La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó sobre el momento de "elevada vulnerabilidad para las libertades de expresión y de prensa en Bolivia por iniciativas del partido gobernante para, según la entidad, "controlar y limitar" las expresiones de la ciudadanía y los periodistas.
"Las libertades de expresión y de prensa atraviesan un momento de elevada vulnerabilidad, debido a iniciativas del partido gobernante en el Congreso orientadas a controlar y limitar los mensajes de la ciudadanía y de periodistas", dice el apartado sobre Bolivia incluido en el informe difundido en la reunión semestral de la SIP que comenzó este martes.
La entidad mencionó una propuesta legislativa del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) para incrementar de cinco a siete años la pena de cárcel para periodistas y propietarios de medios por la supuesta difusión de mensajes racistas.
"La propuesta desconoce las protecciones que ofrece la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley de Imprenta, que prevén la vigencia de tribunales especiales para dilucidar demandas contra medios y periodistas, mientras que descartan la aplicación de penas privativas de libertad", alertó la SIP.
Antecedentes
A principios de mes, los principales gremios periodísticos bolivianos se movilizaron en contra de esa propuesta, contenida en un artículo del proyecto "Ley de Cumplimiento de Compromisos Internacionales en Materia de Derechos Humanos".
Una comisión parlamentaria resolvió retirar el artículo cuestionado del proyecto de ley tras reunirse con los gremios de prensa.
La SIP también recordó la reciente propuesta de un legislador oficialista para regular las redes sociales que, no obstante, fue retirada días después tras recibir críticas desde distintos sectores.
La entidad mencionó que en su momento, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) de Bolivia advirtió que ese proyecto de ley "contenía una abierta censura previa, contraria a tratados internacionales y a la Constitución".
"La ANP considera que las restricciones de derechos ciudadanos y el trabajo de la prensa coinciden con un momento en que diferentes sectores cuestionan políticas gubernamentales en temas de educación pública y la administración de los fondos de jubilación", indica el informe de la SIP.
El ente también advirtió de que los diarios independientes "continúan bajo persecución tributaria a través de controles y fiscalizaciones", que se les hace después de que publican "contenidos críticos a políticas gubernamentales u opiniones de sectores de oposición" contra disposiciones del Gobierno boliviano.
Además alertó sobre la persistencia de la "impunidad en casos de agresión a periodistas", pues hasta el momento ninguno de los casos denunciados terminó en sanción contra los responsables.
"El caso más emblemático es la liberación de tres autores materiales e intelectuales del secuestro de seis periodistas, un hecho registrado el 28 de octubre de 2021 y que hasta hoy se mantiene en fase de investigación", agregó.
Los gremios han reclamado varias veces al Gobierno de Luis Arce por agresiones sufridas por trabajadores de la prensa durante coberturas de movilizaciones civiles, ataques que en muchos casos han sido atribuidos a "grupos de choque" del oficialismo.
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