Tribunal advierte con acción penal si servidores no dan datos sobre atención a incendios

El Tribunal Agroambiental advirtió ayer a las autoridades del Estado central, así como a gobiernos locales, con procesos penales si es que no remiten en el plazo de 48 horas informes sobre el presupuesto y acciones destinadas a combatir los incendios forestales, señala una nota de prensa difundida por la entidad.

“El Tribunal otorgó un plazo improrrogable de 48 horas a autoridades y Entidades Territoriales Autónomas para cumplir plenamente las medidas cautelares de la Resolución SP-TAA 002/2025-AA. En caso de incumplimiento, se derivará el caso al Ministerio Público para iniciar proceso penal y se aplicarán medidas progresivas y coercitivas de carácter económico”, se lee en la nota.

La mencionada resolución (SP-TAA 002/2025-AA), emitida el 29 de agosto de este año, dispone no sólo que el Gobierno central y los gobiernos locales atiendan “con la mayor urgencia la sofocación de los incendios forestales”; sin también que entregen información del presupuesto para la prevención de estos incendios y la atención de la emergencia nacional declarada el 20 de agosto de 2025.

“Con este fallo, el Tribunal no sólo asume un rol activo en la crisis de incendios forestales, sino que también abre la posibilidad de que la justicia se convierta en un freno efectivo frente a la inacción y permisividad del aparato estatal”, celebró la Fundación Tierra en una nota de prensa.

Además, el Tribunal Agroambiental dictó nuevas medidas cautelares para combatir los incendios. Entre estas destacan:

• Que los jueces agroambientales exigan informes detallados sobre planes de mitigación y sofocación de incendios forestales, además de realizar inspecciones de oficio en el terreno.
• Que los defensores ambientales y sociedad civil organizada asuman su rol protagónico de defensores de la Madre Tierra.
• Que el Estado garantice la provisión de insumos y apoyo operativo a los bomberos voluntarios.
• Que el Congreso revise y armonice leyes “con la finalidad de generar un marco jurídico que concuerde con el desarrollo productivo con la protección de los derechos de la Madre Tierra”.
• Que el Congreso sancione una “ley especial de la jurisdicción agroambiental” en seis meses.
• Que el Consejo de la Magistratura designe jueces agroambientales para cubrir acefalías, así como personal de apoyo.

Imagen: Opinion

Fuente: La Nube