Los conflictos políticos y sociales que arrastramos desde el año pasado y los efectos propios de la pandemia nos arrastran a una innegable crisis económica. Ante un escenario como ése, es preciso que Bolivia utilice todas las armas que estén a su disposición a efecto de vencer el difícil momento.
Al respecto, el llevar la digitalización del aparato público a nuevos niveles que nos permitan la tan ansiada transparencia de la gestión pública y permitan una nueva forma de ejercer nuestros derechos en general, y en particular faciliten el ambiente de negocios y atraigan la inversión extranjera, parece una prioridad altamente apremiante.
Respecto a la digitalización, existen normas sin aplicación que pusieron metas muy altas, un ejemplo de ello es el Decreto Supremo 3525, del 4 de abril de 2018, que establece las reglas de interoperabilidad en lo público, su artículo 12, en líneas generales determina que no se puede pedir como requisito ningún documento que hubiera sido emitido por la misma entidad, o cuya información esté disponible mediante servicios de interoperabilidad de otra entidad. Es decir, que si un servidor público podría consultar en las bases de datos de otras entidades públicas, la información del trámite a través de medios digitales no hay por qué pedirle a un ciudadano que la traiga en físico, yendo de un lado a otro.
De cumplirse dicho mandato, ninguna entidad pública debe exigir como requisito la presentación de una fotocopia de carnet. Asimismo, y sólo para dar un ejemplo de los miles que existen en la administración pública, en el trámite de renovación de licencia de conducir no debería pedirse al ciudadano ser el cartero que transporta una hoja con antecedentes desde un servidor público de Tránsito, hasta un servidor público del Segip.
Existen varios avances normativos respecto a la digitalización del Estado, no obstante, la norma menos impulsada y paradójicamente la más requerida para una nueva relación entre el Estado y el ciudadano es la Ley 1080 del 2 de julio de 2018, la ley de ciudadanía digital. Esta ley plantea el ejercicio de derechos y deberes a través del uso de tecnologías de información y comunicación.
La ciudadanía digital se está utilizando con relativo éxito para la tramitación de causas por parte de los abogados ante la Fiscalía, no obstante, este alcance es demasiado limitado para las verdaderas potencialidades de tan vanguardista ley. En tiempos en que vivimos una pandemia que no da visos de desaparecer en el corto plazo, la ciudadanía digital debió ser la llave para evitar las filas en las entidades públicas, esas creadas por ejemplo para tramitar la excusa para ser jurado electoral, o el certificado que justifique que una persona no pudo votar el 18 de octubre.
Un primer paso es cumplir las normas ya vigentes, no obstante, la crisis económica me hace pensar que es imperioso hacer al menos dos apuestas más en lo normativo. Debemos reformar la ley de ciudadanía digital para:
Dotar una cuenta en el Banco Unión de manera automática a todo ciudadano digital, de esta manera poder pagar cualquier bono sin colas ni aglomeraciones. A través de esta cuenta se podrá impulsar la compra de los productos hechos en Bolivia, sería mucho más sencillo el establecimiento de compensaciones impositivas o apoyos estatales efectivamente controlables. Esta cuenta bancaria será una de las impulsoras del comercio electrónico interno y la reactivación económica, además de facilitar las operaciones de una billetera móvil.
Actualmente la ciudadanía digital permite el registro de extranjeros residentes en Bolivia; si queremos atraer turistas e inversión extranjera, debemos aperturar la ciudadanía digital no sólo a los extranjeros residentes. Debemos permitir al turista utilizar esta herramienta para tener una mejor relación con el Estado, que lo acogerá accediendo más fácilmente a realizar los trámites que le son exigidos y su protección una vez se encuentra en nuestro territorio. La ciudadanía digital también debe permitir a través de ella que inversionistas de otros países puedan, sin tener que trasladarse al país, realizar la creación de empresas e inversiones que creen empleos en el país. En una crisis económica, necesitamos dinero, y esta puede ser una fuente para los mismos.
Imagen: citix.es
Fuente: Pagina Siete
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