La nueva economía de los datos: El gobierno digital como política de Estado

¿Cómo vamos en América en materia de gobierno digital? Los datos están revolucionando la manera de entender el mundo: desde la agricultura de precisión que permite adecuar el nivel de agua y nutrientes a las plantas de macro-cultivos, a sistemas de lectura de radiografías que identifican cánceres un año antes de su diagnóstico, o gafas de realidad virtual para acostumbrar a los presos a la vida fuera de la cárcel y favorecer su reinserción. Si las innovaciones tecnológicas son el motor de la llamada nueva economía, los datos son la nueva gasolina de la digitalización. En un mundo en el que el futuro ya ocurrió hace varios años, los ciudadanos esperan que el sector público se suba a la economía digital con la misma agilidad que está mostrando el sector privado.

Pero, ¿a qué ritmo se están digitalizando los gobiernos de América Latina? Según el último informe sobre desarrollo digital que acaba de publicar Naciones Unidas, la región está marcada por claroscuros. De los 19 países de América Latina y el Caribe, solo cinco están entre los 50 más digitalizados del mundo. A la cabeza continúa Uruguay, que desde este año pertenece al selecto club del Digital 7, un grupo que reúne a los gobiernos más avanzados en materia digital, como Canadá, Corea del Sur y el Reino Unido.

El gobierno digital como política de Estado

El informe de la ONU evidencia que los países que más invirtieron en sus agendas digitales en los últimos años son los que ahora empiezan a recolectar frutos. Panamá, por ejemplo, subió 14 puestos en tan solo dos años. El liderazgo de la Agencia para la Innovación Gubernamental ha sido clave para alzar al país centroamericano en un contexto internacional de acelerada competencia. La prueba es Colombia, que mejoró su desempeño digital en términos absolutos pero retrocedió del puesto 57 al 61. Si bien el país ha avanzado en su transformación digital, otros países han mejorado aún más.

Este pantallazo del progreso de la agenda digital en la región permite extraer algunas conclusiones interesantes:

• La digitalización de un país es una política de Estado, no un proyecto del gobierno de turno. Una estrategia de digitalización exitosa debe fijar prioridades y responsabilidades claras a todos los actores del ecosistema digital del Estado. En muchos casos, la creación de una agencia especializada con rango ministerial ha sido determinante, como en Uruguay o Panamá.
• Las reformas más exitosas son las que impactan con rapidez la vida cotidiana de los ciudadanos. Muchos países han creado ventanillas únicas de acceso a los servicios digitales, como México o el portal Sin Más Filas de Colombia. Estas reformas, gracias a su visibilidad, no solo supusieron una mejora inmediata en la atención a la ciudadanía, sino que crearon el espacio político necesario para acometer otras reformas más estructurales.
• La transformación digital del Estado requiere que los funcionarios adquieran nuevas habilidades. Los países que lograron mayores avances en materia de gobierno digital han invertido en talento humano en áreas menos tradicionales al sector público como la ingeniería de sistemas, las ciencias de datos o la inteligencia artificial.
• Para digitalizar bien, primero hay que simplificar. En la región, los trámites públicos siguen siendo engorrosos y complejos. En promedio, se necesitan 5,4 horas para completar una gestión y el 25% de las mismas requieren más de tres viajes a la entidad pública. Esa maraña burocrática esconde una corrupción tan dañina como silenciosa: el 29% de los latinoamericanos reconoce haber pagado algún tipo de soborno para poder completar un trámite público.
• La demanda ciudadana es el mejor catalizador digital. La importancia de la transformación digital del Estado debe contar con el respaldo de las empresas y la sociedad en su conjunto. La apertura de los datos públicos a través de portales como los de Colombia, México, o Brasil permiten fortalecer la transparencia e incluso generar valor económico. También ayudan a romper con los silos de información dentro del mismo Estado, donde las distintas entidades públicas suelen ser reacias a compartir datos entre ellas mismas. No nos olvidemos que la información es poder.

Aunque suene paradójico, en esta nueva economía propulsada por los datos, los datos siguen siendo el gran desconocido. Se estima que sólo un 1% de la información disponible del mundo está siendo analizada y que sólo un 10% de las bases gubernamentales están en formato abierto. Engancharse a la economía digital va a permitir a los gobiernos usar la información para ser más eficientes y transparentes en su gestión. En otras palabras, le va a dar a los Estados una segunda oportunidad para recuperar la confianza de los ciudadanos y construir gobiernos que verdaderamente sirvan a sus ciudadanos.

Fuente: gobernarte