Profesionales y directivos de medios de prensa del régimen en Cuba informaron el martes que presentarán una Ley de Comunicación Social para regular la actividad y que, entre sus 'novedades', les permitiría tener publicidad.
“Es un paso para la construcción de un sistema de comunicación más robusto, más certero, que responda a los intereses de los públicos con mucha más eficiencia”, dijo durante una conferencia el periodista Jorge Legañoa, vicepresidente de la oficialista Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) y uno de los miembros de la comisión redactora de la iniciativa.
Sin embargo, no mencionó que los medios independientes son censurados y sus periodistas perseguidos. La prensa suele ser un tema polémico en la isla, donde no hay medios privados y los más importantes responden al régimen y al Partido Comunista de Cuba (PCC).
Debido al incremento del acceso a internet -los datos móviles se abrieron a la población en diciembre de 2018-, comenzaron a aparecer portales y sitios web independientes que las autoridades rechazan y a los que suelen acusar de ser promotores de noticas falsas.
La constitución aprobada en 2019 -y en base a la cual deberá trazarse esta norma- indica que los medios en “cualquiera de sus manifestaciones y soportes, son de propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, sociales y de masas”.
Legañoa explicó que el proyecto articulará un universo de unas 600 publicaciones tanto impresas como digitales y 142 de telecomunicación -televisión y radios-.
Hasta la fecha Cuba no cuenta con una ley de medios y la actividad está regulada por disposiciones de la cúpula comunista, resoluciones y decretos dispersos. El antecedente más cercano a una norma data de los años 50 y versaba sobre la publicidad comercial, que fue prohibida tras el comienzo de la revolución castrista en 1959.
Según Humberto Fabián Suárez, de la Asociación de Comunicadores Sociales -otra entidad castrista, por supuesto-, esta norma fue consultada con 'expertos académicos y directivos' y que a su vez se estudiaron las legislaciones de otros países.
Entre sus novedades regulará la publicidad, ya que actualmente los medios no cuentan con anuncios pagos.
La norma tendrá 13 capítulos y 69 artículos y el anteproyecto estará disponible para consultas populares y propuestas antes de ser llevado a la Asamblea del Poder Popular, el Parlamento, indicó Suárez.
Periodismo independiente vs. narrativa del régimen
Por estos días, Cuba volvió a quedar como uno de los peores países en América Latina en cuanto a libertad de prensa, según el libro Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
En el informe, que recoge los resultados de dos años de medición en 22 países de Latinoamérica, la Isla recibió una evaluación de 11,11 puntos sobre 100. Solo Venezuela fue calificada peor que Cuba (5,71 puntos). Mientras que Nicaragua recibió 17,20 puntos.
Este resultado en Cuba es consecuencia de la aplicación del Decreto-Ley 370 para censurar la crítica a la política del Estado, y del Decreto-Ley 35, que legaliza la censura en la Isla, explica el documento.
Además indica que “en el período de agosto de 2020 a junio de 2021, los periodistas independientes, artistas, activistas por los derechos humanos, y todo aquel que ejerce la libertad de expresión y prensa en Cuba, continúa siendo víctima de persecución, acoso, actos intimidatorios, confiscación de equipos de trabajo y represión…, en una clara violación del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos”.
“A pesar de los esfuerzos de voces disidentes, el país se mantiene bajo un régimen totalitario que ha controlado la nación por décadas. (…) El periodismo independiente se hace cada vez más difícil, porque el Estado limita a los ciudadanos que quieran acceder a la información pública, y por los riesgos que enfrentan los trabajadores de la prensa debido a la persecución y la criminalización de expresiones que sean críticas a la política del Estado”, apunta también la investigación.
Este martes, durante el análisis de la segunda edición del Índice, Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, manifestó que el pasado año la SIP realizó misiones virtuales a Cuba y Nicaragua para obtener más información sobre la represión.
“En el caso de Cuba, la misión fue posterior a las protestas del 11 de julio del año pasado y permitió conocer en detalle la acción represiva desplegada por el régimen de Miguel Díaz-Canel y, consecuentemente, denunciarla, para mantenerla instalada en la preocupación internacional. Creemos que es un factor clave para que con los ojos de la opinión pública internacional puesta sobre un país, se pueda frenar o al menos morigerar el clima represivo o de censura en un país”, precisó Jornet durante el encuentro digital organizado por la SIP.
En abril pasado la Sociedad Interamericana de Prensa denunció la represión contra periodistas independientes en Cuba, incrementada en el último año.
Durante su Reunión de Medio Año, presentó un informe sobre las violaciones a la libertad de expresión en la Isla, en el que planteaba: “La epidemia que más afecta al país es la represión, que repuntó en el último semestre con severas condenas para los ciudadanos que participaron de las protestas del 11 de julio de 2021”.
Por su parte, varios medios de prensa y proyectos cubanos en los que se incluye CubaNet se han unido para presentar una campaña conjunta en favor del derecho de acceso a la información pública en la isla, un derecho de toda ciudadanía y una obligación de todos los Estados.
De acuerdo a un comunicado publicado por los patrocinadores de la campaña “Derecho a Saber”, “sin información veraz y oportuna, resulta imposible tomar decisiones para nuestra vida diaria o expresarse de forma libre y fundamentada”.
“La ciudadanía tiene derecho a saber dónde y cómo recibir los servicios públicos, a conocer en qué se invierte el presupuesto estatal, y cuáles son las decisiones que se toman y afectan su vida cotidiana”, y “proveer esta información es una obligación de los Estados”, asegura el documento.
“Atendiendo a que el acceso a la información pública constituye un “derecho-llave” (puede ayudar a la ciudadanía a exigir con mayor certeza y fundamentación otros derechos), medios de prensa y proyectos cubanos nos hemos nucleado en coordinación con la Alianza Regional para la Libertad de Expresión e Información para presentar una campaña conjunta en favor del derecho de acceso a la información pública”.
En una página web creada a raíz de la campaña se ofrece información y algunos datos al respecto, como que Cuba, Bolivia y Venezuela son los países de la región que no cuentan con normativas funcionales de acceso a la información pública; y en Latinoamérica se conoce y usa poco el derecho a la información, los órganos que deben garantizarla tienen una independencia limitada, y prevalece un uso ilegítimo de las excepciones para negar la información.
Junto a CubaNet, se han unido a la campaña “Derecho a Saber” Alas Tensas, la Alianza Cubana por la Inclusión, Árbol Invertido, Diario de Cuba, El Estornudo, El Toque, Hypermedia, Periodismo de Barrio, Rialta y Tremenda Nota.
Imagen: El Carabobeño
Fuente: Las Americas
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