La canasta aseguraría a las familias de la región un computador portátil, un teléfono inteligente, una tableta y un plan de conexión a internet para los hogares que no estén conectados, con un costo anual inferior a uno por ciento del producto interno bruto para la mayoría de los países.
Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, dijo al presentar el informe especial sobre el tema que “los países de América Latina y el Caribe han adoptado medidas para impulsar el uso de las soluciones tecnológicas y cautelar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones. Sin embargo, el alcance de esas acciones es limitado por las brechas en el acceso y uso de esas tecnologías, y las velocidades de conexión”.
El informe “Universalizar el acceso a las tecnologías digitales para enfrentar los efectos del covid-19” propone cinco líneas de acción: construir una sociedad digital inclusiva, impulsar la transformación productiva, promover la confianza y la seguridad digital, fortalecer la cooperación digital regional.
La quinta línea comprende “avanzar hacia un nuevo modelo de gobernanza para asegurar un Estado de bienestar digital que promueva la igualdad, proteja los derechos económicos, sociales y laborales de la población, garantice el uso seguro de datos y genere cambio estructural progresivo”.
El documento recoge que las tecnologías digitales han sido esenciales para que funcionen la economía y la sociedad durante la pandemia, y que avances que se pensó que demorarían años se han resuelto en cuestión de meses, aunque un resultado puede ser que se ahonde la brecha de la desigualdad.
En 2019, en la región 66,7 por ciento de los habitantes tenían conexión a internet, y el tercio restante acceso limitado o no accedían a tecnologías digitales debido a su condición económica y social, en particular a su edad y localización.
En 12 países de la región, 81 por ciento de hogares del quintil de ingresos más alto tiene conexión a internet, versus 38 por ciento los del quintil más bajo.
Si la mitad o más de los hogares del quintil más pobre tienen acceso a internet en países como Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay, esa cifra es menor a 10 por ciento en Bolivia, El Salvador, Perú o República Dominicana.
Dos tercios de los hogares urbanos están conectados a internet, pero solo 23 por ciento de los rurales, y entre grupos etarios, los jóvenes y adultos mayores son los que tienen mayor conectividad, pero de ella carecen 54 por ciento de las personas mayores de 66 años.
El costo del servicio de banda ancha móvil y fija para la población más pobre está entre 12 y 14 por ciento de su ingreso, seis veces el umbral de referencia de dos por ciento recomendado por la Comisión de Banda Ancha de Naciones Unidas.
En Europa y Estados Unidos casi 40 por ciento de quienes laboran puede trabajar desde su hogar, mientras que en América Latina la Cepal estima que alrededor de 21,3 por ciento de los ocupados podría teletrabajar.
Internet mitiga el impacto de la crisis en las empresas: entre marzo y abril de 2020 el número de páginas web empresariales aumentó 800 por ciento en Colombia y México, y 360 por ciento en Brasil y Chile. En junio de 2020, la presencia en línea de empresas de comercio minorista aumentó 431 por ciento respecto a junio de 2019.
El informe señala que la postpandemia estará caracterizada por una nueva demanda basada en canales en línea, que implicarán esfuerzos por entregar un mejor servicio. De manera que la nueva oferta estará basada en la flexibilidad, la cercanía local y la capacidad de reacción.
“La productividad y el cambio estructural seguirán siendo factores ineludibles para el desarrollo. La región debe avanzar hacia sistemas productivos más diversificados, homogéneos e integrados para aumentar la productividad y la inclusión productiva, lo que se traduciría en mayores niveles de empleo y salarios”, concluyó Bárcena.
Fuente: IPS
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