El 29 de marzo, el primer ministro de India, Narendra Modi, pronunció un discurso virtual en la segunda Cumbre por la Democracia, en el que enalteció a su país como “el mejor ejemplo de democracia en el mundo”. Mientras las palabras de Modi se transmitían ante decenas de otras naciones, el gobierno indio estaba, una vez más, tomando fuertes medidas contra los derechos digitales de sus ciudadanos.
Según reportó Reuters, el mismo día en que Modi se dirigió a los asistentes de la cumbre, Twitter “detuvo” el acceso a la cuenta oficial de Pakistán a usuarios en la India, “en respuesta a una demanda legal”, como se lee en el texto que ahora aparece en todos los tweets de @GovtOfPakistan si vives en la India. Se trató de la tercera vez en el último año que Twitter India restringe el acceso a la cuenta de Pakistán sin dar ninguna explicación, y es la preocupante continuación de una campaña de censura que arrancó un mes antes. Dos semanas antes, las fuerzas policiales del estado de Punyab lanzaron una persecución contra Amritpal Singh Sandhu, líder militante de un movimiento para conceder a los sijs de la India su propia nación soberana.
Mientras que los sijs en Punyab se manifestaban en apoyo de Singh, las autoridades detuvieron a cientos de ellos y cancelaron, durante días, las redes de internet y los servicios de SMS en todo el estado, afectando a unos 30 millones de punyabíes. Las autoridades indias, que siguen sin capturar a Singh, han mantenido una estrategia de control de la información: la semana pasada, según informó Rest of World, Twitter bloqueó 122 cuentas en India a petición del gobierno, incluyendo las de sijs prominentes como la poeta Rupi Kaur y el político canadiense Jagmeet Singh, que viven fuera de India y que, en el caso del segundo, había expresado públicamente sus preocupaciones por la represión en Punyab. (Muchos sijs en Estados Unidos y Canadá se han movilizado para apoyar a Amritpal Singh). Un día antes del discurso de Modi sobre la democracia, Twitter ocultó la cuenta en lengua punyabí de BBC News en la India.
No hace falta apoyar el movimiento separatista “Khalistan” que representa Amritpal Sing –ni respaldar su irrupción en una comisaría punyabí en febrero para liberar a uno de sus socios– para reconocer que estos eventos desafían las virtudes democráticas que Modi asegura defender. No es que esto lo haya detenido antes; como mencioné previamente, las peticiones hechas a Twitter por el gobierno de la India de bloquear tuits y cuentas que contradicen al régimen político han aumentado de manera exponencial durante el mandato de Modi, al punto en que Twitter demandó a India por esta práctica el pasado mes de julio. Sin embargo, eso fue antes de que Elon Musk tomara las riendas de la red social, y ha habido poco movimiento en el caso desde entonces. Mientras tanto, Twitter ha accedido a las peticiones indias de censura, incluyendo la eliminación masiva de tuits relacionados a un documental que la BBC publicó en enero sobre Modi, así como en la restauración de cuentas de nacionalistas hindúes que tenían previamente prohibido el acceso a Twitter por promover discurso de odio.
No está claro qué tanto sabe Musk sobre la situación política en la India, pero sin duda está al tanto de la demanda de Twitter, así como de la persistente censura en la India. A finales de enero, cuando The Intercept escribió sobre la censura del documental de la BBC sobre Modi, el youtuber David Freiheit tuiteó el artículo y etiquetó a Musk, preguntándole si Twitter se había transformado en “censura absoluta”. En su respuesta, Musk afirmó que era la “primera vez que escuchaba” sobre el incidente. Los medios de comunicación señalaron la contradicción de que un autoproclamado “absolutista de la libertad de expresión” como Musk cediera ante la presión de censura de gobiernos internacionales. Notablemente, Musk aseveró el año pasado que no incumpliría las leyes gubernamentales en su intento de hacer de Twitter un foro más conducido por la libertad de expresión. Desde entonces, casi todas las acciones que ha tomado India para bloquear las redes sociales e interrumpir las protestas son técnicamente legales, gracias a varios y controversiales proyectos de ley que se han aprobado durante el gobierno de Modi.
Lo que hace que las últimas medidas de represión en las redes sociales sean especialmente provocadoras es el nuevo contexto nacional en el que han surgido. India probablemente quería censurar al gobierno de Pakistán en internet porque, como lo expresó el ministro jefe del Punyab, Bhagwant Sing Mann, los partidarios del Khalistán han sido financiados por agencias de inteligencia paquistaníes y otras fuentes bastante cuestionables. (Aunque Mann ha ofrecido pocas pruebas al respecto de la actual situación, es cierto que fuentes paquistaníes han patrocinado a los activistas khalistaniés más violentos en las décadas pasadas; sin embargo, también es cierto que @GovtofPakistan no ha tuiteado nada sobre Khalistán ni sobre Amritpal Singh). El que las autoridades hayan bloqueado las comunicaciones nacionales y las fuentes de información internacionales de decenas de millones de punyabíes mientras perseguían a un único personaje, sienta un peligroso precedente para futuras actuaciones policiales. India ya ha recurrido con frecuencia a cortes prolongados de internet en estados como Haryana, Jammu y Cachemira, usualmente para reprimir la organización digital como una forma de protestar contra el gobierno. La escalofriante implicación de esta medida represiva es que se convierta en una herramienta común para cualquier persecución criminal sancionada por el gobierno. En la actualidad, las fuerzas policiales en India operan de manera extrema y arbitraria, arrestando a cientos de ciudadanos por cualquier tipo de protesta, sospecha de disidencia, o infracción de la ley que sea percibida, incluso sin pruebas.
Un siniestro ejemplo se está viviendo en estos momentos. Rahul Gandhi, el vástago de la dinastía política Nehru-Gandhi que ha liderado una enérgica oposición al régimen de Modi, ahora enfrenta una flagrante persecución por parte del Estado por esa misma resistencia, tanto en el ámbito físico como en el virtual. Hace unas semanas, un tribunal de Gujarat, estado natal de Modi, sentenció a Gandhi a dos años en prisión por un discurso del 2019 donde señaló que el primer ministro comparte apellido con dos infames criminales indios, Nirav Modi y Lalit Modi, infiriendo así la propia ilegalidad de Narendra Modi. El tribunal estatal consideró que esta única declaración era difamatoria en contra de la casta Modh-Ghanchi, misma a la que pertenece el jefe de Estado y, por lo tanto, inhabilitó a Gandhi de ejercer en la función pública.
Gandhi aún no se encuentra tras la rejas debido a que se le concedió libertad bajo fianza para poder apelar la sentencia a un tribunal superior, pero ha sido removido de su cargo electo en el Parlamento indio, y puede que también se vea obligado a desalojar la vivienda que se le asignó como legislador. La fragilidad de esta acusación ha alimentado la creencia entre los críticos de Modi de que la persecución de Gandhi es una flagrante venganza política, considerando que el ahora exparlamentario encabezó una multitudinaria “marcha de la unidad” desde septiembre hasta enero, con la intención de demostrar una alternativa ideológica a la política de odio de Modi. También está el hecho de que Gandhi y sus partidarios han acusado a YouTube de suprimir el alcance de los videos subidos por Gandhi sobre el trato favorable de Modi al multimillonario caído en desgracia Gautam Adani; según informa el Wall Street Journal, el equipo ejecutivo de YouTube está investigando estas acusaciones.
Es fácil imaginar un contexto donde Gandhi sea condenado y sentenciado una vez más, y donde el gobierno indio decida tomar medidas drásticas contra más cuentas de redes sociales relacionadas con Gandhi y sus seguidores mientras estos protestan. Tal vez algunos de estos mismos manifestantes sean acusados y perseguidos por todo el subcontinente por agentes del gobierno y fuerzas policiales. En ese caso, es razonable esperar que múltiples regiones indias pierdan el acceso a ciertas cuentas de redes sociales o al internet en su totalidad. El mejor ejemplo de democracia del mundo deja mucho que desear.
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