Aprovechemos los datos para el bien común

En la era digital las empresas aprendieron a ver a las personas como individuos en vez de como parte de ciertas cohortes demográficas. En las redes sociales recibimos anuncios personalizados basados en nuestras respuestas a los anuncios anteriores, nuestra ubicación en ese momento y nuestros hábitos de compra. Gracias a la gigantesca huella digital que dejamos, las empresas pueden conocer exactamente cuál es la eficacia de sus campañas publicitarias para cada persona y obtener un valor inmenso de ese conocimiento.

¡Ay!, parece que esa ola tecnológica aún no llegó a los responsables de las políticas. A pesar de las ventajas de la inteligencia de datos, los gobiernos aún suelen aplicar el mismo enfoque para todos cuando planifican inversiones o diseñan políticas. Para contribuir a mejorar los servicios públicos gracias al mejor uso de los datos desarrollamos un nuevo marco al que llamamos Gobierno Cuántico.

Todas las empresas exitosas se basan en tres pilares: una meta compartida, que constituye su razón de ser; las herramientas y métodos para alcanzarla; y los consumidores, que responden a sus propios intereses, ambiciones y creencias. Aunque ya es inevitable en el debate público que haya quienes consideran que los gobiernos deben funcionar como empresas, se trata de algo imposible debido a que son tipos de organizaciones sociales creadas con propósitos diferentes. Lo que sí tienen en común, de todas formas, es el factor humano. Y allí debiera residir el foco de las asociaciones público-privadas en la era digital.

Para funcionar bien, tanto los gobiernos como las empresas deben medir, evaluar y entender la información sobre las personas. Aunque para evitar los abusos hace falta una sólida gobernanza de datos, el statu quo ofrece pocas esperanzas: las corporaciones grandes y poderosas acaparan conjuntos de datos valiosos, pierden la confianza de la gente y cabildean con los legisladores para evitar la supervisión, mientras que los gobiernos recurren a regulaciones verticalistas que alienan a los votantes. Además, debido a que las grandes empresas tienen muchos más recursos para gastar en cumplimiento normativo y abogados que sus rivales más pequeños, esa normativa suele beneficiar exactamente a las empresas que debiera limitar.

De todas formas, los datos son sencillamente demasiado importantes como para dejarlos en manos de los gobiernos o de las grandes corporaciones que los tratan como si fueran propiedad privada. En lugar de ello los gobiernos debiera colaborar con las empresas en marcos de gobernanza conjunta que reconozcan tanto las oportunidades como los riesgos de la inteligencia de datos.

Las empresas —que están en mejor posición para entender el verdadero valor de la inteligencia de datos— deben superar los esfuerzos miopes para evitar la regulación. En lugar de ello, deben iniciar un diálogo con los responsables de las políticas sobre la manera de diseñar soluciones viables que puedan aprovechar la moneda de nuestra era en beneficio del bien público. Eso las ayudaría a recuperar la confianza de la gente.

Los gobiernos, por su parte, deben evitar las estrategias normativas verticalistas. Para conseguir el apoyo que necesitan de las empresas deben crear incentivos para que se compartan los datos y proteger la privacidad, y ayudar a desarrollar nuevas herramientas analíticas mediante modelos avanzados. Los gobiernos también debieran repensar y renovar los marcos heredados de la era industrial y profundamente enraizados, como los fiscales y de bienestar social.

En la era digital los gobiernos deberán reconocer la centralidad de los datos para el desarrollo de las políticas y crear herramientas que recompensen a las empresas que aporten al bien público compartiéndolos. Es cierto, los gobiernos necesitan los impuestos para recaudar, pero deben reconocer que una mejor comprensión de las personas mejora la eficiencia de las políticas. Si reconocen la capacidad de las empresas para ahorrar dinero público y crear valor social, los gobiernos pueden alentarlas a compartir sus datos como una cuestión de responsabilidad social.

Pero la colaboración es tan crítica como compartir los datos. Ni los gobiernos ni las empresas consideran adecuadamente al factor humano en sus procesos de toma de decisiones. Adaptarse a la era de la inteligencia de datos implicaría alejarse de indicadores obsoletos como el PBI y adoptar otros que se centren en la gente.

Para ello, nuestro enfoque de Gobierno Cuántico introduce un marco contable al que llamamos Balance de Políticas Públicas, que considera los aspectos intangibles y tangibles de las políticas por igual. Los responsables de diseñar las políticas suelen lidiar con cuestiones intangibles como su adopción y legitimidad pública, las narrativas populares y las creencias de las comunidades. De manera similar, las normas contables que usan las empresas no ofrecen mucha orientación sobre la manera de valuar ciertos activos. Por ejemplo, suelen considerar a los trabajadores como un costo desechable, pero el talento de los trabajadores es uno de los factores principales para el éxito o fracaso de las empresas. Hay que revisar los marcos contables para cuantificar y registrar esos activos en las declaraciones de desempeño de las empresas.

Aunque se reconoce ampliamente que los activos intangibles son los que impulsan a nuestras economías y sociedades, aún carecemos de las herramientas adecuadas para medirlos y valuarlos. Los gobiernos y las empresas deben trabajar juntos para revisar los indicadores dominantes con los que valuamos a esos activos. Ambos se beneficiarán si desarrollan las herramientas necesarias para aprovechar mejor la inteligencia de datos, y eso serviría al bien común.

Imagen: Vallarta Noticias

Fuente: Project Syndicate