Hace poco más de dos décadas, el mundo inició un profundo proceso de transformación digital. Hoy, sus beneficios son innegables: simplificación de trámites, ahorro de tiempo y recursos, y niveles de eficiencia que hasta hace pocos años parecían inalcanzables.
Como todo cambio estructural, la transformación digital conlleva riesgos y desafíos. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que dichos riesgos pueden ser gestionados y que los desafíos han sido, precisamente, el motor de la innovación tecnológica, permitiendo construir sistemas cada vez más seguros, confiables y eficientes.
Desde hace un poco más de quince años vengo sosteniendo que esta transformación debe ser aplicada, con carácter prioritario, en los Entes Gestores de Salud (comúnmente llamadas Cajas de Salud), en el Ministerio de Trabajo y en la Gestora Pública, que desde hace casi tres años administra el Sistema Integral de Pensiones.
En el caso de las Cajas de Salud, resulta inadmisible que asegurados y beneficiarios se vean obligados a hacer fila desde las tres o cuatro de la madrugada, o incluso tener que dormir desde la noche anterior, con el único objetivo de obtener una ficha que, en el mejor de los casos, solo marca el inicio de un verdadero vía crucis de trámites, filas y esperas interminables.
La situación no es mejor para los empleadores. Para cumplir con obligaciones básicas, como el pago de aportes, la programación de exámenes pre y post ocupacionales, la afiliación y baja de trabajadores, la comunicación de cambios societarios o las solicitudes de reembolso por bajas médicas, seguimos obligados a realizar trámites presenciales, presentando documentos físicos acompañados de las infaltables fotocopias, como si estuviéramos anclados en el siglo pasado.
Si hablamos de la plataforma digital del Ministerio de Trabajo, que en teoría debería servir para obtener fichas para el visado de finiquitos, contratos y otros trámites, la realidad es aún más preocupante. Conseguir una ficha se ha convertido en una cuestión de suerte: los usuarios deben conectarse desde las seis de la mañana y, con mucho esfuerzo, pueden lograrlo después de tres o cuatro días. Sin embargo, si por las fallas de la propia plataforma el trámite no se presenta dentro del plazo, la consecuencia es una multa, sin que la institución asuma responsabilidad alguna. Cabe preguntarse, entonces, si esta ineficiencia es simple incapacidad o si el sistema está diseñado precisamente para eso.
No solo somos el país de las filas, sino también el de las fotocopias y de la complicación innecesaria. Lo más grave es que ninguna institución pública asume responsabilidad por sus propias deficiencias. Por el contrario, muchas veces pareciera que el objetivo es obstaculizar la gestión del ciudadano. El caso de la Gestora Pública es ilustrativo: se rechazan fotocopias de documentos de identidad cuando estas provienen de una impresión legible de una fotografía tomada con el celular, ignorando por completo la interoperabilidad, que justamente sirve para verificar la autenticidad de documentación e información.
Esta forma de administrar no es neutra: genera contingencias, especialmente económicas, que luego se traducen en sanciones y multas elevadísimas, muchas veces no por incumplimientos reales, sino por interpretaciones sesgadas o por errores que las propias instituciones dejan pasar durante años, para recién “detectarlos” cuando ya es imposible subsanarlos.
Por ello, no me cansaré de insistir en la necesidad urgente de que el Estado implemente verdaderas plataformas digitales integradas. Esto no solo aliviaría la carga de asegurados, beneficiarios y empleadores, sino que permitiría a las propias instituciones realizar un seguimiento oportuno y eficiente de las obligaciones, dentro de plazos razonables que no deberían superar los 30 días calendario, y no después de años de silencio administrativo.
Este cambio debe ir acompañado, además, de una eliminación real de la injerencia política y de un proceso serio de institucionalización de cargos, donde primen el conocimiento, la experiencia, la calidad, la calidez y el criterio técnico. Las instituciones deben convertirse en facilitadoras y no en entes meramente coercitivos. Es imprescindible una reingeniería profunda del personal, empezando por las Cajas de Salud, donde es evidente la desproporción entre el personal administrativo y el personal médico.
Fuente: Negocios Press
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