Durante la presentación del Informe de Situación 2023 en la ciudad de Tarija, los panelistas invitados expusieron que las vulneraciones a los derechos empiezan a naturalizarse y que tienen mayor intensidad en las ciudades intermedias y en las fronteras.
El Informe de Situación, que fue presentado este jueves, fue elaborado por el Observatorio de Defensores de Derechos de UNITAS que, en 2023, documentó 743 casos de vulneración a los derechos y libertades fundamentales, entre ellos, la institucionalidad democrática con 379 registros. De hecho, estos casos representan el 51% del total y, en comparación al año 2022, existe un crecimiento del 90% de violaciones a la institucionalidad democrática.
La socióloga Sonia Montaño; la exrepresentante de la Defensoría del Pueblo en Tarija, Mariel Paz; y el periodista Jesús Vargas Villegas comentaron el informe citando casos concretos y destacaron su valía porque aporta datos que ayudan en la incidencia en favor de los derechos humanos.
El informe fue presentado en Tarija por la directora de UNITAS, Mila Reynolds, y por las asociadas de la red: CERDET, Mujeres en acción, CIIAC, IICA y ACLO TARIJA. Entre los participantes estaban delegaciones de Tarija, Chuquisaca, Potosí y Santa Cruz, tanto del área urbana como rural.
Institucionalidad democrática
Sonia Montaño comentó las vulneraciones a la institucionalidad democrática y, en ese marco, dijo que uno de los ámbitos más críticos es “la no existencia de una separación de poderes”.
Indicó que “esta pérdida de independencia no solo afecta a los políticos, sino a la vida cotidiana de todas las personas” y, como ejemplo, citó el caso de las dos ciudadanas uruguayas que estuvieron presas en Bolivia por más de 100 días porque una de ellas portaba siete gramos de marihuana para el consumo.
Y, uno de los rasgos de esta situación, según Montaño, es la impunidad, que es tolerada por la sociedad, que observa los hechos con resignación. Citando las reelecciones de Evo Morales al margen de la Constitución, describió “esa capacidad de resignarnos ante un cuento chino y que sabemos que no es verdad, pero que aceptamos porque así no más es”.
“Este sistema de impunidad tiene que ver con algunos aspectos que el informe señala, como la vulneración permanente de la presunción de inocencia, la necesidad de buscar la idoneidad del servicio público, que es una gran tarea para que sea basado en méritos en carrera, y la recuperación de la ética”.
Libertad de expresión y defensa de derechos
Mariel Paz, que estuvo a cargo del comentario sobre las vulneraciones a la libertad de expresión y los derechos de los defensores de derechos, dijo que “este informe tiene que servir para cambiar las cosas”, aunque consideró que debería tener también un enfoque regional.
La activista, quien trabaja con poblaciones indígenas del Chaco y coordina una red contra la violencia hacia la mujer, explicó que en Tarija “el atentado a la libertad de expresión es camuflado, viene en forma de burla, de estigmatización, rumor, desprestigio, viene desde la sociedad civil, pero desde la institucionalidad departamental no se hace nada para impulsar el derecho a expresar las formas culturales, los diferentes lenguajes que tiene esta rica sociedad tarijeña”.
Puso como ejemplo un hecho sucedido hace 20 años, cuando el colectivo de gays y lesbianas quería organizar el concurso de la reina travesti en un espacio abierto y público, pero todo lo que recibía era rechazo de las instituciones. Luego de diversas gestiones, según dijo, se logró la apertura del coliseo, marcando “un hito histórico en favor de la libertad de expresión en Tarija”.
Respecto al derecho a defender derechos, Paz puso el foco en las fronteras porque “siempre son lugares donde la violencia estructural es más intensa, más efervescente (…) albergan mucho potencial de violación de derechos”.
Justamente, por esa razón también hay personas que desde esos lugares defienden los derechos, aunque lo hacen en constante riesgo y sufriendo represalias, por ejemplo, de parte de los destacamentos militares asentados en esas zonas.
Expuso el caso de una maestra que el año 2016 detectó la violación de una niña por parte del padre y, con sus propios recursos, llevó a la madre y a la niña a Bermejo para presentar la denuncia. Luego se logró la sentencia condenatoria del agresor.
“Esa mujer maestra rural, que sacó plata de sus medios, esa es una defensora de derechos humanos que trabaja en solitario, sin cartel, sin organización, que se la juega y que nadie lo sabe”, expresó.
En su criterio, los defensores y defensoras de derechos están en todas partes del país y ni ellos mismos saben que lo son.
Libertad de prensa
Jesús Vargas Villena, quien forma parte del equipo Bolivia Verifica, se enfocó en la falta de acceso a la información y la situación de presión en la que trabajan los periodistas.
Respecto al primer aspecto dijo que se ha llegado a un nivel de naturalización tal que pareciera normal que las autoridades e instituciones no brinden información a los periodistas. Por eso, indicó que es importante trabajar en una Ley de acceso a la información, toda vez que Bolivia es el único país de la región que no la tiene.
Y respecto a las presiones señaló que en las ciudades intermedias, estas realidades son más crudas. “En ciudades intermedias se vive el condicionamiento publicitario, la presión política, la informalidad, que a veces no la vemos como vulneración, pero cada vez son más los periodistas que trabajaban en la informalidad”, explicó.
Comentó específicamente el caso de Yacuiba, donde en el marco de un taller de ética, un periodista contó que sus ingresos publicitarios estaban condicionados a la pauta publicitaria y que, si no aceptaba el condicionamiento, no podría mantener a su familia.
“Esta situación es difícil, somos conscientes que está pasando esto, nos cuesta, pero a veces nos vemos obligados a hacer este trabajo. Ese es un problema latente, hay que profundizar sobre lo que está pasando en las provincias”, dijo.
Fuente: Rimay Pampa
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