La transformación digital ha traído enormes avances para la comunicación y organización humana. Hace tan solo unas décadas era inimaginable la posibilidad de intercambiar y coordinarse en todo el mundo en cuestión de segundos.
Los usuarios hacen uso de servicios en la red, pero al mismo tiempo aumentan las preguntas sobre privacidad, propiedad de datos y manipulación en los modelos basados en la economía de datos.
Para las democracias liberales, basadas en la soberanía y consentimiento de sus ciudadanos, hay un desafío creciente sobre la influencia del big data.
Frente a este nuevo escenario se está exigiendo a los gobiernos que actualicen los reglamentos, las normas de competencia y supervisión para cumplir con los nuevos requisitos de la economía digital global.
Al mismo tiempo las empresas deben garantizar que sus modelos de negocio y los productos sean compatibles con los derechos constitucionales de los usuarios y la integridad de instituciones y procesos democráticos.
Las democracias necesitan un diálogo informado sobre datos y propiedad de tecnología, en la que se discuta cómo compartir los beneficios de la Inteligencia Artificial.
Para ello es necesario que los ciudadanos no partan en una posición de desventaja por su desconocimiento, sino que se conviertan en digitalmente alfabetizados para comprender los algoritmos que funcionan tras la economía de datos, y para qué fines se están usando sus datos.
Los ciudadanos residentes en países democráticos pueden dar por sentado sus derechos y libertades constitucionalmente protegidos, pero la tecnología digital empleada desde un punto de vista pernicioso puede corromper el poder para teledirigir las masas.
La tecnología en sí misma es políticamente neutral. Puede ser utilizada al servicio de los democracias liberales o sociedades autoritarias, y pueden fortalecer tanto la responsabilidad del gobierno como capacidades represivas.
Los legisladores de políticas han comenzado a reaccionar ante el desafío. Por delante el Parlamento Europeo esbozó un plan de acción para contrarrestar la desinformación, incluido el acuerdo sobre un “Código de autorregulación contra la desinformación” para evitar interferencias en las elecciones europeas.
De hecho, en estos momentos la Unión Europea tiene las leyes de privacidad de datos más estrictas del mundo, sin miedo a recibir críticas por parte de los gigantes tecnológicos de los EE.UU.
De hecho recientemente se ha anunciado que la UE podría extender estas reglas para blindar la forma en que las empresa recopilan datos.
Aunque todavía se desconozcan detalles, un documento filtrado puede referir a una nueva ley llamada de Servicios Digitales para mejorar las normas, responsabilidad y seguridad de las plataformas, servicios y productos digitales.
La nueva ley podría crear nuevas reglas en toda la UE para obligar a las plataformas a eliminar el discurso de odio y para regular aún más la publicidad política.
Esto parece ser una respuesta a escándalos como el de Cambridge Analytica, donde los datos de los usuarios de Facebook terminaron en manos de una organización que quería influir en el comportamiento y las opiniones políticas de las personas con mensajes muy específicos.
Fuente: En Positivo
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