El 26 de mayo, se dio un primer paso importante con la publicación, por parte de la Comisión Europea, de nuevas orientaciones para reforzar el Código de buenas prácticas contra la desinformación. RSF se felicita concretamente de que la Comisión recomiende a las plataformas digitales que “faciliten el acceso a indicadores de confianza, que permitan a los usuarios elegir de forma informada”, mencionando expresamente la Journalism Trust Initiative de RSF.
Liderada por Reporteros Sin Fronteras de la mano de Agence France Presse (AFP), la Unión Europea de Radio y Televisión (UER), el Global Forum for Media Development (GFMD) y la World Association of News Publishers (WAN-IFRA), la Journalism Trust Initiative permite a los ciudadanos identificar a los medios que respetan las normas éticas y profesionales. Esta iniciativa tiene como misión principal impulsar la fiabilidad de la información, transformándose en un criterio de valor para empresas de algoritmos, anunciantes, órganos de regulación y filántropos.
Sin embargo, este primer paso dado por la UE no es suficiente para poner fin al caos informativo actual de Internet, en el cual los algoritmos favorecen el sensacionalismo, los rumores, el odio y las mentiras, donde las opiniones y creencias prevalecen sobre los hechos. Para invertir esta lógica que menoscaba injustamente al periodismo, es indispensable obligar a las plataformas a promover fuentes de información solventes, y no a conformarse con sugerirlas.
La Ley de Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Mercados Digitales (DMA) constituyen una ocasión única de regular las plataformas. Ahora que los co-legisladores comunitarios -el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo- empiezan a examinar los textos presentados por la Comisión Europea el pasado mes de diciembre, RSF les pide que instauren un auténtico contrapeso democrático que haga frente al poder creciente de las plataformas en el espacio de la información y la comunicación.
Los textos legislativos propuestos por la Comisión Europea proponen avances, pero en el contexto presente, no están a la altura de los retos actuales. RSF ha redactado una serie de recomendaciones, destinada a responder mejor a estos desafíos. Para ello, la organización propone que los contenidos que respeten las normas deontológicas y profesionales de información fiable (*) se beneficien de garantías especiales.
La propuesta de reglamento de la Comisión prevé la elaboración de “protocolos de crisis” que permitan, en “circunstancias extraordinarias”, incorporar “informaciones importantes sobre la situación de crisis proporcionadas por las autoridades de los Estados miembros o al nivel de la Unión”. Estos protocolos prevén, así, un mecanismo que garantice la visibilidad de la información oficial; una lógica insuficiente. RSF pide el establecimiento de un auténtico mecanismo de promoción de fiabilidad de la información.
Para luchar contra los riesgos sistemáticos de la desinformación, como para alcanzar el objetivo definido en el Plan de Acción Europeo para la Democracia (EDAP) de “apoyar la buena visibilización de las informaciones fiables de interés público y mantener una pluralidad de puntos de vista”, la Ley de Servicios Digitales debería obligar a las plataformas a promover la solvencia de la información sobre la base de mecanismos como la Journalims Trust Iniatitive (JTI).
Con este objetivo, la DSA debería emprender una lógica de “co-regulación”, que tome la forma de una obligación legal de acogerse a normas de autoregulación. Inspirándose en reglas de “must-carry” y de cuotas, la Ley de Servicios Digitales debería obligar a las plataformas a establecer mecanismos que primen las fuentes de información respetuosas con las normas profesionales y deontológicas de autorregulación estandarizadas y acordarles un trato preferente en términos de jerarquización de contenidos, especialmente promoviendo su promoción y visibilidad en los hilos de actualidad y los resultados de búsqueda.
Para establecer un auténtico sistema de garantías democráticas en el espacio digital, la Ley de Servicios Digitales (DSA) debería, además:
- Ampliar la definición del riesgo sistémico al sistema en sí-mismo, es decir, al funcionamiento de los algoritmos.
- Imponer transparencia a las plataformas y hacer que sus algoritmos sean auditables
- Garantizar la neutralidad política, ideológica y religiosa de las plataformas
- Asegurarse de que la moderación de contenidos respete los estándares internacionales de la libertad de expresión
- Imponer la designación por parte de las plataformas de un representante legal en cada Estado miembro de la UE
- Otorgar a la sociedad civil un papel preeminente, con el fin de que los “trusted flaggers” no alimenten nuevas formas de censura y reduzcan el pluralismo
- Garantizar la competencia de “gatekeepers” para favorecer un entorno digital plural, abierto y descentralizado.
- Imponer a los espacios mixtos (mensajerías privadas en ámbitos de espacio público) un respeto a principios elementales.
- Desarrollar una gobernanza que garantice la independencia de los reguladores nacionales y la pertinencia futura de la regulación.
El Foro sobre Información y Democracia, creado por iniciativa de RSF, ha publicado también un informe para luchar contra la “infodemia”, que contiene 250 recomendaciones concretas.
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