martes, 13 de diciembre de 2022

Nuestras razones para demandar a los dueños de Pegasus


Hace unos días, 15 integrantes del periódico digital salvadoreño El Faro, yo entre ellos, demandamos en California, Estados Unidos, a NSO Group, la empresa creadora del programa de espionaje digital Pegasus. Desde entonces no han parado de preguntarme por qué, una y otra vez, en entrevistas y conversaciones casuales. Yo creo que la pregunta es otra: ¿Por qué no?

Esto es lo que nos hicieron con la herramienta creada por NSO: nos intervinieron 226 veces durante 17 meses, entre 2020 y 2021. Se metieron en los teléfonos de personas de todas las áreas del periódico. Establecieron algunas tristes marcas que no deseo a nadie: al periodista Carlos Martínez, que investigaba en ese tiempo las negociaciones del gobierno del presidente Nayib Bukele con la Mara Salvatrucha-13, lo espiaron un total de 269 días en 28 prolongados eventos. En mi caso fueron más puntuales: entraron, extrajeron y se largaron. Lo hicieron 42 veces. Supieron qué investigábamos, con quiénes hablábamos, pero también a quién amamos, qué fotografías compartimos, dónde celebramos los cumpleaños de nuestras hijas y cómo llamamos cariñosamente a nuestros padres. Pegasus da acceso a todo lo que hay en el teléfono infectado.

Lo supimos gracias a que una de nuestras reporteras identificó acciones extrañas de su teléfono, el cual se examinó y dio positivo a Pegasus. Las organizaciones Access Now y Citizen Lab analizaron los nuestros y también resultamos positivos a este padecimiento. Lo supimos por nuestra cuenta, porque NSO es una empresa experta en esconderse detrás de la excusa de confidencialidad con sus clientes. Y sus clientes, asegura la empresa, solo pueden ser organismos militares, policiales, de Inteligencia y de justicia de Estados.

En resumen, estas suelen ser las respuestas de parte de la empresa israelí que, de forma autómata, contesta lo mismo cada vez que alguien cuestiona el uso abusivo e ilegal del bicho que crearon: que ellos no ejecutan las infecciones, que solo venden la herramienta a Estados, que no tienen permitido decir a qué Estados ni a qué instituciones públicas, que su herramienta sirve para luchar contra el crimen y están orgullosos de ella.

Pueden seguir repitiendo lo mismo hasta el cansancio, pero su programa sirvió para que alguien me interviniera ilegalmente y extrajera archivos personales de mi teléfono 42 veces. No tengo ninguna acusación fiscal de ningún tipo hasta este momento, no tengo ningún citatorio policial ni una demanda en ninguna parte como para concluir que fui intervenido bajo las normas del Estado de derecho, con orden de un juez de por medio. Mis colegas tampoco. Quien nos espió lo hizo con la cobardía del que se sabe indetectable.

No rehuiré a dar mi opinión sobre quién fue: creo que fue algún organismo del Estado salvadoreño, controlado plenamente por Nayib Bukele, el autócrata que nos gobierna. No tiene ninguna lógica concluir que fue otro Estado el que invirtió millones de dólares para descubrir cómo investigábamos la corrupción y los pactos con criminales del gobierno salvadoreño.

Pero el argumento espurio sigue ahí, impidiendo convertir esa idea en un hecho irrefutable: no es posible revelar quién compró Pegasus para intervenirnos. Y NSO Group sigue siendo la abanderada de ese argumento tras el que se esconden decenas de ladrones de información que han actuado en El Salvador como lo hicieron en México, Marruecos, Arabia Saudí o Azerbaiyán.

Es obvio que el primer paso para ubicar a esos ladrones es derrumbar el raquítico argumento de NSO Group. Hacerlo en esta columna implica apenas una frase: sí es posible revelar quién les compró el servicio. Que su modelo de negocio dependa de no hacerlo es otra cosa. Esa empresa se esfuerza por venderse como quien presta un servicio indispensable contra el crimen y el terrorismo, pero ya hay demasiada evidencia en el mundo entero de que muchos clientes de los israelíes utilizan Pegasus para espiar a políticos opositores, activistas y periodistas.

Demandamos en California, de la mano con el Knight First Amendment Institute, porque es ahí donde están los servidores de Apple que fueron intervenidos para robar la información de nuestros teléfonos iPhone. Exigimos que NSO revele dónde está almacenada la información robada, la elimine y garantice que esto no volverá a pasar.

Esa es solo la parte formal. En mi caso, y no dudo que en el de mis colegas, denunciamos también como un acto de reivindicación. La intervención con Pegasus es humillante y te hereda una sensación de impotencia que perdura con el tiempo. Te instala tres preguntas en la cabeza: ¿Qué más saben? ¿Qué más me robaron? ¿Cómo y cuándo lo usarán en mi contra?

Tras la intervención con Pegasus, el ejercicio del periodismo ha sido mucho más complicado. Hemos perdido a varias fuentes de información y nuestras jornadas son más extenuantes y costosas: lo que antes se resolvía con una llamada telefónica ahora implica toda una estrategia para reunirse en persona con un informante o, incluso, con los colegas de trabajo para discutir una publicación. A veces, tenemos que alquilar apartamentos solo con ese propósito, reservar salones privados en restaurantes, viajar a parques extraviados en el mapa salvadoreño o incluso hacerlo fuera del país. Y el miedo familiar: heredaron más miedo a nuestras familias en un momento en el que ya tienen suficiente debido al acoso incesante del gobierno contra la prensa independiente, que ya cuenta a una decena de colegas en el exilio.

Lo lograron: gracias a Pegasus, nuestra vida empeoró. Por eso insisto en que la pregunta es: ¿Por qué no? ¿Por qué no intentar derrumbar el cobarde argumento de NSO Group? ¿Por qué no intentar conseguir información sobre quién nos espió? ¿Por qué no buscar sacudirnos esa pesada incertidumbre? ¿Por qué no intentarlo también en honor a decenas de colegas del mundo que han sido víctimas de ese programa? ¿Por qué no intentarlo en Estados Unidos, ya que es imposible conseguir justicia en este El Salvador gobernado por un solo hombre? ¿Por qué no dejar de pensar que NSO Group es intocable? ¿Por qué no pelear por nuestro derecho a la intimidad?

¿Por qué no?

Nosotros elegimos intentarlo.

Fuente: El Washington Post

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