El Foro Internacional “El Acuerdo de Escazú: Una herramienta para fortalecer la gobernanza ambiental en Bolivia”, organizado por la Universidad NUR, LIDEMA y la GIZ-ZFD, abordó este tema el miércoles 18 de septiembre en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El mencionado mecanismo propicia el acceso a la información ambiental, la participación pública y la justicia ambiental, además de la protección a los defensores de derechos humanos que actúan en este campo.
“Hablar de derechos humanos y derecho de acceso nos beneficia a todas las personas. En la medida en que tenemos un medio ambiente más sano se puede cumplir con otros derechos, como el derecho al agua y el derecho a la vida, además nos puede servir para cumplir con otros acuerdos a los cuales nuestros gobiernos ya se han comprometido, como la Agenda 2030 y el Acuerdo de París”, dijo la invitada Olimpia Castillo, directora de Comunicación y Educación Ambiental en México.
Castillo hizo un recuento del camino recorrido por un conjunto de instituciones en su país, desde 2001, con la evaluación del derecho de acceso a la información. El ejercicio se hizo en México y Chile, y posteriormente se hizo en Ecuador y Bolivia.
El 4 de marzo de 2018 se adopta formalmente en Naciones Unidas el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales de América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú). Doce países firmaron el acuerdo en esa fecha, y actualmente 17 países lo han rubricado.
Bolivia no solo ha firmado el Acuerdo, sino que lo ha ratificado y solo está pendiente, para su puesta en vigencia, que entregue esa ratificación al secretario de Naciones Unidas.
Importancia del Acuerdo de Escazú
Daniel Barragán, director del Centro Internacional de Investigación sobre Ambiente y Territorio de la Universidad del Hemisferio de Ecuador, habló sobre la importancia de contar con un instrumento jurídico de este tipo en nuestros países.
El contexto descrito da cuenta de países en América Latina que se sustentan en el modelo extractivista con repercusiones a nivel de la conflictividad socioambiental. “Este modelo ha incidido en la gobernabilidad, la paz social, y no ha dado respuesta a modelos de desarrollo, podemos ver que en los lugares donde hay extractivismo, persiste la pobreza. Y de alguna manera la ausencia de mecanismos de transparencia, participación y gobernanza alimenta que haya estos problemas”, dijo.
La información oportuna para que la ciudadanía pueda participar de decisiones, políticas o procesos políticos es un elemento clave y necesario para la interacción entre los distintos actores de la sociedad.
A su turno Alex Villca, dirigente de CONTIOCAP y habitante de San José de Uchupiamonas, opinó sobre el mecanismo desde una mirada que enfatiza en su territorio amenazado por los posibles impactos de la construcción de la hidroeléctrica Chepete-El Bala en el Norte de La Paz.
Villca relató que para el caso de esa represa el gobierno boliviano no compartió ninguna información a pesar de las constantes demandas de los pobladores del lugar, y actualmente lo único que se sabe es que los estudios de impacto ambiental y otros para la ejecución del proyecto deberían estar finalizados.
“Nuestra preocupación es que el Acuerdo de Escazú, aun sabiendo que es vinculante, quede en nada”, dijo Villa antes de detallar las normas de avanzada que el país ha adoptado en los últimos años en materia de derechos de los pueblos indígenas, como la consulta previa e informada, pero que se incumplen.
Fuente: Pieb
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