Vulnerando la ley de imprenta, tres periodistas son juzgados por la vía penal en Santa Cruz por una Sala Penal que utilizó la aplicación de inteligencia artificial ChatGPT en la audiencia.
Los vocales Jimmy López Rojas y Diego Ramírez Cruz de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz juzgan desde el 17 de abril a los periodistas independientes Marco Zabala, Ariel Vargas y Alberto Ruth, en un caso en que una víctima de violencia decidió retractar su denuncia contra un exfuncionario de Gobierno y acusó a los periodistas por violación de la privacidad, según Página Siete.
“Estamos asombrados por lo que pasó, porque ya empezó un amedrentamiento, una persecución a los periodistas, acá en Santa Cruz, y lo están haciendo de tal manera que no es juzgarnos por la Ley de Imprenta, sino por la vía penal. Nos sorprendimos nosotros porque no era la Ley de Imprenta, pensamos que los vocales lo iban a rechazar, pero no solo no rechazaron, sino que jugaron consultando a la inteligencia artificial”, dijo Zabala al diario paceño.
El periodista relató que cuando los vocales ingresaron a deliberar realizaron consultas al ChatGTP para resolver las sanciones, algo que fue calificado como "histórico" por los mismos magistrados.
Asimismo, Zabala señaló que luego del cuarto intermedio en que los vocales deberían deliberar, se colocó una computadora en la cual se hicieron las consultas al sistema del ChatGPT que resolvió las sanciones que se deberían aplicar, algo que fue calificado como “histórico” por los vocales.
“Volvieron y dijeron que iban hacer algo que nunca se vio en la justicia boliviana, que iban a hacer historia consultándole a la inteligencia artificial cuales son las sanciones que nos tienen que dar y pusieron una computadora, donde un robot responde, como preguntándole a Google, cuál es la sanción que tienen que dar, y mediante eso nos sancionaron. Nos quedamos asombrados, pensábamos que era una broma lo que estaba pasando”, indicó
La abogada Raquel Guerraero lamentó que los vocales no hayan tomado en cuenta las pruebas presentadas.
“El hecho es una acción de privacidad que ha presentado una víctima de violencia doméstica, que ha sido golpeada por su pareja supuestamente, les contacta a los periodistas para que pongan su foto, ellos acceden a esta publicación, luego creo que ella se abuena con su pareja y al otro día ya la víctima pide que retiren su foto. Ellos responsablemente, salvaguardando la imagen de la víctima, publicaron partes de su foto, no así todo, sino las partes golpeadas, y en la publicación no ponen el nombre completo del agresor”, dijo.
Fuente: Los Tiempos
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