El experto Franco Albarracín afirmó que la situación de los derechos humanos en Bolivia ha ido decayendo en el país a niveles nunca antes vistos, ni siquiera durante la época de la dictadura, debido a la desinstitucionalización del Estado por la mala administración de justicia, violación a los derechos humanos, contaminación del medio ambiente y persecución política.
Explicó que la toma de la oficina central de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) en La Paz, representa un símbolo que ha estado presente desde la época de la dictadura. Hoy la casa de los Derechos Humanos está asediada por la Policía, reflejando que los derechos humanos están siendo cooptados, transgredidos y lastimados.
Entrevistado por Erbol, Albarracín sostuvo que, aunque en la época de la dictadura se producían ataques directos a los defensores de derechos humanos, en el contexto actual hay una persecución política que emerge de una crisis institucional, de una crisis de Estado de Derecho y, sobre todo, de una crisis del Órgano Judicial.
Destacó que el principal problema es la falta de independencia del Órgano Judicial y cómo, a partir de esta crisis institucional en la administración de justicia, se observa un efecto derrame en la mayoría de los demás derechos humanos, principalmente en relación al derecho al acceso a la justicia y al derecho al debido proceso.
Albarracín señaló que la falta de independencia de jueces, fiscales y la ausencia de una policía independiente, han motivado un contexto de persecución política que se ha registrado en los gobiernos de Evo Morales, Janine Áñez y en el gobierno de Luis Arce.
Aclaró que lo afirmado no es de su autoría, sino que son diagnósticos de Amnistía Internacional, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Relatoría sobre Independencia de Jueces y Magistrados de Naciones Unidas, Human Rights Watch y todos los organismos internacionales y ONGs nacionales que también trabajan en esa temática.
Sostuvo que la toma de la Asamblea fue una estrategia utilizada en Venezuela y Nicaragua, que en Bolivia se aplicó paso a paso para anular a los activistas y generar organizaciones paralelas metiendo miedo a los activistas.
El experto señaló que la desinstitucionalización de la justicia ayudó a casos emblemáticos como del exdirector del Fondo Indígena, Marco Antonio Aramayo, quien fue perseguido en los gobiernos de Evo Morales, Janine Áñez y terminó falleciendo en el gobierno de Luis Arce. También se suma el caso del dirigente de Adepcoca, César Apaza, víctima de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, tal como informó la propia Defensoría del Pueblo.
Mencionó que también hay casos de persecución política contra exautoridades del gobierno transitorio de Janine Áñez y hoy se ve lo mismo contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y contra los propios dirigentes del MAS afines al expresidente Evo Morales.
“Entonces, vemos cómo esta crisis de la justicia que deriva en vulneraciones a derechos humanos y estos casos de persecución política, constituyen una grave vulneración al acceso a la justicia y al debido proceso”, declaró.
Sostuvo que el gobierno de Luis Arce sabía que venía una fuerte crisis económica y necesitaba neutralizar a la Asamblea Permanente para que nadie denuncie violación a los derechos humanos.
En consecuencia, Albarracín considera que la toma de las oficinas ha sido simbólica en el sentido negativo porque ha sembrado hostigamiento, asedio y ha generado ese efecto inhibidor en los defensores, quienes ahora se enfrentan a la cuestionada organización paralela a la cabeza de Edgar Salazar.
Dijo que, en ese contexto, al gobierno de Luis Arce no le interesa que funcione la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y cree que puede estar así años, porque sabe que los activistas tienen miedo denunciar.
Cree que para el gobierno resulta cómodo que no haya defensores de derechos humanos, menos defensores ambientales, porque poco a poco, con la crisis económica, se ha intensificado una economía extractivista y depredadora del medio ambiente y de la naturaleza. Lo mismo ocurre con las reservas de gas que, ante la baja de los ingresos, se ha tenido que voltear a una economía destructora del territorio, relacionada principalmente con la minería y los hidrocarburos.
“Cuando escucho al vicepresidente hablar de la Pachamama en foros internacionales, simplemente es indignante. Es una muestra de cinismo total porque es su gobierno el que está destruyendo derechos de los pueblos indígenas y los derechos de la naturaleza”, comentó.
Fuente: Eju
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