la utilización estratégica de IA para anticipar necesidades ciudadanas), el desempeño regional es el peor, con una puntuación media de solo 0,21en 1. Esto sugiere que los gobiernos latinoamericanos aún no aprovechan la IA para anticiparse ni personalizar trámites, quedándose en usos muy básicos.
Peor aún, solo el 22% de los países de Latam ha establecido una estrategia nacional de IA para el sector público, y cerca del 78% carece de marcos o directrices para el uso ético y confiable de algoritmos en sus instituciones.
Con este panorama, la IA corre el riesgo de amplificar las ineficiencias estatales existentes en lugar de solucionarlas. Si un procedimiento burocrático es lento y opaco, la IA no lo vuelve transparente ni ágil por arte de magia. Puede, simplemente, automatizar la opacidad y la lentitud a mayor escala.
Los algoritmos entrenados con datos incompletos o sesgados replicarán esas mismas distorsiones de forma sistemática. Según la OCDE muchos proyectos gubernamentales de IA quedan estancados en fase piloto por carencias de datos de calidad, aversión al riesgo, marcos normativos engorrosos y tecnología obsoleta en las instituciones públicas. A ello se suma la ausencia de mecanismos efectivos de seguimiento y evaluación de resultados.
Fortalecer antes de apostar
Es fácil que las herramientas de IA refuercen sesgos sociales y amplíen brechas de desigualdad preexistentes si no se gestionan con cuidado. Digitalizar un trámite mal diseñado sin rediseñarlo previamente es poner la tecnología por delante del proceso, una receta para resultados decepcionantes. La IA no corrige un procedimiento defectuoso, solo lo ejecuta más rápido, con los mismos errores.
¿Hay alternativa para evitar que la IA gubernamental se convierta en un amplificador de problemas?
Los estudios citados coinciden en que la clave está en fortalecer los cimientos institucionales antes de apostar todo a la automatización inteligente. La capacitación del capital humano es crucial. Es urgente invertir en infraestructura digital (conectividad, sistemas interoperables, datos abiertos de calidad) y en establecer mecanismos de gobernanza responsable (transparencia, participación, control).
Fuente: Dialogo Politico
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