RSF advierte de que las medidas tecnológicas para luchar contra la epidemia no pueden servir para vigilar a periodistas

Desde el comienzo de la epidemia del Coronavirus, Estados autoritarios como China y Rusia, pero también democráticos, como Israel, Bulgaria, Sudáfrica o Ecuador, han anunciado medidas de trazabilidad y seguimiento por geolocalización de sus ciudadanos, a través de sus teléfonos móviles. Aunque RSF reconoce la necesidad de medidas efectivas para frenar la propagación del virus, la organización insta a los dirigentes políticos a que garanticen el anonimato y la protección de las fuentes periodísticas, respetando los principios de proporcionalidad, transparencia y limitación en el tiempo.

"Cuando se produce una crisis sanitaria mundial, los periodistas juegan un papel crucial para garantizar el derecho a la información”, afirma Christophe Deloire, secretario general de RSF. “Estos deben poder desplazarse y tratar confidencialmente con sus fuentes. Para cubrir la crisis, los periodistas contactan además con portadores potenciales del virus. Es esencial que las medidas tecnológicas desplegadas por los Estados no pongan en riesgo la protección de los informadores, ni de sus fuentes”, añade.

En China, el Gobierno ha extendido masivamente la utilización de tecnología de vigilancia para seguir y controlar a sus ciudadanos. Un software basado en la aplicación de pago online Alipay transmite a la policía datos personales, como la localización de una persona y su número de identificación. Además, puntos de control analógicos y cámaras de reconocimiento facial hacen que los desplazamientos anónimos sean prácticamente imposibles. Estas medidas se enmarcan en un contexto de censura creciente en Internet y de severa represión de las voces críticas.

Junto a su sistema de cámaras de reconocimiento facial, Rusia ha desarrollado la aplicación móvil “Social Monitoring”. Lanzada en Google Play Store el 31 de marzo por la noche y eliminada al día siguiente, la aplicación aspiraba a garantizar “la autodisciplina” de los pacientes infectados por coronavirus. Esta solución tecnológica fue duramente criticada por los especialistas informáticos debido a sus fallos de seguridad, ya que requería todas las autorizaciones posibles: acceso a todos los datos personales y bancarios, geolocalización, acceso al micrófono y a la cámara del móvil, distribuyéndola posteriormente por canales no protegidos. El 1 de abril, Edouard Lyssenko, responsable del departamento de tecnología de la información de la alcaldía de Moscú, afirmaba que la aplicación estaba destinada solo a los contagiados por Covid-19, a los cuales se les proporcionaría un smartphone. Por otra parte, las autoridades rusas están desarrollando un sistema de trazabilidad de las personas en contacto con portadores del virus.

El grupo israelí NSO también ha anunciado el lanzamiento de una solución de software que permitirá a los Estados trazar la propagación del virus. Esa misma empresa fue a la que se acusó de haber vendido a Arabia Saudí la aplicación de vigilancia que habría permitido espiar al periodista Jamal Khashoggi, antes de su asesinato, en octubre de 2018. El interés de NSO por las aplicaciones civiles hace, pues, temer por el uso que haga de datos sensibles de los ciudadanos. Según Bloomberg, una docena de Estados están ya utilizando esta tecnología en versión de prueba. Un software similar también está siendo usado en Israel para localizar a las personas que han estado en contacto con infectados por el virus. El 14 de marzo, la Unión de Periodistas israelí solicitó, de hecho, a la Justicia una derogación del uso de esta tecnología para los periodistas.

Efecto contagio en las democracias

En Corea del Sur, gracias a una aplicación de control, el Gobierno vigila a los ciudadanos en cuarentena y envía a todos los coreanos consignas de seguridad por mensajes de texto, que listan los lugares en los que los pacientes de Covid-19 han estado antes de haber sido positivos.

Otros gobiernos también han anunciado medidas similares. El 17 de marzo, el Ejecutivo de Ecuador firmó un decreto que permite la vigilancia por satélite de los teléfonos móviles y el seguimiento por geolocalización para controlar la pandemia. El 2 de abril, el gobierno de Sudáfrica votó una enmienda que prevé demandas de acceso específicas a los datos de los operadores de telecomunicaciones del país para identificar a las personas infectadas en un área concreta. Esta enmienda estipula, eso sí, que el contenido de las comunicaciones electrónicas no pueda ser de libre acceso.

El 25 de marzo, la Comisión Europea instó a las empresas de telecomunicaciones a compartir los flujos de datos móviles de sus usuarios en toda la zona comunitaria para ayudar a predecir la propagación del virus, “por el bien común”.

En Bulgaria, las fuerzas de seguridad tienen permiso para utilizar los datos de los operadores de telefonía móvil sin autorización judicial previa para seguir a personas en cuarentena u hospitalizadas que no respetan las medidas de confinamiento. Tienen de plazo hasta 24 horas tras la recepción de los datos para informar al juzgado, que solo entonces puede aprobar o rechazar la petición. Este tipo de medidas solo se aplicaba hasta ahora en casos excepcionales, como la amenaza directa de actos terroristas.

Medidas controvertidas han sido anunciadas igualmente en Alemania y en Austria. Los dos países autorizan a sus organismos gubernamentales a analizar los datos de localización agregados y “anonimizados”. Una propuesta del Ministerio alemán de la Salud, que tenía como objetivo utilizar los datos individuales de los teléfonos móviles para identificar posibles contagios entre particulares ha sido retirada tras suscitar fuertes críticas en la sociedad civil. El país todavía mantiene el debate sobre una posible aplicación móvil de seguimiento a pacientes infectados.

Analizar y contener la epidemia con aplicaciones móviles

Para luchar contra la propagación de la epidemia, varios gobiernos optan por usar aplicaciones móviles que trazan los movimientos de sus ciudadanos a través de Bluetooth. Es el caso de Singapur, que ha lanzado la aplicación “TraceTogether”. Con más de un millón de descargas, esta tecnología no ha permitido al país, sin embargo, detectar la mitad de los nuevos casos. Un proyecto de aplicación móvil de ese tipo es objeto de debate, también en Alemania.

Con el fin de garantizar el anonimato y la protección de las fuentes periodísticas, RSF llama a los Estados a que estas aplicaciones vía Bluetooth reúnan determinadas características, en concreto:

• Almacenar el mínimo de datos posibles y solo los estrictamente necesarios. Su uso debe ser voluntario.
• Además, estas aplicaciones deben lanzarse desde el inicio como software libre, al igual que las modificaciones que sufran como consecuencia de las actualizaciones. Solo así puede garantizarse que expertos independientes puedan evaluar la aplicación y comprobar si respeta el anonimato y la protección de las fuentes de información.
• Todos los datos recabados por estas aplicaciones deben ser rigurosamente protegidos contra cualquier otra utilización por parte de otras autoridades, servicios de información o empresas. Los plazos para el borrado de datos deben especificarse claramente y su cumplimiento debe ser verificado por un organismo independiente.
• La creación de una base de datos privados que contenga números de identificación (ID) temporales debe evitarse a toda costa.
• Las extensiones que trasciendan el objeto de la aplicación, por ejemplo, el control o verificación de los movimientos y de los contactos deben ser excluidas de forma categórica.
• Las balizas Bluetooth que emiten desde los móviles señales de baja energía solo pueden ser utilizadas para contener la propagación del virus. Cualquier otra utilización, incluso con fines comerciales, que el usuario no haya aceptado explícitamente debe ser prohibida.
• En cuanto la seguridad de cualquier solución basada en Blueetoth pueda ser evaluada, habrá que proceder a una valoración minuciosa y transparente entre los riesgos en términos de seguridad y los beneficios que puedan derivarse de la solución.

En este contexto, Naciones Unidas, la OSCE y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicaron, el pasado 19 de marzo, una declaración conjunta sobre la protección de la libertad de expresión y de información, recordando la importancia de limitar el uso de estas tecnologías, tanto en sus objetivos como en sus plazos, y subrayando la necesidad de respetar siempre las normas internacionales sobre Derechos Humanos.

Fuente: RSF