En noviembre de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas atendió la petición formulada en el marco del Congreso Internacional de Archivos celebrado en 2004 y designó el 9 de junio como fecha para celebrar el Día Internacional de los Archivos, día pero de 1948 en que se crea el Consejo Internacional de Archivos como organismo representante de los profesionales archivistas en el mundo, con el objeto de administrar y conservar de manera eficaz los archivos de las naciones; hoy en día con más de mil 900 miembros provenientes de 199 países y territorios.
Con esta celebración decretada por la ONU se reconoce la importancia y el valor de los archivos como patrimonio de la humanidad. Sin lugar a duda, los archivos constituyen una fuente de información invaluable; documentan y dan constancia de las actividades realizadas por los individuos y por las comunidades; de acuerdo con la UNESCO, resguardan información que da testimonio y garantiza la identidad y memoria de los pueblos y de los derechos individuales y colectivos adquiridos por los ciudadanos en su vida pública y privada, al mostrar la diversidad de las casas, culturas e idiomas.
Desde el ámbito del sector público aportan antecedentes de justicia y contribuyen a la recuperación de la memoria colectiva; pero, además, se constituyen en un elemento esencial para ejercer el derecho de acceso a la información, a partir del cual los individuos pueden obtener toda la información pública generada o administrada por cualquier autoridad de los tres órdenes de gobierno, órganos autónomos o cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos.
En ese contexto, los archivos, como testimonios tangibles del actuar de las autoridades, y el derecho de acceso a la información, como mecanismo ciudadano para acceder a éstos se convierten en un binomio indisoluble, que de manera conjunta se erigen como pilares fundamentales para la rendición de cuentas, al brindar a los gobernados elementos para elegir y controlar a sus gobernantes, y a partir de los cuales de manera conjunta con empresas, organizaciones y gobiernos podrán implementar políticas públicas diseñadas para mejorar el servicio público, y lograr mejores sociedades en beneficio de la comunidad; necesarios en un Estado de derecho democrático.
En cuanto al ámbito privado, los archivos también juegan un papel trascendental, ya que albergan la carta de vida de cada persona, su historia, sus antecedentes, sus características, su pasado y presente; datos personales que conforman las bases de cada municipio, estado, nación, entidad o empresa del sector privado, y que acorde a la Constitución deben ser protegidos como un derecho humano.
Por ello, al ser esenciales para garantizar los derechos humanos de acceso a la información, y protección de datos personales, resulta imperativo cuidar, preservar y administrar adecuadamente nuestros archivos; además, es importante considerar que han evolucionado en función del avance de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), por lo que ya no son solo documentos en papel, sino activos digitales, intangibles, en formatos de imágenes, animaciones, videos, audios, e incluso presentaciones y tablas comparativas, que resguardan información precisa, con el mismo valor e importancia.
En consecuencia, la gestión documental pública y privada, entendida como el conjunto de normas, técnicas y prácticas para administrar el flujo de documentos en una organización, la recuperación de la información que contienen, el tiempo de resguardo, así como su eliminación y conservación, debe ser una política prioritaria para las naciones, y que en nuestro país ya se ve reflejada en la Ley General de Archivos.
Fuente: El Financiero
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