La reforma al Poder Judicial que acaba de aprobar el Congreso mexicano y ratificadas por una mayoría de legislaturas estatales, “destruirán al sistema judicial y con ello enterrarán la democracia mexicana y lo que quede de su frágil Estado de Derecho, afirmó el expresidente Ernesto Zedillo.
Argumentó que la frustración del presidente al no contar con una Suprema Corte sumisa ha evolucionado hasta transformarse en una venganza brutal: la destrucción de la independencia e integridad del Poder Judicial para que esté al servicio de la fuerza política en el poder.
Refirió que los análisis de juristas, abogados, asociaciones profesionales, legisladores de diversas filiaciones, integrantes de los poderes judiciales federales y estatales, así como organizaciones de la sociedad civil, concluyeron que “la propuesta del Presidente no tiene nada que mejore la capacidad del Estado para procurar e impartir justicia”.
“No sirve porque esta reforma no cumple con lo que debe existir en toda democracia: igualdad ante la ley, protección de derechos, imparcialidad, acceso a la justicia, capacidad de respuesta, transparencia, debido proceso y proporcionalidad”, enfatizó.
De hecho, agregó el exmandatario, los cambios violarían prácticamente todos esos principios; es claro que la reforma no tiene que ver con la búsqueda de justicia, pues no aborda las deficiencias institucionales que han provocado la actual crisis en la capacidad del Estado mexicano para proteger a las personas de la delincuencia, la violencia, las autoridades abusivas y corruptas.
Al pronunciar su discurso inaugural de la Conferencia Anual de la International Bar Association (IBA) 2024, expuso que la intención de la iniciativa del presidente es simplemente arrasar con el Poder Judicial como entidad independiente y profesional, transformarlo en un servidor de quienes detentan y concentran el poder político este objetivo perverso es evidente en la propia iniciativa.
Visiblemente molesto por los cambios y con voz que en ocasiones parecía exaltada, el exmandatario reprochó que “al argumentar a favor de esta atrocidad (la reforma judicial) sus perpetradores han hecho referencia falsa y perversa a la motivación y contenido de la reforma que emprendí en 1994″.
Debido a ello, confesó que se decidió a romper una regla que no había roto en ya casi un cuarto de siglo: dejar estrictamente a otros la labor de hacer comentarios análisis y escrutinio de los acontecimientos decisiones y consecuencias de su paso como Presidente de la República.
Zedillo Ponce de León advirtió que producto de la reforma, todo el poder judicial, jueces magistrados y ministros de la Suprema Corte serán destituidos de sus cargos en los próximos tres años.
Los nuevos cargos serán ocupados por personas elegidas por voto popular, los candidatos surgirán de listas que para efectos prácticos serán determinados por el Ejecutivo y el Congreso ambos controlados por un mismo partido político.
Agregó que los requisitos profesionales y de experiencia serán mínimos, no solo la preselección será política, sino que la maquinaria del partido oficial se movilizará en las campañas electorales judiciales, como se hizo en las recientes campañas, para que sean electos los individuos más dóciles no los más competentes.
“Naturalmente otros actores que deseen jueces a modo para sus propios fines incluyendo el crimen organizado tendrán gran oportunidad de influir en los resultados a través de sus medios tradicionales: el dinero o la violencia, este procedimiento de elección se reproducirá en esta reforma, en los Poderes Judiciales estatales”, alertó.
Reiteró que en esencia hay un riesgo apreciable de que miembros del Poder Judicial no deban su puesto a las personas que voten en las elecciones judiciales, ya que esas elecciones serán además una grotesca farsa, sino que sus miembros deberán su lugar en el sistema judicial a sus patrones políticos que los incluyan en las listas electorales, así como a otros promotores cuestionables que bien podrían ser delincuentes que financiaron o apoyaron sus campañas.
Acerca del Tribunal de Disciplina Judicial dijo que no tratará de supervisar al gobierno interno del poder judicial, sino de garantizar que los jueces sean disciplinados para obedecer a sus amos políticos.
“La idea del Tribunal es escandalosa, pues viola abiertamente los principios básicos universales del Estado de Derecho y de los derechos humanos”, resaltó.
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