domingo, 20 de octubre de 2024

Riesgos políticos y laborales amenazan al periodismo y al derecho a la información


En promedio, cada tres días se estaría produciendo una agresión contra un periodista, de acuerdo con los reportes de la Asociación Nacional de Periodistas de  Bolivia (ANPB).

Además, de acuerdo con el informe difundido en días recientes por el Defensor del Pueblo sobre ‘Vulneraciones a los derechos humanos en la labor periodística – Opiniones y percepciones de periodistas y trabajadores de la prensa’, los trabajadores de la prensa identifican a las organizaciones y grupos movilizados, a sus propios empleadores, a líderes políticos, a entidades públicas y a la fuerza pública como los principales perpetradores de sus derechos.

Vulneraciones de distinta índole, entre políticas, laborales y otras, amenazan al periodismo y, por ende, al derecho a la información de la población, en general.

El defensor del pueblo, Pedro Callisaya, expuso que la libertad de expresión en Bolivia se constituye en un pilar fundamental del periodismo. “Su estrecha vinculación con otros derechos humanos hace que su ejercicio sea indispensable”, dijo, haciendo referencia a que así lo establecen la Constitución Política del Estado (CPE) y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La presidenta de la ANPB, Zulema Alanes, en su visita a  Cochabamba hace un par de días, expresó que múltiples factores condicionan el trabajo periodístico.

“Consideramos que, en un contexto de crisis global, económica, política, social, institucional y en el que incluso se habla de serios riesgos para el propio sistema democrático, estamos atravesando un momento también muy crítico en el ámbito periodístico”.

Esta situación pone en riesgo también el cumplimiento del derecho a la información.

“Estamos ante un escenario que está configurando múltiples formas de vulneración, a los que se suman las condiciones específicas de la coyuntura, la proximidad de, por ejemplo, elecciones nacionales y, ahí, las alertas se van por el lado del grave riesgo de la desinformación”, sostuvo, entre otros aspectos.

Agresión

Alanes informó que solo en la cobertura de la marcha encabezada por el expresidente Evo Morales, en septiembre pasado, la ANPB conoció 20 casos, que fueron identificados como agresiones de distinta índole, incluidos robos de celulares.

“Lo consideramos así porque es una forma también de agresión y de obstaculización del trabajo periodístico”.

Describió que en lo que va de este 2’24, contabilizaron alrededor de 80 agresiones.

“Eso significa más o menos una agresión cada tres días (…). Estamos hablando de una situación que nos está mostrando que no existen garantías plenas para el ejercicio del periodismo, para la libertad de expresión y la libertad de prensa”.

Las Vulneraciones

A eso se suman los resultados del informe del Defensor del Pueblo ‘Vulneraciones a los derechos humanos en la labor periodística – Opiniones y percepciones de periodistas y trabajadores de la prensa’. Entre los derechos más vulnerados se encuentran la censura a la libertad de expresión y las agresiones físicas, así como las afectaciones al derecho laboral por el cierre de medios de comunicación.

La encuesta devela que el derecho humano más vulnerado que reportan los encuestados es el derecho a la libertad de expresión, ligado al acceso a la información. Los mismos están consagrados en normativas y convenciones internacionales, y reconocidos por la Constitución Política del Estado (CPE) en su artículo 106, parágrafo III, que establece: “El Estado garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información”.

Perpetradores

El informe del Defensor del Pueblo revela una diversidad de actores involucrados en las vulneraciones de la labor periodística, siendo las organizaciones y grupos movilizados “los principales perpetradores” (26.1%), seguidas por los empleadores (16.8%), pasando por los actores políticos (15.8%), entidades públicas (15.2%), miembros de la Fuerza Pública (10,9%), organizaciones criminales (5%), empresas privadas (1%) y otros (10%).

Respecto a los mecanismos de vulneración de derechos, casi el 41% de los encuestados expresó la intimidación verbal como la principal estrategia. En menor medida, se reportaron agresiones físicas (19%), amenazas (colectivas 9.8% e individuales 7.6%), y llamadas telefónicas (6.5%).

“Además, un grupo de encuestados indicó el uso de medios digitales, como mensajes de texto, para perpetrar estas acciones”.

Del estudio, se deduce que en las respuestas manifestaron de manera contundente su demanda de que el Estado proporcione las garantías necesarias para el desarrollo de la labor periodística.

Una de las categorías de vulneraciones de los derechos humanos de periodistas y trabajadores de la prensa estuvo relacionada con los derechos económicos, laborales y contractuales, siendo el 20.7% del total de las denuncias registradas.

Por otro lado, las constataciones de la encuesta ponen en evidencia la vulnerabilidad de los periodistas y trabajadores de la prensa, quienes agresiones, desde violencia física y verbal hasta despidos injustificados, amenazas, difamación y obstáculos burocráticos en procesos judiciales. A esto se suma la falta de protección y respuesta adecuada por parte del Estado.

Entre otros aspectos, en lo referido al despido y problemas laborales están los despidos injustificados, la falta de pago de beneficios sociales y el acoso laboral. El informe expone que algunas personas fueron obligadas a renunciar bajo presión, mientras que otras fueron despedidas después de varios años de servicio sin causa justa ni compensación adecuada.

“Nos obligaron a renunciar, iniciamos proceso, terminé renunciando para salir del medio donde laboraba”, dijo uno de los trabajadores de la prensa.

Sobre amenazas e intimidaciones, según los datos recolectados, trabajadores de la prensa testimoniaron haber sido amedrentados, fotografiados sin su consentimiento y detenidos arbitrariamente mientras hacían cobertura.

“Desde noviembre del 2019 hasta marzo del 2020 existió amedrentamiento por parte de la ciudadanía y de la fuerza del orden, no garantizaron el resguardo de mi persona aun dando a conocer las amenazas”, comentó uno de ellos.

Otros temas son las calumnias, difamación y ataques cibernéticos; y los retrasos judiciales y burocracia.

“Los relatos de los encuestados acerca de las vivencias de sus colegas han permitido reafirmar la diversidad de las vulneraciones a los derechos humanos de los trabajadores de la prensa. Estas van desde amenazas directas y represalias hasta la falta de respuesta institucional y la presión para autocensurarse”, sostienen los resultados.

La encuesta muestra que los trabajadores de la prensa desconfían de las autoridades y el sistema judicial, sienten que sus denuncias no serán atendidas adecuadamente y que no se les proporcionará la protección necesaria.

También señala que los periodistas “frecuentemente” no denuncian las agresiones sufridas por temor a represalias.

“Este miedo proviene tanto de los agresores como de las propias instituciones y empresas donde laboran”.

Además, denunciaron que son víctimas de amenazas directas.

“Muchos periodistas enfrentan amenazas directas de sus empleadores o compañeros de trabajo. Estas amenazas buscan disuadirlos de denunciar cualquier abuso y los presionan a mantener silencio para conservar su empleo”, dice el documento.

Con la Sociedad

En el informe, se infiere que trabajadores de la prensa se sienten parte fundamental a la hora de motivar o influenciar las decisiones de la vida diaria de las personas.

Parte de los comentarios de quienes respondieron la encuesta son: “La credibilidad de los medios de comunicación es un factor determinante de persuasión”. “Los medios de comunicación aportan en la formación de opiniones y la toma de decisiones”. “La difusión de información incorrecta o manipulada puede tener consecuencias graves para la sociedad”. “La manipulación de la información por parte de los medios o la difusión irresponsable de noticias puede llevar a la población a tomar decisiones equivocadas”.

Más del 50% de los encuestados demandan al Estado que les proporcione las garantías necesarias para el desarrollo de su labor periodística.

La Presidenta de la ANPB resaltó la importancia del rol del trabajo periodístico en democracia. Coincide con el enfoque de Naciones Unidas en sentido de que la libertad de expresión y la libertad de prensa son garantías del ejercicio de los otros derechos.

“Cuando nosotros reclamamos condiciones enmarcadas en las garantías constitucionales y los estándares internacionales para el trabajo periodístico, estamos pensando en justamente un derecho mayor, que es garantizar el derecho de acceso a la información de la población. O sea, nuestros reclamos por la libertad de expresión, la libertad de prensa los centramos en nuestro concepto de libertades en democracia. Consideramos que son dos derechos que van más allá de solo la protección del ejercicio del periodismo, porque tienen que ver con la perspectiva de ejercicio de otros derechos por parte de la ciudadanía”.

El Defensor

Luego de conocer los hallazgos de la encuesta realizada a periodistas y trabajadores de la prensa, la Defensoría del Pueblo manifestó que ve con preocupación la percepción sobre la atención del Estado a la vulneración de los derechos humanos del gremio periodístico.

“La Defensoría del Pueblo recuerda a la Asamblea Legislativa Plurinacional, la recomendación cuarta del informe defensorial Crisis de Estado Violación de los Derechos Humanos en  Bolivia Octubre - Diciembre 2019, que señala: Dictar una Ley que contemple sistemas y mecanismos de protección, así como la provisión de equipos de seguridad a las y los trabajadores de la prensa que realizan cobertura de noticias en conflictos sociales y que democratice el acceso a la publicidad estatal, acorde a lo establecido en el numeral 3 del parágrafo I del artículo 158 de la CPE”.

Por otro lado, Voces del Sur, organización sin fines de lucro compuesta por 17 organizaciones latinoamericanas, publicó el ‘Informe Sombra sobre libertad de prensa en América Latina 2023’. El estudio hace hincapié en el uso de la pauta publicitaria como un método de censura económica para medios de comunicación y, por ende, para las y los periodistas.

Entretanto, el informe emitido en 2023 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ‘Cohesión social: el desafío para la consolidación de la Democracia en Bolivia’ hace hincapié en la polarización política, como factor que afecta la libertad de expresión y el ejercicio de la labor periodística.

Fuente: Opinion

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