La página Hacking Bolivia advirtió que un “actor de amenazas” está liberando la base de datos de ciudadanos bolivianos que contiene “información sensible” y que podría ser utilizada por estafadores digitales. Además, esta misma cuenta aseguró que hubo 'posibles accesos no autorizados' a sistemas y servicios gubernamentales. Un experto explicó que existen riesgos para un ciudadano común si es que acceden a su información privada y personal.
“Actor de amenazas libera base de datos de ciudadanos bolivianos. Información sensible disponible”, publicó hace un día la página Hacking Bolivia en sus plataformas. Esta misma cuenta detalló que estos datos pueden ser comprados en diferentes foros digitales y que eso representa un riesgo para la población, ya que esa información privada y personal puede caer en manos de estafadores digitales.
En una de sus fotografías adjuntas en el posteo, la cuenta Hacking Bolivia muestra los nombres y apellidos, con el número de sus cédulas de identidad y su fecha de nacimiento de varias autoridades del Gobierno, entre ellas el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca. Además, muestra que esos datos se podrían haber obtenido a través del sistema informático de la Gestora Pública.
“Este ataque puede tener consecuencias negativas para una persona. En el mundo digital se puede utilizar los datos generales de las personas para hacer estafas, que es lo más general. Te pongo un ejemplo. Antes te escribían como un familiar y te pedían dinero porque tu maleta fue perdida por una aerolínea. Ahora, te pueden escribir de x empresa y decirte que tienen tus datos y puedes caer en una estafa”, explicó un experto ciberseguridad que prefirió que no se publique su identidad.
Según el portal Ciberseguridad, en un estudio en el que se pretendía examinar y valorar el nivel de preparación de los países para evitar amenazas de ciberseguridad y gestionar los incidentes, Bolivia se encuentra en el puesto 79, siendo el último país de América Latina en cuanto a preparación en ciberseguridad.
El Observatorio de Delitos Informáticos de Bolivia entiende que es necesario realizar un duro trabajo en Bolivia para aplicar una estrategia de alto nivel que priorice y unifique los principales proyectos de prevención de ciberamenazas necesarios para el país.
El experto detalló que en el capítulo XI del Código Penal -establecido en 1997- se tipifica como delito la manipulación o la obtención ilegal de información en Internet y en los artículos 253 y 254 del Código de Procedimiento Penal se establecen normas para la obtención de evidencia electrónica. La Asamblea Legislativa Plurinacional también aprobó la Ley 3325 contra la trata de personas, la pornografía infantil y otros actos infames que a menudo se relacionan con Internet. No existe ninguna legislación específica relativa a la delincuencia informática.
“En Bolivia no existe una cultura de ciberseguridad y queda mucho por hacer en este tema. Una de las principales medidas que deberían tomarse para proteger la seguridad de la información es impulsar un programa para sensibilización y capacitación de empleados en temas de ciberseguridad. El empleado es el eslabón más débil de la cadena de seguridad, pero seguimos invirtiendo mucho en tecnología y poco en las personas. Esto se logra mediante campañas agresivas de sensibilización y no con charlas esporádicas”, dijo.
Hace un mes, el Observatorio de Delitos Informáticos de Bolivia encendió las alarmas sobre una grave amenaza cibernética. Según informes de esta entidad, se ofrece a través de redes sociales una base de datos con información personal de 12,5 millones de ciudadanos bolivianos. Este hecho representaría una de las mayores brechas de seguridad de datos en la historia del país.
Este Observatorio también lanzó sus predicciones de ciberseguridad financiera para el año 2024, anticipando que será un año desafiante para la protección del dinero en línea de los bolivianos. “Obviamente con los documentos de identidad son base principal para realizar cualquier tipo de transferencia ya sean bancaria o de disposición patrimonial como casa, lotes o terrenos”, explicó el abogado experto en ciberseguridad Andrés Ritter, destacando los riesgos financieros que conlleva esta posible filtración.
Fuente: El Deber
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