Internet móvil es 21 veces más caro en países de bajos ingresos

A nivel global, más de 5 mil millones de personas son usuarias de internet; sin embargo, prácticamente un tercio de la humanidad permanece desconectada y millones de usuarios sólo tienen acceso a una conectividad básica, principalmente en economías de bajos ingresos donde el acceso a banda ancha móvil representa 11.1 por ciento de los ingresos mensuales del usuario, cantidad 21 veces mayor que el costo registrado en países de alto poder adquisitivo.

“Un acceso básico de banda ancha móvil cuesta el 0.5 por ciento de los ingresos mensuales en las economías de altos ingresos, pero el 11.1 por ciento de los ingresos mensuales en las economías de bajos ingresos, eso es 21 veces más”, destaca el Informe de conectividad global 2022 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

Conectarse a internet, subraya el documento, sigue siendo prohibitivamente costoso para millones de personas en países de ingresos bajos y medios, mientras que es relativamente barato en los países más ricos donde el precio de las suscripciones mensuales y de los dispositivos no significan una barrera de conectividad.

También hay divisiones menos visibles dentro de los países debido a las desigualdades de ingresos. Incluso en países donde el trabajador medio puede permitirse un servicio básico de banda ancha, los segmentos más pobres de la población a menudo no pueden hacerlo.

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) enfatiza que si bien en la última década se han dado mejoras significativas en la asequibilidad del acceso de banda ancha, especialmente en la móvil, la mayoría de las economías de ingresos bajos y medianos no alcanzan el objetivo de asequibilidad global, escenario agravado por la crisis económica desencadenada desde la pandemia del COVID-19.

Hoy, la brecha de uso se evidencia en que una de cada tres personas en el mundo, que podrían conectarse, elige no hacerlo, principalmente debido a costos prohibitivos, falta de acceso a un dispositivo y/o falta de conocimiento, habilidades digitales o propósito.

A este fenómeno se suma la brecha de cobertura, pues aunque el 95 por ciento de la población mundial está ahora dentro del alcance de una red de banda ancha móvil, al menos 390 millones de personas no tienen posibilidad de conectarse a internet; situación a la que también hay que agregar la necesidad de alcanzar una conectividad universal y significativa para todas las personas.

“La posibilidad de que todos disfruten de una experiencia en línea segura, satisfactoria, enriquecedora, productiva y asequible, se ha convertido en el nuevo imperativo para la década 2020-2030”.

Es cierto que la pandemia de COVID-19 llevó a un fuerte aumento en el uso de Internet que permitió dar continuidad a diversas actividades sociales y productivas, pero para millones de personas que no tuvieron tal privilegio, la crisis sanitaria exacerbó el costo de la exclusión digital.

“El desafío crítico para las políticas con un enfoque de desarrollo digital es liberar a los países atrapados en un círculo vicioso de precios de banda ancha inasequibles que perpetúan las bajas tasas de suscripción”.

Estos son países donde factores como las condiciones geográficas físicas, la distribución desigual de la población o los bajos niveles de ingresos disponibles desalientan las inversiones, donde el tamaño del mercado no reduce los precios, mientras que los precios inasequibles desalientan a los nuevos suscriptores.

El estudio asegura que los países que muestran los niveles más altos de preparación en la regulación digital colaborativa y con una política de competencia personalizada tienen los precios de servicio de banda ancha más asequibles, lo cual ofrece margen para que aumenten la asequibilidad a medida que mejoran su entorno de política regulatoria.

Así, señala que los gobiernos que deseen reducir el costo del acceso de banda ancha pueden recurrir a una variedad de medidas que van desde condicionar la aprobación regulatoria a la provisión de servicios de bajo costo, hasta negociar asociaciones público-privadas que equilibren los incentivos de inversión para el despliegue de redes con límites de precios.

“Los gobiernos también pueden considerar reducir los impuestos o subsidiar el acceso a dispositivos gratuitos o de bajo precio, así como la conexión gratuita en las instalaciones de la administración pública, como bibliotecas, hospitales o escuelas, u otros puntos de acceso público. Idealmente, las medidas para garantizar un acceso asequible a una conectividad significativa universal formarán parte de estrategias de banda ancha más integrales”.

Imagen: DDHH-Periodismo

Fuente: ConsumoTic