Los 57 casos de acoso político a concejalas electas en distintos municipios del país o la presentación mediática de personas acusadas de haber cometido algún delito o las vulneraciones derivadas de la prórroga de mandato de las autoridades judiciales han aumentado las violaciones a las libertades fundamentales en Bolivia durante el primer cuatrimestre de 2024, de acuerdo con un informe del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS.
El informe cuatrimestral enero–abril 2024 del Observatorio, publicado recientemente, reporta que en ese periodo se han registrado 307 casos de violación a las libertades fundamentales (libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica y protesta), la institucionalidad democrática y el derecho a defender derechos.
La cifra del cuatrimestre 2024 sufrió un incremento en comparación con similares periodos en los años 2021, 2022 y 2023. Por ejemplo, entre enero y abril de 2021 se alcanzaron 188 casos, lo que implica un aumento del 63% comparado con 2024. En el 2022 se registraron 205 casos, lo que significa un incremento del 50%, y en 2023, el incremento fue del 51%, al tenerse en ese año un total de 203 casos entre enero y abril.
El incremento de casos, de acuerdo con el informe, se debe a la cantidad de vulneraciones cometidas en contra de la institucionalidad democrática. De las 307 vulneraciones, 226 atentaron contra la institucionalidad democrática, 26 contra la libertad de prensa, 24 contra la libertad de reunión pacífica y protesta, 16 contra los derechos de las y los defensores de derechos, 11 contra la libertad de asociación y cuatro contra la libertad de expresión. “La cantidad de vulneraciones tienen relación directa con el debilitamiento de la institucionalidad del Estado”, resalta el informe.
29% de los casos atentan contra la presunción de inocencia
Organizaciones nacionales e internacionales han objetado en diferentes momentos la práctica recurrente del Ministerio de Gobierno y de la Policía de presentar a personas de manera pública, acusadas de algún delito, como un hecho que atenta contra la presunción de inocencia. Esta práctica “alarmante”, según el informe del Observatorio, además viola “el debido proceso y mella la dignidad” de la persona por la forma en que se la expone públicamente.
De los 226 registros de vulneración a la institucionalidad democrática, 88 corresponden a la violación de la presunción de inocencia, vale decir el 29% del total de los casos de violación de derechos y libertades en el primer cuatrimestre de este 2024. El principal actor vulnerador es el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, con 42 registros.
“Lastimosamente, se trata de actos que pese a ir en contra de la norma, de los deberes y obligaciones intrínsecas al cargo, así como del propio comportamiento adecuado para un cargo revestido de tanta importancia, han sido plenamente naturalizados en la cultura política del país, restando impunes, sin ningún tipo de sanción”, menciona el informe.
57 concejalas sufren acoso político en el país
El informe, además, brinda el dato de 57 concejalas electas que sufrieron de acoso político en el último tiempo, a través de la recurrente práctica de “gestión compartida”, a partir de la cual se presiona para que éstas renuncien a sus cargos, a efecto de que el concejal suplente asuma la titularidad.
Los 57 casos, obtenidos a través de la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia para el Observatorio, representan el 25% de los casos que vulneran la institucionalidad democrática. Las acciones de pedido de renuncias de concejalas, por lo general, son promovidas “por miembros del propio concejo municipal y cometidas directamente por grupos de terceras personas, muchas veces organizaciones y particulares afiliados al partido político de la propia víctima”, resalta el informe.
Estos 57 casos ocurrieron en 38 municipios de diferentes departamentos: Arque, Cabezas, Camargo, Capinota, Chiquihuta, Cuatro Cañadas, Culpina, El Puente, El Torno, Guanay, Huacareta, Incahuasi, La Paz, Las Carreras, Llallagua, Magdalena, Malla, Morochata, Ocurí, Padilla, Pampa Grande, Porco, Presto, Puna, San Antonio de Lomerío, San Ignacio de Moxos, San José de Chiquitos, San Juan, San Pedro, Sipe Sipe, Tarabuco, Toledo, Villa Azurduy, Villa Charcas, Villa Rivero, Villa Zudañez, Warnes, y Yamparáez.
Identifican acciones y omisiones estatales en elecciones judiciales
“Este caso supone un concurso de violaciones en el que se ven involucradas, directa o indirectamente, autoridades del órgano ejecutivo, legislativo y judicial. Desde su aprobación en marzo de 2023, la convocatoria a elecciones judiciales conllevó varias acciones y omisiones estatales arbitrarias que implicaron que el proceso de preselección de los candidatos se trunque”, resalta el informe del Observatorio.
En ese sentido, cita acciones y omisiones tales como “la incapacidad institucional de llevar adelante el proceso de preselección de los candidatos”, que incluye la suspensión de las sesiones de la Cámara de Diputados para tratar la normativa que viabilice las elecciones judiciales, el condicionamiento para aprobar dicha ley a la aprobación de leyes relativas a créditos internacionales, los presuntos errores procedimentales “involuntarios”, entre otros.
El informe destaca puntos de otro elaborado por la Alianza Observación Ciudadana de la Democracia, OCD Bolivia, que identificó irregularidades en el proceso de selección de candidatos a las altas cortes del país, en función de cinco estándares internacionales que debe regir todo proceso de elección: independencia, idoneidad, inclusión, transparencia y exigibilidad. Por ejemplo, identificó restricciones al derecho a participación y control ciudadano del proceso, la ausencia de criterios claros, la desorganización para la revisión de requisitos y otros.
A estas “anomalías” técnicas se suman también “actos de violencia en el seno del Órgano Legislativo” y fuera de éste. Los días 2 y 22 de febrero de 2024, por ejemplo, simpatizantes del MAS de las denominadas alas “evista” y “arcista” se enfrentaron en inmediaciones de la Vicepresidencia por las obstaculizaciones al proceso de las elecciones judiciales. Por otro lado, los días 22, 27 y 29 de febrero, en sesiones de la Cámara de Diputados, legisladores del MAS y de la oposición se enfrentaron a insultos y golpes, los primeros exigían la aprobación de los siete créditos enviados por el Órgano Ejecutivo, mientras que los opositores pedían que se empezara por la cesación de funciones de los magistrados prorrogados.
Fuente: Sumando Voces
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