Derechos Digitales junto a la Global Network Initiative presentan “Uso de tecnologías para el combate de la pandemia: Datos personales en Latinoamérica”, una investigación realizada por Laura Hernández, que examina la manera en que distintos gobiernos latinoamericanos implementaron tecnologías a raíz de la pandemia por COVID-19 y su impacto en el derecho de las personas a la privacidad y a la autodeterminación de la información.
La emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 obligó a los gobiernos de todo el mundo a buscar soluciones para limitar la propagación del virus. La tecnología jugó un papel clave para responder a esta crisis. Sin embargo, incluso en situaciones críticas de salud pública es fundamental que los gobiernos mantengan y cumplan compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
En esta investigación se analizó el desarrollo de tecnologías para combatir la pandemia en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y El Salvador, y su impacto en el derecho a la privacidad de usuarias y usuarios. Asimismo, se compararon los marcos legales existentes para la protección de datos y se revisaron los acuerdos para compartir información con compañías privadas. Para ello se consultaron varias fuentes oficiales, reportes de prensa, entrevistas con representantes de organizaciones para la protección de derechos humanos y artículos académicos en la materia.
El estudio muestra que ha habido un amplio despliegue de tecnología y mecanismos para recolectar y procesar información con fines relacionados a la salud pública, aún queda mucho por hacer para asegurar que el diseño, desarrollo e implementación de las tecnologías para proteger la salud pública se apeguen a estándares de derechos humanos y sean consistentes con la protección de la privacidad y autodeterminación de la información.
El reporte concluye que es necesario que cualquier medida de combate a la pandemia, y a cualquier emergencia futura, sea adecuada, proporcional, con una finalidad clara, delimitada en el tiempo, consentida y necesaria, y ofrece recomendaciones respecto a la implementación de soluciones viables, tomando en cuenta mejores prácticas, los marcos legales y la protección de los derechos humanos.
Fuente: Derechos Digitales
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